Los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados se comprometieron a emitir dictamen el jueves venidero acerca del proyecto que determina el otorgamiento de una pensión “para reparar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas en democracia, por las fuerzas de seguridad en el territorio de la provincia de Santa Fe, contra integrantes de la comunidad travesti-trans”.

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El proyecto que lleva la firma de Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) fue dictaminado ya por tres comisiones: Derechos y Garantías; Género, Mujeres y Diversidad y Presupuesto y Hacienda y fue analizado este miércoles por Asuntos Constitucionales en una de las pocas reuniones de comisiones que hizo la Cámara de Diputados en esta semana atravesada por dos feriados y la campaña electoral. De hecho ninguna de los dos cámaras legislativas fue citada a sesionar.

“La mesa de trabajo travesti trans impulsa el proyecto” admitió Bruera quien con su firma le dio estado parlamentario. Ayer, el presidente de la comisión, Joaquín Blanco (PS) junto a Esteban Lenci (PS), Lucila De Ponti (PJ) y Bruera se reunieron en la delegación Rosario de la Cámara con integrantes del sector. Hubo además presencias virtuales para avanzar en la discusión del proyecto de ley. “Fue muy buena la reunión, terminó con aplausos y el compromiso de que haya dictamen el jueves y llevarlo al recinto esa tarde”, le dijo Bruera a El Litoral.

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“Otórguese una pensión mensual no contributiva, con carácter vitalicio a toda persona travestis-trans que acredite que durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio del 2010, haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de su identidad de género” reza el primer artículo del proyecto. El monto a percibir será el equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión vigente en la provincia.

El beneficio se tramitaría ante la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110 y para acceder a la pensión se deberá acreditar domicilio real en la provincia al momento de la privación de libertad.

En el articulado se determina que para los fines de acreditar las detenciones, las personas deberán acompañar al momento de la solicitud, alguna de la siguiente documentación: documento público del que surja las privaciones de libertad, o cualquier documento emanado de organismos estatales que acrediten de manera fehaciente las detenciones alegadas; testimonios sobre las privaciones de libertad, brindados en información sumaria tramitada ante la autoridad judicial competente; datos prontuariales obrantes en la policía de la Provincia de Santa Fe; fondo documental del Archivo General del Servicio Penitenciario; fondo documental del Archivo Provincial de la Memoria; artículos periodísticos debidamente certificados en los que consten las privaciones de libertad; e, historia clínica o informe sobre tratamiento terapéutico recibido, suscripto por profesional interviniente, que dé cuenta de los hechos padecidos.

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También prevé el proyecto que beneficiarios y su grupo familiar primario gozarán de la asistencia médica y psicológica a través de la cobertura médico asistencial integral que brinda el IAPOS, deduciéndose el aporte correspondiente del haber del beneficiario.

Por otra parte, un artículo llamado Derecho a la Verdad dispone que el material probatorio incorporado en sede administrativa por el Estado provincial, como consecuencia de los trámites previstos en la ley, con el debido resguardo de las identidades personales del material, se incorporará al Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, a los fines de servir a la construcción de una sociedad con identidades diversas y con base en la memoria, la verdad y la justicia.

En los fundamentos del proyecto, Bruera recuerda que en febrero del 2022, integrantes del colectivo travesti-trans empezaron a trabajar el proyecto con el abogado Matías Gómez y constituyeron el espacio al que llamaron Mesa de Trabajo para la reparación histórica para los sobrevivientes pos dictadura. “Se dialogó y se construyó consenso sobre la delimitación de los hechos a reparar y los derechos específicos a garantizar por el Estado provincial”, señaló Bruera.

El proyecto fue elaborado tomando como base la ley provincial 13.298 que repara las detenciones políticas sufridas durante la última dictadura. También se consideró como antecedente, las reparaciones otorgadas en base a dicha ley provincial, a las sobrevivientes travestis-trans que sufrieron detenciones políticas por motivos de su identidad de género durante la dictadura. Citan además leyes nacionales que reparan violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.

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“Las sobrevivientes travestís trans, a través de sus testimonios y con sus prontuarios policiales como prueba documental, dan cuenta de las detenciones sistemáticas que han sufrido por parte de las fuerzas de seguridad con motivo de su identidad de género, utilizando el Estado el viejo Código de Faltas para la represión y la persecución política de sus cuerpos y sus identidades, penando con arrestos sistemáticos la “ofensa al pudor” , la “prostitución escandalosa” y el travestismo”, remarcó Bruera.

Entre las violencias estatales policiales se menciona detenciones ilegales, violaciones, violencia sexual, torturas, tratos humillantes, discriminaciones, que afectaron gravemente el desarrollo de su vida diaria, implicando la prohibición de habitar el espacio público, padeciendo sistemáticos actos de disciplinamiento y normalización. “Como consecuencia de la represión, le fueron negados derechos fundamentales, como la educación, la libertad de expresión, el trabajo, las relaciones familiares, en suma, le negaron el desarrollo de una vida digna, prohibiendo la ocupación el espacio público y el ejercicio de sus identidades”, afirmó Bruera.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunió ayer y reeligió al socialista Nicolás Aimar como presidente para lo que resta del período ordinario. En tanto, Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) será el vicepresidente. A esta comisión le compete dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios políticos, sometidos a juicio político por la Constitución y en quejas y/o denuncias que contra ellos se presenten en la Cámara.

En caso de sancionarse esta ley sobre pensiones para travestis y trans será otro sector que se sumará a la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110 puesta en marcha para las personas con carencias materiales. En los últimos años, sucesivas leyes fueron incorporando a esa caja a los beneficiarios de pensiones como ex presos por razones políticas (ley N° 13298), madres de víctimas del terrorismo de Estado (ley N° 13330) y ex combatientes de Malvinas.

Desde este primero de enero, la jubilación mínima en la provincia de Santa Fe es de $ 82.464 y la pensión alcanza a $ 61.848, de acuerdo al decreto 3005 del 2022 que publicó el Poder Ejecutivo en este mes en el Boletín Oficial. Los valores surgen del acuerdo paritario de diciembre entre el gobierno con los gremios estatales. En diciembre, la jubilación mínima había sido de $ 80.423 y la pensión de $ 60.317.

Los valores mínimos de los pasivos santafesinos son muy superiores a los fijados por Anses para los pasivos nacionales donde la gran mayoría de los beneficiarios perciben la mínima. En cambio, en Santa Fe, el haber mínimo es percibido por apenas el 3% de los pasivos.

De acuerdo a datos oficiales de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia apenas 1.328 jubilados (1,8% del total) y 1.726 pensionados (7,32%) perciben los haberes mínimos. Es decir apenas el 3,13% de los beneficios del sistema santafesino perciben la jubilación mínima. Los casos de estos mínimos son agentes con muy pocas horas de prestación de servicios, en su gran mayoría docentes con pocas horas cátedras que accedieron al beneficio previsional o bien profesionales de la salud con prestación reducida.

El sistema previsional santafesino no establece tope para los beneficios y están en relación directa con el ingreso de los activos de cada sector.

En Anses, el haber mínimo para los jubilados en enero se ubica en $50.124 y el monto máximo en $337.289. En ambos casos se trata del valor bruto de la prestación previsional, a la que se le debe añadir el bono extraordinario de $10.000 para la jubilación mínima, hasta decrecer a $7000 en el caso de las jubilaciones superiores. Así, más allá de la fórmula el mínimo de bolsillo es de $ 60.000 pero cobrado por la mayoría de los pasivos.

Volviendo a la Caja santafesina, a diciembre cobraron 97.367 beneficios y el desembolso realizado por el organismo alcanzó a $ 22.719.231.780 de acuerdo a los datos publicados por el organismo previsional.

En el último mes del último año, Santa Fe tenía 73.841 jubilados que percibieron un haber promedio de $ 244.658 mientras que 23.535 pensionados con un haber promedio de $ 145.203. Estos promedios se incrementarán desde este mes debido a la actualización prevista en el acuerdo paritario.

El artículo 8 del acuerdo paritario de diciembre con Upcn y ATE determina traslada “la política salarial definida a los agentes del sector pasivo del Escalafón Decreto Acuerdo N° 2695/83, de la Administración Provincial de Impuestos, Decreto N° 4447/92, del Servicio de Catastro e Información Territorial, Decreto N° 201/95, y de Fiscalía de Estado, en la misma forma y condiciones que las establecidas para el sector activo”. En los restantes acuerdos paritarios (docentes, salud, viales, etc) se incluyó una cláusula similar de protección a los haberes previsionales.

Los docentes representan el mayor porcentaje de pasivos para la Caja. Fueron 33.014 los que percibieron en noviembre beneficios previsionales con un promedio de $ 195.136. En la masa general, el segundo grupo es la administración central con 18.198 beneficiaros y un promedio de $ 152.973. El podio en números se completa con agentes de seguridad que tiene 9.548 pasivos y un haber promedio de $ 210.110.

Personal legislativo, viales y el arte de curar son los que menor número de agentes pasivos tenían a noviembre: 559, 793 y 1437 pasivos respectivamente.

El decreto del Poder Ejecutivo también ordena actualizar el monto de las Pensiones Sociales Ley 5.110 que administra ese organismo y que comprende la pensión para adultos mayores; por incapacidad laboral; para menores desamparados; para madres con hijos menores de 16 años; la pensión de honor de Veteranos de Guerra de Malvinas; para madres de víctimas del terrorismo de Estado; para presos políticos, gremiales o estudiantiles y para bomberos voluntarios.