El Gobierno de Javier Milei prorrogó por un año más la suspensión de la pauta oficial. Así lo anunció Manuel Adorni en sus redes sociales: “Acabamos de extender por un nuevo año la suspensión de la pauta oficial”. De esta manera, la decisión tomada a fines de 2023 continuará vigente durante todo 2025.

La medida inicial fue dispuesta por el Decreto 89/2023, firmado por el presidente Milei y el entonces Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, apenas días después de asumir. El texto ordenaba la suspensión de “las campañas institucionales de publicidad y de comunicación con carácter oneroso que realice la Administración Central” por el plazo de un año.

El posteo de Adorni. Créditos: X de Manuel Adorni

El mismo decreto contemplaba la posibilidad de prórroga: “La autoridad de aplicación podrá, por acto debidamente fundado y siempre que las circunstancias lo hagan oportuno, extender la suspensión”, establecía el artículo 1°.

La suspensión de la pauta no afectará a campañas obligatorias por ley ni a aquellas vinculadas con situaciones de fuerza mayor. También se podrán autorizar publicidades específicas en casos de “necesidades comunicacionales puntuales debidamente justificadas”.

Desde el Ejecutivo justificaron la extensión de la medida en la necesidad de reducir el gasto público y optimizar recursos. “Resulta conveniente suspender campañas no esenciales con el doble objetivo de adecuar las estructuras y hacer más eficiente el gasto”, argumentaron en los considerandos del decreto original.

Decreto 89/2023

La eliminación de la pauta oficial fue una de las promesas centrales de Milei durante la campaña electoral. Tras asumir, el vocero presidencial fue el encargado de ratificar la decisión, que se oficializó apenas dos días después del recambio de gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también había anticipado la medida como parte del ajuste fiscal. Según detalló Caputo, durante 2023 la publicidad oficial representó un gasto de 34.000 millones de pesos entre la Presidencia y los ministerios.

[vc_row][vc_column][vc_column_text](Por José Civita para El Litoral) Pocas semanas atrás, el Congreso Nacional votó favorablemente (sólo con el aval de oficialistas y aliados) la ley que prioriza la asignación de pauta oficial a los medios de comunicación con equidad de género en la conformación de sus espacios de decisión, y que utilicen el lenguaje autorreconocido como inclusivo.

Mientras el gobierno de Alberto Fernández evalúa la mejor forma de promulgar la medida, especialistas del área de la comunicación y constitucionalistas advierten los peligros y riesgos que se afrontan ante esta ley que, aseguran, no mejora ninguna problemática social o económica.

 Línea editorial condicionada

Silvana Giudici fue titular del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) y diputada nacional. Actualmente preside la Fundación Libertad de Expresión + Democracia. “Es una ley que genera gran preocupación en lo que implica la libertad editorial de los medios porque no hay parámetros, es una ley que por ahí pueda tener buenas intenciones, como es defender los derechos de las mujeres y generar mayor inclusión laboral en todos los ámbitos de la comunicación, cosa que es muy loable, pero cuando genera estos niveles de arbitrariedad con una definición de utilizar lenguaje inclusivo pero sin ningún tipo de parámetros contextuales, es decir, ¿es en cuanto a la programación diaria? ¿es en los programas? ¿es en determinados segmentos? ¿quién va a medir esa utilización del lenguaje inclusivo? En ese punto tiene una ambigüedad, una arbitrariedad muy grande”, advierte.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”24217″ img_size=”medium” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]La macrista, de origen radical, también indica que “la ley establece que los medios que cumplan con esta imposición van a tener preferencia a la hora de recibir pauta oficial del Estado. Y entonces nos preguntamos ¿qué pasa con aquellos que no lo hagan? ¿quedan inmediatamente fuera del reparto? Por otro lado, la incorporación de un cupo de género para la contratación de todas las empresas que administran los medios de comunicación también es una imposición ilegal porque, para que existiera una obligación en el ámbito comercial de la incorporación de cuotas de género, esto debería depender de una ley general y no de una ley específica que solamente alcance a los medios de comunicación.”

Respecto a si la opinión sería distinta si sólo se implica a medios estatales, la ex legisladora menciona que “en todo el mundo, el tratamiento de los contenidos de los medios de comunicación queda en marcos de autorregulación. Nunca el Estado es el que debe determinar cuál es el mensaje, el contenido o la línea editorial de los medios. Por eso vivimos en democracia y hay libertad de expresión absoluta. Porque la Constitución lo establece. Con lo cual, cuando el Estado quiere comenzar a definir contenidos, va más allá de sus competencias y puede generar un clima de autocensura, porque si atan estas restricciones o imposiciones al otorgamiento de la pauta es claramente invasivo para lo que significa el mensaje o la línea editorial de los medios. Tanto en el tema de la obligación de incorporar mujeres a la plantilla por fuera de una ley general, como la de sancionar o controlar la utilización del lenguaje inclusivo, por fuera de ENACOM, que es el ámbito de competencia, establecido por la ley 26.522 para los medios de comunicación, se están excediendo las facultades regulatorias, en materia de medios de comunicación. Por eso es realmente increíble cómo pudo haberse sancionado esa ley, y veremos cómo termina finalmente reglamentándola el presidente, porque claramente es inconstitucional. Recuerden en el año 2009 las sanciones de la Ley de medios. Lo que el oficialismo planteaba de la importancia de un organismo regulador, autónomo, integrado por las minorías, diverso. Se señalaba la importancia de contar con un organismo de estas características para la regulación de los medios. Y ahora, en una ley que se vota de madrugada, el kirchnerismo desdice todo lo que había dicho respecto a las bondades de la Ley de medios”.

“LA LEY ES NULA”

Giudici es tajante al afirmar que “esta ley es absolutamente nula porque está por fuera de la 26.522, no existe ninguna sanción especifica creada para la no utilización del lenguaje inclusivo. Y, además, tanto la Ley de medios como la ley de doblaje utilizan el castellano neutro como el idioma oficial. Con lo cual, este lenguaje inclusivo, ¿de qué se trata? ¿dónde está escrito? ¿cuál es la norma que obliga a utilizarlo? Más allá de que además la Real Academia Española lo desconoce. Y vuelvo a aclarar que yo no estoy en contra de las medidas para inclusión y la promoción de los derechos de las mujeres, todo lo contrario. Soy autora de la Ley de identidad de género y he trabajado muchísimo por la inclusión de los derechos de las mujeres. Pero, cuando se trata de libertad de expresión y de regulación de medios de comunicación que, en definitiva, tocan o vulneran la línea editorial o condicionan la línea editorial de los medios, es algo muy serio que no debemos pasar por alto.”

Al ser consultada sobre el impacto social que esta sanción puede generar, sostiene que “ninguna imposición de una ley que además es imposible de cumplir va a generar un cambio cultural. Estos cambios (la mayor participación, la inclusión de las mujeres, la igualdad de oportunidades, la no discriminación) se dan por un montón de factores que va generando la sociedad y que tienen que ver con el ámbito educativo, cultural; no los establece una ley como esta o la obligación de utilizar el lenguaje inclusivo. Pero además, me pregunto, ¿hasta qué punto suponen los autores de esta ley que el lenguaje inclusivo puede utilizarse en los medios? ¿usted se imagina la programación de un canal de televisión que brinde todos sus contenidos, las 24 horas, en lenguaje inclusivo? ¿la sociedad lo consumiría? Porque después, en la comunicación social, que es algo que el kirchnerismo trata muchas veces de ignorar, uno no puede repartir audiencias. Uno puede repartir micrófonos, pero las audiencias eligen lo que prefieren consumir. Después, la gente deberá decidir consumir esa programación en donde el uso del lenguaje inclusivo sea obligatorio. No le pueden quitar también la libertad a un ciudadano de seguir consumiendo sus contenidos audiovisuales en el lenguaje oficial que es el castellano avalado por la RAE. ¿Por qué hay que imponer el lenguaje inclusivo si no es un cambio arraigado en la sociedad? ¿Por una ley de estas características? No, estos cambios no se dan por medio una ley.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”24219″ img_size=”medium” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]“SE VIOLA LA LIBERTAD DE PRENSA”

Pablo Tonelli integra el Consejo de la Magistratura, es diputado nacional y abogado constitucionalista. Fue uno de los pocos opositores que permaneció en su banca en el momento de votar y reconoce que “me pareció que la ley sirve para poco y nada y, al contrario, puede ser una herramienta peligrosa, o muy peligrosa en manos del gobierno. Razón por la cual, opté por votar negativamente.”

Sobre lo fomentado por la ley, Tonelli expresa que “más allá de que a mí no me guste el lenguaje inclusivo (porque me parece que hace todo más largo, más lento, más farragoso, y que no resuelve nada), lo cierto es que la RAE no lo acepta, no lo admite. Lo del lenguaje inclusivo me parece una barbaridad. Y entonces por qué querer, por ley, imponer una cierta modalidad del lenguaje que la entidad que rige nuestra lengua no acepta. Me parece un sinsentido y no estoy de acuerdo con eso. Lo de la igualdad de género en los medios públicos, bueno, podría ser llegado el caso. Pero imponer también la misma medida en los medios privados me resulta un abuso. Los sectores privados tienen todo el derecho del mundo de decidir si quieren tener en sus puestos de trabajo más varones, más mujeres, más transexuales, más lesbianas, más gays. Esto debería ser una decisión de un medio privado. Imponerle una determinada conformación del staff por ley me parece un exceso.”

Para el legislador la preocupación radica en la posibilidad de que esto sirva de antecedente para que el gobierno utilice cada vez más su poder económico para bajar línea o generar modificaciones culturales, “porque no es una sugerencia el usar el lenguaje inclusivo. Hay una imposición. En función del uso de este lenguaje la autoridad de aplicación regula la pauta oficial y decide si se aplica o no sanción al medio con el que pacte. Esto se llama autoritarismo”. Por ello agrega que “lamentablemente, la ley le da un exceso de atribuciones a la autoridad de aplicación para inmiscuirse en la vida de los medios y, de alguna manera, señalarles el camino. Lo que claramente es inconstitucional, viola la libertad de prensa, la libertad de expresión, y es más propio de un Estado fascista que de un Estado democrático.”

Interrogado sobre la finalidad de esta medida, intuye que “tiene que ver con el relato que quiere construir el gobierno. Hay una noticia, con fecha de alguno de estos días cercanos que pasaron, que cuenta cómo el Ministerio de la Mujer tiene una cantidad enorme de programas que no ejecuta a pesar de contar con el dinero. Una cosa es plantear una ley, que la identidad de género, que la mar en coche, y otra cosa es la realidad. Y la verdad es que el gobierno no hace lo que tiene que hacer en defensa de la equidad de género, ni de los derechos de las minorías. Este es un claro ejemplo. Un Ministerio de la Mujer que no se ocupa de ejecutar sus proyectos en favor de la mujer. Como ya mencioné más arriba, esto es alimento para el relato, para la ficción, para una campaña electoral. No muestra ni revela una preocupación sincera del gobierno.”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

(Por Magalí Suárez) – Este jueves la Cámara de Diputados de la Nación le dará tratamiento y todo indica que se aprobaría una polémica ley referida a la “equidad de género” en los medios de comunicación privados que otorgaría “privilegios” a quienes acrediten fehacientemente el cupo requerido por este proyecto.

Esta controversial iniciativa, fue elaborada por las diputadas kirchneristas Gisela Marzziota y Mónica Macha y cuenta con el apoyo de diferentes organizaciones de tinte feministas.

En el octavo artículo del proyecto, se especifica: “Los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tienen preferencia la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional, integrado por los organismos comprendidos en el artículo 8º de la ley 24.156, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, sin perjuicio de los criterios objetivos y requisitos establecidos por la normativa vigente en la materia”.

Cabe señalar que el proyecto original, que obtuvo media sanción en Senado y cuya autora fue Norma Durango, solo abarcaba a los medios estatales, pero ahora el texto que tendrán en sus manos los diputados incluye a “todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro”.

Ese texto generó rechazos de entidades periodísticas como Adepa, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y Asociación de Radios Privadas Argentinas (ARPA),  quienes a través de un documento expresaron su postura de discordancia. “Entendemos que el artículo en cuestión resulta contradictorio con los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular con lo establecido en 2012 por el Documento “Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión”, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho texto se señala claramente que los criterios de adjudicación no pueden estar sujetos a ponderaciones extrañas a la propia dinámica del mensaje a comunicar y de la audiencia a la que se debe llegar”, explican.

Y agregan: “Creemos, en consecuencia, que tal criterio podría desvirtuar el sentido de difusión eficiente de los actos de gobierno que debe tener la pauta publicitaria oficial; y que abriría la puerta a que en el futuro se pretenda asociar la distribución de la misma a criterios subjetivos que puedan implicar una intromisión sobre los medios o sus contenidos”.

El citado proyecto kirchnerista establece una especie de “certificado” que será emitido por una autoridad de aplicación que dispondrá el Poder Ejecutivo, que podría ser el Ministerio de la Mujer. Para conseguir este “permiso”, se establecen “procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros”; también, que los medios adopten “políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual”; y que implementen “capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria”.

De aprobarse este proyecto, se impondrá como condicionante para la obtención del certificado “la promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación”. Según dejaron trascender algunos diputados de la oposición, este punto sería rechazado con el argumento de que “no puede constituir un requisito obligatorio para acceder al régimen de incentivos (…), ya que los cambios en la lingüística y en la morfología de la lengua requieren un tiempo para asentarse”.