El Gobierno de Santa Fe implementó un nuevo esquema operativo en causas por microtráfico de drogas que permite acelerar peritajes, descomprimir depósitos judiciales y optimizar recursos en las investigaciones. La iniciativa, desarrollada por el Ministerio de Justicia y Seguridad en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), incluye la creación de dos secciones de muestreo de estupefacientes, ubicadas en sedes de la Policía de Investigaciones (PDI) en Rosario y Recreo, y la reestructuración del Laboratorio Químico Forense (LQF) del Organismo de Investigaciones.

El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Marcelo Albornoz, explicó que “el muestreo de material estupefaciente ahora se realiza directamente en la División Microtráfico de la PDI, bajo protocolos aprobados por el MPA”. Según dijo, este cambio “agiliza los tiempos que antes demandaban enviar los secuestros completos a laboratorios federales, permitiendo además optimizar recursos logísticos y operativos”.

Las nuevas secciones de muestreo tienen a su cargo la recepción, control y extracción de muestras y contramuestras de las sustancias incautadas. Todo el procedimiento se realiza conforme a estándares internacionales definidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y se encuadra en un protocolo de actuación aprobado por resolución de la fiscal general María Cecilia Vranicich, elaborado junto al equipo fiscal de Microtráfico del MPA.

Procedimiento

El diseño y puesta en marcha de este modelo fue posible a partir del trabajo conjunto entre el personal técnico del Laboratorio Químico Forense y los equipos operativos de la PDI. Ambas áreas definieron la metodología, los requerimientos edilicios, los insumos necesarios y capacitaron al personal designado para esta tarea.

“Con esta primera instancia a cargo de la PDI, se simplifica el proceso y se optimiza la intervención de los laboratorios forenses, que ahora se concentran exclusivamente en la etapa técnico-analítica”, explicó Víctor Moloeznik, director del Organismo de Investigaciones. Y añadió: “Una vez realizado el muestreo, las muestras seleccionadas se remiten al Laboratorio Químico Forense para su análisis confirmatorio, interpretación de resultados y elaboración del informe pericial”.

Según Albornoz, “el material se reduce a una cantidad suficiente para el análisis”, ya que se extrae un número determinado de muestras representativas de cada secuestro. “Estas son enviadas al laboratorio del MPA para su análisis, mientras que las contramuestras -cuando pueden recolectarse- se preservan para eventuales pedidos de la defensa o la querella”, indicó. El resto del material queda bajo resguardo judicial en depósitos de la sección Microtráfico de la PDI, hasta que se autorice su destrucción.

Un laboratorio clave para la justicia

El Laboratorio Químico Forense del MPA, con sedes en Rosario y Santa Fe, es el responsable del procesamiento técnico de las muestras. Aunque no se incrementaron los recursos operativos, se reorganizaron internamente las áreas para afrontar el nuevo esquema de trabajo sin afectar la calidad pericial.

Moloeznik advirtió que las técnicas analíticas que se aplican requieren validación metodológica, equipamiento específico y personal altamente calificado. “La pureza de estas muestras suele ser baja, por lo que los procedimientos deben realizarse con rigor técnico y bajo estrictos estándares de calidad para garantizar resultados sólidos y judicialmente válidos”, afirmó.

Actualmente, el laboratorio realiza análisis confirmatorios para cocaína (COC), tetrahidrocannabinol (THC) y ketamina (KET), y pruebas presuntivas para dietilamida del ácido lisérgico (LSD), dimetiltriptamina (DMT), metilendioxi-anfetamina (MDA), metilendioximetanfetamina (MDMA), efedrina y pseudoefedrina.

“El principal objetivo es ampliar estas capacidades mediante la incorporación de nuevo personal técnico, con el propósito de avanzar hacia la identificación confirmatoria de otras sustancias, especialmente de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP)”, señaló el director. En ese sentido, sostuvo que este tipo de drogas “plantea un desafío creciente tanto para la justicia como para la salud pública, por su diversidad, potencia y capacidad de evasión del control estatal”.

Con la implementación de este nuevo sistema, la Provincia de Santa Fe apuesta a mejorar los tiempos de respuesta en causas por narcomenudeo, mantener estándares periciales de calidad y reforzar la articulación entre las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia penal.

La justicia ordenó realizar distintos peritajes en una computadora de Martín Insaurralde, como así también en dos teléfonos celulares de la modelo Sofía Clerici, quien recientemente lo acompañó en un viaje de placer por España.

El juez federal Ernesto Kreplak solicitó esos informes, que estarán a cargo del personal de Gendarmería Nacional.

En un country de la localidad de San Vicente, en el sur del conurbano, donde el ex intendente de Lomas de Zamora posee algunas propiedades, la policía se llevó una computadora, una tablet y un pendrive.

Asimismo, y en la vivienda de Clerici, ubicada en el barrio privado Nordelta, la policía secuestró dos Iphone, una Macbook, dos Ipad y una notebook, que podrían contener información vital para avanzar en la causa. Durante el mismo allanamiento, las autoridades retuvieron casi 600 mil dólares, 2 millones de pesos y 2.000 pesos uruguayos.

Por otra parte, el magistrado sigue investigando sobre los bienes de Insaurralde, su ex esposa Jésica Cirio, y la propia Clerici, como así también la estadía el ex funcionario bonaerense junto a la modelo en Marbella.

De hecho, envió un exhorto a España para saber quien es el dueño del yate 'Bandido', alquilado por Insaurralde y Clerici para pasar unos días descanso.

Kreplak también está investigando la separación de bienes de Insaurralde y Cirio, quien habría recibido una millonaria suma en dólares tras haberse dictado el divorcio de la pareja.

El viaje con Clerici fue uno de los tantos al exterior que realizó Insaurralde en los últimos tiempos, y que desató un escándalo a pocos días de las elecciones realizadas el mes pasado. De hecho, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le pidió la renuncia al ex jefe comunal lomense, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete de Ministros.

La Justicia aguarda un nuevo informe médico y psiquiátrico del músico Cristian “Pity” Álvarez para definir si lo someterá a juicio por el homicidio de un vecino cometido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. “Trimestralmente nos deben enviar informes médicos, el próximo llegará en febrero”, afirmó a Télam una fuente judicial con acceso a la causa.

Mientras tanto, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados permanece internado en un centro terapéutico de la localidad bonaerense de Castelar, adonde fue trasladado desde la sede del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma), del Complejo Penitenciario de Ezeiza, en el que estuvo detenido por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, de 36 años.

Según las fuentes, el debate oral continúa en suspenso desde que en febrero de 2021 la Justicia considerara que el músico no estaba en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.

Debido a esa situación, en abril pasado, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 29, Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y María Cecilia Maiza, resolvieron, en línea con lo planteado por el fiscal Sandro Abraldes en su dictamen, hacer cesar la prisión preventiva de Álvarez, de 49 años, por considerar que “no resulta constitucionalmente válido mantener el encarcelamiento cautelar por un tiempo absolutamente indeterminado, dado que no es posible pronosticar, de momento, cuándo podrá encontrarse en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral”.

En tanto, semanas atrás se viralizó una fotografía del músico junto a un fanático en la que se lo ve un visible aumento de peso y el pelo muy diferente a como lo usaba, posando en la vía pública. Al respecto, un allegado al músico confirmó a Télam que Pity había ido a atenderse a un consultorio externo, ya que padece “varios problemas de salud”.

En noviembre de 2020, Álvarez había sido internado en un hospital de la localidad de Ezeiza para ser atendido por un pico de diabetes. “La diabetes es reciente provocada por la desidia y por la mala atención del Estado, sobre todo en ese penal”, se quejó en ese momento Cristina Congiú, madre del músico.

Congiú contó que en 2021 su hijo se contagió con coronavirus, por lo que estuvo internado en terapia intensiva del hospital Muñiz, del barrio de Parque Patricios. “Cristian la pasó muy mal por el tremendo abandono de persona que sufrió en el penal”, dijo la mujer, y agregó que “lo que pasa con su enfermedad lo adquirió ahí por el aislamiento y la falta de atención”.

Pity Álvarez dejó el psiquiátrico y su imagen se hizo viral

El hecho por el que el cantante está acusado ocurrió cerca de la medianoche del 12 de julio de 2018 frente a la puerta de acceso a la Torre 12 B del barrio Samoré, en Dellepiane Sur y avenida Escalada, de Villa Lugano. Según la acusación, Álvarez salió de allí junto a su novia y de repente se acercó a ellos Díaz, un conocido del barrio con quien comenzó una conversación que derivó en una discusión.

Testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle a Pity, momento en que este extrajo una pistola y le efectuó un primer tiro en la cara y luego lo remató con otros tres balazos.

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