El presidente Javier Milei tiene una imagen negativa en la ciudadanía de un 55,6 por ciento, con una positiva de solo 36,1 por ciento, mientras que la ex presidenta Cristina Kirchner continúa liderando el ranking de gobiernos asociados a hechos de corrupción, con un 44,4 por ciento, según una encuesta.

Asimismo, el sondeo muestra que respecto del caso de Manuel Adorni, investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito, lo que más molestó a la ciudadanía fue “El uso de los recursos públicos” en beneficio personal, según la opinión del 39,3 por ciento de los consultados.

Así lo expresa una encuesta realizada por la consultora Giacobbe y Asociados, con trabajos de campo generalmente cercanos al Gobierno, en la que sobresale como la figura con mejor imagen positiva la senadora nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con un 37,2 por ciento.

En esa lista la siguen el gobernador bonaerense, Axel Kicillof con un 34,8 por ciento de imagen positiva (50,8 negativa); Cristina Kirchner con 26,8 de positiva (55,2 negativa), y la vicepresidenta Victoria Villarruel con un 20,6 de imagen positiva (65 negativa).

El estudio consultó a los ciudadanos a nivel emocional sobre la situación del país, con un esquema de “nube de palabras”, en el que sobresalen como las más elegidas “Incertidumbre”, “Esperanza” y “Tristeza.

La encuesta realizó una consulta específica sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acerca de sus viajes al exterior y la compra de inmuebles que investiga la Justicia, para analizar qué fue lo que más molestó a la ciudadanía.

De las repuestas surge que el primer lugar está encabezado por “El uso de recursos públicos”, en beneficio propio del funcionario, que fue la respuesta elegida por un 39,3 por ciento de los encuestados, especialmente entre quienes tienen una imagen negativa del Gobierno (59,8 por ciento).

Le siguen “La contradicción política” entre los dichos y la conducta de Adorni, que fue elegida por un 33,9; y finalmente “La cobertura de los medios”, opción que señaló un 17,3 por ciento, una cifra que abarcó al 42,6 por ciento entre los seguidores de Milei y La Libertad Avanza.

Finalmente, la encuesta midió cuál fue, en opinión de los consultados, el Gobierno cuya imagen está más asociada con hechos de corrupción desde la vuelta de la democracia en 1983, y la mayoría eligió a la presidencia de Cristina Kirchner.

De esta forma el primer lugar lo ocupa la ex mandataria actualmente detenida con prisión domiciliaria con un 44,4%. El segundo lugar lo ocupa Javier Milei con un 31,3, seguido por Carlos Menem con un 8,4 y Mauricio Macri con un 5,7.

Entre los evaluados se incluyó a los ex presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando de la Rúa (1999-2001), ambos pertenecientes a la Unión Cívica Radical, con una imagen casi no relacionada por los encuestados con hechos de corrupción, que obtuvieron un 0,0 y un 0,6 por ciento, respectivamente. NA

Agostina Páez se reunió este 2 de abril con Patricia Bullrich tras regresar a la Argentina luego de pagar la fianza en Brasil donde permaneció detenida por más de tres meses por actos racistas.

La senadora y ex ministra de Seguridad, jefa del bloque de La Libertad Avanza, recibió a la joven abogada en un encuentro que quedó registrado en un video publicado en la red social X y mostró el saludo y el abrazo entre ambas.

Bullrich abrazó a Agostina y pronunció “¡Vamos, qué alegría!”, mientras la abogada santiagueña, estaba acompañada por su padre Mariano Páez y por Sebastián Robles, uno de sus defensores.

Agostina Páez regresó a la Argentina tras permanecer más de tres meses detenida por racismo en Brasil y pagar una fianza millonaria para ser liberada.

Tras el abrazo se sentaron en un bar porteño y hablaron sobre la situación judicial de la joven. Bullrich dijo: “Estoy muy contenta de que estés acá” y valoró el accionar del consulado, al afirmar que “se portó muy bien”, además de referirse al tiempo que la abogada permaneció Detenida con la exclamación “¡Tres meses!”; Páez respondió que “a mí se me frenaron los días por tres meses”.

El video publicado por Bullrich en la red social X mostró el abrazo entre la senadora y la abogada, y captó el saludo público de la dirigente a la joven Detenida en Brasil. Patricia Bullrich indicó en la grabación su alivio por el regreso y transmitió ánimo a Agostina.

La líder del bloque de La Libertad Avanza acompañó el gesto con palabras de contención y con declaraciones sobre el papel del consulado argentino en Río de Janeiro durante la detención de la abogada.

En el encuentro Bullrich también afirmó a la abogada que “Viviste una experiencia que te va a fortalecer en la vida. Con todo, con fuerza”, una expresión de apoyo que figura en las declaraciones difundidas por la jefa del bloque tras el saludo.

Agostina Páez estuvo Detenida en Río de Janeiro tras un episodio filmado en la salida del Barzin Bar, y permaneció en Brasil desde el 14 de enero, según las crónicas sobre el caso. Inicialmente se la acusó de Tres hechos de injuria racial, y la fiscalía los agrupó como un solo hecho en continuado en perjuicio de Tres personas.

La Justicia de Río dispuso su liberación luego de que pagara una fianza de 18.500 dólares y le retiraran la tobillera electrónica; además se acordó que deberá cumplir tareas comunitarias en Argentina y efectuar una reparación económica a las víctimas, cuyo monto fue informado como cercano a 150.000 dólares según versiones difundidas.

Durante la detención Páez declaró haber vivido amenazas y definió lo sucedido como “la peor experiencia de mi vida”; la defensa presentó un hábeas corpus que fue aceptado por un magistrado, lo que permitió el regreso de la abogada a la Argentina.

Como consecuencia institucional, Bullrich destacó la intervención del consulado y el caso abre seguimiento público sobre procedimientos en Brasil; en lo personal, Páez indicó que pasará la noche en Buenos Aires y continuará viaje hacia Santiago del Estero para recuperarse y volver a trabajar.

Un fallo judicial dio la razón al Gobierno nacional, y dejó sin efecto una resolución previa que había declarado la nulidad del llamado “Protocolo Antipiquetes”, dictado por el Ministerio de Seguridad para sustentar el accionar de las fuerzas federales en casos de protesta social.

El pronunciamiento se produjo tras una presentación del Poder Ejecutivo por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueces Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán.

La novedad fue difundida por el Ministerio de Seguridad, que hoy conduce Alejandra Monteoliva, la cual señaló que el fallo de la Cámara reconoció que "se trata de una herramienta dirigida a las Fuerzas de Seguridad para intervenir frente a situaciones que afectan la circulación y el uso del espacio público, en el marco de la ley".

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad enfatizó que las fuerzas federales continuarán interviniendo "cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar garantizar el orden y hacer cumplir la ley".

La primera en hacer eco de la medida fue la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, principal promotora del protocolo, quien salió a celebrar la decisión de la Justicia.

"Nos decían tontos y que era imposible terminar con los piquetes. Lo hicimos. La Justicia vuelve a poner las cosas en su lugar: el protocolo es la herramienta para hacer cumplir la ley frente a grupos que viven de bloquear, extorsionar y tomar de rehén a millones de argentinos que quieren trabajar y circular", remarcó la ex funcionaria, y sentenció: "ORDEN".

Prácticamente en simultáneo, la ministra Alejandra Monteoliva enfatizó que la Justicia "le dio la razón al Gobierno nuevamente" y remarcó que "el protocolo sirve para terminar con los cortes y defender la libertad de quienes quieren circular, trabajar y vivir en paz".

La causa se originó en una acción de amparo colectivo promovida por organizaciones sociales que cuestionaron la validez de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad (que aprobó el referido protocolo), al entender que implicaba una restricción indebida de derechos constitucionales como la protesta, la libertad de expresión y el derecho de reunión.

En primera instancia, el Juzgado Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11 había hecho lugar a la demanda, declarando la nulidad del protocolo.

El juez consideró que la resolución excedía las competencias del Poder Ejecutivo al regular, bajo la apariencia de instrucciones internas, derechos constitucionales como el de reunión y petición, reservados a la ley del Congreso. Asimismo, el fallo de grado había sostenido que la norma modificaba el alcance del artículo 194 del Código Penal y adolecía de vicios en su motivación y razonabilidad.

El Estado Nacional apeló esa sentencia, planteando como agravios centrales la improcedencia de la vía de amparo y la ausencia de ilegitimidad manifiesta en el protocolo.

Argumentó que la resolución 943/23 es un acto administrativo válido, dictado dentro de sus facultades legales, que no restringe derechos sino que busca garantizar la seguridad y la libre circulación, en un contexto de conflictividad social recurrente.

En su dictamen, el fiscal Rodrigo Cuesta opinó que correspondía desestimar el recurso de apelación del Gobierno y dejar firme la sentencia que declaró nulo el protocolo antipiquetes.

Para el funcionario, la resolución del Ministerio de Seguridad excedió sus facultades al intentar regular derechos fundamentales mediante una normativa administrativa que, en la práctica, anuló garantías constitucionales básicas.

El dictamen reconoció que el derecho a la protesta no es un delito, sino un ejercicio legítimo que debe ser protegido incluso cuando entra en tensión con la libre circulación.

Cuesta remarcó que el Estado tiene la obligación de realizar una evaluación adecuada en cada conflicto de derechos, pero subrayó que la reunión y la expresión social tienen un carácter "preferencial" dentro del sistema legal argentino.

Uno de los puntos más severos del texto apuntó contra la "automaticidad" de la represión. El fiscal advirtió que el protocolo obliga a una intervención policial inmediata ante cualquier afectación de la vía pública, sin analizar las circunstancias ni la legitimidad del reclamo.

Esta mecánica, según el dictamen, resultó “incompatible con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que exige la Constitución”, transformando a las fuerzas de seguridad en jueces de hecho sobre la vía pública.

Los integrantes de la Sala III de la Cámara no compartieron los argumentos del fiscal y, conforme a lo solicitado por el Gobierno, decidieron revocar la sentencia de primera instancia. Tal como consigna el sitio especializado Palabras del Derecho, los magistrados fundamentaron su decisión en varios ejes.

En primer lugar, destacaron la presunción de legitimidad que asiste a los actos administrativos (art. 12 de la ley 19.549), la cual impone a quien cuestiona la norma la carga de probar sus vicios, extremo que consideraron no acreditado.

Sobre la competencia, señalaron que la resolución se dictó en virtud de las atribuciones conferidas al Ministerio de Seguridad por la ley 22.520 de Ministerios (arts. 4, inc. b, ap. 9 y 22 bis), que lo facultan a impartir instrucciones y coordinar a las fuerzas federales.

En cuanto a la motivación, la Cámara sostuvo que los considerandos de la resolución 943/23 explican con claridad las razones que llevaron a su dictado, haciendo referencia a la "urgencia" de la situación, la recurrencia de los cortes de tránsito y la necesidad de brindar certidumbre a las fuerzas de seguridad.

Respecto al fondo de la regulación, el fallo señaló que el protocolo no regula derechos constitucionales de manera general, sino que establece pautas de actuación ante la comisión de un delito flagrante (art. 194 del Código Penal), orientada a despejar las vías de circulación y con el deber de utilizar la mínima fuerza necesaria.

El tribunal concluyó que, en este marco, la resolución constituye una limitación legítima de derechos, que no son absolutos, en consonancia con el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El tribunal también rechazó el argumento de la parte actora sobre la supuesta invasión de competencias penales, remitiéndose a un fallo previo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que había declarado que la resolución no era materia de hábeas corpus y que su análisis correspondía al fuero contencioso administrativo federal.

El cada vez más potente sector ganadero de Expoagro 2026 volvió a ser la vidriera nacional de la gran producción de carne argentina, y este año el IPCVA presentó un stand institucional, apuntalando el trabajo de los productores y de la industria frigorífica.

El espacio de la carne argentina fue concebido como un centro de reuniones para informar a los visitantes sobre el trabajo que realiza el instituto, con un gran sector para degustaciones al paso con la mejor carne del mundo.

“Trasladamos la agenda del Instituto a la expo y pudimos mostrar el trabajo del IPCVA en todos sus ámbitos: promoción interna, promoción externa, investigaciones, desarrollo, con el firme convencimiento de que tenemos que trabajar para aumentar la producción”, comentó Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

En conjunto con la Secretaría de Agricultura de la Nación, se realizaron reuniones de trabajo con legisladores nacionales, como la senadora Patricia Bullrich, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entre otros diputados, senadores y autoridades provinciales.

Es así como, en conjunto con la Secretaría de Agricultura de la Nación, se realizaron reuniones de trabajo con legisladores nacionales, como la senadora Patricia Bullrich, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entre otros diputados, senadores y autoridades provinciales.

También se recibió la visita de una delegación de la China International Import Expo (CIIE) y se llevó a cabo un encuentro para más de treinta embajadores de todo el mundo que recorrieron la feria.

Las entidades del campo tuvieron en el stand del IPCVA un lugar de encuentro y diálogo, con la participación de Andrea Sarnari (presidente FAA), Carlos Castagnani (presidente CRA) y Lucas Magnano (presidente Coninagro), entre otros dirigentes sectoriales.

En conjunto con la Secretaría de Agricultura de la Nación, se realizaron reuniones de trabajo con legisladores nacionales, como la senadora Patricia Bullrich, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entre otros diputados, senadores y autoridades provinciales.

El IPCVA también acompañó el ciclo “Ganadería moderna”, organizado por le Asociación Braford Argentina, y presentó la ponencia “Storytelling que se audita: Imágenes satelitales, IA y trazabilidad para vender carne argentina en Europa”, a cargo de Gerardo Leotta, Consorcio ABC, y Adrián Bifaretti, jefe de promoción interna del Instituto, quienes disertaron en el Auditorio Carne Argentina de la muestra.

Y, como siempre, la carne argentina fue la gran estrella, con numerosas degustaciones al paso de bife angosto, bife ancho, asado, colita de cuadril y picaña.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este jueves que el oficialismo logró el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, que será tratado en el recinto la semana próxima.

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó desde sus redes sociales.

La legisladora planteó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

La publicación de Bullrich.

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei desde Estados Unidos: "TMAP. VLLC!". El "TMAP" significa "todo marcha de acuerdo al plan" y se le suma el ya tradicional "viva la libertad carajo".

La Cámara de Diputados sancionó el jueves último por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La publicación de Milei.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

(Por Juan Pablo Peralta) - Este martes se desarrolló una nueva reunión de la Mesa Política en Casa Rosada. En ella volvieron a participar los popes de La Libertad Avanza liderados por Karina Milei (secretaria General de la Presidencia); el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el principal asesor gubernamental Santiago Caputo; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Del cónclave no se comunicó qué es lo que se había definido con respecto al tema que más resistencias generó entre los gobernadores acuerdistas, nos referimos a la baja fiscal de fondos coparticipables en materia de Ganancias a las sociedades comerciales. Los operadores oficialistas habían dejado circular –a modo de globo de ensayo- la posibilidad de segmentar la disminución del gravamen hacia adelante, mientras que los gobernadores rápidamente salieron a comunicar que habían sido notificados de que el apartado iba a ser retirado del escrito original. De hecho, varios mandatarios provinciales se mostraron de acuerdo con la propuesta de recibir -a modo de compensación- Aportes del Tesoro Nacional; Obra Pública y/o partidas discrecionales. Sin embargo, la comandancia libertaria no aceptó que tales giros quedaran comprometidos por escrito.

La Mesa Política volvió a reunirse este martes en Casa Rosada a las puertas del debate por la Reforma Laboral en el Senado.

Horas más tarde fue la propia Bullrich, cabeza de la bancada libertaria, quien anunció en conferencia de prensa en el Congreso que dicha reducción queda postergada a la espera de que el Parlamento reformule un sistema integral de descenso tributario. La funcionaria que hasta hace poco ocupó la cartera de Seguridad nacional expresó que la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene por objetivo eliminar la industria del juicio, aclarando que –en todo caso- "los haya cuando tenga que haber o frente a una injusticia", pero fuera de la lógica que, según señaló, se viene dando hasta ahora.

En ese marco, enfatizó que el proyecto del mileísmo apela a un sistema bien claro de actualización de créditos laborales que tiene en cuenta el grado de contingencia de las empresas. Ahora será determinado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) + el 3%. Otro punto, es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), propuesto por integrantes de la UCR, que determina un 1% para grandes firmas y un 2,5% para Pymes, mini Pymes y medias, “que puede llegar a 1,5% para las de mayor porte al 3 por ciento”, y que será financiado con recursos de la ANSES. Esto se realizará con mecanismos de control de una comisión bicameral y la de previsión social.

Bullrich específico que, asimismo, habrá un registro laboral simplificado y digital para no tener contrapuntos en materia de las registraciones, algo en lo que trabajará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). También comunicó que se han delimitado los beneficios sociales -no remunerativos- para el trabajador (comedores, reintegros médicos, comedores, guarderías, útiles escolares, capacitación, etc.).

Bullrich, junto a los Senadores del Bloque LLA y sus aliados, presentó los cambios más importantes a la reforma laboral.

En referencia al Banco de Horas, la senadora puso como ejemplo cuando los padres quieren asistir al acto de jura a la bandera de su hijo, entonces deben pedir media jornada. Con la nueva ley, lo podrán hacer y después compensar ese tiempo sin perder el presentismo, “hoy lo pierden”, reforzó Bullrich. A la vez tocó el tema de las vacaciones, argumentando que los tres meses del verano eran un problema y ahora serían segmentadas (de aprobarse el proyecto), pudiendo incluir los períodos de descanso invernal. En esa línea, defendió la propuesta oficial resaltando que “damos condiciones para que puedan formalizar a los trabajadores”.

Acerca de los convenios aclaró que se hará una prelación, es decir que el acuerdo colectivo de trabajo de menor jerarquía –o por empresa- tendría prevalencia por encima del convenio mayor, o como se lo denomina ‘por actividad’. Esta opción busca descentralizar las negociaciones con la finalidad de permitir acuerdos más flexibles y adaptados a cada compañía.

En la rueda con el periodismo, la dirigente que fue presidenta del PRO y ahora pertenece a LLA, manifestó que son 28 las modificaciones consensuadas con la Unión Cívica Radical; Propuesta Republicana y varios partidos provinciales. Lo denominó “un gran acuerdo”, consignando que se trata de “un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”.

Tras la reunión de Labor Parlamentaria que tuvo lugar esta tarde en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Bullrich se mostró con los presidentes de otros bloques, tal el caso del radical Eduardo Vischi y Martín Göerling Lara del macrismo, entre otros. Ahora falta leer cómo queda establecido el texto final que mañana podría recibir media sanción y pasar rápidamente a Diputados.

Mauro L. Muñoz

Habilitado formalmente el período de las sesiones extraordinarias, Patricia Bullrich pisa el acelerador por la reforma laboral con la meta puesta en llevarla al recinto el próximo 11 de febrero.

Este martes, la jefa de bloque libertaria volvió a reunirse con referentes de los bloques “dialoguistas” del Senado. La reunión arrancó a las 15 y se extendió casi tres horas en el despacho de la jefatura de bloque de la UCR, que encabeza Eduardo Vischi. En esa mesa se sentaron también Luis Juez, Carlos Arce y Edith Terenzi.

A la salida, habló con la prensa y se mostró confiada. Dijo que formalizará el pedido de sesión para el miércoles 11 de febrero con la expectativa de llegar con los acuerdos cerrados. “Hemos consolidado un equipo que quiere que haya cambios en el país. Esta ley va a ser histórica”, sostuvo. “Estuvimos revisando artículo por artículo y vamos a llevar un acuerdo consolidado”, insistió.

Bullrich aseguró que “tenemos los números necesarios y los compromisos” para sesionar. “De acá al viernes vamos a terminar de hacer la redacción final y el lunes vamos a pasar a cerrar el dictamen definitivo. Hemos aceptado muchas propuestas en distintos artículos”, reconoció.

Consultada sobre esos cambios, optó por no revelarlos hasta que no esté asegurada su reformulación: "Los cambios los tenemos bajo 4 llaves". El proyecto ya cuenta con dictamen logrado a fines de diciembre, pero Bullrich admitió que “seguramente va a ser modificado”, aunque aclaró: "los vamos a dar a conocer en el recinto para mantener el acuerdo entre todos”.

Bullrich también reunió al bloque libertario de la Cámara alta para coordinar la estrategia en defensa de la reforma laboral de cara a la sesión prevista para el 11 de febrero.

Las propuestas de modificaciones serán trasladadas a la “mesa política” del Gobierno, que se reunirá este miércoles, encabezada por la secretaria de la Presidencia Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y que integran también el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli, el asesor presidencial Santiago Caputo; Ignacio Devitt secretario de Asuntos Estratégicos y Martín Menem junto a Bullrich en sus respectivos roles parlamentarios.

El centro de las conversaciones sigue siendo el capítulo impositivo: la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas, un tributo coparticipable que impacta en la recaudación provincial. Bullrich lo reconoció ante la consulta de los periodistas que la esperaban afuera del Congreso: “Es un debate que se está dando entre el ministro del Interior, el Ministro de Economía y los gobernadores”.

El proyecto, según lo que se viene discutiendo, plantea una baja de alícuotas en segunda y tercera categoría para sociedades (del 30% al 27% y del 35% al 31,5%). En términos absolutos, los gobernadores estiman un golpe directo a sus cajas: se habla de una merma del orden de $144.000 millones mensuales.

Consultada sobre si los cambios en Ganancias dependen del visto bueno de Caputo, Bullrich contestó: “Estamos todo el tiempo discutiendo. Yo estoy como responsable en el Senado. Nada va contra nuestra principal bandera que es el superávit fiscal, pero también es cierto que en esta ley estamos planteando baja de impuestos que es otra de nuestras prioridades. Todas esas cosas están en línea con el Ministro de Economía”.

Además de Ganancias, otro punto que genera ruido es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado como un nuevo régimen de indemnizaciones financiado con recursos de Anses. Los bloques dialoguistas habían planteando en la primera reunión sus dudas sobre el alcance de este mecanismo, y en las conversaciones apareció como sugerencia acotar el beneficio —al menos— a pequeñas y medianas empresas. Otro cambio que será materia de discusión de la Mesa Política.

Adorni y Santilli recibieron al gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, en el marco de la ronda de diálogos por la reforma laboral. Llegó después de dos audiencias fallidas, una por cuestiones de índole personal y otra por las inclemencias climáticas que golpearon a su provincia. Esta vez, llegó con reclamos hasta la Casa Rosada.

Ziliotto planteó reparos sobre la reforma laboral en la reunión con Adorni y Santilli.

“Una reforma laboral es algo que tiene que beneficiar a todos”, planteó respecto al proyecto que es el eje del temario del Ejecutivo, y cuestionó que el articulado haya sido diseñado por Federico Sturzenegger y Caputo sin una participación amplia. “Que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente la redacción, tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice con esa premisa”, apuntó.

Ziliotto pidió ampliar el debate, sumando a los actores sociales: mencionó a la CGT y a CAME como espacios que ya reclamaron ser escuchados. Y fue por más: “Siempre hay que plantear que la generación de trabajo no pasa por la modificación de una ley, tiene que ver con las relaciones laborales, con la economía. Esto no soluciona absolutamente nada, menos como está”.

El gobernador también volvió sobre un tema que es recurrente en varias provincias: la deuda previsional, en el marco de las provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación. Su administración la cifra en $400.000 millones. Además, sumó pedidos concretos en el esquema de cancelación: la transferencia de una operatoria de 636 viviendas del Procrear para que la provincia las termine y administre, además del reclamo por rutas nacionales.

En cuanto al reclamo de Ganancias, Ziliotto era uno de los gobernadores que tenía previsto participar en una nueva cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para unificar reclamos que tienen para con el oficialismo. En principio, la cita también está prevista para este miércoles; sin embargo, no hubo confirmación de quiénes asistirán y es una incógnita si finalmente se llevará a cabo.

El gobernador de Santa Fe ratificó su posición a favor de promover la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad en el país, aunque advirtió que su planteo no se centra exclusivamente en los años del menor, sino en la gravedad del delito que eventualmente comete. Consultado por El Litoral, confirmó que se reunirá con los legisladores del bloque de Provincias Unidas y, si es convocado, concurrirá como orador al Congreso de la Nación cuando se dé el debate.

Tras recorrer las obras de refacción del edificio de "El Comercial" en esta capital y en diálogo con la prensa, Maximiliano Pullaro planteó que su posicionamiento a favor de discutir la edad de imputabilidad lo sostiene desde hace años; y recordó las críticas que recibió en dicha circunstancia.

El gobernador anticipó reuniones no descartó exponer en el Congreso. Foto: Guillermo Di Salvatore

"Esto para mí no es un tema coyuntural ni de agenda política por el caso Jeremías. Yo lo vengo planteando desde que era ministro de Seguridad desde la dificultad que tiene el Estado de poder encarcelar, detener y aislar de la sociedad a personas que cometen delitos violentos extremos. Este planteo lo hice y fui muy pero muy criticado por todo el sistema garantista judicial y político que había en la República Argentina.

A mí me destrozaron. Hace 6 o 7 años atrás, cuando empecé a plantear este tema, me destrozaron - manifestó-. Me pegaban por izquierda y por derecha".

"Este debate lo vengo dando desde cuando todo el sistema político me destrozaba – insistió-. Y muchos medios de comunicación también hablaban muy mal de mí. Hace dos años, cuando Patricia Bullrich me pidió que fuera a defender la Ley Antimafia, volví a plantear el tema y otra vez fui muy criticado por haberlo hecho de esa manera", expresó.

Sobre la base de lo expuesto, Pullaro adelantó que se reunirá con los legisladores nacionales de su sector para ratificar su postura.

"Repito - diferenció-, hablé de esto cuando nadie en la República Argentina lo hacía. Y lo voy a volver a hacer si soy citado. Por supuesto que voy a hablar con los legisladores de Provincias Unidas y les voy a dar mi posición, que no significa que sea la posición de todos. La construcción de seguridad amerita adecuar las normas a los momentos que estamos viviendo".

"El Código Penal -sostuvo- se pensó para un momento determinado y para delitos determinados hace mucho tiempo atrás. Hoy, la criminalidad cambió; la criminalidad organizada tiene una estructura diferente y por supuesto que si soy convocado (para hablar en el Congreso), voy a estar presente", añadió.

Y concluyó en que "voy a ir a defender esto, si es que me lo piden los legisladores, pero mínimamente voy a ir a hablar con el bloque de diputados nacionales (de Provincias Unidas) y les voy a dar mi posición".

El mandatario aludió a las organizaciones criminales que "se ufanan o se jactan de tener menores para cometer delitos violentos". Y frente ello, advirtió que "el Estado no puede ser el estado bobo".

"Nosotros en la provincia tenemos muchas herramientas; tenemos 26.000 chicos en el programa Nuevo Oportunidad; tenemos los programas Abre y Abre Familia… Vamos a buscar a cada uno de los chicos para que puedan participar de talleres, para que puedan volver a la escuela, para hacerles un acompañamiento", sostuvo.

“El debate no es por edad sino por la gravedad del delito”, sostuvo Pullaro ante la prensa.

Y añadió que "por eso también ha bajado la violencia como ha bajado, pero hay chicos que cometen delitos violentos que son cooptados por las organizaciones criminales y son utilizados como recursos porque no se los puede meter a la cárcel", describió.

Sobre su posicionamiento, dijo que "un delito de mayor (de adulto) tiene que tener una condena de mayor, y la baja de la edad de imputabilidad no tiene que ser por edad, sino por delito".

"El homicidio está sancionado cultural y moralmente en la sociedad desde que somos niños. Entonces, claramente todos saben que ésa es una acción negativa. Por eso yo ni siquiera hablo del límite de edad, sino del tipo de delitos y de la intención con que se cometen. Y la norma nos tiene que dar herramientas a quienes queremos seguir bajando la violencia para poder encarcelar y aislar de la sociedad a los violentos", concluyó.

El Gobierno nacional colocó en la agenda del período extraordinario de sesiones del Congreso al proyecto de Ley de Modernización Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE).

Según el Decreto 24/2026 publicado este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial, el período se extenderá del 2 al 27 de febrero. Y conforme al anexo, el temario se completa con la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.

La publicación en el boletín señala que el Congreso deberá trabajar durante 25 días fuera del período ordinario y estipula que cualquier tratamiento fuera de esa agenda necesitará de una nueva citación o el consentimiento expreso del presidente.

De hecho, se trata de la segunda convocatoria que hace el Gobierno en medio del receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026, la primera previsión financiera de la era Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.

Conforme al orden en que figuran en el anexo, el primero de los cuatro temas incluidos es el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Se trata de una norma de fuerte impacto en el debate ambiental y productivo, ya que podría destrabar inversiones para la explotación de cobre. La iniciativa cuenta con expediente iniciado en el Senado, lo que anticipa que su tratamiento podría comenzar en la Cámara alta.

Al mismo tiempo que provoca resistencia en sectores ecologistas, se trata de una modificación que interesa particularmente a los gobernadores de las provincias afectadas, y que incluso aparece como parte de la negociación por la reforma laboral.

De hecho, el segundo proyecto incluido en la convocatoria es, precisamente, la llamada Ley de Modernización Laboral. La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo y se inscribe en la agenda de cambios estructurales que el Gobierno busca debatir en el Congreso.

Los mandatarios reunidos en Asunción para la firma del convenio Mercosur-UE. Reuters

El temario incorpora además la aprobación legislativa del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento negociado durante más de dos décadas y cuya ratificación requiere el aval de los parlamentos de los países involucrados. El anexo del decreto precisa que el acuerdo será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Tal como se informó oportunamente, para que entre en vigencia la parte comercial del entendimiento se necesita el apoyo del Parlamento Europeo y de los congresos de cada país del Mercosur.

Si está aprobado por el Parlamento Europeo y uno de los congresos del Mercosur -por ejemplo, el argentino- le da aval, ya entra en vigencia para ese país. Eso pretende Milei que ocurra lo más pronto posible. Además, el Congreso deberá votar el texto por la aceptación o el rechazo, es decir, no podrá modificar el contenido del acuerdo.

Por último, la convocatoria incluye la consideración del acuerdo para designar como embajador a Fernando Adolfo Iglesias.

Mientras tanto, el Senado avanzó en la fijación de un rígido calendario para la aprobación de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero. Esto al mismo tiempo que el oficialismo se encuentra abocado a definir el respaldo parlamentario necesario y concluir las modificaciones finales al texto.

La senadora libertaria Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, busca asegurar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, previo al inicio de las sesiones ordinarias que encabezará Javier Milei el domingo 1 de marzo.

Patricia Bullrich. Archivo El Litoral

El pleno del Senado requiere 37 voluntades para sesionar, cuando el interbloque oficialista que lidera Bullrich suma 21 senadores. El gobierno de La Libertad Avanza debe, por tanto, apelar a los bloques de la UCR (10 miembros), el PRO (tres bancas) y a legisladores provinciales independientes, que no siempre responden a los gobernadores.

En cuanto a los procedimientos internos, desde el lunes 26 de enero Bullrich dará inicio a una ronda de reuniones directas con integrantes de la oposición dialoguista, posponiendo cualquier definición relevante hasta fines de ese mes o los primeros días de febrero.

De manera paralela, una comisión técnica, dirigida por Josefina Tajes, comenzará a trabajar desde ese mismo día en la sistematización de las modificaciones y los reclamos recibidos tanto de bloques opositores como de la CGT.

Cuando se terminen de pulir los eventuales cambios en el dictamen de mayoría que se firmó en diciembre pasado y el tema llegue al recinto, la propia Bullrich será miembro informante y tendrá a su cargo explicar los alcances de la norma, como así también las modificaciones, de cara a la votación en general y en particular.

El protocolo antipiquetes que había puesto en marcha Patricia Bullrich en 2023 fue declarado nulo por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°11. La decisión responde a una acción de amparo presentada por el CELS, que denunció que la normativa atentaba contra derechos constitucionales.

Según el fallo, la resolución 943/2023 –que facultaba a las fuerzas de seguridad a intervenir ante protestas sin orden judicial– vulnera derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho a peticionar a las autoridades. La Justicia reafirmó que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas que restrinjan garantías básicas.

Cormick también declaró inconstitucionales las tareas de inteligencia que el protocolo permitía: filmaciones, fotografías y seguimiento de personas por razones ideológicas o políticas. Recordó que la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe almacenar información de ciudadanos por su pertenencia a organizaciones o su militancia.

Además, criticó la falta de criterios para actuar frente a grupos vulnerables como niños, personas mayores o con discapacidad, que requieren medidas de protección especiales. Por estos motivos, exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse de aplicar el protocolo y a ajustar su accionar al Código Procesal Penal.

Tras conocerse el fallo, la ahora senadora nacional, Patricia Bullrich, respondió con dureza desde sus redes sociales. Afirmó que el protocolo “fue validado por decenas de jueces” y que cuenta con el respaldo de la mayoría de los argentinos. “¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno”, escribió en referencia al magistrado Cormick.

Bullrich también apuntó contra los sectores que celebraron la nulidad: “¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”. A su juicio, los verdaderos perjudicados por la decisión judicial son “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”.

Finalmente, ratificó su compromiso con el protocolo que impulsó en 2023. “Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza”, sostuvo, y cerró con un mensaje político: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

La sentencia restituye a los jueces la facultad exclusiva de ordenar el uso de la fuerza en protestas. A criterio del magistrado, una manifestación social no puede equipararse a un delito flagrante que habilite la represión automática.

El Gobierno nacional aún tiene la posibilidad de apelar la resolución ante instancias superiores. Cormick, días atrás, también había fallado contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

(Por Mauro Muñoz) - Después del traspié en Diputados con la caída del capítulo 11, el Gobierno reordenó la estrategia. Hubo una cumbre en Casa Rosada, comandada por Javier Milei, con el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. De ahí salió un nuevo plan con prioridades para el final del año en el Senado: postergar la reforma laboral para febrero y concentrar toda la energía en asegurar la aprobación del Presupuesto.

Este viernes 26 habrá sesión en la Cámara alta. Cualquier cambio en el proyecto asegura un retorno a Diputados, que tendría apenas dos días hábiles —29 y 30— para revalidarlo volviendo a complicar las chances de aprobación, perdiendo músculo parlamentario tras las elecciones y corriendo el riesgo de que el Ejecutivo deba reconducir por tercera vez consecutiva la ley de leyes, una jugada que ya no tiene margen para repetirse sin costo ante la necesidad de acceso a créditos internacionales argumentada por el propio gobierno.

Bullrich lo dejó en claro al conseguir el dictamen en la comisión de Presupuesto: “Nosotros tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal, nos tendremos que acomodar para no caer en déficit, eso se va a arreglar pero no va a ser mediante este presupuesto, sino mediante otros instrumentos”. Es decir, el Presupuesto va como vino, y de ser necesarias correcciones se buscarán por vías administrativas.

La apuesta de La Libertad Avanza es conseguir su primera “ley de leyes” aprobada en sesiones extraordinarias y convertirla en una señal de fortaleza para arrancar 2026 con el manual de equilibrio fiscal bajo el brazo. En la misma línea, buscará dejar aprobado el proyecto de "Inocencia Fiscal".

En la Cámara alta, La Libertad Avanza parte de una base ajustada: 20 votos propios, aunque al momento se contabilizan 19. De ahí en más, necesita 17 senadores adicionales para llegar a los 37 que exige la mayoría absoluta.

Del otro lado, el peronismo se planta con 21 senadores conducidos por José Mayans y la postura ya está escrita: rechazar el texto completo. A esa órbita orbitan, además, algunos bloques provinciales o aliados circunstanciales como Frente Cívico por Santiago, que lidera Gerardo Zamora, y Convicción Federal, con cinco integrantes de Tucumán, San Luis, Jujuy, La Rioja y Catamarca. En ese mapa, el oficialismo mira una treintena de bancas “posibles” y arma el rompecabezas voto a voto.

El oficialismo buscará aprobar el Presupuesto antes de fin de año.

Entre los apoyos considerados “seguros” aparece Luis Juez, que dejó el PRO para armar un monobloque y moverse en tándem con el oficialismo. La UCR, con una bancada de diez, firmó el dictamen, aunque con reproches y una incomodidad que no se fue: el capítulo 11 contenía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, y en Diputados esa parte se cayó por completo.

El Gobierno, ya resignado a reponer ese capítulo en esta etapa, busca absorber por vía administrativa los gastos que demandan universidades y discapacidad —y otros ítems que estaban dentro del apartado— sin poner en riesgo el objetivo madre: que el Presupuesto salga del Senado sin cambios y sea ley antes del 31.

En la discusión de comisión, el secretario de Hacienda Carlos Guberman aportó durante su exposición una llave discursiva para sostener la estrategia de “no tocar” lo aprobado por Diputados: “en esencia no es diferente a lo que planteamos en el proyecto de ley original”, sostuvo.

Guberman defendió el superávit como elemento central del Presupuesto.

Guberman defendió el último viernes en comisiones la columna vertebral del programa: “una acumulación de déficit fiscal por 10 años” que “en 2023 llegó a 4,6% del PBI”, sin capacidad de financiamiento en mercados y con la emisión monetaria como un camino “insostenible” por su impacto inflacionario. Describió “un Estado sobredimensionado” y planteó que el ajuste se pensó por ambos lados: “eliminando gastos y bajar impuestos”.

Luego, resaltó logros fiscales: “Lo que logramos de manera bastante rápida fue ordenar las cuentas fiscales. El año pasado terminamos con un superávit del 0,3% del PBI. Este año vamos a estar alrededor de una cifra similar”. Enumeró también medidas de recorte como la reducción del 15% del empleo público, la discontinuación de 1.700 obras públicas “de tamaño menor” y la quita de subsidios, pasando de “60% de la factura pagada por el Estado” a “alrededor del 30%”.

También defendió el escenario macro con el que se armó el proyecto: variables medidas al 1 de agosto, inflación proyectada del 10% para 2026 y tipo de cambio a $1.423, con la idea de que no se trató de un dibujo optimista sino de un cálculo cercano a lo que esperaba el sector privado en ese momento.

Sobre la composición del Ejercicio Fiscal 2026, puso un número arriba de la mesa para explicar por qué el Gobierno insiste con la estrechez del margen: “tiene 45% destinado a previsión social (jubilaciones y pensiones), 16% a asistencia social, 11% a salarios de todo el sector público, y 9% es la cuenta de intereses de la deuda. Solo esto suma el 82%”. Y remató: “En el 18% restante quedan subsidios, el gasto universitario… Por eso, el 92% del presupuesto prácticamente no tiene mucho margen para discusión”.

Mauro L. Muñoz

En el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado, Patricia Bullrich comunicó que el oficialismo firmará un “dictamen provisorio” de la reforma laboral para “dejarlo abierto a modificaciones” y postergar el tratamiento hasta el 10 de febrero, en el marco de una nueva convocatoria a extraordinarias.

“Vamos a firmar un dictamen provisorio para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero… para tomar en cuenta lo que ha sido el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar en esta ley”, explicó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, mientras se producía una movilización de la CGT contra la iniciativa.

La propuesta, dijo Bullrich, apunta a dar tiempo para incorporar observaciones que llegaron “por distintas vías, por mail, por gente que ha venido a exponer y demás”. Y remarcó el mensaje que buscó instalar: “Nos dejaríamos un mes y medio más para poder debatirlo… Para que vean también que estamos abiertos a la escucha”.

En los hechos, la reprogramación implica un cambio de prioridades dentro del calendario legislativo que el Gobierno de Javier Milei venía impulsado de forma acelerada en el marco de las sesiones extraordinarias.

Bullrich sugirió que en lugar de debatir la reforma, la semana próxima se discutan otros dos proyectos que recibieron media sanción en Diputados. “En vez de discutirla el 26 de diciembre quisiéramos que nos acompañen a discutir ese día el presupuesto nacional… y pasar esta ley para el día 10 de febrero”, planteó.

Bullrich incluso bosquejó un cronograma más amplio para el mes entrante. “Llamaríamos a extraordinarias del primer día hábil del mes de febrero hasta el último día que sería creo que el 27 de febrero. Este sería el objetivo”, explicó, al detallar que otros expedientes también correrían hacia esa ventana.

Ahora, el Senado debatirá este viernes en comisión el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario.

En esa misma intervención, incorporó a la agenda la discusión sobre la ley de glaciares: “La comisión de minería y la comisión de medio ambiente están firmando también dictamen… pero han pedido también el tratamiento… para el mes de febrero”. Y fue más precisa sobre el esquema que imagina para el recinto: “Si tuviésemos que hacer un plan de labor… estaríamos el día 26 llevando al recinto dos proyectos de ley: el presupuesto general de nuestra nación y el proyecto llamado de inocencia fiscal. Dejaríamos la reforma laboral y la ley de glaciares para la sesión… el 10 de febrero”.

Sin embargo, más allá de las explicaciones de Bullrich, la decisión no se explicó sólo en términos de “escucha” para mejorar el proyecto. El contexto tuvo mucho que ver con la reprogramación del calendario. El anuncio tiene lugar luego de una convulsionada sesión en la Cámara de Diputados que dejó heridas en las alianzas políticas

El enfrentamiento con la oposición hizo tambalear la integralidad de la "ley de leyes" por el bloqueo al capítulo 11 que contenía artículos que derogaban leyes con fondos para universidades, discapacidad y pediatría. Pero, además, el oficialismo tuvo un fuerte encontronazo con bloques aliados por la designación durante la madrugada y fuera de agenda de tres integrantes para la AGN.

Los popes de la CGT habían asistido a la comisión del Senado en la previa de la marcha de este jueves.

Mientras la CGT llevaba a cabo la marcha en Plaza de Mayo, Patricia Bullrich se trasladó a Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei, el titular de Diputados Martín Menem y el ministro del Interior Diego Santilli, con el objetivo de pulir la estrategia legislativa. Al regresar al Congreso, ofreció el acuerdo que descomprimió la amenaza de un quiebre en la Cámara alta y logró un dictamen provisorio.

Para tener garantizado el dictamen de mayoría, se desprende que la jefa de la bancada de la LLA mantendrá a lo largo de este mes y medio nuevas negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y los bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.

Tras el anuncio oficialista, Mariano Recalde tomó la palabra y dejó una doble lectura: por un lado, valoró el aplazamiento; por el otro, volvió a cargar contra el contenido del proyecto. “Es bueno que se prorrogue el debate y que se escuche. Espero que las observaciones… se escuche en serio”, afirmó. Y remató con una frase que marcó la incomodidad opositora ante un tratamiento acelerado: “Quedaron muchas cosas sin tratar”.

El senador peronista fue más duro al entrar en los fundamentos de la iniciativa. “Es un proyecto que en los fundamentos tiene mentiras: no hay modernización ni se habla de homeoffice… lo mismo ocurre con los estatutos profesionales. Estamos volviendo al pasado”, sostuvo.

Y apuntó al eje que, para su bloque, atraviesa la reforma: la relación entre derechos laborales y empleo. “Ampliar o reducir derechos ni destruye ni crea trabajos… No es cierto que eliminando derechos los empresarios salgan a contratar compulsivamente”, dijo. Su conclusión política fue directa: “Esta ley está hecha para facilitar los despidos”.

Se trató de la segunda jornada de carácter informativo el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a Trabajo y Previsión Social, donde expusieron previamente gerentes de plataformas digitales como Rappi, Pedidos Ya y Uber quienes manifestaron su respaldo al proyecto oficial. En la vereda opuesta, se expresaron con críticas hacia la iniciativa representantes de trabajadores de mensajería (motos), referentes de los sectores cinematográfico y representantes sindicales del periodismo, quienes advirtieron sobre los riesgos de la propuesta gubernamental.

Los nombres que han trascendido ubican en lugares de preferencia al juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Días atrás y consultado por El Litoral, el magistrado –elogiado públicamente por la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich- aludió a la posibilidad de integrar el máximo tribunal. "No lo voy a negar; si se da la oportunidad, lo pensaré como un desafío". Con fuerte presencia territorial, Alurralde es conocido por su intervención en causas complejas y de alto impacto. Su perfil combina firmeza jurídica y una mirada al contexto social, lo que le dio visibilidad y peso institucional en la región.

En el mismo nivel se encontraría el nombre de Diego Maciel, abogado, recibido de la Universidad Nacional del Litoral, que actualmente se desempeña como Secretario Administrativo de la Cámara de Senadores.

Maciel es una figura clave del entramado institucional de la provincia de Santa Fe, con un perfil técnico–político que lo posiciona como uno de los actores relevantes en la redacción y articulación de normas de alto impacto provincial. Con una trayectoria que se consolida desde la gestión de Carlos Fascendini y que, continúa y se profundiza en la actual etapa encabezada por Felipe Michlig. Maciel ha tenido un rol central en la elaboración de marcos legales vinculados al funcionamiento del Estado, la modernización institucional y el fortalecimiento de los mecanismos democráticos.

El terceto se completaría con el nombre de una mujer del sur provincial, con antecedentes en el Consejo de la Magistratura y miembro de la F. A. C. A. (Federación Argentina de Colegios de Abogados)

Diego Maciel junto a Felipe Michlig.

Con el inminente envío de pliegos, el gobierno se propone activar la discusión política para definir los nombres de quienes sucederán a Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.

En el caso de Spuler, comunicaba a sus pares a principios de noviembre que desde el 1  de setiembre de 2026 dejaría su cargo. Hace unos días, también Falistocco anunciaba, en el marco de una entrevista periodística, que renunciaría en noviembre del año que viene.

Aldo Mario Alurralde juez Federal de Reconquista.

Finalmente, la semana pasada y tras reunirse con el gobernador, Rafael Gutiérrez revelaba a este medio que desde el 1° de noviembre del año que viene ya no integraría el máximo tribunal. Ese mismo martes fue electo como presidente del máximo tribunal por el próximo año.

Con las últimas tres renuncias anunciadas, el Poder Ejecutivo logra concluir un proceso de renovación que promovió la actual gestión y que comenzó en setiembre de 2024, cuando María Angélica Gastaldi anunciaba que se retiraría en abril de 2025. En junio del año pasado, fue Mario Netri quien también comunicaba que dejaría el cargo.

En el devenir, la Legislatura sancionaba la ley que amplió a siete el número de miembros de la Corte. Ello le permitió al Ejecutivo sumar tres nuevos integrantes. La definición del los nombres implicó una negociación con los principales sectores políticos del frente oficialista (Unidos) y también de la oposición. Así, fueron ungidos Margarita Zabalza de origen socialista, Jorge Baclini sugerido por el propio gobernador; y Rubén Weder, ex Fiscal de Estado durante la gestión de Omar Perotti. Fue el ex mandatario quien acercó su nombre a la mesa de negociación.

La AFA eligió la vía institucional: un texto largo, con tono político, para sostener que la conducción actual ordenó la entidad desde 2017 y que hoy funciona sin aportes del Estado. El pronunciamiento apareció tras la difusión de la presentación de Patricia Bullrich ante Conmebol, con pedidos para que el organismo sudamericano investigue presuntas irregularidades.

En el escrito, la AFA reconstruyó el escenario posterior al “38-38” y a la intervención de FIFA, para afirmar que asumió en un momento de descrédito, deuda y fractura dirigencial.

También apuntó a una supuesta continuidad de presiones y denuncias en distintos gobiernos, y ubicó al actual oficialismo dentro de esa línea, con la idea de que busca condicionar decisiones del fútbol argentino.

El comunicado remarcó que la estructura se sostiene con acuerdos comerciales y actividad de selecciones, y defendió el funcionamiento de sus predios y personal como parte del “proyecto” de gestión.

Sobre el final, la AFA intentó bajar el debate a una frase de cancha: “no hablamos de política, hablamos de fútbol”, para encuadrar la disputa como externa a la pelota.

La pelea, sin embargo, ya salió del escritorio: con denuncias en Conmebol, comunicados y acusaciones cruzadas, el conflicto quedó instalado en el centro del poder del fútbol argentino.

Cuando llegamos a la conducción de la AFA en 2017, nos encontramos con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara.

Institucionalmente, el panorama era igual de crítico. Tras la muerte de Julio Grondona, la AFA quedó sin conducción firme. El episodio del famoso “38-38” en las elecciones de 2015 fue un papelón que mostró al mundo la falta de seriedad en nuestros procesos internos. La FIFA tuvo que intervenir en 2016 con una Comisión Normalizadora para evitar sanciones y garantizar que, entre otras cosas, nuestros Torneos se pudieran seguir jugando y nuestras Selecciones pudieran seguir compitiendo.

La imagen pública estaba dañada. Los clubes estaban divididos, los entrenadores renunciaban, y hasta nuestros máximos referentes de la Selección llegaron a plantearse dar un paso al costado. Era un escenario de descrédito total, con riesgo de sanciones internacionales y sin confianza de los hinchas ni de la sociedad.

Eso fue lo que encontramos: una AFA acéfala, desfinanciada y desprestigiada. Desde ese punto de partida comenzamos a trabajar para ordenar las cuentas, recuperar la credibilidad y devolverle a la institución el prestigio que merece.

Desde ese día a la fecha, la AFA, no sólo recuperó la posición que ocupaba en el fútbol mundial, se convirtió en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, y hoy no recibe un solo peso del estado.

Se mantenían deudas de hasta tres meses de sueldos a los Cuerpos Técnicos que precedieron a la actual conducción, todo lo cual fue regularizado. En la actualidad, con una plantilla de 1.300 personas (incluidos Cuerpos Técnicos, Cuerpos Médicos, Personal auxiliar, Administrativos, Árbitros, Veedores, Inspectores) la AFA afronta mensualmente, en término, una erogación mensual en concepto de sueldos de aproximadamente 4.000 millones de pesos. Reiteramos, ello sin subsidios del Estado Nacional.

Nuestro Predio “Lionel Andrés Messi”, es de nivel internacional. Allí entrenan 24 Seleccionados, femeninos y masculinos, de todas las disciplinas, once, Futsal y Fútbol Playa. Aproximadamente 1.000 personas transitan el Predio y 400 atletas diariamente se alimentan en los comedores.

Con iniciativa, creatividad y esfuerzo propio y de quienes nos acompañan en estos emprendimientos, llevamos la profesionalización a todas las Categorías del fútbol masculino e incluimos a la Primera División “A” del fútbol femenino.

Se iniciaron los proyectos y trabajos en el nuevo Predio que será destinado a las distintas Selecciones femeninas de nuestra Asociación. Nunca antes se había dado este impulso, totalmente merecido, al fútbol femenino. También es cierto y así lo entendemos, que aún hay mucho por hacer y en ese camino estamos enfocados.

En este punto es interesante destacar, contra creencia, tal vez por falta de información o por una interesada desinformación, que de los derechos televisivos la AFA no se queda con ningún porcentaje. Todo lo ingresado se destina íntegramente a los clubes, en la medida de las posibilidades y porcentajes de distribución dispuestos por la dirigencia del fútbol. Si hilamos fino, para cubrir estos costos, que deben entenderse como una inversión y no como un gasto, la AFA debe recurrir a otros recursos tales como acuerdos comerciales con sponsors y partidos amistosos de la Selección mayor (a estos últimos ingresos se le deben descontar los gastos / inversión para afrontar la preparación continua y la logística de la participación de todas nuestras Selecciones y en las distintas competiciones).

Todo eso, se hizo gracias al esfuerzo de los actuales dirigentes del fútbol argentino y del Comité Ejecutivo que desde ya hace 8 años y medio viene trabajando incansablemente para hacer más y mejor para el desarrollo federal de nuestro deporte.

Todo lo hecho se gestionó a lo largo y a pesar de tres gobiernos distintos. Cada uno, a su manera, eligió a la AFA como blanco de sus ambiciones políticas.

En la Presidencia del Ing. Mauricio Macri tuvimos que soportar constantes amenazas de intervención, denuncias de cohecho, tráfico de influencias, lavado de dinero y demás inventos, todo con el objeto de instaurar un modelo de gestión distinto al que había elegido el fútbol argentino. Este claro accionar no fue casual ni inocente, probablemente defendían intereses particulares.

Luego, durante el gobierno del Dr. Alberto Fernández, el ex presidente se expresó públicamente en contra de esta dirigencia y pretendió ungir a su propio candidato para que dirija los destinos de la AFA, obviamente en contra de lo que se había elegido democráticamente.

Aún hoy insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista. Tanto nuestro tesorero como nuestro presidente fueron investigados y oportunamente sobreseídos en todas las causas iniciadas en el marco de una evidente persecución política hacia ambos (aquí el detalle de algunas de las referidas denuncias:1.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 2- Juzgado Criminal y Correccional N° 12. 3- acumulada, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 4.- Juzgado Penal Económico N° 7. 5.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6. 6.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33. 7.- Juzgado en lo Criminal y Correccional N°33. 8.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. 9.- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1. 10.- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8. 11.- en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8. 12- Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10. 13.- Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional N° 6. 14.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62. 15.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3. 16.- Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.).

Nuestro Presidente resultó investigado por la justicia federal de Campana por denuncias de contrabando y lavado de dinero, que luego derivaron en el fuero penal económico de la Capital y siendo finalmente sobreseído.

Más acá, ya durante la presidencia del Dr. Javier Milei, tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la Diputada Juliana Santillán y de actual Senadora Patricia Bullrich.

Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación.

No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de la intervención.

Nuevamente se presentaron denuncias por desbaratamiento de derechos acordados ante la Justicia Federal de la Capital Federal. En todas y cada una de las oportunidades, ajustado a derecho, fueron brindadas las explicaciones correspondientes.

Un capítulo aparte se lo lleva la intención de imponer a las Sociedades Anónimas Deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro.

No contento ni de acuerdo en admitir la libre decisión de los clubes, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Dr. Federico Sturzenegger expresó públicamente su estrategia para continuar con su plan de acción: empobrecer a los clubes aumentando la alícuota del Decreto 1212. Siempre en defensa de nuestros clubes y nuestras Ligas de todo el país la AFA acudió ante los estrados judiciales competentes y una vez más la justicia puso límite a ese nuevo y desesperado intento del Gobierno Nacional a través de uno de sus Ministros.

Como si lo antedicho fuera poco, la propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formuló una denuncia intentando vincular insólitamente a nuestro Tesorero con una supuesta red de espionaje ruso, algo a todas luces descabellado.

Durante la gestión iniciada en 2017, siempre se eligió privilegiar el fútbol frente a cuestiones político partidarias. Nunca nos préstamos a la utilización de los Campeones de América y del Mundo, nuestros planteles no representan a un partido político, sino a un país.

Toda esta resumida actividad, sumada a la cada vez mayor competitividad, asistencia a los estadios, audiencia y visualización hace que año a año los jugadores formados en las divisiones formativas de nuestros clubes sean requeridos desde el exterior, contando en la actualidad con un gran número de ellos que integran los planteles de los equipos de las Ligas más importantes del mundo.

Socialmente debemos destacar la actitud de nuestros clubes y de la propia AFA durante la Pandemia y ante cada uno d los eventos que conmovieron a la comunidad, abriendo sus puertas para acoger a los necesitados o para reunir donaciones destinadas a los afectados.

Y en momentos en los que se dice mucho, se desinforma y todo se confunde, es importante recordar algo que para nosotros sigue siendo evidente: en la Asociación del Fútbol Argentino no hay política partidaria. Lo único que tenemos es trabajo, convicción y un proyecto que nos llevó a donde estamos.

Porque al final del día, mientras algunos critican desde afuera (los mismos que criticaban la decisión de sostener al DT. Scaloni y su Cuerpo Técnico antes de que ganaran un mundial y dos copas américa), nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien.

Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna.

En el mientras tanto, en el país:

Proyectos Destacados para Sesiones Extraordinarias (Argentina):

Presupuesto 2026: Detalla recursos y gastos del Estado para el próximo año.

Inocencia Fiscal: Busca modificar el sistema impositivo. Proyecto presentado e impulsado por José Luis Espert.

Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: Parte del plan económico del gobierno.

Modernización Laboral: Propone cambios en indemnizaciones, aportes patronales y negociación colectiva.

Reforma del Código Penal: Incluye ajustes en el marco legal penal.

Más de 90.000 puestos de trabajos perdidos desde noviembre de 2023 hasta la fecha. Más de 20 empresas y fábricas importantes a nivel nacional que cerraron sus plantas por el aumento masivo de importaciones y la caída extrema del consumo.

Con ese dramático contexto del país y el foco puesto en cuestiones que nada tienen que ver con la realidad que atravesamos los argentinos, nosotros, igual, no te daremos los derechos.

La senadora nacional Patricia Bullrich presentó este lunes una denuncia formal ante el Comité de Ética de la CONMEBOL contra el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Bullrich calificó el accionar de ambos dirigentes como “mafioso” y aseguró que ese tipo de prácticas “ensucian al fútbol argentino”, afectando su credibilidad institucional.

A través de sus redes sociales, la legisladora de La Libertad Avanza apuntó contra el patrimonio de los dirigentes y el destino de los recursos que genera el fútbol. “¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?”, se preguntó, al tiempo que cuestionó premios deportivos, viajes y contrataciones.

Bullrich también hizo referencia a presuntos vínculos financieros irregulares y a la utilización de empresas propias para contrataciones, además de posibles retenciones indebidas de aportes. “La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, sostuvo.

En el escrito presentado ante la CONMEBOL, la senadora señaló que Tapia y Toviggino estarían incurriendo en “presuntas violaciones al Código de Ética”, al tiempo que advirtió sobre conflictos de intereses no esclarecidos.

El documento indica que las acusaciones coinciden “temporal y materialmente” con investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial, lo que —según Bullrich— compromete los estándares de integridad y transparencia exigidos a las asociaciones miembro.

Bullrich remarcó que, por tratarse de la conducción de una de las asociaciones más relevantes del fútbol sudamericano, los hechos denunciados trascienden el plano local y afectan la reputación del sistema regional.

En ese marco, sostuvo que el Tribunal de Ética de la CONMEBOL es plenamente competente para investigar y, eventualmente, sancionar las conductas denunciadas, con el objetivo de resguardar la integridad, la credibilidad y la buena gobernanza del fútbol sudamericano.

En un duro comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le respondió al Gobierno tras la denuncia de Patricia Bullrich ante la Conmebol y defendió la gestión del presidente Claudio “Chiqui” Tapia al frente del organismo.

En el escrito, la entidad destacó que desde que Tapia llegó al frente en 2017, "nos encontramos con una institución devastada". Y continuó: “Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara”.

“Institucionalmente, el panorama era igual de crítico. Tras la muerte de Julio Grondona, la AFA quedó sin conducción firme. El episodio del famoso “38-38” en las elecciones de 2015 fue un papelón que mostró al mundo la falta de seriedad en nuestros procesos internos. La FIFA tuvo que intervenir en 2016 con una Comisión Normalizadora para evitar sanciones y garantizar que, entre otras cosas, nuestros Torneos se pudieran seguir jugando y nuestras Selecciones pudieran seguir compitiendo", añadieron.

Y continuaron: “La imagen pública estaba dañada. Los clubes estaban divididos, los entrenadores renunciaban, y hasta nuestros máximos referentes de la Selección llegaron a plantearse dar un paso al costado. Era un escenario de descrédito total, con riesgo de sanciones internacionales y sin confianza de los hinchas ni de la sociedad. Eso fue lo que encontramos: una AFA acéfala, desfinanciada y desprestigiada. Desde ese punto de partida comenzamos a trabajar para ordenar las cuentas, recuperar la credibilidad y devolverle a la institución el prestigio que merece.

"Desde ese día a la fecha, la AFA, no sólo recuperó la posición que ocupaba en el fútbol mundial, se convirtió en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, y hoy no recibe un solo peso del estado“, enfatizaron en un pasaje del escrito que se publicó en el sitio oficial de la entidad.

En ese sentido, desde el organismo que conduce Tapia sostuvieron que “se mantenían deudas de hasta tres meses de sueldos a los Cuerpos Técnicos que precedieron a la actual conducción, todo lo cual fue regularizado“. Destacaron que actualmente hay ”una plantilla de 1.300 personas" y que la AFA "afronta mensualmente, en término, una erogación mensual en concepto de sueldos de aproximadamente 4.000 millones de pesos“.

Mientras que remarcaron que en el predio “Lionel Andrés Messi” actualmente entrenan “24 Seleccionados, femeninos y masculinos, de todas las disciplinas, once, Futsal y Fútbol Playa”. “Aproximadamente 1.000 personas transitan el Predio y 400 atletas diariamente se alimentan en los comedores”, añadieron.

“Con iniciativa, creatividad y esfuerzo propio y de quienes nos acompañan en estos emprendimientos, llevamos la profesionalización a todas las Categorías del fútbol masculino e incluimos a la Primera División ‘A’ del fútbol femenino. Se iniciaron los proyectos y trabajos en el nuevo Predio que será destinado a las distintas Selecciones femeninas de nuestra Asociación. Nunca antes se había dado este impulso, totalmente merecido, al fútbol femenino. También es cierto y así lo entendemos, que aún hay mucho por hacer y en ese camino estamos enfocados”, indicó el escrito.

Tras destacar los logros de la gestión de Tapia, enfatizaron: “Contra creencia, tal vez por falta de información o por una interesada desinformación, que de los derechos televisivos la AFA no se queda con ningún porcentaje. Todo lo ingresado se destina íntegramente a los clubes, en la medida de las posibilidades y porcentajes de distribución dispuestos por la dirigencia del fútbol. Si hilamos fino, para cubrir estos costos, que deben entenderse como una inversión y no como un gasto, la AFA debe recurrir a otros recursos tales como acuerdos comerciales con sponsors y partidos amistosos de la Selección mayor”.

“Todo eso, se hizo gracias al esfuerzo de los actuales dirigentes del fútbol argentino y del Comité Ejecutivo que desde ya hace 8 años y medio viene trabajando incansablemente para hacer más y mejor para el desarrollo federal de nuestro deporte. Todo lo hecho se gestionó a lo largo y a pesar de tres gobiernos distintos. Cada uno, a su manera, eligió a la AFA como blanco de sus ambiciones políticas”, sumaron.

En ese sentido, sostuvieron que durante la presidencia de Mauricio Macri “tuvimos que soportar constantes amenazas de intervención, denuncias de cohecho, tráfico de influencias, lavado de dinero y demás inventos, todo con el objeto de instaurar un modelo de gestión distinto al que había elegido el fútbol argentino”.

Mientras que durante la gestión de Alberto Fernández, señalaron, que “el ex presidente se expresó públicamente en contra de esta dirigencia y pretendió ungir a su propio candidato para que dirija los destinos de la AFA, obviamente en contra de lo que se había elegido democráticamente”.

“Aún hoy insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista. Tanto nuestro tesorero como nuestro presidente fueron investigados y oportunamente sobreseídos en todas las causas iniciadas en el marco de una evidente persecución política hacia ambos”, continuó el comunicado.

Ya en la presidencia de Javier Milei, desde el organismo apuntaron que “tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la Diputada Juliana Santillán y de actual Senadora Patricia Bullrich”.

“Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación. No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de la intervención”, señalaron.

En tanto, también cuestionaron la intención que han mostrado desde el Poder Ejecutivo en avanzar con las Sociedades Anónimas Deportivas, “en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro”.

“No contento ni de acuerdo en admitir la libre decisión de los clubes, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Dr. Federico Sturzenegger expresó públicamente su estrategia para continuar con su plan de acción: empobrecer a los clubes aumentando la alícuota del Decreto 1212. Siempre en defensa de nuestros clubes y nuestras Ligas de todo el país la AFA acudió ante los estrados judiciales competentes y una vez más la justicia puso límite a ese nuevo y desesperado intento del Gobierno Nacional a través de uno de sus Ministros”, comentaron.

Asimismo, cruzaron a Bullrich quien este lunes presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Conmebol, donde solicita una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la gestión del fútbol argentino. La presentación pone bajo la lupa la integridad y transparencia de la conducción de Tapia, en un contexto donde ya existen investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial.

“Durante la gestión iniciada en 2017, siempre se eligió privilegiar el fútbol frente a cuestiones político partidarias. Nunca nos préstamos a la utilización de los Campeones de América y del Mundo, nuestros planteles no representan a un partido político, sino a un país”, destacaron.

Y completaron: “Al final del día, mientras algunos critican desde afuera (los mismos que criticaban la decisión de sostener al DT. Scaloni y su Cuerpo Técnico antes de que ganaran un mundial y dos copas América), nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien. Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna“.

En ese marco, polemizaron con la situación actual del país y el debate que se viene en el Congreso de la Nación durante las sesiones extraordinarias. “Más de 90.000 puestos de trabajos perdidos desde noviembre de 2023 hasta la fecha. Más de 20 empresas y fábricas importantes a nivel nacional que cerraron sus plantas por el aumento masivo de importaciones y la caída extrema del consumo. Con ese dramático contexto del país y el foco puesto en cuestiones que nada tienen que ver con la realidad que atravesamos los argentinos, nosotros, igual, no te daremos los derechos”, cerraron en el mensaje.

Decidida a lograr su primer triunfo político como jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich busca que la reforma laboral ingrese y se apruebe en la Cámara alta antes de fin de mes.

La dirigente pretende darle un trámite exprés al proyecto que la Casa Rosada enviará en las próximas horas, convencida de que el momento político ofrece una oportunidad única: el Gobierno quiere mostrar avances concretos y el clima legislativo, según su lectura, puede permitirlo.

“Mi idea es que este miércoles los bloques propongan sus senadores para integrar la comisión laboral y empezar a tratarlo de inmediato”, dijo Bullrich a LA NACIÓN. La exministra de Seguridad asumirá formalmente su banca este miércoles y, aun antes de ocupar su escaño, ya diseña el camino parlamentario de la iniciativa, que ella misma presidirá desde la Comisión de Trabajo.

Bullrich busca que la reforma laboral ingrese y se apruebe en la Cámara alta antes de fin de mes

El plan es ambicioso: dos reuniones de comisión —jueves y viernes— y la posibilidad de emitir dictamen esta misma semana. Así, la reforma podría ser tratada en el recinto en los días siguientes.

“Esta no es una reforma difícil; es equilibrada y se debatió en el Consejo de Mayo. No es una flexibilización clásica”, afirma.

La senadora electa también descarta ampliar el debate con expertos, gremios o empresarios. Para ella, ese capítulo está saldado: “Ya participaron en el Consejo de Mayo, ya dieron sus puntos de vista”. El Gobierno apuesta así a un tratamiento breve, sin audiencias públicas que puedan demorar el avance.

Bullrich se muestra particularmente molesta por la lectura que algunos medios hicieron del borrador filtrado la semana pasada. “No es verdad que cambia la indemnización. La ley siempre habló de un mes por año de trabajo. Eso se mantiene”, sostiene.

Sus cuentas indican que el oficialismo podría reunir 34 voluntades: los 20 senadores libertarios, los 10 radicales —a quienes considera “reformistas”— y los 4 del Pro.

Para llegar al quórum y la mayoría absoluta necesita tres más. Esos apoyos podrían surgir de las conversaciones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene con gobernadores que aportan una media docena de legisladores clave, entre ellos Misiones, Neuquén, Salta y los tres senadores de Provincias Unidas.

Bullrich busca que la reforma laboral ingrese y se apruebe en la Cámara alta antes de fin de mes

Los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia representan un capítulo aparte: cada proyecto requerirá una negociación distinta, ya que no responden directamente al gobernador Claudio Vidal.

En el radicalismo prevalece la cautela: su jefe, Eduardo Vischi, prefirió no fijar posición hasta conocer la versión final del Ejecutivo. El Pro, en tanto, atraviesa un proceso de desintegración interna luego de la salida de Beatriz Avila, lo que deja al bloque con apenas cuatro integrantes.

En el Senado, además, resta definir las comisiones, una tarea que Bullrich deberá coordinar con el secretario parlamentario Agustín Giustinian y con la vicepresidenta Victoria Villarruel. La titular del cuerpo ha mostrado un riguroso apego al reglamento, lo que obliga al oficialismo a negociar cada paso.

Aun así, Bullrich confía en que la reforma laboral será el primer gran avance legislativo del mileísmo en la Cámara alta. Y quiere que sea rápido. Muy rápido.

El gobierno nacional oficializó este martes la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad de la Nación y su respectivo reemplazo.

A través del Decreto 851/2025 publicado este 2 de diciembre en el Boletín Oficial, se designó a Alejandra Monteoliva como nueva ministra de de Seguridad de la Nación.

“Desígnase, a partir del 2 de diciembre de 2025, en el cargo de Ministra de Seguridad Nacional a la magíster Alejandra Susana MONTEOLIVA (D.N.I. N° 21.755.882)”, indica el decreto.

El documento en cuestión cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, quienes “aceptaron” la renuncia de Bullrich.

La salida de la ex líder de la cartera se da por su jura como senadora nacional elegida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las pasadas elecciones legislativas del mes de octubre.

Patricia Bullrich asumirá como senadora nacional el próximo 10 de diciembre, tal como había anticipado tras las elecciones. En su mensaje de despedida agradeció al jefe de Estado por haberle permitido "sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país".

La exministra aseguró que seguirá defendiendo desde el Senado "las reformas que el país necesita" y los valores de "instituciones fuertes, ley, orden y libertad".

Monteoliva venía desempeñándose como secretaria del área en la actual gestión y en equipos técnicos de periodos pasados. Su paso a ministra confirma una línea de continuidad en la doctrina impulsada por Bullrich.

La flamante ministra publicó un mensaje en redes para anticipar la asunción: “Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como ministra. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Patricia Bullrich por el liderazgo y el camino compartido”.

A su vez, prometió sostener los lineamientos de gestión: “Reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”.

Decreto 851/2025 by El Litoral

Mauro L. Muñoz

Durante menos de una hora, el Senado de la Nación realizó la sesión pública especial en la que prestaron juramento 23 de los 24 senadores electos en los comicios del 26 de octubre. La ceremonia fue presidida por la vicepresidente de la Nación y titular de la Cámara, Victoria Villarruel, bajo la mirada atenta de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el Ministro del Interior, Diego Santilli, ubicados en un palco privilegiado.

El cuerpo aprobó la designación de Alejandro Fitzgerald como secretario administrativo del Senado. Crédito: HCSN.

La sesión comenzó a las 11.12 y concluyó a las 12.01. Fue breve, pero intensa. En el arranque, el cuerpo aprobó la designación de Alejandro Fitzgerald como secretario administrativo del Senado, propuesta por el bloque de La Libertad Avanza. Luego se avanzó en el tratamiento de los títulos de los senadores electos, con un voto afirmativo unánime de los 68 presentes, y se abrió el capítulo que venía levantando temperatura desde hace semanas: el futuro de la rionegrina Lorena Villaverde.

El nombre de Lorena Villaverde hizo ruido antes de que comenzara la sesión. La diputada y senadora electa llegó temprano, evitó hacer declaraciones y se ubicó en una banca mientras el resto de los legisladores iban tomando sus lugares. Su pliego había sido objetado en la Comisión de Asuntos Constitucionales por impugnaciones vinculadas a presuntos vínculos con el empresario “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por causas de narcotráfico y lavado, y por un antecedente de intento de ingreso a ese país con cocaína dos décadas atrás.

Villaverde estaba sentada en el recinto cuando se produjo una de las escenas políticas de la jornada. Patricia Bullrich la divisó y se dirigió directamente hacia ella. Hubo una charla de varios minutos, con gestos intensos ampulosos, a la que se sumó el senador Luis Juez, que la había defendido en comisión. Desde el palco, Karina Milei seguía la escena con atención. Minutos después, Villaverde recogió su libreta y se retiró. Esa banca sería ocupada luego por la propia Bullrich, en calidad de futura jefa del bloque oficialista.

Bullrich convenció a Villaverde que se retire del recinto antes de la jura. Crédito: HCSN.

Según reconstruyeron fuentes parlamentarias, Bullrich le advirtió a Villaverde que la iban a expulsar del recinto, que se estaba exponiendo y que “iba a ser peor quedarse que irse”. El oficialismo no tenía los votos para sostener el pliego en el recinto y el rechazo a su diploma podía transformarse en la primera derrota política del nuevo esquema de poder libertario en la Cámara alta.

En ese contexto, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, pidió la palabra cuando correspondía votar el dictamen que rechazaba el título de la rionegrina. “Queremos hacer una moción desde el bloque de La Libertad Avanza para proponer que el título de Villaverde vuelva a la Comisión de Asuntos Constitucionales porque entendemos que hay cuestiones que faltan dirimir”, planteó.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli en el palco central de la Cámara alta. Crédito: HCSN.

La moción se aprobó por unanimidad, a mano alzada, con los 68 senadores presentes. El pliego de Villaverde regresó a comisión y, con esa decisión, quedó sellado que el bloque libertario arrancará la nueva etapa con 19 y no con las 20 bancas que esperaba mostrar el Gobierno. Villaverde seguirá, por ahora, en su banca de Diputados y deberá esperar a la nueva Comisión de Asuntos Constitucionales para que se vuelva a discutir su caso.

Resuelto el capítulo Villaverde, la sesión entró en el tramo más protocolar, aunque con ingredientes políticos en cada gesto. Villarruel, desde la presidencia, fue llamando a los senadores electos por orden alfabético de las provincias que renovaron este año: Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Por Chaco juraron Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, ambos de La Libertad Avanza, y Jorge Capitanich por Fuerza Patria, exgobernador que regresa al Congreso tras 18 años. Por la Ciudad de Buenos Aires se incorporaron Patricia Bullrich y Agustín Monteverde por el oficialismo, y Mariano Recalde por Fuerza Patria. Desde Entre Ríos se sumaron los libertarios Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch, junto al peronista Adán Bahl. En representación de Neuquén prestaron juramento Pablo Cervi y Nadia Márquez por La Libertad Avanza y Julieta Corroza por La Neuquinidad.

Sin la presencia de Villaverde, por Río Negro lo hicieron Ana Marks y Martín Soria, ambos de Fuerza Patria. Por Salta juraron Gonzalo Guzmán y María Emilia Orozco en nombre del oficialismo, y Flavia Royón por Primero los Salteños. Santiago del Estero aportó al gobernador saliente Gerardo Zamora y a Elia Montero por el Frente Cívico, además de José Neder, alineado al mismo espacio desde Fuerza Patria. Tierra del Fuego completó la nómina con los libertarios Agustín Coto y Belén Monte de Oca, y con la reelecta Cándida López, referente kirchnerista.

La foto política más potente fue, sin dudas, el juramento de Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad lo hizo acompañada por su familia. Apenas terminó de pronunciar el clásico “sí, juro”, giró hacia el palco donde se encontraban Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli. Los tres se pusieron de pie, la aplaudieron de manera enfática y levantaron los pulgares en señal de respaldo del rol que esperan que cumpla como jefa del bloque libertario.

La diferencia fue palpable cuando llegó el turno de Cándida López, última en jurar y una de las pocas que decidió salirse de la formalidad. La senadora de Unión por la Patria, conocida por sus intervenciones ácidas en el recinto, hizo un juramento cargado de contenido político. “Juro por Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico Sur, por las Islas Malvinas y por los 30.000 desaparecidos. Tres, cero, punto, cero, cero, cero”, dijo, con la mano apoyada sobre la Biblia. Generó tibios aplausos desde los palcos y gestos adustos en el palco oficial.

Sobre el final de la sesión, la tensión en el nuevo Senado sumó su primer capítulo. Bullrich como flamante jefa del bloque libertario pidió la palabra y la vicepresidenta Villarruel le negó el uso del micrófono, en medio del reclamo del peronismo para que no se alterara lo acordado en la previa.

El telón de fondo fue el malestar de Bullrich por las dificultades que, según planteó, habían tenido algunos funcionarios del Gobierno para ingresar a los palcos, y por las supuestas diferencias en la entrega de invitaciones para los familiares de los nuevos senadores.

Cuando Bullrich levantó la mano para hablar, Villarruel salió al cruce con un recordatorio directo a los jefes de bloque. “Yo les pido, habíamos acordado ayer, todos los bloques presentes, en reunión con los presidentes de bloque presentes, que no iba a haber discursos ni ninguna intervención en la sesión de hoy”, sostuvo la vicepresidenta, mientras el jefe del interbloque peronista, José Mayans, acompañaba el planteo desde su banca. El micrófono nunca se abrió para la ministra.

“No puedo permitir el uso de la palabra porque la misma resultó de un acuerdo que tomaron todos los bloques”, insistió Villarruel, y de inmediato levantó la sesión. La escena duró segundos, pero dejó flotando la idea de que la convivencia interna del oficialismo en la Cámara alta tendrá, como mínimo, algunos roces visibles.

Apenas se apagaron los micrófonos, Bullrich se acercó al estrado de la presidencia. Ese cruce no quedó registrado en la transmisión oficial del Senado, pero sí en algunos teléfonos celulares del recinto. En las imágenes se ve a la senadora hablándole a Villarruel, que casi no responde y se limita a hacer un gesto con las palmas de las manos hacia arriba, como marcando que el tema estaba cerrado.

El Ministerio de Seguridad, a cargo desde este sábado de Alejandra Monteoliva, impulsa una reforma destinada a intensificar la vigilancia y el patrullaje en los pasos fronterizos, según confirmaron fuentes oficiales este luens.

La iniciativa retoma un proyecto promovido por la saliente ministra Patricia Bullrich y prevé la constitución de una Policía Migratoria integrada por personal de fuerzas federales para colaborar con la Dirección Nacional de Migraciones.

Bullrich dedicó buena parte de su gestión a avanzar con esa iniciativa y logró que la Dirección Nacional de Migraciones pasara a depender del Ministerio de Seguridad tras gestiones con el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos.

El decreto 366/2025 introdujo cambios a la Ley de Migraciones y definió a una “Policía Migratoria Auxiliar” que integra a la Prefectura Naval, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal, con la obligación de colaborar con Migraciones cuando se requiera.

Gendarmería Nacional Argentina supervisa principalmente los pasos terrestres.

En lo operativo, Gendarmería Nacional supervisa principalmente los pasos terrestres y la Policía de Seguridad Aeroportuaria actúa en aeropuertos; el plan de Monteoliva prevé que agentes de la nueva fuerza cubran esas jurisdicciones.

Fuentes oficiales indicaron que se buscará modernizar el control fronterizo y profesionalizar las tareas de Migraciones, y que el personal provendrá de una redistribución de recursos humanos y materiales, sin una incorporación masiva de agentes.

El diseño operativo ya consideró la organización y la conducción de la Policía Migratoria, pero falta definir su financiamiento en el presupuesto 2026. Desde el Ejecutivo confiaron en que el monto se incorporará antes de que el proyecto pase por el Congreso en las sesiones extraordinarias; de no ser así, indicaron que podrán financiar la puesta en marcha con partidas ya asignadas al Ministerio de Seguridad.

En materia operativa, se prevén capacitaciones específicas para enfrentar delitos presentes en las zonas de frontera, como la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo. La estructura administrativa de la Dirección de Migraciones ya está en funcionamiento, lo que, según fuentes oficiales, facilitaría la implementación y la coordinación con las fuerzas federales.

La Prefectura Naval Argentina tiene un rol crucial en el control de las fronteras fluviales y marítimas del país.

El Ejecutivo logró además el respaldo del presidente Javier Milei para endurecer y organizar el control del tránsito de personas y la política migratoria nacional. Funcionarios indicaron que los recursos no representan montos elevados y que confían en hallar una solución presupuestaria antes de iniciar la implementación.

Paralelamente, el Gobierno proyecta reformar la Policía Federal Argentina para orientarla a la investigación penal y concentrar la lucha contra organizaciones criminales, en línea con el anuncio sobre el Departamento Federal de Investigaciones impulsado por el presidente.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria es otro de los órganos con la obligación de colaborar con Migraciones cuando se requiera.

La iniciativa se inspira en modelos internacionales como el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la US Border Patrol, y busca combatir ciberdelito, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y crimen organizado transnacional. En octubre, Patricia Bullrich firmó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad que incluyó a la Secretaría de Inteligencia del Estado y al FBI.

La puesta en marcha de la Policía Migratoria ampliará las jurisdicciones que deberá monitorear el Ministerio de Seguridad y dependerá de la incorporación de recursos y de la aprobación legislativa, con impacto directo en la coordinación entre fuerzas y en los controles en los pasos fronterizos