La Secretaría de Control Urbano y Convivencia del Gobierno de Venado Tuerto, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, clausuró este miércoles una carnicería clandestina que funcionaba en una vivienda particular de calle Derqui 984, donde se comercializaban carnes en condiciones sanitarias deficientes y con graves riesgos para la salud pública.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia anónima recibida en el teléfono de Seguridad Alimentaria, donde se alertaba sobre la aparente comercialización ilegal de carne en un domicilio particular. Tras las actuaciones correspondientes y la denuncia formal realizada en sede policial, la jueza Paula Borello libró una orden de allanamiento que permitió avanzar con el operativo.

En el procedimiento intervinieron personal de Seguridad Alimentaria y de Inspección General del Municipio junto a efectivos de la guardia rural “Los Pumas”. Durante la inspección se constató que en el lugar se comercializaban distintos tipos de carne sin habilitación comercial y en un contexto de extrema suciedad, falta de higiene y manipulación inadecuada de alimentos.

Entre las irregularidades detectadas, se observó que la máquina cortadora de carne tenía restos de materia orgánica en estado de descomposición, presencia de óxido y falta total de limpieza. Las heladeras y freezers también presentaban acumulación de suciedad, restos orgánicos y ausencia de descongelamiento adecuado.

Además, en el mismo espacio donde se manipulan alimentos había elementos ajenos a la actividad, como un aire acondicionado apoyado en el piso, un lavarropas y distintos objetos debajo de la zona de producción de milanesas. En otra habitación separada se elaboraban productos sin ningún tipo de condiciones bromatológicas adecuadas.

Durante el allanamiento también se detectaron restos de carne a temperatura ambiente y productos directamente apoyados sobre el piso, incumpliendo las normas básicas de conservación. Desde el área remarcaron que este tipo de alimentos deben mantenerse refrigerados a temperaturas no superiores a los 5 grados para evitar riesgos sanitarios.

En total se decomisaron y desnaturalizaron 129,5 kilos de carne entre cortes de cerdo, carne vacuna, carne picada y milanesas de pollo. Todo el material secuestrado fue inutilizado mediante productos desinfectantes y retirado del lugar.

También se constató que las herramientas utilizadas para la manipulación de alimentos no eran aptas: había tablas de madera deterioradas, cuchillos en mal estado y bandejas rotas. A nivel edilicio, la vivienda presentaba humedad, hongos en paredes y techos y condiciones generales incompatibles con cualquier actividad alimentaria.

Desde el Municipio informaron además que la titular del domicilio, María José N., ya había sido clausurada y decomisada en enero de este año por desarrollar la misma actividad ilegal en otra vivienda ubicada en calle Catamarca al 1300. La persona fue trasladada a sede policial donde se le formará causa por el artículo 206 del Código Procesal Penal.

Desde el Gobierno de Venado Tuerto se recordó la importancia de adquirir alimentos únicamente en comercios habilitados y bajo condiciones bromatológicas controladas, especialmente carnes y productos frescos que requieren cadena de frío y correcta manipulación.

Además, se advirtió que consumir alimentos provenientes de lugares clandestinos o sin control sanitario puede derivar en enfermedades transmitidas por alimentos, muchas de ellas vinculadas a fallas en la conservación, manipulación, faena o almacenamiento de carnes. Estas patologías suelen provocar cuadros gastrointestinales, intoxicaciones y complicaciones de salud.

En ese sentido, desde la Dirección de Seguridad Alimentaria recomendaron: comprar carnes y alimentos frescos únicamente en locales habilitados, verificar que los productos se encuentren refrigerados y en buenas condiciones, mantener una correcta higiene de manos, utensilios y superficies de trabajo, evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos, conservar los alimentos refrigerados o congelados según corresponda, y cocinar completamente carnes y huevos antes de consumirlos.

También remarcaron la importancia de realizar denuncias ante situaciones sospechosas vinculadas a la comercialización ilegal de alimentos o productos en mal estado, para poder actuar rápidamente y prevenir riesgos sanitarios para la población.

El teléfono de contacto para denuncias es el 3462-306575.

Dos personas fueron condenadas por el delito de abandono de persona y lesiones graves dolosas, tras ser halladas responsables de someter a una mujer de 70 años a vivir en condiciones de extrema vulnerabilidad en una propiedad ubicada en calle Chile al 700, en la ciudad de Venado Tuerto.

Tras una investigación llevada adelante por el fiscal Damián Casullo, la jueza Paula Borrello homologó este martes un acuerdo de procedimiento abreviado, solicitado por el Ministerio Público de la Acusación, que contó con la anuencia de la víctima, Gladis Noemí B., y la participación de sus representantes legales, como así también de los acusados. La resolución a su vez establece la restitución del inmueble a la mujer.

Abandono y precariedad

Los hechos fueron descubiertos el pasado 30 de mayo, en el marco de un operativo por una causa de microtráfico, llevado a cabo por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), con colaboración del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VIII.

Durante la intervención, los agentes constataron que en una habitación ubicada en el fondo de la vivienda residía una mujer de avanzada edad, postrada en una cama, sin acceso a luz eléctrica, baño ni calefacción. La habitación carecía de aislamiento y presentaba aberturas que la exponían al clima. Según el informe policial, junto a la cama había un balde que la mujer utilizaba como sanitario.

En el sector principal de la casa vivían otras tres personas —dos mayores de edad— quienes aseguraron estar al cuidado de la mujer. Uno de ellos presentó una escritura que documentaba la supuesta venta del inmueble en 2024, por la suma de un millón de pesos, cifra considerada ínfima en relación al valor de mercado.

Condenas y restitución

Como resultado del acuerdo, la Justicia resolvió condenar a Yanina Alejandra Onelia, de 38 años, como coautora de abandono de persona y lesiones graves dolosas, imponiéndole una pena de tres años de prisión condicional. También se la obligó a restituir la vivienda a la señora Gladis Noemí B. y a firmar los documentos necesarios para que la mujer recupere la titularidad del inmueble.

En tanto, Juan Andrés Ríos Muller, de nacionalidad paraguaya y 39 años, fue condenado a dos años de prisión condicional por los mismos delitos.

Reparación patrimonial

El fiscal Casullo destacó que el acuerdo no solo procura una respuesta penal a los responsables, sino también una reparación concreta para la víctima, restituyéndole la vivienda y permitiéndole iniciar un proceso de recuperación patrimonial.

Asimismo, se informó al Registro de la Propiedad Inmueble acerca de la forma en que la condenada habría adquirido el dominio del inmueble, con el fin de evitar futuras operaciones sobre la vivienda mientras se formaliza su restitución legal.

Ricardo Martín Barrini, un joven de 26 años oriundo de Teodelina, fue detenido nuevamente tras violar el régimen de prisión domiciliaria que le había sido concedido por razones familiares. La medida fue revocada por orden judicial y el acusado quedó bajo prisión preventiva ordinaria, mientras se da intervención a la Justicia de Familia por la situación de su hijo menor de edad.

De la domiciliaria al incumplimiento

Barrini cumplía una condena unificada de cuatro años por delitos de amenazas, lesiones, daños y hurto calificado, impuesta por la jueza Paula Borrello. En el marco de un juicio abreviado, y considerando que tenía a su cargo un hijo menor sin madre, se le había concedido el beneficio de prisión domiciliaria.

Sin embargo, días atrás, el joven fue visto circulando por el pueblo a bordo de una motocicleta que, según se presume, le habría quitado a un familiar sin autorización. La presencia de Barrini en la vía pública fue advertida por vecinos, quienes alertaron a las autoridades. También trascendió que, en ese mismo contexto, una mujer denunció haber recibido insultos y patadas en la puerta de su domicilio, aunque no radicó la denuncia formal. Testigos señalaron que la mujer no se encontraba en su vivienda al momento del incidente.

Finalmente, el acusado fue interceptado por la policía mientras descendía de un automóvil conducido por familiares que habrían salido a buscarlo para que regresara a su domicilio.

Audiencia y resolución judicial

Durante la audiencia judicial, el fiscal Luis Lagioia imputó a Barrini el delito de desobediencia a la autoridad. Aunque el acusado prestó declaración, se negó a responder preguntas tanto del Ministerio Público de la Acusación como de su defensa, representada por la Dra. Gisela Figuera.

El fiscal solicitó la revocación del arresto domiciliario y el dictado de la prisión preventiva ordinaria.

La defensa rechazó la medida y solicitó la continuidad del arresto domiciliario. Sin embargo, el juez Mauricio Clavero, resolvió disponer la prisión preventiva sin plazo para Barrini.

Intervención del fuero de Familia

Ante la nueva situación del imputado, se dio intervención al área de Niñez y al Juzgado de Familia correspondiente, con el objetivo de garantizar la protección y cuidado del hijo del detenido.

Un joven de 25 años fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por participar en un violento asalto a una panadería de Venado Tuerto, ocurrido el pasado 22 de febrero. La investigación la llevó adelante el fiscal Iván Raposo y la sentencia se dictó mediante un procedimiento abreviado, que fue admitido por la jueza Paula Borrello.

Robo con armas y amenazas

El hecho ocurrió cerca de las 7:15 de la mañana en la panadería "La Italiana", ubicada en la intersección de calles Chile y Falucho, cuando Leonardo David Villarreal y un cómplice identificado como "Brian Salteño" ingresaron al comercio y amenazaron a las empleadas con un cuchillo y una pistola.

Mientras uno de los asaltantes exigía dinero y celulares bajo amenazas verbales, el otro redujo a una de las trabajadoras tomándola del cuello y mostrándole un arma de fuego. Finalmente, lograron sustraer un teléfono celular Motorola y $3.500 en efectivo, para luego darse a la fuga por calle Chile en dirección a San Lorenzo.

Detención y causa penal

La rápida intervención del Comando Radioeléctrico permitió una persecución que culminó con la detención de "Brian Salteño" (condenado a 6 años y medio de prisión), quien fue hallado oculto en el interior de un caño de hormigón en calle Falucho y Matassi. Por su parte, Leonardo Villarreal fue identificado como coautor del hecho en el marco de la investigación penal preparatoria.

El fiscal Iván Raposo caratuló el hecho como “robo calificado por el uso de arma blanca en concurso ideal con robo calificado por uso de arma de fuego”.

En acuerdo con la defensora pública María Cecilia Tosco, se optó por un procedimiento abreviado, que fue homologado por la Justicia, estableciendo una pena de cinco años de prisión efectiva, con accesorias legales y costas.

Dos transportistas fueron condenados por bloquear el ingreso y el egreso de camiones a una planta industrial en Venado Tuerto. Se trata de Pablo Sergio Celis y Ermes Raúl Calamari, de 52 y 72 años, respectivamente.

En un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales venadenses, la jueza Paula Borrello dispuso penas de dos años de prisión para cada uno de los condenados. A su vez, Celis fue inhabilitado y deberá pagar una multa en relación a la tenencia ilegítima de armas de fuego.

El fiscal que llevó a cabo la investigación penal es Ivan Raposo. “Entre las normas de conducta que se les impusieron a los condenados, hay restricciones de acercamiento a las víctimas”, destacó el funcionario del MPA y aclaró que “Celis y Calamari además deberán abstenerse de realizar actos de hostigamiento o violencia –tanto física como psicológica–, por cualquier medio”.

“Entre el miércoles 31 de agosto y el martes 6 de septiembre de 2022, los condenados amedrentaron a los propietarios de una planta industrial dedicada a la molienda de granos mediante el bloqueo del ingreso y el egreso de vehículos de transporte que forman parte de la cadena productiva”, relató el fiscal. “No sólo impidieron la circulación de camiones cargados, sino también la de unidades vacías”, remarcó.

Asimismo, Raposo afirmó que “Celis y Calamari ejercieron violencia sobre otros transportistas a los que obligaron a participar de la acción delictiva”.

“Los ilícitos tuvieron lugar en la playa para camiones de una planta ubicada en la intersección de la ruta 8 y calle 2 de Abril de Venado Tuerto”, detalló el funcionario del MPA.

Por otro lado, el fiscal indicó que “a Celis además se le impuso la pena porque al momento de su detención, se le secuestraron ocho armas de fuego que tenía en su domicilio sin la correspondiente autorización legal”.

Ambos condenados reconocieron su responsabilidad penal como coautores de amenazas coactivas y compulsión al boicot. A su vez, el hombre de 52 años admitió la autoría de tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil.

En la audiencia, la defensa aceptó las calificaciones penales propuestas por la Fiscalía, el monto y el modo de ejecución de las penas impuestas y la decisión de realizar un juicio de procedimientos abreviados.

Gustavo Martín Sosa, un joven de 25 años oriundo de Venado Tuerto, fue condenado este martes a ocho años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de Antonela R., una joven con la que compartía pensión en un inmueble ubicado en calle Carelli al 1.300.

El fallo fue dictado por la jueza Paula Borrello en un juicio oral y público que se desarrolló en los Tribunales de Venado Tuerto. La fiscal del caso, Mayra Vuletic, había solicitado una pena de once años, al considerar acreditada la responsabilidad penal del acusado. En tanto, la defensa, representada por el Dr. José Gabriel Traini, había planteado la absolución por falta de tipicidad penal.

El hecho

La agresión sexual ocurrió en la madrugada del 25 de enero de 2024, en una pensión ubicada en calle Carelli al 1.300, donde vivían tanto la víctima como el acusado. Según el relato de Antonela, esa noche regresó cansada de trabajar y, tras bañarse, aceptó una invitación de Sosa para tomar mates.

En medio de la charla, el joven comenzó a tocarla sin su consentimiento. Al recibir el rechazo de la víctima, la situación se tornó violenta: Sosa la tomó del cabello, la mordió en el cuello y la arrastró hasta su habitación, donde la despojó de sus prendas íntimas y la accedió carnalmente.

"Yo intenté defenderme, pero no tenía fuerzas", expresó Antonela en su declaración, brindada en la sala de audiencias entre lágrimas, con la voz quebrada y la respiración entrecortada.

Un testimonio desgarrador

La declaración de la joven fue clave para el tribunal. Conmovida, relató lo sucedido con interrupciones constantes por el llanto: “Me dijo que tomáramos mates, él tomaba vino. Estábamos hablando cuando me empezó a tocar. Le dije que no, que no confundiera las cosas. Después fue al baño, y cuando pasó por atrás mío me agarró del pelo y me llevó a su pieza...”.

El relato de la víctima incluyó detalles del momento del abuso, su intento por escapar, la aparición del hermano del agresor y la llegada de un amigo que intervino, lo que le permitió salir corriendo y dar aviso a la policía.

Según la fiscal Vuletic, la actitud de Antonela al contar espontáneamente lo sucedido fue valiente, teniendo en cuenta que es una joven sin contención familiar ni recursos emocionales para enfrentar un proceso judicial de estas características. “Exigir más sería pedir una actitud heroica”, afirmó.

La sentencia

La magistrada Paula Borrello condenó a Gustavo Martín Sosa a la pena de ocho años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Para establecer la pena, la jueza consideró la gravedad del hecho, el vínculo entre víctima y victimario, el contexto de vulnerabilidad de la joven y la modalidad de comisión del delito. El tribunal también dispuso que el condenado continúe alojado en prisión preventiva hasta su traslado a una unidad penitenciaria provincial.

Sosa había llegado al juicio privado de su libertad desde enero de 2024, tras ser imputado formalmente y permanecer bajo prisión preventiva ordinaria por resolución del poder judicial. 

Un hombre de 28 años, cuyas iniciales son FAF, quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo en el que se lo investiga por agredir a una mujer que era su pareja en la localidad de Santa Isabel. Así lo dispuso la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Paula Borrello, en una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto.

La fiscal Andrea Cavallero está a cargo de la investigación y es quien solicitó la privación de la libertad. En tal sentido, valoró que “aunque la Defensa propuso alternativas, la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento”, y explicó que “al fundamentar su decisión, refirió al contexto de violencia de género en el que se enmarcó el ilícito y tuvo en cuenta que el imputado cuenta con antecedentes penales condenatorios”

Cavallero señaló que “el miércoles 25 de junio de este año, el hombre investigado atacó a su pareja mientras estaban en un inmueble en el que convivían”. Relató que “en el marco de una discusión, le dio golpes de puño en diferentes partes del cuerpo y la ahorcó hasta que ella se desvaneció”.

“Como consecuencia, la víctima resultó herida en su rostro y en la cabeza”, especificó la funcionaria del MPA.

Al imputado se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas agravadas (por el vínculo y por mediar violencia de género).

Se trata de Germán Rodrigo Matter, de 50 años, a quien se le impuso una pena a tres años de prisión condicional y una multa de casi 24 millones de pesos. Además, fue inhabilitado de manera perpetua para ejercer todo tipo de cargo o función pública y se le prohibió tanto la tenencia como la portación de armas de fuego por seis años (se lo halló culpable de la portación indebida de un arma de fuego y la tenencia ilegítima de una granada de mano). A su vez, tendrá que cumplir normas de conducta, entre las que está acreditar mensualmente el arraigo y su situación laboral.Matter no pudo justificar su participación en un fideicomiso inmobiliario y la compra de 20 vehículos, cuatro lotes y una remisería. 

La investigación fue realizada por el fiscal Eduardo Lago y la sentencia fue dispuesta por la jueza Paula Borrello, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y se desarrolló en los tribunales venadenses.El fiscal Lago informó que "Matter también está imputado en otro legajo penal que tramita en la Fiscalía Regional 3 por amenazas y daño".

Lago indicó que "el condenado incrementó notablemente su patrimonio entre 2013 y 2019, mediante movimientos de fondos imposibles de justificar con el sueldo de un agente policial", y aclaró que "Matter no tiene ninguna otra actividad laboral registrada y la situación tampoco se condice con el poder adquisitivo de su grupo familiar".El fiscal señaló que "el enriquecimiento ilícito fue detectado por la Dirección Provincial de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia en diciembre de 2019", y agregó que "a partir de ello, desde el MPA llevamos adelante diferentes diligencias para esclarecer lo que sucedía". Según mencionó, "en ese momento, Matter integraba la Brigada Operativa de Drogas Peligrosas del departamento San Lorenzo".El funcionario del MPA precisó que "entre las transacciones que el condenado realizó por montos de dinero mayores a sus ingresos están las compras de 20 vehículos (camionetas, automóviles y motocicletas)". Afirmó que "él era titular de algunos de esos rodados y los demás estaban a nombre de su padre, su madre y su hermano, de quienes es apoderado", y detalló que "tenía la documentación necesaria para conducir las unidades que estaban registradas a nombre de otras personas”.Asimismo, Lago sostuvo que "Matter adquirió tres lotes en Venado Tuerto y uno en San Lorenzo", y especificó que "dos los registró a su nombre, otro a nombre del padre y el cuarto a nombre de su madre". También expuso que "el condenado compró la llave de una remisería venadense y participó de un fideicomiso inmobiliario relativo a una edificación sanlorencina". Por otro lado, puntualizó que "en el marco de un allanamiento que tuvo lugar en la vivienda del condenado, se le secuestraron 14.500 dólares en efectivo, cuya procedencia tampoco pudo justificar".  

El fiscal refirió que "en el operativo policial en el que se encontraron los dólares, los miembros de la fuerza de seguridad advirtieron que, sin la debida autorización, el condenado llevaba consigo una pistola semiautomática calibre 22, con cargador colocado y nueve municiones".En tanto, aseveró que "durante el allanamiento, se halló una granada de mano que Matter tenía en su poder", y explicitó que "tras ser peritado, ese artefacto explosivo de uso militar fue neutralizado mediante una detonación controlada".

Matter reconoció su responsabilidad penal como autor de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, portación de arma de uso civil sin autorización y tenencia de materiales explosivos.Junto con su abogado defensor, el condenado aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Un hombre de 65 años (Edgardo S.) fue imputado y quedó en prisión preventiva tras ser acusado de golpear brutalmente a su pareja y a su madre de 85 años en dos oportunidades. Lo hechos acontecieron en diciembre de 2023, en abril y octubre de 2024.

La investigación la llevó adelante el fiscal Iván Raposo, quien realizó la acusación en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses en la jornada del martes. En tanto, la jueza fue Paula Borrello. 

A la hora de exponer las evidencias, se conocieron detalles espeluznantes en relación a lo padecido por las dos mujeres.

Golpes a la mujer

Edgardo S.  fue denunciado el 19 de octubre de este año por haber agredido físicamente a su pareja, propinándole un golpe de puño en el cuerpo. Luego, cuando la víctima salió al patio de la vivienda, le siguió dando golpes de puño en la cabeza y en la cara, fracturándole el hueso de la región de la nariz, y provocándole contusiones en el rostro. Asimismo, la agarró de la cara golpeándole la cabeza contra el tapial, tirándola de los pelos, hasta que la víctima fue socorrida por un vecino. 

Por ese caso fue imputado bajo la carátula de “lesiones graves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”. 

Maltrato a su madre

En el año 2023 el sujeto de 65 años se fue a vivir con su madre a una vivienda de calle Belgrano al 2.200 donde el objetivo principal era cuidarla, ya que se encontraba sola.

Pero, según consta en el expediente al que pudo acceder Sur24, ocurrió todo lo contrario, y la señora sufrió un calvario.

En el mes de diciembre de ese año, Edgardo fue denunciado por agredir físicamente a su progenitora, provocándole lesiones en su brazo y en su ojo derecho. 

En este marco fue imputado por “lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo”.

Dos meses más tarde en el Buzón de la Vida de la Municipalidad de Venado Tuerto anónimamente dieron conocimiento de la situación de violencia que sufría la señora de 85 años.

Más violencia

Lo cierto es que no todo terminó ahí, y el sujeto, que administraba la jubilación de su madre, la golpeó nuevamente, aunque en esta oportunidad las lesiones fueron más serias. 

El 30 de abril, agredió físicamente a su madre tomándola de los pelos y propinándole golpes de puño, provocándole contusiones en cráneo, cicatrices de lesiones cortantes en ambos antebrazos y escoriaciones, lesiones en glúteos y muslo derecho, contusión en pecho y hematoma nivel esternón. 

En ese momento, la víctima prestó declaración ante el poder judicial donde dio detalles de lo padecido. 

Por este caso fue imputado por “lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo”.

En una audiencia de apelación que se llevará adelante el próximo 24 de julio en los tribunales de Venado Tuerto, Arsenio Domínguez, abogado defensor del ex Director del Colegio Sagrado Corazón (Pedro Ortiz y Hontoria), solicitará que dos de las denuncias de abuso sexual que pesan sobre el religioso se tramiten en la justicia cordobesa.

La fundamentación del planteo se basa en que dos de los hechos imputados al “Hermano” se habrían registrado en la pileta de un hotel en Santa Rosa de Calamuchita en el marco de un viaje de estudio. 

En tanto, los restantes, habrían ocurrido en las instalaciones del establecimiento educativo ubicado en Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre.

El planteo inicial fue rechazo por la Jueza Paula Borrello, mientras que en esta oportunidad el magistrado de la Cámara será Juan Pablo Lavini Rosset. 

De esta manera, se dilata el inicio del juicio oral y público contra el “Hermano Pedro”, sobre quien pesa un pedido de 16 años de prisión por cuatro hechos de abuso sexual contra niñas que cursaban 6° y 7° grado en los años 2018 y 2019.

Mientras tanto, el religioso continúa con su vida en Buenos Aires, donde debe cumplir con ciertas normas de conductas, entre ellas, no tener niños ni jóvenes a cargo, y presentarse periódicamente en la comisaría más cercana. Además, la imposibilidad de salir del país, algo que intentó en el último año con pedidos especiales para viajar a España, donde radica su familia.   

Historia del caso

La primera denuncia fue radicada en septiembre del año 2021 por Débora, la mamá de una nena que sufrió el accionar del religioso cuando cursaba 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

“A ella no le gustaba la forma en que el hermano Pedro le hablaba a algunas chicas y las agarraba de la cintura. En ese momento le pregunté si le había pasado algo y me dijo que no. Ella comenzó a tener muchos síntomas, le dolía la cabeza, la panza, hasta que nos recomendaron llevarla a la psicóloga porque podía ser emocional”, relató Débora.

Posteriormente la niña comenzó a faltar a clases por fuertes dolores de cabeza y luego de tres meses le diagnosticaron migrañas vertiginosas.

En ese momento se avecinaba el viaje de estudio a Córdoba. Y en un pijama party, el papá escucha una charla con las amigas en donde decían que “si el hermano Pedro iba al viaje, ellas no se iban a meter a la pileta, porque no se querían poner las mallas delante de él”, contó Débora. Finalmente, Pedro no viajó.

La nena no “volvió al colegio porque comenzó a sufrir ataques de pánico. Ya estaba con tratamiento psicológico y psiquiátrico. En diciembre tenía que rendir y no pudo. Así que terminó 7° grado rindiendo en marzo, con mi compañía. Y luego la cambié de escuela”, precisó la mamá.

En el año 2021 “pudo contar todo lo feo que le había pasado”, relató Débora.

La joven contó que “el hermano Pedro la tocó en varias ocasiones. A él le gustaba mucho las matemáticas, por eso hacía un cuadernillo que lo entregaba a comienzo de año. Luego llamaba a las alumnas de a dos: una esperaba afuera de una sala de Dirección y la otra entraba. Era ahí que la retaba, le gritaba y la tocaba en las zonas íntimas”, aseguró la mamá.

Denuncia en fiscalía

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien en octubre de ese año imputó a Pedro Ortiz y Hontoria por “abuso sexual simple”, agravado por la guarda. Al mismo tiempo determinó el impedimento de tener menores a cargo. Fue en ese momento que renunció y se fue de Venado Tuerto, con destino a Buenos Aires.

Segunda denuncia

El 15 de julio de 2022 se sumó una nueva denuncia por “abuso sexual simple”.

Se trató de una nena que en 2019 cursaba 6° grado en la institución, y ese mismo año sus padres decidieron cambiarla de establecimiento educativo.

La mamá y el papá se presentaron en el Ministerio Público de la Acusación, donde expusieron todo lo acontecido ante el fiscal Horacio Pueyrredón.

Graciela, la mamá de la alumna, sostuvo una entrevista con Sur24 que el maltrato del “hermano” Pedro era constante, “con gritos, humillaciones, burlas. Le decía que se iba a ir al infierno”.

Cuando el religioso “ingresaba al aula, en un primer momento había que decirle ‘buen día’. Pero después pasó a exigirles que además le den un beso en la mejilla, cosa que mi hija se negó a hacer”.

La niña comenzó a tener dolor de panza, de cabeza y pesadillas. Y el deseo de no concurrir a clases.

Esta situación desembocó “en que decidamos cambiarla de escuela. Y terminó 7° grado en otra institución”, relató la mamá.

Otra vez los cuadernillos

En 2020 la joven inició sesiones de terapia, donde pudo contar la experiencia vivida en el Sagrado Corazón con el religioso. 

Pedro convocaba de “a dos alumnos a una sala, pero los hacía pasar de a uno. Allí, cuando realizaba las correcciones (del cuadernillo), la maltrataba, le gritaba y un día comenzó a tocarle la pierna. En ese momento mi hija le puso un freno, por eso la cosa no pasó a mayores”, relató Graciela.

Dos nuevos casos

El 21 de diciembre de 2022, en la audiencia pública, se supo que se habían sumado dos nuevas denuncias, para llegar a un total de cuatro.

La fiscal definió el primer caso como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por la guarda”. Mientras que los tres restantes fueron caratulados como “abuso sexual simple agravado por la guarda”.

En las pruebas presentadas por Florencia Schiappa Pietra quedó en claro el temor de las alumnas de que Pedro concurra al viaje de egresados a Córdoba.

Y en las denuncias, las víctimas afirmaron que las situaciones de abuso las sufrieron en la pileta del hotel, en Santa Rosa de Calamuchita. Precisaron que, “jugando”, las tocaba en distintas partes del cuerpo. Una de las niñas dijo que sintió su mano “hasta la garganta”.

En la jornada del lunes se llevará adelante la audiencia preliminar en el marco de la causa contra el “hermano” Pedro Ortiz y Hontoria, ex Director del nivel Primario del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto acusado de cuatro abusos sexuales contra alumnas durante los años 2018 y 2019.

En esta instancia, la defensa puede hacer planteos a la acusación y a la querella, incluso pedir prescripciones y sobreseimientos. Además, se realiza la admisión de las pruebas y de testigos por parte de la fiscalía (Florencia Schiappa Pietra), la querella (Ana María Regidor) y la defensa (Arsenio Domínguez). Luego la jueza emite una resolución, que puede ser apelable, para posteriormente dar el auto de apertura de juicio, y así por último fijar fecha de inicio del juicio oral y público. 

De esta manera, distintas fuentes consultadas por Sur24 estiman que el religioso podrá estar sentado en el banquillo de los acusados allá por el mes de septiembre.

Mientras tanto, debe continuar cumpliendo con ciertas normas de conductas establecidas en su momento desde el poder judicial, entre ellas no poder salir del país, algo que intentó con un pedido formal realizado a comienzos de 2024, que finalmente, en esta oportunidad, la jueza Paula Borrello le bajó el pulgar. 

Historia del caso

La primera denuncia fue radicada en septiembre del año 2021 por Débora, la mamá de una nena que sufrió el accionar del religioso cuando cursaba 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

“A ella no le gustaba la forma en que el hermano Pedro le hablaba a algunas chicas y las agarraba de la cintura. En ese momento le pregunté si le había pasado algo y me dijo que no. Pero me quedó resonando esa situación. Ella comenzó a tener muchos síntomas, le dolía la cabeza, la panza, hasta que nos recomendaron llevarla a la psicóloga porque podía ser emocional”, relató Débora.

Posteriormente la niña comenzó a faltar a clases por fuertes dolores de cabeza y luego de tres meses le diagnosticaron migrañas vertiginosas.

En ese momento se avecinaba el viaje de estudio a Córdoba. Y en un pijama party, el papá escucha una charla con las amigas en donde decían que “si el hermano Pedro iba al viaje, ellas no se iban a meter a la pileta, porque no se querían poner las mallas delante de él”, contó Débora. Finalmente, Pedro no viajó.

La nena no “volvió al colegio porque comenzó a sufrir ataques de pánico. Ya estaba con tratamiento psicológico y psiquiátrico. En diciembre tenía que rendir y no pudo. Así que terminó 7° grado rindiendo en marzo, con mi compañía. Y luego la cambié de escuela”, precisó la mamá.

Pandemia

“Para ella la pandemia fue la panacea, porque todo lo que le pasaba quedaba dentro de las paredes de su cuarto. Los síntomas de ataque de pánico se aplacaron, pero el problema fue cuando tuvimos que empezar a salir. Y en el año 2021 pudo contar todo lo feo que le había pasado”, relató Débora.

La joven relató que “el hermano Pedro la tocó en varias ocasiones. A él le gustaba mucho las matemáticas, por eso hacía un cuadernillo que lo entregaba a comienzo de año. Luego llamaba a las alumnas de a dos: una esperaba afuera de una sala de Dirección y la otra entraba. Era ahí que la retaba, le gritaba y la tocaba en las zonas íntimas”, aseguró la mamá.

Denuncia en fiscalía

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien en octubre imputó a Pedro Ortiz y Hontoria por “abuso sexual simple”, agravado por la guarda. Al mismo tiempo determinó el impedimento de tener menores a cargo en ninguna institución. Fue en ese momento que renunció al cargo y se fue de Venado Tuerto, con destino a Buenos Aires.

Segunda denuncia

Tras el impacto de la publicación periodística realizada por Sur24 se sumó una nueva denuncia por “abuso sexual simple” el 15 de julio de 2022.

Se trató de una nena que en 2019 cursaba 6° grado en la institución, y que en ese mismo año sus padres decidieron cambiarla de establecimiento educativo.

La mamá y el papá de la adolescente, de ahora 17 años, se presentaron en el Ministerio Público de la Acusación, donde expusieron todo lo acontecido ante el fiscal Horacio Pueyrredón a lo largo de dos horas.

Graciela, la mamá de la alumna, sostuvo una extensa entrevista con Sur24 donde brindó detalles de lo que tuvo que padecer su hija.

Contó que el maltrato del “hermano” Pedro era constante, “con gritos, humillaciones, burlas. Le decía que se iba a ir al infierno”.

Cuando el religioso “ingresaba al aula, en un primer momento había que decirle ‘buen día’. Pero después pasó a exigirles que además le den un beso en la mejilla, cosa que mi hija se negó a hacer”.

La niña comenzó a tener dolor de panza, de cabeza y pesadillas. Y el deseo de no concurrir a clases.

Esta situación desembocó “en que decidamos cambiarla de escuela. Y terminó 7° grado en otra institución”, relató la mamá.

Otra vez los cuadernillos

En 2020 la joven inició sesiones de terapia, donde pudo contar la experiencia vivida en el Sagrado Corazón con el “hermano” Pedro.

Nuevamente el cuadernillo de matemáticas que el religioso distribuía a los alumnos forma parte de la denuncia.

Pedro convocaba de “a dos alumnos a una sala (tipo Dirección), pero los hacía pasar de a uno. Allí, cuando realizaba las correcciones, la maltrataba, le gritaba y un día comenzó a tocarle la pierna. En ese momento mi hija le puso un freno, por eso la cosa no pasó a mayores”, relató Graciela.

Entre otras cosas, “le decía ‘cabeza hueca’, ‘te vas a ir al infierno’, le hacía burla. Y un día en la biblioteca la humilló”, detalló la mamá.

Dos nuevos casos

En los meses subsiguientes el hermetismo en relación a la investigación fue total. Y recién el 21 de diciembre de 2022, en la audiencia pública, se supo que se habían sumado dos nuevas denuncias, para llegar a un total de cuatro.

La fiscal definió el primer caso como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por la guarda”. Mientras que los tres restantes fueron caratulados como “abuso sexual simple agravado por la guarda”.

En las pruebas presentadas por Florencia Schiappa Pietra quedó en claro el temor de las alumnas de que Pedro concurra al viaje de egresados a Córdoba, ante las historias que se venían contando en los pasillos de la escuela en relación al comportamiento del religioso.

Y en las denuncias, las víctimas afirmaron que las situaciones de abuso las sufrieron en la pileta del hotel, en Santa Rosa de Calamuchita. Precisaron que, “jugando”, las tocaba en distintas partes del cuerpo. Una de las niñas dijo que sintió su mano “hasta la garganta”.

Una de las madres relató que “mi hija volvió triste del viaje y yo no podía entender por qué”.

Poco después del mediodía de este martes se completó la nueva audiencia en los Tribunales de calle Chacabuco para debatir un nuevo pedido de autorización para salir del país por parte del Hermano Pedro, exdirector de nivel primario del Colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto, quien está imputado en varias causas por abuso sexual en perjuicio de alumnas de dicho establecimiento.

En esta oportunidad, la jueza Paula Borrello denegó el permiso para viajar a España, centrando sus argumentos en la admisión de la requisitoria de elevación a juicio por parte de la fiscal Florencia Schiappa Pietra; la contundencia de los elementos probatorios; una pena en expectativa que es elevada; y la probable cercanía de la apertura del enjuiciamiento. 

Además, resumió la magistrada que, en virtud de los avances registrados en la causa, la situación cambió sustancialmente respecto de los últimos meses de 2023, donde, en primera instancia, sí había aprobado el viaje, a la vez que hizo notar que en esta ocasión no se presentaron los pasajes, es decir que no siquiera había una mínima certeza sobre las fechas de salida y de regreso al país. 

Consultada por los medios locales y regionales al término de la audiencia, la fiscal Florencia Schiappa Pietra sostuvo: “Lo que vengo planteando en todas las audiencias, y a lo que hago referencia cuando hablo del tratamiento para con las víctimas en esta causa, es justamente que se pueda mirar a la víctima también, sin avasallar los derechos de los imputados, pero, insisto, haciendo una mirada también a las víctimas, y lo que significa, además, ausentarse del país habiendo presentado la acusación, que fue lo que se expresó en la audiencia anterior”. Y agregó: “La jueza, en esta oportunidad, negó la solicitud del defensor de otorgar el permiso para viajar a España, dado que tomó en cuenta el estadio procesal, entendiendo que, ahora, la acusación ya fue presentada y admitida”.

En consecuencia, Borrello, considera que, en esta etapa, ya concluida la Feria Judicial, debe resguardarse la realización del juicio y la continuación de este proceso, intuyendo que el comienzo del juicio contra Pedro podría ocurrir en un plazo relativamente breve.

Para la fiscal, la decisión es "muy importante", porque el imputado “no tiene arraigo en Argentina, pero sí lo tiene en España, entonces hay que cautelar, y con todo el esfuerzo que se debe, porque hubiera sido muy desacertado que se lo deje viajar”.

Sobre los efectos que pudieron causar sus fuertes críticas a la actitud inicial de la jueza Borrello de autorizar la salida del país del exdirector del Sagrado Corazón, la fiscal venadense aclaró que cuando se expresó a la salida de la audiencia anterior, sólo reiteró lo dicho en la audiencia y en el escrito de apelación, porque “esa es la herramienta que tengo, y también me interesa llegar a las víctimas y transmitirle a la ciudadanía el trabajo que hace el MPA”. 

"Dentro de ese contexto -continuó-, y de esa obligación que tenemos los fiscales de hablar con la prensa, traté de expresarme de la manera más clara, a partir de mi interpretación de la normativa que rige este tipo de causas y la manera en se tienen que abordar cuando hay víctimas que son niñas y mujeres, ya que este tema no estaba siendo abordado bajo el paradigma de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de protección de las mujeres”.

Por su parte, la abogada de la parte querellante, Ana María Regidor, quien tomó el caso esta misma semana, contó que venía siguiendo los pormenores de esta causa, a la que definió como “paradigmática”, sobre todo tratándose, como lo dijo en la audiencia, de “personas con una triple vulnerabilidad, porque son menores de edad, niñas mujeres y víctimas de abusos sexual, presuntamente por parte de alguien que debía cuidarlas y no dañarlas”.

Además, coincidió con los dichos de la fiscal respecto de la razonabilidad de la resolución que finalmente se adoptó. “Desde la querella, intenté aportar a la jueza todos los elementos y argumentaciones de la oposición a la salida del país del imputado. En este punto, consideré que un viaje a España, donde él es ciudadano, conociendo las leyes de extradición, y donde todos sabemos cómo se puede mover un ciudadano español en toda Europa, eso daba por tierra con la debida garantía de diligencia reforzada que hay que tener para con estas víctimas, más allá de respetar el principio de inocencia del imputado”, aclaró Regidor.

(Cobertura en exteriores: Mauro Dalmazzo)