Este miércoles, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, en la sede de la entidad fabril, donde expuso las principales políticas que lleva adelante la Provincia para fortalecer la producción, promover inversiones y mejorar la competitividad de las empresas.Del encuentro participaron también los ministros de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y su par de Economía, Pablo Olivares. Durante la reunión, las autoridades de la UIA destacaron las medidas implementadas por el Gobierno santafesino y valoraron el esquema de diálogo que la Provincia mantiene con el sector privado.

"Fue una reunión muy positiva, en la que encontramos un reconocimiento de la UIA al trabajo que viene haciendo Santa Fe. Pudimos mostrar que es posible sostener el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, invertir en obra pública, acompañar al sector productivo con financiamiento, reducir impuestos y llevar adelante políticas públicas en áreas fundamentales como seguridad y educación", señaló Puccini.

Pullaro expuso ante la UIA las políticas de Santa Fe para reducir impuestos y aumentar la competitividad empresarial, destacando el impacto positivo en 10.000 firmas. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Rappallini destacó que "el desarrollo industrial y la productividad requieren el compromiso de los tres niveles del Estado", y en ese sentido señaló que desde la UIA "valoramos la mirada productivista del Gobierno de Santa Fe en su promoción de la industria, y en sus medidas para generar inversión en infraestructura, un esquema tributario adecuado, promoción del empleo y reglas claras. La competitividad se construye desde cada nivel de gobierno", valoró.Por su parte, Rappallini destacó que “el desarrollo industrial y la productividad requieren el compromiso de los tres niveles del Estado”, y en ese sentido señaló que desde la UIA “valoramos la mirada productivista del Gobierno de Santa Fe en su promoción de la industria, y en sus medidas para generar inversión en infraestructura, un esquema tributario adecuado, promoción del empleo y reglas claras. La competitividad se construye desde cada nivel de gobierno”, valoró.

Uno de los puntos que despertó mayor interés fue la política de alivio tributario implementada por Santa Fe. Durante el encuentro, la delegación provincial presentó los resultados correspondientes al primer semestre de 2026: cerca de 10.000 empresas accedieron a beneficios fiscales, que representaron un ahorro superior a los 36.000 millones de pesos.Las medidas incluyen distintos mecanismos para reducir la incidencia de Ingresos Brutos sobre la actividad económica, entre ellos beneficios vinculados al empleo y al consumo de energía. Según expusieron los funcionarios provinciales, estas herramientas permitieron disminuir de manera significativa la carga tributaria efectiva para las empresas alcanzadas.Pullaro, Puccini y Olivares también detallaron la política de financiamiento productivo y el volumen de obra pública que ejecuta la Provincia con recursos propios. En ese marco, remarcaron no solo el impacto de la infraestructura sobre la competitividad y la logística, sino también su capacidad para sostener actividad económica y generar empleo.Otro de los aspectos abordados fue el funcionamiento del Estado. Las autoridades provinciales y los representantes industriales coincidieron en la necesidad de contar con un sector público eficiente, con cuentas ordenadas y capacidad para intervenir allí donde resulte necesario para mejorar las condiciones de producción y desarrollo.“Tenemos una coincidencia importante: la Argentina necesita un Estado eficiente y un sector privado competitivo. Santa Fe está demostrando que ordenar las cuentas no significa retirarse, sino administrar mejor para poder invertir, bajar impuestos y acompañar a quienes producen y generan empleo. Queremos seguir trabajando con la industria para nivelar la cancha y darle herramientas frente a un escenario cada vez más competitivo”, afirmó Puccini.

La reunión permitió además avanzar sobre temas que la UIA viene planteando ante el Gobierno nacional. Entre ellos, la posibilidad de agilizar la devolución de saldos a favor de IVA y analizar mecanismos que permitan utilizarlos para afrontar obligaciones vinculadas al empleo y las cargas laborales.También se conversó sobre la necesidad de discutir un nuevo pacto fiscal que contribuya a ordenar la estructura tributaria y genere mejores condiciones para producir e invertir. La Provincia manifestó su disposición a acompañar una agenda que permita reducir distorsiones y mejorar la competitividad del entramado industrial.En ese contexto, desde la UIA también recordaron la posición asumida por Santa Fe frente a las retenciones y el planteo realizado oportunamente por Pullaro en defensa de los sectores productivos. El encuentro cerró con el compromiso de mantener una agenda de trabajo entre el Gobierno provincial y la entidad fabril.

En línea con la mejora de calificación otorgada previamente por Fitch Ratings, que durante 2025 anticipó la evolución positiva del perfil crediticio de la provincia, la calificadora internacional Moody's elevó la calificación de Santa Fe de B3 a B2, ratificando la consistencia y la responsabilidad en la administración económica que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

En su informe, Moody's destaca la fortaleza de la base de ingresos de la provincia, sus sólidos fundamentos económicos y una trayectoria sostenida de políticas fiscales prudentes. Estos factores, señala la calificadora, permitieron que Santa Fe mantenga un sólido desempeño operativo y alcance un perfil crediticio superior al del Gobierno Nacional.

“Santa Fe continúa demostrando que, sobre la base de su solvencia, responsabilidad y sostenibilidad financiera, mantiene un desempeño que es reconocido por las principales calificadoras internacionales. Esto nos permite acceder a financiamiento en condiciones más favorables para seguir impulsando las inversiones estratégicas y el desarrollo productivo que promueve el gobernador Maximiliano Pullaro”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

La administración provincial fue reconocida por su prudencia fiscal, bajo nivel de endeudamiento y fortaleza financiera.

Entre los fundamentos que respaldan la mejora de la calificación, Moody's resalta la sólida posición de liquidez de la Provincia, su bajo nivel de endeudamiento y la fortaleza de sus indicadores fiscales. Asimismo, el informe señala que la reciente emisión de bonos internacionales realizada por Santa Fe contribuye a fortalecer aún más su perfil crediticio.

“La coherencia con la que Santa Fe administra sus recursos, basada en la transparencia, la prudencia fiscal y el cumplimiento de sus compromisos, se refleja en las evaluaciones que realizan las calificadoras internacionales sobre la provincia”, sostuvo por su parte el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán.

Moody’s elevó la evaluación de Santa Fe y destacó la solidez de sus cuentas públicas.

Respecto de las perspectivas de mediano plazo, Moody's prevé que la Provincia mantendrá su actual perfil crediticio, sustentado en la solidez de sus fundamentos económicos y en una gestión fiscal prudente, lo que refleja la confianza en la sostenibilidad de las políticas económicas y financieras que lleva adelante Santa Fe.

Autoridades de la provincia de Santa Fe llevaron este martes 21 de julio a la reunión paritaria docente, que se realiza en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, una propuesta que redondea un aumento para el segundo semestre cercano al 15 %, y que totaliza un incremento promedio anual que rondará el 49 %. “Traemos una propuesta responsable que pone en valor el esfuerzo que todos los días hacen los docentes y directivos”, destacaron antes de ingresar María Martín, secretaria General de Educación y los ministros provinciales José Goity (Educación) y Pablo Olivares (Economía).

Propuesta salarial docente del gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Destacaron también que se trata de una propuesta “que, como todas las que hacemos, se puede comprobar recibo de sueldo contra recibo de sueldo. Lo que dijimos en la anterior paritaria lo cumplimos. Todo se puede chequear”, remarcaron.

En ese sentido, se detalló que en el caso testigo de un docente de grado, sin antigüedad, con 25 horas semanales, percibirá en diciembre de 2026 un total de $ 1.517.481, lo que representa un incremento 14,62 % para el segundo semestre y totaliza un aumento del 49,01 % en el comparativo diciembre 2025-2026.

El ministro de Educación, José Goity, habló tras la presentación: “Venimos a traer una propuesta que es un esfuerzo importante y creemos que hay elementos muy sustanciales para considerarla y es una propuesta que, desde nuestro punto de vista, debería ser aceptada y considerada”.

Por el lado del ministro de Economía, Pablo Olivares, se destacó además “la garantía de que ningún trabajador haya cerrado el semestre con un incremento por debajo de la inflación”.

“Recordar también la jerarquización del personal directivo, así como se ha hecho al principio de este año, se va a volver a hacer con otra medida similar con un incremento adicional en el concepto que cobra el personal directivo y de supervisión que les posibilitará también tener otro incremento adicional para jerarquizar también esa función”, agregó Olivares.

El gobierno realizó una oferta de incremento salarial escalonada para el segundo semestre de año que, para la mayor parte de los agentes estatales, estará por encima del 15 %.

Tras la reunión de la paritaria con los gremios de la administración central, UPCN y ATE, los dirigentes gremiales y los voceros oficiales informaron que la Provincia se comprometió a solventar el desfase producido en algunos niveles salariales por efecto de la inflación.

En cuanto a la oferta de incremento, se mantiene los 170 mil pesos garantizados como piso mínimo de aumento, adicionando una suma que en julio será de 80 mil, en agosto y septiembre llegará a 100 mil, para pasar a 130 mil en octubre y noviembre y llegar a 180 mil en diciembre, con impacto en el aguinaldo.

En cuanto a los porcentajes generales, se propone un aumento del 2 % en julio; 1,8 % en agosto; 1,7 % en septiembre; 1,6 % en octubre; y 1,5 % en noviembre y diciembre.

Los gremios destacaron el diálogo y llevarán la propuesta a la consulta con los afiliados. Foto: Flavio Raina

De esta manera, el impacto del incremento será diferente según las categorías, pero en todos los casos superará el 10 % para el semestre, y en algunos, el 15 %.

El 5 de agosto habrá una nueva reunión técnica para discutir y tratar de resolver situaciones sectoriales.

Luego del encuentro, los representantes gremiales dieron cuenta de que se trató de una reunión prolongada (más de 90 minutos), en las que después de muchas discusiones y dos cuartos intermedios se llegó a una propuesta que consideran apta para poner a consideración de los afiliados.

Jorge Molina (UPCN) explicó que, en cuanto al desfase entre el 12,5 establecido en el primer semestre y el 17,1 % que surgió del índice inflacionario, “el gobierno reconoce que va a aplicar lo necesario para que ningún trabajador se quede sin cobrar esa diferencia, en los casos en que la tengan”. El mismo criterio aplica para los jubilados.

Tras detallar los porcentajes de incremento para cada mes, dio cuenta también del compromiso oficial de actualizar los montos si fuera necesario. “Si bien entendemos que la inflación va a la baja, siempre tenemos la cláusula de revisión, que el gobierno viene cumpliendo”.

Y en cuanto al porcentaje de incremento general, con los mínimos garantizados para las escalas inferiores, establecieron que “la mayoría de los trabajadores van a recibir más del 15% de aumento en el semestre”.

“Nos llevó mucho tiempo lograr esto. Empezamos realmente en una situación muy inferior a estos montos. Nos llevó mucho trabajo, dos cuartos intermedios, y creemos que para el contexto que tenemos en la actividad económica privada y en la actividad económica pública nacional, es una propuesta considerable”, añadieron.

En cuanto a la respuesta, UPCN la tendría para el jueves, luego de habilitar las consultas a los afiliados, y ATE quedó en definir el momento.

A su turno, el ministro de Economía, Pablo Olivares, que participó junto a sus pares de Gobierno, Fabián Bastia y de Trabajo, Roald Báscolo, expuso a los periodistas una serie de consideraciones en orden a la propuesta trasladada a los gremios.

“Fue una reunión extensa porque fue una reunión de trabajo. No solamente de paritaria en sentido político, sino de trabajo, para tratar de compatibilizar las sanas y genuinas pretensiones que nos hacían llegar los dirigentes de ambos gremios y las posibilidades”, arrancó.

UPCN analizará la propuesta salarial antes de definir su aceptación. Foto: Flavio Raina

Remarcó que, “luego de un trabajo bastante intenso”, se logró una propuesta que apuntala el objetivo de “priorizar a los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial”. Y que, a tal efecto, se construyó una propuesta que abarca todo el segundo semestre de 2026 (que era una aspiración común), que “va a posibilitar que la gran mayoría de los trabajadores, sobre todo los que se encuentran en la base de la pirámide salarial, tengan un incremento de 15,5%”.

“Si a eso le añadimos el incremento que ya dimos en el primer semestre, vamos a tener un incremento anual del 36% para los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial”, añadió.

Adicionalmente, garantizó que el 17,1 % del primer semestre llegará a todos los trabajadores, cubriendo los muy pocos casos (como estimación aproximada, un 20%) que, en distintas proporciones, no percibió ese incremento, lo hará por planilla complementaria. Y que eso será luego de un análisis “caso por caso”.

Considerando que, de esta manera, un 80 % de los trabajadores logró “ganarle o por lo menos empardarle a la inflación”, entendió que la estrategia de pisos mínimos “es un mecanismo eficaz para todos los trabajadores, sabiendo que tienen un gobierno y representaciones gremiales que lo que hacen es acordar salarios hacia adelante y que después revisan hacia atrás. Y que, en el caso de que algún cargo haya tenido un incremento inferior a la inflación, se lo reconoce y se paga la diferencia”.

Por otra parte, negó que en algún caso se trate de sumas “en negro” o no remunerativas, y que, en los niveles correspondientes y a su debido tiempo, tienen el correspondiente impacto en las jubilaciones.

Al ser consultado sobre la situación económica de la provincia, dijo que en Santa Fe, como en los demás distritos del país y en la Nación, “rige el principio de escasez”.

No obstante, consignó que “desde el gobierno provincial llevamos tres años apuntando a la eficiencia. Sacando agua de las piedras cuando es posible, economizando recursos materiales y en lo posible incrementando la prestación del servicio”.

“Y por eso hemos podido ir haciendo espacios para contener las necesidades de sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, sin resignar los servicios que todos los ciudadanos se merecen y la inversión pública”, completó.

Justamente, “para poder garantizar que el proceso de inversión pública pueda seguir su ritmo sin tener que entrar en los vaivenes que una coyuntura macroeconómica que no despega, hemos tomado las previsiones y hemos tomado financiamiento que se va a devolver a largo plazo, aprovechando muy buen crédito internacional que tiene la provincia de Santa Fe”.

“En concreto, lo que estamos pudiendo hacer ya encarando para el segundo término de este tercer año de gobierno es poder armonizar tres necesidades que son imprescindibles: garantizar que los salarios de los trabajadores públicos le ganen a la inflación, que los ciudadanos tengan más y mejor calidad en sus servicios y que el proceso de inversión pública no se detenga”, remató.

La negociación paritaria entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes comenzó este jueves con un primer intercambio de posiciones que continuará el martes, cuando el Ejecutivo prevé avanzar en definiciones de la política salarial. Al término del encuentro, funcionarios de los ministerios de Educación y de Economía remarcaron que la negociación permanece abierta y coincidieron en que el objetivo es construir un acuerdo sobre la base de datos objetivos y de la evolución efectiva de los salarios.

La secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, sostuvo que el Gobierno encara la discusión con la convicción de que la política salarial constituye una prioridad para la gestión. “Valoramos el rol de los equipos directivos y los docentes”, afirmó la funcionaria.Martín recordó, además, que en la negociación anterior el Ejecutivo recurrió a exhibir los recibos de sueldo para despejar afirmaciones falsas sobre el impacto real de la política salarial. “La discusión se terminó saldando cuando mostramos recibo contra recibo. Esa comparación permitió verificar que el salario del cargo testigo pasó de poco más de 1 millón de pesos en febrero a superar actualmente 1,3 millones, lo que representa un incremento del 30 %”, señaló.La secretaria reconoció que el contexto económico nacional continúa siendo complejo, aunque consideró que la negociación debe desarrollarse sobre una base compartida de información. “Si realmente queremos llegar a un acuerdo, tenemos que discutir sobre bases comunes. De lo contrario, la discusión termina siendo ficticia”, sostuvo.

En la misma línea, el ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y volverán a reunirse durante la próxima semana con el propósito de seguir construyendo una propuesta.“El diálogo es continuo. Aspiramos a construir una propuesta que pueda discutirse y, si es posible, alcanzar un acuerdo. No nos ponemos metas que condicionen la negociación, pero sí mantenemos la voluntad de dialogar”, afirmó.Olivares explicó que la futura oferta contemplará incrementos para el segundo semestre y destacó que, durante los primeros seis meses del año, todos los meses registraron actualizaciones salariales. “Estamos reunidos en el séptimo mes del año y pensamos que la propuesta integrará incrementos desde julio en adelante”, indicó.Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, vinculó la negociación salarial con una forma de gestionar basada en evidencia y evaluaciones objetivas. “Nosotros analizamos los hechos y los datos. Durante mucho tiempo se dijeron muchas cosas sin comprobar si estaban respaldadas por la realidad. Esa lógica también explica parte de los problemas que tiene el sistema educativo”, sostuvo.Goity señaló que, además de la actualización salarial, la política educativa incorpora herramientas destinadas a fortalecer el desarrollo profesional docente. Entre ellas, destacó el Fondo de Capacitación, que permite reconocer económicamente la formación realizada por los maestros mediante una oferta gratuita y universal del Ministerio.“Creemos que la capacitación debe llegar a todos los docentes y que el Estado tiene la responsabilidad de brindarla. Es una forma concreta de reconocer la tarea docente y de mejorar el sistema educativo”, afirmó.El ministro agregó que la gestión continuará impulsando medidas vinculadas con la carrera docente, los concursos, las titularizaciones y un nuevo sistema integral de salud laboral, iniciativas que -sostuvo- forman parte de una política orientada a jerarquizar la profesión y mejorar las condiciones para enseñar.

Los ministros provinciales de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Economía, Pablo Olivares, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; recibieron este jueves en Casa de Gobierno, en la ciudad capital, a los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El encuentro tuvo como objetivo la apertura al diálogo en el marco de la paritaria correspondiente a la segunda parte del año 2026 para la administración central. Por parte del Gobierno también estuvieron presentes el secretario provincial de Vinculación Institucional de Santa Fe, Julián Galdeano; y la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario; mientras que la comitiva gremial estuvo encabezada por el secretario general de UPCN, Jorge Molina; y el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor.

Las partes acordaron pasar a cuarto intermedio para avanzar en el diálogo de la política salarial y valoraron acuerdos alcanzados hasta el momento, que en el semestre anterior permitieron sostener los ingresos de los trabajadores estatales de la provincia.

Tras la reunión, Olivares, calificó a la convocatoria como “muy buena” y que se trató de un primer encuentro para “hacer un análisis de lo que fue el primer semestre, una lectura en común y compartir agendas, no solamente con temas salariales, sino también situaciones de determinados sectores y en las prioridades que se asignaron en el primer semestre”.

El funcionario resaltó que “hubo coincidencia en los instrumentos que se utilizaron para los trabajadores, sobre todo para los que menos ganan y que tuvieron una recomposición mayor o prioritaria”.

Olivares destacó el sacrificio que la Provincia ha hecho para atender la paritaria del primer semestre y detalló que se decidió pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes 21 de julio a las 8 en Casa de Gobierno. “Se puso en una agenda no solo la posición de una propuesta salarial para el segundo semestre, sino también otros puntos que abarcan distintos sectores que en este caso corresponden al escalafón de la administración central”, puntualizó.

El ministro aprovechó para contextualizar que “los recursos de todas las provincias del país siguen siendo magros, siguen incrementándose por debajo de la inflación, y es una dificultad que estamos teniendo ya que estamos en una coyuntura nacional compleja, con una economía sin despegar”.

Sobre una futura propuesta, Olivares sostuvo que “no queremos adelantarnos porque somos muy respetuosos de la mesa, para eso hemos hecho el cuarto intermedio; sí hicimos la valoración que esos incrementos mínimos garantizados en los casos de los que implicó un incremento por encima de la inflación podamos sostenerlo en el sentido que sea ganancia del trabajador como en el primer semestre”.

“Nuestro gobernador siempre nos marca la necesidad que no falten determinadas cuestiones esenciales en la provincia: que a los santafesinos no les falte un plato de comida, que a los santafesinos no les falte un medicamento, que todos tengan las cuestiones básicas, y eso también va para los trabajadores públicos”, completó Olivares.

Por el lado del sector gremial, Jorge Molina, subrayó “la buena política salarial del semestre pasado, focalizado en un aumento general en los mínimos garantizados, que permitió que un sector de los trabajadores tengan hasta un 20% o 25% de incremento. La combinación de todos esos factores ha hecho que el ingreso de los empleados públicos esté hoy por sobre, por ejemplo, los empleados de comercio, que normalmente es una referencia”, indicó.

Marcelo Delfor también se pronunció sobre el acuerdo salarial de la primera parte de 2026: “En general, fue una buena política salarial y pretendemos que sea la misma, con un esquema de recuperación salarial”.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe fue reconocido nuevamente por sus estándares de transparencia y acceso a la información pública. De acuerdo con el último informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), correspondiente al relevamiento realizado por el organismo, Santa Fe alcanzó el máximo puntaje posible (100 puntos) en el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, ubicándose entre las tres únicas jurisdicciones del país con cumplimiento estricto.

El informe (https://www.asap.org.ar/informes2.php?anos=2026&id=7) evalúa el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicación de información fiscal y presupuestaria previstas en la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, considerando la disponibilidad, actualidad y accesibilidad de los datos publicados por cada provincia. Entre los aspectos analizados se incluyen el presupuesto vigente, la ejecución presupuestaria, el esquema ahorro-inversión-financiamiento, el stock de deuda pública y la información sobre la planta de personal.

De acuerdo con la información relevada al 31 de marzo de 2026, las provincias incluidas en el Grupo I, calificadas como de cumplimiento estricto, fueron Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Las mismas se destacan por haber presentado toda la información requerida por la ley dentro de los plazos establecidos, incluso algunas de ellas con menor rezago.

En ese marco, el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que “este resultado refleja la decisión del Gobierno Provincial de consolidar una gestión basada en la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno y el acceso ciudadano a la información pública, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas y el control social sobre la administración de los recursos públicos”.

“La política de transparencia fiscal impulsada por la Provincia permite que ciudadanos, organismos de control, inversores e instituciones puedan acceder de manera permanente a información presupuestaria y financiera actualizada, favoreciendo una administración más abierta, previsible y eficiente. La obtención del puntaje máximo se suma a otros indicadores que posicionan a Santa Fe entre las provincias con mayor solidez institucional y fiscal del país, sustentando una administración responsable de las cuentas públicas y comprometida con la transparencia como uno de los pilares de su gestión”, enfatizó el ministro.

Índice de Cumplimiento LRF

Para elaborar el índice, se tienen en cuenta si las administraciones provinciales publican el presupuesto del ejercicio corriente (en ese caso, se otorgan 35 puntos); el Esquema Ahorro Inversión Financiamiento (AIF) de la Administración Pública no Financiera Provincial (vale 25 puntos si está publicado con hasta tres meses de rezago); las Deducciones con Financiamiento Especial de la Administración Pública no Financiera Provincial (se suman 10 puntos, con la publicación hasta los tres meses de atraso); los Gastos clasificados por Finalidad y Función de la Administración Pública no Financiera Provincial (también, significa 10 puntos en caso de ser publicados con hasta tres meses de rezago); la Planilla Stock de Deuda de la Administración Pública no Financiera Provincial (otros 10 puntos al publicarla hasta con tres meses de demora), y la Planilla de Cargos, Horas Cátedra y Módulos Ocupados (también se otorgan 10 puntos por su difusión con hasta tres meses de rezago).

Para todas las categorías analizadas, si el rezago en la publicación de la información supera los seis meses, no se asigna puntaje. En consecuencia, el máximo puntaje que puede alcanzar una Provincia es 100 puntos, lo que representa un cumplimiento sustantivo de los requerimientos establecidos.

Qué es la ASAP

La ASAP, (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) es un organismo no gubernamental creado en 1975 y consolidado dos años después como filial de la Asociación Internacional de Presupuesto (ASIP). Desde entonces se trabaja en pos de mejorar el sistema de Administración Financiera Pública en general y de presupuesto en particular, profundizar el debate en torno del rol del Estado, generar instancias asociativas de cooperación y pensar herramientas para ampliar los conocimientos y promover la accesibilidad y la comprensión sobre las cuentas públicas.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, delegó en el ministro de Economía, Pablo Olivares, todas las gestiones ante el gobierno nacional para obtener los anticipos financieros por hasta $400.000.000.000 ya autorizados por la administración nacional.

El decreto N° 1284, firmado este lunes, habilita al titular de Economía "a realizar todas las acciones y/o a dictar todos los actos que aprueben las medidas que resulten necesarias y pertinentes para garantizar la ejecución, cumplimiento y seguimiento de los convenios celebrados por el Poder Ejecutivo en el marco del Artículo 124 de la Ley Nacional N° 11672 o de la normativa que en el futuro la reemplace".

La norma nacional invocada es la conocida como Ley Complementaria Permanente del Presupuesto y el artículo 124 dispone que "con el objeto de subsanar deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia así lo aconsejen, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a acordar a las provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anticipos a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución o de los montos previstos en el Compromiso Federal, que deberán ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento, mediante retenciones sobre el producido de los mismos impuestos coparticipados".

Más adelante dispone que "cuando razones fundadas aconsejen extender dicho plazo, el Poder Ejecutivo Nacional, con opinión favorable del Ministerio de Economía, podrá ampliarlo sin exceder el ejercicio fiscal en que se otorgue, los que devengarán intereses sobre saldos, desde la fecha de su desembolso hasta la de su efectiva devolución, de acuerdo con la tasa que fije el Ministerio en cada oportunidad". Aclara que esa tasa de interés no podrá exceder la que abone el Tesoro Nacional por el acceso a los mercados de crédito.

El gobernador y el ministro de Economía a quien le confiaron la gestión ante Nación del anticipo financiero para el presente ejercicio fiscal. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El decreto firmado por Pullaro es refrendado además por Olivares y por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. El instrumento fue rubricado a las pocas horas de conocerse la decisión de Santa Fe de sumarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) prácticamente al vencimiento del plazo otorgado por Nación.

El decreto provincial encomienda y delega en el Ministro de Economía la facultad de realizar las gestiones, dictar los actos administrativos y hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para ejecutar y dar seguimiento a los convenios de anticipos financieros.

Dispone que cualquier acto o resolución que dicte el Ministerio de Economía usando esta facultad delegada debe ser comunicado formalmente al Poder Ejecutivo dentro de los 10 días hábiles de su emisión.

En los considerandos, el decreto provincial parte de los alcances de Ley Complementaria del Presupuesto que disponen que anticipos se reintegran mediante la retención del producido de los impuestos coparticipados provenientes del Régimen de Coparticipación Federal; que un convenio entre las partes se establecen las condiciones financieras de tales anticipos y se estipula la registración y el envío al Ministerio de Economía de la Nación de información fehaciente, suficiente y oportuna que permita el seguimiento de la evolución de las finanzas públicas.

Imagen ilustrativa. Casa de Gobierno. Foto: Fernando Nicola

También se destaca que en la Ley provincial de Ministerios corresponde a Economía "atender las relaciones con los Ministerios o Secretaría de la Nación, correspondiéndole en particular al Ministerio de Economía asistir al Poder Ejecutivo de la Provincia en las políticas referidas a la percepción, administración, inversión y fiscalización de los medios económicos y financieros de la Administración Provincial".

Al ministro de Economía -dice la ley- le corresponde entender en la coordinación de las acciones económico-financieras con la Nación y en lo atinente al Régimen de Coparticipación.

El 17 de junio de este año, mediante el decreto N° 474, el Ministerio de Economía de la Nación dispuso otorgar, en el ejercicio fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda, un anticipo financiero a las provincias de Jujuy y Santa Fe por hasta la suma máxima de $400.000.000.000 para cada una de ellas, a ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso.

En el decreto se determina el anticipo con una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación en el régimen de la Ley N° 23.548. También faculta a la Secretaría de Hacienda "a disponer las condiciones de desembolso a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones alcanzadas por este decreto para determinarlos".

En los considerandos del decreto se señala que "los gobiernos de las provincias de Jujuy y Santa Fe se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas. Que, en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan las citadas provincias".

En el Ministerio de Economía analizan solicitar, en una primera etapa, un anticipo de financiero de $250.000.000.000 y en el último trimestre del año requerir los restantes $150.000.000.000, según pudo saber El Litoral.

No obstante, en las próximas horas se definirá la cifra a solicitar cuando Olivares firme el pedido de dinero correspondiente ante la cartera que conduce Luis Caputo.

El Ipec difundió el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de la provincia correspondiente al mes de abril que dio una caída interanual del 3,6% mientras que en los próximos cuatro meses del año, hay una pequeña suba del 0,7%.

El IMAE permite estimar anticipadamente el producto bruto geográfico, posibilitando la construcción de índices para la estimación de cada una de las 16 actividades económicas que conforman el PBG constante.

Intermediación Financiera (6,7%), Construcción (6,1%), Industria Manufacturera (1,8%) y Administración Pública (1,7%) fueron los único sectores positivos en abril. La mayor caída se dio en Pesca (93,3%) y en Minas y Canteras (12,8%).

Con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, Santa Fe resolvió participar del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) en el ámbito de la gestión pública y fiscal de la República Argentina. La decisión se tomó contrarreloj, a pocas horas de que venciera el plazo límite de la prórroga dispuesta por la Casa Rosada.

El REOR fue creado a fines de 2024 (mediante el Decreto N° 969/24) con el propósito de compensar y extinguir deudas y créditos cruzados entre el Estado Nacional y las distintas provincias incluida CABA.

Santa Fe había decidido no participar, en principio, por entender que el Estado nacional era deudor de la provincia e ingresar al sistema significaría habilitar al gobierno nacional pagos en bonos o en especies de esa deuda. Ahora, el gobierno provincial adhirió tras ser incluido por el presidente Javier Milei entre las provincias receptoras de anticipos financieros para el presente ejercicio.

Para Santa Fe, la adhesión al REOR le puede permitir tomar los hasta $400.000.000.000 de anticipo financiero e incluirlo en el sistema. En principio, el objetivo es solicitar un primer anticipo de $300.000.000.000 y en caso de ser necesario en el segundo semestre la cifra restante.

Pablo Olivares encabezará la negociación con Nación por el esquema de compensaciones. Foto: Manuel Fabatia.

En las próximas horas el gobernador Pullaro firmará un decreto delegando en el ministro de Economía, Pablo Olivares, la negociación con el gobierno nacional del régimen de compensación.

El Decreto N° 969 del 30 de octubre de 2024 creó el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y/o CABA con el objetivo de facilitar el saneamiento de las cuentas públicas y ordenar la relación fiscal interjurisdiccional, permitiendo que las provincias y la Nación limpien deudas mutuas de diversa índole. "Se busca resolver administrativamente reclamos económicos históricos para evitar o cerrar juicios entre el Ejecutivo Nacional y las gobernaciones", se había señalado en Casa Rosada cuando se dictó el instructivo.

Además de las compensaciones netas de partidas presupuestarias, el decreto contempló la incorporación de bienes inmuebles del Estado Nacional para ser utilizados como parte de pago en estas operaciones. En este sentido, según pudo saber El Litoral, Santa Fe ya tiene un listado de bienes inmuebles que aceptaría recibir del Estado nacional en compensación de deudas.

La autoridad encargada de tramitar estos acuerdos y auditar los saldos es la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.

Santa Fe tiene un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por deuda previsional, hoy suspendido por 180 días, debido a las negociaciones llevadas adelante con Anses y que desembocaron en el pago mensual a cuenta mientras avanzan las conversaciones de reconocimiento sobre el déficit previsional santafesino. A propósito de esto ya hubo avances sobre el cruce de números del ejercicio 2020.

Santa Fe podrá gestionar anticipos financieros por hasta $400.000 millones.

Fueron 18 las jurisdicciones que adhirieron en primera instancia al régimen y firmaron sus respectivas cartas de intención o convenios. Entre Ríos fue la primera en suscribir el entendimiento a través de su gobernador Rogelio Frigerio.

Luego, el gobierno nacional amplió en 60 días hábiles el plazo de sumarse al programa debido a que ni Santa Fe, ni Córdoba, ni CABA, ni provincia de Buenos Aires, ni La Rioja y Formosa habían dado el ok.

El tema de sumarse o no al régimen fue motivo de charlas varias de gobernadores en encuentro bilaterales o de reuniones en conjunto. Fueron varios los mandatarios que aconsejaron a Pullaro no dejar de lado la posibilidad de buscar un entendimiento con Nación e incluso tener la posibilidad de sumarse a los anticipos financieros.

El decreto 474 del pasado 17 de junio. firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso otorgar, en el ejercicio fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda, un anticipo financiero a las provincias de Jujuy y Santa Fe por hasta la suma máxima de $400.000.000.000 para cada una de ellas, a ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso.

La Provincia también analiza recibir inmuebles nacionales como parte de compensación.

En el decreto se determina el anticipo con una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación en el régimen de la Ley N° 23.548. También faculta a la Secretaría de Hacienda "a disponer las condiciones de desembolso a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones alcanzadas por este decreto para determinarlos".

En los considerandos del decreto se señala que "los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas. Que, en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan las citadas provincias".

Vale señalar que al momento del decreto, Entre Ríos ya había tenido un anticipo financiero del Estado Nacional.

Durante la última sesión, en la Cámara de Diputados fue votado un pedido de informes motorizado por el justicialista Walter Agosto donde solicita "informe si la provincia ha adherido al Régimen de Extinción de Obligaciones Reciprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y en su caso mediante qué acto administrativo y remita los instrumentos a través de los cuales ha formalizado dicha adhesión".

Una delegación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp), dependiente de la Presidencia de Uruguay, emprendió una misión técnica a la provincia de Santa Fe. Los representantes del organismo internacional fueron recibidos este martes en Casa de Gobierno de la capital provincial por integrantes del Gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares. También asistieron el asesor de Gabinete, Jorge Álvarez, y los secretarios de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, y de Gestión Pública, Natalia Galano, entre otros integrantes del gobierno provincial.

El director ejecutivo de la Amepp, Gustavo Leal, valoró el encuentro con los funcionarios santafesinos y destacó que representa una gran responsabilidad compartir con el Gobierno de Santa Fe la experiencia desarrollada por la Presidencia de Uruguay en materia de monitoreo y evaluación de políticas públicas. “Santa Fe es un gobierno que se preocupa por medir y evaluar lo que hace con los recursos de los ciudadanos”, dijo Leal.

La validación de las políticas públicas constituye un aspecto central de cualquier proceso de gestión. Uruguay desarrolló una institucionalidad en la Presidencia de la República que le permite monitorear cuáles son las prioridades del gobierno y luego evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos, “que de alguna manera es el pacto que la política hace con los ciudadanos”.

Por su parte, Galano remarcó que el encuentro es de suma importancia para tomar decisiones basadas en evidencia y experiencias enriquecedoras: “Es una experiencia verdaderamente valiosa, cuyos aprendizajes esperamos traducir en prácticas y políticas concretas”.

El Estado uruguayo tiene antecedentes sólidos en gestión pública y “el trabajo que viene desarrollando la provincia de Santa Fe también es sólido y valioso. Hacemos estos intercambios para seguir aprendiendo”, subrayó Claudio Díaz.

Durante la primera jornada de la visita, los equipos desarrollaron una intensa agenda de trabajo, que abordó un diálogo horizontal de experiencias entre la delegación uruguaya y la Unidad de Gestión del Mecanismo de Monitoreo y Evaluación de Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Allí se hizo una aproximación a las experiencias de políticas basadas en evidencia y escucha activa, y una presentación del proceso de construcción, logros y resultados alcanzados.

La agenda de trabajo de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas continuará hasta el jueves en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

El Plan Especial de Pago puesto en marcha por el Gobierno de Santa Fe ya registra una fuerte adhesión. Durante su primer mes completo de vigencia, 9.523 contribuyentes utilizaron esta herramienta diseñada para aliviar la carga tributaria de familias, comercios y empresas en un contexto económico nacional marcado por la desaceleración de la actividad.

El programa permite regularizar obligaciones vinculadas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor y Sellos mediante planes de financiación de hasta 36 cuotas, con tasas subsidiadas o del 0 % de interés, según cada caso.

La modalidad más elegida hasta el momento es el Plan A, orientado a pequeños y medianos contribuyentes y a familias que poseen hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados. Este segmento acumuló 7.104 solicitudes.

Dentro de ese universo, 4.478 adhesiones correspondieron a deudas de Patente Automotor, 1.915 al Impuesto Inmobiliario y 709 a obligaciones vinculadas con Ingresos Brutos.

Por su parte, el Plan B, destinado a contribuyentes con más de dos inmuebles o más de dos vehículos registrados a su nombre, sumó 2.354 solicitudes. De ese total, 1.388 corresponden a deudas de Patente Automotor y 964 al Impuesto Inmobiliario.

El programa contempla además un esquema especial para prestadores de servicios asistenciales para personas con discapacidad, uno de los sectores más afectados por las restricciones financieras y los retrasos en los pagos.

En estos casos, la Provincia ofrece la posibilidad de regularizar deudas en hasta 36 cuotas con una tasa de interés del 0 %. Durante el primer mes de implementación se registraron cinco adhesiones.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que la medida forma parte de una estrategia más amplia de reducción de la presión tributaria y acompañamiento a los sectores productivos.

“Cuando pensamos en la agenda de reducción de impuestos que impulsamos a través de la Ley Tributaria para quienes producen e invierten, también pensamos en aquellos que, por las dificultades de la macroeconomía, no pudieron cumplir con sus obligaciones, incluidas muchas familias”, señaló.

El funcionario agregó que “tal como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, debemos pensar en quienes cada día abren un comercio, sostienen una industria o desarrollan una actividad productiva en la provincia, generando empleo y llevando sustento a sus hogares”.

1. Generar la liquidación de la deuda* El trámite comienza en el portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno provincial, donde debe generarse la liquidación correspondiente al impuesto que se desea regularizar.* Para deudas de Impuesto Inmobiliario o Patente Automotor, se debe seleccionar la opción “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez emitida la liquidación, el sistema habilitará el acceso al Plan Especial de Pago.* En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, el trámite se realiza mediante la opción “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para ello es necesario contar previamente con el servicio “API Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.

2. Seleccionar el plan* Una vez emitida la liquidación, el sistema ofrecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”, desde donde podrá iniciarse la adhesión.* El contribuyente podrá elegir la cantidad de cuotas y visualizar el monto financiado, el valor de cada cuota y el cronograma de vencimientos.

3. Completar los datos requeridos* Antes de confirmar la adhesión, será necesario completar una declaración jurada con los siguientes datos:Carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro).Correo electrónico.Teléfono de contacto.Clave Bancaria Uniforme (CBU).Luego se habilitará la descarga del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas” y del comprobante correspondiente a la primera cuota.

Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos, incluidos tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (DEBIN) a través de PlusPagos. Las restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.

El ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe publicó la resolución N° 91 con los alcances del plan especial de facilidades de pago que alcanzará a las deudas vencidas hasta el 31 de marzo de corriente año y que presentara, en rueda de prensa, el pasado viernes el ministro Pablo Olivares en Rosario.

En el diseño del plan de pago se tuvo en cuenta el perfil del contribuyente en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias; el ingreso será por tiempo limitado y no obstaculiza a que los contribuyentes puedan acceder, si así lo consideran, a alguno de los planes de facilidades de pago permanente que ya posee la Administración Provincial de Impuestos (API).

La resolución establece las tasas de interés aplicables al plan especial de pagos, plazos de vigencia, deudas tributarias alcanzadas, exclusiones, caducidad, vigencia y demás condiciones para que los contribuyentes puedan acceder. En tanto, API dictará todas las disposiciones complementarias que resulten necesarias para la aplicación del régimen, incluyendo plazos, condiciones, recaudos para reliquidar los convenios caducos y los distintos aspectos operativos.

Administración Provincial de Impuestos (API).

"En un contexto de macroeconomía complejo, y como Gobierno que todos los días piensa en quienes todos se levantan a trabajar, por pedido del gobernador Pullaro lanzamos estas medidas de alivio para facilitar que las Pymes y familias puedan regularizar su situación fiscal con la Provincia", había dicho Olivares en la presentación.

La medida alcanza deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente Automotor, Sellos e Instituto Becario. El esquema ofrece planes de pago con hasta 12 cuotas sin interés y financiación extendida de hasta 36 meses.

Pablo Olivares, ministro de Economía. Crédito: Gobierno de Santa Fe

El programa contempla planes de pago de hasta 36 cuotas y beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, con esquemas que incluyen hasta 12 cuotas sin interés. La iniciativa alcanza deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.

La adhesión permanecerá abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia. Los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.

La resolución de Economía excluye del programa de facilidades de pago los casos de deudas originadas en los "Corresponde" de escribanos; deudas de los agentes de recaudación del SIRCREB por las retenciones o percepciones, practicadas o no y cuotas correspondientes a deudas incluidas en planes de facilidades de pago en curso de cumplimiento, cualquiera sea el régimen por el que se hayan celebrado.

También se excluye cuando se soliciten a efectos de abonar deudas tributarias incluidas en resoluciones dictadas por API; obligaciones correspondientes a imputados penalmente por delitos previstos en la Ley Nº 27.430, modificada por la Ley Nº 27.799, o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas.

En medio de un escenario económico marcado por la desaceleración de la actividad y las dificultades de financiamiento para el sector privado, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha un nuevo Plan Especial de Financiamiento, destinado a regularizar deudas tributarias de empresas y familias santafesinas.

La medida fue informada este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro a través de su cuenta en X, y se instrumentará mediante la Administración Provincial de Impuestos (API). El objetivo es aliviar la carga financiera de los contribuyentes afectados por la coyuntura económica, sostener el entramado productivo y fortalecer la cultura del cumplimiento fiscal.

“En un contexto económico nacional difícil para muchas empresas y familias santafesinas, presentamos un plan de alivio de deudas impositivas”, afirmó el mandatario. En ese sentido, remarcó: “Este gobierno siempre se va a centrar en mejorar las condiciones de quienes trabajan y se esfuerzan; de quienes no quieren un plan social y apuestan al desarrollo de la provincia y del país”.

Pullaro recordó además que “desde el primer día pusimos orden en las cuentas públicas para poder afrontar momentos como éste, en los que cada santafesino necesita que lo acompañemos en su esfuerzo diario”.

El programa contempla planes de pago de hasta 36 cuotas y beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, con esquemas que incluyen hasta 12 cuotas sin interés. La iniciativa alcanza deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.

La medida se inscribe dentro de una política de “alivio fiscal” más amplia que la Provincia viene desplegando durante 2026, con herramientas orientadas a reducir la presión tributaria y acompañar al sector productivo santafesino frente a la desaceleración económica nacional.

“Con la implementación de este plan pensamos en quienes todos los días se levantan para trabajar en un comercio o una industria de la provincia, procurando llevar un sustento a sus familias y generar empleo para otros santafesinos”, sostuvo el ministro de Economía, Pablo Olivares, durante la presentación realizada en Rosario junto a la administradora provincial de API, Daniela Bosco.

El denominado Plan A está dirigido a pequeños y medianos contribuyentes y contempla hasta 12 cuotas sin interés y financiación de entre 13 y 36 cuotas con una tasa mensual del 1,5 %. También estará disponible para familias con deudas de Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor que no posean más de dos inmuebles o dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular.

Para quienes excedan ese límite patrimonial, se aplicará el Plan B, que ofrece hasta seis cuotas sin interés; de siete a doce cuotas con una tasa mensual del 0,5 %; y hasta 36 cuotas con un interés del 2 %.En el caso de los grandes contribuyentes, incluidos en el Plan C, podrán acceder a seis cuotas sin interés; hasta 12 cuotas con una tasa mensual del 0,75 %; y hasta 36 cuotas con un interés mensual del 2,5 %.

En paralelo, el Plan D alcanzará a empresas que mantengan discusiones administrativas o judiciales abiertas, o incumplimientos como agentes de retención o percepción. Para este universo, la financiación será del 0,5 % mensual en seis cuotas; del 1,5 % hasta 12 cuotas; y del 3 % para planes de hasta 36 cuotas.

El Plan E incorpora un tratamiento diferencial para instituciones y prestadores que brindan servicios asistenciales y de salud a personas con discapacidad. Ese sector podrá acceder a planes de hasta 36 cuotas con 0 % de interés mensual.

La adhesión permanecerá abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia. Los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.

El gobierno de Santa Fe anunció este miércoles un paquete de medidas para financiar a trabajadores públicos y privados que, sobre todo en el caso de los primeros, ven afectados sus salarios en algunos casos, hasta en un 50%.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que a partir de la firma de un decreto del Poder Ejecutivo, se establecerá un nuevo tope de afectación de los salarios estatales. Actualmente, se puede absorber hasta el 50% del salario; a partir de ahora, ese tope bajara al 25. "El objetivo de esta medida – explicó- es preservar en una mayor proporción el recibo de sueldo del trabajador. El nuevo límite liberará una cantidad importante de recursos para disponibilidad del trabajador, y redundará positivamente en la actividad económica".

Asimismo, se ordena un reempadronamiento de las entidades financieras que están habilitadas para conceder estos préstamos mediante el sistema de códigos de descuento. Actualmente, son 35 las habilitadas; la mayoría son mutuales sindicales. Éstas deberán respetar en los préstamos futuros el nuevo tope citado, y son "invitadas" a generar nuevas líneas para que sus "clientes" puedan refinanciar las antiguas deudas. No estarán obligadas a hacerlo pero si no lo hacen, el Estado no las habilitará como operadores en el futuro.

"Las entidades adheridas deberán aggiornarse a estas nuevas pautas y límites - dijo Olivares-. Respecto de las deudas actuales, podrán conceder planes de menores tasas a través de otros operadores. Si no es así, será el propio gobierno quien asistirá al trabajador con un préstamo a tasa cero".

También el Estado pondrá líneas de financiamiento a tasas convenientes a través del Banco Santa Fe. "Serán líneas para todas las deudas que tengan los trabajadores a fin de que puedan consolidarlas con cuotas de hasta 60 meses y dos meses de gracia. Serán de acceso voluntario y a tasas mucho más bajas", comentó el ministro.

Los beneficios citados serán extensivos al sector pasivo.

Para el sector privado, la provincia invita a otras entidades financieras radicadas en Santa Fe, así como a empresas, empleadores, círculos y mutuales a concertar líneas de financiamiento que el gobierno promoverá. También para este caso se ofrecerá asistencia a través del NBSF a tasas promocionales.

El ministro de Economía presentó junto a Coudannes las medidas para aliviar el peso de los préstamos sobre los salarios.

En este ámbito, el universo de trabajadores endeudados en la provincia se estima entre 30.000 y 55.000 personas.

Finalmente, se instrumentarán herramientas desde el Banco Solidario para aquellos sectores de "ingresos más intermitentes", a través de microcréditos.

Según explicaron los funcionarios provinciales, el plan presentado apunta a morigerar la situación actual de los trabajadores pero también, a ordenar el sistema hacia adelante a fin de poder evitar nuevos ciclos de sobreendeudamiento de los agentes. Se anunció que, en paralelo, se avanzará con un programa de educación financiera que brinde herramientas básicas sobre el uso responsable de la deuda.

El gobierno de la provincia de Santa Fe se dispone a anunciar en las próximas horas una serie de medidas tendientes a aliviar la situación -en principio- de empleados del Estado santafesino, tanto activos y pasivos, sobre endeudados en entidades con Códigos de Descuentos y que perciben prácticamente la mitad del salario o del haber previsional.

La medida que deberá contar con el aval del agente financiero y de organizaciones mutualistas con Código de Descuento apunta a devolver parte del ingreso a los asalariados. Las normas actuales permiten que mediante los Códigos se le pueda retener hasta el 50% del salario. Ahora, el nuevo decreto reduciría al 25% la posibilidad de que agentes estatales y pasivos puedan ceder a la toma de financiamiento.

Hoy el Estado santafesino tiene acuerdos con 35 entidades que tienen la facilidad de descontar del propio sueldo del trabajador activo y pasivo la cuota mensual de un crédito o de ventas en cuotas.

El gobernador Maximiliano Pullaro instruyó a los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, a buscar una solución a una problemática que se agigantó con la suba de tasas de interés, y la caída de la inflación.

Esta situación tuvo eclosión cuando durante la protesta policial, el gobierno marcaba la cifra mínima de sueldos y los agentes mostraron que cobraban una suma sustancialmente menor, producto de los descuentos.

Ya el gobierno dispuso que los aumentos salariales pactados, en paritarias, en el inicio del año, no eran sujetos a los descuentos de los códigos y ahora trascendió que bajaría al 25% la capacidad máxima a descontar a los trabajadores.

En las últimas semanas hubo innumerables reuniones entre funcionarios buscando alternativas para llevar alivio a los trabajadores; hubo contactos con directivos del agente financiero y con los gremios estatales que tienen entidades mutuales que tienen Código de Descuento.

En el gobierno se estima que unos 12.000 estatales están sobre endeudados, algo así como el 10% de los estatales teniendo hasta cinco sueldos embargados. La situación se repite en unos 7.000 jubilados.

El decreto del gobierno dispondrá nuevas medidas hacia adelante, mientras que hacia atrás propondrá una refinanciación donde no se descarta la propia intervención estatal en caso de que los agentes financieros se niegan a realizar la adecuación de deudas.

En cuanto a los privados, la estimación oficial es que unos 50.000 santafesinos padecen un sobre endeudamiento financiero y para ello habrá líneas de refinanciación con el Banco de Santa Fe y con algunos bancos privados, aunque con otro mecanismo de trabajo donde no descartan sumar a las propias cámaras empresariales.

El objetivo central del decreto que se conocerá en la fecha es llevar algo de alivio a los trabajadores endeudados, con plazos más largos de plazo, alguna rebaja de tasas, y con el objetivo de que los propios trabajadores tramiten su quiebra personal ante la justicia con las consecuencias jurídicas que implica esa decisión.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, marcó que el primer cuatrimestre del año, los ingresos federales por coparticipación federal vienen a la baja en términos interanuales donde marzo fue el peor momento y en abril se observó un repunte que no llega a igualar al año pasado.

No obstante, el titular del equipo económico garantizó la continuidad del plan de infraestructura en marcha aunque marcó que no habrá nuevas licitaciones, excepto que haya financiamiento genuino para los trabajos.

Las definiciones de Olivares a El Litoral fueron tras informar a la Cámara de Diputados de Santa Fe sobre los alcances del convenio con Anses por el cual el organismo transferirá $10.000.000.000 mensuales, durante doce meses, a cuenta del déficit previsional. Los recursos ingresarán a Rentas Generales y significarán un alivio a ingresos federales que vienen a la baja.

En el primer trimestre, Santa Fe recibió $1.154.418 millones en concepto de coparticipación federal que si bien en términos nominales hubo un incremento respecto al año anterior (unos $138.339 millones más), al ajustar por inflación la coparticipación mostró una caída real cercana al 5,1% interanual.

El informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) así como otros centros de estudios señalan que esta disminución se debe principalmente a la baja en la recaudación de impuestos clave como IVA y el Impuesto a las Ganancias afectados ambos por la caída en el nivel de actividad económica y el consumo.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno Nacional

Estos informes marcan que a marzo de 2026, Santa Fe registró una pérdida de recursos reales cercana al 8% en el inicio del año si se computan también las transferencias no automáticas.

Olivares habla de trimestre primero para el olvido en términos de recaudación. "En el mes de abril hemos hemos tenido hasta ahora un registro que se asemeja posiblemente más al mes de febrero que a marzo, que fue el peor de todos. Seguimos con un incremento interanual en términos reales negativos. Es un desafío para llevar adelante el balance operativo".

Enseguida, aclaró que Santa Fe "la inversión la tiene asegurada o garantizada con la toma de financiamiento que hemos hecho, con las previsiones que hicimos y eso nos va a permitir llevar adelante todas las obras que tenemos en marcha". No obstante, marcó que "se ha tomado la decisión de no iniciar nuevas obras, sino cuando tengan un financiamiento nuevo, sea porque se consigue el financiamiento con toma externa o porque mejora el balance operativo".

Pablo Olivares. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Olivares marcó que "esta evolución de la recaudación nos pone en una atención muy importante de cómo equilibramos mes a mes recursos que tenemos para funcionar y los gastos operativos que tenemos que afrontar".

Según el ministro de Economía, el convenio con Anses se activa una vez que haya sido convalidado por la Legislatura, hecho que ocurrió el jueves. El Poder Ejecutivo promulgará la ley la semana próxima y el acuerdo estará activo desde mayo.

El ex ministro de Economía y hoy diputado provincial Walter Agosto estimó en 715 mil millones la detracción sufrida por Santa Fe de recursos federales no discrecionales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La fuente de la cifra presentada en el recinto de la Cámara de Diputados es la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Se trata de fondos que el gobierno nacional enviaba a las provincias por Fonid (para fortalecer sueldos docentes), programas de medicamentos, fondos para salud pública o bien para recursos hídricos.

El Tribunal de Cuentas de la provincia dictó una resolución e incluyó en el plan de auditorías para el presente año a los entes administradores portuarios que son cuatro: Santa Fe, Rosario, Reconquista y Villa Constitución.

La resolución número 85 del órgano de control tiene una extensa fundamentación y está firmada por el presidente, Oscar Biagioni y los cuatro vocales Marcelo Luis Terenzio, Sergio Orlando Beccari, María del Carmen Crescimanno y Adriana Molina.

La decisión se fundamenta en el ejercicio de la competencia prevista en la Ley Nº 12510, Ley de Administración de la provincia.

"Disponer la incorporación al Plan de Auditorías para el Ejercicio 2026, integrante del Plan de Acción Anual de Control Externo, aprobado por Resolución Nº 0502/25 TCP, de la auditoría legal, operativa, financiera y de gestión de los entes administradores portuarios indicados en el artículo precedente" marca el artículo 2 de la resolución.

Más adelante encomienda a la Dirección General de Auditorías la elaboración de la propuesta técnica correspondiente para la ejecución de las auditorías, con arreglo a las pautas del decreto y a las particularidades derivadas de la naturaleza jurídica, estructura patrimonial y régimen de funcionamiento de los entes alcanzados.

El expediente se inicia ante la solicitud de una sala acerca del temperamento a seguir en torno al control que puede caber sobre los entes portuarios creados bajo la forma jurídica de personas jurídicas públicas no estatales.

Se marcó que tales entes ejercen función pública, administran y explotan bienes del dominio público provincial y se encuentran dirigidos por autoridades designadas por el Poder Ejecutivo provincial y por los municipios del lugar en el que tienen asiento. La doctrina y la jurisprudencia los han conceptualizado como estructuras híbridas, que combinan elementos públicos y privados, y que el control estatal debe atender al ejercicio de la función pública y/o a la administración de fondos públicos, a fin de garantizar la legalidad en la gestión de los recursos comprometidos.

Por Mario Barletta, diputado nacional. 

Apenas 45 minutos demandó una reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe y diputados de todos los bloques políticos para analizar el convenio firmado por gobernador Maximiliano Pullaro con la ministra de la Nación, Sandra Pettovello, por el cual el gobierno central empezará a pagar, a cuenta, parte de la deuda de Anses con la provincia.

El convenio fue ratificado dos semanas atrás -por unanimidad- por el Senado y sería sancionado este jueves en la Cámara de Diputados. Una vez sancionado "se pondrá operativo en forma inmediata" señaló el ministro de Economía, Pablo Olivares al retirarse de Legislatura.

Olivares asistió a la reunión junto a la secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Julia Tonero; y la directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Alicia Berzero. El encuentro fue a puertas cerradas, vedado a la prensa, pero de corta duración.

La oposición, especialmente los únicos justicialistas presentes -Marcos Corach y Lucila De Ponti- y desde la izquierda Fabián Palo Oliver, pidieron precisiones sobre algunos pocos puntos, les fueron respondidos y se retiraron satisfechos aunque sin adelantar el voto para este jueves.

"Hubo inquietudes de distinto tipo, pero más que nada fueron para aclaraciones, para tener más información de detalle", marcó Olivares que ofició de vocero tras la reunión. Los funcionarios expusieron el alcance del convenio, con especial énfasis en cómo y porqué se llegó a la negociación. "Estamos frente a una cuestión de estado y lo que vimos es mucha madurez a la hora de de abordar este tema", marcó el ministro de Economía.

Precisó que "las dudas pasaron por los plazos procesales donde se aclaró que estamos ante un convenio donde la parte deudora acuerda comenzar a pagar mientras el juicio no se levanta, sino que simplemente es una suspensión de plazo".

También se pidieron precisiones sobre lo que significan los aportes que recibirá la provincia tras la aprobación del convenio. "Son aportes importantes en términos del déficit de la Caja, aportes que nunca se tuvieron en esos términos desde 2017", aclaró. "Las posiciones que quería defender Santa Fe están salvadas", reiteró.

Olivares se explayó ante la prensa y recordó que Anses comenzará a transferir a cuenta un monto. Marcó que el último aporte que Anses hizo fue de 149 millones de pesos. "Aquí estamos ante un acuerdo donde Anses comienza a pagar 10.000 millones de pesos a cuentas del déficit, donde simplemente hay una suspensión por plazo determinado de los términos procesales en el cual el organismo previsional se compromete a tres cosas: determinar los montos de la deuda de cada uno de los años; hacer una propuesta de pago y que la provincia la acepte. Si alguna condición no se cumple, continúa el juicio en la Corte".

En cuanto al significado de los 10.000 millones de pesos mensuales, representan el equivalente un 50% del déficit de la Caja de Jubilaciones.

Ante la consulta de El Litoral, el ministro subrayó que "es un requisito tener la la aprobación de Legislatura. El convenio será ejecutable a partir de su aprobación legislativa".

Sobre el déficit previsional, Olivares explicó que sale de los aportes mensuales que recibe la Caja y lo que tiene que pagar de pasividades. "El déficit se va a seguir manteniendo. Este aporte de Anses va a compensar parte de lo que el Tesoro Provincial tiene que realizar todos los meses para financiar ese déficit. El déficit de la caja no va a cambiar. Lo que sí es un recurso nacional que compensa al Estado Provincial por el aporte que hace todos los meses", precisó.

El gobierno explicó una vez más que los fondos que enviará Anses irán al Tesoro provincial que es el que mes a mes aporta para cubrir el déficit previsional. "Esto es un acto de justicia con los 3.700.000 contribuyentes de la provincia de Santa Fe, que con sus recursos financian los gastos, entre ellos el déficit previsional. Es un recupero que queda liberado para poder aplicar a todos los demás funciones del Estado, fundamentalmente de inversión en obra pública, en equipamiento, pero también en otras necesidades como seguridad, salud y educación", destacó el ministro.

En septiembre expirará el plazo de la emergencia previsional y el Poder Ejecutivo no utilizará la facultad de prórroga que la propia ley le habilita. Olivares, en rueda de prensa, explicó el significado que tuvo y está teniendo esa norma excepcional.

Ministro: Bueno, en la dinámica previsional se viene a observando que más que no solamente se viene ayudando de no haber sido por esa reforma que fue tomar un tema tiempo, hoy estaríamos ante un sistema previsional eh donde inclusive estaría siendo difícil de sostener. Con lo cual lo que esto no nos ratifica es que eh hoy el porcentaje del déficit sobre el total de pasividad es un 14%, es decir, el déficit de la mensual de la caja de jubilaciones representa un 14% de las pasibilidades, llegó a estar en el orden del 30%. Con lo cual lo que nos muestra es que la incidencia de esta reforma realizada nos permitió eh que no se dispare una situación del déficit que hoy posiblemente sería muy difícil abordar

Periodista: ¿Y en septiembre, cuánto va a ser este 14%? Porque en septiembre se cae la emergencia y caen algunos conceptos especiales que hacen…

Ministro: Bueno, allí posiblemente eh de cuando termine ese aporte solidario, también hay que ver cómo es el desempeño de de la evolución de los aportes, porque también tiene que hacer impacto los incrementos salariales en los activos, que eso impacta en los recursos de la caja, pero también en los gastos, con lo cual hay que ver cuál es el la incidencia final, pero entendemos que cuando se dejen de aplicar estos este aporte solidario, eh creo que se va a compensar parcialmente por el efecto de los otros cuestiones eh actuariales o los otras reformas de la caja que se han aplicado

Para ser más concreto, la reforma previsional tuvo modificaciones que tuvieron un impacto inmediato, otros que van teniendo impactos mediatos, es decir, que lo van haciendo a lo largo de los años. Entendemos que cuando deje de aplicarse este descuento del aporte solidario, si bien por un lado va a cesar el impacto de uno de los instrumentos que tienen impacto inmediato, eso va a ser compensado con la incidencia de otros eh otra de las reformas que tiene el impacto más mediato que tienen que ver en la manera en como, por ejemplo, las los cambios que se han hecho a la hora de la el otorgamiento de pensiones y otros efectos que todavía no han tenido incidencia, pero que lo van a ir haciendo mucho más lentamente a lo largo del tiempo

Con la presencia de tres importantes funcionarios del Poder Ejecutivo, el oficialismo de Unidos en la Cámara de Diputados pretende acelerar la sanción de la ley que convalide el acuerdo firmado por la provincia de Santa Fe con Anses para el pago a cuenta de la deuda previsional de la Nación.

El Senado ya votó, por unanimidad y sobre tablas, el aval al convenio marco y las autoridades del oficialismo en Diputados pretenden votar el mensaje del Poder Ejecutivo este jueves, también sobre tablas y algo mucho más dudoso, por unanimidad.

Para ello la estrategia de Unidos es que este miércoles, tres funcionarios se sienten con todos los legisladores interesados en conocer detalles de la negociación y las implicancias a futuro. El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero; y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso ya comprometieron su presencia en la Cámara.

Diputados justicialistas ingresaron el mismo día que el mensaje del Ejecutivo aterrizó en la Cámara Baja, un pedido de presencia de funcionarios en la Cámara. El encabezamiento del PJ pide la invitación al ministro de Economía, Pablo Olivares, "y a los funcionarios que designe el gobernador Pullaro" para detallar varios puntos que tiene el pedido. Son ocho los puntos centrales.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

Para el oficialismo es central la presencia de Bastia quien tiene en sus manos la relación política con la Legislatura. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro firmaba el 7 de abril el acuerdo con la ministra Sandra Pettovello, el ministro de Gobierno empezó a hablar con los senadores de todo el arco político sobre el acuerdo, les envió el texto y habló de la importancia de la rápida ratificación. El aval llegó 48 horas después.

Boasso, en tanto, asistió a la firma pero además formó parte de la negociación con ANSES. Tonero, en cambio, es la cabeza jurídica del Ejecutivo, encargada de cuidar la firma del gobernador y los ministros en todo texto.

El objetivo central es disipar dudas que puedan tener en la oposición sobre el convenio para poder convalidarlo al día siguiente y tornarlo operativo desde mayo que es cuando comenzarían los desembolsos de fondos de Nación.

Para llegar al recinto el jueves, el oficialismo necesita dos tercios de los votos, algo no imposible de lograrlo. La otra posibilidad es votar una preferencia y convocar a sesión en la última semana de abril.

En el justicialismo, las dudas expresadas en pedido de presencia de funcionarios es por los efectos jurídicos del convenio en el marco de los planteos que la provincia llevó ante la Corte Suprema de Justicia por el reclamo de la deuda. El planteo se originó en la gestión de Omar Perotti y fue continuada por la administración actual.

Pullaro y Pettovello al momento de la firma del convenio.

El convenio estableció un desembolso de $120.000 millones para el ejercicio 2026. Este monto se pagará en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones cada una, pagos que empezarán en mayo si el acuerdo está convalido.

Los fondos de ANSES se envían en concepto de "anticipo de capital" o pago a cuenta, mientras se determina el resultado definitivo del déficit previsional.

El flujo de fondos está sujeto a la realización de auditorías y tareas de fiscalización por parte de ANSES sobre la Caja provincial para validar los números del déficit. También se acordó colaborar en la simulación de armonización de los ejercicios 2022-2025.

Como parte del pacto, la provincia se comprometió a suspender los trámites judiciales iniciados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por reclamos vinculados a estas deudas previsionales mientras el convenio esté vigente.

Para el justicialismo, hay algunos puntos centrales a saber: monto estimado por los organismos técnicos competentes de la deuda previsional reclamada por la Provincia de Santa Fe al Estado Nacional, los períodos que comprende y cuál es el porcentaje o monto que representaría el anticipo de $120.000 millones respecto del total reclamado.

También el estado actual de las acciones judiciales iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluyendo si existen plazos procesales en curso, medidas cautelares o resoluciones pendiente y alcance jurídico de la suspensión de plazos procesales, y si dicha suspensión implica compromiso de desistimiento o transacción futura por parte de la provincia.

El análisis de la actual coyuntura económica y cómo impacta la situación macro en las cuentas públicas de Santa Fe constituyó uno de los ejes centrales de la reunión de gabinete que presidió el gobernador Maximiliano Pullaro este lunes en Rosario.

Durante el encuentro, una exposición del ministro de Economía, Pablo Olivares, con una descripción del escenario actual concitó casi de manera exclusiva la atención de los funcionarios presentes. Según detalló, como consecuencia de la caída sistemática de la recaudación desde hace meses, la provincia perdió alrededor de 1,2 millones de dólares en los últimos dos años.

La caída de los recursos tanto federales como propios se contrapone y confronta con el gasto estimado. La diferencia (negativa) entre recaudación versus estimación obligó a echar mano a recursos propios atesorados por la provincia en concepto de "ahorros". Se "sacrificaron" tales reservas pero ello permitió "salvar" la situación y mantener el equilibrio.

Si embargo, el incremento significativo que se ha registrado en la ejecución de Gastos de Capital más la mencionada caída sostenida de la recaudación dificultan cada vez más la posibilidad de que la provincia siga generando esos ahorros.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, junto al gobernador Pullaro.

Poniendo en cifras lo dicho, mientras que la inflación acumulada en el último año (2025) fue del 33%, los recursos crecieron un 27% en tanto que los Gastos Corrientes tuvieron un incremento del 46%, es decir, muy por encima del los recursos.

Dicho guarismo incluye lo emanado de las negociaciones paritarias. Y más significativo aún es el aumento de Gastos de Capital; crecieron un 121% en el mismo período. Ello se fundamenta básicamente en el desarrollo del plan de obra pública que es sustentado íntegramente con recursos de la provincia ante la retracción de la Nación.

En consecuencia, la brecha generada entre recursos y gastos por dicho concepto (obra pública) redunda en una balanza negativa del orden de los 32 mil millones de pesos mensuales. Se estima que la provincia tiene obras públicas en marcha por un monto equivalente al billón de pesos.

Atento al cuadro de situación trazado, el propio mandatario requirió a todos sus colaboradores extremar la responsabilidad y prudencia a la hora de utilizar los recursos públicos.

Sede Rosario de la Casa de Gobierno.

Durante el encuentro, también Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social de la provincia, informó los pormenores del acuerdo firmado por la provincia con Ansess para financiar parte del déficit previsional local.

La rúbrica fue la semana pasada y estuvo a cargo de Pullaro y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El entendimiento restablece la transferencia mensual de fondos, interrumpida en 2024 a partir de una disposición del decreto 280 firmado por el presidente Javier Milei.

El pago se realizará en concepto de anticipo de capital correspondiente, sujeto a la auditoría del ejercicio 2026. Para los ejercicios 2020-2025, el monto final será el que surja de procesos de simulación y auditoría conjunta entre Nación y provincia. Tras la firma, la provincia se garantiza el ingreso de 120 mil millones de pesos durante el ejercicio 2026.

Al cumplirse un año de la implementación del régimen de devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos, entre abril de 2025 y marzo de 2026 se tramitaron casi 2.000 solicitudes que derivaron en reintegros por un total de $ 5.320 millones a contribuyentes santafesinos. La iniciativa forma parte del conjunto de políticas que impulsa el Gobierno de Santa Fe para aliviar la presión tributaria sobre el sector productivo.

Entre las medidas complementarias se destacan los créditos fiscales y la posibilidad de deducir del impuesto los sueldos de nuevos empleados y el costo de la energía eléctrica, entre otros beneficios previstos en la normativa vigente.

En respuesta al pedido del gobernador Maximiliano Pullaro de avanzar en un esquema de alivio fiscal, a comienzos de 2025 se puso en marcha el sistema de devolución de saldos a favor (SAF) del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Durante el primer año de aplicación, la Administración Provincial de Impuestos (API) devolvió exactamente $ 5.320.232.996 correspondientes a saldos a favor, a partir de 1.928 solicitudes gestionadas de manera online a través del sitio oficial del organismo.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó: “La devolución de los SAF directamente al CBU del contribuyente fue una de las primeras medidas innovadoras que implementamos, y se fue complementando con otros beneficios impositivos en el marco de la agenda de reducción de impuestos que impulsa el Gobierno santafesino”.

El funcionario subrayó, además, el proceso de digitalización de la API, que permitió que el trámite se realice de manera íntegramente online, simplificando tiempos y requisitos administrativos.

En paralelo, la Provincia avanzó en un esquema inédito a nivel nacional: la devolución de saldos a favor de carácter interjurisdiccional.

En este marco, la API de Santa Fe y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementaron el Procedimiento de Imputación Recíproca Interjurisdiccional (PIRI), mediante la firma de un convenio bilateral.

El mecanismo permite que contribuyentes radicados en la Ciudad de Buenos Aires soliciten la devolución de saldos a favor en Santa Fe, mientras que los contribuyentes santafesinos con créditos en CABA pueden gestionar el reintegro a través del sitio web de AGIP.

Durante el primer mes de implementación del PIRI se compensaron $ 170 millones entre ambas jurisdicciones, en respuesta a 61 solicitudes.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, señaló: “Fuimos dando respuesta a reclamos históricos de manera innovadora. Este camino nos permite consolidar una medida inédita en el país y marcar un rumbo para el trabajo conjunto con otras jurisdicciones”.

El acuerdo -el primero de estas características en Argentina- habilita a los contribuyentes a solicitar mensualmente la devolución de hasta $ 10 millones por saldos a favor de Ingresos Brutos y fija un tope de compensación mensual de $ 100 millones entre ambas jurisdicciones.