El Senado de la Nación vuelve este jueves al recinto después de cinco semanas sin sesiones, con una agenda construida sobre acuerdos con bloques aliados, aunque todavía persisten diferencias.

La sesión ordinaria fue acordada por los presidentes de bloque durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel y comenzará a las 14. El temario tendrá como primeros asuntos el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) y la creación de un mercado de carbono. Para el final quedará la reforma a la Ley de Salud Mental donde el oficialismo, de la mano de Patricia Bullrich, todavía negocia los votos necesarios para garantizar su aprobación.

La sesión comenzará con la jura de Claudia Cecilia López, quien asumirá la banca riojana que dejó vacante el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. También están previstos homenajes al legislador, al dirigente de APL Norberto Di Próspero y al expresidente Néstor Kirchner, a 16 años de su muerte.

En paralelo, estaba previsto que la oposición intente que el recinto vote un pedido de comparecencia de Diego Santilli, quien todavía no presentó su informe de gestión desde que asumió como jefe de Gabinete. Ante este escenario, el gobierno dejó trascender que finalmente se presentará a fines de noviembre.

El primer proyecto importante será el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, impulsado por el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, para otorgar beneficios tributarios a proyectos productivos desde los 12 millones de dólares.

La iniciativa contempla amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución anticipada de créditos fiscales del IVA. Abarca inversiones en bienes muebles nuevos —excepto automóviles— y obras destinadas directamente a actividades productivas.

Vischi lo presentó como una herramienta para cubrir el espacio entre otros esquemas de promoción. “Es un bache entre el RIMI, aprobado en la Ley de Modernización Laboral, y el RIGI”, explicó el senador correntino. Su planteo apunta a incorporar proyectos que no alcanzan las dimensiones exigidas por los regímenes para grandes inversiones.

Otro de los acuerdos alcanzados permitirá tratar la regulación del mercado voluntario de carbono, iniciativa promovida por las senadoras Flavia Royón, de Salta, y Sonia Rojas Decut, de Misiones, junto con Jorge Capitanich.

El texto propone establecer un “marco jurídico aplicable a la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono”, generados por proyectos nacionales que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero.

La propuesta crea un registro nacional para certificar y fiscalizar esas reducciones, fija reglas sobre la propiedad de los créditos y contempla estabilidad fiscal por 15 años, junto con distintos incentivos tributarios.

El objetivo es ofrecer previsibilidad a inversiones ambientales vinculadas, entre otras actividades, con la producción agropecuaria, la forestación y las energías renovables.

La reforma de la Ley 26.657 constituye el principal desafío político de la jornada. Aunque el oficialismo consiguió habilitar su tratamiento mediante los dictámenes de comisión, mantiene diferencias con sectores de la UCR y Provincias Unidas.

El proyecto modifica los procedimientos de internación involuntaria, contempla la intervención de equipos interdisciplinarios, habilita teleconsultas y mantiene la prohibición de prácticas manicomiales. También incorpora expresamente adicciones sin sustancias, como la ludopatía, y mecanismos de consentimiento anticipado para tratamientos.

Las negociaciones de las últimas horas se concentraron en dos puntos: el papel de psiquiatras y psicólogos en las decisiones clínicas y el financiamiento necesario para aplicar la norma.

En el primero, el oficialismo aceptó revisar la redacción para garantizar la participación profesional correspondiente, eliminando una referencia a la intervención “preferentemente” psicológica. En el segundo, se discute dejar más explícitas las responsabilidades presupuestarias y la posibilidad de celebrar convenios entre Nación y las provincias.

Patricia Bullrich se pronunció sobre la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva mientras Javier Milei mantiene silencio sobre el resultado en Brasil. El contraste alimentó las lecturas sobre su posicionamiento como un eventual “Plan B” dentro del oficialismo, aunque la senadora no presentó su mensaje en esos términos.

“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”, escribió la jefa del bloque libertario en X. La declaración llegó tres días después del balotaje y marcó una diferencia con la ausencia de un pronunciamiento presidencial sobre la victoria del dirigente del PT.

La intervención se suma a los movimientos con los que Bullrich busca sostener protagonismo político. Antes de la elección brasileña, había afirmado que estaba preparada para ser presidenta, aunque reconoció que Milei llevaba la delantera para encabezar una eventual candidatura del oficialismo.

En ese contexto, la referencia al “Plan B” describe una interpretación sobre su proyección política y no una candidatura anunciada. Su mensaje sobre Brasil combinó el reconocimiento de la voluntad electoral con la defensa de la cooperación entre ambos países, pese a las diferencias ideológicas con Lula.

“Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”, sostuvo. Durante la campaña, Bullrich había respaldado a Flávio Bolsonaro mediante un video grabado en portugués.

Milei también había apoyado al candidato del Partido Liberal, derrotado en la segunda vuelta del domingo 25 de octubre. Frente al silencio del Presidente tras ese resultado, la senadora explicitó su postura sobre la continuidad de los vínculos bilaterales sin abandonar su cercanía política con el bolsonarismo.

Bullrich calificó como “una enorme elección” el desempeño de Bolsonaro y vinculó su situación judicial con una reflexión sobre la democracia. “Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, manifestó en la misma publicación.

La legisladora cuestionó además el uso de una Justicia que consideró no imparcial para eliminar a la oposición. Sus declaraciones se conocieron mientras el excandidato enfrenta una investigación por presunto lavado de activos y después de su salida de Brasil rumbo a Estados Unidos a través de la Argentina.

Tras los comicios en Brasil que determinaron el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, por primera vez el gobierno de La Libertad Avanza se expidió al respecto a través del vocero presidencial Adrián Ravier, quien manifestó que, “se tomó nota del resultado electoral de Brasil”, a la vez que expresó, “respecto a (Flávio) Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo”. A la repregunta sobre el tema elecciones, el funcionario recordó que “en 2023 cuando Javier Milei fue electo presidente no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente ni nada. Por lo menos por ahora no hay ningún comunicado que vayamos a realizar. No va a haber ningún comunicado oficial”, enfatizó.

En referencia a la misma cuestión, en otro segmento de la rueda con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el representante del Poder Ejecutivo Nacional manifestó que, “en relación con Brasil, ese país y Argentina son pueblos hermanos, comercian, trabajan dentro del Mercosur. Nada de esto debería verse afectado. Para el presidente Javier Milei es mucho más importante el pueblo, digamos los dos pueblos, y el comercio y las relaciones que puedan generar, que las diferencias ideológicas que pueda haber entre los dos mandatarios”, mencionó.

En ese marco anexó que, “el canciller (Pablo Quirno) ha dicho un centenar de veces, del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan. No esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur”, refrendó. A la hora de cerrar lo vinculado al principal socio del Mercado Común del Sur, Ravier reiteró: “Ya hemos tomado nota del resultado electoral y seguimos trabajando como siempre dentro del Mercosur, y todas las personas y las empresas que desde Argentina y desde Brasil quieran comerciar y relacionarse, lo van a poder seguir haciendo con total normalidad. Lo único que puedo decir acá es que el Presidente no es un hipócrita. Hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios, que es real”, remató.

Consultado por las últimas diferenciaciones que hizo la ex ministra de Seguridad con el primer mandatario y su faltazo de ayer lunes a la reunión de ministros que encabezó el propio Milei, Ravier aseguró que, “no hay ninguna posibilidad de que compita en un partido opositor. Patricia Bullrich es parte del gobierno. En la reunión de gabinete del día de ayer estaba en camino, tuvo un problema personal y no pudo asistir. Todo lo demás son especulaciones. Siempre decimos, dentro de la mesa de gabinete, que, si alguno no está, ya van a decir los medios que fue despedido, contó.

En ese marco, señaló que, “realmente causa gracia la manera en que especulan los medios, sugiriendo operaciones permanentemente. Para hablar de algún tipo de riesgo por la ausencia de cualquiera de los miembros en una reunión de gabinete, no siempre pueden asistir. En este caso, Patricia Bullrich nos ha dicho que estaba en camino y no pudo llegar por un problema personal", afirmó .

Ella "apoya la candidatura para la reelección del presidente Milei, trabaja para que Milei sea reelecto. Es parte fundamental de nuestro gobierno. Es parte fundamental del Senado para lograr generar de este Congreso el más reformista de la historia, que más allá de no tener mayoría simple, con aliados, con diálogo, el esfuerzo de Patricia Bullrich ha sido fundamental para aprobar leyes. Lo demás son especulaciones”, sentenció.

Al mismo tiempo, recalcó: “Los liberales no somos manada. Puede haber diferencias sobre un tema, puede haber diferencias incluso en las formas entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Se convive con ello, no es ningún problema para nosotros. Cuando alguien opina, se toma la opinión; a veces es en ámbitos cerrados, privados, a veces es público. Pero Patricia Bullrich sigue siendo parte de este Gobierno y apoya la reelección del presidente Milei”, garantizó.

En el momento que se interrogó al portavoz de la Presidencia acerca de las últimas declaraciones de Milei en torno a varios periodistas luego de ser sobreseído con su hermana de la causa LIBRA, Adrián Ravier proclamó que, “Javier Milei y este Gobierno respeta la libertad de expresión, respeta el periodismo, al periodismo de verdad, el que trabaja con transparencia, con respeto hacia lo que comunica, con respeto a la verdad, a la búsqueda de la verdad, y distinguimos a esos periodistas de los que operan, de los que mienten y de los que han usado la causa LIBRA para perjudicar la reputación y la imagen de nuestro presidente”, afirmó.

En esa misma línea, comentó, “el presidente cuando se expresó lo hizo con enojo, un enojo, creo yo, justificado, después de más de un año de todo tipo de operaciones donde se mintió sistemáticamente para perjudicar su imagen. No creo que esas palabras que dijo se puedan tomar literales, es una metáfora. Claramente, nunca este presidente ni este Gobierno han tomado ningún tipo de acción contra el que piensa diferente”, consideró.

Intentando diferenciarse del kirchnerismo, el titular de la Vocería enunció: “De nuevo, respetamos la libertad de expresión. Lo pueden ver en los medios, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, la cantidad de críticas que recibe el presidente. Nunca este Gobierno tomó ninguna acción. Recordemos que en otro tiempo sí hubo todo tipo de sanciones, envíos de AFIP para generar auditorías a empresas, a personas, a analistas, etc", dijo.

"Este Gobierno nunca tomó ninguna represalia contra ningún periodista y, en todo caso, se expresó con el enojo que le genera una situación en la cual durante más de un año sistemáticamente se mintió, se operó, en algunos casos de manera personal, en otros casos sistemáticamente desde un medio de comunicación, para perjudicar su imagen”, aseveró Ravier, que por último opinó que cree “que no es correcto lo que han hecho algunos medios de tomar sus palabras literales y sugerir que alguien va a terminar en la hoguera. Es una expresión de enojo, producto del daño que le han causado no sólo al Presidente, sino a este Gobierno y también a la Argentina”, concluyó.

La senadora nacional Patricia Bullrich se pronunció este domingo sobre los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y marcó diferencias con el mandatario por sus declaraciones durante una cena de la Fundación Faro, donde hizo referencia a “quemar periodistas en la hoguera” en medio de sus cuestionamientos a quienes investigaron el caso $LIBRA.

Aunque respaldó el derecho del jefe de Estado a defenderse de las críticas, la legisladora consideró que las expresiones utilizadas fueron excesivas y planteó la necesidad de sostener el debate público dentro de determinados límites.

“Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde”, afirmó Bullrich durante una entrevista con LN+.

Sin embargo, aclaró que ese derecho también implica responsabilidades. “Se responde con argumentos”, sostuvo, antes de señalar que la referencia a la hoguera constituye una expresión que excede los términos de una discusión política.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado explicó que considera necesario diferenciar las respuestas políticas de los ataques personales, especialmente cuando provienen de quienes ejercen responsabilidades institucionales.

“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado. Si luego la justicia da la razón, es mejor. Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”, reflexionó.

Las declaraciones de Bullrich se conocieron apenas un día después de que la propia senadora difundiera una fotografía abrazada a Milei durante la cena anual de la Fundación Faro, realizada el viernes por la noche en el Yacht Club Argentino, en Puerto Madero.

La imagen fue publicada el sábado en su cuenta de X, acompañada por un mensaje de respaldo al encuentro.

“Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el presidente Javier Milei”, escribió la legisladora.

El contraste entre aquella publicación y sus declaraciones posteriores llamó la atención dentro del escenario político, debido a que Bullrich es una de las principales referentes parlamentarias del oficialismo.

De todos modos, sus cuestionamientos estuvieron dirigidos específicamente al lenguaje utilizado por el Presidente y no implicaron un distanciamiento de su espacio político.

La controversia comenzó durante la intervención presidencial en la Fundación Faro, organización dirigida por Agustín Laje, cuando Milei se refirió a los periodistas que difundieron información vinculada con la investigación del caso $LIBRA.

En ese contexto, el mandatario afirmó que quienes consideraba responsables de publicar información falsa “se tienen que quemar en la hoguera” y utilizó el insulto “hijos de puta” para referirse a ellos.

Las declaraciones provocaron cuestionamientos de distintas organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de prensa.

Entre las entidades que manifestaron su rechazo estuvieron la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que cuestionaron las expresiones presidenciales.

También se pronunciaron dirigentes de diferentes espacios políticos, entre ellos referentes del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y Pro.

Los cuestionamientos se concentraron en el lenguaje empleado por el mandatario y en la responsabilidad institucional que implica ejercer la Presidencia frente a quienes desarrollan tareas periodísticas.

Durante la misma entrevista, la senadora abordó otros temas de la agenda política, entre ellos las elecciones presidenciales previstas para 2027 y las prioridades económicas que, a su entender, debería atender el Gobierno.

Consultada sobre la posibilidad de que exista un acuerdo político definido de cara a esos comicios, Bullrich evitó anticipar una posición.

“Es algo que no está decidido en este momento”, respondió.

En materia económica, planteó que el oficialismo debe concentrarse en conseguir que los resultados de la política económica tengan una repercusión concreta en la situación cotidiana de las familias argentinas.

La legisladora consideró que todavía existen aspectos que requieren modificaciones y sostuvo que las mejoras no deberían reflejarse únicamente en los indicadores generales.

“Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares; estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños para las familias; se necesitan ciertos correctivos”, afirmó.

La Libertad Avanza comenzó a evaluar una eventual fórmula presidencial integrada por Javier Milei y Patricia Bullrich para las elecciones de 2027. La alternativa forma parte de las conversaciones del oficialismo para ampliar su respaldo electoral y buscar un segundo mandato.

De acuerdo con el artículo, la posibilidad ya fue planteada en conversaciones informales, pero está lejos de constituir una candidatura confirmada. Las fuentes consultadas por ese medio describen un escenario de negociaciones, diferencias internas y evaluación de distintas opciones.

El razonamiento de los dirigentes que impulsan ese acercamiento apunta a reunir al electorado propio de Milei con los sectores que acompañan a Bullrich. Sin embargo, dentro del mismo oficialismo reconocen que los votos de ambos espacios no se trasladan automáticamente a una fórmula compartida.

Un armador libertario consultado por El Litoral sostuvo que existen coincidencias políticas con la senadora, aunque relativizó que su incorporación permita asegurar una victoria. El lugar que ocupará Bullrich en 2027 continúa abierto.

Según la publicación, un operador cercano a la legisladora confirmó que la propuesta de acompañar a Milei fue mencionada como una posibilidad, dentro de intercambios que todavía tienen carácter informal.

Ese escenario convive con tensiones entre Bullrich y distintos sectores de la conducción libertaria, particularmente alrededor de su margen para intervenir en decisiones políticas y legislativas. La relación con Karina Milei también aparece entre los factores que atraviesan el armado.

El artículo ubica parte de los desacuerdos en la discusión del Presupuesto 2027 y las políticas de discapacidad. Según esa reconstrucción, Bullrich cuestionó no haber sido considerada en cambios que luego debía acompañar desde su posición legislativa.

También señala diferencias alrededor de la propiedad privada, las restricciones a la compra de tierras por extranjeros y las propuestas para familias endeudadas. En esos debates, las necesidades de negociación parlamentaria se cruzan con la defensa del equilibrio fiscal que sostiene el equipo de Luis Caputo.

La eventual incorporación de Bullrich genera distintas lecturas dentro del oficialismo. Para algunos dirigentes, su perfil político podría fortalecer la competitividad electoral; para otros, esa misma autonomía podría producir desacuerdos en una futura gestión.

Por ahora, la posibilidad de una fórmula Milei–Bullrich permanece como parte del debate interno. La información publicada recoge conversaciones y opiniones de fuentes reservadas, sin presentar un anuncio oficial de los protagonistas.

En el marco del foro empresarial "Promesa a Potencia", la senadora nacional Patricia Bullrich lanzó definiciones de alto impacto sobre el esquema socioeconómico argentino. Con un diagnóstico crítico sobre el costo laboral, la inestabilidad normativa y la presión fiscal, la legisladora abogó por desarmar esquemas históricos para garantizar la previsibilidad que requiere el sector privado.

El eje central de su exposición fue la urgencia de reestructurar el sistema previsional. Patricia Bullrich planteó una premisa contundente: "Para mí no hay que cobrar más impuestos al trabajo". Según la senadora, las cargas sobre el salario, que representan el 40 por ciento del costo de un trabajador en relación de dependencia, ahogan la contratación y perpetúan la informalidad.

La legisladora detalló la insostenibilidad del esquema actual basándose en la falta de proporcionalidad entre aportantes y beneficiarios. "Tenés a 6 millones de trabajadores en la formalidad que están subsidiando un sistema que no se puede bancar con los aportes patronales", advirtió. Además, señaló que el 70 por ciento de las jubilaciones se pagan con impuestos generales, mientras que el sistema convive con niveles de informalidad de hasta el 45 por ciento.

Patricia Bullrich cuestionó el "modelo fordista" y propuso desligar la seguridad social de la relación de dependencia formal. Su idea es financiar el sistema mediante impuestos generales y seguros de ahorro previsionales negociados colectivamente. "Si vos sacás los impuestos al trabajo, ¿quién es en blanco y quién es en negro? Se termina", sentenció.

Al abordar la presión tributaria, la senadora focalizó sus críticas en las distorsiones que provocan provincias y municipios al elevar impuestos locales o fijar "aduanas internas". Para alinear a las jurisdicciones con un programa de reducción del gasto, propuso una política de "látigo y zanahoria".

El mecanismo contempla premios y castigos directos para los gobernadores e intendentes. "Yo te doy y te premio si bajaste impuestos y te castigo si vos no lo hacés", explicó. Bajo esta lógica, si el Estado nacional concede beneficios para la inversión, exigirá que las provincias respondan eliminando tasas distorsivas e Ingresos Brutos.

Asimismo, planteó la necesidad de debatir la coparticipación federal mediante un sistema de enmiendas para evitar que existan provincias que dependan exclusivamente de los fondos nacionales para sostener el empleo público sin desarrollo privado.

Finalmente, Patricia Bullrich instó a fortalecer la seguridad jurídica y la competitividad regional. Reclamó un rol más activo del Poder Judicial y propuso replicar el modelo de las Mittelstand alemanas, pequeñas y medianas empresas que actúan como proveedoras de grandes firmas y poseen capacidad para competir en los mercados internacionales.

El Senado de la Nación llegará este jueves al recinto con una agenda corta en cantidad, pero atravesada por dos discusiones que exponen, por caminos distintos, los límites que los aliados provinciales le vienen marcando al Gobierno nacional.

La reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles dejó formalmente convocada una sesión ordinaria y pública para las 12 y redujo el temario acordado a dos asuntos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificación del régimen de Zona Fría.

En plena interna del gobierno por discrepancias con el Presupuesto 2027, la jefa de bloque libertario, Patricia Bullrich, deberá administrar dos negociaciones en paralelo: una ya tuvo concesiones al texto del BCRA; la otra todavía llega al recinto con números que el propio oficialismo reconoce ajustados.

La primera definición ya ocurrió antes de abrir el recinto. El proyecto que Diputados aprobó el 26 de agosto llegó al Senado con dictamen favorable de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda, firmado a inicios de septiembre.

El texto coloca como “misión primaria y fundamental” del BCRA preservar el valor de la moneda, restringe el financiamiento al Tesoro, modifica las reglas para distribuir utilidades y habilita el uso de determinados activos de las reservas como garantía en operaciones propias del Banco Central. En comisión, Santiago Bausili confirmó que esa posibilidad alcanza al oro, pero descartó que involucre depósitos de los ahorristas o encajes bancarios.

El punto que terminó forzando una negociación es sobre las autoridades. La media sanción de Diputados exigía para remover integrantes del directorio la aprobación previa de ambas cámaras por dos tercios de los miembros presentes. El acuerdo alcanzado este miércoles prevé sustituir ese esquema por una mayoría absoluta de 37 senadores, tanto para la designación como para la remoción, y dejar afuera del procedimiento a Diputados. Bullrich explicó que se preservará así la intervención de la Cámara alta que la Constitución asigna para los acuerdos.

Si el Senado aprueba esas modificaciones, la reforma no quedará sancionada este jueves y deberá regresar a Diputados. La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y nuevamente necesitó flexibilizar un punto sensible del proyecto para incorporar votos radicales, del PRO y de bloques provinciales.

La segunda votación tiene una consecuencia más inmediata para las provincias. El proyecto de Zona Fría llega con media sanción de Diputados y dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto. Formalmente, además de modificar el régimen de subsidios al gas, incluye un mecanismo de regularización de deudas del mercado eléctrico y la derogación de los decretos 277/2022 y 929/2013.

La propuesta reduce el alcance territorial automático establecido en 2021. Mantiene el régimen para Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que para otras zonas reemplaza el criterio general por una bonificación focalizada vinculada a ingresos y condiciones de vulnerabilidad.

La retracción geográfica del beneficio dejaría afuera al sur de Santa Fe, Córdoba y casi todo Buenos Aires, San Luis. También perderían el precio especial del gas buena parte de Mendoza —menos Malargüe—, San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy.

El Gobierno defiende el cambio bajo el argumento de que “tiene que haber subsidios, pero focalizados en aquellas familias con ingresos más bajos”, según sostuvo la secretaria de Energía, María Tettamanti, durante el tratamiento en comisión.

En Santa Fe, la modificación dejaría afuera del beneficio climático general a unos 550.000 hogares de ocho departamentos del sur provincial, aunque parte de esos usuarios podría conservar ayudas si cumple los requisitos del esquema focalizado. Una estimación difundida por El Litoral calculó que la pérdida del descuento específico podría elevar entre 30% y 40% determinadas facturas.

La Casa Gris cuestionó oportunamente esa poda. El ministro Gustavo Puccini sostuvo que trasladará mayores costos operativos al sur santafesino y reclamó que la política energética contemple las particularidades productivas y territoriales del interior. El propio gobernador Maximiliano Pullaro se lo planteó a Diego Santilli, Jefe de Gabinete de Milei.

Santa Fe objeta además un capítulo menos visible del proyecto. La iniciativa contempla calcular diferencias de ingresos que distribuidoras eléctricas dejaron de percibir durante los períodos de emergencia tarifaria y utilizar esos créditos para compensar obligaciones pendientes con Cammesa. Es el mecanismo que podría alcanzar, entre otras empresas, a Edenor y Edesur. La EPE, en cambio, no registra deudas con la administradora del mercado eléctrico.

A la negociación se agrega otro elemento: gobernadores del norte reclaman un régimen de Zonas Cálidas para subsidiar parte del mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas. El Ejecutivo ofreció avanzar mediante resoluciones, pero mandatarios provinciales reclaman mayores garantías para esa compensación. De manera que no está garantizado el acompañamiento.

En su décimo tercera conferencia de prensa en la Casa Rosada, El Litoral consultó a Adrián Ravier sobre los dichos de la senadora Patricia Bullrich en referencia a que, a su entender, lo más importante es que “el proyecto reelija", sin nombrar al actual Presidente de la Nación, quien busca otro mandato.

El funcionario respondió que, “como vocero presidencial no hago especulaciones políticas futuras de escenarios determinados”, pero de todos modos agregó: “La realidad es que Javier Milei es clave en este Gobierno. Trabajamos para su reelección y después de 2031 se verá. Hay muchas personas que son fundamentales en La Libertad Avanza. Somos muy optimistas de lo que va a ocurrir en el ‘27, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial. Y si las cosas salen bien, vamos a tener muchas figuras políticas que eventualmente podrán darle continuidad al partido. Pero creo que son especulaciones futuras para las cuales se trabajará en su debido momento y se tomarán decisiones”, expresó.

En el marco de la repregunta de este diario con respecto a si el año que viene entonces no habrá chances de que haya otro candidato de la derecha aliada, el portavoz del Poder Ejecutivo Nacional manifestó que, “no cabe ninguna duda que este Gobierno trabaja para la reelección del presidente Javier Milei. Si alguien especula algo distinto, digo desde dentro del Gobierno, nosotros no, creo que nadie duda de la continuidad del presidente para ir por la reelección”, afirmó Ravier en una respuesta que se adelantó a la reunión de Mesa Política que tiene como protagonistas a la secretaria General de la Presidencia y titular del partido, Karina Milei, y a la jefa del bloque libertario en la Cámara alta.

Tras hacer un desglose del proyecto de ley de Soberanía sobre las Islas Malvinas y el archipiélago del Atlántico Sur que fue enviado al Congreso nacional, Ravier fue interrogado acerca de la discusión en torno a la prórroga al financiamiento en Discapacidad, sobre lo cual declaró: “Quiero que quede claro que para este Gobierno las personas con discapacidad son prioridad, algo que no ocurrió en el gobierno anterior. Recordemos el uso político que han hecho de los recursos asignados a personas con discapacidad, que el kirchnerismo les daba a personas por cuestiones políticas, personas que no tenían ningún tipo de discapacidad. Sabemos de pueblos enteros que contaban con más pensiones por discapacidad que habitantes”, comentó.

Asimismo, el vocero de Milei expuso que, “el mensaje para la familia de las personas con discapacidad es que se queden tranquilas, que no van a perder el beneficio mientras Javier Milei sea presidente, que los valores por lo menos se van a actualizar por inflación, y que no deberían preocuparse”. En otro tramo aseguró que las personas que tengan una discapacidad no están exentas de generar ingresos formales, y que en ese caso, se mantiene la idea de la gestión libertaria encaminada a que pierdan el beneficio de la pensión no contributiva.

Cuando se le preguntó por la situación judicial del su antecesor y ex jefe de Gabinete, quien presentó en los tribunales federales una justificación de sus ganancias que se basan en inversiones en criptomoneda, el representante del PEN advirtió que, “Adorni es una persona que no forma parte de este Gobierno. Todo lo relativo a la pregunta está en manos de la Justicia, al respecto no vamos a agregar más información. En todo caso esperaremos que la Justicia hable”, refrendó.

A la vez, negó que iniciativas gubernamentales como la Inocencia Fiscal ll vayan dirigidas a beneficiar a ex funcionarios como el ex ministro coordinador. “Seguimos pensando que es una ley fundamental. No vamos a mezclarlo con el tema Adorni. Es un tema que, de nuevo, continuará en la Justicia y no nos vamos a seguir pronunciando al respecto”, cerró.

La política partidaria está al rojo vivo (no importa de qué sector se lea esto); el Congreso Nacional tiene una agenda tan intensa que los menos de dos meses y medio que restan para que termine el período ordinario (el 30 de noviembre) parecen muy escasos; algunos números de la economía preocupan como la inflación mayorista, la actividad industrial y el desempleo, y se avecina una nueva marcha universitaria que podría repetir la misma postal que se vio el 23 de abril de 2024 cuando salieron decenas de miles a las calles a reclamar financiamiento para las casas de estudio.

En medio de un panorama complejo, en el que la cuestión Malvinas reinterpretada en un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional del Ejecutivo busca espacio urgente en la agenda legislativa, en las últimas horas volvió a crujir la calma en el seno el partido gobernante: Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, volvió a marcar diferencias con el gobierno nacional. Y van..

Fue en un tema particularmente sensible, como el de discapacidad. ¿El motivo? Los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto que vuelven aún más frágil la situación de un sector particularmente afectado por el ajuste. Tanto así es que Diputados tiene en estudio una prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad y el próximo miércoles se reunirán las comisiones para definir un dictamen en ese sentido.

El enojo de Bullrich fue porque, según aseguró este jueves, no estaba informada de estos cambios que figuran en el capítulo VI “De las Jubilaciones y pensiones” del proyecto elaborado por Economía y enviado antes de que termine la noche del 15 de septiembre.

Ese mismo día, martes, se había reunido la mesa política que lidera la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, en la que el Presupuesto y la necesidad de impulsarlo y aprobarlo en el Congreso fue uno de los temas principales del orden del día.

A esa reunión son convocados integrantes del Ejecutivo junto con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y Bullrich como principal interlocutora en el Senado, a falta de vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“No me tomen por tonta”, dijo Bullrich para expresar su descontento por no haber sido informada de un contenido que inmediatamente generó rechazo.

Histórica y multifacética referente política, sabe que en la arena legislativa no se puede defender lo que no se conoce, aunque ya probó que puede cuestionar aún aquello que impulsa su actual partido.

No es la primera vez que la senadora se diferencia de la conducción del Ejecutivo. Lo hizo cuando presentó su declaración jurada con anticipación en plena polémica por el incremento patrimonial del ex vocero Manuel Adorni, investigado ahora por presunto enriquecimiento ilícito.

También cuando invocó objeción de conciencia y se abstuvo de votar por el retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata.

Michelli fue impugnada por Casa Rosada por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El pliego se aprobó junto con varias decenas de postulantes, pero su nombre no quedó incorporado a las designaciones que aparecen en el Boletín Oficial.

Además, la senadora y ex rival de Milei en las presidenciales de 2023 marcó sus diferencias en el tema económico para pedir que se aceleren los resultados porque la gente la estaba pasando mal.

Y ahora dejó en claro su disgusto por no haber sido informada del contenido de la “ley de leyes” en materia de discapacidad; un “error no forzado” que podría malograr el resultado del partido-debate en el recinto. En este punto, una aclaración: el Presupuesto se empieza a debatir en comisiones de Diputados que es la cámara de origen. En principio, no se espera que el tema arranque su presentación antes de la primera semana de octubre.

Para comprender por qué los artículos relacionados con discapacidad despertaron alertas entre los propios organismos de Discapacidad además de la oposición, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia hizo un primer análisis del proyecto de Presupuesto 2027, al que tituló “Cambios de reglas, discrecionalidad y el impacto en derechos fundamentales”.

Allí establece que el proyecto introduce transformaciones “de corte regresivo”.

A través de los artículos 39 y 41, se elimina la homogeneidad del Nomenclador de Prestaciones Básicas, habilitando a cada ente obligado a fijar unilateralmente sus propios aranceles con los prestadores: “Esto crearía un factor estructural de desigualdad, empujando a los beneficiarios de los organismos que abonen tarifas más bajas a enfrentar menor oferta o peor calidad de atención, en abierta contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Otro aspecto que preocupa es que “se deroga la Pensión No Contributiva creada por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que garantizaba la compatibilidad con el trabajo formal, y restringe el acceso a la pensión tradicional por invalidez laboral, mientras el programa Incluir Salud registra un recorte del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023”.

En el mensaje que acompaña el proyecto de Presupuesto se describen en primer lugar las prioridades establecidas por el gobierno: Equilibrio fiscal sostenido; Acompañamiento social sin intermediaciones; Fortalecimiento operativo, equipamiento y modernización de seguridad y defensa, y Desregulación y transformación del Estado.

“El equilibrio fiscal también continuará siendo el ancla fundamental en el último año de este primer mandato, en línea con el compromiso firme asumido por el gobierno desde el inicio de la gestión, junto con políticas orientadas a priorizar la contención social de los sectores más vulnerables y a revalorizar el trabajo como eje integrador y ordenador de la sociedad”, explica más adelante.

Mientras, avisa que “se continuará fortaleciendo las áreas de defensa nacional y seguridad interior, con el fin de resguardar la soberanía territorial y garantizar a la población condiciones de seguridad y orden público que permitan su pleno desarrollo en libertad”.

En principio, nadie puede anticipar que esas políticas vayan a defender al gobierno del efecto de las “bombas atómicas” sobre sus propios pares. Esa es la figura bélica que eligió Bullrich para definir el contenido desconocido del Presupuesto.

Conocedora del lenguaje gestual, este viernes se la vio llegando a su oficina y escuchar (y tararear) “No me importa” mientras atendía su agenda. Otra clara desmarcación de Milei, quien hace años subió a Lali Espósito, autora de la canción elegida por la senadora para empezar el día, al múltiple podio de sus enemigos.

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este sábado en Argentina y Patricia Bullrich celebró su entrada en vigencia con un mensaje en redes sociales en el que destacó el cambio en el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes.

“Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás”, expresó la senadora nacional a través de una publicación en X. En el mismo mensaje, sostuvo que quienes roben, maten o lesionen deberán responder por los hechos cometidos.

La exministra de Seguridad vinculó la implementación del nuevo régimen con uno de los principales ejes de su discurso político: el endurecimiento de las respuestas frente al delito y una mayor protección para las víctimas.

“Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”, afirmó Bullrich en su publicación.

La dirigente también cuestionó el funcionamiento del sistema anterior y sostuvo que durante años los menores que cometían delitos gozaron de una situación de impunidad.

“Se terminó la impunidad”, escribió al finalizar el mensaje, en el que también hizo referencia a las familias de personas afectadas por delitos cometidos por menores de edad.

La entrada en vigencia del régimen constituye uno de los cambios más relevantes en materia penal juvenil de los últimos años y establece un esquema específico para adolescentes involucrados en causas penales.

La nueva normativa establece un sistema penal diferenciado para adolescentes de entre 14 y 18 años. La reforma reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual una persona puede quedar alcanzada por el régimen penal juvenil.

El sistema contempla procedimientos específicos y busca diferenciar el tratamiento de los adolescentes respecto del régimen penal destinado a los adultos.

Entre sus principales características se encuentran la especialización de los operadores judiciales, la aplicación de medidas socioeducativas y un esquema de sanciones que contempla distintas alternativas según la gravedad del delito.

La privación de la libertad queda reservada para determinados casos y bajo condiciones específicas. También se prevé una mayor participación de las víctimas durante el proceso, además de mecanismos orientados a la reparación del daño.

La reforma había sido aprobada por el Congreso luego de un debate atravesado por fuertes diferencias políticas. Sus impulsores defendieron la reducción de la edad de imputabilidad como una herramienta para abordar delitos graves cometidos por adolescentes.

Desde sectores de la oposición, en cambio, se cuestionaron distintos aspectos de la normativa, entre ellos su implementación y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de un sistema especializado.

Con la entrada en vigencia, comienza ahora una nueva etapa para la aplicación de la legislación penal juvenil en el país. La implementación deberá contemplar la adecuación de los organismos judiciales y de los dispositivos destinados a adolescentes que queden alcanzados por el nuevo régimen.

El debate político en torno a la edad de imputabilidad, las sanciones y las políticas de prevención continuará formando parte de la discusión pública, mientras el nuevo esquema comienza a aplicarse en todo el territorio nacional.

El Gobierno decidió retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que habilitaba una mayor participación extranjera en la compra de tierras rurales.

La medida fue adoptada este miércoles durante una reunión entre el oficialismo y los bloques aliados, luego de que varios gobernadores anticiparan que sus senadores votarían en contra de ese apartado.

La Libertad Avanza intentará que el resto de la iniciativa sea tratado este jueves desde las 14 en el Senado, después del cuarto intermedio dispuesto durante la sesión del mes pasado.

Patricia Bullrich encabezó las negociaciones con los bloques aliados en el Senado. Foto: Reuters

La definición se tomó en una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto con legisladores de fuerzas dialoguistas.

Algunos aliados habían pedido directamente suspender la sesión, pero el oficialismo resolvió eliminar los artículos más resistidos y mantener el debate sobre los demás puntos.

Así como envíamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén.No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar… pic.twitter.com/LTaxISdOun

El capítulo comenzó a perder respaldo después de que los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y Neuquén, Rolando Figueroa, anunciaran que no acompañarían la modificación.

También surgieron objeciones entre senadores radicales, dirigentes provinciales y una legisladora del PRO, lo que dejó al oficialismo sin los votos necesarios para aprobar la propuesta original.

La discusión había escalado después de que Bullrich anunciara una modificación al texto para elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras.

El proyecto mantiene cambios en las leyes de Desalojos, Expropiaciones y Manejo del Fuego.

El proyecto mantenía la prohibición de compra de tierras por parte de Estados extranjeros, pero permitía operaciones de empresas con participación estatal extranjera bajo determinadas condiciones.

Esas adquisiciones debían contar con la autorización de la provincia en la que estuviera ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el texto establecía que la titularidad extranjera no podría superar el 25% de la superficie rural de cada provincia.

Las operaciones también debían inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales con los datos y la nacionalidad de los compradores.

LO QUE AMAMOS NO SE VENDEMisiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos.Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es… pic.twitter.com/SGVhEJoEGF

La Libertad Avanza informó que la decisión fue tomada por consenso entre 44 senadores pertenecientes al oficialismo y a bloques aliados.

“La postergación no implica su eliminación del proyecto”, aclaró el comunicado difundido después del encuentro. El espacio aseguró que continuará trabajando en el capítulo para “alcanzar un mayor nivel de consenso”.

El oficialismo agregó que la intención es enriquecer la propuesta con nuevos aportes hasta obtener “una redacción que reúna el mayor acompañamiento posible”.

Sin el capítulo sobre tierras rurales, el proyecto mantiene modificaciones al régimen de Expropiaciones, los procedimientos de Desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.

La bancada libertaria aseguró que esos capítulos “cuentan con amplio respaldo” entre las fuerzas que participaron de la negociación. También se incluyen cambios en la escrituración y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

El oficialismo buscará aprobar esos apartados durante la sesión del jueves, mientras mantiene abiertas las conversaciones para reformular el régimen de tierras rurales.

El gobierno nacional presentó este martes cambios en el nuevo dictamen del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocida como ley de Tierras, con el objetivo de asegurar la aprobación en la sesión de este jueves en el Senado de la Nación.

La jefa del bloque, Patricia Bullrich, otorgó una conferencia de prensa luego de la reunión que mantuvo la Mesa Política del Gobierno. Explicó que las modificaciones al dictamen buscan responder a la presión de la oposición dialoguista y evitar la derrota legislativa.

Acompañada del presidente provisional Bartolomé Abdala, y de los senadores oficialistas Agustín Coto (titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (presidenta de Legislación General), Bullrich detalló que tras ceder a esa presión se incorporaron límites y exigencias puntuales.

Se trata de una nueva modificación al proyecto de ley redactado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. De acuerdo al repaso que llevan los cronistas legislativos, el texto acumula un total de 17 versiones, explicando la complejidad en el tratamiento a los que se enfrenta el oficialismo para negociar su aprobación con los bloques aliados.

“Esta es una ley clara y concreta, y hemos consensuado con todos los bloques”, enfatizó Bullrich en la conferencia. Y afirmó: “Estamos contentos con el dictamen; este es el ejercicio de la democracia”.

“Queremos terminar con los fantasmas. Esta es una ley clara. Hemos llegado a un dictamen común”, sostuvo la jefa de la bancada de La Libertad Avanza. “Es un dictamen que nos asemeja a Brasil. Estamos contentos”, recalcó.

El nuevo dictamen fija un tope del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental para adquisiciones por extranjeros, una precisión puntual del proyecto de tierras que modifica el texto original.

"Vamos a dejar muy en claro qué límites pusimos que no estaban. Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto”, dijo y añadió condiciones sobre avales conjuntos para figuras con participación estatal.

Además, detalló que el artículo 25 exige que toda adquisición por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras sea inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando nacionalidad y datos del adquirente.

En ese sentido, indicó que “las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”, según Bullrich.

También dijo que se incorporó al nuevo dictamen un agregado al artículo 4 de la Ley N° 21.499 sobre expropiaciones, donde la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y la expropiación deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarla.

El texto también propone acelerar desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, y modifica requisitos para expropiaciones y artículos de la Ley de Manejo del Fuego para habilitar el uso de propiedades afectadas por catástrofes, según el dictamen.

Las modificaciones llegaron tras una creciente presión de la oposición dialoguista, que expresó reparos y amenaza de votos en contra; la cesión de parte de la jefatura del bloque buscó neutralizar esa resistencia antes de la sesión del jueves.

En los pasillos legislativos estiman que los cambios podrían otorgarle al gobierno entre 38 y 40 votos para alcanzar la aprobación del proyecto, un cálculo que marca el objetivo político detrás del nuevo texto presentado.

Para el jueves está convocada una manifestación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso, una movilización que llega mientras el gobierno presentó el nuevo dictamen y busca asegurar la aprobación en la sesión.

Las reacciones de la oposición se centran en que el proyecto una vulneración de la soberanía territorial. Para el jefe del interbloque peronista, José Mayans, es una norma que apunta a "vender el país".

Para el jefe del interbloque peronista, “lo esencial es que esta ley se caiga” porque “es un paso tan grave que habrá una Argentina antes y después de esta ley”. “Quieren comprar todo nuestro territorio”, alertó en diálogo con el streaming Gelatina.

En cuanto al “poroteo” de cara a la sesión que se prevé para este jueves, el formoseño dijo: “En total somos 25 en nuestro bloque y nadie votará a favor. Tengo entendido que somos alrededor de 34, 35. Estamos a un voto de 36, que es empate”.

La sesión del 6 de agosto no figura todavía en la agenda oficial de la Cámara de Senadores de la Nación, pero está dando de qué hablar desde hace semanas.

Se trata de la reanudación, luego del cuarto intermedio pedido por La Libertad Avanza el 16 de julio pasado, en razón de la falta de votos garantizados para votar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, o Ley de Tierras, en versión simplificada aunque el mensaje incluye otros aspectos centrales como el Manejo del Fuego, desalojos y expropiaciones.

El libertario Abdala presidirá la sesión del 6 de agosto.

Para este jueves, luego del receso de invierno, toda la atención está puesta en el recinto de la Cámara alta donde el oficialismo espera tener apoyo a su proyecto, tras el dictamen obtenido el 20 de mayo, aunque modificado en varias oportunidades (15 ó 16).

Aún así, la última palabra no está dicha: este lunes se supo que se harían nuevos cambios, en particular en el capítulo III que alude específicamente a la protección sobre la “Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.

La ley actual fija ese límite en un 15 %, el proyecto del Ejecutivo liberaba ese porcentaje que ahora se fijaría, en un intento por conseguir votos para uno de los capítulos más discutidos del texto, en un 25 %.

Está por verse si con esta modificación (que, según se asegura, tiene el aval de Federico Sturzenegger y Diego Santilli), alcanza para conseguir las adhesiones que hasta las últimas horas parecían insuficientes para lograr la media sanción.

Según coincidieron varios medios nacionales, la propia jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, explicaría los detalles este martes por la tarde en una conferencia de prensa.

Mientras tanto, siguen en pie las convocatorias sindicales, de organizaciones ambientales y sociales, en distintos puntos del país para marchar en contra del proyecto de Javier Milei.

El epicentro de las protestas será el Congreso Nacional, donde el Senado tiene previsto abrir el recinto sin la presencia de su presidenta Victoria Villarruel que, por entonces, estará a cargo del Ejecutivo luego de la salida del país del presidente rumbo a Ecuador y a Colombia.

Mauro L. Muñoz

El Gobierno aprovecha el receso parlamentario para reconstruir una ley que convirtió en bandera ideológica, pero que todavía no pudo traducir en apoyo legislativo. A tal fin, puso en marcha una nueva negociación para destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada antes del 6 de agosto, fecha en la que el Senado deberá retomar el cuarto intermedio dispuesto durante la última sesión.

La reunión de este jueves reúne al autor del proyecto y ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y a representantes de los equipos parlamentarios y bloques federales. También participan los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y de Legislación General, Nadia Márquez.

El objetivo inmediato es acordar una redacción que preserve el corazón desregulador del proyecto, pero incorpore las observaciones de los gobernadores y senadores aliados. Sin ese equilibrio, la quinta oportunidad podría terminar igual que las cuatro anteriores donde los votos no alcanzaron y el texto siguió recibiendo modificaciones que dejó inconforme incluso hasta sus propios ideólogos.

La iniciativa ingresó al Senado el 27 de marzo y obtuvo dictamen el 20 de mayo. Desde entonces, atravesó una secuencia de avances, correcciones y retiros que revela las dificultades del oficialismo para administrar una mayoría prestada.

La compra de tierras por extranjeros es el principal punto de conflicto del proyecto de Propiedad Privada en el Senado.

El 4 de junio fue incluida en la sesión que aprobó el pliego judicial de Verónica Michelli, pero La Libertad Avanza decidió retirarla del temario. El nuevo intento, previsto para el 18 de junio, quedó absorbido por la crisis política alrededor del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El 25 de junio tampoco pudo tratarse porque la Cámara alta no consiguió quórum. Finalmente, el 16 de julio Bullrich pidió un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, moción que fue aprobada por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.

Desde su presentación, el expediente acumuló modificaciones y llegó a circular en unas quince versiones, según los cálculos de los cronistas parlamentarios. Si bien logró acercar algunos respaldos, también abrió un conflicto interno, ya que de aprobarse la versión podría quedar lejos de los ejes centrales de la propuesta original. Por esto, el Ejecutivo busca ahora consensuar con los bloques aliados una postura más unánime sobre el proyecto.

Para Javier Milei, la iniciativa es una pieza elemental en el programa libertario. El presidente lo dejó claro durante el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “Está en el Congreso la ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad”, sostuvo. Y agregó: “aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, como postulamos nosotros en base al orden liberal, son los enemigos del progreso”.

Esa intensidad discursiva elevó el costo de un nuevo fracaso. Para el Gobierno, aprobar la norma significaría comenzar el segundo semestre con una victoria y reafirmar la orientación de su agenda desreguladora. Otra postergación, en cambio, exhibiría que ni siquiera una iniciativa presentada como elemental para el ideario libertario consigue ordenar al oficialismo y sus aliados.

El principal foco de resistencia aparece en el articulado relacionado con las tierras fiscales y la posibilidad de ampliar la participación de personas o sociedades extranjeras en la adquisición de tierras rurales. Los bloques federales hicieron llegar sus reparos preocupados por el alcance territorial de las modificaciones, al igual que sectores aliados que tradicionalmente acompañan al oficialismo.

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, acelera los diálogos para que el proyecto avance en la Cámara alta.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también tomó distancia de ese punto y protagonizó un duro cruce con Bullrich en la sesión anterior, que se dio en medio de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial. Por eso este martes se reunieron durante unos veinte minutos en el despacho de la titular del Senado para encontrar puntos en común más allá de las diferencias personales.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza quedó a cargo de traducir la definición presidencial en votos. Su tarea consiste en acercar a los representantes provinciales, contener las ambiciones de la cartera que comanda Sturzenegger y acordar con Legal y Técnica una redacción que pueda ser defendida simultáneamente en el recinto y en la Casa Rosada.

La sesión del 6 de agosto ya fue comprometida para continuar el debate y el calendario posterior está cargado de proyectos que no tienen un rumbo certero. El proyecto de Ley Hojarasca, que inicialmente iba a encabezar la agenda de esa jornada, sería desplazado al 13 de agosto. También quedaron pendientes el Súper RIGI, la modificación de la Zona Fría, la reforma electoral, otro paquete de desregulación y las iniciativas que el Ejecutivo planea remitir sobre Inocencia Fiscal y la Carta Orgánica del Banco Central.

El presidente Javier Milei anunció este domingo por la noche a través de sus redes sociales que este este lunes 20 de julio será feriado nacional en Argentina, por el subcampeonato de la Selección en el Mundial de futbol.

FESTEJO MUNDIALDada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió en X.

Previamente, tanto Milei como miembros del Gabinete Nacional, además de senadores y diputados libertarios felicitaron a la Selección argentina, luego de la derrota de Argentina por la Copa del Mundo ante España.

La publicación del presidente.

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X, y que reposteó el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine.

Quien también se sumó a los saludos fue la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que aseguró que los argentinos "amamos y admiramos" a este equipo y que todo el país "se abraza" bajo la bandera.

La publicación de Patricia Bullrich.

"¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!", manifestó.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo pidió "aplausos y ovación para la Selección argentina", mientras que la jefa de bloque del Senado (LLA) Patricia Bullrich, aseguró que están "orgullosos de este equipo y de lo que representan": "¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos", agregó.

(Por Juan Pablo Peralta) - Con el avance del seleccionado argentino a la final mundialista, el gobierno libertario logró calmar temporalmente el mal trago que le dejaron los más de tres meses en que los hermanos Milei intentaron mantener en la jefatura de Gabinete a Manuel Adorni.

La reasignación de cargos en la estructura administrativa tuvo por objetivo descomprimir la presión de propios y extraños, pero también la voluntad de apresurar resultados antes de que empiece el año electoral.

Con la camiseta del ‘karinismo’ puesta, Diego Santilli se calzó al hombro la responsabilidad de conseguir que se eliminen las PASO para despejar el fantasma de la segunda vuelta electoral que desvela a los capitostes violetas. La secretaria general de la Presidencia y titular del partido oficialista apunta a tomar el control de la agenda parlamentaria en toda su dimensión.

La Cámara baja ya estaba en gran parte bajo su égida a través de su delfín Martín Menem, en ese recinto, con el acompañamiento de los aliados, las cosas le suelen salir bastante bien a LLA, sin embargo, la complejidad del Senado no permite tener las mismas certezas en ese cuerpo, especialmente en esta coyuntura en la que empieza a tener peso el desgaste de la gestión y los posicionamientos de cara a los comicios nacionales del 2027.

El Congreso Nacional, caja de resonancia de los cambios que impulsa el gobierno. Xinhua

El jueves pasado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, tuvo que solicitar la postergación del debate por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. A esas alturas, los cruces con la vicepresidenta Victoria Villarruel a través de chats que se filtraron mediáticamente ya eran anécdota.

Lo que motivó la acción de la ex ministra de Seguridad fueron las disidencias internas y con bancadas dialoguistas con respecto a la venta de tierras a los extranjeros. En medio de los triunfos argentinos -y a horas de que empiece el receso invernal en el Congreso- la fuerza libertaria consiguió el quórum para abrir el tratamiento de la iniciativa, pero no pudo obtener su media sanción, que ahora quedó pendiente de ser debatida el próximo 6 de agosto.

“Si no pueden con esto, que además es ir contra la soberanía, cómo van a hacer cuando quieran manipular el sistema electoral con la intención de asegurarse otro mandato”, preguntó un legislador opositor cuando fue consultado por El Litoral acerca de lo que puede llegar a pasar cuando se retome la actividad en el Parlamento.

Santilli y la misión de dialogar con gobernadores.

Mientras se aguarda la definición de Argentina-España, uno de los colaboradores presidenciales negó que haya resquemores por los dichos del capitán de la Selección, Lionel Messi, cuando habló de ciudadanos que ‘la están pasando mal’ y gente “que no llega a fin de mes".

En el seno gubernamental se mantuvo la lógica de no entrar en un enfrentamiento directo con los jugadores, pero sí se dejó que el nuevo vocero, Adrián Ravier, saliera a objetar las declaraciones sin hacer foco en el astro rosarino.

El propio Milei se metió en la discusión por la bandera que los deportistas locales mostraron después de ganarle a Inglaterra, calificando el gesto como una expresión legítima de la emoción, aunque pidiendo separar el fútbol de la diplomacia y criticar los "eslogans berretas, populistas y nacionalistas rancios". Un mensaje que a la vez fue dirigido a su vice, quien antes del encuentro denominó a los británicos “piratas usurpadores”.

Como dato que dejó mal parado al primer mandatario, la administración de Donald Trump respaldó el derecho de los futbolistas argentinos a mostrar la bandera de Malvinas, amparándose en el principio constitucional de la libertad de expresión, algo que por el momento la gestión libertaria viola en la mismísima Casa Rosada, manteniendo fuertes restricciones contra la prensa acreditada.

Esta semana, el ministro coordinador Diego Santilli, se mostró con algunos de los gobernadores que no estuvieron el 9 de julio en Tucumán. Uno de ellos fue el puntano, Sergio Poggi. Otro de los mandatarios provinciales acuerdistas, que en este caso se sumó a la premisa gubernamental de avanzar con una reforma política que derogue las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y asimismo, con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

El otro caudillo territorial de extracción peronista que estuvo con el JGM, fue el pampeano Sergio Zilliotto, quien no se fue de Balcarce 50 con las manos vacías. Apenas terminó el encuentro, se supo que ambos alcanzaron acuerdos en materia de fondos para las cajas previsionales y el traspaso de obras del plan Procrear. Esa provincia viene reclamando deuda de la Nación por 400.000 millones de pesos.

Esa cifra ya se le otorgó, como adelanto de la Coparticipación Federal, al cordobés Martín Llaryora. Entre las beneficiadas también aparecen: Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe. A este grupo se agregan distritos beneficiados por el Decreto 219/2026, que incluyen a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta y Tucumán.

Entretanto, en el palacio rosado se dejó trascender la voluntad de que, más allá del resultado del domingo, el equipo nacional utilice el balcón que da a la Plaza de Mayo cuando retorne de los Estados Unidos. Pasadas las 14 hs del viernes, se informó que la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva encabezó una reunión de coordinación -en la sede de la cartera que dirige- con a sus pares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representantes de la Fuerzas Federales, y personal de la Casa Militar, que está a cargo de la custodia en el edificio del PEN.

Esta última participación tiene que ver con el deseo de los Milei por lograr que los albicelestes estén presentes en la sede ejecutiva bajo la promesa de ‘vaciarla’ de funcionarios. La propuesta es que la representación argentina utilice el helipuerto presidencial, más allá de si decide asomarse a saludar o se encamina a la Avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco a celebrar con la multitud. La excusa es que ese lugar es el más seguro para descender en esa zona porteña .

Un portavoz oficial agregó que alrededor de este operativo “hay conversaciones” con la provincia de Buenos Aires, aunque señaló que “el epicentro será la CABA”. Consultado en referencia a si se decretará feriado o asueto, la fuente señaló que "esa definición se comunicará post partido".

La Unión Cívica Radical (UCR) expresó su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras propuesta por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento quedó postergado este jueves en el Senado, en el marco del debate sobre la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En un comunicado oficial, emitido en la misma jornada en que se postergaba la consideración de la norma, el partido consideró que con el proyecto impulsado por el Gobierno nacional “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país".

El Comité Nacional está presidido por el actual intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, cuyas posturas, como sucedía en la anterior gestión de Martín Lousteau, no siempre reflejan los posicionamientos de los senadores ni de los gobernadores radicales.

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR). Archivo El Litoral

El radicalismo cuenta con 10 integrantes en la Cámara alta, por lo que sus votos son claves para definir el futuro de la "ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en uno de sus capítulos la eliminación de las restricciones para la adquisición de tierras para extranjeros.

Pero hasta el momento, solamente tres (Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama) han manifestado abiertamente su rechazo. Los otros siete, algunos de los cuales responden a gobernadores radicales afines al Gobierno, podrían acompañar la iniciativa del oficialismo, aunque también expresaron dudas.

Este jueves se cayó del temario de la sesión el tratamiento del proyecto sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" por falta de votos y de acuerdos previos.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar el tratamiento de este proyecto hasta la sesión prevista para el 6 de agosto.

En el comunicado partidario, la UCR afirma que "el Estado debe fomentar la producción, la innovación y la inversión, pero sin poner en riesgo nuestros recursos estratégicos".

Recuerdan asimismo que la UCR fue pionera en la defensa de la actual legislación, que establece "un máximo de 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un 30% máximo de ese cupo para una misma nacionalidad".

Además, dicha normativa estipula que "las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo".

"También establece la prohibición para que extranjeros adquieran inmuebles rurales que limiten o contengan lagos o ríos o en zonas fronterizas", se indica.

Sin embargo, el nuevo proyecto que impulsa el Gobierno permitiría que "cada provincia defina sus propios criterios", lo que podría conducir a una desregulación preocupante.

"Debe haber límites razonables a la compra de tierras por parte de extranjeros. El radicalismo promovió en su momento el debate por la Ley de Tierras", recuerdan sobre la iniciativa que había impulsado inicialmente el Gobierno de Cristina Kirchner en 2010.

En Argentina, actualmente hay alrededor de 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros, lo que representa el 5% del territorio nacional, y más de 30 áreas ya han excedido el límite legal permitido.

“Defender nuestra soberanía implica hacer cumplir la legislación existente”, enfatizan desde la UCR.

A esto se suma la preocupación por las modificaciones a la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, que también fueron incluidas en la propuesta del Gobierno.

La Casa Rosada busca eliminar las restricciones por cambios en el uso del suelo por períodos de hasta 60 años tras incendios.

Desde la UCR señalaron que en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Francia se aplican regulaciones estrictas sobre la compra de tierras por extranjeros.

En este sentido, abogan por la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país mediante regulaciones razonables.

“Defendemos la inversión productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables. Cuidando nuestras tierras y nuestros recursos”, concluyen en su comunicado.

Desde su ingreso a Mesa de Entradas el 27 de marzo, el proyecto redactado por Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado, logró dictamen el 20 de mayo, pero, según detalla el sitio especializado Parlamentario.com, nunca logró consolidar los acuerdos para llegar al recinto.

Por falta de acuerdos, el Senado postergó el tratamiento de la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. HCSN

Con seis modificaciones al despacho, el jueves 4 de junio fue llevado al recinto en la sesión ordinaria que aprobó el pliego judicial de Verónica Michelli, pero el oficialismo lo retiró en el recinto. Esa fue la primera vez que el proyecto se truncó en el hemiciclo.

En aquella ocasión, La Libertad Avanza lo sacó del temario con el compromiso de los aliados de llevarlo a una sesión ordinaria que tenía fecha del 18 de junio. Sin embargo, la situación de Manuel Adorni repercutió en que el oficialismo no pudiera abrir el recinto. Esa fue la segunda y se habían sumado otras cuatros modificaciones al despacho.

La tercera vez que el oficialismo no logró tratar este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue el pasado jueves 25 de junio cuando la sesión no consiguió el quórum. En aquella oportunidad, el tema Adorni atravesaba momentos decisivos y la Cámara alta optó por no abrir el recinto.

Este jueves y por cuarta vez, el proyecto de Federico Sturzenegger volvió a truncarse en el recinto y su debate quedó postergado para el jueves 6 de agosto, al regreso del receso invernal.

La edición de julio de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), elaborada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés, mostró un escenario de malestar social persistente, aunque con algunos indicadores estables para el Gobierno nacional.

El relevamiento, realizado sobre 1.000 casos entre el 3 y el 8 de julio de 2026, entre mayores de 18 años conectados a internet en Argentina, reflejó que la satisfacción con la marcha general del país se mantiene en el 30%, mientras que la insatisfacción alcanza el 68%.

En perspectiva histórica, el nivel actual de satisfacción supera los registros que tenían Mauricio Macri y Alberto Fernández durante períodos equivalentes de sus gestiones: 30% para Javier Milei, frente al 26% de Macri y el 10% de Fernández.

La aprobación del Gobierno de Javier Milei se ubicó en 34%, mientras que la desaprobación llegó al 62%, un punto más que en la medición anterior.

El respaldo presenta diferencias según género: los hombres muestran un 40% de aprobación, mientras que entre las mujeres el apoyo baja al 29%.

La encuesta también marca que la aprobación del Presidente se mantiene por debajo de la registrada por Mauricio Macri en el mismo período, aunque continúa por encima de la de Alberto Fernández.

La evaluación de las instituciones muestra una insatisfacción generalizada. El Poder Ejecutivo aparece como el mejor valorado, aunque apenas con un 26% de satisfacción.

Detrás se ubican:

En todos los casos, la evaluación negativa supera ampliamente a la positiva. El Ejecutivo tiene un 67% de insatisfacción, mientras que Diputados llega al 76% y el Senado al 75%.

Entre los problemas que más preocupan a la sociedad, la encuesta ubica en primer lugar a la falta de trabajo y la corrupción, ambas con 38% de menciones, seguidas por los bajos salarios con 35%.

El estudio destaca dos movimientos relevantes: la preocupación por la corrupción aumentó cuatro puntos, mientras que la vinculada a los bajos salarios creció cinco puntos. En cambio, la inflación continúa perdiendo peso dentro de las preocupaciones y se ubicó en 17%.

Al analizar áreas específicas de gestión, las políticas con mayor satisfacción fueron:

En el otro extremo aparecen los mayores niveles de rechazo:

En cuanto a las expectativas, el 56% considera que la situación del país empeoró respecto del año anterior. De cara al futuro, apenas el 27% cree que las cosas mejorarán.

El dato refleja una sociedad dividida entre quienes mantienen expectativas positivas sobre el rumbo económico y quienes todavía perciben un deterioro en sus condiciones de vida.

Entre los principales dirigentes evaluados, Patricia Bullrich aparece con la mayor imagen positiva bruta, con 36%, seguida por:

Según el informe, Kicillof y Bregman aumentaron tres puntos en el último mes dentro del espacio opositor.

Sin embargo, todos los dirigentes analizados mantienen un diferencial de imagen negativo. El funcionario con peor balance es Manuel Adorni, con un 80% de imagen negativa y un diferencial de -71%. Entre ministros y funcionarios, el jefe de Gabinete Diego Santilli lidera la imagen positiva con un 28%.

La encuesta también consultó sobre una eventual elección presidencial. En ese escenario, el 25% asegura que votaría por el peronismo, mientras que el 24% elegiría a La Libertad Avanza.

Además, un 27% no sabe o prefiere no responder, lo que deja un escenario todavía abierto de cara a la próxima disputa electoral nacional.

La fotografía de julio muestra un Gobierno que conserva un núcleo de apoyo estable, pero con una mayoría social que continúa expresando insatisfacción, especialmente vinculada al empleo, los ingresos y el funcionamiento de las instituciones.

Por Gonzalo Fracchia

Diversas encuestadoras privadas valoraron la calidad de imagen del presidente de la Nación, Javier Milei, dentro del plano político “real” y la estructura digital, espacio inicialmente fuerte del mandatario.

Los balances reflejaron cifras dispares, dependiendo de la categoría de evaluación, y con una situación negativa que se sostiene desde hace meses dentro de las redes sociales, campo que habría quedado relegado de la estrategia.

Las desventuras del ex jefe de Gabinete de Nación, Manuel Adorni, y los números positivos para el gobierno a nivel económico fueron los elementos que movieron principalmente la balanza.

En base al Índice de Confianza del Consumidor que elabora Poliarquía junto a la Universidad Di Tella y la más reciente encuesta de Atlas Intel y Bloomberg, Javier Milei tuvo un repunte en su imagen positiva.

Milei subió del 36% al 40%, en contraparte con la caída de opositores como Axel Kicillof, que sufrió un fuerte deterioro en su consideración al caer del 46% al 38%.

La leve recuperación en los recientes valores de inflación, cumpliendo con el adelanto del ministro de Economía, Luis Caputo, el regreso a una relación estrecha con importante número de gobernadores y la “limpieza” del peso negativo de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Ya son cinco los meses acumulados de forma consecutiva en los que el presidente argentino finaliza con una imagen digital negativa, en base a datos de la consultora especializada Ad Hoc Digital.

El campo de batalla del cual nació el hombre de La Libertad Avanza y en la que contaba con una robusta estructura de seguidores encolumnados detrás de conceptos e ideas concretas que colaboraron en la escalada política que derivó en el triunfo mileísta, no repunta.

Con análisis de base de datos oficiales de “todas las redes sociales de acceso público y portales web”, las valoraciones sobre Milei fueron en un 53% negativos, en un 9% neutros y solo en un 38% positivos.

Los efectos, tanto positivos como negativos, fueron los mismos que en el plano “real”, sólo alterados por la discusión internacional con acompañamientos mayoritarios del triunfo de Abelardo De la Espriella en Colombia y cuestionamientos a la relación con Donald Trump.

Bullrich obtuvo un 43,6% de comentarios positivos, un 13,4% de neutros y un -43% de negativos, mientras que Karina Milei obtuvo, en ese mismo orden, un -71% 11,8% y 17,2% y Adorni un -71.1%, 8,7% y 21,2%.

La comunicación presidencial ha marcado implícitamente una frontera dentro de la actual gestión. La designación de Diego Santilli en la jefatura de Gabinete y el regreso de la vocería formal con Adrián Ravier dan inicio a lo que ya sería la estructuración de la campaña por la reelección.

La presencia de 13 gobernadores y la posible foto en Tucumán celebrando un nuevo 9 de Julio reflejan un nuevo acercamiento político de Casa Rosada hacia las provincias, ya buscando consolidar el color violeta de cara al 2027.

La interna de LLA se gestó desde la disputa política, que tiene a Patricia Bullrich como “ajena”, y que posee la puja entre los “naturales” del partido con Karina Milei y Santiago Caputo divididos.

Justamente a este último es que responde el ecosistema digital libertario que ha llegado a cuestionar abiertamente algunas decisiones recientes de presidencia y, en consecuencia, resquebrajó la coraza de las redes sociales.

Juan Pablo Peralta - Periodista acreditado en Casa Rosada

Los tiempos se precipitaron en Casa Rosada cuando desde Comodoro Py se supo que el fiscal federal Gerardo Pollicita sumó prueba en las causas que envuelven a Manuel Adorni. En este caso ligadas a compras que el protagonista de esta historia hizo a través de Mercado Pago con tarjetas de dos subalternos para adquirir equipos de videojuegos.

Es bueno recordar que a partir del viaje en marzo pasado a Nueva York, en el que Javier Milei encabezó el Argentina Week -y salió a la luz que la esposa del ex vocero, Bettina Angeletti, iba en el avión presidencial-, la escalada de denuncias en su contra no se detuvo y fue in crescendo bajo un entramado que conjugó ventas, compras y refacciones de propiedades que enturbiaron más el panorama, junto a la apertura del secreto bancario pedido por la Justicia y la presentación de unas declaraciones juradas del matrimonio que opacaron las cosas.

Tampoco ayudaron las fallidas defensas que el alfil de los hermanos más poderosos de la Argentina intentó hacer con su informe de gestión frente a la Cámara baja, y que resultó contrario a lo que declaró en una entrevista televisiva en la que fue peor el remedio que la enfermedad cuando quiso explicar que el enorme incremento en su patrimonio se debió a haber encontrado un dinero en el departamento de su padre fallecido e inversiones que hizo en la compra de Bitcoins allá por 2013, justificaciones que no dejaron conformes ni a propios ni a extraños.

En el contexto de todos estos sucesos, la primera en tomar cartas en el asunto y meter presión a los capitostes libertarios para que empiecen a definir el destino del ministro coordinador fue la titular del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich. En primer lugar, la legisladora apuró la entrega de su DDJJ en la Oficina Anticorrupción (OA), y antes declaró que lo de Adorni “era más que un error” sino “una omisión ética”.

Adorni hizo el informe de gestión en abril. Xinhua.

Punto seguido, el Poder Ejecutivo logró frenar la interpelación del jefe de Gabinete en el recinto de Diputados y aprobar el pago a los holdouts, consiguiendo además la media sanción del Súper RIGI. Sin embargo, no corrió la misma suerte a la hora de avanzar con la Inviolabilidad a la Propiedad Privada y la aprobación de más pliegos en el Poder Judicial debido a que no tenía el número para frenar que el ex portavoz del PEN tuviera que ir a dar testimonio al Parlamento, abriendo la puerta a la temida Moción de Censura, que podría determinar que el Congreso dejara fuera de juego al alto funcionario cuestionado.

Una situación que no sería bien vista por los mercados y los potenciales inversores de la Argentina. Una lectura que el ministro de Hacienda Luis Caputo y otros integrantes del equipo económico le vienen marcando al primer mandatario.

Quince días antes del anuncio y despedida del otrora secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Javier Lanari, ya se le había comunicado su desafección y la posibilidad de que hubiera más novedades al respecto, entre otras cosas por no haber podido quitar de la agenda mediática el caso que envuelve al hombre que lo hizo dejar el periodismo e incorporarse a la función pública, su amigo Manuel Adorni.

También se le adjudicó a él y a su equipo no poder evitar que los periodistas acreditados en Balcarce 50 se sometieran a la imposición inconstitucional de someterse a una serie de fuertes restricciones que ejerce la Casa Militar, a pesar de que el juez Ariel Lijo haya determinado que ninguno de ellos violó la Seguridad Nacional. Este cerco informativo y de censura permanente no permite ejercer el normal desarrollo periodístico que históricamente hubo en Casa de Gobierno y viola el artículo 14 de la Carta Magna que establece la defensa sistemática en el ejercicio de la libertad de prensa y expresión.

“Fracasamos en dos temas que son centrales en materia de gestión y no está mal que el Presidente haya decidido oxigenar el área. Es natural. Basta revisar todos los funcionarios que tuvieron que dejar el cargo por una u otra razón, y eso no es un drama, todo lo contrario, es la manera de proteger y defender un proyecto que está por encima nuestro”, expresó una voz oficial que aún remite a la Jefatura pero que irá a otra dependencia en las próximas semanas.

El paso siguiente fue nombrar a un nuevo vocero del Poder Ejecutivo Nacional y elegir un reemplazante de Lanari. Los ungidos por Karina Milei fueron: el economista y ahora ex diputado pampeano por LLA, Adrián Ravier, junto al hombre que hasta hace días fue prensero de YPF, Fabián Fernández, mano derecha del mandamás de la petrolera, Horacio Marín.

Uno de los que desde el principio fue sugerido por Mauricio Macri para ocupar el lugar que en su momento tuvo que dejar Guillermo Francos. En ese marco, el viernes pasado Ravier se presentó en el Salón Héroes de Malvinas ante los acreditados marcando diferencias con su antecesor. “En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno. Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública”, sostuvo el portavoz, que a la vez procuró ensayar el inicio de una nueva relación con los medios y los cronistas que cubren la actividad en la sede ejecutiva.

Milei define el reemplazo. Xinhua.

Lo hizo al señalar que, “concibo al periodismo como un eje central de la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad. Aspiro a que construyamos una relación en base a estos principios. Ese es mi compromiso para con ustedes y espero que sea recíproco”, concluyó.

Por su parte, Fernández garantizó que estará trabajando en que la información que atañe al Jefe Estado y que surja de cada cartera llegue con efectividad a los medios de comunicación, incluyendo la posibilidad de que sean sus propios titulares los que brinden ruedas de prensa en el palacio gubernamental.

Aunque se negara públicamente, hace dos meses que circulan nombres en los despachos y pasillos del poder en relación a cambios en el Gabinete. El decreto presidencial que puso en la línea sucesoria de la JGM a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello -y detrás suyo a su par de Defensa Carlos Presti- no necesariamente implica que alguno de ellos fuera en lugar de Adorni.

El Canciller Pablo Quirno fue otro de los que sonó desde un principio, al igual que el titular de la Cámara baja Martín Menem, funcionarios que como Luis Caputo, tuvieron sendas reuniones con la secretaria General Karina Milei el último día de la semana. También estuvo en ese tándem, Diego Santilli, el hombre del Ministerio del Interior que picaba en punta para tomar la posta. Lo cierto, es que ese puesto es una braza ardiente para todo aquel que tenga ambiciones políticas a futuro. “El Colo” es el hombre que más mide en el centro derecha como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, y las experiencias del primer jefe de los ministros, Nicolás Posse y sus sucesores, Francos y el ex portavoz, no son precisamente un aliciente.

Sin embargo, las huestes mileístas ven en él a un dirigente de consenso, tanto en su propia interna como en las divergencias con el PRO de Mauricio Macri, del que Santilli sigue formando parte. Quienes vienen siguiendo su performance, rescatan, asimismo, la relación que ha entablado con los gobernadores dialoguistas, e inclusive con los más díscolos. Es momento de decisiones, y con la vuelta del presidente Milei de España, las mismas se aceleran en una Residencia de Olivos que tiene que trabajar a contrarreloj con el objetivo de retomar el control de la gestión política y comunicacional.