Los fondos corresponden al aporte de Anses a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones de 2026 y fueron percibidos en efectivo. El acuerdo con el Gobierno nacional, instrumentado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, reconoció créditos y deudas por un saldo neto de $ 142.742 millones a favor de Santa Fe. El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, destacó que se trata de un mecanismo inédito, y que “hemos logrado que Nación nos mande primero los fondos y de ahí ir descontando lo que nos deben”.

El Gobierno de Santa Fe percibió en efectivo $ 110.000 millones correspondientes al aporte de Anses a cuenta del déficit previsional de 2026. El acuerdo se instrumentó mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), que permite compensar deudas entre la Provincia y el Gobierno nacional. Para saldar las obligaciones reconocidas, se utilizó parte del adelanto de coparticipación de $ 400.000 millones que había recibido Santa Fe.

Con este mecanismo, la Provincia solo deberá devolver durante este año el 22,5 % del adelanto, equivalente a $ 90.000 millones. De los $ 310.000 millones restantes se resta un crédito neto de $ 142.742 millones a favor de Santa Fe y el saldo remanente podrá cancelarse en cuotas —con una tasa de interés del 1,25 mensual— o compensarse con otros créditos que Santa Fe tenga a su favor. El acuerdo también abrió nuevas instancias de negociación para resolver obligaciones pendientes entre ambas jurisdicciones.

De esta manera, Santa Fe concretó la mayor compensación por déficit previsional de su historia y obtuvo en efectivo los fondos correspondientes a 2026. “Lo que logramos es muy importante y conveniente para la Provincia por múltiples razones”, destacó el ministro de Economía de la Provincia, Pablo Olivares. Y enumeró: “Por un lado cobramos en dinero acreencias que nos debía el Estado nacional; por otro lado, porque es la primera vez que cobramos por adelantado aportes a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones, y de esa forma apuntalamos el objetivo que nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro de cuidar la Caja de todos los jubilados provinciales y no tener que transferirla a Anses, con lo que eso implica. Y finalmente, porque construimos un mecanismo inédito”.

Para el titular de Economía, “más allá de los tecnicismos de los procedimientos, lo que hemos logrado es que el Gobierno nacional nos mande primero los fondos y de ahí ir descontando lo que nos deben”, resumió.

El acuerdo incluyó, además, el reconocimiento de $ 54.869 millones por la compensación del Consenso Fiscal, correspondientes al período comprendido entre 2023 y junio de 2026, y de otros $ 2.613 millones vinculados al Acuerdo Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas de Vivienda.

En total, las acreencias netas compensadas fueron de $ 142.742 millones, compuestas por el aporte de Anses a cuenta del déficit Caja de Jubilaciones provincial 2026 ($ 110.000 millones), el ajuste compensación Consenso Fiscal años 2023 a junio 2026 ($ 54.869 millones) y el acuerdo Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas de Vivienda ($ 2.613 millones). Por parte del Gobierno nacional se incluyó el saldo convenio de subpréstamo de una operatoria con el Club de París del año 1997 ($ 24.740 millones).

Tras descontar los $ 90.000 millones que la Provincia devolverá durante este año, y luego de las compensaciones, quedará un saldo de $ 167.258 millones del adelanto —que podrá pagar en cuotas desde el año próximo a una tasa muy por debajo de la inflación, o incluirlo en futuras compensaciones—. Para eso, podrán considerarse otros créditos provinciales contra el Gobierno nacional, como los vinculados al alojamiento de presos federales y las deudas de la Anses por la compensación del déficit previsional de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

En 1997, el Gobierno nacional otorgó a Santa Fe un subpréstamo del Banco de Comercio Exterior de Japón, que formaba parte del Club de París. Una ley provincial autorizó entonces a la Nación a descontar ese monto de los fondos de coparticipación que le correspondían a la Provincia.

En 2014 y 2022, el Gobierno nacional renegoció la deuda con el Club de París. Como resultado, se determinó el monto que adeudaba cada Provincia que participó oportunamente del préstamo y cuya devolución se suspendió hasta tanto el Estado Nacional renegociara con el Club de París.

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió este lunes al embajador de la Unión Europea en la Argentina, Erik Høeg, en un encuentro estratégico desarrollado en la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe. La reunión tuvo como eje central el análisis de las oportunidades comerciales, productivas y de inversión que se abren para la provincia a partir del acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo.

Del cónclave participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez. También estuvieron presentes el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, y la secretaria de Comercio Exterior e Inversiones, Georgina Losada.

Tras la reunión, Gustavo Puccini destacó el posicionamiento de la provincia en la relación comercial con el viejo continente. “La provincia tiene muchas oportunidades con este acuerdo. Representamos entre el 22 % y el 25 % de las exportaciones nacionales, lo que nos da la responsabilidad de seguir identificando oportunidades en un mercado exigente”, sostuvo el funcionario.

El ministro remarcó que Santa Fe reúne las condiciones necesarias para competir en dicho destino. “Cumplimos con las normas, sobre todo ambientales y de trazabilidad, que la Unión Europea requiere. Eso también nos diferencia de otras provincias”, afirmó. En este sentido, el Gobierno Provincial trabaja en el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas mediante capacitaciones y certificaciones específicas.

Asimismo, Gustavo Puccini mencionó las inversiones en infraestructura logística, con foco en puertos y aeropuertos, para facilitar la salida de exportaciones. En ese marco, recordó la reciente puesta en marcha de la conexión aérea directa entre Rosario y Madrid, la cual “abre posibilidades comerciales, turísticas, educativas y de transporte de cargas”. Además, el Ejecutivo planteó la necesidad de avanzar en una solución para el sector del biodiésel.

Por su parte, Erik Høeg calificó el encuentro como “excelente” y explicó que el objetivo es profundizar la cooperación con Santa Fe. “Hablamos con el gobernador sobre las perspectivas del acuerdo en materia comercial y sobre los nuevos beneficios que trae para los productores y los consumidores de Santa Fe”, señaló el diplomático.

El embajador subrayó que la provincia tiene un papel relevante en la implementación del entendimiento. “Queríamos conocer la impresión de una provincia como esta y saber cómo está funcionando el acuerdo. Esta tarde tendremos un foro para analizar con mayor detalle las oportunidades y los desafíos para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas, y cómo pueden cumplir con las normas del mercado europeo”, concluyó.

El foro, que se desarrollará en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, abordará los requisitos sanitarios, fitosanitarios, de trazabilidad y de protección contra la deforestación como ejes fundamentales para el acceso al mercado europeo.

Desde el 13 de mayo al 30 de septiembre, 27.350 estatales de Santa Fe adhirieron al llamado Plan de Protección de los Ingresos para agentes (tanto activos como pasivos) de la Administración Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo. La adhesión al programa hizo que esos agentes vieran reducidos sus descuentos al 25% pero también les vedó la posibilidad de acceder a nuevos créditos de parte de entidades que tienen Códigos de Descuentos otorgados por el gobierno santafesino.

Son 19.050 empleados provinciales y 8.300 jubilados provinciales los incluidos desde mayo en la medida que redujo los descuentos por Códigos de Descuentos al nuevo límite del 25%, de acuerdo a fuentes del Ministerio de Economía consultadas por El Litoral.

El gobierno provincial dictó en mayo de este año el decreto con el plan de protección de los ingresos, anticipándose a medidas de similar tenor adoptadas por otras provincias ante los altos niveles de deudas tomadas por agentes estatales mediante mutuales y otras entidades que tienen Códigos de Descuentos otorgados por los gobiernos.

Tal como preveía la medida adoptada por el Gobierno Provincial, a esos 27.350 agentes se les suspendió la posibilidad de tomar nuevos préstamos por Códigos de Descuento y se les otorgó la asistencia transitoria reembolsable del Estado Provincial que preveía el decreto.

Desde mayo a septiembre, de este colectivo ya en unos 8.900 empleados provinciales y 1.750 jubilados provinciales el porcentaje de descuento por préstamos se redujo por debajo del 25% y empezaron a devolver los anticipos tránsitos recibidos en meses anteriores.

Por otra parte, unos 4.470 empleados provinciales y jubilados provinciales recurrieron a las líneas de refinanciación que creó el Banco de Santa Fe para precancelar deudas.

El plan de desendeudamiento provincial es una medida orientada a unificar y refinanciar deudas de trabajadores y jubilados para aliviar la carga financiera sobre el salario.

Entre los ejes del programa establece un límite estricto para que la suma total de las cuotas por deudas contraídas no supere el 25% del haber neto mensual. Ese 25% se computa únicamente sobre el sueldo base neto mientras que quedan protegidos y fuera del cálculo del tope el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), asignaciones familiares, pagos extraordinarios y montos retroactivos.

El plan está dirigido a empleados públicos provinciales (activos y pasivos/jubilados), empleados del sector privado, trabajadores independientes/autónomos y agentes municipales.

Además permite consolidar pasivos vigentes con entidades bancarias, financieras, mutuales, cooperativas y asociaciones civiles.

En los considerandos del decreto de mayo, el Poder Ejecutivo entiende que la protección de los salarios representa un desafío importante "en este contexto de sostenimiento de tasas de interés elevadas en términos reales, configurando un desafío adicional para nuestra región, en la medida en que encarece el crédito, desalienta la inversión productiva y profundiza las restricciones financieras de hogares y empresas, afectando el consumo y la actividad económica, y agravando el deterioro del poder adquisitivo de las familias".

Allí advertía que en Santa Fe, "el propio sistema de prestación de servicios a terceros mediante código de descuentos refleja el alto nivel de toma de préstamos de consumo por parte de los agentes públicos". En ese marco, el Poder Ejecutivo anunció el programa de protección de ingresos "con el objetivo central de contribuir a mejorar el ingreso disponible de cada trabajador, aliviando la carga de descuentos en la remuneración a partir de la intervención sobre el flujo de la deuda y la generación de instrumentos financieros para abordar el stock".

Además, en el decreto el Poder Ejecutivo autorizó al Ministro de Economía a suscribir convenios con el Agente Financiero de la Provincia y otras entidades a implementar líneas de créditos con mejores condiciones financieras a las del mercado destinadas a precancelar deudas por parte de agentes del Estado Provincial, jubilados provinciales, empleados municipales, trabajadores del sector privado y trabajadores Independientes.

“Estimación de ingresos y autorización de gastos”. El presupuesto es “ley de leyes” pero no obliga (no puede hacerlo) a recaudar lo previsto. Es un marco de acción para un país con reglas, o que pretende serlo. La hoja de ruta 2027 tiene por base repetida el ancla fiscal en la pelea por la inflación, y por desafío la actividad económica y la recaudación, que serán claves en un año electoral.

Las autoridades proyectan alcanzar el cuarto año consecutivo de superávit fiscal primario. Entre las principales variables macroeconómicas estimadas por el equipo de Luis Caputo destacan el crecimiento del PBI del 3% (un punto menos en el promedio privado); la inflación al 18% anual y el tipo de cambio (dólar comercial promedio de $1.728) a una cotización de $1.847 para fines de 2027.

Esta pauta contempla un avance del tipo de cambio oficial cercano al 15% anual, determinado por la brecha entre la inflación doméstica estimada (18%) y la inflación internacional proyectada en torno al 3%.

La pauta oficial anticipa un crecimiento de la inversión del 9,2%, un incremento de las exportaciones del 8,5% (impulsado por el agro y el sector energético) y un leve aumento del gasto público al 15,5% del PBI por la actualización de partidas sociales indexadas.

Gisela Scaglia -que consulta cada paso con el gobernador- ha anticipado que votará por la suspensión de las Paso y dejó en claro que no avala una reedición de Cambiemos como propone Ernesto Sanz. Maximiliano Pullaro se reunió con gobernadores cercanos y marca diferencias con Kicillof; también mantiene el discurso de provincia productivista y negociaciones con el jefe de Gabinete de la Nación.

En la Casa Gris hoy no acusan recibo de que Diego Santilli esté promoviendo trasladar las políticas de discapacidad a las provincias, como se especuló en las últimas horas por el recorte presupuestario a un área sensible para la política parlamentaria nacional.

La desindexación de la AUH es otro de los tópicos que sumó ruido incluso dentro de las filas de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich se quejó por el entorpecimiento de gestiones para lograr objetivos como la nueva carta orgánica del BCRA, además del propio presupuesto. Todo es parte de una negociación que tiene dimensiones que no se ven a la luz del día.

Por ahora desde el ministerio de Economía de Santa Fe lo que observan es que las partidas de coparticipación tienen pautas por encima de la inflación. No es menor en un presupuesto que tiene 70% de su gasto primario sin alternativas discrecionales, entre ellas la distribución primaria de fondos a las provincias o las jubilaciones y -al menos hasta aquí- la AUH.

El texto remitido al Congreso contempla además $ 27.454 millones para la continuidad de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, que lleva adelante la provincia pero con fondos nacionales.

También se incluyen partidas para conservación de la Ruta Nacional N° 11, tramo Rosario (empalme RN A008) - Santa Fe (empalme RN A012); conservación RN 33, tramo empalme R.N A008 con avenida de Circunvalación de Rosario; reciclado y bacheo RN 178 desde empalme RN 33 por unos 21 km y RN 11, tramo: Las Garzas - Las Toscas, incluyendo conservación mejorativa del puente sobre arroyo El Ceibalito.

La “tradicional planilla de la felicidad” (promesas tradicionales de la política, de las que solo el tiempo revela su integridad) se completa con la construcción de terceros carriles cercanías de Rosario por la autopista a Buenos Aires, desde la circunvalación hasta la A012. En total, por obras viales hay 156,6 mil millones prometidos a Santa Fe en 2027, para obras “plurianuales”.

Desde el ministerio de Economía, a cargo de Pablo Olivares, lo que siguen con atención es la partida de Anses por 503 mil millones para pagar a provincias que no transfirieron sus cajas. La cifra no alcanza, pero es parte de lo que la administración Pullaro ya negoció con la Nación. “De acá a diciembre hay un proceso de diálogo”, confiaron altas fuentes a El Litoral.

En Economía siguen de cerca la evolución de ese diálogo. Pablo Olivares detalló días atrás que Anses le pagó a Santa Fe $ 10 mil de los $120 mil millones comprometidos por Nación por la provisoria compensación previsional 2026, pero que los otros $110.000 millones restantes serían compensados como devolución de un anticipo de coparticipación recibido por la Casa Gris.

Para Santa Fe es relevante además que en el texto del proyecto de ley nacional están incorporados los avales para préstamos inminentes, entre ellos el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, que aprobó un préstamo de US$ 65 millones para financiar el Bloque D del Acueducto Biprovincial entre Santa Fe y Córdoba.

Un pilar de la estrategia oficial para movilizar la economía sin recurrir a la emisión monetaria reside en la flexibilización del crédito en moneda extranjera para personas jurídicas. Según el Secretario de Finanzas, Federico Furiase, la masa de depósitos en dólares en el sistema bancario creció de forma significativa, pasando de la zona de US$ 23.000 millones a US$ 40.000 millones.

Pero hay tres veces esa cifra “bajo los colchones”. Y esa es la premura de Inocencia Fiscal II que por estas horas abordó el Senado. De todas maneras las entidades financieras prestan actualmente solo el 60% de esos depósitos en dólares.

La flexibilización impulsada por el Gobierno permite elevar la capacidad prestable de los bancos hasta un 75% de sus depósitos en divisas, manteniendo las exigencias macroprudenciales de liquidez, solvencia y exposición al sector público.

Este esquema busca liberar un potencial de hasta US$ 6.000 millones en créditos destinados exclusivamente a empresas (personas jurídicas), con especial foco en la construcción y los desarrollos inmobiliarios, de alto impacto exponencial en el mercado interno.

La canalización de financiamiento a los desarrolladores apunta a dinamizar la oferta de la construcción, generar mano de obra con alto impacto en el empleo y mejorar los rendimientos de los ahorristas que colocan sus divisas en los bancos.

Siempre en la concepción oficial, esta medida se inserta en el esquema de competencia de monedas y dolarización endógena promoviendo el circuito del dólar mientras la cantidad de pesos se mantiene acotada para bajar la inflación.

Para acompañar la demanda habitacional, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) prevé licitar plazos fijos de largo plazo (1 a 3 años) a los bancos, proveyendo el fondeo necesario para financiar la oferta de créditos hipotecarios.

Aunque tenga fortaleza argumental técnica, para muchos argentinos que padecen la agonía del fin de mes, es contrafáctico el argumento oficial de que las prudencias macro evitaron un impacto mayor de la suba de tasas en Estados Unidos o la suba del petróleo por la guerra en Ormuz.

Frente a presupuestos previos que proyectaban desvíos marcados respecto a las consultoras privadas, las proyecciones de inflación (18% oficial vs. 20% según el mercado, según el relevamiento del BCRA) y el tipo de cambio ($1.847 a fin de año) muestran un alineamiento más estrecho con la visión de los analistas.

Pero el escepticismo viene por el lado de la inversión. Aunque el proyecto de ley estimó un crecimiento de la inversión del 9,2%, economistas como Santiago Bulat señalan que los economistas observan esta cifra con cautela.

El 2027 será un año electoral, un factor que históricamente genera volatilidad e incentiva la dolarización de carteras en detrimento de la inversión productiva. A esto se suma que cerca del 90% de los incentivos del RIGI se concentran en minería y energía, restando impacto directo al resto del entramado industrial.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, se refirió a los fondos correspondientes al convenio con ANSES por la Caja de Jubilaciones y aseguró que la provincia ya dispone de los recursos previstos para completar las 12 cuotas acordadas.

Según explicó, ANSES abonó directamente una de las cuotas, mientras que la provincia busca compensar las 11 restantes mediante fondos de coparticipación. “Hay una falta de comunicación, creemos, me refiero a lo que se está conociendo. En realidad, la provincia ya de hecho lo ha cobrado, ha cobrado los 12 meses en los hechos”, sostuvo.

Olivares detalló que el convenio contemplaba 12 cuotas de $10.000 millones cada una. De ese total, los primeros $10.000 millones fueron transferidos directamente por ANSES, mientras que los $110.000 millones restantes serían compensados con la devolución de un anticipo de coparticipación.

El ministro señaló que esta alternativa todavía se encuentra en conversaciones con el Gobierno nacional para avanzar en su formalización. Sin embargo, afirmó que “ya tenemos la disponibilidad de esos recursos”, remarcó.

Más allá del esquema de pagos hacia adelante, Olivares señaló que existe otra discusión vinculada con la actualización de los datos correspondientes a los ejercicios desde 2020 en adelante.

El funcionario también mencionó que este proceso continúa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que hubo una suspensión de plazos. A la vez, destacó que Santa Fe apuesta a alcanzar una solución mediante el diálogo con el organismo nacional.

Asimismo Olivares explicó que las conversaciones entre las provincias y ANSES apuntan a determinar el monto acumulado de los fondos pendientes. “Semana a semana estamos instando para ANSES para poder llevar adelante ese cálculo que hace falta y poder arribar. Creo que la mayoría de las provincias estamos en ese camino de poder arribar a una solución de lo que vendría a llamarse el stock”, afirmó.

En ese sentido, diferenció esa discusión de los fondos correspondientes a las cuotas del convenio. “Acá lo que estamos discutiendo es el flujo hacia adelante que de alguna manera ya lo estamos percibiendo”, concluyó.

En la segunda jornada del Santa Fe Business Forum (SFBF), el ministro de Economía de la Provincia, Pablo Olivares, explicó el funcionamiento y los alcances del Fondo de Garantías Santa Fe (Fogafe), una herramienta santafesina destinada a facilitar el acceso al crédito de micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores y otros actores productivos.

La actividad contó con la participación del secretario de Finanzas, Adriano Mandolesi, y de la gerente general de Fiduciaria CFI S.A.U., Cecilia Fernández Bugna.

El Fogafe es un fideicomiso creado para otorgar avales financieros a proyectos productivos, comerciales, industriales, agropecuarios y de servicios radicados en la provincia. La herramienta busca reducir una de las principales barreras para acceder al crédito: la falta de garantías suficientes para calificar ante entidades financieras o ingresar al mercado de capitales.

De este modo, las empresas pueden obtener mejores condiciones de financiación, con tasas y plazos más favorables; ampliar los montos máximos de crédito disponibles y acceder a recursos con menores exigencias de respaldo, ya sean garantías personales, prendarias o hipotecarias.

“En Santa Fe potenciamos a las pymes para que sean consideradas empresas de primera línea a la hora de acceder a financiación”, destacó Olivares. “Las compañías con un historial incipiente o una cartera que limita su volumen de crédito podrán mejorar sus condiciones de acceso al financiamiento”.

Con esta herramienta, el Estado provincial busca acompañar al sector privado, facilitar inversiones, fortalecer el capital de trabajo, modernizar los procesos productivos y promover la generación de empleo genuino.

“Con el Fogafe ponemos a disposición de las pymes una caja de herramientas para que puedan utilizarla según sus necesidades”, señaló Mandolesi.

El fondo está destinado a mipymes industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios; monotributistas con actividad económica; responsables inscriptos, y emprendedores y proyectos productivos con impacto local.

“Fue fundamental la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de que una provincia de la envergadura de Santa Fe cuente con su propio fondo de garantías”, afirmó Fernández Bugna. La gerente general de Fiduciaria CFI agregó: “Trabajamos junto a las provincias para construir un sistema de garantías públicas en Argentina, algo con lo que el país no contaba”.

La solicitud de avales del Fogafe puede realizarse en línea, a través del trámite disponible en el sitio web de la Provincia o mediante la aplicación Mi Santa Fe, en la sección Gestiones Ciudadanas, donde se debe buscar la opción Fogafe.

El Gobierno de Santa Fe liquidará la planilla complementaria correspondiente al primer tramo del acuerdo paritario para los trabajadores estatales el próximo martes, aunque los fondos estarán disponible en las cuentas este sábado. El anuncio fue confirmado por el titular del Senado, Felipe Michlig -a cargo del Ejecutivo por la misión que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro en Chile- y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, durante una reunión que mantuvieron esta mañana para repasar temas de agenda.

A partir del sábado, el incremento estará disponible en la cuenta del escalafón policial y penitenciario, activos, docentes y autoridades superiores.

Como se informara tras los acuerdos paritarios, la medida contempla una recomposición destinada a aquellos agentes cuyos incrementos salariales quedaron por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026.

La liquidación incluirá, además, el 2 % correspondiente a julio, con un mínimo garantizado de $ 80.000.

En el caso del personal policial y penitenciario, también se abonará la diferencia correspondiente a la actualización del ingreso mínimo garantizado, equivalente a la Canasta Básica Total para un hogar de cuatro integrantes que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que en junio se ubicó en $ 1.531.473.

El incremento pautado para el segundo semestre representará para los trabajadores una suba de sus haberes de hasta el 15,5 %. Sumado al aumento correspondiente a los primeros seis meses del año, la recomposición alcanzará hasta un 36 % anual.

A partir de agosto, los aumentos acordados en paritaria, ya estarán incluidos en la liquidación correspondiente a cada mes. 

Este miércoles, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, en la sede de la entidad fabril, donde expuso las principales políticas que lleva adelante la Provincia para fortalecer la producción, promover inversiones y mejorar la competitividad de las empresas.Del encuentro participaron también los ministros de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y su par de Economía, Pablo Olivares. Durante la reunión, las autoridades de la UIA destacaron las medidas implementadas por el Gobierno santafesino y valoraron el esquema de diálogo que la Provincia mantiene con el sector privado.

"Fue una reunión muy positiva, en la que encontramos un reconocimiento de la UIA al trabajo que viene haciendo Santa Fe. Pudimos mostrar que es posible sostener el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, invertir en obra pública, acompañar al sector productivo con financiamiento, reducir impuestos y llevar adelante políticas públicas en áreas fundamentales como seguridad y educación", señaló Puccini.

Pullaro expuso ante la UIA las políticas de Santa Fe para reducir impuestos y aumentar la competitividad empresarial, destacando el impacto positivo en 10.000 firmas. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Rappallini destacó que "el desarrollo industrial y la productividad requieren el compromiso de los tres niveles del Estado", y en ese sentido señaló que desde la UIA "valoramos la mirada productivista del Gobierno de Santa Fe en su promoción de la industria, y en sus medidas para generar inversión en infraestructura, un esquema tributario adecuado, promoción del empleo y reglas claras. La competitividad se construye desde cada nivel de gobierno", valoró.Por su parte, Rappallini destacó que “el desarrollo industrial y la productividad requieren el compromiso de los tres niveles del Estado”, y en ese sentido señaló que desde la UIA “valoramos la mirada productivista del Gobierno de Santa Fe en su promoción de la industria, y en sus medidas para generar inversión en infraestructura, un esquema tributario adecuado, promoción del empleo y reglas claras. La competitividad se construye desde cada nivel de gobierno”, valoró.

Uno de los puntos que despertó mayor interés fue la política de alivio tributario implementada por Santa Fe. Durante el encuentro, la delegación provincial presentó los resultados correspondientes al primer semestre de 2026: cerca de 10.000 empresas accedieron a beneficios fiscales, que representaron un ahorro superior a los 36.000 millones de pesos.Las medidas incluyen distintos mecanismos para reducir la incidencia de Ingresos Brutos sobre la actividad económica, entre ellos beneficios vinculados al empleo y al consumo de energía. Según expusieron los funcionarios provinciales, estas herramientas permitieron disminuir de manera significativa la carga tributaria efectiva para las empresas alcanzadas.Pullaro, Puccini y Olivares también detallaron la política de financiamiento productivo y el volumen de obra pública que ejecuta la Provincia con recursos propios. En ese marco, remarcaron no solo el impacto de la infraestructura sobre la competitividad y la logística, sino también su capacidad para sostener actividad económica y generar empleo.Otro de los aspectos abordados fue el funcionamiento del Estado. Las autoridades provinciales y los representantes industriales coincidieron en la necesidad de contar con un sector público eficiente, con cuentas ordenadas y capacidad para intervenir allí donde resulte necesario para mejorar las condiciones de producción y desarrollo.“Tenemos una coincidencia importante: la Argentina necesita un Estado eficiente y un sector privado competitivo. Santa Fe está demostrando que ordenar las cuentas no significa retirarse, sino administrar mejor para poder invertir, bajar impuestos y acompañar a quienes producen y generan empleo. Queremos seguir trabajando con la industria para nivelar la cancha y darle herramientas frente a un escenario cada vez más competitivo”, afirmó Puccini.

La reunión permitió además avanzar sobre temas que la UIA viene planteando ante el Gobierno nacional. Entre ellos, la posibilidad de agilizar la devolución de saldos a favor de IVA y analizar mecanismos que permitan utilizarlos para afrontar obligaciones vinculadas al empleo y las cargas laborales.También se conversó sobre la necesidad de discutir un nuevo pacto fiscal que contribuya a ordenar la estructura tributaria y genere mejores condiciones para producir e invertir. La Provincia manifestó su disposición a acompañar una agenda que permita reducir distorsiones y mejorar la competitividad del entramado industrial.En ese contexto, desde la UIA también recordaron la posición asumida por Santa Fe frente a las retenciones y el planteo realizado oportunamente por Pullaro en defensa de los sectores productivos. El encuentro cerró con el compromiso de mantener una agenda de trabajo entre el Gobierno provincial y la entidad fabril.

En línea con la mejora de calificación otorgada previamente por Fitch Ratings, que durante 2025 anticipó la evolución positiva del perfil crediticio de la provincia, la calificadora internacional Moody's elevó la calificación de Santa Fe de B3 a B2, ratificando la consistencia y la responsabilidad en la administración económica que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

En su informe, Moody's destaca la fortaleza de la base de ingresos de la provincia, sus sólidos fundamentos económicos y una trayectoria sostenida de políticas fiscales prudentes. Estos factores, señala la calificadora, permitieron que Santa Fe mantenga un sólido desempeño operativo y alcance un perfil crediticio superior al del Gobierno Nacional.

“Santa Fe continúa demostrando que, sobre la base de su solvencia, responsabilidad y sostenibilidad financiera, mantiene un desempeño que es reconocido por las principales calificadoras internacionales. Esto nos permite acceder a financiamiento en condiciones más favorables para seguir impulsando las inversiones estratégicas y el desarrollo productivo que promueve el gobernador Maximiliano Pullaro”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

La administración provincial fue reconocida por su prudencia fiscal, bajo nivel de endeudamiento y fortaleza financiera.

Entre los fundamentos que respaldan la mejora de la calificación, Moody's resalta la sólida posición de liquidez de la Provincia, su bajo nivel de endeudamiento y la fortaleza de sus indicadores fiscales. Asimismo, el informe señala que la reciente emisión de bonos internacionales realizada por Santa Fe contribuye a fortalecer aún más su perfil crediticio.

“La coherencia con la que Santa Fe administra sus recursos, basada en la transparencia, la prudencia fiscal y el cumplimiento de sus compromisos, se refleja en las evaluaciones que realizan las calificadoras internacionales sobre la provincia”, sostuvo por su parte el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán.

Moody’s elevó la evaluación de Santa Fe y destacó la solidez de sus cuentas públicas.

Respecto de las perspectivas de mediano plazo, Moody's prevé que la Provincia mantendrá su actual perfil crediticio, sustentado en la solidez de sus fundamentos económicos y en una gestión fiscal prudente, lo que refleja la confianza en la sostenibilidad de las políticas económicas y financieras que lleva adelante Santa Fe.

Autoridades de la provincia de Santa Fe llevaron este martes 21 de julio a la reunión paritaria docente, que se realiza en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, una propuesta que redondea un aumento para el segundo semestre cercano al 15 %, y que totaliza un incremento promedio anual que rondará el 49 %. “Traemos una propuesta responsable que pone en valor el esfuerzo que todos los días hacen los docentes y directivos”, destacaron antes de ingresar María Martín, secretaria General de Educación y los ministros provinciales José Goity (Educación) y Pablo Olivares (Economía).

Propuesta salarial docente del gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Destacaron también que se trata de una propuesta “que, como todas las que hacemos, se puede comprobar recibo de sueldo contra recibo de sueldo. Lo que dijimos en la anterior paritaria lo cumplimos. Todo se puede chequear”, remarcaron.

En ese sentido, se detalló que en el caso testigo de un docente de grado, sin antigüedad, con 25 horas semanales, percibirá en diciembre de 2026 un total de $ 1.517.481, lo que representa un incremento 14,62 % para el segundo semestre y totaliza un aumento del 49,01 % en el comparativo diciembre 2025-2026.

El ministro de Educación, José Goity, habló tras la presentación: “Venimos a traer una propuesta que es un esfuerzo importante y creemos que hay elementos muy sustanciales para considerarla y es una propuesta que, desde nuestro punto de vista, debería ser aceptada y considerada”.

Por el lado del ministro de Economía, Pablo Olivares, se destacó además “la garantía de que ningún trabajador haya cerrado el semestre con un incremento por debajo de la inflación”.

“Recordar también la jerarquización del personal directivo, así como se ha hecho al principio de este año, se va a volver a hacer con otra medida similar con un incremento adicional en el concepto que cobra el personal directivo y de supervisión que les posibilitará también tener otro incremento adicional para jerarquizar también esa función”, agregó Olivares.

El gobierno realizó una oferta de incremento salarial escalonada para el segundo semestre de año que, para la mayor parte de los agentes estatales, estará por encima del 15 %.

Tras la reunión de la paritaria con los gremios de la administración central, UPCN y ATE, los dirigentes gremiales y los voceros oficiales informaron que la Provincia se comprometió a solventar el desfase producido en algunos niveles salariales por efecto de la inflación.

En cuanto a la oferta de incremento, se mantiene los 170 mil pesos garantizados como piso mínimo de aumento, adicionando una suma que en julio será de 80 mil, en agosto y septiembre llegará a 100 mil, para pasar a 130 mil en octubre y noviembre y llegar a 180 mil en diciembre, con impacto en el aguinaldo.

En cuanto a los porcentajes generales, se propone un aumento del 2 % en julio; 1,8 % en agosto; 1,7 % en septiembre; 1,6 % en octubre; y 1,5 % en noviembre y diciembre.

Los gremios destacaron el diálogo y llevarán la propuesta a la consulta con los afiliados. Foto: Flavio Raina

De esta manera, el impacto del incremento será diferente según las categorías, pero en todos los casos superará el 10 % para el semestre, y en algunos, el 15 %.

El 5 de agosto habrá una nueva reunión técnica para discutir y tratar de resolver situaciones sectoriales.

Luego del encuentro, los representantes gremiales dieron cuenta de que se trató de una reunión prolongada (más de 90 minutos), en las que después de muchas discusiones y dos cuartos intermedios se llegó a una propuesta que consideran apta para poner a consideración de los afiliados.

Jorge Molina (UPCN) explicó que, en cuanto al desfase entre el 12,5 establecido en el primer semestre y el 17,1 % que surgió del índice inflacionario, “el gobierno reconoce que va a aplicar lo necesario para que ningún trabajador se quede sin cobrar esa diferencia, en los casos en que la tengan”. El mismo criterio aplica para los jubilados.

Tras detallar los porcentajes de incremento para cada mes, dio cuenta también del compromiso oficial de actualizar los montos si fuera necesario. “Si bien entendemos que la inflación va a la baja, siempre tenemos la cláusula de revisión, que el gobierno viene cumpliendo”.

Y en cuanto al porcentaje de incremento general, con los mínimos garantizados para las escalas inferiores, establecieron que “la mayoría de los trabajadores van a recibir más del 15% de aumento en el semestre”.

“Nos llevó mucho tiempo lograr esto. Empezamos realmente en una situación muy inferior a estos montos. Nos llevó mucho trabajo, dos cuartos intermedios, y creemos que para el contexto que tenemos en la actividad económica privada y en la actividad económica pública nacional, es una propuesta considerable”, añadieron.

En cuanto a la respuesta, UPCN la tendría para el jueves, luego de habilitar las consultas a los afiliados, y ATE quedó en definir el momento.

A su turno, el ministro de Economía, Pablo Olivares, que participó junto a sus pares de Gobierno, Fabián Bastia y de Trabajo, Roald Báscolo, expuso a los periodistas una serie de consideraciones en orden a la propuesta trasladada a los gremios.

“Fue una reunión extensa porque fue una reunión de trabajo. No solamente de paritaria en sentido político, sino de trabajo, para tratar de compatibilizar las sanas y genuinas pretensiones que nos hacían llegar los dirigentes de ambos gremios y las posibilidades”, arrancó.

UPCN analizará la propuesta salarial antes de definir su aceptación. Foto: Flavio Raina

Remarcó que, “luego de un trabajo bastante intenso”, se logró una propuesta que apuntala el objetivo de “priorizar a los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial”. Y que, a tal efecto, se construyó una propuesta que abarca todo el segundo semestre de 2026 (que era una aspiración común), que “va a posibilitar que la gran mayoría de los trabajadores, sobre todo los que se encuentran en la base de la pirámide salarial, tengan un incremento de 15,5%”.

“Si a eso le añadimos el incremento que ya dimos en el primer semestre, vamos a tener un incremento anual del 36% para los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial”, añadió.

Adicionalmente, garantizó que el 17,1 % del primer semestre llegará a todos los trabajadores, cubriendo los muy pocos casos (como estimación aproximada, un 20%) que, en distintas proporciones, no percibió ese incremento, lo hará por planilla complementaria. Y que eso será luego de un análisis “caso por caso”.

Considerando que, de esta manera, un 80 % de los trabajadores logró “ganarle o por lo menos empardarle a la inflación”, entendió que la estrategia de pisos mínimos “es un mecanismo eficaz para todos los trabajadores, sabiendo que tienen un gobierno y representaciones gremiales que lo que hacen es acordar salarios hacia adelante y que después revisan hacia atrás. Y que, en el caso de que algún cargo haya tenido un incremento inferior a la inflación, se lo reconoce y se paga la diferencia”.

Por otra parte, negó que en algún caso se trate de sumas “en negro” o no remunerativas, y que, en los niveles correspondientes y a su debido tiempo, tienen el correspondiente impacto en las jubilaciones.

Al ser consultado sobre la situación económica de la provincia, dijo que en Santa Fe, como en los demás distritos del país y en la Nación, “rige el principio de escasez”.

No obstante, consignó que “desde el gobierno provincial llevamos tres años apuntando a la eficiencia. Sacando agua de las piedras cuando es posible, economizando recursos materiales y en lo posible incrementando la prestación del servicio”.

“Y por eso hemos podido ir haciendo espacios para contener las necesidades de sostenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, sin resignar los servicios que todos los ciudadanos se merecen y la inversión pública”, completó.

Justamente, “para poder garantizar que el proceso de inversión pública pueda seguir su ritmo sin tener que entrar en los vaivenes que una coyuntura macroeconómica que no despega, hemos tomado las previsiones y hemos tomado financiamiento que se va a devolver a largo plazo, aprovechando muy buen crédito internacional que tiene la provincia de Santa Fe”.

“En concreto, lo que estamos pudiendo hacer ya encarando para el segundo término de este tercer año de gobierno es poder armonizar tres necesidades que son imprescindibles: garantizar que los salarios de los trabajadores públicos le ganen a la inflación, que los ciudadanos tengan más y mejor calidad en sus servicios y que el proceso de inversión pública no se detenga”, remató.

La negociación paritaria entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes comenzó este jueves con un primer intercambio de posiciones que continuará el martes, cuando el Ejecutivo prevé avanzar en definiciones de la política salarial. Al término del encuentro, funcionarios de los ministerios de Educación y de Economía remarcaron que la negociación permanece abierta y coincidieron en que el objetivo es construir un acuerdo sobre la base de datos objetivos y de la evolución efectiva de los salarios.

La secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, sostuvo que el Gobierno encara la discusión con la convicción de que la política salarial constituye una prioridad para la gestión. “Valoramos el rol de los equipos directivos y los docentes”, afirmó la funcionaria.Martín recordó, además, que en la negociación anterior el Ejecutivo recurrió a exhibir los recibos de sueldo para despejar afirmaciones falsas sobre el impacto real de la política salarial. “La discusión se terminó saldando cuando mostramos recibo contra recibo. Esa comparación permitió verificar que el salario del cargo testigo pasó de poco más de 1 millón de pesos en febrero a superar actualmente 1,3 millones, lo que representa un incremento del 30 %”, señaló.La secretaria reconoció que el contexto económico nacional continúa siendo complejo, aunque consideró que la negociación debe desarrollarse sobre una base compartida de información. “Si realmente queremos llegar a un acuerdo, tenemos que discutir sobre bases comunes. De lo contrario, la discusión termina siendo ficticia”, sostuvo.

En la misma línea, el ministro de Economía, Pablo Olivares, confirmó que las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y volverán a reunirse durante la próxima semana con el propósito de seguir construyendo una propuesta.“El diálogo es continuo. Aspiramos a construir una propuesta que pueda discutirse y, si es posible, alcanzar un acuerdo. No nos ponemos metas que condicionen la negociación, pero sí mantenemos la voluntad de dialogar”, afirmó.Olivares explicó que la futura oferta contemplará incrementos para el segundo semestre y destacó que, durante los primeros seis meses del año, todos los meses registraron actualizaciones salariales. “Estamos reunidos en el séptimo mes del año y pensamos que la propuesta integrará incrementos desde julio en adelante”, indicó.Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, vinculó la negociación salarial con una forma de gestionar basada en evidencia y evaluaciones objetivas. “Nosotros analizamos los hechos y los datos. Durante mucho tiempo se dijeron muchas cosas sin comprobar si estaban respaldadas por la realidad. Esa lógica también explica parte de los problemas que tiene el sistema educativo”, sostuvo.Goity señaló que, además de la actualización salarial, la política educativa incorpora herramientas destinadas a fortalecer el desarrollo profesional docente. Entre ellas, destacó el Fondo de Capacitación, que permite reconocer económicamente la formación realizada por los maestros mediante una oferta gratuita y universal del Ministerio.“Creemos que la capacitación debe llegar a todos los docentes y que el Estado tiene la responsabilidad de brindarla. Es una forma concreta de reconocer la tarea docente y de mejorar el sistema educativo”, afirmó.El ministro agregó que la gestión continuará impulsando medidas vinculadas con la carrera docente, los concursos, las titularizaciones y un nuevo sistema integral de salud laboral, iniciativas que -sostuvo- forman parte de una política orientada a jerarquizar la profesión y mejorar las condiciones para enseñar.

Los ministros provinciales de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Economía, Pablo Olivares, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; recibieron este jueves en Casa de Gobierno, en la ciudad capital, a los representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El encuentro tuvo como objetivo la apertura al diálogo en el marco de la paritaria correspondiente a la segunda parte del año 2026 para la administración central. Por parte del Gobierno también estuvieron presentes el secretario provincial de Vinculación Institucional de Santa Fe, Julián Galdeano; y la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario; mientras que la comitiva gremial estuvo encabezada por el secretario general de UPCN, Jorge Molina; y el secretario adjunto de ATE, Marcelo Delfor.

Las partes acordaron pasar a cuarto intermedio para avanzar en el diálogo de la política salarial y valoraron acuerdos alcanzados hasta el momento, que en el semestre anterior permitieron sostener los ingresos de los trabajadores estatales de la provincia.

Tras la reunión, Olivares, calificó a la convocatoria como “muy buena” y que se trató de un primer encuentro para “hacer un análisis de lo que fue el primer semestre, una lectura en común y compartir agendas, no solamente con temas salariales, sino también situaciones de determinados sectores y en las prioridades que se asignaron en el primer semestre”.

El funcionario resaltó que “hubo coincidencia en los instrumentos que se utilizaron para los trabajadores, sobre todo para los que menos ganan y que tuvieron una recomposición mayor o prioritaria”.

Olivares destacó el sacrificio que la Provincia ha hecho para atender la paritaria del primer semestre y detalló que se decidió pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes 21 de julio a las 8 en Casa de Gobierno. “Se puso en una agenda no solo la posición de una propuesta salarial para el segundo semestre, sino también otros puntos que abarcan distintos sectores que en este caso corresponden al escalafón de la administración central”, puntualizó.

El ministro aprovechó para contextualizar que “los recursos de todas las provincias del país siguen siendo magros, siguen incrementándose por debajo de la inflación, y es una dificultad que estamos teniendo ya que estamos en una coyuntura nacional compleja, con una economía sin despegar”.

Sobre una futura propuesta, Olivares sostuvo que “no queremos adelantarnos porque somos muy respetuosos de la mesa, para eso hemos hecho el cuarto intermedio; sí hicimos la valoración que esos incrementos mínimos garantizados en los casos de los que implicó un incremento por encima de la inflación podamos sostenerlo en el sentido que sea ganancia del trabajador como en el primer semestre”.

“Nuestro gobernador siempre nos marca la necesidad que no falten determinadas cuestiones esenciales en la provincia: que a los santafesinos no les falte un plato de comida, que a los santafesinos no les falte un medicamento, que todos tengan las cuestiones básicas, y eso también va para los trabajadores públicos”, completó Olivares.

Por el lado del sector gremial, Jorge Molina, subrayó “la buena política salarial del semestre pasado, focalizado en un aumento general en los mínimos garantizados, que permitió que un sector de los trabajadores tengan hasta un 20% o 25% de incremento. La combinación de todos esos factores ha hecho que el ingreso de los empleados públicos esté hoy por sobre, por ejemplo, los empleados de comercio, que normalmente es una referencia”, indicó.

Marcelo Delfor también se pronunció sobre el acuerdo salarial de la primera parte de 2026: “En general, fue una buena política salarial y pretendemos que sea la misma, con un esquema de recuperación salarial”.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe fue reconocido nuevamente por sus estándares de transparencia y acceso a la información pública. De acuerdo con el último informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), correspondiente al relevamiento realizado por el organismo, Santa Fe alcanzó el máximo puntaje posible (100 puntos) en el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, ubicándose entre las tres únicas jurisdicciones del país con cumplimiento estricto.

El informe (https://www.asap.org.ar/informes2.php?anos=2026&id=7) evalúa el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicación de información fiscal y presupuestaria previstas en la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, considerando la disponibilidad, actualidad y accesibilidad de los datos publicados por cada provincia. Entre los aspectos analizados se incluyen el presupuesto vigente, la ejecución presupuestaria, el esquema ahorro-inversión-financiamiento, el stock de deuda pública y la información sobre la planta de personal.

De acuerdo con la información relevada al 31 de marzo de 2026, las provincias incluidas en el Grupo I, calificadas como de cumplimiento estricto, fueron Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Las mismas se destacan por haber presentado toda la información requerida por la ley dentro de los plazos establecidos, incluso algunas de ellas con menor rezago.

En ese marco, el ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que “este resultado refleja la decisión del Gobierno Provincial de consolidar una gestión basada en la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno y el acceso ciudadano a la información pública, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas y el control social sobre la administración de los recursos públicos”.

“La política de transparencia fiscal impulsada por la Provincia permite que ciudadanos, organismos de control, inversores e instituciones puedan acceder de manera permanente a información presupuestaria y financiera actualizada, favoreciendo una administración más abierta, previsible y eficiente. La obtención del puntaje máximo se suma a otros indicadores que posicionan a Santa Fe entre las provincias con mayor solidez institucional y fiscal del país, sustentando una administración responsable de las cuentas públicas y comprometida con la transparencia como uno de los pilares de su gestión”, enfatizó el ministro.

Índice de Cumplimiento LRF

Para elaborar el índice, se tienen en cuenta si las administraciones provinciales publican el presupuesto del ejercicio corriente (en ese caso, se otorgan 35 puntos); el Esquema Ahorro Inversión Financiamiento (AIF) de la Administración Pública no Financiera Provincial (vale 25 puntos si está publicado con hasta tres meses de rezago); las Deducciones con Financiamiento Especial de la Administración Pública no Financiera Provincial (se suman 10 puntos, con la publicación hasta los tres meses de atraso); los Gastos clasificados por Finalidad y Función de la Administración Pública no Financiera Provincial (también, significa 10 puntos en caso de ser publicados con hasta tres meses de rezago); la Planilla Stock de Deuda de la Administración Pública no Financiera Provincial (otros 10 puntos al publicarla hasta con tres meses de demora), y la Planilla de Cargos, Horas Cátedra y Módulos Ocupados (también se otorgan 10 puntos por su difusión con hasta tres meses de rezago).

Para todas las categorías analizadas, si el rezago en la publicación de la información supera los seis meses, no se asigna puntaje. En consecuencia, el máximo puntaje que puede alcanzar una Provincia es 100 puntos, lo que representa un cumplimiento sustantivo de los requerimientos establecidos.

Qué es la ASAP

La ASAP, (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) es un organismo no gubernamental creado en 1975 y consolidado dos años después como filial de la Asociación Internacional de Presupuesto (ASIP). Desde entonces se trabaja en pos de mejorar el sistema de Administración Financiera Pública en general y de presupuesto en particular, profundizar el debate en torno del rol del Estado, generar instancias asociativas de cooperación y pensar herramientas para ampliar los conocimientos y promover la accesibilidad y la comprensión sobre las cuentas públicas.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, delegó en el ministro de Economía, Pablo Olivares, todas las gestiones ante el gobierno nacional para obtener los anticipos financieros por hasta $400.000.000.000 ya autorizados por la administración nacional.

El decreto N° 1284, firmado este lunes, habilita al titular de Economía "a realizar todas las acciones y/o a dictar todos los actos que aprueben las medidas que resulten necesarias y pertinentes para garantizar la ejecución, cumplimiento y seguimiento de los convenios celebrados por el Poder Ejecutivo en el marco del Artículo 124 de la Ley Nacional N° 11672 o de la normativa que en el futuro la reemplace".

La norma nacional invocada es la conocida como Ley Complementaria Permanente del Presupuesto y el artículo 124 dispone que "con el objeto de subsanar deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia así lo aconsejen, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a acordar a las provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anticipos a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución o de los montos previstos en el Compromiso Federal, que deberán ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento, mediante retenciones sobre el producido de los mismos impuestos coparticipados".

Más adelante dispone que "cuando razones fundadas aconsejen extender dicho plazo, el Poder Ejecutivo Nacional, con opinión favorable del Ministerio de Economía, podrá ampliarlo sin exceder el ejercicio fiscal en que se otorgue, los que devengarán intereses sobre saldos, desde la fecha de su desembolso hasta la de su efectiva devolución, de acuerdo con la tasa que fije el Ministerio en cada oportunidad". Aclara que esa tasa de interés no podrá exceder la que abone el Tesoro Nacional por el acceso a los mercados de crédito.

El gobernador y el ministro de Economía a quien le confiaron la gestión ante Nación del anticipo financiero para el presente ejercicio fiscal. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El decreto firmado por Pullaro es refrendado además por Olivares y por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. El instrumento fue rubricado a las pocas horas de conocerse la decisión de Santa Fe de sumarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) prácticamente al vencimiento del plazo otorgado por Nación.

El decreto provincial encomienda y delega en el Ministro de Economía la facultad de realizar las gestiones, dictar los actos administrativos y hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para ejecutar y dar seguimiento a los convenios de anticipos financieros.

Dispone que cualquier acto o resolución que dicte el Ministerio de Economía usando esta facultad delegada debe ser comunicado formalmente al Poder Ejecutivo dentro de los 10 días hábiles de su emisión.

En los considerandos, el decreto provincial parte de los alcances de Ley Complementaria del Presupuesto que disponen que anticipos se reintegran mediante la retención del producido de los impuestos coparticipados provenientes del Régimen de Coparticipación Federal; que un convenio entre las partes se establecen las condiciones financieras de tales anticipos y se estipula la registración y el envío al Ministerio de Economía de la Nación de información fehaciente, suficiente y oportuna que permita el seguimiento de la evolución de las finanzas públicas.

Imagen ilustrativa. Casa de Gobierno. Foto: Fernando Nicola

También se destaca que en la Ley provincial de Ministerios corresponde a Economía "atender las relaciones con los Ministerios o Secretaría de la Nación, correspondiéndole en particular al Ministerio de Economía asistir al Poder Ejecutivo de la Provincia en las políticas referidas a la percepción, administración, inversión y fiscalización de los medios económicos y financieros de la Administración Provincial".

Al ministro de Economía -dice la ley- le corresponde entender en la coordinación de las acciones económico-financieras con la Nación y en lo atinente al Régimen de Coparticipación.

El 17 de junio de este año, mediante el decreto N° 474, el Ministerio de Economía de la Nación dispuso otorgar, en el ejercicio fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda, un anticipo financiero a las provincias de Jujuy y Santa Fe por hasta la suma máxima de $400.000.000.000 para cada una de ellas, a ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso.

En el decreto se determina el anticipo con una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación en el régimen de la Ley N° 23.548. También faculta a la Secretaría de Hacienda "a disponer las condiciones de desembolso a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones alcanzadas por este decreto para determinarlos".

En los considerandos del decreto se señala que "los gobiernos de las provincias de Jujuy y Santa Fe se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas. Que, en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan las citadas provincias".

En el Ministerio de Economía analizan solicitar, en una primera etapa, un anticipo de financiero de $250.000.000.000 y en el último trimestre del año requerir los restantes $150.000.000.000, según pudo saber El Litoral.

No obstante, en las próximas horas se definirá la cifra a solicitar cuando Olivares firme el pedido de dinero correspondiente ante la cartera que conduce Luis Caputo.

El Ipec difundió el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de la provincia correspondiente al mes de abril que dio una caída interanual del 3,6% mientras que en los próximos cuatro meses del año, hay una pequeña suba del 0,7%.

El IMAE permite estimar anticipadamente el producto bruto geográfico, posibilitando la construcción de índices para la estimación de cada una de las 16 actividades económicas que conforman el PBG constante.

Intermediación Financiera (6,7%), Construcción (6,1%), Industria Manufacturera (1,8%) y Administración Pública (1,7%) fueron los único sectores positivos en abril. La mayor caída se dio en Pesca (93,3%) y en Minas y Canteras (12,8%).

Con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, Santa Fe resolvió participar del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) en el ámbito de la gestión pública y fiscal de la República Argentina. La decisión se tomó contrarreloj, a pocas horas de que venciera el plazo límite de la prórroga dispuesta por la Casa Rosada.

El REOR fue creado a fines de 2024 (mediante el Decreto N° 969/24) con el propósito de compensar y extinguir deudas y créditos cruzados entre el Estado Nacional y las distintas provincias incluida CABA.

Santa Fe había decidido no participar, en principio, por entender que el Estado nacional era deudor de la provincia e ingresar al sistema significaría habilitar al gobierno nacional pagos en bonos o en especies de esa deuda. Ahora, el gobierno provincial adhirió tras ser incluido por el presidente Javier Milei entre las provincias receptoras de anticipos financieros para el presente ejercicio.

Para Santa Fe, la adhesión al REOR le puede permitir tomar los hasta $400.000.000.000 de anticipo financiero e incluirlo en el sistema. En principio, el objetivo es solicitar un primer anticipo de $300.000.000.000 y en caso de ser necesario en el segundo semestre la cifra restante.

Pablo Olivares encabezará la negociación con Nación por el esquema de compensaciones. Foto: Manuel Fabatia.

En las próximas horas el gobernador Pullaro firmará un decreto delegando en el ministro de Economía, Pablo Olivares, la negociación con el gobierno nacional del régimen de compensación.

El Decreto N° 969 del 30 de octubre de 2024 creó el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y/o CABA con el objetivo de facilitar el saneamiento de las cuentas públicas y ordenar la relación fiscal interjurisdiccional, permitiendo que las provincias y la Nación limpien deudas mutuas de diversa índole. "Se busca resolver administrativamente reclamos económicos históricos para evitar o cerrar juicios entre el Ejecutivo Nacional y las gobernaciones", se había señalado en Casa Rosada cuando se dictó el instructivo.

Además de las compensaciones netas de partidas presupuestarias, el decreto contempló la incorporación de bienes inmuebles del Estado Nacional para ser utilizados como parte de pago en estas operaciones. En este sentido, según pudo saber El Litoral, Santa Fe ya tiene un listado de bienes inmuebles que aceptaría recibir del Estado nacional en compensación de deudas.

La autoridad encargada de tramitar estos acuerdos y auditar los saldos es la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.

Santa Fe tiene un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por deuda previsional, hoy suspendido por 180 días, debido a las negociaciones llevadas adelante con Anses y que desembocaron en el pago mensual a cuenta mientras avanzan las conversaciones de reconocimiento sobre el déficit previsional santafesino. A propósito de esto ya hubo avances sobre el cruce de números del ejercicio 2020.

Santa Fe podrá gestionar anticipos financieros por hasta $400.000 millones.

Fueron 18 las jurisdicciones que adhirieron en primera instancia al régimen y firmaron sus respectivas cartas de intención o convenios. Entre Ríos fue la primera en suscribir el entendimiento a través de su gobernador Rogelio Frigerio.

Luego, el gobierno nacional amplió en 60 días hábiles el plazo de sumarse al programa debido a que ni Santa Fe, ni Córdoba, ni CABA, ni provincia de Buenos Aires, ni La Rioja y Formosa habían dado el ok.

El tema de sumarse o no al régimen fue motivo de charlas varias de gobernadores en encuentro bilaterales o de reuniones en conjunto. Fueron varios los mandatarios que aconsejaron a Pullaro no dejar de lado la posibilidad de buscar un entendimiento con Nación e incluso tener la posibilidad de sumarse a los anticipos financieros.

El decreto 474 del pasado 17 de junio. firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso otorgar, en el ejercicio fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda, un anticipo financiero a las provincias de Jujuy y Santa Fe por hasta la suma máxima de $400.000.000.000 para cada una de ellas, a ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso.

La Provincia también analiza recibir inmuebles nacionales como parte de compensación.

En el decreto se determina el anticipo con una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación en el régimen de la Ley N° 23.548. También faculta a la Secretaría de Hacienda "a disponer las condiciones de desembolso a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones alcanzadas por este decreto para determinarlos".

En los considerandos del decreto se señala que "los gobiernos de las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas. Que, en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan las citadas provincias".

Vale señalar que al momento del decreto, Entre Ríos ya había tenido un anticipo financiero del Estado Nacional.

Durante la última sesión, en la Cámara de Diputados fue votado un pedido de informes motorizado por el justicialista Walter Agosto donde solicita "informe si la provincia ha adherido al Régimen de Extinción de Obligaciones Reciprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y en su caso mediante qué acto administrativo y remita los instrumentos a través de los cuales ha formalizado dicha adhesión".

Una delegación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp), dependiente de la Presidencia de Uruguay, emprendió una misión técnica a la provincia de Santa Fe. Los representantes del organismo internacional fueron recibidos este martes en Casa de Gobierno de la capital provincial por integrantes del Gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares. También asistieron el asesor de Gabinete, Jorge Álvarez, y los secretarios de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, y de Gestión Pública, Natalia Galano, entre otros integrantes del gobierno provincial.

El director ejecutivo de la Amepp, Gustavo Leal, valoró el encuentro con los funcionarios santafesinos y destacó que representa una gran responsabilidad compartir con el Gobierno de Santa Fe la experiencia desarrollada por la Presidencia de Uruguay en materia de monitoreo y evaluación de políticas públicas. “Santa Fe es un gobierno que se preocupa por medir y evaluar lo que hace con los recursos de los ciudadanos”, dijo Leal.

La validación de las políticas públicas constituye un aspecto central de cualquier proceso de gestión. Uruguay desarrolló una institucionalidad en la Presidencia de la República que le permite monitorear cuáles son las prioridades del gobierno y luego evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos, “que de alguna manera es el pacto que la política hace con los ciudadanos”.

Por su parte, Galano remarcó que el encuentro es de suma importancia para tomar decisiones basadas en evidencia y experiencias enriquecedoras: “Es una experiencia verdaderamente valiosa, cuyos aprendizajes esperamos traducir en prácticas y políticas concretas”.

El Estado uruguayo tiene antecedentes sólidos en gestión pública y “el trabajo que viene desarrollando la provincia de Santa Fe también es sólido y valioso. Hacemos estos intercambios para seguir aprendiendo”, subrayó Claudio Díaz.

Durante la primera jornada de la visita, los equipos desarrollaron una intensa agenda de trabajo, que abordó un diálogo horizontal de experiencias entre la delegación uruguaya y la Unidad de Gestión del Mecanismo de Monitoreo y Evaluación de Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Allí se hizo una aproximación a las experiencias de políticas basadas en evidencia y escucha activa, y una presentación del proceso de construcción, logros y resultados alcanzados.

La agenda de trabajo de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas continuará hasta el jueves en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

El Plan Especial de Pago puesto en marcha por el Gobierno de Santa Fe ya registra una fuerte adhesión. Durante su primer mes completo de vigencia, 9.523 contribuyentes utilizaron esta herramienta diseñada para aliviar la carga tributaria de familias, comercios y empresas en un contexto económico nacional marcado por la desaceleración de la actividad.

El programa permite regularizar obligaciones vinculadas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor y Sellos mediante planes de financiación de hasta 36 cuotas, con tasas subsidiadas o del 0 % de interés, según cada caso.

La modalidad más elegida hasta el momento es el Plan A, orientado a pequeños y medianos contribuyentes y a familias que poseen hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados. Este segmento acumuló 7.104 solicitudes.

Dentro de ese universo, 4.478 adhesiones correspondieron a deudas de Patente Automotor, 1.915 al Impuesto Inmobiliario y 709 a obligaciones vinculadas con Ingresos Brutos.

Por su parte, el Plan B, destinado a contribuyentes con más de dos inmuebles o más de dos vehículos registrados a su nombre, sumó 2.354 solicitudes. De ese total, 1.388 corresponden a deudas de Patente Automotor y 964 al Impuesto Inmobiliario.

El programa contempla además un esquema especial para prestadores de servicios asistenciales para personas con discapacidad, uno de los sectores más afectados por las restricciones financieras y los retrasos en los pagos.

En estos casos, la Provincia ofrece la posibilidad de regularizar deudas en hasta 36 cuotas con una tasa de interés del 0 %. Durante el primer mes de implementación se registraron cinco adhesiones.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que la medida forma parte de una estrategia más amplia de reducción de la presión tributaria y acompañamiento a los sectores productivos.

“Cuando pensamos en la agenda de reducción de impuestos que impulsamos a través de la Ley Tributaria para quienes producen e invierten, también pensamos en aquellos que, por las dificultades de la macroeconomía, no pudieron cumplir con sus obligaciones, incluidas muchas familias”, señaló.

El funcionario agregó que “tal como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, debemos pensar en quienes cada día abren un comercio, sostienen una industria o desarrollan una actividad productiva en la provincia, generando empleo y llevando sustento a sus hogares”.

1. Generar la liquidación de la deuda* El trámite comienza en el portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno provincial, donde debe generarse la liquidación correspondiente al impuesto que se desea regularizar.* Para deudas de Impuesto Inmobiliario o Patente Automotor, se debe seleccionar la opción “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez emitida la liquidación, el sistema habilitará el acceso al Plan Especial de Pago.* En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, el trámite se realiza mediante la opción “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para ello es necesario contar previamente con el servicio “API Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.

2. Seleccionar el plan* Una vez emitida la liquidación, el sistema ofrecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”, desde donde podrá iniciarse la adhesión.* El contribuyente podrá elegir la cantidad de cuotas y visualizar el monto financiado, el valor de cada cuota y el cronograma de vencimientos.

3. Completar los datos requeridos* Antes de confirmar la adhesión, será necesario completar una declaración jurada con los siguientes datos:Carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro).Correo electrónico.Teléfono de contacto.Clave Bancaria Uniforme (CBU).Luego se habilitará la descarga del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas” y del comprobante correspondiente a la primera cuota.

Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos, incluidos tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (DEBIN) a través de PlusPagos. Las restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.

El ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe publicó la resolución N° 91 con los alcances del plan especial de facilidades de pago que alcanzará a las deudas vencidas hasta el 31 de marzo de corriente año y que presentara, en rueda de prensa, el pasado viernes el ministro Pablo Olivares en Rosario.

En el diseño del plan de pago se tuvo en cuenta el perfil del contribuyente en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias; el ingreso será por tiempo limitado y no obstaculiza a que los contribuyentes puedan acceder, si así lo consideran, a alguno de los planes de facilidades de pago permanente que ya posee la Administración Provincial de Impuestos (API).

La resolución establece las tasas de interés aplicables al plan especial de pagos, plazos de vigencia, deudas tributarias alcanzadas, exclusiones, caducidad, vigencia y demás condiciones para que los contribuyentes puedan acceder. En tanto, API dictará todas las disposiciones complementarias que resulten necesarias para la aplicación del régimen, incluyendo plazos, condiciones, recaudos para reliquidar los convenios caducos y los distintos aspectos operativos.

Administración Provincial de Impuestos (API).

"En un contexto de macroeconomía complejo, y como Gobierno que todos los días piensa en quienes todos se levantan a trabajar, por pedido del gobernador Pullaro lanzamos estas medidas de alivio para facilitar que las Pymes y familias puedan regularizar su situación fiscal con la Provincia", había dicho Olivares en la presentación.

La medida alcanza deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente Automotor, Sellos e Instituto Becario. El esquema ofrece planes de pago con hasta 12 cuotas sin interés y financiación extendida de hasta 36 meses.

Pablo Olivares, ministro de Economía. Crédito: Gobierno de Santa Fe

El programa contempla planes de pago de hasta 36 cuotas y beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, con esquemas que incluyen hasta 12 cuotas sin interés. La iniciativa alcanza deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.

La adhesión permanecerá abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia. Los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.

La resolución de Economía excluye del programa de facilidades de pago los casos de deudas originadas en los "Corresponde" de escribanos; deudas de los agentes de recaudación del SIRCREB por las retenciones o percepciones, practicadas o no y cuotas correspondientes a deudas incluidas en planes de facilidades de pago en curso de cumplimiento, cualquiera sea el régimen por el que se hayan celebrado.

También se excluye cuando se soliciten a efectos de abonar deudas tributarias incluidas en resoluciones dictadas por API; obligaciones correspondientes a imputados penalmente por delitos previstos en la Ley Nº 27.430, modificada por la Ley Nº 27.799, o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas.

En medio de un escenario económico marcado por la desaceleración de la actividad y las dificultades de financiamiento para el sector privado, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha un nuevo Plan Especial de Financiamiento, destinado a regularizar deudas tributarias de empresas y familias santafesinas.

La medida fue informada este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro a través de su cuenta en X, y se instrumentará mediante la Administración Provincial de Impuestos (API). El objetivo es aliviar la carga financiera de los contribuyentes afectados por la coyuntura económica, sostener el entramado productivo y fortalecer la cultura del cumplimiento fiscal.

“En un contexto económico nacional difícil para muchas empresas y familias santafesinas, presentamos un plan de alivio de deudas impositivas”, afirmó el mandatario. En ese sentido, remarcó: “Este gobierno siempre se va a centrar en mejorar las condiciones de quienes trabajan y se esfuerzan; de quienes no quieren un plan social y apuestan al desarrollo de la provincia y del país”.

Pullaro recordó además que “desde el primer día pusimos orden en las cuentas públicas para poder afrontar momentos como éste, en los que cada santafesino necesita que lo acompañemos en su esfuerzo diario”.

El programa contempla planes de pago de hasta 36 cuotas y beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, con esquemas que incluyen hasta 12 cuotas sin interés. La iniciativa alcanza deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.

La medida se inscribe dentro de una política de “alivio fiscal” más amplia que la Provincia viene desplegando durante 2026, con herramientas orientadas a reducir la presión tributaria y acompañar al sector productivo santafesino frente a la desaceleración económica nacional.

“Con la implementación de este plan pensamos en quienes todos los días se levantan para trabajar en un comercio o una industria de la provincia, procurando llevar un sustento a sus familias y generar empleo para otros santafesinos”, sostuvo el ministro de Economía, Pablo Olivares, durante la presentación realizada en Rosario junto a la administradora provincial de API, Daniela Bosco.

El denominado Plan A está dirigido a pequeños y medianos contribuyentes y contempla hasta 12 cuotas sin interés y financiación de entre 13 y 36 cuotas con una tasa mensual del 1,5 %. También estará disponible para familias con deudas de Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor que no posean más de dos inmuebles o dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular.

Para quienes excedan ese límite patrimonial, se aplicará el Plan B, que ofrece hasta seis cuotas sin interés; de siete a doce cuotas con una tasa mensual del 0,5 %; y hasta 36 cuotas con un interés del 2 %.En el caso de los grandes contribuyentes, incluidos en el Plan C, podrán acceder a seis cuotas sin interés; hasta 12 cuotas con una tasa mensual del 0,75 %; y hasta 36 cuotas con un interés mensual del 2,5 %.

En paralelo, el Plan D alcanzará a empresas que mantengan discusiones administrativas o judiciales abiertas, o incumplimientos como agentes de retención o percepción. Para este universo, la financiación será del 0,5 % mensual en seis cuotas; del 1,5 % hasta 12 cuotas; y del 3 % para planes de hasta 36 cuotas.

El Plan E incorpora un tratamiento diferencial para instituciones y prestadores que brindan servicios asistenciales y de salud a personas con discapacidad. Ese sector podrá acceder a planes de hasta 36 cuotas con 0 % de interés mensual.

La adhesión permanecerá abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia. Los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.