La causa por los padecimientos del perro Pluto quedó suspendida a prueba por doce meses, luego de que la jueza penal Andrea Cavallero aprobara una salida alternativa para M. N. L. S., imputada por actos de crueldad animal. La resolución establece trabajo comunitario, capacitación obligatoria y la prohibición de tener animales bajo su cuidado.

La medida fue dispuesta el miércoles 14 de octubre en Venado Tuerto, durante una audiencia desarrollada en la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial. La suspensión no constituye una condena: el cumplimiento de las condiciones será determinante para la continuidad del proceso.

Por el Ministerio Público de la Acusación participó la fiscal subrogante Larisa Barucca, en reemplazo del fiscal coordinador Iván Raposo, mientras que la defensa estuvo a cargo de Antonela Dalzotto. Las partes intervinieron por Zoom.

La imputada aceptó la aplicación de la medida y las reglas de conducta, manifestó comprender las consecuencias de incumplirlas y reconoció su firma en el acuerdo.

Según la acusación, Pluto fue rescatado el 17 de julio de 2026 de una vivienda situada en Azcuénaga al 1500. Presentaba desnutrición severa, parasitosis y múltiples lesiones en la piel que requerían atención veterinaria inmediata.

La Fiscalía sostuvo que la responsable del animal conocía su condición y habría omitido de manera sostenida darle alimentación adecuada, tratamiento veterinario y un entorno seguro. La imputación atribuye sufrimientos innecesarios provocados por la omisión consciente de los cuidados que debía garantizar.

Para fundamentar el caso se reunieron informes del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (IMUSCA), evaluaciones veterinarias, testimonios de vecinos, imágenes y comunicaciones.

De acuerdo con el MPA, el perro mostró una mejoría clínica evidente durante los primeros quince días posteriores al rescate. Sin embargo, falleció a fines de agosto en las instalaciones del Refugio Canino.

La resolución obliga a la imputada a cumplir 120 horas de trabajo comunitario no remunerado para la Municipalidad de Venado Tuerto, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano. Las tareas realizadas y su duración deberán ser certificadas.

También deberá completar y aprobar el curso de Concientización en Bienestar Animal y Tenencia Responsable, a cargo de veterinarias designadas por el IMUSCA, con asistencia total y evaluación final.

Durante los doce meses tendrá prohibido adquirir, adoptar, recibir, alojar, mantener o tener bajo su cuidado animales domésticos o de compañía, tanto de manera personal como por medio de terceros.

Además, deberá someterse al proceso, mantener buena conducta y cumplir las pautas de la Agencia de Medidas No Privativas de Libertad. Las obligaciones incluyen abstenerse de consumir sustancias tóxicas y estupefacientes, y de ingerir alcohol en exceso.

La jueza aceptó como reparación una donación de $10.000 a Amigos Peludos, que deberá acreditarse ante la Oficina de Gestión Judicial dentro de los 30 días posteriores a la audiencia. También ordenó informar la resolución al Registro Nacional de Reincidencia.

Desde la Fiscalía informaron que inicialmente se había solicitado un año de prisión efectiva. El posterior trabajo con la Unidad de Salidas Alternativas, a cargo de Facundo Peña, permitió alcanzar el acuerdo aprobado por Cavallero.

Si la imputada cumple todas las obligaciones, el proceso podrá extinguirse. Ante un incumplimiento, la suspensión puede revocarse y la causa retomaría su curso, una consecuencia que fue explicada durante la audiencia.

El fiscal Iván Raposo señaló que las condiciones buscan prevenir nuevos episodios y promover la tenencia responsable. Al referirse al trabajo del equipo, afirmó: “Nuestro compromiso es que cada investigación llegue a una respuesta concreta”.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó la pena de un año de prisión efectiva para la mujer acusada de someter a su perro “Pluto” a sufrimientos innecesarios mediante la omisión consciente y prolongada de los cuidados básicos que requería.

Se trata de la pena máxima prevista por la Ley Nacional Nº 14.346, que reprime los actos de maltrato y crueldad contra los animales.

Según la acusación, la mujer era propietaria y responsable del cuidado de Pluto y, pese a conocer el progresivo deterioro de su salud, habría omitido proporcionarle alimentación adecuada, atención veterinaria continua, tratamiento antiparasitario, condiciones higiénico-sanitarias apropiadas y un lugar seguro donde permanecer.

El perro fue rescatado el 17 de julio de 2026, en inmediaciones de calle Azcuénaga al 1500 de Venado Tuerto. En ese momento presentaba desnutrición severa, pulgas y garrapatas, mucosas pálidas compatibles con una posible anemia y múltiples lesiones cutáneas crónicas e infectadas, además de pérdida de pelo y contaminación bacteriana y fúngica.

El cuadro comprometía gravemente su bienestar y requería atención veterinaria inmediata. Luego de quince días de alimentación, tratamiento y cuidados adecuados, Pluto mostró una evidente mejoría, circunstancia que, para la Fiscalía, demuestra que gran parte de sus padecimientos podían haberse evitado mediante una asistencia oportuna.

La investigación cuenta con el informe de la médica veterinaria que examinó al animal, registros audiovisuales, conversaciones de WhatsApp y las declaraciones coincidentes de vecinos que describieron cómo Pluto permanecía habitualmente en la calle, visiblemente delgado y enfermo. Eran esas mismas personas quienes le proporcionaban comida y agua ante el estado de abandono en el que se encontraba.

La semana pasada se conoció el fallecimiento de Pluto, una noticia que causó una profunda tristeza y desazón entre quienes siguieron su historia, especialmente proteccionistas y amantes de los animales. Sin perjuicio de ello, deberá establecerse médicamente si existe alguna relación entre su fallecimiento y los padecimientos investigados en la causa.

El legajo fiscal se encuentra bajo la responsabilidad del Dr. Facundo Peña, titular de la Unidad de Salidas Alternativas del MPA de Venado Tuerto, mientras que la actuación se desarrolla bajo la coordinación del Dr. Iván Gastón Raposo, Fiscal Coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos.

Desde la Fiscalía destacaron que el maltrato animal no constituye una conducta menor ni puede ser naturalizado como una cuestión privada de quien tiene a su cargo una mascota. Los animales poseen protección legal y quienes asumen su guarda tienen la obligación de brindarles alimentación, asistencia veterinaria y condiciones de vida dignas.

Al referirse al caso, el fiscal coordinador Iván Raposo expresó: “La historia de Pluto conmovió profundamente a toda la comunidad. Quienes deciden incorporar un animal a su familia asumen una responsabilidad concreta e ineludible: alimentarlo, protegerlo y brindarle atención cuando la necesita. Cuando esa obligación se incumple conscientemente y se provoca un sufrimiento evitable, corresponde que intervenga la Justicia. Por la gravedad de los hechos acreditados, hemos solicitado la pena máxima prevista por la ley: un año de prisión efectiva”.

La Fiscalía requirió la apertura del juicio oral, instancia en la que procurará obtener una condena y una respuesta ejemplar frente a un caso que vuelve a poner en primer plano la necesidad de proteger a los animales contra el abandono, el sufrimiento y la crueldad.