El expresidente peruano Pedro Castillo pasará 18 meses en prisión preventiva, según resolvió este jueves el Poder Judicial, que lo acusa de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública.

En una audiencia virtual que comenzó por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde, el juez Juan Carlos Checkley hizo el anuncio en una extensa resolución que leyó, mientras Castillo fue asistido por un letrado oficial.

Además de los 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, el magistrado resolvió que el ex primer ministro Aníbal Torres un régimen de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de rebelión y otros.

Castillo permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando perpetró un golpe de Estado.

En el inicio de la extensa sesión, Checkley informó que Castillo se había negado a recibir la notificación del requerimiento fiscal y dispuso que la defensa del destituido mandatario la asumiera el letrado oficial Ítalo Díaz. Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, confirmó después, en un mensaje en la red Twitter, que ni él ni su colega Raúl Noblecilla participarían de la audiencia.

“Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo), nos impulsaron a tomar esa decisión”, indicó y mencionó a la “vacancia (destitución) ilegal y exprés” entre esas razones.

Perú bajo Estado de sitio: día clave para el futuro de Castillo

La Fiscalía General abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó el martes un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses.

A la audiencia de este jueves, en cambio, sí se conectó, desde la clandestinidad –como anunció la semana pasada- el exjefe de ministros Aníbal Torres, a quien el fiscal Alcides Chinchay señala como el responsable del escrito que leyó Castillo cuando anunció el cierre del Congreso y el inicio de un Gobierno de Emergencia que actuaría por decretos. Chinchay pidió también para Torres los 18 meses de arresto preventivo, según el sitio del diario La República.

El abogado de Torres, Duberlí Rodríguez, remarcó que su defendido no puede representar un peligro para la sociedad, por lo que no corresponde que esté en prisión preventiva, además de subrayar que tiene arraigo domiciliario y que pretende volver a ejercer como abogado.

Según Rodríguez, Torres solo acompañaba a familia de Castillo hacia la embajada de México. “Siempre solidario”, resaltó el letrado, que aclaró que Torres no sabía lo que diría Castillo en su mensaje. Para el fiscal, ese viaje de Castillo hacia la sede diplomática mexicana implica un riesgo de fuga.

Castillo es acusado de rebelón, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, por lo que podría recibir una pena de 10 a 20 años de cárcel. Torres y los exfuncionarios Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez son sindicados como coautores del delito de rebelión.

Un Perú bajo estado de sitio vivía este jueves otro día de tensión, con una movilización nacional en apoyo al destituido expresidente Pedro Castillo y una audiencia judicial para definir si sigue preso, en medio de protestas que ya dejaron nueve muertos.

La emisora RPP dijo que la novena víctima por las protestas contra la presidente Dina Boluarte y en exigencia de elecciones inmediatas y la disolución del Congreso es un campesino que murió atropellado en un corte de ruta en el norte de Perú.

También para este jueves, el Congreso tiene previsto reunirse para definir la fecha de las elecciones, luego de que Boluarte especulara con adelantarlas a fines de 2023 después de que una oferta anterior de celebrarlas en 2024 no lograra erosionar las manifestaciones.

El estado de sitio empezó a regir desde la madrugada en todo Perú por 30 días, lo que permite restringir el derecho a la movilización y desplegar al Ejército y a la Policía para “mantener el orden y la seguridad”, según dijo el ministro de Defensa, Alberto Otárola, al declararlo.

En tanto, un quinto aeropuerto, el de la ciudad central de Ayacucho, suspendió sus actividades para hoy luego de que el Ejército advirtiera que manifestantes tenían previsto ingresar en él, informó Aeropuertos Andinos del Perú, la empresa que lo opera.

Los aeropuertos de otras cuatro ciudades, Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac, se encuentran clausurados por las protestas, y la ciudadela inca de Machu Picchu, una de las principales atracciones turísticas del país, anunció su cierre para los turistas.

Castillo, un maestro rural y activista de izquierda de 53 años, fue detenido el miércoles de la semana pasada luego de que intentara disolver el Congreso antes de que este votara, por tercera vez desde su asunción, en julio de 2021, una moción para destituirlo.

Las Fuerzas Armadas no apoyaron a Castillo, y el Congreso, dominado por la oposición de derecha, votó su destitución.

Las manifestaciones, sin una convocatoria formal y con reclamos disímiles, parecen coincidir en un reclamo de elecciones inmediatas y cierre del Congreso, aunque algunos sectores piden la renuncia de Boluarte o la vuelta de Castillo al poder.

En desafío al estado de sitio, para hoy está anunciada un masiva marcha por el centro histórico de Lima, hasta donde vienen representaciones desde diferentes puntos del país a participar, y manifestaciones en numerosas regiones.

Sometida a creciente presión, Boluarte dijo este miércoles que las elecciones podrían adelantarse a diciembre de 2023, luego de haber dicho inicialmente que completaría el mandato de Castillo, hasta 2026, y después que los comicios se adelantarían a abril de 2024.

El Congreso está citado hoy a las 10 (las 12 de Argentina) para definir la fecha de elecciones y, consecuentemente, el recorte de los mandatos de la presidenta y los legisladores.

En paralelo, la Justicia postergó para este jueves una audiencia en la que evaluará si libera a Castillo, acusado de rebelión y conspiración, o si da lugar a un pedido de la Fiscalía para que siga en prisión preventiva por 18 meses.

El juez Juan Carlos Checkley aclaró hoy que Castillo deberá seguir detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales, ubicado al este de Lima, hasta la audiencia, a las 8.30 (10.30 en la Argentina).

Castillo, que desde hace tiempo denunciaba intentos de destituirlo ilegalmente, ha condenado su detención y afirma que sigue siendo presidente. Los Gobiernos de Argentina, México, Colombia y Bolivia le manifestaron su apoyo y han pedido su libertad.

En cuanto a la violencia en las calles, anoche se sumó un nuevo muerto, que sería el noveno desde que comenzaron las protestas en respaldo a Castillo, que sacuden sobre todo el sur del país, que es más rural y donde es mayor el apoyo al exmandatario.

La víctima, el campesino Yoni Rosalino Cárdenas Escobal, de 51 años, murió atropellado en una ruta del norteño departamento La Libertad, como resultado de un choque durante una tregua del bloqueo, dijo RPP.

Pablo Haro, presidente de las Rondas Campesinas de La Libertad, dijo a RPP que el hombre fue golpeado por la parte trasera de un camión que previamente había chocado con otro vehículo.

Otras seis personas han muerto en el sureño departamento de Apurímac, una en el de Arequipa y otra más en La Libertad, también este miércoles.

El juez César San Martín decidió anoche “declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado”, que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar, ocurrida el miércoles pasado.

El magistrado señaló en el fallo que existía riesgo de fuga, pues Castillo, de 53 años, intentó llegar a la embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso.

El exmandatario de izquierda permanecerá detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales al este de Lima hasta este miércoles, cuando se celebrará otra audiencia, a las 9:30 (las 11:30 en la Argentina), para decidir su suerte.

La Fiscalía General abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó en la noche del martes un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses, informaron desde el Ministerio Público.

En su audiencia judicial, Castillo realizó su primera declaración pública desde su destitución hace una semana: “Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”.

“Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la Policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo Castillo.

“Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”, acotó dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Castillo fue detenido por la Policía el miércoles pasado, tras su intento de disolver el Parlamento y posterior destitución por parte del Congreso, que tiene un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos.

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.

Sin embargo, la destitución provocó una ola de protestas de seguidores de Castillo, especialmente activas en el sur del país, que exigen elecciones anticipadas y la liberación del expresidente.

Anoche, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció la aplicación del estado de emergencia en las sureñas regiones de Arequipa e Ica, que permite la intervención del Ejército ante manifestaciones, vandalismo y bloqueos de carreteras.

De hecho, las fuerzas armadas ya patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia.

En Lima, por la noche, decenas de manifestantes que querían llegar al Congreso se enfrentaron con piedras a la Policía, que respondió con gases lacrimógenos.

También hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, señaló la policía.

Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte.

Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un “paro indefinido” por elecciones generales, lo que provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.

Boluarte busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024, aunque los seguidores de Castillo las piden inmediatamente.

Gobiernos de izquierda o progresistas de Latinoamérica defienden a Castillo.

“Sigue siendo Pedro Castillo el Presidente” de Perú, afirmó el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina.

Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar “la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

La Cancillería peruana replicó que Castillo fue destituido con respeto a la Constitución porque perpetró un “golpe de Estado”, y pidió a los países ayudar a Perú a “resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho”.

La Fiscalía investigaba a Castillo desde antes de su dstitución por presuntamente liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares.

La fiscal general de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.

Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001.

Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.

Según Castillo, la Fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.

El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo de Perú, se suspenderá este martes por las protestas contra la nueva presidenta Dina Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo, informó la compañía operadora.

“Ante la convocatoria a manifestaciones de protesta de diferentes organizaciones sociales del Cusco, nos vemos obligados a suspender este martes las operaciones de nuestros servicios de tren en la ruta hacia y desde Machu Picchu”, dijo PerúRail en un comunicado.

El principal acceso a la ciudadela de piedra es por tren desde Cusco, la antigua capital del imperio incaico, distante a 110 kilómetros.

La compañía subrayó en su comunicado que priorizaba la seguridad de los pasajeros ante posibles bloqueos en la vía férrea.

Gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron más protestas para hoy en varias regiones del Perú, reclamando el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución.

El Frente Agrario y Rural del Perú, que convoca a protestas en Cusco, dijo que exigía la “inmediata libertad” del expresidente Castillo.

El exmandatario de izquierda fue detenido la semana pasada por su propia escolta cuando se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político, horas después de haber intentado disolver el Congreso.

La Fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, pero además lo investiga por corrupción.

La Defensoría de los Pueblos de Perú informó este lunes (12.12.2022) que otros dos manifestantes fallecieron en medio de las protestas para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elevando a cuatro los decesos tras las dos muertes registradas el domingo. Pese a que la mandataria anunció la presentación de un proyecto para adelantar las elecciones generales a abril de 2024, grupos de seguidores de Pedro Castillo insisten en la necesidad de llamar a las urnas a la brevedad.

Querido pueblo peruano grandioso y paciente: Yo, @PedroCastilloTe, el mismo que hace 16 meses me eligieron todos ustedes, para ejercer como presidente constitucional de la República. Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno… (1/4)

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 12, 2022

Al menos 25 puntos de la red vial peruana, incluida la carretera Panamericana, fueron cortados esta jornada, de acuerdo con reportes de la Policía Nacional. Las manifestaciones más masivas se han registrado en Arequipa, donde unas 1.500 personas bloquearon la pista del aeropuerto internacional, aunque pocas horas después fueron desalojadas con bombas lacrimógenas. En Cuzco y Trujillo también ha habido barricadas en las carreteras.

Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y la iluminación de la pista de aterrizaje fue destruida. El aeropuerto sigue cerrado, con decenas de pasajeros varados. También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes, según imágenes de diversas cadenas de TV.

Los manifestantes exigen la liberación de Castillo, el cierre del parlamento y nuevos comicios ya. El gobierno, en un intento por frenar las protestas, cesó a los 26 prefectos regionales del país, nombrados por el gobierno de Castillo, bajo el argumento de que “azuzan las protestas”. Boluarte declaró también el estado de emergencia en las zonas donde se registran protestas violentas.

Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas agitan los tambores anunciando un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución. Castillo, por su parte, publicó esta jornada una carta donde dice estar secuestrado y calificó de “usurpadora” a Boluarte.

“Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros”, reza el texto firmado por él y publicado en su cuenta de Twitter. La carta se conoció después de que la fiscal general, Patricia Benavides, presentara una denuncia contra Castillo por rebelión y conspiración, entre otros delitos.

El expresidente de Perú Pedro Castillo permanecerá detenido en forma “preliminar” hasta el martes próximo mientras se lo investiga por el delito de rebelión, informó este jueves el Poder Judicial de ese país.

El juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, “dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)”, reportó el Poder Judicial esta tarde en Twitter.

La resolución del magistrado especifica que el plazo de detención judicial rige desde ayer, cuando Castillo fue arrestado, hasta el martes próximo, según la agencia estatal de noticias Andina.

Checkley adoptó esa resolución al cabo de una audiencia en la que escuchó al fiscal adjunto supremo Marco Huaman y al exministro Aníbal Torres, defensor de Castillo.

Mientras tanto, el exmandatario permanecía alojado desde ayer en la cárcel especial que funciona en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, donde cumple su condena el expresidente Alberto Fujimori.

Allí le tomó declaración la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien acudió acompañada por Huamán y por la fiscal superior Karina Quineche.

Más temprano, la Fiscalía informó que recabó imágenes de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno en busca de pruebas contra Castillo.

El trámite es parte de procedimientos que incluyeron desde anoche operativos simultáneos en el Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios.

La investigación se basa en la sospecha de que el expresidente actuó contra los poderes del Estado y el orden constitucional en Perú al disolver ayer el Congreso y anunciar un gobierno de excepción con suspensión de garantías constitucionales.

La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo dijeron que la decisión equivalía a un “golpe de estado” de Castillo.

Las Fuerzas Armadas y la Policía no apoyaron al presidente, y el Congreso lo destituyó al aprobar una moción de vacancia cuyo tratamiento y votación ya estaban previstos desde antes y que Castillo al parecer buscó impedir con la disolución del Legislativo.

“Acabamos de terminar los lacrados de las cámaras, eso es lo que nos ha demorado, para ver a las personas” que acompañaban a Castillo durante la emisión del mensaje en el que dispuso cerrar el Congreso y establecer un Gobierno de excepción”, dijo la fiscal Zoila Marianela, informó la radio RPP.

Fuentes citadas por la emisora dijeron que la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y su antecesor en el cargo, Torres, aparecen en estas grabaciones.

Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera mujer presidenta de Perú, al prestar juramento en el Congreso luego de que los legisladores votaron por la destitución del ahora exmandatario Pedro Castillo tras una escalada de la crisis política en el país andino.

Boluarte, de 60 años, se desempeñaba como vicepresidenta en el gobierno de Castillo y hasta hace poco ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Castillo fue removido en la votación de un juicio político más temprano el miércoles, horas después de anunciar que ordenaría por decreto la disolución del Congreso, una decisión que provocó dimisiones de ministros clave del gobierno y denuncias de un “golpe de Estado” por parte de miembros del Congreso.

El Congreso de Perú destituyó al presidente Pedro Castillo

Castillo había sido convocado al Congreso para que responda a acusaciones de “permanente incapacidad moral” para gobernar, en medio de varias investigaciones de fiscalía de presunta corrupción. El Congreso apuró la decisión y destituyó a Castillo con 101 votos a favor -con el apoyo e legisladores de derecha e izquierda-, seis en contra y 10 abstenciones.

Castillo, un líder de izquierda que asumió al poder en julio del 2021, había anunciado un gobierno de “excepción”, al tiempo que convocaría en el más breve plazo a elecciones legislativas, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.

Hace tres décadas, el exmandatario Alberto Fujimori, actualmente preso por abusos a los derechos humanos y corrupción, ordenó también la disolución del Congreso, con similares medidas en torno al sistema judicial.

“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia”, sostuvo Castillo en un discurso por la mañana.

Varios legisladores de oposición consideraron la decisión de Castillo como un “golpe de Estado” e hicieron llamados a las fuerzas armadas para “restablecer el orden constitucional”. Además, todas las autoridades del sistema judicial condenaron la decisión del exgobernante. “Es un golpe de Estado, un quebrantamiento del orden constitucional”, dijo en conferencia de prensa el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.

Boluarte llega al poder para completar el actual periodo hasta el 2026. Es la primera mujer en ocupar la presidencia en Perú. La abogada de profesión estaba siendo investigada por el Congreso por una supuesta infracción constitucional, pero el Legislativo la absolvió esta semana de todos los cargos.

El Congreso de Perú aprobó este miércoles con 101 votos la destitución del presidente Pedro Castillo, quien horas antes había disuelto el cuerpo, en una decisión que provocó la renuncia de los ministros de su gabinete y que fue denunciada como un autogolpe de Estado.

De inmediato, el presidente del cuerpo, José Williams, convocó para las 15 (17 de Argentina) a una sesión en la que se le tomará juramento a la vicepresidenta, Dina Boluarte.

Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.

La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un “golpe de Estado” por congresistas de varias bancadas, que de inmediato trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresidente Alberto Fujimori en 1992.

La sesión convocada por Williams comenzó poco después de las 13.00 (15.00 de Argentina). Un paneo por las posiciones en el Congreso anticipaban al inicio de esa sesión el probable cambio de posición de muchos congresistas.

Además, dijo que el Congreso debería continuar reuniéndose y sesionando. “Para mí todo debe continuar”, manifestó mientras las puertas del Legislativo estaban siendo cerradas, reportó el diario El Comercio.

Por su parte, Héctor Ventura, presidente de la comisión de Fiscalización, consideró que las Fuerzas Armadas deben respetar el orden democrático. “Aquí vamos emplazar a las Fuerzas Armadas para que garanticen el orden constitucional en todos sus extremos”, indicó y mencionó que continuarán realizando su labor en el Congreso.

Jorge Montoya, de Renovación Popular, pidió por su parte que se someta a votación la vacancia por incapacidad permanente lo antes posible.

La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático, partido de izquierda que antes no había votado a favor de la vacancia, señaló que se debe respetar el orden democrático y que, tras una disolución ilegal, Dina Baluarte debe asumir la presidencia. “El presidente Castillo ha decidido socavar la democracia”, dijo en declaraciones a RPP.

El letrado de Pedro Castillo presentó ante la Corte Suprema un recurso conocido como “tutela de derecho” con el que busca anular la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su contra.

Benji Espinoza explicó que procura que se convoque a una audiencia para debatir con el Ministerio Público si la denuncia constitucional respeta o no la tutela judicial efectiva concedida por el juez supremo Juan Carlos Checkley en el caso Puente Tarata III.

Presentada la tutela de derechos en defensa del Presidente Castillo para anular la denuncia constitucional de la FN. pic.twitter.com/NN27bVMEZw

— Benji Espinoza Ramos (@BenjiEspinozaR) October 17, 2022

Se trata de una obra pública en cuya concesión Benavides sospecha que hubo corrupción y que forma parte de las causas por las que presentó la denuncia constitucional ante el Congreso la semana pasada.

La denuncia sostiene que Castillo cometió los delitos de tráfico de influencias y organización criminal al hacer entrega del millonario proyecto y en la compra de biodiésel B100 por parte de la empresa estatal Petroperú, así como los de colusión agravada y tráfico de influencias.

Según el fiscal adjunto, Marcos Huamán, el Ministerio Público tiene 190 elementos probatorios.

Espinoza consideró que el pedido de autorización de la Fiscalía al Congreso para formalizar la investigación al jefe de Estado desconoce el mandato de Checkley, así como la Constitución.

“Estamos pidiendo al juez una audiencia para debatir con la Fiscalía los argumentos y, de ser necesario, que se estime nuestra pretensión para que se anule la denuncia constitucional”, indicó el abogado.

Además, explicó que si el juez declara fundada la tutela de derechos, se anulará la denuncia constitucional y se dará por no presentada ante el Congreso. En ese caso, la Fiscalía tiene derecho a impugnar o cuestionar la apelación del juez en la segunda instancia.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Miguel Ángel Rodríguez, renunció de manera sorpresiva en las últimas horas, apenas cinco semanas después de haber sido nombrado y convertirse en el cuarto canciller durante los 14 meses de gestión del presidente Pedro Castillo.

Rodríguez anunció su “renuncia irrevocable al cargo” a traves de una carta dirigida al mandatario,que luego fue difundida en redes sociales, recordando que se le nombró para “revitalizar la política exterior del Perú, corrigiendo errores y tratando de fortalecer el derrotero de la vida internacional de nuestro país”.

Esa misiva no expresa las razones que motivaron su dimisión, pero en los últimos días hubo, según la prensa, varios desacuerdos entre el presidente y el canciller en temas ambientales, como el Acuerdo de Escazú, y sobre la Convención del Mar, de la cual Perú no es parte.

Canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay: Guiado por mis formas y convicciones, y luego de conversar con el SPR Pedro Castillo, a su llegada a Lima, informo que he presentado mi renuncia irrevocable como Canciller. pic.twitter.com/cb8xGrGI5n

— Cancillería Perú?? (@CancilleriaPeru) September 10, 2022

El caso más notorio fue un tuit de Castillo el jueves saludando el primer aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas “con la República Árabe Saharaui”, un Estado con reconocimiento limitado que enfrenta a Marruecos con el Frente Polisario, el movimiento independentista saharaui.

Este reconocimiento fue una de las primeras decisiones de política exterior que tomó el presidente de izquierda al llegar al poder, pero, en lo que fue también una de sus primeras acciones como canciller, Rodríguez revirtió esa decisión por no existir una “relación bilateral efectiva”, recordó el medio local RPP.

Fue el cuarto ministro de Relaciones Exteriores en 14 meses de gobierno de Castillo: el primer canciller fue el exguerrillero Héctor Béjar, que duró 19 días en el puesto.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, evitó este lunes ser destituido por el Congreso, dominado por la oposición derechista, al cierre de un juicio político que mantuvo al país en vilo.

Tras un debate de más de ocho horas de duración en el que el mandatario presentó sus descargos al inicio y luego hablaron 95 parlamentarios, solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requerían 87 votos para ser aprobada.

“No ha sido aprobada la resolución de declarar la vacancia de la presidencia de la República”, declaró la jefa del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, tras la votación efectuada después de las 23h hora local (las 1 de la madrugada en la Argentina).

El resultado de la votación no fue sorpresivo, porque los medios peruanos habían anticipado que los opositores radicales no contaban con los votos necesarios para echar del poder al gobernante, un maestro rural de 52 años, refirió la agencia de noticias AFP.

La oposición acusaba a Castillo de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le criticaron sus constantes crisis ministeriales que se traducen en cuatro gabinetes en ocho meses, algo inédito en Perú.

Castillo acudió al Congreso ayer por la tarde a presentar sus descargos -aunque no estaba obligado por ley- junto a su abogado, José Félix Palomino.

El mandatario se presentó luciendo la banda presidencial y acompañado por media docena de ministros, dos hechos que fueron resaltados como sin precedentes en debates similares, según la televisora local RPP.

Otra novedad la constituyó la presencia de tres funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para observar el debate, permitida más temprano por las autoridades del Congreso a pedido de la cancillería, según un documento al que tuvo acceso Télam.

La sesión se desarrolló en un contexto de tensión por incidentes dentro del hemiciclo y por la presencia de cientos de manifestantes oficialistas y opositores solo separados por un cordón policial en las inmediaciones del parlamento.

Esta fue la segunda moción de vacancia contra Castillo, que asumió la presidencia en julio de 2021 tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori. En diciembre, el Congreso desestimó una medida similar.

De haber sido cesado, Castillo habría tenido el mismo destino que el de dos de sus predecesores: el centrista Martín Vizcarra, destituido por el Congreso en noviembre de 2020, y el derechista Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió en marzo de 2018 cuando se hizo evidente que no sobreviviría a un segundo juicio político.

El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció que ordenará a las Fuerzas Armadas que colaboren en los operativos realizados por la Policía contra la delincuencia, en el marco de un estado de emergencia por la inseguridad ciudadana decretado en Lima y el vecino puerto del Callao.

“Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al delincuente chico y al delincuente grande, no podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, dijo Castillo, vestido con un chaleco antibalas y acompañado de generales de la Policía durante un operativo contra la delincuencia en el populoso distrito El Agustino, cerca del centro de Lima.

Días pasados ya el gobierno peruano había decretado el estado de emergencia por inseguridad en la capital peruana, a pedido de varios alcaldes distritales para contener la creciente ola delictiva. En ese entonces, ya se había explicado que tanto los gobiernos locales como las Fuerzas Armadas pueden apoyar el trabajo que realiza la Policía, informa el sitio France24.

Pese a ello, los militares no habían participado hasta la fecha en las acciones policiales, como en el arresto de bandas de ladrones o traficantes de drogas, entre otros numerosos operativos realizados en Lima las últimas tres semanas y difundidos profusamente por las autoridades.

Para lograr la participación de los militares Castillo pidió “al señor ministro del Interior” que se disponga a coordinar “de una vez por todas no solamente para tener a la Policía, porque no todo es la responsabilidad de la Policía”.

El anuncio se produce cuando un sondeo de Ipsos indica que Castillo alcanzó su mayor desaprobación con 69% de rechazo en siete meses de gestión, contra una aprobación de solo 25%. Bajo el estado de emergencia se restringen los derechos ciudadanos como la inviolabilidad del domicilio y las libertades de tránsito y de reunión, lo que permite a policías y militares a ingresar a viviendas en busca de sospechosos sin orden judicial.

Según el Informe Urbano de Percepción Ciudadana en Lima y Callao 2021, elaborado por la ONG Lima Cómo Vamos, siete de cada diez limeños considera que la inseguridad es el principal problema en esa capital de 10 millones de habitantes.

De acuerdo con una reciente encuesta de Ipsos, el 56% de los consultados cree que bajo el gobierno de Castillo la sensación de seguridad ha empeorado en Perú, un 39% cree que está igual que antes y solamente 4% que ha mejorado.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, informó este lunes que resolvió cesar a la primera ministra, Mirtha Vásquez, en el segundo relevo en ese cargo en seis meses de gobierno, y renovar completamente el gabinete, después de haber aceptado este fin de semana la dimisión del ministro del Interior, Avelino Guillén.

“Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación; por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo”, escribió el mandatario este lunes por la tarde en su cuenta oficial de Twitter.

“Agradezco el apoyo de Mirtha Vásquez y ministros de Estado; seguiremos por el camino del desarrollo por el bien del país”, agregó en el mensaje.

“Ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país, informo que hoy presenté mi carta de renuncia al presidente Pedro Castillo, la cual fue aceptada”, afirmó la funcionaria saliente.

Tres horas después de que se conociera la noticia no había más información oficial y los principales medios de comunicación peruanos no mencionaban aún nombres de posibles candidatos para la sucesión de la jefa del gabinete.

Vásquez presentó este lunes por la mañana a Castillo su carta de renuncia, relacionada con la reciente salida del gabinete de Guillén, según la agencia de noticias Andina y el diario La República.

Guillén dimitió la semana pasada, dos semanas después de que le hubiera recomendado a Castillo que despidiera al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Javier Gallardo, y el jefe del Estado no le respondiera.

Finalmente, este fin de semana, Castillo aceptó la renuncia de Guillén y, al mismo tiempo, echó a Gallardo.

Vásquez decidió entonces presentar su renuncia irrevocable debido a que Castillo no habría cumplido una supuesta promesa de otorgarle un plazo para que convenciera a Guillén de que retirara su dimisión, según el diario digital IDL-Reporteros.

El presidente dispuso la renovación del gabinete para evitar el costo político de la eventual pérdida de otros ministros -entre ellos, el de Economía, Pedro Francke- en quienes causaron malestar las circunstancias del alejamiento de Guillén, según medios peruanos citados por la agencia Sputnik.

“Por desgracia, llegamos al punto de no haber podido lograr al menos avanzar en consensos sobre el liderazgo de un sector tan importante como el Interior, y tampoco sobre el respeto por las líneas institucionales del mismo, pongo en duda entonces la posibilidad de avanzar en otros cambios imprescindibles en otros ámbitos”, afirmó Vásquez en su carta de renuncia.

“En ese sentido, pese a los esfuerzos realizados, estimo que a esta instancia mi rol se ha agotado, y que es necesario para su gobierno una recomposición del gabinete, la cual ya venía advirtiendo desde hace semanas”, agregó la primera ministra saliente, quien subrayó que su renuncia era “irrevocable”.

La exfuncionaria subrayó que durante su gestión “varios momentos de crisis han sobrevenido, algunos provocados por los grupos opositores con clara intención golpista; otros por temas asociados, lamentablemente, a posibles actos de corrupción o irregularidades cometidas por funcionarios de alto nivel de esta administración”.

Cajamarquina -igual que Castillo- y de 46 años, Vásquez, quien pertenece al Frente Amplio, de izquierda moderada, fue la segunda jefa del gabinete del mandatario, quien el viernes pasado cumplió seis meses al frente del gobierno.

Había asumido el 6 de octubre pasado, tras la remoción de Guido Bellido, una de las principales figuras del partido gobernante Perú Libre (PL), de izquierda radical. Antes presidió el Congreso unicameral entre noviembre de 2020 y julio de 2021.

Bellido dijo a Castillo, a través de Twitter, que “el país requiere un general de guerra en la Presidencia del Consejo de Ministros y un gabinete sólido para enfrentar la inseguridad ciudadana, la falta de trabajo, la corrupción y el sabotaje caviar” (adjetivo con que se llama en la jerga política peruana a la izquierda moderada).

“Cuente con el apoyo de su partido y el pueblo que lo eligió”, agregó el exjefe del gabinete y actual legislador, muy cercano a Vladimir Cerrón, el líder de PL, el partido al que Castillo se afilió pocos meses antes de postularse a la Presidencia.

“La decisión que está tomando el presidente me parece saludable; con esto llamo también a la reflexión del presidente de que tengamos que saber elegir a personas que ayuden a gobernar el país”, afirmó Katy Ugarte, también parlamentaria de PL.

Entre la oposición, el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso (APP), opinó que la dimisión de Vásquez es “la crónica de una salida anunciada” y “un paso político que se iba a producir de todas maneras en relación con la renuncia del ministro Guillén”.

“Esperemos que Castillo tome las riendas del país de una vez y que haga los cambios que sen necesarios”, sostuvo la legisladora Rosángela Barbarán, del partido fujimorista Fuerza Popular, según la radio RPP.

En tanto, el también parlamentario Alejandro Cavero, de Avanza País, dijo que el relevo “es preocupante porque es el segundo cambio ministerial que ocurre en un cortísimo tiempo”, aunque agregó que “la forma en la que este gabinete se estaba llevando era absolutamente insostenible”.