(Por Agustín Aranda) - Las obras de remodelación del principal símbolo patrio de Rosario están frenada por incumplimientos en el flujo de pagos del Gobierno nacional, cuando el avance general alcanzaba el 72%.

En 2024 los trabajos ya habían quedado neutralizados durante varios meses por demoras en las partidas nacionales (1.400 millones de pesos), situación que obligó a reprogramar plazos y reorganizar equipos técnicos. La obra se reactivó luego de gestiones y compromisos de pago que permitieron retomar el ritmo durante 2025.

Mariano Schor, empresario de Dyscon S.A. —firma adjudicataria— y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario, describió el escenario actual con crudeza a Mirador Provincial: “La obra está paralizada. Las tareas que se estaban ejecutando eran sobre la sala de las banderas, la torre con el mirador y debía comenzar las tareas de la fuente”.

Las obras de remodelación del principal símbolo patrio de Rosario están frenada por incumplimientos en el flujo de pagos del Gobierno nacional. Foto: Fernando Nicola

La intervención avanzaba sobre sectores neurálgicos del complejo. En enero, la empresa había intensificado los trabajos con la expectativa de cumplir el cronograma y evitar interferencias en temporada alta. “Confiando en que desde Nación nos habían garantizado el flujo de pagos, trabajamos mucho durante enero para no entorpecer con momentos de más turismo en Rosario y llegar con tiempo para el acto del 20 de junio”, explicó Schor.

La actual obra fue licitada en 2023 como la intervención más ambiciosa de las últimas décadas en el Monumento, que desde su inauguración en 1957 recibió tareas periódicas de mantenimiento, restauraciones parciales en fachadas y trabajos estructurales puntuales en la torre y en la explanada cívica. En distintos momentos se encararon mejoras en sistemas eléctricos, impermeabilización y recuperación de esculturas, aunque nunca con el alcance que plantea el proyecto vigente, incluyendo climatización, renovación de carpinterías, puesta en valor de la Sala de las Banderas, del mirador y de la fuente central. Esa parte, justamente, es la que falta.

“Hoy la sala, en particular, no está habilitada y es muy lamentable porque está sin equipo de climatización, pintura ni vidrios. Nada de esos espacios emblemáticos para los actos y encuentros de las comunidades en Rosario funcionan”, señaló Schor y confesó: “Nos duele como rosarinos y como santafesinos que esto pase”.

La intervención avanzaba sobre sectores neurálgicos del complejo. Foto: Fernando Nicola

La obra fue contratada de manera directa con el Estado nacional. Originalmente con el Ministerio de Obras Públicas, hoy Secretaría de Obras Públicas. Siempre según explicó el titular de la empresa constructora, durante 2025 la comunicación con los funcionarios nacionales era cotidiana y existía la promesa de pagos regulares. “A fin del año pasado nos dijeron que los pagos iban a estar en tiempo y forma”, detalló Schor. Pero después el argumento desde el gobierno de Milei apuntó a cuestiones presupuestarias. “Después explicaron que no se pagaba porque debía aprobar el Presupuesto 2026 y una vez aprobado eso la plata no llegó a pesar de que las facturas fueron entregadas de forma correcta y aprobadas por la Secretaría”, agregó Schor y explicó que entre diciembre y febrero la empresa asumió los costos y que la obra vincula a entre 30 y 45 profesionales trabajando.

El cronograma original proyectaba finalizar la remodelación hacia abril o mayo de 2026, con la expectativa de llegar en condiciones al próximo 20 de junio, fecha central para la ciudad y el país. Schor aseguró que el reinicio es inmediato si se normalizan los pagos. “Cuanto más rápido lleguen mejor porque queremos que esté listo para mayo y se pueda disfrutar un 20 de junio como se debe”, concluyó el empresario.

A diferencia de otros procesos electorales, la convocatoria de autoridades de mesa para los comicios de junio parece no ser esta vez un dolor de cabeza en la provincia. Según precisó a El Litoral el secretario Electoral, Pablo Ayala, a exactamente 19 días del acto comicial, unas 16.400 personas notificadas ya han confirmado su participación en la contienda, lo que equivale a un 75 % de las autoridades designadas.

Las elecciones se celebrarán el próximo 29 de junio en las más de 360 localidades de la provincia. A tales efectos, se habilitarán alrededor de 8.500 mesas y si bien en términos formales se disponen tres autoridades por cada una, al tratarse de un comicio simple, se presume que con al menos dos titulares sería suficiente para un normal desempeño y para que la mesa quede oficialmente conformada. Y ese número ya prácticamente queda garantizado a partir de las autoridades que respondieron las respectivas notificaciones.

Los telegramas virtuales se enviaron, en primera instancia, a quienes ya se desenvolvieron como autoridades en las elecciones del pasado 13 de abril. Este sábado, en tanto, se publicará el nombre de todas las personas que se desempeñarán en esos roles. En paralelo, avanzan las distintas instancias de capacitación, en tanto sigue abierto el registro de postulantes para quienes quieran anotarse como voluntarios. A esa base de datos echa mano la Secretaría Electoral en caso de que se produzcan deserciones el día del comicio.

Para la elección, la Secretaría Electoral ya cuenta con las boletas impresas que se utilizarán para las diferentes categorías así como con las urnas que se emplearán en los box de votación. Será una versión "simplificada" de urnas, puesto que sólo tendrán una ranura o boca para la categoría de concejal o comisión comunal, excepto en aquellos distritos en los que también se elige intendente. En esos casos, habrá dos aberturas.

Los telegramas se enviaron a quienes se desenvolvieron como autoridades en las elecciones pasadas.

Como se sabe, en estos comicios se renovarán 19 intendencias en tanto que se elegirán 337 ediles en los concejos deliberantes de todas las ciudades -en esta capital, ocho bancas-, y 1.188 miembros comunales más 900 contralores de cuentas.

En otro orden, la Secretaría Electoral hizo saber que todavía hay 4.500 pagos pendientes de personas que se desempeñaron como autoridades de mesa en las elecciones primarias y de constituyentes celebradas el pasado 13 de abril. Desde el organismo se explicó que por diferentes razones, los aludidos no han respondido a las notificaciones enviadas oficialmente. Como última instancia, se volverá a hacer un nuevo llamado este miércoles para regularizar la situación.

Todavía hay pagos pendientes de personas que se desempeñaron como autoridades.

Cabe recordar que para la función de autoridad de mesa y asistente de escrutinio se había asignado la suma de 70 mil pesos; de 85 mil para el Jefe de Local y de 50 mil para los Asistentes Escolares.

El Gobierno Nacional, a través de un decreto, busca abrir el "negocio" del pago del transporte público por parte de pasajeros, con la intensión de abandonar la tarjeta SUBE y cambiarla por tarjetas de crédito o débito.

Esta decisión daría por terminado la única opción manejada por Nación Servicios y pone en discusión nuevas herramientas y tecnologías que deberán estar al alcance de los usuarios.

La idea del gobierno es eliminar el decreto 84/2009, que implementó el Sistema Único de Boleto Electrónico y que quedó a cargo del Banco Nación.

Hasta ahora el objetivo de que los pasajeros puedan pagar el colectivo, el subte o el tren con cualquier tarjeta de débito o crédito es un hecho, sin embargo, el texto del decreto lo están discutiendo las secretarías de Comercio y de Transporte y el Banco Central.

La idea es que los dispositivos que se ubicarán en colectivos, estaciones de trenes y subtes deberán aceptar todas las tarjetas bancarias, de débito, crédito o prepagas y no habrá exclusividades de ningún tipo.

Con esta medida, el Gobierno espera que haya más de una firma que ofrezca el servicio de lectores de tarjeta y el procesamiento de los pagos.

El diputado nacional Damián Arabia, uno de los impulsores de la apertura del sistema SUBE apuntó en su cuenta de redes sociales a las comisiones que se cobran por cada vez que se usa la tarjeta.

"SUBE es una empresa estatal monopólica (Nación Servicios), de 1050 empleados, que cobra el 7% de comisión de cada pasaje de tren, colectivo o subte, cuando una tarjeta de crédito cobra como máximo el 1,8% o débito el 0,8%.", detalló.

"Además de ahorrarnos esa comisión carísima, no se consigue el plástico de la SUBE por ningún lado, en muchos casos es difícil conseguir donde cargarla o donde acreditar la carga, y si te la olvidaste o la perdiste no tenés forma de viajar", argumentó.

Asimismo, el legislador aportó otros dos puntos interesantes al "abrir" el sistema de pago del transporte público. "Los turistas, extranjeros o nacionales, no pueden utilizar el transporte público porque no tienen SUBE. Por último, como en el supermercado, podrían haber descuentos", cerró.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, informó que “el Gobierno provincial, en un contexto de muchas dificultades y con un gran esfuerzo”, va a abonar el próximo 15 de marzo por planilla complementaria el 22,4 % que sumado al 14 % de aumento en febrero, salda el compromiso adeudado por la gestión anterior del 36,4 %. De esta manera se completa un 215 % de aumento durante el 2023, contrastando con la caída de los recursos provinciales, cuyos ingresos fueron apenas del 123%.

Olivares destacó que “este aumento otorgado por la anterior gestión y que le tocó asumir a la actual gestión, significa un impacto presupuestario de casi $ 800.000 millones, todo esto en un contexto macroeconómico nacional de ajuste y de poca previsibilidad, que afectan directamente las arcas provinciales”.

El ministro de Economía recordó que el objetivo de la actual gestión “es defender el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, meta que se irá cumpliendo a medida de los ingresos que la Provincia vaya obteniendo mes a mes”.

Vale recordar que el ejercicio económico del Gobierno Provincial cerró 2023 con un déficit de $ 131.111.688.114. Los gastos corrientes (134,7 %) crecieron por sobre los recursos corrientes (117,8 %), es decir se gastó más de lo que ingresó. Esto implicó que en el resultado económico, el ahorro corriente -diferencia entre gastos corrientes e ingresos corrientes- cayera un 42,7 % en términos nominales, es decir, sin tener en cuenta la desvalorización por inflación.

En otras palabras: de cada $ 100 de recursos que en 2023 recaudó el Estado Provincial consumió $ 97,63 para hacer funcionar el Estado y pudo ahorrar solo $ 2,37 para financiar la inversión. 

Poniendo la lupa sobre los gastos, en 2023 apenas un 7,5% fueron destinados a los denominados Gastos de Capital, como pueden ser obras, rutas, arreglo de patrulleros, ambulancias, equipamiento, etc, y se encuentra entre los niveles más bajos de los últimos 30 años. 

Ese 7,5 % de gasto de capital fue financiado apenas un 29,7 % por el ahorro (proveniente de la diferencia entre los gastos e ingresos corrientes), un 8,7% por recursos de capital (la venta de bienes de capital del Estado o el ingreso de recursos por parte de leyes o convenios) y la parte mayoritaria (61,6%) con deuda.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los calendarios de pagos de agosto para beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas y diferentes asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), así como para titulares de la Prestación por Desempleo.

Además, se informa que todos los jubilados y pensionados que reciben la mínima serán beneficiados con la tercera cuota del refuerzo de 20 mil pesos, mientras que aquellos que perciben hasta dos mínimas verán un monto decreciente hasta llegar a los 5 mil pesos.

Las empresas constructoras y el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, se reunirán este martes por la mañana, a partir de las 11 horas, con el fin de acordar mecanismos que permitan saldar la deuda por certificados impagos que la provincia, en algunos casos desde febrero, y sostener, en la medida de las posibilidades financieras, el ritmo de ejecución de las obras públicas provinciales.

El encuentro viene sido pedida desde hace tiempo por las empresas constructoras ante los ministerio de Economía y de Obras Públicas y se desarrollará en Casa de Gobierno.

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De acuerdo a lo que trascendió, uno de las temas más importantes de la reunión será el que las partes mantendrán para tratar de acordar el plazo y la disposición de los cheques de pago diferido que la provincia planteó como posibilidad emitir para hacer frente al pago de certificados de las obras.

En este tema, las constructoras se han mostrado reacias aceptar porque no contempla el pago de los intereses por el plazo de tiempo hasta cobrar. “Supongamos que nos dan cheques a 60 días de plazo. Cuando lo cobremos van a haber perdido al menos el 25 por ciento de su valor por la inflación, que con el plazo legal de pago de los certificados de 60 días posteriores a la presentación del certificado, la inflación licua alrededor del 50 por ciento del valor”, explicó un empresario consultado.

También sobre las condiciones de pago en el mediano plazo de las obras en marchas, aunque estas dependerán del estado de avance y la importancia estratégica que tienen en el contexto, según se informó del gobierno, cuando se admitió una ralentización de las obras públicas.

En este sentido, las empresas se mostraron su desacuerdo de que mientras el gobierno está atrasados en el pago de las deudas, licitan y adjudican obras millonarias. “Preguntamos y nos respondieron que son obras que se pagarán con los bonos que la provincia cobró por la deuda con el Estado nacional. ¿Por que no los utilizan para cancelar la deuda que tienen con nosotros?” se quejó una fuente consultada.

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“También les planteamos que para ponerse al día tomen un crédito con el agente financiero de la provincia a tasa preferencial, como hacemos nosotros cuando tenemos una deuda, pero no lo van a hacer porque les sale más barato pagarnos a nosotros sin los intereses correspondientes”, dijo el mismo empresario, al tiempo que adelantó el rechazo por parte del sector de la firma de una acta que está circulando donde se establece un mecanismo de pago al tiempo que se obliga a las empresas a renunciar a cualquier tipo de reclamo a la provincia”.

En un contexto de caída de la recaudación propia y merma de los recursos nacionales más inflación, el gobierno provincial admitió que renegocia los plazos de pago con las contratistas. Habrá un diferimiento y se pagarán las obras a noventa días. “Se van a extender los plazos producto de la situación”, confirmó el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Pusineri, aunque a renglón seguido aclaró que aun en estas condiciones, el panorama difiere del que habían heredado hace tres años y medio. “Cuando asumimos, había deudas de seis meses”, recordó.

En rigor, y de acuerdo con lo planteado a El Litoral desde el Ministerio de Infraestructura, los empresarios deben interpretar a partir de la decisión comunicada por Pusineri, que ningún pago se va a dilatar “más allá de los noventa días”. Según precisaron desde la cartera, la situación sigue implicando un análisis “obra por obra”, para determinar si se detienen, ralentizan o se mantienen a ritmo normal. Las hídricas, por ejemplo, deberían continuar. También es dispar la situación según el área de la que dependa cada proyecto; Viviendas e Infraestructuras adeudan desde marzo, en tanto que Vialidad mantiene compromisos no saldados en algunos casos hasta desde enero.

Pusineri admitió que la citada reprogramación de pagos “puede lógicamente influir en el ritmo de la obra pública, pero lo que cuenta es lo que lo podamos hacer sin que se produzcan despidos ni suspensiones; manteniendo todas las instancias de diálogo con los empleadores, con los representantes de los de los trabajadores y sabiendo que la provincia va a cumplir”, expresó. Y volvió a contraponer la situación actual con la “heredada” a partir del 10 de diciembre de 2019. “Cuando asumimos la gestión de gobierno, había una deuda importantísima en materia de obra pública; los certificados no se pagaban desde junio. Y nosotros no sólo pusimos al día los pagos o negociamos esas deudas con los empresarios, sino que cuando empezamos nuestro programa de obra pública, pagamos certificados a 30, 40 y 45 días. Hoy vamos a extender ese plazo, producto de la situación; vamos a llevar el pago de los certificados aproximadamente a noventa días y a partir de allí, en la medida en la que mejore la recaudación, también vamos a mejorar el perfil de los pagos”, prometió.

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El funcionario admitió que “en algunos casos puede haber conflictos o situaciones referidas a empresas puntuales, pero le vamos a dar tratamiento a cada una de esas situaciones en particular”, sostuvo. En Santa Fe y alrededores, de hecho, la UOCRA ya contabiliza entre 120 y 130 trabajadores despedidos.

– ¿Van a solicitar a las empresas una suerte de compromiso de no despidos? – consultó el El Litoral-

– Me parece que estamos en condiciones de tener un intercambio de este tipo. Nosotros damos la certidumbre de que vamos a mantener la obra y de que vamos a pagar; y nos parece que en este momento que es más complicado, debemos preservar la fuente de trabajo. Vamos a pedir ese compromiso a las empresas. También vamos a dialogar con el gremio, porque muchas veces esos compromisos implican trabajar alternativas. Hay alternativas – insistió- que no signifiquen la desvinculación de los de los trabajadores. En algunos momentos se concertaban suspensiones con pago de remuneración o de compensación. Son posibilidades que facilita el derecho laboral para poder llegar a un entendimiento. Los pagos se van a hacer, la obra pública se va a mantener, y en la medida en que mejore la situación económica, también se va a mejorar el perfil de los pagos a los contratistas de obra pública.

En el marco de los pagos de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de junio de 2023, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recordó que algunos bancos en Argentina mantienen la exigencia del trámite de Fe de Vida para poder cobrar las prestaciones.

La Fe de Vida es un documento que algunos bancos solicitan a los beneficiarios de ANSES como requisito para retirar sus haberes. Esto aplica principalmente a jubilados y pensionados que superan los 80 años. Los beneficiarios deben presentar la documentación que acredite que se encuentran vivos en sus respectivas entidades crediticias, certificando así que su cuenta está habilitada para el cobro.

Si bien este trámite no es obligatorio por parte de ANSES, las entidades bancarias implementaron esta medida, también conocida como “supervivencia”, como una forma de garantizar la validez de los pagos y evitar posibles irregularidades.

En la lista de bancos que mantienen la exigencia de la Fe de Vida se encuentran el Banco Macro, el Banco de Santiago del Estero, el Banco Industrial, el Banco Patagonia, la Compañía Financiera Argentina, el Banco Galicia, el Banco Columbia, el Banco BBVA, el Nuevo Banco del Chaco, el Banco de Corrientes, el Banco de Formosa, el Banco Comafi, el Banco Provincia de Neuquén, el Banco de La Rioja, el Banco Chubut, el Banco Itaú y el Banco de Tierra del Fuego.

Por otro lado, existen entidades bancarias que no requieren este trámite para el cobro de jubilaciones, como el Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Córdoba, el Banco de La Pampa, el Banco de San Juan, el Banco de Santa Cruz, el Banco de Santa Fe, el Banco de Entre Ríos, el Banco Piano y el Banco Supervielle en Córdoba.

Cabe destacar que la ANSES estableció la obligatoriedad de implementar un proceso virtual o automático de validación por parte de los bancos, con el objetivo de evitar la necesidad de trámites presenciales y simplificar el acceso al cobro de las jubilaciones y pensiones.

Los jubilados y pensionados deben tener en cuenta esta información al momento de cobrar sus haberes, asegurándose de cumplir con los requisitos exigidos por su entidad bancaria correspondiente. El trámite de Fe de Vida es necesario en aquellos bancos que lo solicitan, mientras que en otros no es necesario realizarlo de manera mensual, ya que se gestiona de forma automática.

Los pagos con transferencia a través de aplicaciones de teléfonos móviles se transformaron en el medio de pago más usado de la Argentina en abril, al superar por primera vez el monto total de las operaciones realizadas con tarjeta de débito, lo que refleja que las personas son cada vez más adeptas a abonar con su celular en comercios de cercanía y por montos bajos.

En concreto, los pagos con celulares a través de la lectura de códigos QR, de botones de pago o de terminales de cobro POS alcanzaron las 198,8 millones de operaciones en abril, con lo que superaron a las 193 millones que se cursaron a través de tarjetas de débito y casi un 70% más que las 115 millones que se hicieron con tarjetas de crédito, según el Informe Mensual de Pagos Minoristas publicado este jueves por el Banco Central.

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Si se mira en perspectiva, el crecimiento es exponencial: en marzo de 2020, justo antes de la pandemia, los pagos con transferencia no alcanzaban las 20 millones de operaciones al mes y hoy son casi 200 millones, lo que significa un crecimiento del 1000% en solo tres años.

Aunque los grandes montos se manejan todavía a través de plásticos, sobre todo las realizadas a través de compras presenciales, online o internacionales por la posibilidad de pagar en cuotas, las personas se están volcando con una intensidad creciente a usar sus celulares para abonar las operaciones cotidianas.

De hecho, se canalizaron $ 787.100 millones a través de pagos con transferencia en abril, apenas un 12% por debajo de los $ 895.700 millones cursados con tarjetas de débito, y un 29% menos que $ 1,1 billón que se cursaron a través de tarjetas de crédito.

Según un informe reciente, el 73% de los argentinos usuarios de billeteras virtuales -hay 15,3 millones de cuentas de este tipo abiertas en el país- realizó al menos una compra mediante código QR durante el último año y el 40% de ese total realiza pagos con QR regularmente.

En tanto, quienes indicaron no haber realizado nunca un pago con QR totalizan apenas el 27% de los encuestados, de acuerdo a un relevamiento realizada por la billetera virtual Moni entre 2.450 clientes que utilizaron los servicios de su plataforma en los últimos 12 meses.

“La pandemia generó un escenario de condiciones únicas para que miles de personas se volcaran al uso de medios electrónicos de pago. Poniendo en prioridad la experiencia del usuario, con una funcionalidad simple, intuitiva y sin fricciones, podremos lograr niveles de adopción y frecuencia de uso como las de PIX, la plataforma de pagos digitales en Brasil”, señaló Juan Pablo Bruzzo, CEO de Moni, en referencia al medio de pago que impulsó el Banco Central de ese país y que ya es responsable por el 29% de las transacciones.

Una de las claves para el desarrollo de los pagos digitales fue la implementación de la plena interoperabilidad del sistema de Transferencias 3.0 en noviembre del año pasado, que permite que una persona que tenga descargada en su celular una aplicación bancaria (MODO, BNA+, Cuenta DNI, BBVA Go, Galicia, Macro, Santander u otra) o de una fintech (Mercado Pago, Ualá, Yacaré, Tap, entre otras) pueda pagar en cualquier QR, sin importar la empresa que lo haya emitido.

Las ventajas de este sistema para los comercios es que reciben el dinero en sus cuentas en menos de 15 segundos de forma irrevocable y con la comisión más baja del mercado (de 0,6 a 0,8%), lo que simplifica las operaciones y permite competir contra el dinero en efectivo que, se estima, aún es la forma más usada en la Argentina, en cerca de 8 de cada 10 transacciones.

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Además, significa una mejora rotunda respecto a que los que se hacen con tarjeta de débito, que se acreditan recién a las 24 horas, o a los con tarjeta de crédito, que lo hacen dependiendo del tamaño de la empresa que reciba el dinero, si es micro o pequeña será en ocho días, si es mediana en 10 y si es grande 18 días hábiles.

A esto se sumó una nueva norma del BCRA para que los comercios acepten pagos con tarjeta de crédito a través de código QR a partir del 1° de septiembre próximo, a los clientes de cualquier billetera digital, independientemente de la marca del QR con la que opera el establecimiento.

La norma apunta a “nivelar” el sistema de medios de pago con QR y a ampliar los usos del sistema de reconocimiento, para que no solo ganen terreno los pagos con dinero en cuenta, sino también lo hagan los que se hacen con tarjetas de crédito.

A fines de marzo pasado, la asociación de bancos capitales argentinos (Adeba) -que reúne a las principales entidades nacionales como Macro, Galicia, Comafi, Hipotecario, Supervielle y Bancor, entre otras- reclamó mediante una nota al BCRA que modifique la normativa, para que todos los códigos QR sean “full interoperables con las tarjetas de crédito y débito”.

Los bancos apuntaron así contra Mercado Pago, a la que señalaron como “el mayor proveedor de QR”, que “concentra el 70% del total” y “con ese poder de mercado, y aprovechando una carencia de la regulación, impone las condiciones sobre los tenedores de tarjetas de crédito y débito”.

“Para operar con el código QR de un comercio, primero deben hacerse clientes de su billetera”, denunciaron los bancos, que repudiaron el hecho de que haya proveedores que usan “su posición dominante” en el mercado y que “cierran” sus sistemas para los consumidores que no sean sus clientes.

Según dijo el BCRA, la norma fue dispuesta “con el objetivo de mejorar la experiencia, tanto para las personas usuarias como para los comercios” y entrará en vigor a partir del 1º de septiembre.

En respuesta a los reclamos de las entidades financieras, el Banco Central de la República Argentina ha anunciado una medida que permitirá que las tarjetas de crédito se sumen al sistema de interoperabilidad de pagos inmediatos mediante código QR.

A partir de septiembre, los comercios que exhiben un código QR para cobrar con tarjetas de crédito deberán aceptar pagos con cualquier billetera digital interoperable, independientemente de la marca.

La norma surge como resultado de las quejas de las entidades financieras, quienes acusaban a Mercadopago, dueño del parque más grande de códigos QR en el país, de no permitir la interoperabilidad de los códigos y de obligar a los comerciantes a aceptar pagos digitales con tarjetas de crédito solo si se trataba del QR de esta fintech.

El Banco Central ha dado un plazo de tres meses a los actores del sistema financiero para que adecuen sus plataformas y permitan la operación entre sí. Además, la nueva normativa establece que los adquirentes y agregadores que ofrecen el servicio no podrán discriminar en las comisiones y plazos de acreditación de los fondos al comercio según la marca de billetera que ordenó el pago.

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Según el organismo con esta medida, se busca mejorar la experiencia tanto para los usuarios como para los comercios, permitiéndoles utilizar cualquier código QR de un comercio para pagar con tarjeta de crédito. Asimismo, cuando los adquirentes o agregadores también sean aceptadores de pagos con transferencia, deberán ofrecer a los comercios un único código QR que contemple todos los instrumentos de pago, lo cual facilitará la experiencia de pago para los usuarios.

Según el Informe sobre Pagos Minoristas del Banco Central, hasta marzo de este año se habían realizado 8,6 millones de pagos a través de códigos QR, y el 81% de ellos se realizó mediante las cuentas a la vista de los clientes. En ese mismo mes, se efectuaron 103 millones de pagos con tarjetas de crédito.

De esta manera se espera eliminar las barreras existentes en la interoperabilidad de los códigos QR y fomentar una mayor competencia en el mercado de pagos digitales en Argentina. El Banco Central ha enfatizado que esta medida tiene como objetivo mejorar la experiencia de los usuarios y los comercios al brindarles mayor flexibilidad a la hora de elegir el método de pago.

Así lo dispuso a través de la Resolución General N° 5318/23, que será publicada en el Boletín Oficial. Cabe señalar que desde el 1 de enero comenzaron a regir las nuevas escalas, por lo cual los contribuyentes inscriptos en este régimen deberán recategorizarse en caso de que les corresponda.

⚠️Extendemos hasta el 27 de enero el plazo para que las y los monotributistas realicen la recategorización.

Podés hacerla a través de nuestra web https://t.co/0wiUiMaghr ingresando con CUIT y clave fiscal. pic.twitter.com/r9w75Wtl4L

— AFIPComunica (@AFIPcomunica) January 20, 2023

Para evaluar si corresponde una recategorización, se debe tener en cuenta la actividad de los últimos 12 meses respecto a la facturación o alguno de los otros parámetros utilizados para el encasillamiento como la superficie afectada, los alquileres devengados anualmente o el consumo de energía eléctrica.

Cuando los distintos parámetros analizados superan o son inferiores a los de la categoría vigente corresponde realizar la recategorización. El importe correspondiente a la nueva categoría se abonará al mes siguiente a la recategorización.

Por su parte, aquellos monotributistas que mantengan la misma categoría no deberán efectuar ninguna acción. Por otro lado, si transcurrieron menos de 6 meses desde la inscripción en el monotributo no corresponde hacer la recategorización.

Para realizar la recategorización, los contribuyentes deberán entrar al sitio de AFIP en Internet e ingresar el número de CUIT/CUIL/CDI y la clave fiscal. Allí, deberán seleccionar la opción “Recategorizarme”, y automáticamente el sistema informará la categoría actual del contribuyente y los topes de cada parámetro de esa categoría.

Por último, al seleccionar la opción “Continuar recategorización”, deberán ingresar información correspondiente al monto facturado en los últimos 12 meses. Con estos datos el sistema determina la nueva categoría correspondiente, que deberá ser confirmada en la opción “Confirmar categoría”.

La billetera virtual de Mercado Libre, sufrió una caída a nivel global durante la mañana de este lunes. Miles de usuarios reportan que no pueden ingresar a ninguna de las dos aplicaciones y tampoco a la página web.

Nueva capacitación para que los emprendedores realicen ventas a través de Mercado Pago

Los primeros reportes comenzaron a registrarse minutos después de las 9:00. Por ahora, no hubo una comunicación oficial de parte de la empresa sobre el problema.

Las nuevas categorías del monotributo, definidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya están vigentes.

Desde el 1° de enero de 2023 ya están vigentes las nuevas categorías del monotributo, definidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La fecha límite para el cambio de escala es el viernes 20 de enero.

?Hasta el 20 de enero está disponible la recategorización para las y los monotributistas que tuvieron variación en sus ingresos brutos o en algún parámetro durante los últimos 12 meses.

?️Para saber cómo recategorizarte mirá este tutorial https://t.co/z4jG6QrOB3 ?

— AFIPComunica (@AFIPcomunica) January 5, 2023

La recategorización es un procedimiento obligatorio que se realiza dos veces al año donde los contribuyentes deben evaluar qué categoría del monotributo le corresponde de acuerdo a su actividad durante los últimos 12 meses.

Para saber si se debe realizar la recategorización, el contribuyente debe sumar sus ingresos brutos de los últimos 12 meses, es decir, su facturación anual teniendo en cuenta los gastos e inversiones.

En enero aumenta el monotributo: cuánto habrá que pagar y cuándo será la recategorización

Además, si la actividad que desarrolla la persona se lleva a cabo en un local o establecimiento en particular, hay otros parámetros que se deben tener en cuenta, como la superficie afectada, los alquileres devengados anualmente o el consumo anual de energía eléctrica.

Si todos los factores analizados superan o son inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización. Y el importe a pagar de la nueva categoría se abonará al mes siguiente al cambio de escala.

Excepción: si transcurrieron menos de 6 meses de la inscripción en el monotributo no corresponde hacerla.

De acuerdo a la última actualización de AFIP, que elevó un 33,58% el techo de cada una de las categorías, los topes de cada escala quedaron de la siguiente manera:

Cambios en el Monotributo: aumentarían cuotas de obra social para algunas categorías

Los valores a aportar mes a mes presentarán un ajuste de entre 72,48% y un 102,14%, dependiendo de la categoría a la que se pertenece.

Impuesto integrado: $496,85

Aporte previsional: $2.192,15

Obra social: $3.061,75

Total: $5.750,75

Impuesto integrado: $957,27

Aporte previsional: $2.411,36

Obra social: $3061,75.

Total: $6430,38.

Impuesto integrado para servicios: $1.636,83

Impuesto integrado para comercio: $1.512,56

Aporte previsional: $2.652,52

Obra social: $3.061,75.

Total servicios: $7.351,10

Total comercios: $7.226,83

Impuesto integrado para servicios: $2.689,05

Impuesto integrado para comercio: $2.484,46

Aporte previsional: $2.917,75

Obra social: $3.638,26

Total servicios: $9.245,06

Total comercios: $9.040,47

Impuesto integrado para servicios: $5.115,04

Impuesto integrado para comercio: $3.967,80

Aporte previsional: $3.209,55

Obra social: $4.452,02

Total servicios: $12.776,61

Total comercios: $11.629,37

Impuesto integrado para servicios: $7.036,89

Impuesto integrado para comercio: $5.180,81

Aporte previsional: $3.530,49

Obra social: $5.145,02

Total servicios: $15.712,40

Total comercios: $13.856,32

Impuesto integrado para servicios: $8.951,39

Impuesto integrado para comercio: $6.459,54

Aporte previsional: $3.883,53

Obra social: $5.512,52

Total servicios: $18.347,44

Total comercios: $15.855,59

Impuesto integrado para servicios: $20.460,26

Impuesto integrado para comercio: $15.856,76

Aporte previsional: $4.271,88

Obra social: $6.615,02

Total servicios: $31.347,16

Total comercios: $26.743,66

Impuesto integrado: $25.575,36

Aporte previsional: $4.699,08

Obra social: $8.190,03

Total: $38.464,47

Impuesto integrado: $30.054,72

Aporte previsional: $5169,03

Obra social: $9.166,53

Total: $44.390,28

Impuesto integrado: $34.526,76

Aporte previsional: $5685,87

Obra social: $10.505,29

Total: $50.717,92

ANSES comunicó los calendarios de pagos de enero para jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados, Pensiones No Contributivas y titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Asignación por Embarazo

Asignación por Prenatal y Maternidad

Asignaciones Pago Único

Pensiones No Contributivas

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desempleo

El Gobierno nacional anunció este miércoles que finalmente habrá un bono de fin de año de $24.000 para trabajadores del sector privado con salarios netos de hasta poco más de $185.000 y de $13.500 para beneficiarios del Potenciar Trabajo que se pagará por única vez durante el transcurso de diciembre.

Ambas medidas se instrumentarán a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmará el presidente Alberto Fernández y será publicado en el Boletín Oficial.

“Lo que anuncio es un bono de $24.000 a ser pagado durante diciembre por única vez para aquellos trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos a diciembre asciendan por todo concepto, menos el aguinaldo, a tres salarios mínimo vital y móvil”, precisó la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos.

En ese sentido, la funcionaria explicó: “La norma solo preverá que sea durante diciembre, porque la fecha en que se hace el pago salarial y el medio aguinaldo depende de las características y dinámica de cada empresa. Está previsto que sea en una sola cuota y es de carácter general para todos aquellos trabajadores incluidos en la ley de contrato de trabajo”.

“Habrá convenios colectivos donde esto quede absorbido por el bono ya acordado, mientras que otros que no previeron bono y esto se suma a lo acordado. En tanto, hay otros convenios colectivos en donde esa condición de absorción no se estableció y en consecuencia se suma”, puntualizó Olmos.

Bono de fin de año: lo recibirán trabajadores privados que cobren salarios de hasta $ 180.000

En ese marco, la ministra de Trabajo completó: “El bono es el producto de un esfuerzo compartido con el Estado en el caso de las empresas PyME, donde el Estado absolverá el 50% del costo a través de la deducción de los anticipos de impuesto a las ganancias”.

De acuerdo a cálculos realizados por el Ejecutivo nacional, el bono será percibido por el 40% de los trabajadores formales, lo que implicaría alrededor de 4.400.000 empleados.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora conduce Victoria Tolosa Paz, anticiparon que se pagará un bono de $13.500 a “toda la nómina del último padrón del Potenciar Trabajo que se abonó el 7 de diciembre”.

“Esto tiene que ver con la decisión de que sea pagado un monto total de $13.500 en dos cuotas: una con fecha 21 de diciembre por $6.750 y otra para el 6 de enero, momento en el que la validación de identidad esté concluida”, explicó la funcionaria.

La posibilidad de otorgar un bono que incluya al sector privado estuvo en análisis durante varios meses, algo que había sido deslizado por el propio presidente Alberto Fernández y varios integrantes del Gabinete nacional.

El Litoral Tras la reunión técnico-paritaria de este martes, Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe La Capital, anunció que se consiguieron fechas para dos “exigencias” que venía haciendo el gremio: una, el pago del proporcional de vacaciones que quedó estipulado para el 17 de mayo. La otra son las fechas para el concurso de titularización de nivel secundario “que venía demorado y sobre el que había mucha preocupación”. “En la reunión se estableció que el ofrecimiento de cargos y horas cátedras será el 1 de agosto y el 1 de septiembre, respectivamente”, anunció el sindicalista. A su vez, Alonso dijo que en la reunión se planteó la preocupación por la infraestructura de los establecimientos y se pidió “un nuevo aumento para las raciones de copa de leche y comedor con el fin de garantizar el derecho alimentario de calidad de todos los alumnos”. Sobre este último punto, el ministerio de Educación ya anunció que próximamente habrá un aumento del 50% en las raciones. Por otro lado, el gremio sostuvo que también se llevó a la paritaria la necesidad de discutir la Resolución 92 que desafectó del concurso de titularización a personal docente que trabaja en la modalidad de adultos. El gremialista afirmó que “fue una reunión positiva e importante porque se discutieron muchos puntos relacionados a las condiciones de trabajo y entendemos que faltan discutir en profundidad muchos más temas”. Y amplió que “estos encuentros deben llevarse adelante periódicamente para seguir encausando y solucionando las problemáticas de la escuela pública”.