(*) Por Dr. Carlos Alberto Díaz 

Hay momentos en la vida de las instituciones en que el diagnóstico ya no alcanza. Se puede seguir describiendo el deterioro con la precisión de un informe técnico, se pueden alinear cifras, comparar sistemas, citar la literatura, y aun así quedarse corto frente a lo que realmente está pasando: esta no es una crisis más del sistema de salud argentino. Es el cierre de una época. La época del aseguramiento social solidario, la del «todos cubiertos, todos iguales», se está terminando ante nuestros ojos, en silencio, sin que nadie la haya decretado, sin que nadie se haga cargo.

Quienes trabajamos en el interior del sistema —en la gestión, en la clínica, en la provisión, en la prestación, en la auditoría, en las redes, en la docencia— lo sentimos en el cuerpo antes que en los números. Se vacía en una letanía dolorosa y generadora de muertes evitables. No de un día para el otro, sino con la lentitud de lo que se drena por una fisura que nadie quiere ver. Y como en todo fin de época, hay ganadores y hay perdedores. Conviene decirlo sin eufemismos, empezando por quienes más tienen que perder: los pacientes. Tengo la sensación de la parábola de la rana hervida. No podremos salvarnos.

La verdad incómoda que este editorial no va a esquivar es la siguiente: hoy, en la Argentina, tener un prepago —o una obra social de las que todavía funcionan como tales— es tener acceso a un buen servicio de salud. No tenerlo es entrar en una fila. Esa fila tiene nombre: lista de espera visible y oculta. Y esa lista de espera tiene consecuencias clínicas concretas, no administrativas: más infartos que llegan tarde al balón, más accidentes cerebrovasculares sin ventana terapéutica, más insuficiencias renales que debieron prevenirse, más cirugías que se posponen hasta que el paciente empeora.

El sistema no lo va a anunciar en un comunicado. Simplemente va a ocurrir, prestación por prestación, turno por turno. Y la respuesta institucional frente a eso, hay que decirlo también, va a ser la de siempre: nada. Ninguna épica, ninguna reforma de fondo, solo la administración silenciosa de la escasez.

La pregunta que el sistema evita: Si el acceso a un buen resultado clínico depende cada vez más de la cobertura que uno puede pagarse, ¿en qué sentido seguimos llamando «sistema de salud» a lo que en los hechos ya funciona como un mercado segmentado por capacidad de pago?

El presupuesto público, mientras tanto, no es un colchón infinito: depende de la recaudación fiscal, que cae en la misma proporción en que cae la actividad económica.

El círculo se cierra sobre sí mismo: menos empleo formal, menos aportes, menos recaudación fiscal, menos presupuesto público, más gasto de bolsillo, más pacientes sin cobertura efectiva. Cada eslabón empuja al siguiente hacia abajo.

Hay un capítulo dentro de esta ecuación que merece mención aparte, porque agrava por sí solo el desfinanciamiento de las obras sociales: la incorporación obligatoria de los monotributistas al sistema.

El aporte que un monotributista destina a su cobertura de salud ronda hoy los 19.750 pesos, apenas el veintidós por ciento de lo que cuesta financiar el Programa Médico Obligatorio.

La propia Confederación General del Trabajo lo ha planteado en estos términos en su diagnóstico sobre la situación de las obras sociales, señalando que el aporte de los monotributistas es varias veces inferior al costo real del PMO y que, además, quienes ingresan por esta vía suelen presentar una carga de enfermedad igual o mayor a la de los afiliados que aportan por relación de dependencia (CGT, 2026).

El resultado no es un detalle contable: cada monotributista que se suma al padrón sin que su aporte cubra el costo de su propia cobertura empuja hacia abajo la cápita media del conjunto de la obra social, obligándola a financiar esa diferencia con lo que aportan los afiliados formales.

Es, en los hechos, otra forma en que la solidaridad del sistema se transforma en subsidio cruzado no reconocido, silencioso y creciente.

El PAMI no es una anomalía aislada: es el síntoma más visible de un mal estructural, porque concentra en un solo organismo todas las tensiones del resto del sistema.

Déficit crónico, dificultad creciente para sostener prestaciones, una población beneficiaria que envejece y demanda más justo cuando el financiamiento demanda menos.

No hay indicios de que esa tensión se resuelva sola, ni de que exista hoy una decisión política de resolverla de fondo.

A esta ecuación financiera ya insostenible se le suma un factor que la agrava sistemáticamente: el costo de los medicamentos.

Cada vez se usan más fármacos, y los que sustituyen a los anteriores son, sistemáticamente, más costosos.

El estándar internacional de veinte años de protección de patente (ADPIC/TRIPS) ya es, de por sí, un plazo largo frente a la necesidad de acceso; en la práctica argentina, además, el tiempo efectivo de exclusividad se ha extendido en los últimos años en lugar de acortarse (CAEME, 2024), postergando el ingreso de genéricos que aliviarían la presión sobre el gasto.

Y cuando la Argentina intenta correr ese límite, aunque sea un poco, la respuesta de los intereses comerciales globales —con Estados Unidos a la cabeza— no es la negociación: es la presión.

Los criterios de patentabilidad relativamente restrictivos que el país adoptó para limitar extensiones monopólicas abusivas y favorecer el acceso a genéricos están hoy bajo una presión internacional creciente para alinearse con estándares más favorables a las corporaciones multinacionales (Fundación Soberanía Sanitaria, 2026).

El acuerdo comercial reciente entre la Argentina y Estados Unidos exige, entre otras cosas, extender los plazos de exclusividad de datos y habilitar prórrogas adicionales sobre los veinte años estándar de patente, lo que retrasa aún más el acceso a genéricos y sostiene precios altos (Asociación Acceso Justo al Medicamento, 2026; Díaz, 2026b).

Se recupera la posición ganada y se vuelve a presionar. No tenemos, hoy, poder de negociación real frente a esa dinámica.

Y sin ese poder, cada actualización del vademécum es, en los hechos, una transferencia de recursos desde un sistema que ya no tiene margen hacia una industria que no está dispuesta a cederlo.

Conviene ser justos en el diagnóstico: la salud en la Argentina, en términos absolutos, es buena.

El problema no es la ausencia de capacidad técnica ni de recursos humanos formados. El problema es que los resultados que obtenemos son sistemáticamente inferiores a los que el gasto debería producir.

Se gasta más de lo que se obtiene.

Esto no es una particularidad local: la Organización Mundial de la Salud estima, de manera global, que entre el veinte y el cuarenta por ciento del gasto sanitario se desaprovecha por ineficiencia, concentrado en recursos humanos mal asignados, uso irracional de medicamentos y fallas operativas en los servicios (OMS, 2010).

Hay sectores del sistema argentino que se ubican en el extremo superior de ese rango, con más del treinta por ciento de ineficiencia (Díaz, 2025), un número que no es un margen de error contable sino una fuga estructural de recursos que, si se corrigiera, cambiaría por completo la conversación sobre financiamiento.

Es un error de diagnóstico —y un error político— hablar de «la» crisis del sistema de salud argentino, en singular.

No hay una sola crisis: hay varias, simultáneas, que involucran a instituciones distintas y que rara vez se miran en conjunto.

La ANMAT y su capacidad regulatoria.La evaluación de tecnología sanitaria, todavía incipiente frente a la velocidad de la innovación.Los laboratorios, entre la presión de precios y la de patentes.Las sociedades científicas, que deberían fijar estándares y muchas veces llegan tarde.La logística de insumos, con dificultades reales para distribuir recursos y mantener operativos a los efectores en todo el territorio.

Cada una de estas crisis, por separado, sería gestionable.

Juntas, y sin coordinación entre los ministerios y organismos que las administran, son la razón por la que ninguna reforma parcial alcanza.

Los efectores del sistema —hospitales, clínicas, sanatorios— arrastran un endeudamiento que en muchos casos supera las dos décadas.

No es un problema de coyuntura: es estructural, y regularizarlo exigiría una reestructuración profunda de la matriz de costos que el sistema, tal como está financiado hoy, no tiene con qué costear.

Las propias entidades que agrupan a estos efectores —CADIME, ADECRA+CEDIM y CONFECLISA, reunidas en CONAES— vienen advirtiendo desde hace años sobre esta situación, señalando que sus ingresos dependen de aranceles cristalizados y de condiciones financieras que les son impuestas, sin que sean ellas mismas formadoras de precios ni intermediarias económicas (CONAES, 2026).

La solución obvia —que de ahora en más los efectores paguen puntualmente todas sus obligaciones impositivas y no generen deuda nueva hacia adelante— es correcta como principio y casi inaplicable como política, si no se resuelve primero la brecha entre lo que el sistema recauda y lo que el sistema necesita gastar para funcionar sin acumular pasivos.

Si nada de esto se corrige, el destino más probable del sistema no es el colapso súbito, sino algo más lento y en cierto modo más preocupante: una concentración caníbal.

Las obras sociales tal como las conocimos —con historia, identidad, arraigo sectorial— van a desaparecer, absorbidas unas por otras o simplemente vaciadas de afiliados y de sentido, sin que existan estructuras institucionales, empresas o figuras jurídicas preparadas para sustituirlas.

Y cuando eso ocurra, los afiliados de las obras sociales que desaparezcan no van a tener adónde ir, porque no hay planificado ningún mecanismo de reasignación.

La cobertura no se transforma: simplemente deja de estar, para quien no pueda pagarla por otra vía.

La prestación pública puede mejorar. De eso no tengo dudas.

Pero no va a mejorar solo con presupuesto, ni solo con una nueva ley, ni con un decreto que reordene competencias entre la Nación y las provincias.

Lo primero que hay que aceptar —y esta es, quizás, la frase más difícil de todo este editorial— es que se necesita un cambio.

No un ajuste, no una reforma cosmética, no una readecuación de aranceles: un cambio cultural en la forma en que el sistema entiende su propia función.

Mientras sigamos discutiendo el financiamiento sin discutir el modelo de atención, la eficiencia sin discutir la gobernanza, y la cobertura sin discutir qué estamos dispuestos a garantizar como sociedad, vamos a seguir gestionando la agonía de una época en lugar de construir la que viene.

La salud, en la Argentina, se está vaciando de contenidos, de espíritu, de vocación.

No porque falten profesionales dispuestos a ejercerla con vocación —los hay, y son mayoría—, sino porque el sistema que los rodea ya no les ofrece el marco institucional, financiero y regulatorio para que esa vocación se traduzca en resultados.

Ese es, en definitiva, el verdadero fin de época: no el de una obra social o un prestador en particular, sino el de una forma de entender la salud como derecho garantizado que, sin una decisión política y social explícita de sostenerla, se convierte silenciosamente en un privilegio de cartera.

El aviso ya está dado.

Lo que sigue depende de si, como sistema, aceptamos que hace falta cambiar, o si preferimos seguir administrando, prestación por prestación, la desaparición de lo que alguna vez quisimos construir.

(*) Director de la Especialización en Economía y Gestión de la Salud de la Universidad ISALUD

En la tarde de este viernes 12, en la Sala de Audiencias del Juzgado Federal de Venado Tuerto, los fiscales Martín Uriona (Procunar), Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi, de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, imputaron formalmente a Martín A. y Martín P., un médico y un enfermero de la localidad de Wheelwright, por los delitos de suministro de estupefacientes (fentanilo y morfina) fuera de los casos que indica la terapéutica agravado por su destino ilegítimo y ejercicio ilegal de la medicina.

En la audiencia, los fiscales expusieron el caso y solicitaron al juez de Garantías, Aurelio Cuello Murúa, la prisión preventiva de ambos imputados, medida que el magistrado dispuso por el plazo de 90 días.

El caso inició por el hallazgo en la vivienda de los principales investigados, Martín A. y Martín A., cuando el personal policial de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) PFA de Rosario -a cargo del procedimiento- halló 243 ampollas de fentanilo (utilizadas) y 50 ampollas de morfina sin usar (dentro de una caja fuerte), junto a material orgánico, quirúrgico y otros elementos relacionados, como vacunas inyectables, medicamentos en ampollas (diclofenac, ketorolco, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina, penicilina y otros), bisturíes, etc. Todo a raíz de una investigación por una millonaria estafa al PAMI que tramita ante los fiscales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa, Soledad García y Andrés Montefeltro, de la Unidad Fiscal Rosario.

A partir de ahora, la fiscalía profundizará la investigación, dado que no se descarta la comisión de otros delitos por parte de ambos profesionales de la salud.

Por Varinia Drisun

Hay decisiones de gobierno que revelan con claridad qué modelo de sociedad se pretende construir. Por ejemplo, cuando el Estado nacional deja de garantizar medicamentos, recorta programas esenciales o se retira de la cooperación sanitaria internacional, ya no estamos hablando solamente de números ni de cuentas fiscales sino de la ejecución de una idea profundamente individualista de la vida.

Hoy la Argentina atraviesa una desarticulación sistemática del derecho a la salud impulsada por un gobierno nacional insensible.

La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la llamada “Ley Hojarasca”, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que busca derogar normas fundamentales para el bienestar social. Entre ellas, la Ley 26.688, que declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y vacunas, y los entendió como bienes sociales, no como simples mercancías.

Derogar esa ley es un ataque directo al sistema científico, tecnológico y sanitario. La Argentina cuenta con laboratorios públicos nacionales, provinciales y universitarios que producen medicamentos, sostienen tratamientos y permiten bajar costos. Debilitar esa red es abrirle la puerta a una mayor concentración privada, a precios más altos y a más exclusión para quienes dependen de los genéricos producidos por el Estado.

A eso se suma un recorte presupuestario brutal al Ministerio de Salud de la Nación. Decisiones que no parecen responder a otra lógica que la planilla contable de Excel, y nada más. Pero cada vez que se avanza en el único criterio de “que cierren los números” las consecuencias directas son tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, programas que se vacían y provincias que deben hacerse cargo de responsabilidades que la Nación abandona.

El nuevo sistema logístico sanitario de Funes ya distribuye medicamentos a toda la provincia.

El ajuste de Milei golpea áreas sensibles: la provisión de fármacos para efectores públicos, la continuidad de tratamientos para enfermedades crónicas y poco frecuentes, el acceso a medicamentos de alto costo para personas sin cobertura, la prevención y el tratamiento del cáncer, los programas materno-infantiles, la salud sexual y reproductiva, las vacunas, la salud mental, la discapacidad, el INCUCAI y organismos estratégicos como el Instituto Malbrán.

Estos recortes ocurren en un contexto que ya viene siendo por demás preocupante: bajas coberturas de vacunación, aumento de enfermedades que requieren vigilancia, sobrecarga del sector público, encarecimiento de la medicina prepaga, discontinuidad del Programa Remediar y desfinanciamiento del PAMI.

A este desguace interno se suma una decisión totalmente irresponsable y sin asumir costos, que en la cabeza del Presidente y de sus funcionarios parecieran ser solamente de índole económica directa: el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. No hay allí una justificación económica seria ni estudiada. Lo que hay es una decisión política sin medir consecuencias: seguir al pie de la letra los movimientos del gobierno de Donald Trump, aislar a nuestro país, debilitar la cooperación sanitaria y romper herramientas que son claves para prevenir, alertar y responder ante riesgos epidemiológicos.

Sin una política nacional coordinada, la Nación desborda de responsabilidad a las provincias. Y eso rompe la equidad federal. Porque no todas las jurisdicciones tienen los mismos recursos, la misma infraestructura ni la misma capacidad de respuesta. En salud, abandonar la coordinación nacional no es ahorrar: es poner en riesgo a la población.

Frente a este escenario de retiro nacional, nuestra provincia Santa Fe eligió otro camino y decidió no ser espectadora de este retroceso. El gobernador Maximiliano Pullaro junto a la ministra Silvia Ciancio tomaron la decisión política de cubrir con recursos propios prestaciones y medicamentos que la Nación dejó de enviar. Y hace unos días se dio un paso fundamental con la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Logística Sanitaria de Funes, que ya realizó el primer envío de medicamentos e insumos bajo este esquema para garantizar que lleguen a cada rincón de la provincia.

Hablar del modelo Santa Fe es hablar de una forma de gestionar en la cual el Estado planifica, tiene presencia territorial y garantiza que el equilibrio fiscal no se construya sobre el sufrimiento de las personas.

Santa Fe reforzó la provisión de medicamentos e insumos tras los recortes impulsados por Nación.

Ese modelo tiene historia. Es parte del legado de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz: una provincia que apostó a la salud pública, a la red de hospitales y centros de salud, a la producción pública de medicamentos y a un Estado eficiente, cercano y presente.

La expresión más potente de ese camino es nuestro Laboratorio Industrial Farmacéutico. El LIF demuestra que el Estado puede producir con calidad, bajar costos y garantizar acceso allí donde el mercado no llega. También lo muestran la concreción del Hospital de Alta Complejidad de Rafaela y el reinicio de las obras del Hospital Regional Sur de Rosario, dos hitos que se suman a una red sanitaria construida a lo largo y ancho de la provincia.

Defender la salud pública hoy es defender una idea de sociedad basada en la dignidad, la igualdad y la presencia activa del Estado donde más se lo necesita. En Santa Fe sostenemos una convicción profunda: la eficiencia jamás puede confundirse con indiferencia.

No existe verdadero desarrollo si una parte de la sociedad queda librada a su suerte. El Estado nacional comandado por Milei se retira día a día de más funciones que le competen y no brinda respuestas a una sociedad cada vez más golpeada. Nuestra provincia reafirma un camino distinto: el de políticas públicas que cuidan, acompañan y garantizan derechos.

Porque gobernar también es asumir responsabilidades, incluso —y sobre todo— cuando otros deciden abandonarlas.

Las jubilaciones y pensiones del sistema general de Anses tendrán en junio un nuevo incremento mensual. La actualización será del 2,58%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, informado por el Indec.

Con este reajuste, el haber mínimo quedará en $403.318 brutos, mientras que el haber máximo será de $2.713.948. Una vez descontado el aporte correspondiente al PAMI, los montos de bolsillo serán de aproximadamente $391.218 para quienes perciben la mínima y de $2.563.211 para quienes cobran el haber máximo.

Para los jubilados y pensionados que cobran el ingreso básico, al haber mensual se sumará el bono de $70.000 que el Gobierno viene otorgando cada mes. Con ese refuerzo, el ingreso mínimo quedará en $473.318 brutos y en $461.218 netos.

Sin embargo, el bono no se actualiza por inflación y permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Además, su pago depende de una decisión mensual del Poder Ejecutivo, por lo que no forma parte del esquema automático de movilidad.

Por esa razón, si el refuerzo vuelve a pagarse por el mismo monto en junio, la mejora real para quienes cobran la mínima no será del 2,58%, sino del 2,19%, ya que una parte del ingreso total permanece sin actualización.

El sexto mes del año tendrá un componente adicional para los beneficiarios previsionales: el pago del medio aguinaldo. En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el ingreso total de junio llegará a $674.977 brutos y a $656.828 de bolsillo, luego del descuento del aporte al PAMI.

Para quienes perciben el haber máximo, el total con aguinaldo será de $4.070.922 brutos y de $3.844.816 netos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará en junio a $322.654. Con el bono de $70.000, el monto será de $392.654, y con el medio aguinaldo alcanzará los $553.982 brutos.

En tanto, las pensiones no contributivas por discapacidad quedarán en $282.323. Sumadas al bono y al aguinaldo, el ingreso total de junio será de $493.484.

El aumento del 2,58% también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las asignaciones familiares que cobran trabajadores registrados y monotributistas. La AUH será de $144.931 por hijo menor de 18 años y de $471.914 por hijo con discapacidad.

El esquema vigente establece actualizaciones mensuales de los haberes previsionales según la inflación medida por el Indec. En el primer semestre, el incremento nominal de las jubilaciones, sin contar el bono, será del 18,3%, un porcentaje que se ubica en línea con la inflación estimada para el mismo período.

De todos modos, el refuerzo de $70.000 vuelve a quedar en el centro del debate: representa una parte clave del ingreso de quienes cobran la mínima, pero al no actualizarse automáticamente, pierde peso frente al avance de los precios.

Al cabo de una recorrida por los hospitales de su área de incumbencia en el sur-sur santafesino (el departamento General López y algunas localidades de Caseros y Constitución), el director regional de Salud, Joaquín Sánchez de Bustamante, hizo mención a la creciente presión que enfrentan los centros de salud, especialmente como consecuencia de la pérdida de obra social de muchos pacientes. 

En este contexto, el Hospital Gutiérrez, centro de alta complejidad para la región, está experimentando un incremento en la cantidad de personas que requieren atención médica, una tendencia que se replica en otros efectores públicos de la zona. “Se trata de una sobrecarga, no de una saturación”, aclaró el funcionario en diálogo con Sur24 y En la Tecla (VerTV), para dimensionar con precisión el escenario.

"El Hospital Gutiérrez está funcionando bien, aunque en los últimos tiempos hay un poco más de gente", observó el director de Salud, que desde noviembre último tiene su sede en la Delegación Regional del Gobierno de Santa Fe, ubicada en Brown 1744. “Lo que sucede es que estamos viviendo una sobrecarga que es propia de esta época del año, pero con una diferencia. Hay mucha más gente que perdió su cobertura social. Esto genera un cuello de botella porque, por un lado, tenemos que priorizar a aquellos que no tienen obra social, y por otro, atender a los que aún conservan alguna cobertura, pero que no reciben el nivel de atención que estaban acostumbrados", explicó. Al respecto, amplió: “algunas obras sociales siguen existiendo, pero disminuyeron sus coberturas, especialmente en lo relacionado con medicamentos y tratamientos. Esto genera un vacío que no podemos cubrir fácilmente”, admitió.

Además, la escasez de medicamentos cubiertos por PAMI (obra social de los jubilados), sobre todo en los tratamientos crónicos, se volvió un punto crítico. "Lo que antes estaba al ciento por ciento, como algunos medicamentos, ahora solo está cubierto en una parte. Y la gente no tiene la capacidad económica para pagar esa diferencia, lo que agrava aún más la situación. Además, nosotros no tenemos, lógicamente, los medicamentos necesarios como para abastecer a toda la cápita de PAMI. En este sentido, evaluamos caso por caso, en estrecha relación con la Municipalidad, que recibe la mayor demanda en el primer nivel de atención".

Una de las acciones para abordar estos exigentes desafíos fue la reciente reunión en la ciudad de Santa Fe, en la que participaron la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y el gobernador Maximiliano Pullaro. En este encuentro anual, los directores regionales, incluido Sánchez de Bustamante, analizaron los principales problemas que enfrentan los hospitales provinciales, y definieron estrategias de coordinación.

“La reunión con la ministra y el gobernador fue muy productiva. Pudimos coordinar esfuerzos a nivel provincial y establecer lineamientos claros para el año. Es clave que haya un trabajo conjunto entre las autoridades provinciales y locales, y que los recursos lleguen de manera eficiente a quienes más los necesitan”, destacó.

Sánchez de Bustamante aseguró que los esfuerzos para coordinar mejor los servicios y asegurar la correcta distribución de los recursos siguen siendo fundamentales. "Recursos tenemos, y eso es importante decirlo, tanto humanos como económicos. Pero necesitamos seguir coordinando con las distintas subregiones y, sobre todo, con los municipios para poder distribuir mejor los recursos", explicó.

Finalmente, Sánchez de Bustamante también abordó los avances en la regularización del personal de salud, especialmente en lo relacionado con las licencias médicas y las auditorías laborales. “Nos encontramos con mucha gente que hacía tiempo que no iba a trabajar y nadie sabían dónde estaba”, graficó sobre el estado de situación entre fines de 2023 y comienzos de 2024. En el primer año de gestión, el ministerio lanzó un sistema de “posición real” para que los efectores contaran con un listado de trabajadores y, sobre esa base, a través de una declaración jurada, certificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales. “Este sistema nos permitió detectar varias irregularidades, como sucedió en Elortondo y más recientemente en Sancti Spiritu. De esa manera, comenzó una etapa -aún en curso- de reacomodamiento, incluyendo algunas reubicaciones y cesantías, que sirvieron para liberar varios cargos y recuperarlos para la red de atención”, subrayó.

La Dirección Regional de Salud fue una de las primeras reparticiones provinciales en trasladarse, en noviembre último, a la Delegación Regional del Gobierno de Santa Fe, localizada en calle Brown 1744, donde funcionó la recordada fábrica Sursafé y en los últimos años lo hizo la Sindicatura del exBanco Integrado Departamental (BID). "Se trata de un edificio de propiedad provincial que el gobierno de Maximiliano Pullaro, con Silvia Ciancio en el Ministerio de Salud, decidió remodelar para alojar dependencias que no tenían espacio propio, como era nuestro caso. Durante largo tiempo, el área de Educación nos había cedido un espacio en la escuela de calle Cabral para que pudiera funcionar la Región de Salud, pero era muy necesario este traslado para optimizar la prestación del servicio", enfatizó Sánchez de Bustamante.  

“Los jubilados no nos callamos, seguimos alzando la voz, pero en esta oportunidad a través de las redes.” Este es el lema de los Jubilados Autoconvocados de Venado Tuerto, quienes durante los meses de enero y febrero optarán por una modalidad virtual para visibilizar sus reclamos, ante las altas temperaturas y los riesgos para la salud de los adultos mayores. En palabras de Silvia Vázquez, una de las voceras del grupo: "La modalidad virtual nos permite continuar con nuestra lucha de una manera más segura, sin exponernos al calor intenso, que para los jubilados puede ser peligroso. Pero la lucha sigue y sabemos que la comunidad está con nosotros. A veces no es fácil, pero encontramos una forma de hacer escuchar nuestras voces, incluso desde la comodidad de casa".

Lo que comenzó como una necesidad de adaptarse a las circunstancias actuales, como el intenso calor de la temporada estival, se convirtió en una estrategia efectiva para mantener la visibilidad del reclamo. "A pesar de todo, no queremos dejar de reclamar. Y las redes sociales son una excelente plataforma para llegar a más personas", comenta, destacando el hecho de que la interacción virtual posibilita un alcance mucho mayor, incluso fuera de la ciudad.

La campaña virtual tiene como lema: "Los jubilados no nos callamos, seguimos alzando la voz" y busca unirse al esfuerzo colectivo mediante un simple clic. Silvia explica que "no es solo un 'me gusta' o un compartir. Es un acto simbólico que dice: 'estoy del lado de los jubilados, estoy apoyando esta lucha'. Es un pequeño gesto, pero significa mucho". A través de sus publicaciones en redes sociales, los jubilados también están invitando a la comunidad a reflexionar sobre la situación actual: “¿Y vos, Estado, de qué lado estás?”

En marzo, los Jubilados Autoconvocados de Venado Tuerto tienen planificado retomar las movilizaciones en las plazas de la ciudad, como lo hicieron durante 2025. "Vamos a seguir luchando en las calles, como siempre lo hemos hecho. Pero por ahora, enero y febrero van a ser nuestros meses de visibilidad virtual", asegura Silvia, confiando en que las redes continúen siendo un espacio de encuentro y reflexión colectiva.

A pesar de algunos obstáculos, como la falta de familiaridad de muchos con las tecnologías, los Jubilados Autoconvocados lograron que varios ciudadanos se sumen a la cruzada. Vázquez agrega: "Sabemos que no todos manejan las redes de la misma manera, pero lo importante es que todos se pueden sumar. A veces, con un simple mensaje de whatsapp podemos llegar a otros que quizás sí saben cómo compartir nuestras publicaciones en sus redes. Y eso es lo que necesitamos: que todos se sumen, incluso si es con pequeños gestos".

"La respuesta es más positiva de lo que pensábamos", comenta Silvia. "Al principio, pensábamos que la gente no se iba a comprometer, pero hemos recibido apoyo no solo de Venado Tuerto, sino también de lugares insólitos como El Bolsón, donde muchos de nuestros vecinos se mudaron y nos muestran su apoyo a pesar de las dificultades que están atravesando en el sur del país. Esta es una muestra de solidaridad que nos emociona".

Este llamado a la participación también destaca la importancia de la solidaridad en la comunidad: "Nuestro vecino está mejor cuando todos estamos mejor. Venado Tuerto tiene que ser una ciudad de todos, donde nadie se quede atrás. Si mi vecino está mejor, yo también estaré mejor. Todos debemos ser parte de la solución, no solo los jubilados", explica la dirigente, quien invita tanto a los jóvenes como a las personas en actividad laboral a sumarse al reclamo, no solo por la mejora de los jubilados, sino también por el bienestar de la comunidad en su conjunto.

En cuanto a la situación económica, los jubilados continúan señalando que los montos de las jubilaciones mínimas no alcanzan para cubrir ni lo más básico. "Es una verdadera vergüenza que un jubilado tenga que vivir con 349.000 pesos, o 419.000 si tiene el bono. Ese dinero no alcanza ni siquiera para pagar un alquiler, y mucho menos para tener una vida digna", denuncia, resaltando que el aumento de los precios y los costos de los medicamentos agravan aún más la situación.

Además de los problemas económicos, los jubilados enfrentan obstáculos en el acceso a la salud y otros servicios. "A los jubilados no solo se les recortan las jubilaciones, también les recortan los medicamentos. El sistema se vuelve cada vez más burocrático y difícil de acceder. Los turnos médicos se sacan con meses de anticipación y, en algunos casos, las medicinas ni siquiera son reconocidas por el sistema", explica Silvia, quien narra cómo ella misma sufrió dificultades con la obtención de medicamentos esenciales para su salud.

En cuanto a la atención en las oficinas de PAMI y Anses, Silvia Vázquez menciona que "si bien hubo algunas mejoras, la burocracia sigue siendo un problema. A veces, el personal tiene toda la voluntad de ayudar, pero se ve frenado por los procedimientos que no hacen más que alargar los trámites. Los jubilados necesitamos soluciones rápidas, no más obstáculos".

La referente de los Jubilados Autoconvocados de Venado Tuerto también destacó la existencia de grupos similares en todo el país, como los Jubilados de la Quinta de Olivos, quienes desde hace tiempo realizan una protesta semanal frente a la residencia presidencial. "Ellos se convocan todos los miércoles en la Quinta de Olivos a las 18 horas, y lo hacen de forma pacífica, invitando a todos a tocar la bocina en apoyo. Es un ejemplo de resistencia y solidaridad que nos inspira", comenta, a la vez que destaca el esfuerzo constante de estos jubilados que, a pesar de la falta de recursos, siguen luchando por lo que consideran sus derechos. "Nos identificamos con ellos, porque nuestra lucha es la misma: pedir por una jubilación digna y por un futuro mejor para nuestros hijos y nietos".

A pesar de los desafíos, los Jubilados Autoconvocados siguen adelante, convencidos de que solo a través de la lucha se pueden conseguir mejoras. "Este no es un reclamo solo para nosotros, es un reclamo para todas las generaciones que están por venir. Si no luchamos ahora, ¿qué legado vamos a dejarle a nuestros hijos y nietos?", se pregunta Silvia, quien además reafirma que su lucha es "apartidaria, pero profundamente política y social. No estamos pidiendo privilegios, sino que estamos exigiendo los derechos que nos corresponden como ciudadanos".

En este contexto, la red de apoyo entre jubilados y la comunidad continúa creciendo. "Sabemos que no estamos solos en esta lucha. Hemos logrado que nuestra causa llegue a Salta, Jujuy, Mendoza y otras provincias. Esta es una red de apoyo y acompañamiento que se está expandiendo día a día", asegura Silvia con optimismo. La lucha por una vida digna sigue siendo el eje de su movimiento, y la promesa es clara: "Seguiremos en las calles, seguiremos reclamando. No nos vamos a rendir, porque sabemos que nuestras conquistas siempre llegaron con lucha".

En el marco de la política de recuperación y reutilización social de bienes provenientes del delito, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizó este viernes la entrega de otros 170 marcos de lentes a jubilados y jubiladas de la ciudad de Rosario. La iniciativa se lleva adelante a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Los marcos de lentes fueron incautados en una causa por estafas y, en lugar de ser subastados, las autoridades provinciales resolvieron asignarlos directamente a personas mayores, permitiéndoles acceder a un insumo esencial cuyo valor de mercado oscila entre $ 50.000 y $ 100.000 por unidad. Con motivo de esto, se convocó a todos los centros de jubilados para que elaboren las listas de quienes recibieron los marcos. La acción forma parte del trabajo que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que pone énfasis en que los bienes secuestrados por el Estado sean reutilizados con fines sociales y comunitarios, a través de la Aprad.

En la oportunidad, el secretario de Gestión de Registros Provinciales. Matías Figueroa Escauriza, destacó que “ya son quinientas personas, quinientos jubilados y jubiladas, que reciben sus marcos de lentes, en esto de resignificar lo que nosotros vamos secuestrando. Pensemos que antes esos marcos de lente quedaban tirados en depósitos. La mayoría de los efectos secuestrados de la Provincia de Santa Fe quedaban históricamente tirados, abandonados”. “Algo que nos pidió el gobernador Pullaro fue ver qué hacer con todo esto que estaba abandonado. Ahí empezamos a pensar diferentes ideas, y viendo cada secuestro, qué finalidad le podíamos dar”, explicó.

Luego destacó la importancia que tiene para un jubilado cambiar sus lentes: “Sabemos que PAMI, como obra social, les da los vidrios, pero el marco de lente es muy caro. El Estado tiene que estar al lado de los jubilados. Han aportado, han trabajado y han acompañado toda la vida. Entonces, pensamos que era una manera de decirles, a través de este gesto, lo importantes que son”.

La entrega fue recibida con gran satisfacción por parte de los jubilados y jubiladas que participaron de la jornada, quienes destacaron el impacto concreto de la iniciativa en su vida cotidiana. “Hace años que mis lentes ya no sirven más y no los podía arreglar. Me enteré por el centro de jubilados y vine; esta oportunidad es muy importante”, expresó una de las beneficiarias. En el mismo sentido, otro jubilado señaló: “Hacerse los lentes es muy caro, justo los necesito porque se me rompieron. Esto ayuda muchísimo”. A su vez, una tercera persona remarcó: “Sabíamos que teníamos que venir a retirar los marcos y, la verdad, bienvenido sea, porque los necesito. Son caros y, sin marco, hacerse los lentes es muy difícil. Esto es un gran avance”.

El Gobierno nacional anunció un aumento para los prestadores de discapacidad, con subas que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%. La decisión se conoció tras semanas de protestas y reclamos por la falta de cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y aún sin aplicación plena.

La medida fue acordada en el marco de una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, donde participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. También estuvo presente un representante del Comité Asesor de la Andis, Daniel Lipani, quien votó en contra del esquema de aumentos.

Fuentes del Gobierno confirmaron que el incremento se aplicará en tres tramos consecutivos: 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre para las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y apoyo. En tanto, el resto de las prestaciones tendrá subas del 12%, 8,25% y 7% respectivamente.

El aumento total acumulado será del 34,53% en el primer grupo y del 29,73% en el segundo. Según voceros oficiales, la actualización se ubicará por encima de la inflación proyectada para el año y busca “garantizar la continuidad y calidad de la atención”.

El incremento fue posible gracias a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Foto: Reuters

El anuncio llega después de una serie de manifestaciones en distintos puntos del país. Organizaciones sindicales, sociales y sanitarias exigieron al Ejecutivo la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada a comienzos del año. También reclamaron la actualización del nomenclador nacional, congelado desde diciembre de 2024, cuando se había otorgado un incremento del 0,5%.

“Se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”, señalaron fuentes del Ministerio de Salud, que coordina junto a Andis el seguimiento de las prestaciones.

El incremento fue posible gracias a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien aprobó una partida presupuestaria adicional para cubrir los aumentos previstos. Según se informó, el refuerzo financiero corresponde al último trimestre del año y fue gestionado de manera conjunta con la Superintendencia de Servicios de Salud.

Sin embargo, el sector privado y las entidades que nuclean a los prestadores expresaron su disconformidad. Daniel Lipani, representante de los prestadores en el Directorio, presentó una moción alternativa para aplicar un aumento del 70% desde octubre. La propuesta fue rechazada. “El ajuste otorgado no cubre los costos reales de funcionamiento ni la inflación acumulada”, sostuvo.

El último aumento generalizado en el nomenclador nacional había sido en diciembre de 2024 Foto: Manuel Fabatía

El último aumento generalizado en el nomenclador nacional había sido en diciembre de 2024, con un 0,5%. Desde entonces, los prestadores advirtieron sobre un deterioro sostenido en los aranceles, que derivó en la suspensión de servicios, cierres de centros de día y demoras en los pagos.

“Hubo prestadores que no pudieron afrontar sueldos ni alquileres, y otros que dejaron de atender por falta de cobertura. Este ajuste llega tarde y no resuelve el problema estructural”, indicaron desde una red de instituciones bonaerenses.

El nuevo incremento alcanza a los rubros de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros. Los valores se aplicarán sobre el nomenclador nacional, la referencia oficial para los aranceles de todo el sistema.

Fuentes del Gobierno confirmaron que la medida se enmarca en un esquema de revisión trimestral, aunque no se establecieron nuevos mecanismos automáticos de actualización. “El objetivo es sostener el funcionamiento del sistema mientras se avanza en una reforma integral del financiamiento”, indicaron desde Andis.

El aumento llega también en un contexto político particular: tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el Gobierno busca ordenar las cuentas públicas y mostrar capacidad de respuesta ante reclamos sensibles. No obstante, los prestadores sostienen que el monto otorgado “no compensa la pérdida acumulada ni garantiza la sostenibilidad de los servicios”.

PAMI confirmó que los jubilados y pensionados afiliados que tienen diagnóstico de celiaquía serán los beneficiarios de este bono especial destinado a aliviar el impacto de los precios elevados de los alimentos sin gluten.

El monto del subsidio ascendió a $44.108,08 desde mayo de 2025.

Aunque en algunas publicaciones aparece redondeado a $45.000 para reflejar el valor aproximado vigente o proyectado, el monto oficial actualizado corresponde al señalado anteriormente.

Este importe se actualiza dos veces al año, en los meses de mayo y noviembre, siguiendo lo que indica la Canasta Básica Alimentaria publicada por el INDEC.

Para acceder al bono los afiliados deberán cumplir una serie de requisitos y presentar documentación que acredite la condición de salud específica.

Entre los documentos necesarios figuran:

DNI vigente.

Credencial de afiliación a PAMI.

Último recibo de haberes.

Historia clínica con síntomas compatibles.

Resultados de análisis serológicos (anticuerpos antigliadina y antiendomisio).

Biopsia mediante videoendoscopia digestiva alta, con su correspondiente informe histopatológico.

Certificado diagnóstico emitido por especialista.

El trámite puede hacerse de forma presencial o online. En la página del PAMI está disponible el formulario para iniciar el trámite, o también se puede reservar turno para atención directa en una agencia.

La nueva modalidad de provisión implementada en junio eliminó a los intermediarios, elevó los estándares del producto y simplificó el acceso: ahora los afiliados reciben los pañales directamente en su casa, sin depender de horarios de farmacia, traslados ni restricciones al momento de retirar.

Uno de los cambios más significativos del nuevo sistema es la mejora en la calidad del producto.

Por primera vez en una década, PAMI revisó los estándares de los pañales entregados, y ahora incluyó un módulo del producto que son anatómicos, elastizados y de alta absorción. Estos insumos fueron evaluados por profesionales médicos y farmacéuticos según los criterios establecidos por la ANMAT, lo que representa un salto concreto en términos de confort y seguridad.

Los pañales se entregan a todos los afiliados que tienen la prestación. Si por alguna razón un afiliado está recibiendo los anteriores, se les recuerda que pueden pedirle al médico que le recete los nuevos que son los de mejor calidad.

En solo dos meses, el nuevo esquema permitió concretar más de 25 millones de pañales entregados en todo el país, en más de 265 mil envíos a afiliados.

Estas cifras marcan un récord para el Instituto y confirman que la implementación fue eficaz, con capacidad logística y respuesta real a la demanda, asegurando que el insumo llegue a quienes lo necesitan.

El nuevo sistema deja atrás las filas, los traslados y las limitaciones horarias. Los pañales ahora se reciben directamente en el domicilio declarado, a través de un servicio de logística con alcance nacional y una segunda visita incluida si no se concreta la primera entrega.

Para garantizar que la prestación llegue de forma efectiva, desde PAMI se alienta a los afiliados a verificar su dirección registrada, ya sea llamando al 138 (opción 0) o acercándose a la agencia más cercana. Esta transformación no solo simplifica el acceso, sino que también consolida un modelo con trazabilidad total y sin intermediarios.

La tarde de este miércoles volvió a ser escenario de reclamo en la plaza San Martín de Venado Tuerto, cuando desde las 16.30, un grupo de jubilados y jubiladas, convocados por el colectivo Autoconvocados, llevaron adelante una nueva movilización en defensa de sus derechos y para visibilizar la situación que atraviesan, en el marco de lo que describen como una “crisis social y económica de extrema gravedad”.

La convocatoria había sido originalmente pautada para el miércoles anterior, pero debió suspenderse por las inclemencias del tiempo. Esta semana, si bien la fría jornada volvió a conspirar contra una mayor asistencia, los organizadores valoraron el acompañamiento y la participación.

“Fue una gran alegría porque en esta oportunidad, a diferencia de otras marchas, la mayoría de los presentes eran jubilados. En ocasiones anteriores solían acompañarnos más jóvenes, estudiantes o profesionales, pero hoy fuimos más nosotros mismos”, expresó Silvia Vázquez, referente del grupo organizador.

Como en cada convocatoria, el micrófono abierto permitió escuchar múltiples voces. “Pudimos compartir experiencias, incluyendo algunas personas que están atravesando situaciones muy delicadas, como no poder alimentarse ni cubrir los gastos de medicamentos”, explicó Vázquez. Y agregó: “Es una situación muy triste y muy cruel”.

Uno de los testimonios destacados fue el del concejal Sebastián Roma, quien detalló su iniciativa para solicitar informes a PAMI respecto al faltante de insumos como pañales y la falta de respuesta sobre la cantidad de beneficiarios en Venado Tuerto. 

Silvia Vázquez subrayó que todos los concejales han sido invitados en cada marcha: “Queda en ellos concurrir o no. Pero es importante que se hagan presentes, porque fueron votados por la comunidad y deben acompañar”.

Entre las ideas surgidas del encuentro, se mencionó la posibilidad de realizar presentaciones formales en las sedes locales de PAMI y Anses, y también ante el Concejo Municipal. “Queremos visibilizarnos, mostrar la realidad que estamos atravesando. Muchos no toman dimensión de la gravedad porque aún no les tocó vivirla en carne propia”, señaló la dirigente.

Además, se advirtió sobre el posible veto presidencial a las mejoras en los haberes jubilatorios aprobados en el Congreso. “Ya lo dijo el propio Presidente. Hay tiempo hasta el 4 de agosto, pero todo indica que será vetada. Y esto no solo afecta a los jubilados, sino también a otras leyes sensibles, como la de emergencia en discapacidad”, remarcó Vázquez.

Durante la marcha también se hicieron presentes representantes de Amsafe y docentes activos. “Nos sentimos acompañados, aunque muchos no pudieron venir por distintas razones. Sabemos que esta es una lucha colectiva. Lo que le pasa a mi vecino también me afecta a mí”, expresó.

En ese marco, la dirigente social recordó las palabras del vecino Horacio Ganhem, quien reafirmó el compromiso de seguir adelante: “Vamos a seguir poniéndole el pecho a las balas”, dijo, en referencia simbólica a la firmeza del reclamo.

La próxima marcha ya tiene fecha: será el 20 de agosto. “Estamos totalmente convencidos de que tenemos que unirnos y no retroceder. Este camino es de todos y vamos a seguir avanzando”, concluyó Silvia Vázquez.

Este miércoles, durante la sesión especial en la Cámara de Diputados, el legislador nacional Nicolás Massot protagonizó uno de los discursos más sólidos en defensa de los adultos mayores. Frente a un recinto polarizado, sostuvo con firmeza su proyecto de ley que impulsa un aumento de las jubilaciones, con un esquema progresivo según el ingreso y, sobre todo, con respaldo técnico que permitiría implementarlo sin romper el equilibrio fiscal.

“Está tan mal la situación de los jubilados que hablar de mejora sustancial es riesgoso”, reconoció el diputado en una de sus primeras intervenciones. Luego detalló: “Pero, por ejemplo, para la jubilación mínima, proponemos un aumento de $51.000, lo que equivale a una mejora del 18,5%. Para las jubilaciones más altas, la suba será del 7,2%”.

El legislador hizo hincapié en un punto que considera central: el financiamiento. “No venimos a presentar un proyecto voluntarista ni demagógico. Venimos con un texto que tiene siete fuentes concretas de financiamiento. Es decir, con soluciones reales y responsables”, aseguró. “El Gobierno decidió no leer esto. Es más fácil descalificar que sentarse a debatir seriamente”.

Durante su alocución, Massot cuestionó duramente la lógica presupuestaria del oficialismo, a la que tildó de “incoherente e insensible”. “No hay plata para los jubilados, pero sí hubo para bajar impuestos a los más ricos, para contratar trolls en la Secretaría de Comunicación, para comprar aviones de guerra por 600 millones de dólares. ¿Esa es la escala de prioridades?”, lanzó.

Y continuó: “La política es, sobre todo, priorizar. Y hay prioridades que pueden esperar y otras que no. Los jubilados no pueden esperar. Esta es una decisión política, no contable”.

Además del aumento de haberes, el proyecto de Massot contempla la actualización del bono adicional que reciben los adultos mayores y propone restituir la cobertura total de medicamentos del PAMI, fuertemente reducida en los últimos años.

En un momento más personal del discurso, Massot compartió su experiencia con el sistema de salud público: “Mi hijo fue operado de urgencia por el equipo de cardiocirugía infantil del Hospital Garrahan. Pude pagar una clínica privada, pero terminamos en el Garrahan, que es el mejor. No solo para los que no tienen alternativa. Ese equipo humano, esa institución, no se puede desfinanciar”.

A partir de esa vivencia, el diputado reforzó su posición contra los recortes en áreas sensibles del Estado: “Desfinanciar hospitales, cerrar centros de investigación, despedir científicos del Conicet, no es eficiencia. Es descapitalización. Es romper lo que nos costó décadas construir”.

Massot también abordó el trasfondo ideológico del debate. Sin confrontar directamente con el oficialismo, marcó una línea clara entre la revisión del gasto público y lo que considera una política de tierra arrasada: “Esto no es ideológico. Nadie niega que hay que revisar el gasto. Pero una cosa es gestionar mejor y otra muy distinta es destruir el stock de talento humano o infraestructura que tenemos”.

Y concluyó con una advertencia: “No nos podemos fumar el país en un año. Hay una Argentina que se construyó con esfuerzo y tiempo, y que no se puede demoler con una planilla de Excel. Ese es el verdadero debate que tenemos hoy”.

En una jornada de alta tensión, la tradicional marcha de los jubilados en Buenos Aires culminó con una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad. La manifestación, que se realiza cada miércoles frente al Congreso nacional, contó esta vez con el apoyo de hinchas de fútbol, rotulados “barrabravas” desde la Casa Rosada, quienes reclamaban mejoras en las misérrimas pensiones.

Los enfrentamientos dejaron un saldo de más de 120 detenidos y al menos 45 heridos. Entre ellos, el fotoperiodista independiente Pablo Grillo, sufrió una fractura de cráneo tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno y permanece en estado grave.

Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue la detención del sacerdote Francisco "Paco" Olveira, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres. El religioso, con una camiseta de Boca Juniors, intentó interceder en favor de un manifestante que estaba siendo arrestado, identificándose como sacerdote y ofreciendo ser detenido en su lugar. Sin embargo, la respuesta de los agentes fue inmediata: lo redujeron violentamente. Fue liberado poco después al ser reconocido como clérigo.

Olveira es un ferviente crítico del gobierno actual y, en reiteradas ocasiones, manifestó su rechazo a las políticas de ajuste y represión.

La intervención del sacerdote en la protesta no sorprende. En octubre de 2023, durante una visita a Venado Tuerto, había dejado clara su postura política en un acto organizado por Anses y PAMI en el barrio Iturbide.

El operativo, impulsado por María Cristina Gómez (Anses) y Silvia Ugolini (PAMI), tenía el objetivo de acercar asesoramiento y servicios a los vecinos, garantizando el acceso a información sobre jubilaciones, pensiones y cobertura médica. La actividad contó con la participación de la diputada provincial Paola Bravo y la presencia del cura villero Paco Olveira, quien recorrió la zona, dialogó con los vecinos y dejó un mensaje con fuerte contenido político.

En su intervención, realizada en la Plazoleta de los Sueños, en Covacevich y Eva Perón, compartió el Mensaje a las Comunidades, firmado por el Grupo de Curas de los 100 Pueblos Pobres, donde advirtió sobre el rumbo del país en el marco de las elecciones presidenciales que se avecinaban.

Claramente enrolado en Unión por la Patria, reflexionó: “Estamos en un momento crucial de nuestra Patria, donde hay dos modelos en disputa: uno que tiene en cuenta la justicia social, la fraternidad y la solidaridad, y otro que está basado en el odio, en el individualismo y en el desprecio al que piensa distinto, es decir, un modelo anti-evangélico, y ante esto no podemos ser neutrales”, expresó en aquel entonces.

En el mismo acto, Olveira fue aún más directo en sus críticas a los entonces candidatos presidenciales de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. “Yo digo, usando un término teológico, que es pecado votar a (Patricia) Bullrich o a (Javier) Milei”, sostuvo, sin imaginar siquiera que poco después ambos postulantes serían aliados en el ejercicio del gobierno central, argumentando que sus propuestas eran contrarias a los valores del Evangelio.

También vinculó a Milei con "el patriarcado, la injusticia y el negacionismo", e insistió en que "negar el terrorismo de Estado no debiera figurar en nuestros horizontes".

El doctor Délfor Hernández fue designado como nuevo responsable del PAMI en Venado Tuerto, dependencia que forma parte de la Unidad de Gestión Local 9 de Rosario. Sin embargo, el profesional confirmó que aún no ha asumido el cargo, ya que debe completar una serie de trámites previos en la ciudad de Rosario.

"Todavía no me hice cargo. Pensé que sí, pero me explicaron que primero hay que complementar varios trámites en Rosario, incluyendo la firma de documentación y la validación administrativa de la designación", explicó Hernández, quien aclaró que su designación ya fue publicada en el Boletín Oficial. "No quiero confundir a la gente, todavía no estoy a cargo de nada", enfatizó.

El profesional detalló que envió su currículum a la Unidad de Gestión de Rosario hace cinco meses y que la designación es de carácter político. "Es un puesto político como todos los de la función pública. Estoy muy feliz de que me hayan elegido", señaló.

En cuanto a su vinculación política, aseguró: "Siempre fui un radical liberal, nunca fui de izquierda, ni siquiera cuando estaba de moda. Apoyo abiertamente al presidente Javier Milei porque representa las ideas de la libertad en las que siempre creí". A su vez, aseguró que su respaldo a Milei no es reciente y que se sintió convocado por el mandatario cuando este afirmó en su discurso inaugural del Congreso que "todos aquellos que abracen las ideas de la libertad serán bienvenidos".

Respecto a la fecha de asunción, Hernández indicó que no tiene precisiones: "Me dijeron que en los próximos diez días tengo que ir a Rosario para complementar trámites. Luego me informarán cuándo asumir". Además, adelantó que posiblemente deba dejar su rol como médico de cabecera de PAMI, aunque aún debe confirmarlo. "Creo que no puedo seguir como médico de cabecera, pero en Rosario me van a evacuar esta y otras dudas".

Sobre su gestión, aseguró que buscará darle celeridad a los trámites y mejorar la comunicación con los afiliados: "El PAMI local está bien llevado adelante, vamos a tratar de seguir con la actual conducción y ver cómo podemos mejorar la respuesta a los afiliados". Además, adelantó que analizará mecanismos para agilizar los turnos y la interacción con los prestadores médicos. "Recibo reclamos constantes sobre demoras en turnos y gestiones. Vamos a ver qué herramientas tiene la delegación para mejorar esto", afirmó.

Consultado sobre la situación general del PAMI, sostuvo que "a veces se dice que faltan remedios cuando en realidad están disponibles, pero los afiliados deben cumplir ciertos trámites y justificar su pedido". En ese sentido, afirmó que intentará simplificar estos procesos dentro de las posibilidades administrativas.

Finalmente, destacó su compromiso con la mejora del sistema: "Lo único que puedo prometer es poner lo mejor que tengo junto a la gente que está en la delegación para mejorar el servicio. Voy a trabajar en equipo y todo lo que esté bien hay que mantenerlo; lo que se pueda mejorar, lo haremos entre todos".

La comuna informó que el próximo miércoles 19 de febrero arribarán a la localidad las oficinas móviles de Anses y PAMI. La atención se realizará en la sede del Centro de Jubilados, brindando a los vecinos la posibilidad de gestionar trámites y resolver consultas.

Desde la comuna destacaron la importancia de esta visita, ya que permitirá a los ciudadanos acceder a servicios sin necesidad de trasladarse a otras localidades. Se recomienda a quienes necesiten asesoramiento que se acerquen con la documentación correspondiente para agilizar los trámites.

Dos sistemas para prescribir medicamentos convivieron durante 180 días en el país: en papel y en formato digital. Y, con algunas excepciones, desde el 1 de enero de 2025 la receta electrónica pasó a ser obligatoria por aplicación del decreto 345/24 que reglamentó aspectos de la ley nacional 27.553.

La prescripción electrónica debe tener los datos del médico o profesional, identificación del paciente, descripción del medicamento, diagnóstico fecha de emisión y firma digital del médico.

En Santa Fe conviven ambos sistemas, por cuanto la provincia trabaja en su propio proyecto de receta electrónica. Actualmente, el 100 % de las prescripciones de Iapos se hacen con el sistema electrónico; en PAMI que es nacional alcanza a la totalidad de las recetas y en otras obras sociales ronda el 60 ó 70 %.

Claro que hay excepciones contempladas en la reglamentación: incluyen a las regiones con dificultad de conectividad, casos de interrupciones temporales del sistema digital y recetas emitidas antes del 31 de diciembre de 2024, siempre que estén dentro de su período de validez.

Mirian Monasterolo preside el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1° Circunscripción. En este diálogo con El Litoral, explica por qué es un sistema conveniente para la totalidad de los eslabones involucrados en la disposición: profesional médico, paciente y farmacéutico.

Miriam Monasterolo, titular del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1° circunscripción.

- ¿Cómo funciona la receta electrónica?

- En la provincia hay un alto porcentaje de prescripciones electrónicas. Pero Santa Fe no adhirió a la ley nacional con lo cual para nosotros, hasta ahora, siguen conviviendo ambos formatos. Si un paciente viene a una de las farmacias de la provincia y trae una receta en papel, debemos dispensar el medicamento, lo que ocurre en contados casos. Hoy en día, la mayoría de los convenios tienen prescripción electrónica.

- ¿Cómo se hace esa prescripción?

- Es un documento digital que un profesional de la salud, médico u odontólogo, prescribe al paciente y lo hace a través de una plataforma. Lo importante de esta prescripción es que al tener este formato digital se crea y almacena electrónicamente. Eso facilita el acceso al paciente y la gestión: el médico prescribe, el paciente puede portar esa prescripción en su teléfono celular y luego decide en qué farmacia la va a utilizar.

Un alto porcentaje de prescripciones se realizan ya de manera electrónica.

Es un sistema absolutamente seguro para el médico porque las plataformas de prescripción son muy simples y le reducen mucho tiempo. Si el paciente tiene una enfermedad crónica, le puede prescribir para varios meses. Una de las ventajas de la prescripción electrónica es evitar los errores de prescripción manual e interpretación.

Los sistemas de farmacia están desde hace más de 20 años preparados para la validación on line y para tomar y validar estas prescripciones electrónicas. Accedemos a esa prescripción electrónica y la dispensa es segura porque nos evita errores de interpretación.

- ¿Con la receta digital se termina el problema de la letra del médico?

- Se termina el problema de la interpretación que, a veces, tenía que hacer el farmacéutico.

"Para todos los actores de la cadena es mejor; para el médico que prescribe, la farmacia y quien dispensa, y el paciente. Es un sistema que aporta seguridad, accesibilidad y comodidad. La obra social de la provincia fue pionera en la prescripción electrónica y contamos con este sistema desde el año 2017 aportando eficiencia y eficacia a la atención", asegura Monasterolo.

A la vez, evalúa que la provincia "continúa incorporando todas las herramientas tecnológicas en función de optimizar sus recursos y brindar la mejor prestación a sus afiliados"..

- Explicás las ventajas, ¿hay algún "pero" o reparo a este sistema?

- Hoy en día encontramos que hay muchas plataformas de prescripción electrónica debido al decreto 345/24 y la resolución 5744 relacionadas con esta ley nacional. Todas esas plataformas están inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS). Pero quedó una etapa que no se resolvió y es el tema del repositorio nacional de recetas, que es donde almacenan las recetas, eso garantiza privacidad y confiabilidad. Estas plataformas deben tener una interoperatividad; de esta manera, cualquier farmacia podría ver las recetas prescriptas en cualquier plataforma electrónica. Este último proceso, que sería la homologación de las distintas plataformas, todavía no se concretó.

- ¿Puede ocurrir que en algún lugar en la provincia, con menor alcance tecnológico, sea más difícil aplicar este sistema?

- A no ser que sea un paraje sin acceso a Internet, no creo. (N. de la R. Una de las excepciones alude a regiones con dificultad de conectividad). Sin embargo, los médicos prescriben y las farmacias pueden dispensar los medicamentos. Hoy en día en el manejo de internet y del teléfono móvil, un paciente de Pami que tiene más de 60 años hace mucho tiene prescripción electrónica y se maneja sin problemas.

Como Colegio estamos tratando de que todas estas herramientas permitan una dispensa segura: que la receta venga por prescripción electrónica, que ya lo tenemos; que el paciente tenga la portabilidad de su receta en la app, que ya está; que en la farmacia la validemos a través de nuestro sistema, que ya es posible, que se garantice que es el paciente quien retira el medicamento, y le estamos aportando una última herramienta que llamamos troquel digital, que es una plataforma que se desarrolló a través de una IA que toma la imagen de los códigos de barra de los productos y confirma la dispensa. Esto ayuda a hacer el proceso de trazabilidad del medicamento, con lo cual estaríamos cerrando el circuito.

- ¿Y si un médico quiere prescribir en papel, lo puede hacer?

- Si, aunque este sistema les resulta más práctico, eficiente, y seguro; ya que a veces tenían que anotar varias recetas para el mismo paciente y en todas tenían que colocar los datos, sellos y diagnóstico. Y ahora ingresa a la app o la web y ya están cargados los datos de médico y paciente. Es muy simple.

Por Ramiro Huber (*)

Están sucediendo cosas en el sector Salud de la Argentina que ameritan ser analizadas, o por lo menos tenidas muy en cuenta, para reconocer sus características y poder prever sus efectos. Se trata de la implementación de diversas medidas desde el Gobierno que, en nombre de la necesaria búsqueda de mayor eficiencia, pueden afectar el derecho a la salud al condicionar el acceso a los servicios de salud a la capacidad de pago de cada individuo, resultando en una mayor inequidad. Veamos un par de casos concretos: 

1. La desregulación de la seguridad social: desde sus orígenes en los años 60, las obras sociales sindicales nacionales contaron con la “cautividad” de sus beneficiarios, que no podían disponer de otro destino para sus aportes y contribuciones laborarles que el de su obra social por rama de actividad. La desregulación del sistema ocurrida en los años 90, permitió que cada trabajador gozara de la libertad de elección, llevando sus aportes a otra obra social que elija. El sindicalismo no fomentó esta competencia entre pares, y los traspasos no fueron masivos. Ahora el gobierno profundiza esta posibilidad de cambio admitiendo el ingreso de las empresas de medicina prepaga como oferentes de sus planes de cobertura a los trabajadores formales, pero no aplica mecanismos de compensación que eviten el “descreme” de las obras sociales que pierdan a sus aportantes más jóvenes, saludables y de mejores salarios. Cuotas de prepagas que aumentan temerariamente sus precios y obras sociales que se desfinancien por el escape de sus mejores aportantes, no harán más que profundizar la inequidad del sistema de salud. “La libertad de elección te permite elegir la salsa con que serás comido", dice Eduardo Galeano. 

2. Las desigualdades sociales enferman: el crecimiento de la pobreza y de la indigencia, el ajuste que recae sobre los jubilados, el recorte de cobertura de medicamentos que se aplica en el PAMI, el desfinanciamiento universitario, los intentos por reducir el gasto público en salud desde Nación trasladando la responsabilidad de todo el gasto social a las provincias, son claras decisiones que muestran a un Gobierno preocupado por la marcha de la macroeconomía sin reparar en los daños que comienzan a generarse producto de la negación, el descuido o la desidia por la creciente deuda social interna que genera mayores desigualdades y determinan la diferente e injusta manera de enfermar y morir en la sociedad. Como lo dijo el Dr. Ramón Carrillo, “frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas".

(*) El doctor Ramiro Huber es un profesional de la salud graduado con diploma de honor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), especialista en Medicina General y Familiar y Magíster en Salud Pública. Además, fue secretario de Salud provincial; subsecretario en Gestión de Procesos de Trabajo y subdirector de Entes Comunitarios, además de haber sido subdirector del Hospital Provincial de Rosario.

Este 1° de noviembre se registraban demoras en la entrega de medicamentos a los afiliados de PAMI de todo el país, particularmente en la provincia de Buenos Aires.

Según se supo, los problemas surgieron porque este viernes se cambió la forma de facturación de la obra social de los jubilados.

Ocurre que esta modificación en la plataforma se habrían originado en la validación de las recetas que desde ahora PAMI lo hace con una firma llamada Farmalink.

Desde la empresa, emitieron un comunicado informando el nuevo sistema. "A partir del 1° de Noviembre se hará efectiva la actualización de los procesos de Autorización, Validación y Presentación de la dispensa de medicamentos ambulatorios con cobertura de PAMI a través de los sistemas proporcionados por Farmalink S. A. a través de la Plataforma IMED, con impacto en todas las farmacias adheridas a la red prestacional de PAMI, a través de sus entidades farmacéuticas".

En otro párrafo del comunicado aclaran que "no se requiere ningún cambio de parte de la farmacia para operar con el convenido de PAMI a partir de noviembre".

Se esperaba que el sistema se normalice con el correr de las horas.

Se puso en marcha en Villa Cañás la Colonia para Adultos Mayores, en el marco de un convenio entre la Dirección de Deportes de la Municipalidad local y la Agencia local de PAMI.

Las actividades se desarrollan en las instalaciones del club Sportsman, donde este martes estuvieron el intendente Norberto Gizzi, el director de Deportes, Leonardo Moyano, la jefa de la Agencia PAMI Villa Cañás, Jaqueline Bertoldo e integrantes de la agencia local para darle la bienvenida a los afiliados que se sumaron a esta propuesta. 

“Quiero destacar el trabajo y las gestiones que se realizaron desde el PAMI local y la Dirección de Deportes para que se pueda desarrollar este programa”, expresó el intendente Gizzi.

“También agradecemos al club Sportsman por la predisposición y por permitirnos utilizar sus instalaciones”, agregó.

Durante la colonia, los adultos disfrutan de clases de aquagym y natación como así también de actividades recreativas, juegos de mesa, clases de baile, entre otras.

En junio pasado, el PAMI decidió realizar un ajuste en el listado de medicamentos con cobertura al 100% en su vademécum. Así eliminó 11 de las 167 moléculas farmacológicas que estaban incluidas originalmente. A mediados de este mes, la obra social de los jubilados decidió recortar otras 44 moléculas del listado, según confirmaron fuentes oficiales.

En términos concretos, esto representa una reducción de un tercio en la disponibilidad de drogas que se ofrecían de manera gratuita. Sin embargo, desde el PAMI resaltan que si algún afiliado necesita una medicación que no está incluida en el vademécum de cobertura al 100% y carece de los medios para afrontarlo, podrá realizar un trámite de subsidio social o vía de excepción para obtenerlo.

Desde las cámaras de laboratorios y farmacias creen que, en parte, las medidas que implementó el PAMI se sostienen, porque aseguran que uno de los problemas es el sobreuso del sistema y de los medicamentos por ser gratuitos.

Para dimensionar este cambio, es importante señalar que la canasta de medicamentos, que antes incluía casi 3000 productos derivados de las 167 moléculas cubiertas por el plan Vivir Mejor a principios de año, ahora se ha reducido a 2000 correspondientes a los 109 principios activos que siguen contando con cobertura.

Fuentes del PAMI respondieron a este medio que “se está priorizando la ejecución presupuestaria de los medicamentos en base a los fondos disponibles, jerarquizando y garantizando la cobertura de medicamentos crónicos para, por ejemplo, diabetes, hipertensión u oncológicos por sobre aquellos que son para patologías leves, como acidez, analgésicos o suplementos vitamínicos, que tienen una cobertura de entre el 50% y el 80% dependiendo la medicación”.

A su vez, voceros del PAMI indicaron que en ningún caso dejará sin medicamentos a los afiliados. “Si alguna persona necesita una medicación que no está incluido en el vademécum de cobertura al 100% y carece de los medios para afrontarlo con el descuento que brinda PAMI, podrá realizar un trámite de subsidio social o vía de excepción para obtenerlo”.

Sin embargo, las condiciones para acceder al llamado “subsidio social” para afiliados que no pueden abonar un medicamento, se modificaron. Según la nueva normativa, los afiliados deberán tener ingresos netos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Aunque se establece una excepción para los hogares que tengan un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), en cuyo caso los ingresos mensuales totales no deberán superar los tres haberes previsionales mínimos.

Además, los afiliados que deseen acceder al subsidio no pueden estar afiliados simultáneamente a una medicina prepaga ni poseer más de un inmueble, aeronaves o embarcaciones de lujo. Un cambio adicional en esta normativa es que el vehículo que posean los afiliados no podrá tener menos de 15 años de antigüedad, mientras que anteriormente el límite era de 10 años. No obstante, si el afiliado convive con una persona con discapacidad, esta restricción no se aplicará.

A estas novedades se suman otras decisiones que también tendrán un impacto considerable en los más de cinco millones de afiliados al PAMI. Una de estas decisiones es la reducción en la cantidad de “cajitas” de medicamentos sin cargo a las que tienen derecho los jubilados, que pasó de seis a cinco al mes, una medida que ya había generado críticas antes de la asunción de Javier Milei.

Esta reducción significa que aquellos que necesitan una mayor cantidad de medicamentos tendrán que asumir un costo adicional, ya que si el número requerido supera las cinco cajitas y se encuentra dentro de los 109 principios activos aún cubiertos, los descuentos oscilarán entre el 50% y el 80%, dependiendo del medicamento en cuestión.

Sin embargo, es importante aclarar que este descuento es en realidad un poco mayor, debido a que los medicamentos incluidos en el plan Vivir Mejor ya tienen un precio diferenciado, conocido como “PVP PAMI”, que es más bajo que el valor al que acceden quienes no están afiliados a la obra social, gracias a un acuerdo particular entre el organismo y los laboratorios.

A su vez, el PAMI introdujo una tercera categoría de medicamentos, que ha sido denominada como “de uso eventual”. Esta nueva clasificación, que incluye en su mayoría drogas de venta libre, se aplica a muchos productos que anteriormente podían adquirirse con un descuento del 50% al 80%. Ahora, estos medicamentos, correspondientes a 54 moléculas, solo contarán con un 40% de descuento, y esa bonificación se aplicará sobre el precio real del medicamento, no sobre el diferencial conocido como PVP PAMI. Esto significa que los jubilados que necesiten estos medicamentos pagarán lo mismo que una persona que no está afiliada al PAMI.

Es importante destacar que ninguna de las nuevas restricciones mencionadas se aplicará a los “Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur”, una novedad que se introdujo este año.

1. Ácido Acetilsalicílico (antiagregante plaquetario)

2. Aciclovir (antiviral)

3. Benznidazol (antiparasitario)

4. Betametasona (corticoide)

5. Betametasona + Gentamicina + Miconazol (corticoide)

6. Carbonato de Calcio (suplemento)

7. Ceftriaxona (antibiótico)

8. Cefuroxima (antibiótico)

9. Cilostazol (vasodilatador)

10. Ciprofloxacina (antibiótico)

11. Claritromicina (antibiótico)

12. Clindamicina (antibiótico)

13. Clobetasol (corticoide)

14. Citrato de Calcio (suplemento)

15. Dexametasona (corticoide)

16. Doxiciclina (antibiótico)

17. Estriol (hormonoterapia)

18. Fluconazol (antibiótico)

19. Fluoxetina (antidepresivo)

20. Hidrocortisona (corticoide)

21. Hierro Polimaltosato (suplemento)

22. Ivermectina (antiparasitario)

23. Levomepromazina (antipsicótico)

24. Liotironina (tratamiento del hipotiroidismo)

25. Mebendazol (antiparasitario)

26. Meprednisona (corticoide)

27. Metadona (tratamiento del dolor)

28. Metoclopramida (antiemético)

29. Metotrexato (tratamiento de la artritis reumatoidea)

30. Metronidazol (antibiótico)

31. Minociclina (antibiótico)

32. Morfina, Clorhidrato (tratamiento del dolor)

33. Neomicina (antibiótico)

34. Nistatina (antibiótico)

35. Oxibutinina (antiespasmódico)

36. Prednisona (corticoide)

37. Pregabalina (tratamiento del dolor)

38. Promestriene (hormonoterapia)

39. Psyllium (laxante)

40. Sulfametoxazol + Trimetoprima (antibiótico)

41. Sulfasalazina (tratamiento de la inflamación intestinal)

42. Tobramicina (antibiótico)

43. Tramadol (tratamiento del dolor)

44. Triamcinolona (corticoide)