Por Gonzalo Fracchia

Diversas encuestadoras privadas valoraron la calidad de imagen del presidente de la Nación, Javier Milei, dentro del plano político “real” y la estructura digital, espacio inicialmente fuerte del mandatario.

Los balances reflejaron cifras dispares, dependiendo de la categoría de evaluación, y con una situación negativa que se sostiene desde hace meses dentro de las redes sociales, campo que habría quedado relegado de la estrategia.

Las desventuras del ex jefe de Gabinete de Nación, Manuel Adorni, y los números positivos para el gobierno a nivel económico fueron los elementos que movieron principalmente la balanza.

En base al Índice de Confianza del Consumidor que elabora Poliarquía junto a la Universidad Di Tella y la más reciente encuesta de Atlas Intel y Bloomberg, Javier Milei tuvo un repunte en su imagen positiva.

Milei subió del 36% al 40%, en contraparte con la caída de opositores como Axel Kicillof, que sufrió un fuerte deterioro en su consideración al caer del 46% al 38%.

La leve recuperación en los recientes valores de inflación, cumpliendo con el adelanto del ministro de Economía, Luis Caputo, el regreso a una relación estrecha con importante número de gobernadores y la “limpieza” del peso negativo de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Ya son cinco los meses acumulados de forma consecutiva en los que el presidente argentino finaliza con una imagen digital negativa, en base a datos de la consultora especializada Ad Hoc Digital.

El campo de batalla del cual nació el hombre de La Libertad Avanza y en la que contaba con una robusta estructura de seguidores encolumnados detrás de conceptos e ideas concretas que colaboraron en la escalada política que derivó en el triunfo mileísta, no repunta.

Con análisis de base de datos oficiales de “todas las redes sociales de acceso público y portales web”, las valoraciones sobre Milei fueron en un 53% negativos, en un 9% neutros y solo en un 38% positivos.

Los efectos, tanto positivos como negativos, fueron los mismos que en el plano “real”, sólo alterados por la discusión internacional con acompañamientos mayoritarios del triunfo de Abelardo De la Espriella en Colombia y cuestionamientos a la relación con Donald Trump.

Bullrich obtuvo un 43,6% de comentarios positivos, un 13,4% de neutros y un -43% de negativos, mientras que Karina Milei obtuvo, en ese mismo orden, un -71% 11,8% y 17,2% y Adorni un -71.1%, 8,7% y 21,2%.

La comunicación presidencial ha marcado implícitamente una frontera dentro de la actual gestión. La designación de Diego Santilli en la jefatura de Gabinete y el regreso de la vocería formal con Adrián Ravier dan inicio a lo que ya sería la estructuración de la campaña por la reelección.

La presencia de 13 gobernadores y la posible foto en Tucumán celebrando un nuevo 9 de Julio reflejan un nuevo acercamiento político de Casa Rosada hacia las provincias, ya buscando consolidar el color violeta de cara al 2027.

La interna de LLA se gestó desde la disputa política, que tiene a Patricia Bullrich como “ajena”, y que posee la puja entre los “naturales” del partido con Karina Milei y Santiago Caputo divididos.

Justamente a este último es que responde el ecosistema digital libertario que ha llegado a cuestionar abiertamente algunas decisiones recientes de presidencia y, en consecuencia, resquebrajó la coraza de las redes sociales.

Juan Pablo Peralta - Periodista acreditado en Casa Rosada

Los tiempos se precipitaron en Casa Rosada cuando desde Comodoro Py se supo que el fiscal federal Gerardo Pollicita sumó prueba en las causas que envuelven a Manuel Adorni. En este caso ligadas a compras que el protagonista de esta historia hizo a través de Mercado Pago con tarjetas de dos subalternos para adquirir equipos de videojuegos.

Es bueno recordar que a partir del viaje en marzo pasado a Nueva York, en el que Javier Milei encabezó el Argentina Week -y salió a la luz que la esposa del ex vocero, Bettina Angeletti, iba en el avión presidencial-, la escalada de denuncias en su contra no se detuvo y fue in crescendo bajo un entramado que conjugó ventas, compras y refacciones de propiedades que enturbiaron más el panorama, junto a la apertura del secreto bancario pedido por la Justicia y la presentación de unas declaraciones juradas del matrimonio que opacaron las cosas.

Tampoco ayudaron las fallidas defensas que el alfil de los hermanos más poderosos de la Argentina intentó hacer con su informe de gestión frente a la Cámara baja, y que resultó contrario a lo que declaró en una entrevista televisiva en la que fue peor el remedio que la enfermedad cuando quiso explicar que el enorme incremento en su patrimonio se debió a haber encontrado un dinero en el departamento de su padre fallecido e inversiones que hizo en la compra de Bitcoins allá por 2013, justificaciones que no dejaron conformes ni a propios ni a extraños.

En el contexto de todos estos sucesos, la primera en tomar cartas en el asunto y meter presión a los capitostes libertarios para que empiecen a definir el destino del ministro coordinador fue la titular del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich. En primer lugar, la legisladora apuró la entrega de su DDJJ en la Oficina Anticorrupción (OA), y antes declaró que lo de Adorni “era más que un error” sino “una omisión ética”.

Adorni hizo el informe de gestión en abril. Xinhua.

Punto seguido, el Poder Ejecutivo logró frenar la interpelación del jefe de Gabinete en el recinto de Diputados y aprobar el pago a los holdouts, consiguiendo además la media sanción del Súper RIGI. Sin embargo, no corrió la misma suerte a la hora de avanzar con la Inviolabilidad a la Propiedad Privada y la aprobación de más pliegos en el Poder Judicial debido a que no tenía el número para frenar que el ex portavoz del PEN tuviera que ir a dar testimonio al Parlamento, abriendo la puerta a la temida Moción de Censura, que podría determinar que el Congreso dejara fuera de juego al alto funcionario cuestionado.

Una situación que no sería bien vista por los mercados y los potenciales inversores de la Argentina. Una lectura que el ministro de Hacienda Luis Caputo y otros integrantes del equipo económico le vienen marcando al primer mandatario.

Quince días antes del anuncio y despedida del otrora secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Javier Lanari, ya se le había comunicado su desafección y la posibilidad de que hubiera más novedades al respecto, entre otras cosas por no haber podido quitar de la agenda mediática el caso que envuelve al hombre que lo hizo dejar el periodismo e incorporarse a la función pública, su amigo Manuel Adorni.

También se le adjudicó a él y a su equipo no poder evitar que los periodistas acreditados en Balcarce 50 se sometieran a la imposición inconstitucional de someterse a una serie de fuertes restricciones que ejerce la Casa Militar, a pesar de que el juez Ariel Lijo haya determinado que ninguno de ellos violó la Seguridad Nacional. Este cerco informativo y de censura permanente no permite ejercer el normal desarrollo periodístico que históricamente hubo en Casa de Gobierno y viola el artículo 14 de la Carta Magna que establece la defensa sistemática en el ejercicio de la libertad de prensa y expresión.

“Fracasamos en dos temas que son centrales en materia de gestión y no está mal que el Presidente haya decidido oxigenar el área. Es natural. Basta revisar todos los funcionarios que tuvieron que dejar el cargo por una u otra razón, y eso no es un drama, todo lo contrario, es la manera de proteger y defender un proyecto que está por encima nuestro”, expresó una voz oficial que aún remite a la Jefatura pero que irá a otra dependencia en las próximas semanas.

El paso siguiente fue nombrar a un nuevo vocero del Poder Ejecutivo Nacional y elegir un reemplazante de Lanari. Los ungidos por Karina Milei fueron: el economista y ahora ex diputado pampeano por LLA, Adrián Ravier, junto al hombre que hasta hace días fue prensero de YPF, Fabián Fernández, mano derecha del mandamás de la petrolera, Horacio Marín.

Uno de los que desde el principio fue sugerido por Mauricio Macri para ocupar el lugar que en su momento tuvo que dejar Guillermo Francos. En ese marco, el viernes pasado Ravier se presentó en el Salón Héroes de Malvinas ante los acreditados marcando diferencias con su antecesor. “En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno. Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública”, sostuvo el portavoz, que a la vez procuró ensayar el inicio de una nueva relación con los medios y los cronistas que cubren la actividad en la sede ejecutiva.

Milei define el reemplazo. Xinhua.

Lo hizo al señalar que, “concibo al periodismo como un eje central de la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad. Aspiro a que construyamos una relación en base a estos principios. Ese es mi compromiso para con ustedes y espero que sea recíproco”, concluyó.

Por su parte, Fernández garantizó que estará trabajando en que la información que atañe al Jefe Estado y que surja de cada cartera llegue con efectividad a los medios de comunicación, incluyendo la posibilidad de que sean sus propios titulares los que brinden ruedas de prensa en el palacio gubernamental.

Aunque se negara públicamente, hace dos meses que circulan nombres en los despachos y pasillos del poder en relación a cambios en el Gabinete. El decreto presidencial que puso en la línea sucesoria de la JGM a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello -y detrás suyo a su par de Defensa Carlos Presti- no necesariamente implica que alguno de ellos fuera en lugar de Adorni.

El Canciller Pablo Quirno fue otro de los que sonó desde un principio, al igual que el titular de la Cámara baja Martín Menem, funcionarios que como Luis Caputo, tuvieron sendas reuniones con la secretaria General Karina Milei el último día de la semana. También estuvo en ese tándem, Diego Santilli, el hombre del Ministerio del Interior que picaba en punta para tomar la posta. Lo cierto, es que ese puesto es una braza ardiente para todo aquel que tenga ambiciones políticas a futuro. “El Colo” es el hombre que más mide en el centro derecha como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, y las experiencias del primer jefe de los ministros, Nicolás Posse y sus sucesores, Francos y el ex portavoz, no son precisamente un aliciente.

Sin embargo, las huestes mileístas ven en él a un dirigente de consenso, tanto en su propia interna como en las divergencias con el PRO de Mauricio Macri, del que Santilli sigue formando parte. Quienes vienen siguiendo su performance, rescatan, asimismo, la relación que ha entablado con los gobernadores dialoguistas, e inclusive con los más díscolos. Es momento de decisiones, y con la vuelta del presidente Milei de España, las mismas se aceleran en una Residencia de Olivos que tiene que trabajar a contrarreloj con el objetivo de retomar el control de la gestión política y comunicacional.

Por Nancy Balza

A las 11 de este jueves estaba convocado el Senado Nacional para tratar, entre otros temas que tienen el visto bueno del gobierno, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, además de pliegos judiciales y acuerdos internacionales.

Sin embargo, 30 minutos después de la hora de inicio, máximo plazo de tolerancia, la sesión quedó suspendida por el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala que ocupó el sitio reservado a Victoria Villarruel (titular del Senado). ¿La razón? Falta de quórum.

Sin embargo, la cámara que transmite la sesión en vivo mostraba un recinto de lo más concurrido pero con pocos senadores sentados en sus bancas.

En definitiva, la sesión en la que el tema más urticante para el oficialismo era la situación del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, fracasó: de 37 presencias necesarias para abrir la reunión, se llegó en algún momento a un máximo de 25. El resto permanecía de pie, sin registrarse.

El encuentro prometía un arduo debate reglamentario que tiene de fondo, en realidad, a la figura del Jefe de Gabinete y ex vocero presidencial a quien la oposición quiere interpelar y, si se avanza, remover del cargo.

Hay varias iniciativas en ese sentido, incluida la que se conoció en las últimas horas y corresponde al bloque del PRO cuyo presidente Martín Göerling ingresó un pedido para interpelar al funcionario de confianza de los Milei el próximo 2 de julio, fecha en que Adorni iba a concurrir a la Cámara alta a brindar su informe de gestión.

La discusión reglamentaria, que también se suscitó en Diputados dos días atrás, pasa por si se puede aprobar esa medida por mayoría simple o por mayoría especial (48 senadores) y si debe tener dictamen de comisión (en Diputados fue convocada Asuntos Constitucionales para el 30 de junio y en el Senado para el 1° de julio) o se podría dirimir en el recinto.

En la Cámara baja la oposición no logró que prosperase un pedido similar: el martes no consiguió el quórum necesario para abrir la sesión (precisamente, faltó el PRO, además del oficialismo, un sector de la UCR y otros referentes provinciales), y este miércoles tampoco avanzó un apartamiento de reglamento para insistir sobre el tema.

Mientras todo esto ocurría, se conoció la renuncia “irrevocable” de Esteban Bullrich al PRO. Fue en una carta dirigida por el ex ministro de Educación al titular del partido amarillo Mauricio Macri.

Allí, Bullrich funda su decisión en “la protección brindada a Manuel Adorni”, en Diputados, cuando legisladores de esa pertenencia política no dieron quorum para tratar la interpelación del jefe de Gabinete. “Permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”, advirtió el ex dirigente que atraviesa por una dura enfermedad.

En ese sentido, planteó que “la protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”.

Desde el Partido Justicialista hay un pedido de interpelación ingresado el 12 de junio que hasta el momento no se trató.

En las últimas horas se conoció el texto el PRO, que lleva la firma del jefe de bancada y de María Victoria Huala (La Pampa), y dispone citar a Manuel Adorni a concurrir al recinto del Senado el día 2 de julio “con el objeto de ser interpelado en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, a efectos de considerar una moción de censura o remoción”.

El artículo 2 establece que el Jefe de Gabinete deberá “brindar las explicaciones e informes correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados de la Nación y sus manifestaciones públicas”.

A renglón seguido se le pide que “informe las medidas de gobierno adoptadas que le corresponden en virtud del artículo 100 de la Constitución Nacional, especialmente las derivadas del inc. 7 (“Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.”), siendo que ha reconocido públicamente su condición de evasor, sin perjuicio de que el origen lícito de los fondos que ahora declara aún no ha sido demostrado”.

Por último, se dispone que “en caso de no concurrir de Gabinete a la citación del art. 1°, la Cámara pasará de inmediato a considerar sin más trámite la moción de remoción del art. 101 de la Constitución Nacional".

La cita de Adorni con el Senado ya estaba acordada para el 2 de julio pero, como se dijo, para brindar su informe de gestión.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, hizo pública su opinión acerca de la inconveniencia de que el funcionario se presente en el recinto donde seguramente sería “castigado” durante varias horas por la oposición. Desde allí se viene reclamando el apartamiento del funcionario, luego de las sucesivas inconsistencias patrimoniales que se conocen desde marzo.

Luego, el propio Adorni dijo que estaba dispuesto a concurrir ese día a la Cámara.

La última vez que un Jefe de Gabinete fue a la Cámara alta a dar un informe fue el 26 de junio de 2025. En ese momento el lugar estaba ocupado por Guillermo Francos.

Guillermo Francos, jefe del Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei, en el recinto del Senado de la Nación.Este viernes se cumple un año de la última vez en que un jefe de Gabinete concurrió al Senado a dar su informe de gestión. En esa oportunidad el cargo era ocupado por Guillermo Francos. Foto: Archivo

Por el momento es una incógnita si el aun jefe de Gabinete cumplirá con su compromiso y, en todo caso, si tendrá preguntas de gestión para responder (apenas 10 legisladores hicieron consultas hasta el miércoles, cuando vencía el plazo para formularlas) o si todas estarán dirigidas a su evolución económica que cada día abre más interrogantes.

Se abra o no se abra el recinto de cualquiera de las cámaras, el tema Adorni sigue ocupando la atención de la oposición y hasta de algunos aliados, que lo quieren fuera de la gestión, y del oficialismo, que redobla esfuerzos e interpretaciones reglamentarias para sostenerlo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que se encuentra a disposición para concurrir al Senado el próximo 2 de julio a brindar el informe de gestión previsto por la Constitución Nacional, luego de que se conociera la suspensión de la exposición que tenía programada para dicha fecha.

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, escribió el funcionario en su cuenta de X, en un mensaje que buscó despejar versiones sobre una eventual negativa a comparecer ante la Cámara alta.

La declaración de Adorni llegó después de que se informara la cancelación de la sesión en la que debía presentar el tradicional informe de gestión, en medio de la controversia política generada por su declaración jurada patrimonial y los pedidos de distintos sectores de la oposición para avanzar con una interpelación.

La respuesta de Adorni en X.

La suspensión había generado cuestionamientos de dirigentes opositores, que interpretaron la decisión como una maniobra para evitar que el funcionario enfrentara preguntas sobre las explicaciones brindadas en torno a sus ahorros, inversiones y patrimonio.

En ese contexto, el mensaje publicado por Adorni buscó dejar en claro que mantiene su voluntad de asistir al Congreso y cumplir con la obligación constitucional de informar sobre la marcha del Gobierno, mientras continúa la polémica política en torno a su situación.

El jefe de Gabinete se encuentra en el centro de la escena desde que se conocieron detalles de su declaración jurada y de las ganancias obtenidas mediante inversiones financieras, una situación que derivó en pedidos de explicaciones por parte de la oposición y abrió un nuevo frente de tensión para el oficialismo.

Mauro L. Muñoz

Sorpresivo giro en la agenda del Senado. Patricia Bullrich informó que Manuel Adorni no asistirá la semana que viene para otorgar el informe de gestión, que él mismo había confirmado para el jueves 2 de julio.

La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta explicó que fue ella misma quien decidió que el Jefe del Gabinete no asista porque, según su criterio, no tenía sentido que se exponga a una “carnicería”.

El episodio ocurre en medio de la tensión entre la jefa del bloque y el ministro coordinador. Días atrás, Bullrich había cuestionado públicamente los gastos que motivan una investigación judicial sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, y por eso la suspensión adquiere relevancia política.

Mientras la vice Victoria Villarruel, evalúa los pasos institucionales junto a los distintos bloques, la agenda de la Cámara quedó en duda ante la suspensión de la presentación de Adorni, que enfrenta a su vez maniobras de interpelación y moción de censura, a la vez que el oficialismo pretende tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Patricia Bullrich dijo que ella misma suspendió el informe porque no tenía sentido hacerlo venir a la Cámara alta para ser sometido a un castigo público. “Nadie quiere reconocerlo como jefe de Gabinete y no tiene sentido exponerlo a ocho horas de palos permanentes”, confirmó Bullrich en diálogo con La Nación, al salir de una reunión con senadores aliados.

Según la dirigente oficialista, se logró sellar un acuerdo con espacios dialoguistas para condicionar la interpelación, exigiendo mayorías específicas y así evitar que la oposición avance. En la negociación, Bullrich aceptó revisar el temario en labor parlamentaria para ganar tiempo y reducir el desgaste político del Jefe de Gabinete.

Bullrich dijo que optó por suspender la comparecencia en el Senado para proteger a Adorni de un posible enfrentamiento.

Sin embargo, desde el entorno de Adorni argumentan que la decisión correspondo solamente a una disposición de los legisladores: "Manuel no cancela nada, está siempre a disposición. Son ellos los que no lo quieren escuchar, pero cuando lo soliciten, va a estar", remarcó una nota de Infobae.

Hasta el momento, Adorni no informó formalmente a Villarruel sobre la decisión de no asistir, y en el círculo de la vicepresidencia se considera que tiene la obligación de presentar el informe en la Cámara. Desde la oposición consideran que, si no asiste, la situación política del Jefe de Gabinete solo empeora.

Previo a la suspensión del informe, Adorni mantuvo encuentros con senadores de La Libertad Avanza para discutir reformas y estrategias legislativas futuras.

Más temprano, Adorni se había reunido en la Casa Rosada con algunos senadores del bloque La Libertad Avanza en tres tandas, acompañado por la secretaria General Karina Milei y con la organización del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

A los encuentros asistieron representantes de provincias como Neuquén, Río Negro, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Chaco, San Luis, Salta, San Juan, La Rioja y Tierra del Fuego. El dato saliente fue que en ninguno estuvo presente Patricia Bullrich.

Según se dio a conocer, en las reuniones, el Jefe de Gabinete buscó conversar sobre la dinámica legislativa para el segundo semestre. Señalaron, además, que apuntó a definir objetivos para avanzar con reformas en el Congreso y a articular la postura del bloque frente a la interpelación que pesa sobre el Jefe de Gabinete.

(Por Mauro Muñoz) - El Senado de la Nación precipitó este jueves la votación del pliego de Verónica Michelli, cuya postulación buscaba ser retirada por el Gobierno Nacional por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La incorporación de ese dictamen fue adoptada tras una negociación en un extenso cuarto intermedio. La votación, finalmente, aprobó el pliego de con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

Antes del voto, la Jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresó su "objeción de conciencia" con la que tomó distancia de la postura del presidente Javier Milei. "Considero que las personas son únicas e irrepetibles, que no se puede generar una responsabilidad colectiva en algo que es una responsabilidad individual y, en consecuencia y siendo presidente de este bloque, me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli. Esa es mi posición”, dijo en su exposición.

Cómo votó cada senador a la candidatura de Michelli.

La sesión estuvo presidida por Bartolomé Abdala en un primer momento ante la ausencia de Victoria Villarruel, quien se incorporó minutos más tardes. Antes de ingresar al recinto, la vicepresidenta declaró ante los medios y apuntó contra Bullrich: "Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol“, señaló. Tras el cuarto intermedio, el oficialismo aceptó el procedimiento luego de que la jefa del bloque libertario anunciara un nuevo consenso para tratar todos los pliegos que cumplían plazos reglamentarios.

El acuerdo para sumar el pliego de Michelli al temario después de que la sesión derivara en un escándalo por un intento de modificación del plan de labor parlamentaria acordado previamente.

María Verónica Michelli, candidata a jueza federal de La Plata.

Después de una hora de cuarto intermedio, se terminó de confirmar el consenso para avanzar con el tratamiento de los 74 pliegos judiciales con dictamen de la Comisión de Acuerdos tras las audiencias públicas que se realizaron entre el 13 y el 15 de mayo. Bullrich anunció el nuevo consenso que habilitó el tratamiento de todos los pliegos con dictamen, y a pedido del kirchnerismo se sumó específicamente el dictamen de Michelli.

Debido a que el titular de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, recién comunicó este miércoles el dictamen sobre el pliego de Michelli, y que se requiere un lapso de siete días para que el despacho llegue al recinto, el pleno de la Cámara alta necesitó de dos tercios para avalar su tratamiento. La habilitación obtuvo el respaldo necesario con 63 votos a favor y solo 2 en contra de la Cámara y terminó de formar parte del paquete de acuerdos que se sometió a votación en la sesión.

El despacho del dictamen de Michelli había sido "pisado" en la Comisión de Acuerdos por pedido del Poder Ejecutivo, debido a la intención del Ejecutivo de retirar el pliego luego de haber obtenido dictamen con el justificativo de que la candidata como vocal del Tribunal Oral de La Plata por ser cuñada del periodista de La Nación con investigaciones sobre enriquecimiento sobre el entorno presidencial. Sin embargo, la postulante ya había recibido el respaldo de los nueve integrantes de la comisión, es decir, de forma unánime ante la falta de integración de senadores de UxP en ese ámbito, lo que derivó en una interna tanto en el propio bloque oficialista como en aliados parlamentarios.

Ahora, el conflicto entra en una fase de resolución incierta. Más allá del acuerdo del Congreso, el presidente puede en el carácter de su atribución de poderes como "Jefe Supremo de la Nación" optar por no firmar su pliego dejando en un "limbo jurídico" su postulación. Un antecedente similar ocurrió en 2011 con Juan Manuel Yalj para para ascender al cargo de camarista de la Cámara Federal de San Martín.

En la labor parlamentaria inicial se acordó 50 pliegos, pero el listado final ascendió a 73, y el consenso alcanzado en el recinto permitió que el oficialismo aceptó someter al plenario los expedientes que contaban con dictamen.

Entre los pliegos aprobados figuraron otros que estaban en el centro de la escena pública como el de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi —quien tiene a su cargo la causa Libra—, y Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

Además de la habilitación de los pliegos judiciales, el temario de la sesión del día incluyó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la ratificación de un acuerdo de pago por US$171 millones con los fondos Bainbridge y Attestor. El paquete aprobado evita, en el caso del acuerdo con Bainbridge y Attestor, medidas de embargo sobre activos públicos y cierra procesos de búsqueda de bienes, según lo consignado en el temario, y deja al Senado con la agenda judicial y financiera definida tras la votación.

Juan Pablo Peralta

Apenas sonaron los primeros atisbos de que Patricia Bullrich se iba a volver a diferenciar de los hermanos Milei, en este caso por el intento gubernamental de que cayera el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza federal -y familiar del periodista Hugo Alconada Mon-, uno de los más altos referentes del denominado ‘karinismo’ pasó por la Sala de Prensa de Casa Rosada para tirar una frase con respecto a la relación entre la veterana dirigente; el Presidente, y su hermana: “Se rompe pero no se dobla”.

A esas alturas, la ex ministra de Seguridad de la Nación ya se había expedido sobre la dilatada Declaración Jurada de Manuel Adorni y ahora volvía al ruedo individual de plantear la ‘objeción de conciencia’ a la hora de sostener el respaldo a la abogada que ya superó la instancia de la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario riojano, Juan Carlos Pagotto, y que asimismo, contó con nueve firmas, entre las que se cuentan las de mileístas, radicales y macristas.

Hace unos meses atrás, en el ala sur de Balcarce 50, una voz oficial se animaba a cuestionar en modo ‘baja intensidad’, la capacidad de la ex titular del PRO para posicionarse mediáticamente por sobre muchos de los funcionarios violetas y de otros partidos. “A ‘Pato’ le gusta el protagonismo, es una de sus formas de hacer política, y hay que reconocerle que con eso mal nunca le fue. Acá está todo bien mientras no contradiga los postulados de nuestro líder, porque de esa manera suma… ¿Quién no quisiera tener a una dirigente dotada de tanta experiencia jugando en su equipo?”, se preguntó el joven militante de Las Fuerzas del Cielo, que tuvo idas y vueltas con ella, en particular cuando ocurrió el incidente con el fotógrafo Pablo Gallo, que casi pierde la vida en uno de los operativos de las fuerzas federales -que en ese momento estaban a su cargo-en las marchas en el Congreso.

Javier Milei junto a Karina Milei. Crédito: REUTERS/Mariana Nedelcu

Esa imposición en referencia a cómo se debían empezar a ejecutar los esquemas y anillos de seguridad en torno al Parlamento cada vez que hubiera movilizaciones fue un detonante en la relación de Bullrich con el ‘Triángulo de Hierro’. A partir de allí, y como flamante afiliada a La Libertad Avanza, los Milei decidieron enviarla a ser candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y promover a su segunda, Alejandra Monteoliva, en el cargo que tuvo que dejar a regañadientes. Pese a ser premiada como jefa de bloque libertaria, en la sede ejecutiva, detrás de las exaltaciones públicas que el primer mandatario hace de su gestión y figura, no son pocos los que todavía hoy sostienen que quien de verdad llevó adelante el proceso de la casi eliminación de los piquetes y hasta el Plan Bandera fue la actual responsable de la cartera, de quien siempre se supo que se cobijó desde el principio bajo el ala de Karina, la secretaria General de la Presidencia.

Las causas judiciales contra el vocero y jefe de Gabinete Adorni, el único potencial rival libertario que tenía la actual legisladora, reavivó la posibilidad de una Patricia Bullrich yendo a disputar la jefatura del gobierno porteña, con o sin el respaldo del mileísmo. “Ella nunca cortó lazos con los principales referentes del macrismo, hablo en especial de Cristian (Ritondo), pero nosotros tampoco, y es con él con quien hemos tenido la mejor relación por fuera de los caprichos y celos de Mauricio”, expresó uno de los colaboradores ministeriales que entra y sale permanentemente del despacho de Santiago Caputo.

El titular de la bancada amarilla nunca entabló un buen vínculo con los primos Menem, de hecho, le ha tocado apuntar al mandamás de la Cámara baja cuando su fuerza quedó afuera de la Bicameral de Inteligencia, o en los últimos días, tras declaraciones de la misma voz riojana, que declaró que una plausible candidatura del otrora mandatario de Cambiemos beneficiaría al kirchnerismo.

Patricia Bullrich. Crédito: REUTERS/Mariana Nedelcu

Tras amagar con no invitarla a la reunión de Gabinete del 25 de mayo pasado, y tampoco al cónclave de Mesa Política de la jornada posterior, el presidente Milei tuvo que recalcular e ir contra los deseos de su hermana y proceder a convocar a su ex adversaria en las elecciones presidenciales de 2023 a los dos eventos. Hasta hubo foto en el balcón de la Rosada. “Esta semana no habrá encuentro con ministros ni mesa política ampliada”, anunció uno vocero informal de la Secretaría General, que minimizó las divergencias con una de las principales aliadas que tiene la administración central.

“Nadie va a romper nada. Patricia y Karina saben que nuestro principal enemigo es el populismo que proponen los kirchneristas con sus satélites naturales de la izquierda y de las pocas fuerzas provinciales que los bancan a sabiendas de que se están perjudicando. Ahí lo tiene a Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra de Fuego) y a otros más, como el pampeano (Sergio) Ziliotto predicando el antimileísmo, pero que detrás de cámara tratan de no quedar afuera del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) a toda costa. Muchos no reconocen que hablan con nosotros porque quieren mantener esa pequeña base cristinista en sus distritos, que ya no saben si les garantiza triunfos, y que además se va desintegrando con el correr del tiempo”, concluyó la garganta oficial.

Por lo pronto, Bullrich salió a tranquilizar las aguas asegurando que “no hay riesgo de fractura” en el bloque libertario, e inclusive arrojó flores a las intenciones del Gobierno nacional de mejorar el Poder Judicial. No son pocos los que fueron al archivo de la ex ministra de trabajo de Fernando de la Rúa y recordaron cuando hasta antes de los comicios -en donde fue derrotada por Milei- negaba sistemáticamente diferencias con Mauricio Macri y con Propuesta Republicana, lugar del que se fue sin remordimientos, pero dejando aliados que insisten en que debe postularse otra vez para disputar la primera magistratura.

Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei. pic.twitter.com/kPo5FebOQO

“Es otro contexto, Patricia y Mauricio nunca tuvieron diferencias de fondo, si se quiere cometieron el error de caer en el pecado de la vanidad, pero ese error le abrió las puertas a Milei. Hoy maduraron y son conscientes de que otros cuatro años de esto no beneficia a nadie, por eso tienen un compromiso con sus trayectorias y con el país”, sentenció un legislador del PRO que ya no visita la Casa de Gobierno pero que mantiene amistad con muchos hombres y mujeres que participan de la gestión, haciendo equilibrio entre el pasado cambiemita y el presente libertario.

La senadora nacional Patricia Bullrich (LLA) sigue anotando "desmarcaciones", por no decir diferencias, con la cúpula del gobierno nacional. Aunque no es la única y ya se verá por qué.

El año pasado fue por el caso del ex diputado José Luis Espert a quien, luego del respaldo obtenido por parte del presidente Javier Milei, le pidió explicaciones tras quedar expuesto por sus vínculos por Fred Machado, investigado en EE.UU por lavado de dinero y fraude.

Después fue el tema Adorni: Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada aún antes del plazo de vencimiento y reclamó la misma actitud al Jefe de Gabinete, a quien se investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En las últimas horas, la ex presidenta del PRO le presentó su renuncia como jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta al propio Milei quien, según afirman medios nacionales, no se la aceptó.

¿Las razones? Su disconformidad con la decisión de retirar el pliego, ya evaluado y aprobado por la Comisión de Acuerdos junto con otras 70 postulaciones, de María Verónica Michelli para jueza de la ciudad de La Plata.

Michelli transitó sin sobresaltos la audiencia pública en la que se postuló para el cargo pero el proceso para su designación, que tiene que completar el Senado, quedó en suspenso, según coinciden todas las versiones, por ser pariente política de Hugo Alconada Mon, reconocido periodista que investigó, entre otros temas, el caso $Libra.

Un dato: este martes Michelli fue recibida por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado Victoria Villarruel, distanciada desde hace largo tiempo de los hermanos Javier y Karina Milei.

Así las cosas, este miércoles antes del mediodía la ex ministra de Seguridad del gobierno libertario arribó al Senado para participar de la reunión de labor parlamentaria en la que se definirá el temario para la sesión que, en principio, se concretará este jueves.

Antes de ingresar fue consultada por la decisión que adoptó en las últimas horas y si esa renuncia a la jefatura del bloque entrañaba una ruptura con el Ejecutivo. "De ninguna manera", afirmó para agregar que "las divergencias son parte de la vida política".

Bullrich se refirió de ese modo a su decisión de ejercer "la objeción de conciencia" para rechazar el pedido del Gobierno de retirar el pliego.

"De ninguna manera hay una fractura, el bloque está consolidado en sus ideas, tiene un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado", manifestó Bullrich en diálogo con el periodismo, tal cual recoge la Agencia Noticias Argentinas.

Además, anticipó que "este jueves vamos a tener una sesión muy importante, porque no vamos a parar nuestra labor ni por el mundial, vamos a seguir trabajando", en alusión a la compulsa mayor del fútbol que arranca el 11 de junio.

Para la sesión a la que alude está previsto incorporar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el Acuerdo de Conciliación con los holdouts, además de los cargos judiciales ya convalidados, menos el pliego de Michelli que quedará en suspenso para la próxima semana.

En su voluntad de mostrar apoyo a presidente Milei, a quien se sumó en 2023 para confrontar a la oposición en el ballotage, aseguró que "este es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con subrogantes, con problemas, con jueces que tienen que viajar 1.000 kilómetros de un lugar a otro".

Explicó que debido a la gran cantidad de pliegos enviados al Congreso "en la masividad puede haber habido algún problema", pero aclaro: "Yo lo dije con claridad y punto, el Presidente lo sabe".

Precisamente, este miércoles el PEN envió otros 32 pliegos.

Bullrich no es la única legisladora dispuesta a contradecir el retiro del pliego en cuestión, ni siquiera dentro de su partido.

El formoseño Francisco Paoltroni también manifestó su decisión de no acompañar la medida presidencial. "Yo tengo una línea en la que, cuando no estoy de acuerdo con algo, planteo mi disidencia. Ya lo hice con (Ariel) Lijo y con (Manuel) Adorni, que no presentó su declaración jurada".

"Vengo acompañando todo, sobre todo con la decisión económica, pero hay algunas cosas de moral de política de Estado en donde doy mi opinión y no por eso soy opositor, ni enemigo y no quiero generar daño", aclaró.

Desde el radicalismo, la santafesina Carolina Losada anticipó que el bloque que integra tampoco va a apoyar el retiro del pliego. Y por el PRO se manifestó a primera hora el presidente del bloque, Enrique Goerling Lara.

Poco después se supo que la misma línea seguirá la senadora Flavia Royón, del monobloque Primero los Salteños.

Por ahora, oficialismo y oposición hacen cuentas. Para la sesión de este jueves y para 2027.

La senadora nacional Patricia Bullrich, miembro del círculo de poder oficialista, le habría presentado la renuncia al presidente de la Nación, Javier Milei.

El hecho se desencadenaría por el desacuerdo de la legisladora con la decisión de la presidencia de intentar vetar el pliego ya enviado y tratado en el Senado para el cargo de jueza federal de Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Patricia Bullrich. Crédito: REUTERS/Matias Baglietto

Según una información publicada por La Nación, Bullrich le habría propuesto a Milei la renuncia a la jefatura de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta.

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, escribió Patricia en X este lunes.

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, agrega el mensaje.

“Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden”, sigue la publicación.

“Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, agregaba el texto.

Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar…

En base al mismo medio citado, y casi en los mismos términos del posteo, “Pato” les contó a los legisladores que iba a votar en contra del retiro del pliego de Michelli y que ya había hablado del tema con el Presidente.

El presidente Javier Milei tiene una imagen negativa en la ciudadanía de un 55,6 por ciento, con una positiva de solo 36,1 por ciento, mientras que la ex presidenta Cristina Kirchner continúa liderando el ranking de gobiernos asociados a hechos de corrupción, con un 44,4 por ciento, según una encuesta.

Asimismo, el sondeo muestra que respecto del caso de Manuel Adorni, investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito, lo que más molestó a la ciudadanía fue “El uso de los recursos públicos” en beneficio personal, según la opinión del 39,3 por ciento de los consultados.

Así lo expresa una encuesta realizada por la consultora Giacobbe y Asociados, con trabajos de campo generalmente cercanos al Gobierno, en la que sobresale como la figura con mejor imagen positiva la senadora nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con un 37,2 por ciento.

En esa lista la siguen el gobernador bonaerense, Axel Kicillof con un 34,8 por ciento de imagen positiva (50,8 negativa); Cristina Kirchner con 26,8 de positiva (55,2 negativa), y la vicepresidenta Victoria Villarruel con un 20,6 de imagen positiva (65 negativa).

El estudio consultó a los ciudadanos a nivel emocional sobre la situación del país, con un esquema de “nube de palabras”, en el que sobresalen como las más elegidas “Incertidumbre”, “Esperanza” y “Tristeza.

La encuesta realizó una consulta específica sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acerca de sus viajes al exterior y la compra de inmuebles que investiga la Justicia, para analizar qué fue lo que más molestó a la ciudadanía.

De las repuestas surge que el primer lugar está encabezado por “El uso de recursos públicos”, en beneficio propio del funcionario, que fue la respuesta elegida por un 39,3 por ciento de los encuestados, especialmente entre quienes tienen una imagen negativa del Gobierno (59,8 por ciento).

Le siguen “La contradicción política” entre los dichos y la conducta de Adorni, que fue elegida por un 33,9; y finalmente “La cobertura de los medios”, opción que señaló un 17,3 por ciento, una cifra que abarcó al 42,6 por ciento entre los seguidores de Milei y La Libertad Avanza.

Finalmente, la encuesta midió cuál fue, en opinión de los consultados, el Gobierno cuya imagen está más asociada con hechos de corrupción desde la vuelta de la democracia en 1983, y la mayoría eligió a la presidencia de Cristina Kirchner.

De esta forma el primer lugar lo ocupa la ex mandataria actualmente detenida con prisión domiciliaria con un 44,4%. El segundo lugar lo ocupa Javier Milei con un 31,3, seguido por Carlos Menem con un 8,4 y Mauricio Macri con un 5,7.

Entre los evaluados se incluyó a los ex presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando de la Rúa (1999-2001), ambos pertenecientes a la Unión Cívica Radical, con una imagen casi no relacionada por los encuestados con hechos de corrupción, que obtuvieron un 0,0 y un 0,6 por ciento, respectivamente. NA

Agostina Páez se reunió este 2 de abril con Patricia Bullrich tras regresar a la Argentina luego de pagar la fianza en Brasil donde permaneció detenida por más de tres meses por actos racistas.

La senadora y ex ministra de Seguridad, jefa del bloque de La Libertad Avanza, recibió a la joven abogada en un encuentro que quedó registrado en un video publicado en la red social X y mostró el saludo y el abrazo entre ambas.

Bullrich abrazó a Agostina y pronunció “¡Vamos, qué alegría!”, mientras la abogada santiagueña, estaba acompañada por su padre Mariano Páez y por Sebastián Robles, uno de sus defensores.

Agostina Páez regresó a la Argentina tras permanecer más de tres meses detenida por racismo en Brasil y pagar una fianza millonaria para ser liberada.

Tras el abrazo se sentaron en un bar porteño y hablaron sobre la situación judicial de la joven. Bullrich dijo: “Estoy muy contenta de que estés acá” y valoró el accionar del consulado, al afirmar que “se portó muy bien”, además de referirse al tiempo que la abogada permaneció Detenida con la exclamación “¡Tres meses!”; Páez respondió que “a mí se me frenaron los días por tres meses”.

El video publicado por Bullrich en la red social X mostró el abrazo entre la senadora y la abogada, y captó el saludo público de la dirigente a la joven Detenida en Brasil. Patricia Bullrich indicó en la grabación su alivio por el regreso y transmitió ánimo a Agostina.

La líder del bloque de La Libertad Avanza acompañó el gesto con palabras de contención y con declaraciones sobre el papel del consulado argentino en Río de Janeiro durante la detención de la abogada.

En el encuentro Bullrich también afirmó a la abogada que “Viviste una experiencia que te va a fortalecer en la vida. Con todo, con fuerza”, una expresión de apoyo que figura en las declaraciones difundidas por la jefa del bloque tras el saludo.

Agostina Páez estuvo Detenida en Río de Janeiro tras un episodio filmado en la salida del Barzin Bar, y permaneció en Brasil desde el 14 de enero, según las crónicas sobre el caso. Inicialmente se la acusó de Tres hechos de injuria racial, y la fiscalía los agrupó como un solo hecho en continuado en perjuicio de Tres personas.

La Justicia de Río dispuso su liberación luego de que pagara una fianza de 18.500 dólares y le retiraran la tobillera electrónica; además se acordó que deberá cumplir tareas comunitarias en Argentina y efectuar una reparación económica a las víctimas, cuyo monto fue informado como cercano a 150.000 dólares según versiones difundidas.

Durante la detención Páez declaró haber vivido amenazas y definió lo sucedido como “la peor experiencia de mi vida”; la defensa presentó un hábeas corpus que fue aceptado por un magistrado, lo que permitió el regreso de la abogada a la Argentina.

Como consecuencia institucional, Bullrich destacó la intervención del consulado y el caso abre seguimiento público sobre procedimientos en Brasil; en lo personal, Páez indicó que pasará la noche en Buenos Aires y continuará viaje hacia Santiago del Estero para recuperarse y volver a trabajar.

Un fallo judicial dio la razón al Gobierno nacional, y dejó sin efecto una resolución previa que había declarado la nulidad del llamado “Protocolo Antipiquetes”, dictado por el Ministerio de Seguridad para sustentar el accionar de las fuerzas federales en casos de protesta social.

El pronunciamiento se produjo tras una presentación del Poder Ejecutivo por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán.

La novedad fue difundida por el Ministerio de Seguridad, que hoy conduce Alejandra Monteoliva, la cual señaló que el fallo de la Cámara reconoció que "se trata de una herramienta dirigida a las Fuerzas de Seguridad para intervenir frente a situaciones que afectan la circulación y el uso del espacio público, en el marco de la ley".

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad enfatizó que las fuerzas federales continuarán interviniendo "cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar garantizar el orden y hacer cumplir la ley".

La primera en hacer eco de la medida fue la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, principal promotora del protocolo, quien salió a celebrar la decisión de la Justicia.

"Nos decían tontos y que era imposible terminar con los piquetes. Lo hicimos. La Justicia vuelve a poner las cosas en su lugar: el protocolo es la herramienta para hacer cumplir la ley frente a grupos que viven de bloquear, extorsionar y tomar de rehén a millones de argentinos que quieren trabajar y circular", remarcó la ex funcionaria, y sentenció: "ORDEN".

Prácticamente en simultáneo, la ministra Alejandra Monteoliva enfatizó que la Justicia "le dio la razón al Gobierno nuevamente" y remarcó que "el protocolo sirve para terminar con los cortes y defender la libertad de quienes quieren circular, trabajar y vivir en paz".

La causa se originó en una acción de amparo colectivo promovida por organizaciones sociales que cuestionaron la validez de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad (que aprobó el referido protocolo), al entender que implicaba una restricción indebida de derechos constitucionales como la protesta, la libertad de expresión y el derecho de reunión.

En primera instancia, el Juzgado Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11 había hecho lugar a la demanda, declarando la nulidad del protocolo.

El juez consideró que la resolución excedía las competencias del Poder Ejecutivo al regular, bajo la apariencia de instrucciones internas, derechos constitucionales como el de reunión y petición, reservados a la ley del Congreso. Asimismo, el fallo de grado había sostenido que la norma modificaba el alcance del artículo 194 del Código Penal y adolecía de vicios en su motivación y razonabilidad.

El Estado Nacional apeló esa sentencia, planteando como agravios centrales la improcedencia de la vía de amparo y la ausencia de ilegitimidad manifiesta en el protocolo.

Argumentó que la resolución 943/23 es un acto administrativo válido, dictado dentro de sus facultades legales, que no restringe derechos sino que busca garantizar la seguridad y la libre circulación, en un contexto de conflictividad social recurrente.

En su dictamen, el fiscal Rodrigo Cuesta opinó que correspondía desestimar el recurso de apelación del Gobierno y dejar firme la sentencia que declaró nulo el protocolo antipiquetes.

Para el funcionario, la resolución del Ministerio de Seguridad excedió sus facultades al intentar regular derechos fundamentales mediante una normativa administrativa que, en la práctica, anuló garantías constitucionales básicas.

El dictamen reconoció que el derecho a la protesta no es un delito, sino un ejercicio legítimo que debe ser protegido incluso cuando entra en tensión con la libre circulación.

Cuesta remarcó que el Estado tiene la obligación de realizar una evaluación adecuada en cada conflicto de derechos, pero subrayó que la reunión y la expresión social tienen un carácter "preferencial" dentro del sistema legal argentino.

Uno de los puntos más severos del texto apuntó contra la "automaticidad" de la represión. El fiscal advirtió que el protocolo obliga a una intervención policial inmediata ante cualquier afectación de la vía pública, sin analizar las circunstancias ni la legitimidad del reclamo.

Esta mecánica, según el dictamen, resultó “incompatible con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que exige la Constitución”, transformando a las fuerzas de seguridad en jueces de hecho sobre la vía pública.

Los integrantes de la Sala III de la Cámara no compartieron los argumentos del fiscal y, conforme a lo solicitado por el Gobierno, decidieron revocar la sentencia de primera instancia. Tal como consigna el sitio especializado Palabras del Derecho, los magistrados fundamentaron su decisión en varios ejes.

En primer lugar, destacaron la presunción de legitimidad que asiste a los actos administrativos (art. 12 de la ley 19.549), la cual impone a quien cuestiona la norma la carga de probar sus vicios, extremo que consideraron no acreditado.

Sobre la competencia, señalaron que la resolución se dictó en virtud de las atribuciones conferidas al Ministerio de Seguridad por la ley 22.520 de Ministerios (arts. 4, inc. b, ap. 9 y 22 bis), que lo facultan a impartir instrucciones y coordinar a las fuerzas federales.

En cuanto a la motivación, la Cámara sostuvo que los considerandos de la resolución 943/23 explican con claridad las razones que llevaron a su dictado, haciendo referencia a la "urgencia" de la situación, la recurrencia de los cortes de tránsito y la necesidad de brindar certidumbre a las fuerzas de seguridad.

Respecto al fondo de la regulación, el fallo señaló que el protocolo no regula derechos constitucionales de manera general, sino que establece pautas de actuación ante la comisión de un delito flagrante (art. 194 del Código Penal), orientada a despejar las vías de circulación y con el deber de utilizar la mínima fuerza necesaria.

El tribunal concluyó que, en este marco, la resolución constituye una limitación legítima de derechos, que no son absolutos, en consonancia con el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El tribunal también rechazó el argumento de la parte actora sobre la supuesta invasión de competencias penales, remitiéndose a un fallo previo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que había declarado que la resolución no era materia de hábeas corpus y que su análisis correspondía al fuero contencioso administrativo federal.

El cada vez más potente sector ganadero de Expoagro 2026 volvió a ser la vidriera nacional de la gran producción de carne argentina, y este año el IPCVA presentó un stand institucional, apuntalando el trabajo de los productores y de la industria frigorífica.

El espacio de la carne argentina fue concebido como un centro de reuniones para informar a los visitantes sobre el trabajo que realiza el instituto, con un gran sector para degustaciones al paso con la mejor carne del mundo.

“Trasladamos la agenda del Instituto a la expo y pudimos mostrar el trabajo del IPCVA en todos sus ámbitos: promoción interna, promoción externa, investigaciones, desarrollo, con el firme convencimiento de que tenemos que trabajar para aumentar la producción”, comentó Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

En conjunto con la Secretaría de Agricultura de la Nación, se realizaron reuniones de trabajo con legisladores nacionales, como la senadora Patricia Bullrich, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entre otros diputados, senadores y autoridades provinciales.

Es así como, en conjunto con la Secretaría de Agricultura de la Nación, se realizaron reuniones de trabajo con legisladores nacionales, como la senadora Patricia Bullrich, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entre otros diputados, senadores y autoridades provinciales.

También se recibió la visita de una delegación de la China International Import Expo (CIIE) y se llevó a cabo un encuentro para más de treinta embajadores de todo el mundo que recorrieron la feria.

Las entidades del campo tuvieron en el stand del IPCVA un lugar de encuentro y diálogo, con la participación de Andrea Sarnari (presidente FAA), Carlos Castagnani (presidente CRA) y Lucas Magnano (presidente Coninagro), entre otros dirigentes sectoriales.

En conjunto con la Secretaría de Agricultura de la Nación, se realizaron reuniones de trabajo con legisladores nacionales, como la senadora Patricia Bullrich, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entre otros diputados, senadores y autoridades provinciales.

El IPCVA también acompañó el ciclo “Ganadería moderna”, organizado por le Asociación Braford Argentina, y presentó la ponencia “Storytelling que se audita: Imágenes satelitales, IA y trazabilidad para vender carne argentina en Europa”, a cargo de Gerardo Leotta, Consorcio ABC, y Adrián Bifaretti, jefe de promoción interna del Instituto, quienes disertaron en el Auditorio Carne Argentina de la muestra.

Y, como siempre, la carne argentina fue la gran estrella, con numerosas degustaciones al paso de bife angosto, bife ancho, asado, colita de cuadril y picaña.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este jueves que el oficialismo logró el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, que será tratado en el recinto la semana próxima.

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó desde sus redes sociales.

La legisladora planteó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

La publicación de Bullrich.

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei desde Estados Unidos: "TMAP. VLLC!". El "TMAP" significa "todo marcha de acuerdo al plan" y se le suma el ya tradicional "viva la libertad carajo".

La Cámara de Diputados sancionó el jueves último por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La publicación de Milei.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

(Por Juan Pablo Peralta) - Este martes se desarrolló una nueva reunión de la Mesa Política en Casa Rosada. En ella volvieron a participar los popes de La Libertad Avanza liderados por Karina Milei (secretaria General de la Presidencia); el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el principal asesor gubernamental Santiago Caputo; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Del cónclave no se comunicó qué es lo que se había definido con respecto al tema que más resistencias generó entre los gobernadores acuerdistas, nos referimos a la baja fiscal de fondos coparticipables en materia de Ganancias a las sociedades comerciales. Los operadores oficialistas habían dejado circular –a modo de globo de ensayo- la posibilidad de segmentar la disminución del gravamen hacia adelante, mientras que los gobernadores rápidamente salieron a comunicar que habían sido notificados de que el apartado iba a ser retirado del escrito original. De hecho, varios mandatarios provinciales se mostraron de acuerdo con la propuesta de recibir -a modo de compensación- Aportes del Tesoro Nacional; Obra Pública y/o partidas discrecionales. Sin embargo, la comandancia libertaria no aceptó que tales giros quedaran comprometidos por escrito.

La Mesa Política volvió a reunirse este martes en Casa Rosada a las puertas del debate por la Reforma Laboral en el Senado.

Horas más tarde fue la propia Bullrich, cabeza de la bancada libertaria, quien anunció en conferencia de prensa en el Congreso que dicha reducción queda postergada a la espera de que el Parlamento reformule un sistema integral de descenso tributario. La funcionaria que hasta hace poco ocupó la cartera de Seguridad nacional expresó que la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene por objetivo eliminar la industria del juicio, aclarando que –en todo caso- "los haya cuando tenga que haber o frente a una injusticia", pero fuera de la lógica que, según señaló, se viene dando hasta ahora.

En ese marco, enfatizó que el proyecto del mileísmo apela a un sistema bien claro de actualización de créditos laborales que tiene en cuenta el grado de contingencia de las empresas. Ahora será determinado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) + el 3%. Otro punto, es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), propuesto por integrantes de la UCR, que determina un 1% para grandes firmas y un 2,5% para Pymes, mini Pymes y medias, “que puede llegar a 1,5% para las de mayor porte al 3 por ciento”, y que será financiado con recursos de la ANSES. Esto se realizará con mecanismos de control de una comisión bicameral y la de previsión social.

Bullrich específico que, asimismo, habrá un registro laboral simplificado y digital para no tener contrapuntos en materia de las registraciones, algo en lo que trabajará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). También comunicó que se han delimitado los beneficios sociales -no remunerativos- para el trabajador (comedores, reintegros médicos, comedores, guarderías, útiles escolares, capacitación, etc.).

Bullrich, junto a los Senadores del Bloque LLA y sus aliados, presentó los cambios más importantes a la reforma laboral.

En referencia al Banco de Horas, la senadora puso como ejemplo cuando los padres quieren asistir al acto de jura a la bandera de su hijo, entonces deben pedir media jornada. Con la nueva ley, lo podrán hacer y después compensar ese tiempo sin perder el presentismo, “hoy lo pierden”, reforzó Bullrich. A la vez tocó el tema de las vacaciones, argumentando que los tres meses del verano eran un problema y ahora serían segmentadas (de aprobarse el proyecto), pudiendo incluir los períodos de descanso invernal. En esa línea, defendió la propuesta oficial resaltando que “damos condiciones para que puedan formalizar a los trabajadores”.

Acerca de los convenios aclaró que se hará una prelación, es decir que el acuerdo colectivo de trabajo de menor jerarquía –o por empresa- tendría prevalencia por encima del convenio mayor, o como se lo denomina ‘por actividad’. Esta opción busca descentralizar las negociaciones con la finalidad de permitir acuerdos más flexibles y adaptados a cada compañía.

En la rueda con el periodismo, la dirigente que fue presidenta del PRO y ahora pertenece a LLA, manifestó que son 28 las modificaciones consensuadas con la Unión Cívica Radical; Propuesta Republicana y varios partidos provinciales. Lo denominó “un gran acuerdo”, consignando que se trata de “un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”.

Tras la reunión de Labor Parlamentaria que tuvo lugar esta tarde en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Bullrich se mostró con los presidentes de otros bloques, tal el caso del radical Eduardo Vischi y Martín Göerling Lara del macrismo, entre otros. Ahora falta leer cómo queda establecido el texto final que mañana podría recibir media sanción y pasar rápidamente a Diputados.

Mauro L. Muñoz

Habilitado formalmente el período de las sesiones extraordinarias, Patricia Bullrich pisa el acelerador por la reforma laboral con la meta puesta en llevarla al recinto el próximo 11 de febrero.

Este martes, la jefa de bloque libertaria volvió a reunirse con referentes de los bloques “dialoguistas” del Senado. La reunión arrancó a las 15 y se extendió casi tres horas en el despacho de la jefatura de bloque de la UCR, que encabeza Eduardo Vischi. En esa mesa se sentaron también Luis Juez, Carlos Arce y Edith Terenzi.

A la salida, habló con la prensa y se mostró confiada. Dijo que formalizará el pedido de sesión para el miércoles 11 de febrero con la expectativa de llegar con los acuerdos cerrados. “Hemos consolidado un equipo que quiere que haya cambios en el país. Esta ley va a ser histórica”, sostuvo. “Estuvimos revisando artículo por artículo y vamos a llevar un acuerdo consolidado”, insistió.

Bullrich aseguró que “tenemos los números necesarios y los compromisos” para sesionar. “De acá al viernes vamos a terminar de hacer la redacción final y el lunes vamos a pasar a cerrar el dictamen definitivo. Hemos aceptado muchas propuestas en distintos artículos”, reconoció.

Consultada sobre esos cambios, optó por no revelarlos hasta que no esté asegurada su reformulación: "Los cambios los tenemos bajo 4 llaves". El proyecto ya cuenta con dictamen logrado a fines de diciembre, pero Bullrich admitió que “seguramente va a ser modificado”, aunque aclaró: "los vamos a dar a conocer en el recinto para mantener el acuerdo entre todos”.

Bullrich también reunió al bloque libertario de la Cámara alta para coordinar la estrategia en defensa de la reforma laboral de cara a la sesión prevista para el 11 de febrero.

Las propuestas de modificaciones serán trasladadas a la “mesa política” del Gobierno, que se reunirá este miércoles, encabezada por la secretaria de la Presidencia Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y que integran también el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli, el asesor presidencial Santiago Caputo; Ignacio Devitt secretario de Asuntos Estratégicos y Martín Menem junto a Bullrich en sus respectivos roles parlamentarios.

El centro de las conversaciones sigue siendo el capítulo impositivo: la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas, un tributo coparticipable que impacta en la recaudación provincial. Bullrich lo reconoció ante la consulta de los periodistas que la esperaban afuera del Congreso: “Es un debate que se está dando entre el ministro del Interior, el Ministro de Economía y los gobernadores”.

El proyecto, según lo que se viene discutiendo, plantea una baja de alícuotas en segunda y tercera categoría para sociedades (del 30% al 27% y del 35% al 31,5%). En términos absolutos, los gobernadores estiman un golpe directo a sus cajas: se habla de una merma del orden de $144.000 millones mensuales.

Consultada sobre si los cambios en Ganancias dependen del visto bueno de Caputo, Bullrich contestó: “Estamos todo el tiempo discutiendo. Yo estoy como responsable en el Senado. Nada va contra nuestra principal bandera que es el superávit fiscal, pero también es cierto que en esta ley estamos planteando baja de impuestos que es otra de nuestras prioridades. Todas esas cosas están en línea con el Ministro de Economía”.

Además de Ganancias, otro punto que genera ruido es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado como un nuevo régimen de indemnizaciones financiado con recursos de Anses. Los bloques dialoguistas habían planteando en la primera reunión sus dudas sobre el alcance de este mecanismo, y en las conversaciones apareció como sugerencia acotar el beneficio —al menos— a pequeñas y medianas empresas. Otro cambio que será materia de discusión de la Mesa Política.

Adorni y Santilli recibieron al gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, en el marco de la ronda de diálogos por la reforma laboral. Llegó después de dos audiencias fallidas, una por cuestiones de índole personal y otra por las inclemencias climáticas que golpearon a su provincia. Esta vez, llegó con reclamos hasta la Casa Rosada.

Ziliotto planteó reparos sobre la reforma laboral en la reunión con Adorni y Santilli.

“Una reforma laboral es algo que tiene que beneficiar a todos”, planteó respecto al proyecto que es el eje del temario del Ejecutivo, y cuestionó que el articulado haya sido diseñado por Federico Sturzenegger y Caputo sin una participación amplia. “Que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente la redacción, tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice con esa premisa”, apuntó.

Ziliotto pidió ampliar el debate, sumando a los actores sociales: mencionó a la CGT y a CAME como espacios que ya reclamaron ser escuchados. Y fue por más: “Siempre hay que plantear que la generación de trabajo no pasa por la modificación de una ley, tiene que ver con las relaciones laborales, con la economía. Esto no soluciona absolutamente nada, menos como está”.

El gobernador también volvió sobre un tema que es recurrente en varias provincias: la deuda previsional, en el marco de las provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación. Su administración la cifra en $400.000 millones. Además, sumó pedidos concretos en el esquema de cancelación: la transferencia de una operatoria de 636 viviendas del Procrear para que la provincia las termine y administre, además del reclamo por rutas nacionales.

En cuanto al reclamo de Ganancias, Ziliotto era uno de los gobernadores que tenía previsto participar en una nueva cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para unificar reclamos que tienen para con el oficialismo. En principio, la cita también está prevista para este miércoles; sin embargo, no hubo confirmación de quiénes asistirán y es una incógnita si finalmente se llevará a cabo.

El gobernador de Santa Fe ratificó su posición a favor de promover la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad en el país, aunque advirtió que su planteo no se centra exclusivamente en los años del menor, sino en la gravedad del delito que eventualmente comete. Consultado por El Litoral, confirmó que se reunirá con los legisladores del bloque de Provincias Unidas y, si es convocado, concurrirá como orador al Congreso de la Nación cuando se dé el debate.

Tras recorrer las obras de refacción del edificio de "El Comercial" en esta capital y en diálogo con la prensa, Maximiliano Pullaro planteó que su posicionamiento a favor de discutir la edad de imputabilidad lo sostiene desde hace años; y recordó las críticas que recibió en dicha circunstancia.

El gobernador anticipó reuniones no descartó exponer en el Congreso. Foto: Guillermo Di Salvatore

"Esto para mí no es un tema coyuntural ni de agenda política por el caso Jeremías. Yo lo vengo planteando desde que era ministro de Seguridad desde la dificultad que tiene el Estado de poder encarcelar, detener y aislar de la sociedad a personas que cometen delitos violentos extremos. Este planteo lo hice y fui muy pero muy criticado por todo el sistema garantista judicial y político que había en la República Argentina.

A mí me destrozaron. Hace 6 o 7 años atrás, cuando empecé a plantear este tema, me destrozaron - manifestó-. Me pegaban por izquierda y por derecha".

"Este debate lo vengo dando desde cuando todo el sistema político me destrozaba – insistió-. Y muchos medios de comunicación también hablaban muy mal de mí. Hace dos años, cuando Patricia Bullrich me pidió que fuera a defender la Ley Antimafia, volví a plantear el tema y otra vez fui muy criticado por haberlo hecho de esa manera", expresó.

Sobre la base de lo expuesto, Pullaro adelantó que se reunirá con los legisladores nacionales de su sector para ratificar su postura.

"Repito - diferenció-, hablé de esto cuando nadie en la República Argentina lo hacía. Y lo voy a volver a hacer si soy citado. Por supuesto que voy a hablar con los legisladores de Provincias Unidas y les voy a dar mi posición, que no significa que sea la posición de todos. La construcción de seguridad amerita adecuar las normas a los momentos que estamos viviendo".

"El Código Penal -sostuvo- se pensó para un momento determinado y para delitos determinados hace mucho tiempo atrás. Hoy, la criminalidad cambió; la criminalidad organizada tiene una estructura diferente y por supuesto que si soy convocado (para hablar en el Congreso), voy a estar presente", añadió.

Y concluyó en que "voy a ir a defender esto, si es que me lo piden los legisladores, pero mínimamente voy a ir a hablar con el bloque de diputados nacionales (de Provincias Unidas) y les voy a dar mi posición".

El mandatario aludió a las organizaciones criminales que "se ufanan o se jactan de tener menores para cometer delitos violentos". Y frente ello, advirtió que "el Estado no puede ser el estado bobo".

"Nosotros en la provincia tenemos muchas herramientas; tenemos 26.000 chicos en el programa Nuevo Oportunidad; tenemos los programas Abre y Abre Familia… Vamos a buscar a cada uno de los chicos para que puedan participar de talleres, para que puedan volver a la escuela, para hacerles un acompañamiento", sostuvo.

“El debate no es por edad sino por la gravedad del delito”, sostuvo Pullaro ante la prensa.

Y añadió que "por eso también ha bajado la violencia como ha bajado, pero hay chicos que cometen delitos violentos que son cooptados por las organizaciones criminales y son utilizados como recursos porque no se los puede meter a la cárcel", describió.

Sobre su posicionamiento, dijo que "un delito de mayor (de adulto) tiene que tener una condena de mayor, y la baja de la edad de imputabilidad no tiene que ser por edad, sino por delito".

"El homicidio está sancionado cultural y moralmente en la sociedad desde que somos niños. Entonces, claramente todos saben que ésa es una acción negativa. Por eso yo ni siquiera hablo del límite de edad, sino del tipo de delitos y de la intención con que se cometen. Y la norma nos tiene que dar herramientas a quienes queremos seguir bajando la violencia para poder encarcelar y aislar de la sociedad a los violentos", concluyó.

El Gobierno nacional colocó en la agenda del período extraordinario de sesiones del Congreso al proyecto de Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE).

Según el Decreto 24/2026 publicado este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial, el período se extenderá del 2 al 27 de febrero. Y conforme al anexo, el temario se completa con la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.

La publicación en el boletín señala que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario y estipula que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del presidente.

De hecho, se trata de la segunda convocatoria que hace el Gobierno en medio del receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la era Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.

Conforme al orden en que figuran en el anexo, el primero de los cuatro temas incluidos es el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Se trata de una norma de fuerte impacto en el debate ambiental y productivo, ya que podría destrabar inversiones para la explotación de cobre. La iniciativa cuenta con expediente iniciado en el Senado, lo que anticipa que su tratamiento podría comenzar en la Cámara alta.

Al mismo tiempo que provoca resistencia en sectores ecologistas, se trata de una modificación que interesa particularmente a los gobernadores de las provincias afectadas, y que incluso aparece como parte de la negociación por la reforma laboral.

De hecho, el segundo proyecto incluido en la convocatoria es, precisamente, la llamada Ley de Modernización Laboral. La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo y se inscribe en la agenda de cambios estructurales que el Gobierno busca debatir en el Congreso.

Los mandatarios reunidos en Asunción para la firma del convenio Mercosur-UE. Reuters

El temario incorpora además la aprobación legislativa del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento negociado durante más de dos décadas y cuya ratificación requiere el aval de los parlamentos de los países involucrados. El anexo del decreto precisa que el acuerdo será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Tal como se informó oportunamente, para que entre en vigencia la parte comercial del entendimiento se necesita el apoyo del Parlamento Europeo y de los congresos de cada país del Mercosur.

Si está aprobado por el Parlamento Europeo y uno de los congresos del Mercosur -por ejemplo, el argentino- le da aval, ya entra en vigencia para ese país. Eso pretende Milei que ocurra lo más pronto posible. Además, el Congreso deberá votar el texto por la aceptación o el rechazo, es decir, no podrá modificar el contenido del acuerdo.

Por último, la convocatoria incluye la consideración del acuerdo para designar como embajador a Fernando Adolfo Iglesias.

Mientras tanto, el Senado avanzó en la fijación de un rígido calendario para la aprobación de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero. Esto al mismo tiempo que el oficialismo se encuentra abocado a definir el respaldo parlamentario necesario y concluir las modificaciones finales al texto.

La senadora libertaria Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, busca asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, previo al inicio de las sesiones ordinarias que encabezará Javier Milei el domingo 1 de marzo.

Patricia Bullrich. Archivo El Litoral

El pleno del Senado requiere 37 voluntades para sesionar, cuando el interbloque oficialista que lidera Bullrich suma 21 senadores. El gobierno de La Libertad Avanza debe, por tanto, apelar a los bloques de la UCR (10 miembros), el PRO (tres bancas) y a legisladores provinciales independientes, que no siempre responden a los gobernadores.

En cuanto a los procedimientos internos, desde el lunes 26 de enero Bullrich dará inicio a una ronda de reuniones directas con integrantes de la oposición dialoguista, posponiendo cualquier definición relevante hasta fines de ese mes o los primeros días de febrero.

De manera paralela, una comisión técnica, dirigida por Josefina Tajes, comenzará a trabajar desde ese mismo día en la sistematización de las modificaciones y los reclamos recibidos tanto de bloques opositores como de la CGT.

Cuando se terminen de pulir los eventuales cambios en el dictamen de mayoría que se firmó en diciembre pasado y el tema llegue al recinto, la propia Bullrich será miembro informante y tendrá a su cargo explicar los alcances de la norma, como así también las modificaciones, de cara a la votación en general y en particular.

El protocolo antipiquetes que había puesto en marcha Patricia Bullrich en 2023 fue declarado nulo por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°11. La decisión responde a una acción de amparo presentada por el CELS, que denunció que la normativa atentaba contra derechos constitucionales.

Según el fallo, la resolución 943/2023 –que facultaba a las fuerzas de seguridad a intervenir ante protestas sin orden judicial– vulnera derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho a peticionar a las autoridades. La Justicia reafirmó que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas que restrinjan garantías básicas.

Cormick también declaró inconstitucionales las tareas de inteligencia que el protocolo permitía: filmaciones, fotografías y seguimiento de personas por razones ideológicas o políticas. Recordó que la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe almacenar información de ciudadanos por su pertenencia a organizaciones o su militancia.

Además, criticó la falta de criterios para actuar frente a grupos vulnerables como niños, personas mayores o con discapacidad, que requieren medidas de protección especiales. Por estos motivos, exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse de aplicar el protocolo y a ajustar su accionar al Código Procesal Penal.

Tras conocerse el fallo, la ahora senadora nacional, Patricia Bullrich, respondió con dureza desde sus redes sociales. Afirmó que el protocolo “fue validado por decenas de jueces” y que cuenta con el respaldo de la mayoría de los argentinos. “¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno”, escribió en referencia al magistrado Cormick.

Bullrich también apuntó contra los sectores que celebraron la nulidad: “¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”. A su juicio, los verdaderos perjudicados por la decisión judicial son “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.

Finalmente, ratificó su compromiso con el protocolo que impulsó en 2023. “Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza”, sostuvo, y cerró con un mensaje político: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

La sentencia restituye a los jueces la facultad exclusiva de ordenar el uso de la fuerza en protestas. A criterio del magistrado, una manifestación social no puede equipararse a un delito flagrante que habilite la represión automática.

El Gobierno nacional aún tiene la posibilidad de apelar la resolución ante instancias superiores. Cormick, días atrás, también había fallado contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

(Por Mauro Muñoz) - Después del traspié en Diputados con la caída del capítulo 11, el Gobierno reordenó la estrategia. Hubo una cumbre en Casa Rosada, comandada por Javier Milei, con el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. De ahí salió un nuevo plan con prioridades para el final del año en el Senado: postergar la reforma laboral para febrero y concentrar toda la energía en asegurar la aprobación del Presupuesto.

Este viernes 26 habrá sesión en la Cámara alta. Cualquier cambio en el proyecto asegura un retorno a Diputados, que tendría apenas dos días hábiles —29 y 30— para revalidarlo volviendo a complicar las chances de aprobación, perdiendo músculo parlamentario tras las elecciones y corriendo el riesgo de que el Ejecutivo deba reconducir por tercera vez consecutiva la ley de leyes, una jugada que ya no tiene margen para repetirse sin costo ante la necesidad de acceso a créditos internacionales argumentada por el propio gobierno.

Bullrich lo dejó en claro al conseguir el dictamen en la comisión de Presupuesto: “Nosotros tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal, nos tendremos que acomodar para no caer en déficit, eso se va a arreglar pero no va a ser mediante este presupuesto, sino mediante otros instrumentos”. Es decir, el Presupuesto va como vino, y de ser necesarias correcciones se buscarán por vías administrativas.

La apuesta de La Libertad Avanza es conseguir su primera “ley de leyes” aprobada en sesiones extraordinarias y convertirla en una señal de fortaleza para arrancar 2026 con el manual de equilibrio fiscal bajo el brazo. En la misma línea, buscará dejar aprobado el proyecto de "Inocencia Fiscal".

En la Cámara alta, La Libertad Avanza parte de una base ajustada: 20 votos propios, aunque al momento se contabilizan 19. De ahí en más, necesita 17 senadores adicionales para llegar a los 37 que exige la mayoría absoluta.

Del otro lado, el peronismo se planta con 21 senadores conducidos por José Mayans y la postura ya está escrita: rechazar el texto completo. A esa órbita orbitan, además, algunos bloques provinciales o aliados circunstanciales como Frente Cívico por Santiago, que lidera Gerardo Zamora, y Convicción Federal, con cinco integrantes de Tucumán, San Luis, Jujuy, La Rioja y Catamarca. En ese mapa, el oficialismo mira una treintena de bancas “posibles” y arma el rompecabezas voto a voto.

El oficialismo buscará aprobar el Presupuesto antes de fin de año.

Entre los apoyos considerados “seguros” aparece Luis Juez, que dejó el PRO para armar un monobloque y moverse en tándem con el oficialismo. La UCR, con una bancada de diez, firmó el dictamen, aunque con reproches y una incomodidad que no se fue: el capítulo 11 contenía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, y en Diputados esa parte se cayó por completo.

El Gobierno, ya resignado a reponer ese capítulo en esta etapa, busca absorber por vía administrativa los gastos que demandan universidades y discapacidad —y otros ítems que estaban dentro del apartado— sin poner en riesgo el objetivo madre: que el Presupuesto salga del Senado sin cambios y sea ley antes del 31.

En la discusión de comisión, el secretario de Hacienda Carlos Guberman aportó durante su exposición una llave discursiva para sostener la estrategia de “no tocar” lo aprobado por Diputados: “en esencia no es diferente a lo que planteamos en el proyecto de ley original”, sostuvo.

Guberman defendió el superávit como elemento central del Presupuesto.

Guberman defendió el último viernes en comisiones la columna vertebral del programa: “una acumulación de déficit fiscal por 10 años” que “en 2023 llegó a 4,6% del PBI”, sin capacidad de financiamiento en mercados y con la emisión monetaria como un camino “insostenible” por su impacto inflacionario. Describió “un Estado sobredimensionado” y planteó que el ajuste se pensó por ambos lados: “eliminando gastos y bajar impuestos”.

Luego, resaltó logros fiscales: “Lo que logramos de manera bastante rápida fue ordenar las cuentas fiscales. El año pasado terminamos con un superávit del 0,3% del PBI. Este año vamos a estar alrededor de una cifra similar”. Enumeró también medidas de recorte como la reducción del 15% del empleo público, la discontinuación de 1.700 obras públicas “de tamaño menor” y la quita de subsidios, pasando de “60% de la factura pagada por el Estado” a “alrededor del 30%”.

También defendió el escenario macro con el que se armó el proyecto: variables medidas al 1 de agosto, inflación proyectada del 10% para 2026 y tipo de cambio a $1.423, con la idea de que no se trató de un dibujo optimista sino de un cálculo cercano a lo que esperaba el sector privado en ese momento.

Sobre la composición del Ejercicio Fiscal 2026, puso un número arriba de la mesa para explicar por qué el Gobierno insiste con la estrechez del margen: “tiene 45% destinado a previsión social (jubilaciones y pensiones), 16% a asistencia social, 11% a salarios de todo el sector público, y 9% es la cuenta de intereses de la deuda. Solo esto suma el 82%”. Y remató: “En el 18% restante quedan subsidios, el gasto universitario… Por eso, el 92% del presupuesto prácticamente no tiene mucho margen para discusión”.