Mariela Goy

Luego del paro de cinco días realizado el 16 de marzo, la conflictividad en el sistema universitario suma un nuevo capítulo con una nueva semana marcada por paros y protestas en todo el país. Gremios docentes anunciaron medidas de fuerza desde este lunes 30 de marzo y durante los días martes 31 y miércoles 1 de abril (lo que se suma a los feriados de jueves y viernes), en reclamo de recomposición salarial, apertura de paritarias y cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. En tanto, los trabajadores no docentes harán un paro de 24 horas el martes 31 de marzo.

Las medidas de fuerza continuarán en abril con nuevas jornadas de paro y acciones de visibilización, mientras los gremios advierten que el conflicto podría escalar si no hay respuestas oficiales en materia salarial y presupuestaria. En paralelo, ya se analiza la posibilidad de una nueva marcha federal universitaria, en un contexto de creciente tensión en el sistema público de educación superior.

Desde el gremio local Adul, de los docentes de la Universidad Nacional del Litoral (adherido a Conadu Histórica a nivel nacional) confirmaron la convocatoria al paro nacional y advirtieron que "no hay respuestas, no hay convocatoria a paritarias, no hay cumplimiento de la ley de financiamiento universitario", al tiempo que señalaron que la política del Gobierno "tiene un solo objetivo: profundizar la crisis salarial de docentes y no docentes".

En ese sentido, remarcaron que "la deuda con nuestros salarios ya supera el 51%" y sostuvieron que "cuando se desfinancia la universidad pública se recorta el futuro, se achica la ciencia y se precariza la docencia".

Los estudiantes universitarios de la UNL deberán consultar con sus profesores si dictan clases o adhieren a la medida. Al igual que el paro anterior, se verán afectadas también las escuelas pre-universitarias: jardín de infantes, primaria y secundaria de la UNL, la Escuela Industrial Superior y la Escuela Granja de Esperanza.

Los gremios acompañan las medidas con acciones de visibilización. En este caso, el sindicato de los no docentes en Ciudad Universitaria y en ruta 168 el pasado viernes. Foto: Flavio Raina

El escenario se da en línea con el diagnóstico del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que advirtió en su plenario del viernes pasado que los salarios universitarios perdieron un 32% de su poder adquisitivo desde fines de 2023, ubicándose en "su nivel más bajo de los últimos 23 años". El organismo también alertó que la caída equivale a la pérdida de más de 7 salarios y que el deterioro general del sistema responde a un recorte presupuestario "crítico" y "sin precedentes".

En tanto, los trabajadores no docentes nucleados en Apul (alineada a nivel nacional con Fatun) tiene la modalidad de paros de 24 horas por semana. El próximo es el martes 31, y más adelante los días 8, 17 y 23 de abril.

Además, al igual que la docencia vienen realizando jornadas de visibilización con distintas actividades. El viernes pasado llevaron adelante una protesta con demoras del tránsito en ruta 168, a la altura de Ciudad Universitaria, para hacer entrega de volantes a los automovilistas que circulaban por el lugar.

"Estamos en una jornada de protesta en defensa de la universidad pública y la educación", señaló el dirigente Rubén Núñez, en oportunidad de la medida. Y reclamó "la plena aplicación de la ley de financiamiento universitario, salarios dignos y la apertura inmediata de paritarias".

Además, el dirigente indicó que las medidas forman parte de un plan de acción conjunto con federaciones nacionales, el CIN y el movimiento estudiantil, que incluye paros, asambleas y nuevas movilizaciones.

Por su parte, la Federación Gremial Docente de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) lanzó un paro de cinco días distribuido en tres semanas: 30, 31 de marzo, 1 de abril y luego 8 y 17 de abril. Su secretario general a nivel nacional, Ricardo Mozzi, advirtió que la situación es insostenible: "Enseñar no debiese ser un sacrificio" y alertó sobre "un éxodo de colegas docentes que no pueden tolerar más ver la heladera vacía".

También cuestionó los aumentos otorgados por el Ejecutivo, al calificarlos como "ajustes unilaterales por debajo de la inflación", y aseguró que "hemos cobrado casi 9 salarios menos de los que hubiésemos percibido si los ajustes hubiesen seguido el ritmo inflacionario".

El conflicto se agrava por la falta de aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), que establece la recomposición de los salarios docentes y no docentes en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. De haberse implementado en su totalidad, los ingresos del sector habrían logrado recuperar gran parte de la pérdida sufrida.

En este escenario, los gremios insisten en la reapertura de paritarias y cuestionan el incumplimiento de la norma, que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y que actualmente se encuentra judicializada. Luego de no lograr su derogación, el Gobierno presentó un nuevo proyecto que introduce modificaciones al esquema vigente. Contempla aumentos escalonados que totalizan apenas un 12,3%, muy por debajo de lo necesario para revertir la caída del poder adquisitivo.

Docentes y no docentes de las universidades públicas nacionales iniciaron este lunes un paro en todo país. Si bien el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a la medida de fuerza de 72 horas para los días 12, 13 y 14 de agosto, el impacto será diferente, ya que algunas casas de estudio, como la Universidad Nacional de Rosario (UNR) decidió extender el cese de actividades durante toda la semana. 

En Venado, el paro tendrá su impacto, ya que algunas carreras que dependen de la UNR se verán alcanzadas por la medida, lo mismo que alumnos que asisten a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Venado Tuerto, aunque en este caso se decidió para 48 horas, lunes y martes.

En este marco, Federico Gayoso, secretario general del gremio que nuclea a docentes e investigadores, COAD, explicó que este paro es “en reclamo salarial y en defensa de la universidad pública”, remarcando que “desde que asumió este gobierno nacional tenemos la diferencia salarial más alta de los últimos 40 años, además de sufrir un destrato permanente”. 

Seguidamente, hizo mención a la reunión paritaria que mantuvieron la semana pasada, donde los docentes universitarios recibieron una oferta salarial del 5 por ciento en dos meses (3 % para agosto y 2 % para septiembre), lo que consideraron “una provocación”, porque “tenemos que tener en cuenta de dónde venimos, con una diferencia entre los incrementos salariales y la inflación acumulada de diciembre a esta parte, del 51 por ciento, llevando hoy a que un docente sin antigüedad, pero que trabaja 8 horas diarias, de lunes a viernes, cobre un sueldo de bolsillo de 520 mil pesos, es decir o pagás el alquiler o alimentás a tu familia”.

“Hay un estudio que marca que entre el 50 y el 60 por ciento de la docencia universitaria a nivel nacional cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza. Una situación que no tiene precedente histórico”, exclamó. Y añadió: “Esto repercute en la calidad educativa, porque hay docentes que están renunciando y yéndose a trabajar a otros lados, incluso al exterior, y otros que se están sobrecargando de trabajo, escenarios que impactan en las casas de estudio, teniendo cátedras sin docentes”. 

Galloso también explicó que la decisión de la UNR, junto a otras casas de estudio como Córdoba, Mar del Plata y Río IV fue parar la semana completa porque “entendemos que si no salimos con una posición fuerte no vamos a tener respuestas adecuadas y no, como sucedió la semana pasada que tras varios meses sin convocar a paritarias nos llamaron a una reunión para ofrecer un 5 por ciento en dos que no alcanza ni para cubrir la inflación que vamos a tener en agosto y septiembre”, enfatizó. 

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Pablo Olivares, junto a sus pares, de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Educación, José Goity, brindaron precisiones acerca de las medidas que se instrumentarán este miércoles 8, respecto del paro programado por los gremios que agrupan a los trabajadores estatales. 

En este sentido, el Gobierno provincial, descontará el día a los docentes que no concurran a sus lugares de trabajo, y quienes sí lo hagan deberán completar una declaración jurada. Para el resto de los trabajadores estatales se utilizarán los registros biométricos y otros ya existentes. 

En la oportunidad, Olivares, aseguró que “lo que está haciendo el Gobierno es garantizar dos cuestiones elementales que tienen raíz constitucional. Primero, el derecho a parar y al mismo tiempo el derecho de trabajar”. Luego agregó: “Esta declaración jurada lo que hace es permitir discernir quién ejerce el derecho de su libertad a trabajar, de aquellos que ejercen su derecho constitucional a adherir a una medida de fuerza, a los fines administrativos para no abonar la prestación no efectuada; mientras que se le abona el día normalmente a quien declara haber ido a trabajar”.

A continuación, el ministro de Economía, brindó detalles de la propuesta realizada a los gremios, en reunión paritaria: “Si tomamos el mes de diciembre, con esta propuesta que hemos formulado, los salarios de abril serían un 62 % mayores a los salarios de diciembre y los salarios de mayo serían un 69 % mayores, mientras que la inflación oficial que hemos tenido registrada por el IPC hasta marzo, es del 52% y posiblemente la semana que viene el Indec ya esté difundiendo la inflación de abril. ¿Esto qué quiere decir? Que con los incrementos que hemos estado dando a lo largo de este tiempo, estamos acompañando el proceso inflacionario”. 

Para finalizar, Olivares informó sobre la situación de los trabajadores de la administración central, a quienes también alcanzará el descuento por no trabajar el 8 de mayo. “En mayor medida, el establecimiento donde se presta trabajo, tiene sistemas de control de asistencia a través, principalmente, la mayoría de ellos, de captación digital, con lo cual es la forma de tomar registro de la asistencia en el día de trabajo. Sí se están informando mecanismos para aquellos lugares que no tienen este tipo de mecanismos de verificación de asistencia, pero como regla general ya la concurrencia se registra a través de mecanismos biométricos”.

Tal y como adelantó este lunes El Litoral, el gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó que descontará el día a aquellos empleados públicos y docentes que se adhieran al paro lanzado para este miércoles 8 de mayo.

En conferencia de prensa los ministros de Gobierno, Fabián Bastia; de Economía, Pablo Olivares, y de Educación, José Goity; dieron detalles respecto a la decisión.

Al tomar la palabra, Bastia contextualizó el marco en el que se toma esta definición. “A nuestro gobierno le ha tocado asumir en una instancia muy compleja. Con una paritaria que heredamos altísima, de cumplimiento muy difícil. Sin perjuicio de ellos nosotros avanzamos en el cumplimiento”.

“Vamos a descontar el día a quienes no vayan a su puesto de trabajo. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia que, como todos, hacen enormes esfuerzos para mantener a la provincia. No es justo que en esta instancia, todos los gremios públicos convoquen a un paro”, aseguró.

“Nos hemos ocupado de bachear rutas, de reparar vehículos y reponer patrulleros. Lo mismo con ambulancias y servicios de salud”, aseguró al tiempo que mencionó los problemas económicos en las empresas de la provincia como la EPE y ASSA, también en la Caja de Jubilaciones.

A su turno, el ministro Goity resaltó: “Es un mecanismo para poder hacer un relevamiento que tenga los criterios que siempre hemos sostenido: que sea justa, que esté fundamentada y que tenga un marco de racionalidad y operatividad. Más que descuento es no pagar un día que no se pagó. Pero no lo podemos hacer de manera indiscriminada”.

“El día miércoles se habilitará una declaración jurada donde el docente puede plantear que prestó servicio, sino lo hizo porque el establecimiento estaba cerrado lo puede consignar ahí. También puede aclarar que sí ese día no le tocaba trabajar”, aclaró.

Al mismo tiempo, Goity adelantó que los docentes privados también estarán incorporados al programa Asistencia Perfecta que fue lanzado por el gobierno provincial.

En tanto, el ministro Olivares señaló: "La propuesta se hizo a todas las entidades gremiales en paritaria. Sería una falta de respeto decir que pudo haber habido otra, es la máxima que se pudo otorgar y fuimos franco. Las posibilidades de aumento, tienen que ver con mayores recursos".

Cabe recordar que tanto los gremios de la administración central como los docentes tomarán medidas de fuerza esta semana a manera de rechazo de la propuesta de incremento salarial para los próximos dos meses.

Así lo informó El Litoral, al decir que este miércoles y jueves se llevará a cabo un paro tras la disconformidad conocida a la propuesta realizada por el gobierno en el marco de las negociaciones salariales abiertas.

Dicha oferta consistía en un incremento del 5% para abril y otro idéntico porcentaje para mayo sobre los salarios de marzo, contemplando el último 18% de incremento otorgado. Pero la recomposición había sido considerada insuficiente por los gremios ya en el momento mismo de haber sido formulada. A esos encuentros le siguieron los respectivos plenarios y asambleas sindicales que terminaron confirmando el rechazo. De esas deliberaciones surgieron los planes de lucha enunciados. A los citados, se suma el de los médicos agrupados en AMRA que también harán una huelga por 48 horas esta semana.

Un nuevo capítulo del enfrentamiento gobierno santafesino-docentes públicos se desató a principios de octubre, tras la propuesta paritaria que presentó la Casa Gris y que no conformó a los educadores nucleados en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe).

Volviendo un poco en el tiempo, el delegado regional Javier Delgado argumentó que “cuando en agosto el ministro de Educación de la Nación (en ese momento Nicolás Trotta) convocó a la paritaria nacional, muchas provincias llamaron también a mesa de diálogo, incluso Buenos Aires, que tiene un montón de problemas; pero acá sólo nos convocaron después de que en las elecciones (PASO) les fue mal. Y eso nos genera enojo porque encima que nos llaman tarde, pretenden que, a la primera propuesta, los trabajadores aceptemos”.

El 1 de octubre, el gobierno provincial les ofreció a los gremios docentes un 17% de aumento “remunerativo y bonificable” escalonado en tres cuotas (10% en octubre, 5% en diciembre -ambos impactan en el medio aguinaldo- y 2% en enero). Además, blanqueo de la suma no remunerativa otorgada en 2020 y nueva paritaria en febrero, lo que significaría un aumento total del “52% durante 2021”, dice la Provincia, aunque según Amsafe esto es una falacia.

Con esto sobre la mesa, el gremio de docentes públicos, tras votación de las bases, decidió rechazar la propuesta y tuvo más votos la moción de un paro de 24 horas para el miércoles 13, el cual fue de alto acatamiento según el sindicato, y una segunda medida de fuerza, de 48 horas, a llevarse a cabo el miércoles 20 y jueves 21 de octubre.

Hay dos puntos que a la docencia santafesina no convenció: “Uno es no haber arreglado lo remunerativo en el transcurso de 2021 (que iba a ser desde abril), que está firmado en la última acta paritaria y ahora había prometido que lo iba a hacer en febrero de 2022, en seis cuotas, y tampoco presentó una propuesta muy superadora para revertir esa situación”, detalló Delgado, agregando que “ahora prometen algo que tampoco sabemos si van a cumplir”.

El otro punto en discordia es “cómo queda el salario con este 17 por ciento, porque si bien el gobierno ha hecho mucha propaganda con eso del 52% que se completaría este año, lo real es que en agosto de 2021 el Indec calculó la Canasta Básica para no ser pobre en 68.359 pesos, y el cargo testigo recién en febrero de 2022 iba a estar cobrando, si aceptaba la propuesta, 62.500 pesos”.

El malestar en el sector docente también se genera tras las declaraciones de funcionarios provinciales, quienes dijeron que no entendían porqué Amsafe era el único gremio que rechazaba la propuesta cuando los demás habían aceptado. A lo que el referente de General López respondió: “Lo que no dice el Estado provincial es que Amsafe es el único sindicato en donde los docentes deciden en sus lugares de trabajo, mientras que en los demás siempre terminan decidiendo los dirigentes”.

Y agregó que “hubo una campaña de desprestigio hacia nosotros por haber rechazado lo que otros acataron”.

“Si de una votación de 30 mil docentes surge el rechazo, claramente el problema no somos nosotros, sino la propuesta. Lo que ellos tendrían que hacer, en lugar de amedrentar, es ver cómo mejorar la propuesta”.

Esta advertencia obedece a que durante la semana pasada el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, definió como “desproporcionado” el plan de lucha votado por Amsafe provincial.

Y aclaró que sólo se le liquidará el aumento correspondiente a octubre -un 10%- a los trabajadores representados por los gremios que sí avalaron la oferta. Esto es, docente privados y empleados estatales.

“Mientras no haya aceptación, no se puede liquidar ningún tipo de aumento”, dijo.

Respecto a los días de paro, aseguró que “el derecho de huelga está garantizado constitucionalmente. Esto implica que no se pueden adoptar represalias frente a una situación de paro. Pero ello no significa que el día no trabajado se deba liquidar. El día que no se trabaja o el día de clases que se pierde, no se liquida y eso no significa afectar el derecho de huelga que está protegido internacionalmente como un derecho fundamental”.

“Amenazan con esto de los descuentos y después el paro es del ciento por ciento -como lo fue- y tienen que retroceder porque no pueden descontarle a todos teniendo tanto acatamiento”, retrucó Delgado.

Y pidió: “Llamamos a que recapaciten y vean lo que les estamos marcando, ya que esperamos que nos vuelvan a convocar y que propongan algo mejor”, tras lo cual aseguró que la medida de fuerza de esta semana sigue en pie y solo resta decidir si realizarán manifestación conjuntas en Santa Fe o se convocarán frente la Región VII de Educación (este lunes se conoció que los docentes regionales participarán de la manifestación general en Santa Fe).

Sin embargo, cabe señalar que este viernes fue el propio gobernador Omar Perotti quien dijo que la presentada “es la última oferta” que el gobierno hará a los docentes.

Otros de los temas que surgieron tras la propuesta, son el estado de las escuelas y el mal funcionamiento de la obra social Iapos.

“En comparación a otras regionales, como Santa Fe y Rosario, en esta región, respecto a las instalaciones educativas estamos mejor; eso no quiere decir que estemos como corresponde. Lo que sí no cayó mal es que algunas obras que estaban paralizadas hace mucho tiempo y que prometieron materializar por una cuestión netamente electoral, después se dieron de baja”.

Con esto Delgado hace referencia a la caída de la licitación para el nuevo edificio de la Escuela Nº 238 de Venado Tuerto, “donde desde la propia comunidad educativa del establecimiento dicen que se sienten usados y tienen razón”, señaló.

A su vez, informó que otras obras, como la de ‘El Industrial’, “vienen lentas pero se están haciendo” y que le preocupa la Escuela Agrotécnica de Rufino, “que no sabemos realmente qué va a pasar”. Otra es la Escuela Especial de María Teresa, “que se desactivó el lugar donde hacerla y la cuestión edilicia sigue estancada”.

Respecto a Iapos, el delegado de Amsafe General López detalló que son muchas las falencias que le reclaman los docentes: “No autorizan determinadas prácticas desde el Círculo Médico; hay especialidades que directamente no atienden, por ejemplo es difícil conseguir turnos para un oftalmólogo o un odontólogo; autorizar análisis de sangre es muy complicado por un problema con el Colegio de Bioquímicos; y también la suba de los medicamentos, ya que el porcentaje de cobertura es cada vez menor”.

“El gobierno provincial promete hacer reuniones para arreglar el tema en esta propuesta paritaria, pero nosotros convocamos al director de Iapos durante todo 2021 y no viene. Incluso fuerzas políticas desde el Concejo lo llamaron. El tema es que si a nosotros nos siguen pagando con sumas no remunerativas, por más reuniones que hagamos, no vamos a arreglarlo si la obra social recibe cada vez menos plata”, cerró.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR24 DE ESTE LUNES 18 DE OCTUBRE