(Por Agustín Aranda) - La escena se repite en distintos puntos del país: familias que revisan planillas, ajustan gastos y vuelven a hacer cuentas para sostener un proyecto que, hasta hace poco, se planificaba con mayor previsibilidad. Estudiar en Rosario, para miles de jóvenes que llegan desde el interior santafesino y desde otras provincias, dejó de ser una decisión que se organiza con horizonte anual y pasó a evaluarse mes a mes.

Así lo confirmaron desde la Federación Universitaria de Rosario (FUR). “Las familias que planificaban año a año la estadía de sus hijos en Rosario ahora prácticamente lo piensan mes a mes”, señaló a Mirador Provincial, Alejo Rossi, presidente de la agrupación.

La crisis económica que atraviesa el país impacta en el poder adquisitivo de los hogares y obliga a reordenar prioridades. Alquiler, expensas, transporte urbano, viajes de regreso a la ciudad de origen, apuntes, conectividad y alimentación forman parte de una estructura de gastos que se actualiza con frecuencia y presiona sobre ingresos familiares que evolucionan a otro ritmo. Rosario no es la excepción.

En ese contexto, y mientras se preparan reclamos con paros docentes y no docentes, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) reforzó este año su política de bienestar estudiantil con la apertura de diez líneas de becas destinadas a garantizar el acceso, la permanencia y el egreso. La convocatoria, que se lanzó semanas atrás y se extiende hasta marzo, contempla apoyos económicos directos, comedor universitario, residencias, materiales de estudio y una beca específica de movilidad urbana. En total, la casa de estudios destinará 1.500 millones de pesos de su presupuesto a esta política.

La preocupación se centra tanto en el ingreso como en la permanencia de los estudiantes.

Alejo Rossi, presidente de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), dijo al respecto: “Son medidas que apuntan a contener todos los días a los estudiantes en la universidad”. Y además, apuntó a una de las grandes variables: el transporte. Si bien en Santa Fe rige el Boleto Educativo Gratuito, que cubre traslados urbanos e interurbanos para estudiantes con domicilio legal en Santa Fe, quienes provienen y tienen domicilio de otras provincias no están alcanzados por ese beneficio. Para ese segmento la UNR creó la Beca de Movilidad Urbana, orientada a estudiantes que acrediten una situación socioeconómica que justifique la asistencia.

Siempre según diagnosticaron desde la FUR, hay cada vez más necesidad de apoyos para seguir estudiando. Por eso, y además de impulsar la ampliación de becas, la federación desarrolló convenios con comercios de comida, librerías y otros rubros vinculados a la vida universitaria para reducir costos. En paralelo, puso en marcha cursos y espacios de apoyo académico y emocional destinados, sobre todo, a los primeros años de carrera.

Entre las propuestas mencionó talleres de manejo de ansiedad y estrés, preparación para exámenes, oratoria para instancias orales y capacitaciones en herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial.

La preocupación se centra tanto en el ingreso como en la permanencia. Y es que tanto Rosario como la capital santafesina son polos universitarios que reciben estudiantes de distintas regiones del país, muchos de ellos primera generación universitaria en sus familias. En esos casos, la inversión económica convive con una expectativa de movilidad social que transforma la decisión de estudiar en una apuesta colectiva.

El mercado de alquileres es otro factor determinante en esa ecuación. Departamentos compartidos, residencias estudiantiles y pensiones aparecen como alternativas para abaratar costos. Sin embargo, los aumentos periódicos y la necesidad de afrontar depósitos y garantías elevan la barrera de entrada para quienes llegan desde fuera de la ciudad.

El mercado de alquileres es otro factor determinante. Foto: archivo

En este escenario, la articulación entre la UNR y la representación estudiantil busca ofrecer respuestas concretas. “Hacemos un esfuerzo por estar en cada uno de los trayectos de los estudiantes, no sólo cuando ingresan sino a lo largo del camino y también para que se reciban”, sostuvo Rossi y completó: “Detrás de cada estudiante hay un sueño, un anhelo, y es nuestra responsabilidad no descansar hasta que cada uno de esos sueños se cumpla”.

Mientras el debate nacional sobre el financiamiento universitario continúa, en Rosario el foco está puesto en sostener trayectorias. Para muchas familias del interior y de otras provincias, enviar a un hijo o hija a estudiar a la UNR sigue siendo una decisión estratégica. La diferencia radica en que hoy esa decisión se revisa con mayor frecuencia y exige un acompañamiento institucional más activo.

Entre planillas y presupuestos ajustados, la universidad pública se enfrenta al desafío de garantizar que la crisis no clausure oportunidades. Las becas, el boleto y los dispositivos de apoyo aparecen como herramientas para que la puerta de acceso permanezca abierta y el proyecto universitario continúe siendo posible más allá de la coyuntura.

Fabricio Trossero, abogado especializado en Derecho y Discapacidad y miembro activo de la Comisión de Discapacidad de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA), no escatimó críticas hacia el gobierno de Javier Milei y la reciente decisión -el lunes 4- de veto a la ley de emergencia en discapacidad. "Lo que está sucediendo es un golpe bajo a los más vulnerables de nuestra sociedad", afirmó, añadiendo que las personas con discapacidad son uno de los sectores más desprotegidos, y una medida de esta característica no hace más que intensificar su exclusión.

“Este veto a la continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad demuestra una total insensibilidad ante una realidad que necesita medidas urgentes y adecuadas. No podemos seguir retrocediendo en derechos”, expresó con firmeza. Y reforzó: "Es una medida cruel, porque afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las personas con discapacidad motriz, como es mi caso, enfrentamos barreras todos los días para acceder a tratamientos, servicios de salud y hasta para llevar una vida digna. Este veto solo agrava esa situación", subrayó. Según el abogado, esta acción no solo afecta a los beneficiarios directos, sino también a los profesionales y servicios que brindan atención a las personas con discapacidad, quienes se ven afectados por los bajos aranceles y la falta de cobertura.

Más adelante, profundizó sobre cómo la sociedad trató históricamente a las personas con discapacidad. "Antes, éramos considerados ‘diferentes’. Con el tiempo, se nos comenzó a llamar ‘personas especiales’, lo que sigue siendo un error, ya que la discapacidad no nos hace ni especiales ni diferentes", señaló. Para el especialista, uno de los mayores avances fue la adopción, en 2008, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un documento que reconoce a las ‘personas con discapacidad’ como individuos con derechos y dignidad. “Hoy somos personas con discapacidad, no personas ‘especiales’. Y eso es lo que debe reconocerse, no solo a nivel legal, sino en la vida cotidiana de cada uno de nosotros”, agregó.

Cabe señalar que la Ley de Emergencia en Discapacidad, que estableció el Congreso de la Nación, busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. También, regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

Trossero reflexionó sobre su voto en las elecciones presidenciales de 2023, donde por primera vez en su vida no lo hizo con el mismo convencimiento que en ocasiones anteriores. "Siempre fui una persona de principios y voté de acuerdo con mi ideología política, pero esta vez no encontré una propuesta que representara mis valores. En ese contexto, apoyé a Javier Milei, pero hoy, en función de varias de sus medidas, estoy desencantado con su gestión", expresó. Según evaluó, el veto presidencial y la falta de sensibilidad hacia las personas con discapacidad son una manifestación clara de que la Casa Rosada no prioriza a los más necesitados. 

La creciente problemática de acceso a la salud para las personas con discapacidad fue otro de los temas abordados por Trossero. En particular, destacó el aumento en la cantidad de amparos judiciales presentados por los pacientes para garantizar la cobertura de tratamientos médicos necesarios. "Lo que está ocurriendo con el sistema de salud es alarmante. Muchas personas se ven obligadas a recurrir a la Justicia para obtener lo que por derecho les corresponde. Los tratamientos se dilatan, las rehabilitaciones se demoran y, mientras tanto, las personas siguen sufriendo", explicó.

En este sentido, criticó el sistema de obras sociales y prepagas que, en muchos casos, no cumplen con la cobertura de tratamientos esenciales. "Las personas con discapacidad no solo luchan contra sus propias limitaciones físicas, sino que también tienen que enfrentarse a un sistema de salud que no está preparado para brindarles una atención adecuada", agregó.

Fabricio Trossero también dedicó un espacio a la crítica por las eliminaciones de pensiones no contributivas, decisión tomada por el Gobierno sin previo aviso ni evaluación adecuada. "Muchas personas realmente necesitan estas pensiones para subsistir, y hoy se ven despojadas de ellas sin que nadie les brinde una explicación clara. No se puede eliminar un beneficio tan importante sin una revisión detallada de cada caso", expresó. Aseguró que este tipo de medidas no solo es injusto, sino que también está mal implementado. "Las personas que reciben estas pensiones, en su mayoría, no tienen acceso a la información ni a los medios para comprender las cartas que les envía Anses. Sin la ayuda de un vecino, un familiar o de un profesional, se ven completamente desprotegidos", señaló.

El oriundo de Gödeken y venadense por adopción también se refirió a la situación de accesibilidad en Venado Tuerto, y si bien reconoció algunos avances, como la instalación de nuevas rampas para personas con discapacidad, señaló que todavía hay mucho por hacer para lograr una inclusión plena. "Las rampas deben ser funcionales y no solo cumplir una función estética. Aún tenemos que dar más pasos para que la ciudad sea verdaderamente accesible para todos", dijo. En este sentido, destacó el trabajo realizado en la reforma de la ordenanza de transporte urbano diferenciado, aunque aclaró que este es solo un primer paso. “Cada solución debe estar pensada específicamente para las necesidades de las personas con discapacidad. No hay un modelo único”, aclaró.

Finalmente, Trossero subrayó que su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad no es solo profesional, sino también profundamente personal. “Quiero que cada persona con discapacidad pueda tener acceso a los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Mi lucha es por ellos, por su dignidad y por un futuro más inclusivo. No se trata solo de hacer cumplir las leyes, sino de que la sociedad valore a cada ser humano con respeto", concluyó.

A través del Decreto 340/2024 publicado este domingo en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Nación oficializó una ayuda económica previsional destinada a jubilados y pensionados. La misma se cobrará en el mes de mayo y el monto máximo será de $70.000.

Esta medida busca aliviar las dificultades económicas que enfrentan los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), quienes se encuentran en el rango más bajo de ingresos. Esta ayuda se suma a otras medidas anteriores, como las otorgadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2024 por los decretos N° 116/23, 81/24 y 177/24, respectivamente.

El decreto establece que la ayuda económica previsional será abonada a aquellos titulares que perciban ingresos por sus prestaciones vigentes menores o iguales a $190,141.60 pesos. En estos casos, la ayuda será de $70,000 pesos.

Para quienes perciban un ingreso superior a $190,141.60 pesos, la ayuda económica previsional será equivalente a la suma necesaria para alcanzar un tope de $260,141.60 pesos. Estos montos buscan mantener el poder adquisitivo de las prestaciones de los adultos mayores, evitando que continúen perdiendo su capacidad de compra.

Montos Establecidos:

Haber Mínimo: A partir de mayo, el haber mínimo garantizado será de $190.141,60.

Haber Máximo: El haber máximo ascenderá a $1.279.472,92 desde el mismo mes.

Haber mínimo más bono: Si se oficializa el bono de $70.000, los beneficiarios con haber mínimo recibirán en total $260.124,17

Estos nuevos valores surgen de la reciente medición de la inflación minorista de marzo, que fue del 11%. Al aplicar este porcentaje al monto mínimo anterior de $171.283,31, se obtiene el nuevo haber mínimo.

En este sentido, la metodología de ajuste de haberes continuará basándose en la inflación del segundo mes anterior al mes de cobro, permitiendo actualizaciones mensuales. Por ejemplo, la inflación de abril, que se estima más baja según consultoras, determinará los montos de junio.

Los beneficiarios de esta ayuda económica son las personas titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto incluye prestaciones otorgadas bajo la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, así como regímenes nacionales generales anteriores y sus modificaciones.

Asimismo, se verán beneficiados quienes reciban la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por la Ley N° 27.260, y las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones no contributivas o graciables cuyo pago está a cargo de la ANSES.

Para percibir la ayuda económica previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mes en que se realiza su liquidación. En el caso de pensiones, se considera a los copartícipes como un único titular a los fines de determinar el derecho a la ayuda económica previsional.

Decreto 340/2024 by El Litoral

La Anses modificó el calendario de pago para pensionados correspondiente a mayo y, con esa decisión, atrasó fechas de liquidación.

La medida se formalizó por medio de la Resolución 107/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Según el organismo, "cuestiones operativas hacen necesario adecuar los cronogramas de tareas de los procesos a la oportunidad en que esta Administración Nacional sea notificada del índice a aplicar".

Sucede que a través del del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274 del 25 de marzo último, se modificó la fórmula de movilidad basada en la actualización mensual de los haberes de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC.

Ahora, la Anses modificó la Resolución 37/2024 que ese organismo publicó a mediados de febrero de este año, con los calendarios completos de marzo, abril y mayo.

De este modo, se atrasó una semana el pago de las Pensiones No Contributivas, mientras que el depósito de las jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) -tanto para haberes mínimos como para máximos- se mantienen con las mismas fechas.

Los titulares de ese tipo de pensiones debían cobrar sus haberes del jueves 2 de mayo al miércoles 8, mientras que, por medio de la nueva Resolución, se fijó un nuevo cronograma: del jueves 9 al miércoles 15 de mayo.

Recientemente, el Gobierno confirmó un aumento del 11% para los haberes previsionales, a aplicarse en mayo, que llevará a la jubilación mínima a los $190.141,60.

Resolución 107/2024 by El Litoral

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comunicó cuáles son las fechas de pago de la movilidad y el bono para jubilados y pensionados.

Desde el ente nacional se informó que la fecha para el inicio del calendario es el 17 de abril, para quienes hayan cobrado sus haberes correspondientes a abril antes del miércoles 17. Las jubilaciones mínimas cobrarán, además, el bono de 70 mil pesos.

Pensiones No Contributivas:

Jubilaciones y pensiones:

Aquellos jubilados y pensionados que tienen fecha de cobro del haber a partir del 17 de abril, cobrarán todo junto con el calendario habitual.

El calendario complementario se aplica en el marco de la transición de la fórmula jubilatoria vigente a la nueva fórmula oficializada por el Gobierno nacional, que entrará en vigencia en el mes de julio, y que actualizará las jubilaciones mensualmente tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.

En ese marco, en abril los jubilados y pensionados recibirán un incremento extraordinario de 12,5 por ciento para compensar parcialmente las pérdidas ocasionadas por el proceso inflacionario del último año. Asimismo, se adicionará el 13,24 por ciento correspondiente al IPC de febrero a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024. Por todo ello, 

"Si no hacemos una serie de reformas que lo vuelvan sustentable, el sistema peligra". La advertencia corresponde a Jorge Boasso, flamante secretario de Seguridad Social de la provincia. Docente y director del Posgrado sobre dicha especialidad en la Universidad Nacional de Rosario, conduce desde el inicio de la nueva gestión provincial un área que había dejado de existir durante el anterior mandato. Bajo su ámbito se encuentran –dentro del sistema contributivo- la Caja de Jubilaciones, la Caja del Seguro Mutual y la DIPART (Dirección Provincia de Autoseguros de Riesgos de Trabajo), además del sistema de pensiones Ley 5110 –no contributivo-. El área supervisará, asimismo, las cajas profesionales y el IAPOS, aunque respetando su autarquía.

En diálogo con El Litoral, Boasso trazó un diagnóstico detallado de la situación actual de la Caja de Jubilaciones. Ratificó el déficit millonario y creciente del organismo –cerró 2023 con un rojo de más de 130 mil millones de pesos-, y alertó acerca de las reformas "legislativas y ejecutivas" que deberían promoverse para que el sistema no colapse.

"Las Cajas son seguros sociales y hay que buscar que sean sustentables. Santa Fe tiene para los beneficiarios un muy buen régimen; nadie elige aquí jubilarse con el régimen nacional. Nos encontramos, entonces, con una Caja que tiene buenos beneficios pero que en 50 años, no contó con la reingeniería necesaria para hacerla sustentable", expresó.

- ¿Qué reformas legislativas plantearía?

- Tenemos que tender a aggiornarnos a los tiempos. La caja es deficitaria; tiene un déficit que no lo sostiene el sistema contributivo, sino que viene de Rentas Generales o del Tesoro. A ello debe sumarse que como provincia que no transfirió en su momento la Caja, depende de ANSESS para financiar parte de ese déficit. Como gestión, ratificamos la pertenencia del sistema de jubilaciones en la provincia pero hay que hacerlo sustentable y sostenible. Estamos haciendo estudios; la ley tiene mucho para aggiornar. La Caja trata a todos por igual pero hay diez subsectores absolutamente disímiles. De 100 mil beneficiarios, el 70% son mujeres; allí hay personas que se jubilan con 60 años o menos superviviéndonos a los hombres cinco o más años. A su vez, la edad de fallecimiento promedio del hombre es de 76 en los hombres y de 80 en las mujeres; mientras que la permanencia en el beneficio es de 17 años en el caso de los hombres, contra 21 de la mujer, promedio. Santa Fe tiene un sistema cuya edad promedio de los jubilados es a los 59 años porque la mujer se jubila a los 60 o menos. En el caso del sector docente, la mujer se jubila a los 57, más la posibilidad del dos por uno; se compensan dos años de edad por uno de servicio o viceversa. Entonces, a los 55 hay mujeres que se jubilan… ¡Y son jóvenes! Tenemos una expectativa de vida de 80 años... Esta no es una posición política, sino como académico; hay que ir subiendo la edad de la mujer hasta equipararla (a la del hombre). Debe ser de manera progresiva, pero esto hay que hacerlo.

- ¿Debería haber una sola edad para hombres y mujeres? ¿Cuál debería ser esa edad?

- Sí, debería haber una edad unificada para hombres y mujeres. El Pacto de Toledo como apéndice del Pacto de la Moncloa, plantea que tiene que irse hacia una equiparación y hasta ir elevando la edad del hombre a 67. Debería ser progresivo para no perjudicar a la gente; cada dos años, se aumenta uno, por ejemplo. Esta es una verdad de perogrullo; puede ser que se abra el abanico para que después de los 65 y hasta los 70, se haga un retiro voluntario consensuado, tal como está vigente en el sector privado. Se podría proponer la edad igualada y a partir de allí, que sea la persona si se siente útil, la que resuelva si sigue trabajando o se aboca al retiro. Incluso, dando premios concediendo puntos por cada año de más trabajado. Tenemos que ir hacia un sistema más racional.

- Dijimos que tenemos un sistema con diez subsistemas que están en el mismo seguro social, pero tienen una política remuneratoria totalmente disímil entre sí. No hay una política igualitaria; cada gremio hace la suya y discute su quinta y le importa nada la del otro. En este damero que contiene esta gran heterogeneidad tenemos que (pasivos) judiciales y legislativos poseen un haber promedio de 1.900.000 pesos; de la EPE, un millón, docentes 534 mil… Es un caleidoscopio; ganan muy diferente pero el aporte en términos porcentuales es el mismo. Los judiciales, por ejemplo, por la Ley de Enganche, se equipararon a remuneraciones nacionales; pero se engancharon en las ganancias y no en las pérdidas. Porque a nivel nacional aportan un 18% del sueldo y acá el 14,5%. ¿Qué efecto trae eso? Que en promedio, esos haberes sólo se soportan con el 50% del aporte de ese mismo sector y el otro 50% es financiado por todos los santafesinos y hasta te diría por los argentinos, si pensamos en el financiamiento de Anses. Hay pocos sectores que están equilibrados: Municipios y Comunas, Arte de Curar, Dipos, Assa, Administración Central… La masa de haberes del Poder Judicial me representa 4 mil millones de pesos, pero sólo recibo aportes de ese sector por 2 mil millones, es decir, la mitad.

- ¿Deben aumentarse los aportes?

- Aquí debe haber un aumento del aporte pero desagregado conforme ingresos; es decir, ingresos con parámetros. Hoy, todo el mundo aporta el 14,5%; deberíamos lograr al menos que se aporte como en el sistema nacional. Otra cosa que debemos decir es que la contingencia que se debe proteger es la vejez; esto no es una renta básica universal. Si yo jubilo gente a los 55 años, la estoy convirtiendo en una renta básica universal casi privilegiada. Del mismo modo, tenemos pensionados que se hiperpensionan de por vida… A los 35 años, una mujer u hombre casado con un miembro del Poder Judicial si su pareja fallece, va a tener esa pensión para toda la vida. Un sistema con jubilados que no son viejos y pensionados de este tipo con beneficios que se cobran hasta por 50 años no se puede sostener.

- ¿Cómo se corrige eso?

- Hay todo un debate de cómo modificar el sistema de pensiones: tenemos que hacerlo justo. ¿¡Cómo un sistema contributivo se hace sostenible con estas ilogicidades?! Tenemos que tender a la racionalidad. Desnaturalizamos el sistema, si protegemos la mediana edad en lugar de la vejez. Hay que debatir esto; esto no pretende ser un DNU ni imperativo. Pero hay que buscar alternativas. Si no hay plata como se dice a nivel nacional y no hay plata para que Anses le pague a Santa Fe (nos deben más de 400 mil millones de pesos), o nos sentamos en serio con todos los legisladores a discutir esto, o se atenta contra la existencia de la propia Caja. Hay que ponerse los pantalones largos; o encaramos estas modificaciones necesarias para defender la Caja en el sistema provincial o nadie puede garantizar esa permanencia y su sustentabilidad.

- ¿Plantearía alguna reforma sobre cómo establecer los topes?

- En mi idea académica plantearía fijar topes no como el nacional porque es realmente bajo, pero tampoco como el que tiene actualmente la provincia; me parece una exageración el de Santa Fe donde está planteado el tope como el 80% del sueldo del presidente de la Corte con 30 años de antigüedad sabiendo que por cada año de antigüedad se suma un 2% sobre el sueldo. Tiene que ser un tope razonable, donde la unidad de medida sea el nivel dos de la administración. Nueve o diez de esos haberes. Hacerlo sustentable, respetando la vida laboral de cada uno. Toda la clase política tiene que ser consciente de que hay que hacer una reformulación de los entes de la seguridad social porque de lo contrario, peligra el sistema como también peligra el nacional. Podemos tener la Caja que queramos, pero la tenemos que poder sostener.

- Descuento que todo esto que sugiere tiene el aval político del gobierno provincial para plantearlo como proyecto de ley...

- Esta es mi propuesta; quien defina el momento, la oportunidad y la ocasión será el gobernador. Y se deberá dar el debate. No recuerdo que se haya dado un debate en serio para discutir estas reformas en los últimos tiempos. Mi deber es formular las propuestas y las someto al debate que sea necesario. Un ámbito para esa discusión puede ser el Foro de la Seguridad Social que vamos a crear. Y el debate democrático será en la Legislatura. Vamos a promover un debate honesto, racional; acepto mejoras pero me van a tener que convencer. Insisto, tenemos que hacer un sistema sustentable porque si no hacemos esto, el sistema peligra. La reingeniería no es ni ir hacia una AFJP ni a una transferencia a la Nación o al sistema privado; queremos la Caja en la provincia, pero así no puede seguir.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció importantes cambios en el procedimiento de pago mensual de haberes para jubilados, pensionados y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Estas actualizaciones buscan optimizar el esquema utilizado para la liquidación de los montos, brindando mayor comodidad y seguridad a los beneficiarios.

Mediante la Resolución 132, que deroga las normativas predecesoras 567 y 648, se establece un nuevo mecanismo de pago que entrará en vigencia próximamente. Entre las principales modificaciones se destacan las siguientes:

Pago contra presentación de constancia de DNI en trámite: ANSES permitirá el cobro presentando una constancia emitida por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en caso de haber extraviado el Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta constancia debe incluir el nombre, apellido y número de documento de identidad, correspondiendo con los datos registrados previamente.

Cobro como apoderado: En situaciones en las que el titular del beneficio no pueda percibirlo personalmente, se establece la posibilidad de que un apoderado autorizado realice el cobro en su nombre. Para ello, el apoderado debe contar con una autorización especial emitida por el organismo y los fondos se acreditarán en una cuenta específica abierta para tal fin.

ANSES brindará diversas opciones para acceder a los fondos. Los beneficiarios podrán realizar extracciones en cajeros automáticos utilizando tarjetas de débito, y se implementará la autenticación biométrica mediante huella dactilar o código de extracción. Asimismo, se mantendrá la opción de cobro en ventanilla, permitiendo a los beneficiarios elegir la forma de cobro que les resulte más conveniente.

Para aquellos beneficiarios que residan fuera del país, se establece la obligatoriedad de presentar certificados de supervivencia de manera periódica. En caso de incumplimiento, el organismo será informado. Cabe destacar que los costos y comisiones asociados a la transferencia de fondos al extranjero serán responsabilidad de cada beneficiario y deberán ser acordados previamente con la entidad encargada del servicio.

Estas actualizaciones en la modalidad de pago buscan brindar un servicio más eficiente y seguro a los jubilados, pensionados y beneficiarios del SUAF. Se recomienda a los interesados estar atentos a las comunicaciones oficiales y contactar directamente con la entidad para obtener información precisa y actualizada.

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El Gobierno oficializó este lunes el pago de tres refuerzos en los meses de junio, julio y agosto para jubilados y pensionados. La confirmación se dio este lunes a través de la publicación del Decreto 282/2023 en el Boletín Oficial.

El documento en su Artículo 1° dice: “Otorgase un refuerzo de ingreso previsional por un monto máximo de pesos quince mil ($15.000), pesos diecisiete mil ($17.000) y pesos veinte mil ($ 20.000) que se abonarán en los meses de junio, julio y agosto de 2023, respectivamente”.

Bono adicional para jubilados y pensionados hasta mayo

Esos valores corresponden a aquellas personas que cobran la jubilación mínima. En tanto, para los que cobran hasta dos jubilaciones mínimas, el bono será de hasta $ 5.000.

Los incrementos están destinados a los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, y a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentran a cargo de aquella entidad.

Los refuerzos no se integran al haber y no se calculan para el pago del medio aguinaldo previsto para el mes de junio.

La jubilación mínima es actualmente de $ 58.665 (brutos) más hasta $ 15.000 de bono. En total, $ 73.665. Con el aumento del 20,92%, la jubilación mínima será de $ 70.938. El haber máximo hoy de $ 394.763 sube a $ 477.347.

¿Cuándo cobro?: fechas de pago de junio para jubilados y pensionados, incluyendo el medio aguinaldo

En relación a lo que están cobrando hoy los jubilados de haberes mínimos incluyendo el bono ($73.665), en junio el ingreso total sube a $ 85.938 ($ 70.938 más $ 15.000) y representa un aumento del 16,7%. En julio, con el refuerzo de $ 17.000, el ingreso total pasa a $ 87.938, el aumento es 19,4%. Y en agosto, el ingreso total sube a $ 90.938 (23,4%).

Para los que cobran entre uno y dos haberes mínimos el aumento es menor porque se mantiene sin cambios el bono de $ 5.000 que cobraron en marzo, abril y mayo.

En tanto, los que cobran más de dos haberes mínimos, ($ 141.874) no reciben ningún refuerzo, absorbiendo la pérdida frente a la inflación.

Los disturbios en que degeneraron algunas de las manifestaciones del jueves en Francia contra la reforma de las pensiones dieron lugar a 457 detenciones que llevaron a cabo las fuerzas del orden, entre los que hubo 441 agentes heridos.

Las cifras las dio este viernes el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que en una entrevista al canal CNews señaló a la extrema izquierda como la responsable de los actos de violencia que se produjeron al margen de las marchas organizadas por los sindicatos contra la reforma del Gobierno.

Los sindicatos celebraron durante el jueves la novena jornada de protestas en menos de dos meses. La tensión fue máxima en Francia durante toda la jornada. En París, individuos vestidos de negro y encapuchados lanzaron proyectiles a las fuerzas del orden durante el recorrido entre la plaza de la Bastilla y la Ópera. En otros puntos, se usó la basura acumulada en la calle para provocar incendios.  Los agentes respondieron lanzando gases lacrimógenos para poder dispersar a la multitud.

En la última semana, se han arrestado a centenares de personas acusadas de montar barricadas en plena calle y de atentar contra el mobiliario urbano. Los manifestantes han acusado a Macron de “querer desacreditar las protestas”.

Philippe Martinez, el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), ha querido dejar claro que los grupos extremistas son una minoría y que la mayoría de las protestas son pacíficas: “Lo que no está organizado es muy marginal”.

El pasado miércoles, el presidente Emmanuel Macron intervino para defender una vez más su reforma de las pensiones, lo que calentó más los ánimos de los franceses. Como respuesta, los manifestantes se agolparon de nuevo en las calles y están dispuestos a continuar con las protestas.

Desde este primero de enero, la jubilación mínima en la provincia de Santa Fe es de $ 82.464 y la pensión alcanza a $ 61.848, de acuerdo al decreto 3005 del 2022 que publicó el Poder Ejecutivo en este mes en el Boletín Oficial. Los valores surgen del acuerdo paritario de diciembre entre el gobierno con los gremios estatales. En diciembre, la jubilación mínima había sido de $ 80.423 y la pensión de $ 60.317.

Los valores mínimos de los pasivos santafesinos son muy superiores a los fijados por Anses para los pasivos nacionales donde la gran mayoría de los beneficiarios perciben la mínima. En cambio, en Santa Fe, el haber mínimo es percibido por apenas el 3% de los pasivos.

De acuerdo a datos oficiales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia apenas 1.328 jubilados (1,8% del total) y 1.726 pensionados (7,32%) perciben los haberes mínimos. Es decir apenas el 3,13% de los beneficios del sistema santafesino perciben la jubilación mínima. Los casos de estos mínimos son agentes con muy pocas horas de prestación de servicios, en su gran mayoría docentes con pocas horas cátedras que accedieron al beneficio previsional o bien profesionales de la salud con prestación reducida.

El sistema previsional santafesino no establece tope para los beneficios y están en relación directa con el ingreso de los activos de cada sector.

En Anses, el haber mínimo para los jubilados en enero se ubica en $50.124 y el monto máximo en $337.289. En ambos casos se trata del valor bruto de la prestación previsional, a la que se le debe añadir el bono extraordinario de $10.000 para la jubilación mínima, hasta decrecer a $7000 en el caso de las jubilaciones superiores. Así, más allá de la fórmula el mínimo de bolsillo es de $ 60.000 pero cobrado por la mayoría de los pasivos.

Volviendo a la Caja santafesina, a diciembre cobraron 97.367 beneficios y el desembolso realizado por el organismo alcanzó a $ 22.719.231.780 de acuerdo a los datos publicados por el organismo previsional.

En el último mes del último año, Santa Fe tenía 73.841 jubilados que percibieron un haber promedio de $ 244.658 mientras que 23.535 pensionados con un haber promedio de $ 145.203. Estos promedios se incrementarán desde este mes debido a la actualización prevista en el acuerdo paritario.

El artículo 8 del acuerdo paritario de diciembre con Upcn y ATE determina traslada “la política salarial definida a los agentes del sector pasivo del Escalafón Decreto Acuerdo N° 2695/83, de la Administración Provincial de Impuestos, Decreto N° 4447/92, del Servicio de Catastro e Información Territorial, Decreto N° 201/95, y de Fiscalía de Estado, en la misma forma y condiciones que las establecidas para el sector activo”. En los restantes acuerdos paritarios (docentes, salud, viales, etc) se incluyó una cláusula similar de protección a los haberes previsionales.

Los docentes representan el mayor porcentaje de pasivos para la Caja. Fueron 33.014 los que percibieron en noviembre beneficios previsionales con un promedio de $ 195.136. En la masa general, el segundo grupo es la administración central con 18.198 beneficiaros y un promedio de $ 152.973. El podio en números se completa con agentes de seguridad que tiene 9.548 pasivos y un haber promedio de $ 210.110.

Personal legislativo, viales y el arte de curar son los que menor número de agentes pasivos tenían a noviembre: 559, 793 y 1437 pasivos respectivamente.

El decreto del Poder Ejecutivo también ordena actualizar el monto de las Pensiones Sociales Ley 5.110 que administra ese organismo y que comprende la pensión para adultos mayores; por incapacidad laboral; para menores desamparados; para madres con hijos menores de 16 años; la pensión de honor de Veteranos de Guerra de Malvinas; para madres de víctimas del terrorismo de Estado; para presos políticos, gremiales o estudiantiles y para bomberos voluntarios.

ANSES informó que este martes comienzan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hija e Hijo. En tanto, los jubilados y pensionados reciben su haber junto a la segunda cuota el refuerzo de ingresos de 10 mil pesos, por lo que ninguna jubilación queda por debajo de los 60 mil pesos.

En este sentido, los cronogramas quedan conformados de la siguiente manera:

Beneficiarios de Anses podrán tener internet gratis: cómo acceder

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Asignación Universal y Asignación Familiar por Hijo

Involucra a jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.

La Argentina destinará unos 18,6 billones de pesos a servicios sociales el año próximo, el 64,3 por ciento del total de erogaciones previstos en el Presupuesto 2023. Los fondos destinados en esta materia subirán casi 72% con relación a este año, por encima de la inflación del 60% prevista para el 2023.

De este total, unos $12,95 billones serán destinados a “Seguridad Social”, en especial jubilaciones, pensiones y planes asistenciales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los beneficiarios de la seguridad social sumarán unas 19 millones de personas el año próximo.

Si embargo el Estado hará unas 27 millones de transferencias mensuales, ya que muchos beneficiarios reciben más de una, como ocurre con la asignación por hijo y la familiar. Actualmente hay unos 3,7 millones de asignaciones por hijo y 4,1 millones de familiares, que las reciben trabajadores registrados.

El proyecto prevé un aumento de unas 153 mil personas en jubilaciones y pensiones. El total del régimen de jubilaciones, pensiones y retiros, con la inclusión de las Fuerzas de Seguridad; Administración de Parques Nacionales y ex cajas previsionales, es de 7,1 millones de personas. A esto se suman las pensiones vinculadas con casos de Invalidez, que llegarán a 1,3 millones.

La iniciativa contempla una inflación del 60% y un crecimiento del 2%, mientras no prevé nuevos impuestos ni cambios en las retenciones a las exportaciones.

“Vamos a bajar el déficit ordenando la macroeconomía y reduciendo la emisión monetaria, que además ayudará a bajar la inflación”, indicaron desde el Ministerio de Economía.

La iniciativa también incluye una estimación del dólar a casi $270 para fines del 2023 y un déficit fiscal del 1,9% sobre el Producto Bruto, en línea con lo que contempla el acuerdo con el FMI.

La elaboración del proyecto se realizó sobre una base de inflación de 95% para 2022.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó este jueves el aumento del 15,53 por ciento para el trimestre septiembre-noviembre en las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, conforme con lo dispuesto por la ley de Movilidad. 

Mediante la Resolución 180/2022, publicada en el Boletín Oficial, se estableció que el valor de la movilidad correspondiente al mes de septiembre de 2022. 

El incremento que va a entrar en vigencia a partir del primer día hábil de septiembre será del 15,53% y se trata del tercero de los cuatro anuales. 

De esta manera, el haber mínimo jubilatorio pasará de $37.525 a $50.353, en tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo pasará de $7.332 a $8.471. 

La asignación por hijo del sistema SUAF: $ 8471 

Las pensiones no contributivas (PNC): $ 30.347 

La prestación universal de adultos mayores (PUAM): $ 34.682. 

Además, se le sumará un refuerzo mensual que irá hasta los $ 7000. Este se abonará a lo largo de septiembre, octubre y noviembre (el último mes antes de la última suba del año). 

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Los jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) serán algunos de los grupos que cobrarán más tarde durante el mes que viene por el feriado del 15 de agosto Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (Se celebra el 17, pero se traslada al 15 de agosto). Por lo tanto, el miércoles 17 será día de cobro. 

Calendario 

Las y los jubilados ANSES con haberes inferiores a $ 42.178, cobrarán desde el lunes 8 de agosto, la suma con aumento del 15%, según la terminación del DNI. 

DNI terminados en 0: lunes 8 de agosto 

DNI terminados en 1: martes 9 de agosto 

DNI terminados en 2: miércoles 10 de agosto 

DNI terminados en 3: jueves 11 de agosto 

DNI terminados en 4: viernes 12 de agosto 

DNI terminados en 5: martes 16 de agosto 

DNI terminados en 6: miércoles 17 de agosto 

DNI terminados en 7: jueves 18 de agosto 

DNI terminados en 8: viernes 19 de agosto 

DNI terminados en 9: lunes 22 de agosto 

Calendario AUH: 

DNI terminados en 0: lunes 8 de agosto 

DNI terminados en 1: martes 9 de agosto 

DNI terminados en 2: miércoles 10 de agosto 

DNI terminados en 3: jueves 11 de agosto 

DNI terminados en 4: viernes 12 de agosto 

DNI terminados en 5: martes 16 de agosto 

DNI terminados en 6: miércoles 17 de agosto 

DNI terminados en 7: jueves 18 de agosto 

DNI terminados en 8: viernes 19 de agosto 

DNI terminados en 9: lunes 22 de agosto 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales atadas a la fórmula de movilidad previsional aumentarán 15% a partir del 1° de junio, según se confirmó este jueves mediante la Resolución 128/2022, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la Anses, Fernanda Raverta. 

De esta manera, el haber mínimo de $ 32.630 subirá a unos $ 37.525. La PUAM de $ 26.104 a $ 30.020. Las pensiones no contributivas de $ 22.841 a $ 26.267. Y el haber máximo de $ 219.572 a $ 252.508. 

Este incremento comprende a 18 millones de personas porque incluye también las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones no contributivas y PUAM (pensión universal al adulto mayor). Y debe aplicarse a partir del 1° de junio hasta el 31 de agosto. 

El aumento se aplica sobre los montos jubilatorios de marzo-mayo, sin incluir ni el bono de $ 6.000 de abril ni el de $ 12.000 de mayo porque no se integran al haber corriente. 

En marzo, el aumento fue del 12,28 % que sumado al de junio permitirá cerrar el primer semestre con una mejora acumulada que rondaría el 29,1 %. 

El aumento surge de la fórmula de movilidad que combina una mitad de la variación trimestral de los salarios, según el RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables que elabora Seguridad Social) y el Índice de Salarios del INDEC, de ambos el mayor. 

La otra mitad de la fórmula se compone de la variación interanual trimestral de la recaudación impositiva por beneficiario que va a la Seguridad Social. 

Entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, la movilidad de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales tuvieron un deterioro del 18,5% en relación con la inflación. 

En 2020, con los aumentos diferenciados por decreto las jubilaciones y pensiones aumentaron entre el 35,3% y el 24,3% versus una inflación del 36,1%. 

Los que cobran haberes más bajos recibieron bonos en compensación por las pérdidas inter-trimestrales, mientras los jubilados de haberes medios y más altos no tuvieron ningún bono, absorbiendo toda la pérdida de hasta el 8,7%. 

En 2021, con una inflación del 50,9%, punta a punta los aumentos fueron del 52,7% también con bonos para los que ganan haberes más bajos por las pérdidas intertritricicrales. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]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[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]

El Gobierno oficializó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 12,28% a partir del primero de marzo, por lo cual el haber mínimo previsional será de $32.630. Por su parte, el monto mensual de los planes sociales llegará a los $6.375, de acuerdo con primer incremento trimestral previsto para este año.

A través de la Resolución 26/2022 de la Anses, publicada en el Boletín Oficial, ese organismo estableció que el incremento también abarcará a las jubilaciones a los haberes más altos, que desde el mes que viene tendrán techo de $219.571,69. Por su parte, las asignaciones por Hijo y por Embarazo pasarán de $2.746 a $6.375.

La Ley N° 26.417 dispuso que a fin de practicar la actualización trimestral de las remuneraciones de la seguridad social, se aplicará una fórmula que está compuesta en un 50% por la evolución de los salarios. El indicador que se aplica es el más alto, al comparar la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que mide el Ministerio de Trabajo, y el Índice de Salarios que releva el Indec.

Recientemente, ambos organismos suministraron a la Anses el Informe Técnico sobre la evolución del Índice General de Salarios de diciembre de 2021 y la variación observada para el cuarto trimestre de 2021 de la Ripte. Ese reporte sirvió para calcular el índice de movilidad, recordó la Anses en la resolución. La mejora dispuesta a partir del mes que viene alcanza a más de 7,1 millones de jubilados y/o pensionados y a casi 9 millones de niños y adolescentes.

Entre estos últimos, hay 4,4 millones que perciben la Asignación Universal por Hijo y otros 4,3 millones de Asignaciones Familiares. La suba también impactará en otras asignaciones familiares como la Asignación por Embarazo y prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y asignaciones por cónyuge.

En 2021, con la aplicación de la nueva fórmula de movilidad, las subas fueron de 8,07% en marzo; 12,12% en junio, 12,39% en septiembre y 12,11% en diciembre. También se otorgaron bonos para los jubilados que perciben los haberes más bajos: en abril y mayo, $1.500 cada uno de esos meses; en agosto, $5.000 y en diciembre, $8.000.

El acumulado alcanzó al 52,7%, apenas por encima de la inflación, que durante el año pasado trepó al 50,9%. El Gobierno aseguró que, con la nueva fórmula, los haberes sumaron $4.359 más que si hubiera estado vigente la fórmula anterior.

“Desde que se aplica la nueva fórmula, hace 15 meses, los haberes jubilatorios y las asignaciones recibieron incrementos que, acumulados, se encuentran 8,1 puntos porcentuales por encima de los que hubiese otorgado la fórmula anterior”, afirmó el Poder Ejecutivo, al momento de anunciar la primera actualización trimestral de 2022.