Suecia avanza con planes para reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años en casos graves, mientras lucha contra un número creciente de niños reclutados por pandillas para llevar a cabo delitos violentos sin enfrentar repercusiones legales graves.

El ministro de Justicia, Gunnar Strommer, dijo que el país estaba en una "situación de emergencia" y que detener el uso de niños en redes criminales era una "tarea crucial" para el gobierno.

El ministro de Justicia sueco, Gunnar Strommer.

Pero varias autoridades, incluida la policía, funcionarios de prisiones y fiscales, se han opuesto al plan, y algunos están preocupados de que pueda llevar a que niños incluso más pequeños se conviertan en delincuentes.

Si se aprueba, la legislación entrará en vigor este mismo verano.

Strommer insistió en que la propuesta no equivalía a una "reducción general de la edad de responsabilidad penal" y sólo se aplicaría a los "delitos más graves", como asesinato, intento de asesinato, atentados con bombas agravados, delitos con armas agravados y violación agravada.

Según la propuesta, algunos de estos infractores podrían enfrentarse a penas de prisión en determinados casos.

Los datos del Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito muestran que el número de delitos registrados vinculados a sospechosos menores de 15 años se ha duplicado en la última década.

El gobierno actual llegó al poder en 2022 con la promesa de acabar con el crimen organizado.

A principios del año pasado, una investigación ordenada por el gobierno recomendó reducir la edad de responsabilidad penal a 14 años en casos graves.

El primer ministro Ulf Kristersson confirmó en septiembre que la edad mínima sería de 15 años, afirmando que los niños "están siendo explotados sin piedad por redes criminales para cometer delitos graves".

El primer ministro Ulf Kristersson.

"Tanto para proteger a estos niños como a sus potenciales víctimas, el gobierno está tomando medidas enérgicas contra este tipo de explotación cínica", añadió.

El gobierno anunció entonces que intentaría reducirlo a 13 y envió el proyecto de ley para que 126 autoridades y organizaciones lo sometieran a aportes.

Sus planes se encontraron con críticas y oposición por parte de diferentes autoridades y organizaciones.

En noviembre, la autoridad policial dijo que el cambio corría el riesgo de que "niños significativamente más jóvenes" se involucraran en bandas criminales.

Otros grupos dijeron que el sistema penitenciario no estaba equipado para manejar a delincuentes tan jóvenes y que detenerlos podría violar los derechos de los niños.

El servicio de prisiones y libertad condicional también dijo que la medida podría tener consecuencias negativas para los niños y que deberían ser atendidos de "otras maneras".

Los ministros también habían considerado previamente imponer límites de edad en las redes sociales, y la policía argumentó que las pandillas habían utilizado ciertas plataformas para reclutar a niños pequeños para cometer delitos.

Strommer dijo el lunes que había tomado nota de las críticas anteriores al proyecto de ley, pero que la situación se había vuelto más urgente.

Sin embargo, la oposición no ha disminuido. Fredrik Hjulström, el alcalde de la autoridad local que está revisando la propuesta, afirmó que no contenía argumentos fácticos, según la cadena nacional sueca SVT.

Agregó que los niños deberían recibir cuidados en lugar de ser castigados y argumentó que el proyecto de ley busca ganar puntos políticos, ya que las elecciones generales del país se celebrarán en septiembre de este año.

Mientras tanto, el abogado Johan Eriksson estuvo de acuerdo en que se deben tomar medidas para evitar que los niños sean reclutados por pandillas, pero dijo que reducir la edad de responsabilidad penal probablemente tendría el efecto contrario.

El proyecto de ley se enviará al Consejo de Legislación de Suecia, que revisa los proyectos de ley que el gobierno pretende presentar al parlamento. 

Las pandillas controlan 90% de Puerto Príncipe, la capital de Haití, donde la presencia del Estado está cada vez más amenazada de quedar en "colapso total", advirtieron altos representantes de la ONU este miércoles.

La violencia entre las bandas continúa su escalada en la ciudad desde que un asalto coordinado por grupos criminales provocó en 2024 la dimisión del primer ministro Ariel Henry, quien fue sustituido por un frágil consejo de transición que tiene el mandato de organizar elecciones para febrero de 2026. La última vez que se realizaron elecciones en Haití fue en 2016.

"Hemos sido testigos de una profunda erosión de la autoridad del Estado y el imperio de la ley. La brutal violencia de las pandillas afecta todos los aspectos de la vida pública y privada", afirmó ante el Consejo de Seguridad, Miroslav Jenca, secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y América.

A pesar de "sus mejores esfuerzos", la policía y la Misión Multinacional de Seguridad (MMAS) encabezada por Kenia "han sido incapaces de avanzar en la restauración de la autoridad del Estado", agregó. Haití es el país más pobre de América y ha sufrido la inestabilidad política por décadas. En el último año ha sido escenario de una escalada de la violencia de grupos armados.

"Sin una mayor acción de la comunidad internacional, el colapso total de la presencia del Estado en la capital podría ser un escenario muy real", advirtió Jenca.

Los grupos armados "siguen expandiéndose por rutas estratégicas y regiones fronterizas", afirmó la directora de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), Ghada Waly. Según el reporte anterior, el control de las pandillas abarcaba 85% de la capital.

Violentos enfrentamientos estallaron este lunes (08.04.2024) entre unidades de la Policía Nacional de Haití y grupos armados pertenecientes a la coalición 'Vivre Ensemble' ('Vivir Juntos') dirigida por el expolicía Jimmy Cherizier, alias Barbecue.

Los enfrentamientos tuvieron lugar en el amplio parque Champs de Mars, en las inmediaciones del Palacio Nacional y no lejos del Hospital Universitario Estatal de Haití, en el centro de la capital, que ha sido tomado como rehén por bandas armadas que causan estragos día y noche.

Estos tiroteos se produjeron tras varios días de una calma tensa en algunos puntos de la capital.

El diario local Le Nouvelliste reportó disparos en varios lugares de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en particular en el centro de la ciudad y en Delmas, aunque no se tenía certeza de las consecuencias de los tiroteos. El rotativo también reportó ataques en la zona del Collège Bird.

Este lunes no se observaron enfrentamientos ni hechos violentos en Pétion-ville, al este de Puerto Príncipe, blanco de repetidos ataques desde hace algún tiempo por parte de bandas armadas, afirmaron medios locales. Lo mismo ocurrió con el cruce de Delmas y el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, donde las personas temen salir a las calles para realizar sus actividades habituales.

En Carrefour, al sur de la capital, los bancos comerciales están cerrados.

Mientras tanto, el país sigue esperando la instalación del Consejo Presidencial de Transición, cuyo último paso ha sido la firma del "Acuerdo Político para una Transición Pacífica y Ordenada" por parte de todos los actores, sectores y alianzas políticas implicados en el proceso.

En virtud de este acuerdo político, el mandato del Consejo Presidencial concluirá el 7 de febrero de 2026, para dar paso a la investidura de un nuevo presidente elegido en comicios libres, justos y democráticos.

Desde hace un mes, las actividades escolares y universitarias están paralizadas en la región metropolitana de la capital, donde desde finales de febrero no se ve a los alumnos uniformados ir a la escuela.

Al menos 41 reclusas fueron encontradas muertas en una prisión para mujeres de Honduras. Según familiares se dio por un presunto enfrentamiento entre miembros de pandillas rivales.

Edgardo Barahona, portavoz policial, informó que “se reportan 41 fallecidas, preliminarmente,” en una reyerta registrada en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), situado a 25 km al norte de la capital.

Por su parte el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo que las víctimas murieron “en su mayoría calcinadas y otras tiroteadas”. El funcionario no dio detalles sobre el origen del evento porque ello debe informarlo el Instituto Penitenciario, tras las pesquisas, aclaró.

La presidenta de una asociación de familiares de presos, Delma Ordóñez, dijo que durante la madrugada se dio una enfrentamiento entre miembros de las pandillas rivales Mara 18 y la Mara Salvatrucha MS-13 en la prisión, donde hay unas 900 reclusas. Ordóñez detalló que la reyerta y el incendio en el Cefas ocurrieron supuestamente después de que las autoridades notificaron nuevas reglas al interior de la cárcel.

Familiares de las reclusas se apostaron a la afueras del penal para conocer sobre el estado de sus seres queridos. En el centro opera una sala donde hay 23 niños que son hijos de las presas, según Evelyn Escoto, Comisionada del estatal Centro Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanas o Degradantes (CONAPREV).

“Estoy buscando información sobre qué pasó con mi hija, pero aún no nos informan”, dijo una mujer que se identificó como Ligia Rodríguez en una entrevista por televisión desde el sitio.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, ordenó una “intervención inmediata” en la cárcel tras declarar una emergencia por la riña y aseguró que las autoridades “no vamos a tolerar actos vandálicos ni tampoco irregularidades”.

Villanueva dijo a periodistas que la reyerta es “producto de las acciones del crimen organizado” en respuesta a la intervención anunciada por las autoridades en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara, en el occidente del país, y de La Ceiba, en el Caribe.

Violento motín en Ecuador: 19 personas muertas

En Cefas se ha “reactivado el vandalismo y mujeres, con armas y pasamontañas, generaron quemas”, pero el fuego ya fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de Honduras, señaló Villanueva, que ha sido designada por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, para liderar una intervención de las cárceles del país.

Las autoridades hondureñas anunciaron el pasado 18 de abril un conjunto de medidas para poner orden en las cárceles del país que implican el bloqueo de llamadas de celulares, un desarme real de los presos y la clasificación de los reos por peligrosidad.

Desde abril, una decena de tiroteos o enfrentamientos se han registrado en las cárceles de Honduras, donde impera la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos, y las condiciones de higiene y salubridad son deplorables.

Honduras tiene un largo historial de sucesos en sus sobrepobladas cárceles, entre los más tristemente célebres se encuentra un incendio ocurrido en febrero del 2012 que dejó 360 muertos y que fue declarado posteriormente como accidental, por expertos estadounidenses.