El Plan Especial de Pago puesto en marcha por el Gobierno de Santa Fe ya registra una fuerte adhesión. Durante su primer mes completo de vigencia, 9.523 contribuyentes utilizaron esta herramienta diseñada para aliviar la carga tributaria de familias, comercios y empresas en un contexto económico nacional marcado por la desaceleración de la actividad.

El programa permite regularizar obligaciones vinculadas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor y Sellos mediante planes de financiación de hasta 36 cuotas, con tasas subsidiadas o del 0 % de interés, según cada caso.

La modalidad más elegida hasta el momento es el Plan A, orientado a pequeños y medianos contribuyentes y a familias que poseen hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados. Este segmento acumuló 7.104 solicitudes.

Dentro de ese universo, 4.478 adhesiones correspondieron a deudas de Patente Automotor, 1.915 al Impuesto Inmobiliario y 709 a obligaciones vinculadas con Ingresos Brutos.

Por su parte, el Plan B, destinado a contribuyentes con más de dos inmuebles o más de dos vehículos registrados a su nombre, sumó 2.354 solicitudes. De ese total, 1.388 corresponden a deudas de Patente Automotor y 964 al Impuesto Inmobiliario.

El programa contempla además un esquema especial para prestadores de servicios asistenciales para personas con discapacidad, uno de los sectores más afectados por las restricciones financieras y los retrasos en los pagos.

En estos casos, la Provincia ofrece la posibilidad de regularizar deudas en hasta 36 cuotas con una tasa de interés del 0 %. Durante el primer mes de implementación se registraron cinco adhesiones.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que la medida forma parte de una estrategia más amplia de reducción de la presión tributaria y acompañamiento a los sectores productivos.

“Cuando pensamos en la agenda de reducción de impuestos que impulsamos a través de la Ley Tributaria para quienes producen e invierten, también pensamos en aquellos que, por las dificultades de la macroeconomía, no pudieron cumplir con sus obligaciones, incluidas muchas familias”, señaló.

El funcionario agregó que “tal como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, debemos pensar en quienes cada día abren un comercio, sostienen una industria o desarrollan una actividad productiva en la provincia, generando empleo y llevando sustento a sus hogares”.

1. Generar la liquidación de la deuda* El trámite comienza en el portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno provincial, donde debe generarse la liquidación correspondiente al impuesto que se desea regularizar.* Para deudas de Impuesto Inmobiliario o Patente Automotor, se debe seleccionar la opción “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez emitida la liquidación, el sistema habilitará el acceso al Plan Especial de Pago.* En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, el trámite se realiza mediante la opción “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para ello es necesario contar previamente con el servicio “API Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.

2. Seleccionar el plan* Una vez emitida la liquidación, el sistema ofrecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”, desde donde podrá iniciarse la adhesión.* El contribuyente podrá elegir la cantidad de cuotas y visualizar el monto financiado, el valor de cada cuota y el cronograma de vencimientos.

3. Completar los datos requeridos* Antes de confirmar la adhesión, será necesario completar una declaración jurada con los siguientes datos:Carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro).Correo electrónico.Teléfono de contacto.Clave Bancaria Uniforme (CBU).Luego se habilitará la descarga del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas” y del comprobante correspondiente a la primera cuota.

Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos, incluidos tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (DEBIN) a través de PlusPagos. Las restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.

El ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe publicó la resolución N° 91 con los alcances del plan especial de facilidades de pago que alcanzará a las deudas vencidas hasta el 31 de marzo de corriente año y que presentara, en rueda de prensa, el pasado viernes el ministro Pablo Olivares en Rosario.

En el diseño del plan de pago se tuvo en cuenta el perfil del contribuyente en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias; el ingreso será por tiempo limitado y no obstaculiza a que los contribuyentes puedan acceder, si así lo consideran, a alguno de los planes de facilidades de pago permanente que ya posee la Administración Provincial de Impuestos (API).

La resolución establece las tasas de interés aplicables al plan especial de pagos, plazos de vigencia, deudas tributarias alcanzadas, exclusiones, caducidad, vigencia y demás condiciones para que los contribuyentes puedan acceder. En tanto, API dictará todas las disposiciones complementarias que resulten necesarias para la aplicación del régimen, incluyendo plazos, condiciones, recaudos para reliquidar los convenios caducos y los distintos aspectos operativos.

Administración Provincial de Impuestos (API).

"En un contexto de macroeconomía complejo, y como Gobierno que todos los días piensa en quienes todos se levantan a trabajar, por pedido del gobernador Pullaro lanzamos estas medidas de alivio para facilitar que las Pymes y familias puedan regularizar su situación fiscal con la Provincia", había dicho Olivares en la presentación.

La medida alcanza deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente Automotor, Sellos e Instituto Becario. El esquema ofrece planes de pago con hasta 12 cuotas sin interés y financiación extendida de hasta 36 meses.

Pablo Olivares, ministro de Economía. Crédito: Gobierno de Santa Fe

El programa contempla planes de pago de hasta 36 cuotas y beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, con esquemas que incluyen hasta 12 cuotas sin interés. La iniciativa alcanza deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.

La adhesión permanecerá abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia. Los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.

La resolución de Economía excluye del programa de facilidades de pago los casos de deudas originadas en los "Corresponde" de escribanos; deudas de los agentes de recaudación del SIRCREB por las retenciones o percepciones, practicadas o no y cuotas correspondientes a deudas incluidas en planes de facilidades de pago en curso de cumplimiento, cualquiera sea el régimen por el que se hayan celebrado.

También se excluye cuando se soliciten a efectos de abonar deudas tributarias incluidas en resoluciones dictadas por API; obligaciones correspondientes a imputados penalmente por delitos previstos en la Ley Nº 27.430, modificada por la Ley Nº 27.799, o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas.

En medio de un escenario económico marcado por la desaceleración de la actividad y las dificultades de financiamiento para el sector privado, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha un nuevo Plan Especial de Financiamiento, destinado a regularizar deudas tributarias de empresas y familias santafesinas.

La medida fue informada este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro a través de su cuenta en X, y se instrumentará mediante la Administración Provincial de Impuestos (API). El objetivo es aliviar la carga financiera de los contribuyentes afectados por la coyuntura económica, sostener el entramado productivo y fortalecer la cultura del cumplimiento fiscal.

“En un contexto económico nacional difícil para muchas empresas y familias santafesinas, presentamos un plan de alivio de deudas impositivas”, afirmó el mandatario. En ese sentido, remarcó: “Este gobierno siempre se va a centrar en mejorar las condiciones de quienes trabajan y se esfuerzan; de quienes no quieren un plan social y apuestan al desarrollo de la provincia y del país”.

Pullaro recordó además que “desde el primer día pusimos orden en las cuentas públicas para poder afrontar momentos como éste, en los que cada santafesino necesita que lo acompañemos en su esfuerzo diario”.

El programa contempla planes de pago de hasta 36 cuotas y beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, con esquemas que incluyen hasta 12 cuotas sin interés. La iniciativa alcanza deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.

La medida se inscribe dentro de una política de “alivio fiscal” más amplia que la Provincia viene desplegando durante 2026, con herramientas orientadas a reducir la presión tributaria y acompañar al sector productivo santafesino frente a la desaceleración económica nacional.

“Con la implementación de este plan pensamos en quienes todos los días se levantan para trabajar en un comercio o una industria de la provincia, procurando llevar un sustento a sus familias y generar empleo para otros santafesinos”, sostuvo el ministro de Economía, Pablo Olivares, durante la presentación realizada en Rosario junto a la administradora provincial de API, Daniela Bosco.

El denominado Plan A está dirigido a pequeños y medianos contribuyentes y contempla hasta 12 cuotas sin interés y financiación de entre 13 y 36 cuotas con una tasa mensual del 1,5 %. También estará disponible para familias con deudas de Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor que no posean más de dos inmuebles o dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular.

Para quienes excedan ese límite patrimonial, se aplicará el Plan B, que ofrece hasta seis cuotas sin interés; de siete a doce cuotas con una tasa mensual del 0,5 %; y hasta 36 cuotas con un interés del 2 %.En el caso de los grandes contribuyentes, incluidos en el Plan C, podrán acceder a seis cuotas sin interés; hasta 12 cuotas con una tasa mensual del 0,75 %; y hasta 36 cuotas con un interés mensual del 2,5 %.

En paralelo, el Plan D alcanzará a empresas que mantengan discusiones administrativas o judiciales abiertas, o incumplimientos como agentes de retención o percepción. Para este universo, la financiación será del 0,5 % mensual en seis cuotas; del 1,5 % hasta 12 cuotas; y del 3 % para planes de hasta 36 cuotas.

El Plan E incorpora un tratamiento diferencial para instituciones y prestadores que brindan servicios asistenciales y de salud a personas con discapacidad. Ese sector podrá acceder a planes de hasta 36 cuotas con 0 % de interés mensual.

La adhesión permanecerá abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia. Los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.

El gobierno de Santa Fe anunció este miércoles un paquete de medidas para financiar a trabajadores públicos y privados que, sobre todo en el caso de los primeros, ven afectados sus salarios en algunos casos, hasta en un 50%.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que a partir de la firma de un decreto del Poder Ejecutivo, se establecerá un nuevo tope de afectación de los salarios estatales. Actualmente, se puede absorber hasta el 50% del salario; a partir de ahora, ese tope bajara al 25. "El objetivo de esta medida – explicó- es preservar en una mayor proporción el recibo de sueldo del trabajador. El nuevo límite liberará una cantidad importante de recursos para disponibilidad del trabajador, y redundará positivamente en la actividad económica".

Asimismo, se ordena un reempadronamiento de las entidades financieras que están habilitadas para conceder estos préstamos mediante el sistema de códigos de descuento. Actualmente, son 35 las habilitadas; la mayoría son mutuales sindicales. Éstas deberán respetar en los préstamos futuros el nuevo tope citado, y son "invitadas" a generar nuevas líneas para que sus "clientes" puedan refinanciar las antiguas deudas. No estarán obligadas a hacerlo pero si no lo hacen, el Estado no las habilitará como operadores en el futuro.

"Las entidades adheridas deberán aggiornarse a estas nuevas pautas y límites - dijo Olivares-. Respecto de las deudas actuales, podrán conceder planes de menores tasas a través de otros operadores. Si no es así, será el propio gobierno quien asistirá al trabajador con un préstamo a tasa cero".

También el Estado pondrá líneas de financiamiento a tasas convenientes a través del Banco Santa Fe. "Serán líneas para todas las deudas que tengan los trabajadores a fin de que puedan consolidarlas con cuotas de hasta 60 meses y dos meses de gracia. Serán de acceso voluntario y a tasas mucho más bajas", comentó el ministro.

Los beneficios citados serán extensivos al sector pasivo.

Para el sector privado, la provincia invita a otras entidades financieras radicadas en Santa Fe, así como a empresas, empleadores, círculos y mutuales a concertar líneas de financiamiento que el gobierno promoverá. También para este caso se ofrecerá asistencia a través del NBSF a tasas promocionales.

El ministro de Economía presentó junto a Coudannes las medidas para aliviar el peso de los préstamos sobre los salarios.

En este ámbito, el universo de trabajadores endeudados en la provincia se estima entre 30.000 y 55.000 personas.

Finalmente, se instrumentarán herramientas desde el Banco Solidario para aquellos sectores de "ingresos más intermitentes", a través de microcréditos.

Según explicaron los funcionarios provinciales, el plan presentado apunta a morigerar la situación actual de los trabajadores pero también, a ordenar el sistema hacia adelante a fin de poder evitar nuevos ciclos de sobreendeudamiento de los agentes. Se anunció que, en paralelo, se avanzará con un programa de educación financiera que brinde herramientas básicas sobre el uso responsable de la deuda.

El gobierno de la provincia de Santa Fe se dispone a anunciar en las próximas horas una serie de medidas tendientes a aliviar la situación -en principio- de empleados del Estado santafesino, tanto activos y pasivos, sobre endeudados en entidades con Códigos de Descuentos y que perciben prácticamente la mitad del salario o del haber previsional.

La medida que deberá contar con el aval del agente financiero y de organizaciones mutualistas con Código de Descuento apunta a devolver parte del ingreso a los asalariados. Las normas actuales permiten que mediante los Códigos se le pueda retener hasta el 50% del salario. Ahora, el nuevo decreto reduciría al 25% la posibilidad de que agentes estatales y pasivos puedan ceder a la toma de financiamiento.

Hoy el Estado santafesino tiene acuerdos con 35 entidades que tienen la facilidad de descontar del propio sueldo del trabajador activo y pasivo la cuota mensual de un crédito o de ventas en cuotas.

El gobernador Maximiliano Pullaro instruyó a los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, a buscar una solución a una problemática que se agigantó con la suba de tasas de interés, y la caída de la inflación.

Esta situación tuvo eclosión cuando durante la protesta policial, el gobierno marcaba la cifra mínima de sueldos y los agentes mostraron que cobraban una suma sustancialmente menor, producto de los descuentos.

Ya el gobierno dispuso que los aumentos salariales pactados, en paritarias, en el inicio del año, no eran sujetos a los descuentos de los códigos y ahora trascendió que bajaría al 25% la capacidad máxima a descontar a los trabajadores.

En las últimas semanas hubo innumerables reuniones entre funcionarios buscando alternativas para llevar alivio a los trabajadores; hubo contactos con directivos del agente financiero y con los gremios estatales que tienen entidades mutuales que tienen Código de Descuento.

En el gobierno se estima que unos 12.000 estatales están sobre endeudados, algo así como el 10% de los estatales teniendo hasta cinco sueldos embargados. La situación se repite en unos 7.000 jubilados.

El decreto del gobierno dispondrá nuevas medidas hacia adelante, mientras que hacia atrás propondrá una refinanciación donde no se descarta la propia intervención estatal en caso de que los agentes financieros se niegan a realizar la adecuación de deudas.

En cuanto a los privados, la estimación oficial es que unos 50.000 santafesinos padecen un sobre endeudamiento financiero y para ello habrá líneas de refinanciación con el Banco de Santa Fe y con algunos bancos privados, aunque con otro mecanismo de trabajo donde no descartan sumar a las propias cámaras empresariales.

El objetivo central del decreto que se conocerá en la fecha es llevar algo de alivio a los trabajadores endeudados, con plazos más largos de plazo, alguna rebaja de tasas, y con el objetivo de que los propios trabajadores tramiten su quiebra personal ante la justicia con las consecuencias jurídicas que implica esa decisión.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, marcó que el primer cuatrimestre del año, los ingresos federales por coparticipación federal vienen a la baja en términos interanuales donde marzo fue el peor momento y en abril se observó un repunte que no llega a igualar al año pasado.

No obstante, el titular del equipo económico garantizó la continuidad del plan de infraestructura en marcha aunque marcó que no habrá nuevas licitaciones, excepto que haya financiamiento genuino para los trabajos.

Las definiciones de Olivares a El Litoral fueron tras informar a la Cámara de Diputados de Santa Fe sobre los alcances del convenio con Anses por el cual el organismo transferirá $10.000.000.000 mensuales, durante doce meses, a cuenta del déficit previsional. Los recursos ingresarán a Rentas Generales y significarán un alivio a ingresos federales que vienen a la baja.

En el primer trimestre, Santa Fe recibió $1.154.418 millones en concepto de coparticipación federal que si bien en términos nominales hubo un incremento respecto al año anterior (unos $138.339 millones más), al ajustar por inflación la coparticipación mostró una caída real cercana al 5,1% interanual.

El informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) así como otros centros de estudios señalan que esta disminución se debe principalmente a la baja en la recaudación de impuestos clave como IVA y el Impuesto a las Ganancias afectados ambos por la caída en el nivel de actividad económica y el consumo.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno Nacional

Estos informes marcan que a marzo de 2026, Santa Fe registró una pérdida de recursos reales cercana al 8% en el inicio del año si se computan también las transferencias no automáticas.

Olivares habla de trimestre primero para el olvido en términos de recaudación. "En el mes de abril hemos hemos tenido hasta ahora un registro que se asemeja posiblemente más al mes de febrero que a marzo, que fue el peor de todos. Seguimos con un incremento interanual en términos reales negativos. Es un desafío para llevar adelante el balance operativo".

Enseguida, aclaró que Santa Fe "la inversión la tiene asegurada o garantizada con la toma de financiamiento que hemos hecho, con las previsiones que hicimos y eso nos va a permitir llevar adelante todas las obras que tenemos en marcha". No obstante, marcó que "se ha tomado la decisión de no iniciar nuevas obras, sino cuando tengan un financiamiento nuevo, sea porque se consigue el financiamiento con toma externa o porque mejora el balance operativo".

Pablo Olivares. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Olivares marcó que "esta evolución de la recaudación nos pone en una atención muy importante de cómo equilibramos mes a mes recursos que tenemos para funcionar y los gastos operativos que tenemos que afrontar".

Según el ministro de Economía, el convenio con Anses se activa una vez que haya sido convalidado por la Legislatura, hecho que ocurrió el jueves. El Poder Ejecutivo promulgará la ley la semana próxima y el acuerdo estará activo desde mayo.

El ex ministro de Economía y hoy diputado provincial Walter Agosto estimó en 715 mil millones la detracción sufrida por Santa Fe de recursos federales no discrecionales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La fuente de la cifra presentada en el recinto de la Cámara de Diputados es la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Se trata de fondos que el gobierno nacional enviaba a las provincias por Fonid (para fortalecer sueldos docentes), programas de medicamentos, fondos para salud pública o bien para recursos hídricos.

El Tribunal de Cuentas de la provincia dictó una resolución e incluyó en el plan de auditorías para el presente año a los entes administradores portuarios que son cuatro: Santa Fe, Rosario, Reconquista y Villa Constitución.

La resolución número 85 del órgano de control tiene una extensa fundamentación y está firmada por el presidente, Oscar Biagioni y los cuatro vocales Marcelo Luis Terenzio, Sergio Orlando Beccari, María del Carmen Crescimanno y Adriana Molina.

La decisión se fundamenta en el ejercicio de la competencia prevista en la Ley Nº 12510, Ley de Administración de la provincia.

"Disponer la incorporación al Plan de Auditorías para el Ejercicio 2026, integrante del Plan de Acción Anual de Control Externo, aprobado por Resolución Nº 0502/25 TCP, de la auditoría legal, operativa, financiera y de gestión de los entes administradores portuarios indicados en el artículo precedente" marca el artículo 2 de la resolución.

Más adelante encomienda a la Dirección General de Auditorías la elaboración de la propuesta técnica correspondiente para la ejecución de las auditorías, con arreglo a las pautas del decreto y a las particularidades derivadas de la naturaleza jurídica, estructura patrimonial y régimen de funcionamiento de los entes alcanzados.

El expediente se inicia ante la solicitud de una sala acerca del temperamento a seguir en torno al control que puede caber sobre los entes portuarios creados bajo la forma jurídica de personas jurídicas públicas no estatales.

Se marcó que tales entes ejercen función pública, administran y explotan bienes del dominio público provincial y se encuentran dirigidos por autoridades designadas por el Poder Ejecutivo provincial y por los municipios del lugar en el que tienen asiento. La doctrina y la jurisprudencia los han conceptualizado como estructuras híbridas, que combinan elementos públicos y privados, y que el control estatal debe atender al ejercicio de la función pública y/o a la administración de fondos públicos, a fin de garantizar la legalidad en la gestión de los recursos comprometidos.

Por Mario Barletta, diputado nacional. 

Apenas 45 minutos demandó una reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe y diputados de todos los bloques políticos para analizar el convenio firmado por gobernador Maximiliano Pullaro con la ministra de la Nación, Sandra Pettovello, por el cual el gobierno central empezará a pagar, a cuenta, parte de la deuda de Anses con la provincia.

El convenio fue ratificado dos semanas atrás -por unanimidad- por el Senado y sería sancionado este jueves en la Cámara de Diputados. Una vez sancionado "se pondrá operativo en forma inmediata" señaló el ministro de Economía, Pablo Olivares al retirarse de Legislatura.

Olivares asistió a la reunión junto a la secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Julia Tonero; y la directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Alicia Berzero. El encuentro fue a puertas cerradas, vedado a la prensa, pero de corta duración.

La oposición, especialmente los únicos justicialistas presentes -Marcos Corach y Lucila De Ponti- y desde la izquierda Fabián Palo Oliver, pidieron precisiones sobre algunos pocos puntos, les fueron respondidos y se retiraron satisfechos aunque sin adelantar el voto para este jueves.

"Hubo inquietudes de distinto tipo, pero más que nada fueron para aclaraciones, para tener más información de detalle", marcó Olivares que ofició de vocero tras la reunión. Los funcionarios expusieron el alcance del convenio, con especial énfasis en cómo y porqué se llegó a la negociación. "Estamos frente a una cuestión de estado y lo que vimos es mucha madurez a la hora de de abordar este tema", marcó el ministro de Economía.

Precisó que "las dudas pasaron por los plazos procesales donde se aclaró que estamos ante un convenio donde la parte deudora acuerda comenzar a pagar mientras el juicio no se levanta, sino que simplemente es una suspensión de plazo".

También se pidieron precisiones sobre lo que significan los aportes que recibirá la provincia tras la aprobación del convenio. "Son aportes importantes en términos del déficit de la Caja, aportes que nunca se tuvieron en esos términos desde 2017", aclaró. "Las posiciones que quería defender Santa Fe están salvadas", reiteró.

Olivares se explayó ante la prensa y recordó que Anses comenzará a transferir a cuenta un monto. Marcó que el último aporte que Anses hizo fue de 149 millones de pesos. "Aquí estamos ante un acuerdo donde Anses comienza a pagar 10.000 millones de pesos a cuentas del déficit, donde simplemente hay una suspensión por plazo determinado de los términos procesales en el cual el organismo previsional se compromete a tres cosas: determinar los montos de la deuda de cada uno de los años; hacer una propuesta de pago y que la provincia la acepte. Si alguna condición no se cumple, continúa el juicio en la Corte".

En cuanto al significado de los 10.000 millones de pesos mensuales, representan el equivalente un 50% del déficit de la Caja de Jubilaciones.

Ante la consulta de El Litoral, el ministro subrayó que "es un requisito tener la la aprobación de Legislatura. El convenio será ejecutable a partir de su aprobación legislativa".

Sobre el déficit previsional, Olivares explicó que sale de los aportes mensuales que recibe la Caja y lo que tiene que pagar de pasividades. "El déficit se va a seguir manteniendo. Este aporte de Anses va a compensar parte de lo que el Tesoro Provincial tiene que realizar todos los meses para financiar ese déficit. El déficit de la caja no va a cambiar. Lo que sí es un recurso nacional que compensa al Estado Provincial por el aporte que hace todos los meses", precisó.

El gobierno explicó una vez más que los fondos que enviará Anses irán al Tesoro provincial que es el que mes a mes aporta para cubrir el déficit previsional. "Esto es un acto de justicia con los 3.700.000 contribuyentes de la provincia de Santa Fe, que con sus recursos financian los gastos, entre ellos el déficit previsional. Es un recupero que queda liberado para poder aplicar a todos los demás funciones del Estado, fundamentalmente de inversión en obra pública, en equipamiento, pero también en otras necesidades como seguridad, salud y educación", destacó el ministro.

En septiembre expirará el plazo de la emergencia previsional y el Poder Ejecutivo no utilizará la facultad de prórroga que la propia ley le habilita. Olivares, en rueda de prensa, explicó el significado que tuvo y está teniendo esa norma excepcional.

Ministro: Bueno, en la dinámica previsional se viene a observando que más que no solamente se viene ayudando de no haber sido por esa reforma que fue tomar un tema tiempo, hoy estaríamos ante un sistema previsional eh donde inclusive estaría siendo difícil de sostener. Con lo cual lo que esto no nos ratifica es que eh hoy el porcentaje del déficit sobre el total de pasividad es un 14%, es decir, el déficit de la mensual de la caja de jubilaciones representa un 14% de las pasibilidades, llegó a estar en el orden del 30%. Con lo cual lo que nos muestra es que la incidencia de esta reforma realizada nos permitió eh que no se dispare una situación del déficit que hoy posiblemente sería muy difícil abordar

Periodista: ¿Y en septiembre, cuánto va a ser este 14%? Porque en septiembre se cae la emergencia y caen algunos conceptos especiales que hacen…

Ministro: Bueno, allí posiblemente eh de cuando termine ese aporte solidario, también hay que ver cómo es el desempeño de de la evolución de los aportes, porque también tiene que hacer impacto los incrementos salariales en los activos, que eso impacta en los recursos de la caja, pero también en los gastos, con lo cual hay que ver cuál es el la incidencia final, pero entendemos que cuando se dejen de aplicar estos este aporte solidario, eh creo que se va a compensar parcialmente por el efecto de los otros cuestiones eh actuariales o los otras reformas de la caja que se han aplicado

Para ser más concreto, la reforma previsional tuvo modificaciones que tuvieron un impacto inmediato, otros que van teniendo impactos mediatos, es decir, que lo van haciendo a lo largo de los años. Entendemos que cuando deje de aplicarse este descuento del aporte solidario, si bien por un lado va a cesar el impacto de uno de los instrumentos que tienen impacto inmediato, eso va a ser compensado con la incidencia de otros eh otra de las reformas que tiene el impacto más mediato que tienen que ver en la manera en como, por ejemplo, las los cambios que se han hecho a la hora de la el otorgamiento de pensiones y otros efectos que todavía no han tenido incidencia, pero que lo van a ir haciendo mucho más lentamente a lo largo del tiempo

Con la presencia de tres importantes funcionarios del Poder Ejecutivo, el oficialismo de Unidos en la Cámara de Diputados pretende acelerar la sanción de la ley que convalide el acuerdo firmado por la provincia de Santa Fe con Anses para el pago a cuenta de la deuda previsional de la Nación.

El Senado ya votó, por unanimidad y sobre tablas, el aval al convenio marco y las autoridades del oficialismo en Diputados pretenden votar el mensaje del Poder Ejecutivo este jueves, también sobre tablas y algo mucho más dudoso, por unanimidad.

Para ello la estrategia de Unidos es que este miércoles, tres funcionarios se sienten con todos los legisladores interesados en conocer detalles de la negociación y las implicancias a futuro. El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero; y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso ya comprometieron su presencia en la Cámara.

Diputados justicialistas ingresaron el mismo día que el mensaje del Ejecutivo aterrizó en la Cámara Baja, un pedido de presencia de funcionarios en la Cámara. El encabezamiento del PJ pide la invitación al ministro de Economía, Pablo Olivares, "y a los funcionarios que designe el gobernador Pullaro" para detallar varios puntos que tiene el pedido. Son ocho los puntos centrales.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

Para el oficialismo es central la presencia de Bastia quien tiene en sus manos la relación política con la Legislatura. Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro firmaba el 7 de abril el acuerdo con la ministra Sandra Pettovello, el ministro de Gobierno empezó a hablar con los senadores de todo el arco político sobre el acuerdo, les envió el texto y habló de la importancia de la rápida ratificación. El aval llegó 48 horas después.

Boasso, en tanto, asistió a la firma pero además formó parte de la negociación con ANSES. Tonero, en cambio, es la cabeza jurídica del Ejecutivo, encargada de cuidar la firma del gobernador y los ministros en todo texto.

El objetivo central es disipar dudas que puedan tener en la oposición sobre el convenio para poder convalidarlo al día siguiente y tornarlo operativo desde mayo que es cuando comenzarían los desembolsos de fondos de Nación.

Para llegar al recinto el jueves, el oficialismo necesita dos tercios de los votos, algo no imposible de lograrlo. La otra posibilidad es votar una preferencia y convocar a sesión en la última semana de abril.

En el justicialismo, las dudas expresadas en pedido de presencia de funcionarios es por los efectos jurídicos del convenio en el marco de los planteos que la provincia llevó ante la Corte Suprema de Justicia por el reclamo de la deuda. El planteo se originó en la gestión de Omar Perotti y fue continuada por la administración actual.

Pullaro y Pettovello al momento de la firma del convenio.

El convenio estableció un desembolso de $120.000 millones para el ejercicio 2026. Este monto se pagará en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones cada una, pagos que empezarán en mayo si el acuerdo está convalido.

Los fondos de ANSES se envían en concepto de "anticipo de capital" o pago a cuenta, mientras se determina el resultado definitivo del déficit previsional.

El flujo de fondos está sujeto a la realización de auditorías y tareas de fiscalización por parte de ANSES sobre la Caja provincial para validar los números del déficit. También se acordó colaborar en la simulación de armonización de los ejercicios 2022-2025.

Como parte del pacto, la provincia se comprometió a suspender los trámites judiciales iniciados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por reclamos vinculados a estas deudas previsionales mientras el convenio esté vigente.

Para el justicialismo, hay algunos puntos centrales a saber: monto estimado por los organismos técnicos competentes de la deuda previsional reclamada por la Provincia de Santa Fe al Estado Nacional, los períodos que comprende y cuál es el porcentaje o monto que representaría el anticipo de $120.000 millones respecto del total reclamado.

También el estado actual de las acciones judiciales iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluyendo si existen plazos procesales en curso, medidas cautelares o resoluciones pendiente y alcance jurídico de la suspensión de plazos procesales, y si dicha suspensión implica compromiso de desistimiento o transacción futura por parte de la provincia.

El análisis de la actual coyuntura económica y cómo impacta la situación macro en las cuentas públicas de Santa Fe constituyó uno de los ejes centrales de la reunión de gabinete que presidió el gobernador Maximiliano Pullaro este lunes en Rosario.

Durante el encuentro, una exposición del ministro de Economía, Pablo Olivares, con una descripción del escenario actual concitó casi de manera exclusiva la atención de los funcionarios presentes. Según detalló, como consecuencia de la caída sistemática de la recaudación desde hace meses, la provincia perdió alrededor de 1,2 millones de dólares en los últimos dos años.

La caída de los recursos tanto federales como propios se contrapone y confronta con el gasto estimado. La diferencia (negativa) entre recaudación versus estimación obligó a echar mano a recursos propios atesorados por la provincia en concepto de "ahorros". Se "sacrificaron" tales reservas pero ello permitió "salvar" la situación y mantener el equilibrio.

Si embargo, el incremento significativo que se ha registrado en la ejecución de Gastos de Capital más la mencionada caída sostenida de la recaudación dificultan cada vez más la posibilidad de que la provincia siga generando esos ahorros.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, junto al gobernador Pullaro.

Poniendo en cifras lo dicho, mientras que la inflación acumulada en el último año (2025) fue del 33%, los recursos crecieron un 27% en tanto que los Gastos Corrientes tuvieron un incremento del 46%, es decir, muy por encima del los recursos.

Dicho guarismo incluye lo emanado de las negociaciones paritarias. Y más significativo aún es el aumento de Gastos de Capital; crecieron un 121% en el mismo período. Ello se fundamenta básicamente en el desarrollo del plan de obra pública que es sustentado íntegramente con recursos de la provincia ante la retracción de la Nación.

En consecuencia, la brecha generada entre recursos y gastos por dicho concepto (obra pública) redunda en una balanza negativa del orden de los 32 mil millones de pesos mensuales. Se estima que la provincia tiene obras públicas en marcha por un monto equivalente al billón de pesos.

Atento al cuadro de situación trazado, el propio mandatario requirió a todos sus colaboradores extremar la responsabilidad y prudencia a la hora de utilizar los recursos públicos.

Sede Rosario de la Casa de Gobierno.

Durante el encuentro, también Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social de la provincia, informó los pormenores del acuerdo firmado por la provincia con Ansess para financiar parte del déficit previsional local.

La rúbrica fue la semana pasada y estuvo a cargo de Pullaro y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El entendimiento restablece la transferencia mensual de fondos, interrumpida en 2024 a partir de una disposición del decreto 280 firmado por el presidente Javier Milei.

El pago se realizará en concepto de anticipo de capital correspondiente, sujeto a la auditoría del ejercicio 2026. Para los ejercicios 2020-2025, el monto final será el que surja de procesos de simulación y auditoría conjunta entre Nación y provincia. Tras la firma, la provincia se garantiza el ingreso de 120 mil millones de pesos durante el ejercicio 2026.

Al cumplirse un año de la implementación del régimen de devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos, entre abril de 2025 y marzo de 2026 se tramitaron casi 2.000 solicitudes que derivaron en reintegros por un total de $ 5.320 millones a contribuyentes santafesinos. La iniciativa forma parte del conjunto de políticas que impulsa el Gobierno de Santa Fe para aliviar la presión tributaria sobre el sector productivo.

Entre las medidas complementarias se destacan los créditos fiscales y la posibilidad de deducir del impuesto los sueldos de nuevos empleados y el costo de la energía eléctrica, entre otros beneficios previstos en la normativa vigente.

En respuesta al pedido del gobernador Maximiliano Pullaro de avanzar en un esquema de alivio fiscal, a comienzos de 2025 se puso en marcha el sistema de devolución de saldos a favor (SAF) del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Durante el primer año de aplicación, la Administración Provincial de Impuestos (API) devolvió exactamente $ 5.320.232.996 correspondientes a saldos a favor, a partir de 1.928 solicitudes gestionadas de manera online a través del sitio oficial del organismo.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó: “La devolución de los SAF directamente al CBU del contribuyente fue una de las primeras medidas innovadoras que implementamos, y se fue complementando con otros beneficios impositivos en el marco de la agenda de reducción de impuestos que impulsa el Gobierno santafesino”.

El funcionario subrayó, además, el proceso de digitalización de la API, que permitió que el trámite se realice de manera íntegramente online, simplificando tiempos y requisitos administrativos.

En paralelo, la Provincia avanzó en un esquema inédito a nivel nacional: la devolución de saldos a favor de carácter interjurisdiccional.

En este marco, la API de Santa Fe y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementaron el Procedimiento de Imputación Recíproca Interjurisdiccional (PIRI), mediante la firma de un convenio bilateral.

El mecanismo permite que contribuyentes radicados en la Ciudad de Buenos Aires soliciten la devolución de saldos a favor en Santa Fe, mientras que los contribuyentes santafesinos con créditos en CABA pueden gestionar el reintegro a través del sitio web de AGIP.

Durante el primer mes de implementación del PIRI se compensaron $ 170 millones entre ambas jurisdicciones, en respuesta a 61 solicitudes.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, señaló: “Fuimos dando respuesta a reclamos históricos de manera innovadora. Este camino nos permite consolidar una medida inédita en el país y marcar un rumbo para el trabajo conjunto con otras jurisdicciones”.

El acuerdo -el primero de estas características en Argentina- habilita a los contribuyentes a solicitar mensualmente la devolución de hasta $ 10 millones por saldos a favor de Ingresos Brutos y fija un tope de compensación mensual de $ 100 millones entre ambas jurisdicciones.

(Por Mariela Goy) - Mediante el Decreto Nº 0672, firmado el 8 de abril por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a los ministros José Goity (Educación) y Pablo Olivares (Economía), el Gobierno de Santa Fe resolvió prorrogar por un año el Plan Incentivo a la Asistencia, más conocido como premio a la Asistencia Perfecta.

La medida tiene vigencia desde el 1 de marzo de 2026 y alcanza al personal docente de gestión pública y privada, así como a asistentes escolares, en línea con los decretos que le dieron origen en 2024 y sus sucesivas modificaciones.

Desde el Ejecutivo provincial justificaron la continuidad en los resultados obtenidos: “El resultado de la medida dispuesta oportunamente ha sido beneficioso para el sistema educativo y por ello resulta relevante prolongar su vigencia”, se señala en los considerandos del decreto.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity. Crédito: Gobierno de la provincia

El decreto establece además que el financiamiento se sostendrá mediante readecuaciones presupuestarias internas, garantizando así la continuidad del plan sin afectar otras partidas. De este modo, el Plan Incentivo a la Asistencia seguirá vigente al menos hasta marzo de 2027.

El esquema establece un incentivo económico mensual y otro trimestral destinado a docentes y asistentes escolares que cumplen con la asistencia al aula. Se trata de una política destinada a reducir el ausentismo docente y a reconocer la continuidad pedagógica en las aulas.

Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Foto: Fernando Nicola

En su diseño original, el Gobierno provincial la presentó también como una herramienta de ordenamiento del gasto. “El Estado debe garantizar la igualdad de acceso a una educación de calidad impulsando acciones que eviten cualquier tipo de restricción al derecho a aprender”, fundamenta el decreto que creó el programa en 2024.

En paralelo a la prórroga, el Gobierno provincial concretó recientemente un nuevo desembolso del programa. El pasado 26 de marzo se abonó el incentivo correspondiente a febrero a 74.978 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de toda la provincia.

La inversión total ascendió a $7.248.542.636, con montos actualizados en relación a lo percibido durante 2025. “El programa Asistencia Perfecta es una política del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que reconoce el trabajo y el esfuerzo del docente en el aula, que permite la continuidad de los aprendizajes de los chicos y las chicas y al mismo tiempo hace que el sistema educativo sea más justo y eficiente”, sostuvo el ministro Goity.

En los dos primeros dos meses de vigencia de los beneficios de la Ley Tributaria que impulsó el Gobierno de Santa Fe, 788 empresas -365 en enero y 660 en febrero- dedujeron del pago de Ingresos Brutos un total de 3.193 salarios correspondientes a nuevos empleados incorporados durante 2026. La medida, orientada a incentivar la creación de empleo, ya generó un ahorro superior a los $ 2.150 millones en el primer bimestre del año.

Solo en febrero, el ahorro alcanzó los $ 1.384.761.534. En ese período, el beneficio fue utilizado por 245 comercios, 86 industrias manufactureras, 80 empresas de la construcción y 53 firmas del sector de alojamiento y gastronomía, entre otras actividades.

Los datos fueron presentados este miércoles por los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares, junto con el secretario de Empleo y Desarrollo Emprendedor, Hernán Franco, durante una conferencia en la Sede de Gobierno en Rosario.

Olivares destacó que la política forma parte de los ejes centrales de la estrategia económica provincial: “Buscamos mostrar cómo estos instrumentos ya se traducen en una baja concreta de impuestos para miles de empresas santafesinas”. En esa línea, subrayó que el esquema apunta a “generar un incentivo adicional para la creación de empleo” y que su impacto comienza a observarse en distintos sectores y en todo el territorio provincial.

Por su parte, Puccini valoró el alcance de las medidas incluidas en la Ley Tributaria 2026 y afirmó que “los resultados están a la vista”. El ministro remarcó que el objetivo es ampliar el uso de las herramientas disponibles: “Queremos que no haya comercio, pyme o industria que no esté aprovechando estos beneficios”.

Según explicó, si la totalidad de las empresas accediera a los incentivos, la Provincia resignaría unos $ 80.000 millones en recaudación, recursos que -dijo- “quedarían en un circuito virtuoso dentro de la economía”. En ese sentido, sostuvo que, en un contexto macroeconómico adverso, “las políticas anticíclicas funcionan como un escudo para el sector productivo y como motor cuando hay inversión o crecimiento”.

Franco, en tanto, señaló que la respuesta del sector privado ha sido positiva. “Las empresas, los estudios contables y los comercios valoran tanto el impacto económico como la simplicidad del trámite”, indicó, y consideró que los resultados “confirman el rumbo hacia un Estado más ágil y con menor carga impositiva”.

Entre los beneficios vigentes, también se incluye la posibilidad de descontar del pago de Ingresos Brutos el gasto en energía eléctrica. En dos meses, 319 industrias y 2.644 comercios accedieron a esta herramienta.

Solo en febrero, 258 industrias y 2.440 comercios solicitaron el beneficio, lo que representó un ahorro conjunto superior a $1.010 millones. En el acumulado del bimestre, el monto supera los $1.576 millones.

Los pequeños contribuyentes también registran una alta adhesión. En dos meses, 1.245 comercios accedieron a la reducción de alícuota de Ingresos Brutos al 2,5%, con un ahorro total de $124.213.581.

En total, cerca de 5.000 empresas utilizaron al menos uno de los tres beneficios centrales de la Ley Tributaria en sus primeros dos meses de implementación. Solo en febrero, 2.948 firmas accedieron a alguna de las herramientas disponibles y 583 combinaron dos de los incentivos.

Los primeros resultados muestran un alto nivel de adopción y refuerzan la apuesta oficial por una política fiscal orientada a reducir la carga impositiva y estimular la actividad económica.

El Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina presentó un informe en el que plantea que, para mejorar la competitividad y dinamizar el mercado laboral, es preferible una estrategia de "gradualismo tributario" para avanzar de manera más decidida en una reforma estructural del sistema impositivo.

El Centro de Estudios que dirige Jorge Colina propone la eliminación de "malos impuestos" o impuestos distorsivos. El informe señala específicamente la necesidad de suprimir el impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas a las ventas municipales, algo que gobernadores e intendentes no concederán sin una compensación a lo que consideran imprescindible para “seguir funcionando”.

El ministro Olivares, defensor de los recursos provinciales.

Pero en línea con la mayoría de los economistas y el equipo económico nacional, pero sobre todo con los empresarios, Idesa sostiene que estos tributos son considerados obstáculos que conspiran contra la competitividad de las empresas y su capacidad para generar empleo.

El ministro de Economía ha sido bastante claro en que el Gobierno no busca (al menos en el corto plazo) una "ley ómnibus" única de reforma tributaria integral, sino más bien un camino de desmantelamiento gradual de lo que él llama "el infierno impositivo".

Para Idesa, el fortalecimiento de "buenos impuestos" compensará la eliminación de los impuestos distorsivos sin comprometer el equilibrio fiscal. Propone potenciar la recaudación a través del IVA y el Impuesto a las Ganancias.

Se trata de un cambio de enfoque en la presión impositiva: el documento sostiene que el problema principal no es solo la magnitud de la carga tributaria, sino el peso predominante de los impuestos distorsivos dentro de esa estructura.

El “entorno regulatorio y tributario hostil” es parte incluso del problema de crecimiento de la economía con baja del empleo. Idesa destaca que subsiste una infraestructura deficiente que conspira contra la competitividad de las empresas, dificultando que estas sostengan o expandan sus plantillas de trabajadores.

Señala en esa escena el aumento del 4,8% en el PBI durante los últimos dos años, traccionado principalmente por el agro, la energía, la minería y la intermediación financiera, sectores que se caracterizan por generar mucho valor agregado pero demandar poca mano de obra y estar localizados lejos de los grandes centros urbanos.

Por el contrario, las actividades que más empleo urbano generan, como la construcción, la industria, el comercio y los servicios, siguen en un estado de aletargamiento. Repasa la caída en el empleo asalariado privado (casi 190 mil puestos menos en dos años) con empresas en un nuevo contexto de mayor estabilidad e integración al mundo, tras años de operar en una economía cerrada e inflacionaria.

Destrucción de empleo, un dato significativo en el "crecimiento económico" argentino.

Expone también el deterioro de la calidad del empleo. Ante las trabas para generar trabajo formal, el único componente dinámico del mercado laboral ha sido el cuentapropismo informal (trabajadores no registrados), lo que refleja que la gente busca alternativas de subsistencia fuera del sistema formal ante la falta de vacantes en empresas.

Los sectores que tienen una ponderación muy importante desde el punto de vista del empleo urbano son la construcción, la industria, el comercio y los servicios.

La industria manufacturera perdió aproximadamente 73.000 empleos registrados en dos años. Su participación en el PBI cayó del 16,5% al 13,7%, niveles mínimos históricos.

El trabajo en el comercio logró sostenerse mejor gracias a la mayor flexibilidad para ajustar márgenes y a que es el sector con mayor cantidad de empleo privado (representa el 20% del total).

La construcción es el sector más golpeado; fue el "epicentro" de la pérdida de empleo debido a la paralización casi total de la obra pública y el encarecimiento de insumos. Se estima una caída entre el 14% y el 16% de su plantilla total de trabajadores registrados (entre 60.000 y 75.000 puestos directos de trabajo formal).

La construcción pública en Santa Fe, un dato decisivo en la menor desocupación.

Para Idesa, un cambio profundo en el esquema tributario es fundamental para mejorar el empleo urbano, ya que permitiría dinamizar empresas en sectores que más mano de obra demandan en las ciudades.

Cabe recordar que mientras la desocupación nacional fue del 7,5% al cuarto trimestre del 2025 (últimos datos disponibles del Indec), el registro alcanzó 9,5% en los distritos del Gran Buenos Aires; 8,8% en el Gran Córdoba; 6,5% en el Gran Rosario y 4,8% en el Gran Santa Fe. En estos casos el dato refleja que la obra pública provincial fue sostenida por el gobierno santafesino.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, acompañó a la conducción de API a la reunión con profesionales de Ciencias Económicas para presentar la nueva Normativa Unificada de Santa Fe, compendio donde se busca simplificar y ordenar el sistema tributario provincial.

El objetivo principal es terminar con la dispersión de normas. Hasta la semana pasada, para conocer el tratamiento de un impuesto o trámite, los profesionales y contribuyentes debían rastrear decenas de resoluciones generales, anexos y disposiciones acumuladas durante años.

Con esta medida, la provincia creó un texto ordenado o sistema único que centraliza todas las reglas reglamentarias e interpretativas vigentes.

Con fecha 17 de marzo, API dictó la resolución 0036 del corriente año que aprueba la Normativa Unificada o Sistema único de normas reglamentarias e interpretativas de la legislación tributaria provincial y sustituye todas las resoluciones vigentes a esa fecha. El instrumento además deroga una serie de normas que se fueron dictando desde 1998 a febrero último.

En la semana, la Cámara Primera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas recibió a autoridades del Consejo, la Caja y el Colegio de Graduados de ambas Cámaras, al ministro Olivares y autoridades de API, “en una jornada de alto valor técnico e institucional”, se dijo desde la entidad.

Allí se remarcó que la Normativa “marca un avance significativo hacia un sistema tributario más ordenado, accesible y moderno”.

Desde Economía se indicó a los profesionales que el esquema propone consolidar en una sola norma toda la información vigente, promoviendo mayor transparencia, simplificación administrativa y una mejora sustancial en la relación fisco y el contribuyente.

Olivares explicó que no solo trabajan en reducir la carga tributaria directa como algunas medidas incluidas en la última norma fiscal sino “sabemos, todos lo tenemos por sentido común o que lo percibimos, que muchas veces el contribuyente tiene que asumir otro sacrificio económico que va más allá del impuesto por la incertidumbre que genera, por las dudas que hace, las decisiones que no quiere tomar”.

Para el ministro, había una deuda del fisco para con el contribuyente. Admite que en otras gestiones hubo intentos pero que por uno u otro motivo se fue postergando. “Tomamos la decisión de destinar un grupo de profesionales para que trabajen el tema y evitar la dispersión de normas” explicó.

El trabajo se estructura en cinco libros fundamentales, para una localización ágil de las normas. Así el Primero establece las disposiciones generales, certificaciones, comunicaciones digitales y medios de pago electrónicos autorizados.

El Segundo reglamenta los procedimientos específicos, incluyendo el régimen de Consulta Vinculante, la Constancia de Cumplimiento Fiscal, la calificación de Conductas de Riesgo Fiscal y los diversos Planes de Facilidades de Pago.

El Libro Tercero detalla los trámites específicos por cada tributo, tales como el Impuesto Inmobiliario, Impuesto sobre los Ingresos Brutos (incluyendo el Régimen Simplificado y exenciones), Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios, Patente Única sobre Vehículos, Embarcaciones Deportivas. Como así también referencias a reglamentaciones de varios de los beneficios vigentes para los contribuyentes y responsables.

El Cuarto concentra los regímenes generales y especiales de recaudación y control, regulando la actividad de los Agentes de Retención y Percepción, el PARP, sistema SIRCREB, Servicios Digitales, retenciones para el Instituto Becario, entre otras. En el Quinto detalla disposiciones transitorias y derogaciones.

Olivares anticipó que cada norma novedosa será incluida en el compendio en forma muy similar a lo que utiliza el Banco Central para sus circulares.

(Por Gonzalo Zentner) - A menos de 180 días del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la provincia de Santa Fe intensifica sus preparativos para albergar este evento deportivo de gran envergadura. Las obras y reformas se despliegan en las tres ciudades que serán sedes de las disciplinas: Santa Fe, Rosario y Rafaela.

En este contexto, el Gobierno Provincial ha aprobado la renovación integral del Museo del Deporte Santafesino. El objetivo es actualizar sus muestras itinerantes y adaptarlas a la cita continental, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre y contará con la participación de 15 naciones.

Según detalla el decreto 0353/2026, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Cultura, Susana Rueda, el museo, ubicado en el sur de Rosario, será objeto de importantes renovaciones en sus diversas áreas temáticas. Para estos trabajos, el documento indica que se adjudicó la tarea a la empresa Museos Deportivos SA, la misma firma que se encargó de montar el espacio cultural en 2019. Desde aquel año, el deporte argentino, y particularmente el provincial, ha cosechado logros significativos, destacando, por ejemplo, los títulos obtenidos por la Selección de Fútbol con Lionel Messi y Ángel Di María como figuras.

El espacio deportivo cultural se encuentra en el sur de Rosario.

Los considerandos del decreto explican que «en la actualidad, las razones que motivaron dicha decisión se potencian para la actualización y renovación de su contenido, ya que la empresa ha incrementado su experiencia con el desarrollo de nuevos proyectos, la gestión y la administración de museos». Además, se agrega que la empresa «cuenta con los antecedentes de diseño del proyecto original, facilitando mantener la unidad conceptual e integralidad de todo el espacio museológico».

En total, el Gobierno Santafesino invertirá $ 1.001.859.500 para el diseño, provisión y puesta en marcha de las renovaciones de distintas áreas temáticas del museo. El decreto especifica la metodología de pagos para la contratista y aclara que la firma del contrato recaerá en el Ministerio de Cultura.

Fundado en 2019, el Museo del Deporte Santafesino tiene como misión preservar la memoria deportiva de la provincia y poner en valor sus grandes hitos. Ubicado en el Parque Público Héroes de Malvinas, al sur de Rosario, el espacio se extiende sobre un amplio predio y funciona como un punto de encuentro cultural para homenajear a los atletas que marcaron generaciones.

El museo posee una marcada impronta educativa. Su propuesta busca ampliar el conocimiento de los visitantes y promover el debate sobre el deporte como una herramienta fundamental en la formación de valores. A través de diversos recursos expositivos, invita a la reflexión sobre la importancia de la disciplina, el esfuerzo y la solidaridad en la construcción de la identidad deportiva.

Atractivos para grandes y chicos en el interior del museo.

El edificio, con una arquitectura singular, impacta desde el exterior. Se trata de un volumen suspendido contenido en una estructura metálica cúbica de 39 metros de lado, sostenida por cuatro pilones de hormigón. Además, hacia el parque se despliega una gran pantalla LED de alta definición que permite proyectar contenidos audiovisuales y enriquecer la experiencia del público. La colección recorre la trayectoria de grandes figuras del deporte santafesino y está organizada por áreas temáticas. En sus salas se destacan disciplinas como fútbol, atletismo, vóley, tenis, boxeo, básquet, hockey, rugby y automovilismo, junto a historias de atletas de la talla de Lionel Messi, Luciana Aymar o Carlos Monzón, entre muchos otros protagonistas.

Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollarán en la provincia de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026. Las competencias se distribuirán en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, una organización compartida poco habitual para este tipo de eventos deportivos, ya que tradicionalmente se designa una única ciudad anfitriona.

La elección de Santa Fe como sede se concretó el 25 de marzo de 2023, durante la Asamblea General de la Organización Deportiva Suramericana celebrada en Buenos Aires. En esa instancia, los 15 países miembros votaron por unanimidad para que la provincia reciba la decimotercera edición del certamen multideportivo.

Se prevé la participación de más de 7.000 atletas provenientes de quince países de la región, incluyendo a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. El evento reunirá a delegaciones de toda Sudamérica y se consolidará como una de las grandes citas deportivas del calendario continental en el ciclo previo a los próximos Juegos Panamericanos.

El programa incluirá más de 50 disciplinas, entre ellas atletismo, fútbol, básquet, hockey, boxeo, remo, triatlón, squash y pádel. Varias de estas competencias otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de 2027, lo que incrementa significativamente la relevancia deportiva de esta importante cita regional.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, admitió que "por segundo mes consecutivo este año, la recaudación ha caído en términos reales por debajo de la inflación". Según explicó el funcionario en diálogo con la prensa, "cuando se mide febrero de 2026 contra febrero de 2025, el porcentaje de aumento ha estado por debajo de la inflación. Y cuando se mide el acumulado del bimestre, pasa lo mismo. Esto significa – explicó- que los recursos con los que cuenta el Estado están cayendo con respecto a la inflación".

Ministerio de Economía, Pablo Olivares.

Aún así, aseguró que se están respetando los compromisos asumidos desde el estado tanto en materia de inversión pública como de compromisos salariales. "Ratificamos el compromiso que tenemos desde el propio estado principalmente para sostener la inversión y fundamentalmente para reforzar la atención de los que más necesitan. Y aquí – explicó- estamos incluyendo a los que demandan un servicio como el de salud, a los que demandan el servicio como educación, a los que demandan contenciones sobre todo de servicio alimentario".

En el mismo contexto, Olivares mencionó la política salarial que el gobierno termina de resolver en el ámbito de las negociaciones paritarias con los gremios estatales y docentes. "Hemos otorgado aumentos que, incluso, están por encima de la inflación, hasta con recursos propios que están cayendo por debajo de esos registros", sostuvo.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, junto al gobernador Pullaro.

Sobre el particular y consultado sobre el cierre de la discusión salarial, ratificó que la propuesta de mejora será liquidada a todos los sectores tal cual fue formulada, y a pesar del rechazo de algunos gremios, como los del sector docente. "Hay sectores con los cuales ha habido un acuerdo paritario, y sobre esa base es que se liquidará el aumento por planilla complementaria a partir del próximo 16 de marzo", recordó. "Tenemos – sostuvo-, en este sentido, una conducta que queremos seguir respetando y que implica que, más allá de que no haya habido acuerdo con todos, se pagará el incremento de igual modo a la totalidad de los trabajadores. Corresponde que se liquide el aumento y se ponga a disposición de los trabajadores", insistió.

Respecto de las paritarias, dijo que continúan abiertas "durante todo el año". "Es un espacio de reunión permanente que no solamente discute temas salariales. La paritaria continúa siendo un mecanismo abierto, pero eso no quita que el Estado no liquide el incremento que propuso a los trabajadores. Y para poder instrumentarlo, tiene que ser a través de un acto administrativo que ordene pagar. Ese acto administrativo es un decreto que tiene que firmar el gobernador",

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto con la vicegobernadora de la provincia de Córdoba, Miryan Prunotto, encabezó este jueves el acto de apertura de sobres de la licitación de la obra que comprende los bloques B y C de la Fase 1 del Acueducto Biprovincial, tareas que cuentan con un presupuesto oficial de 165.700 millones de pesos (con base en enero 2025).

Los trabajos a realizar incluyen la instalación de más de 38 kilómetros de cañería troncal y 80 kilómetros de ramales, además de la Estación de Bombeo N° 2. También comprende nuevos centros de distribución que permitirán llevar agua apta para el consumo a las localidades de Arocena, Gessler, Larrechea, San Fabián, Barrancas, Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, Campo Piaggio y López.

Durante el acto, realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, Pullaro admitió que “para las dos provincias esto tiene que ver con la planificación de políticas de Estado que se llevan adelante a lo largo del tiempo, y que realmente transforman la vida de la gente”.

En ese sentido, Pullaro destacó que “en un momento muy complejo de la Argentina, donde caen la coparticipación y la recaudación, nuestras provincias se comprometen a trabajar en una obra pública trascendente, con un impacto social y productivo, apostando al desarrollo, a la igualdad y a la generación de empleo privado. Eso también nos distingue en el plano nacional. Si el interior productivo trabaja junto, le vamos a dar a la República Argentina una oportunidad para que pueda salir adelante".

Las ofertas técnicas que se presentaron son: la Unión Transitoria (UT) de Coarco SA y Tecma SA; la UT de Rovella Carranza SA y JCR SA; José Cartellone Construcciones Civiles SA; la UT Benito Roggio e Hijos SA, José J. Chediack Saica y Obring SA; CPC SA; Supercemento SA; la UT Ravenna SPA Sucursal Argentina y Lemiro Pablo Petroboni SA y Tecsa SA; C&E Construcciones SA; la UT Riva Saiicfa y BWT Construcción y Servicios SA; y la UT Panedile Argentina Saifc y Bassa SA. Una vez evaluadas, se conocerán las ofertas económicas.

Prunotto valoró la cantidad de ofertas presentadas y sostuvo que “hoy, que tanto se habla de libertad, no hay libertad si no hay igualdad. La igualdad no se da si no hay infraestructura y si no llega a cada uno de nuestros vecinos”.

Finalmente, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, reconoció que “estamos ante una acción que tiene una trascendencia en tres dimensiones: primero por la escala de la infraestructura de la que estamos hablando; segundo, por el impacto que va a tener; y tercero, por la calidad institucional”.

Los fondos para la ejecución del Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba provienen principalmente de financiamiento internacional otorgado por organismos árabes, con garantías del Gobierno nacional, y el compromiso conjunto de ambas provincias. Los principales prestamistas son el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe y el Fondo Saudí para el Desarrollo.

En cuanto a los aspectos técnicos de la obra, desde la Unidad Especial Biprovincial (UEB) precisaron que el Bloque B incluye la finalización de ramales hacia Barrancas y Gessler, con 20,4 km de línea principal. Por su parte, el Bloque C es una intervención de gran envergadura que contempla la Estación de Bombeo N° 2, con una cisterna de 9.500 metros cúbicos, y cuatro bombas verticales de alta capacidad para garantizar el caudal necesario en el tramo troncal y los ramales secundarios.

A través del Bloque B, se van a realizar trabajos para abastecer a Arocena, Gessler, Larrechea, San Fabián y Barrancas. Con el Bloque C, las obras permitirán llevar el servicio a las localidades de Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, Campo Piaggio y López.

Del acto participaron también los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la diputada provincial Clara García; la secretaria de la Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone; el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de la provincia de Córdoba, Fabián Massei; la directora provincial de Acueductos, Paula Nardín; los vocales titulares de la Unidad Ejecutiva Biprovincial, Gonzalo Saglione por Santa Fe, y Federico Banchio por Córdoba; y demás autoridades.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, abrió un canal de diálogo con los agentes policiales e instó a los que habían sido puestos en disponibilidad a que “tomen su arma y vuelvan”. Se investigará si hubo “infiltrados”, pero para el grueso de la fuerza “damos vuelta la página”.

El funcionario defendió una política salarial diferenciada, que contemple especialmente la naturaleza y condiciones del servicio de seguridad, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, anticipó que ningún agente va a ganar “menos que la canasta básica”. Precisamente el monto de ese indicador se iba a conocer este miércoles por la tarde.

Conferencia de prensa

"Quiero instar a los policías que hubieran sido objeto de medidas administrativas, a que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reintegren al servicio ordinario. Esto implicará que saldrán de la situación de disponibilidad", afirmó Cococcioni al abrir el encuentro con la prensa en la sede local de Gobernación, luego de la tensa jornada que se vivió este martes.

El funcionario dijo que para tomar esa decisión de levantar las sanciones se tuvo en cuenta que "dentro de un clima de conflicto la seguridad nunca estuvo descuidada en la provincia y en Rosario".

De esta manera, las medidas de disponibilidad anunciadas 24 horas antes quedan levantadas, aunque se mantendrá la investigación para consignar si en las protestas del martes, con epicentro en Rosario y Santa Fe, hubo algún interés diferente al que motivó los reclamos del sector.

El titular del área de Seguridad señaló que hubo un trabajo en conjunto con el Ministerio nacional y una redistribución de fuerzas pero que la cobertura estuvo garantizada y "todas las incidencias fueron atendidas".

Según sus cálculos, la operatividad este martes por la noche alcanzó el 90 %, condición que posibilitó abrir una instancia de diálogo a última hora. "Para sentarnos a dialogar pedimos que se restablezcan los patrullajes en la zona urbana", precisó el ministro. A partir de allí "nos pusimos en contacto con quienes habían sido posibles interlocutores", teniendo en cuenta que la fuerza no tiene representación gremial.

Corte de calle en Rosario por la protesta de policias.

En este punto, instó al "escaso personal que aún queda en una actitud de no haber recuperado la normalidad del servicio, entendiendo que puede haber una dificultad en comunicar lo que se habla en una instancia de diálogo, a que se presenten, tomen el arma y el chaleco y, de inmediato, se reintegren al servicio ordinario".

Luego insistió en que el gobierno comprende el reclamo salarial de la fuerza: "No se planteó ninguna medida que no sea razonable", dijo, sino "cosas que apuntan a mejorar el poder adquisitivo y el bienestar de la fuerza policial".

"El reclamo de fondo es correcto", agregó: "En estos dos años (desde que se puso en marcha el Plan Bandera) han trabajado incansablemente, les hemos exigido mucho porque veníamos de procesos de delito y violencia que habían arrojado 400 o 450 homicidios dolosos en un año en la provincia".

Reconoció que las y los agentes "tienen una exigencia horaria mayor al resto de los empleados del Estado; esto lo digo sin desmerecer ningún rubro", pero "es un esfuerzo sobrehumano que los distingue del resto".

"Hoy tenemos que atender la situación de 25 mil policías y 4000 agentes penitenciarios porque gracias a ellos no estamos atendiendo el reclamo de un millón de personas que podrían ser víctimas de delitos", graficó para volver sobre el "estrés que genera la sobrecarga de trabajo".

En ese punto, señaló que "si tenemos que direccionar un mayor esfuerzo en reconocer a las fuerzas de seguridad, la sociedad lo va a aceptar porque no estamos dando un premio arbitrario en detrimento de otro, sino reconociendo a las instituciones que cuidaron la vida de casi 4 millones de santafesinos".

A su turno, Olivares, quien también participó de la reunión en la sede de Gobierno de Rosario el martes por la noche, consignó que "en primer término escuchamos las inquietudes, especialmente del personal subalterno".

Luego de reconocer que la carga horaria es de 48 horas semanales, "pero cuando razones del servicio lo exigen, es mayor", e impide tener otra fuente de ingresos, señaló que "el problema es el estrés que ha generado la exitosa forma de abordar la situación" de inseguridad.

En ese marco, confirmó que todo aquel que porta armas tendrá un ingreso no inferior a la Canasta Básica para un hogar tipo, cuyo monto se iba a anunciar este miércoles por la tarde.

"La población debe entender que destinemos mayores recursos para atender al personal de seguridad y, principalmente, el subalterno de los rangos interiores que tienen los ingresos más bajos".

Consultado sobre el efecto de este anuncio en plena discusión paritaria con los gremios estatales, el ministro de Economía sostuvo que "la carga horaria y situación de la fuerza de seguridad no va en desmedro de que en cada paritaria se discuta abiertamente y que cada sector sea atendido. El compromiso que hizo el gobernador (Maximiliano Pullaro) es que los trabajadores no van a perder con la inflación".

"No vamos a sacar recursos de los demás salarios (para mejorar la situación de las fuerzas de seguridad) sino que veremos cómo obtener de otras asignaciones que no pongan en riesgo una buena discusión salarial con los demás sectores", concluyó.

A la cuestión salarial, el titular de Justicia y Seguridad garantizó que se seguirá adelante con la política prevista para abordar la salud mental de los agentes de las fuerzas, atender las cuestiones vinculadas con el transporte y trabajar "detalladamente" con los jefes para realizar readecuaciones del régimen horario, "teniendo como base que no puede implicar afectación a la seguridad pública", pero considerando el bienestar del personal.

"Valoramos a las fuerzas de seguridad que en estos dos años lograron cosas que parecían imposibles, y el conflicto de estos días no hace mella en el aprecio, respeto y agradecimiento que tenemos como gobierno", concluyó Cococcioni.

El ministerio de Economía difundió los datos provisorios de diciembre contenido en su Análisis de Finanzas Provinciales que señalan que el último ejercicio finalizó con un ahorro económico de $1.107.295,57 millones. Las datos finales -superavitarios- en diciembre le permitieron consolidar el cierre positivo del último ejercicio.

En el último trimestre, el equipo económico que conduce Pablo Olivares venía anticipando un cierre con equilibrio producto del deterioro de los ingresos de los últimos meses del año y la decisión de mantener la ejecución del ritmo de obra pública.

Los ingresos corrientes de la Administración Provincial correspondientes a diciembre ascendieron a $1.508.825,44 millones. La variación nominal interanual fue de 64,03%, y los ingresos estuvieron compuestos principalmente por ingresos tributarios (63,42%) y contribuciones a la seguridad social (27,85%).

Precisa que los recursos tributarios ascendieron a $956.948,17 millones, de los cuales 28,20% fueron de origen provincial y 71,80% de origen nacional. Los tributos de origen provincial se integraron principalmente por el producido de Ingresos Brutos (87,75%), con una recaudación que ascendió a $236.835,58 millones. En tanto, los recursos tributarios de origen nacional estuvieron compuestos principalmente por la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (36,54%) y del Impuesto a las Ganancias (27,35%), con recaudaciones de a $251.062,75 millones y $187.896,13 millones respectivamente.

Tres impuestos llegan al 70,62% de los ingresos. Se trata de Ingresos Brutos, IVA y Ganancias que en diciembre significó un ingreso de $675.794,46 millones.

Por su parte, el gasto corriente de diciembre ascendió a $1.300.390,73 millones (variación nominal interanual de 31,67%), estando constituido principalmente por Remuneraciones (42,77%), Prestaciones de Seguridad Social (20,84%) y Transferencias Corrientes (17,81%). Las erogaciones fueron $556.234,83 millones, $271.064,46 millones y $ 231.614,12 millones, respectivamente.

En términos acumulados, los ingresos corrientes a Diciembre totalizaron $11.763.770,66 millones, y estuvieron integrados principalmente por ingresos tributarios (71,41%) y contribuciones a la seguridad social (19,92%).

Los recursos tributarios acumulados sumaron $8.400.148,05 millones, 34,30% de los cuales correspondieron a tributos provinciales y 65,70% a tributos de origen nacional.

En la misma línea que los datos mensuales, los tributos provinciales acumulados estuvieron principalmente compuestos por el producido de Ingresos Brutos (85,56%), con una recaudación que se elevó a $2.465.332,87 millones. Los recursos tributarios acumulados de origen nacional estuvieron principalmente integrados por la recaudación del IVA (50,59%) e Impuesto a las Ganancias (34,07%), cuya recaudación acumulada ascendió a $2.792.135,29 millones y $1.880.033,22 millones respectivamente.

La recaudación conjunta de los tres mayores impuestos (Ingresos Brutos, IVA y Ganancias) escaló a $7.137.501,38 millones, equivalente al 84,97% de la recaudación tributaria total.

Del otro lado, el gasto corriente acumulado a diciembre totalizó $10.656.475,09 millones y estuvo constituido principalmente por Remuneraciones (42,67%); Prestaciones de Seguridad Social (20,00%) y Transferencias Corrientes (18,45%). Las erogaciones en términos acumulados ascendieron respectivamente a $4.547.608,95 millones, $2.131.796,38 millones y $1.965.590,89 millones.

Es en ese marco "que el resultado operativo (ahorro) acumulado a diciembre fue superavitario, exhibiendo un ahorro económico de $1.107.295,57 millones", afirma el trabajo de Economía.

Respecto a la inversión, precisa que el gasto de capital correspondiente a diciembre ascendió a $113.808,16 millones, mientras que en términos acumulados esas erogaciones ascendieron a $1.181.360,86 millones, financiándose el 93,73% con el ahorro económico y el resto con los recursos de capital.

En términos acumulados a diciembre, los ingresos totales ascendieron a $11.846.100,16 millones mientras que el gasto total fue de $11.837.835,95 millones. Dado que el gasto de capital se financió con ahorro económico y recursos de capital, el resultado acumulado del ejercicio fue positivo en $8.264,21 millones.

Un aparte del trabajo marca que si la Administración Provincial no hubiese tenido que financiar con recursos propios la falta de aporte nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones, el resultado económico sería un 28,17% mayor, implicando un resultado financiero acumulado del ejercicio (arriba de la línea) superavitario por $320.165,04 millones.

Durante enero de 2026, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.847.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 6,6%. Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría caído un 8% real.

Así lo informó un trabajo de IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal que dirige Nadin Argañaraz.

Según la información suministrada por la Dirección Nacional de Análisis Presupuestaria, la caída de la coparticipación neta en enero se debería principalmente a la disminución real interanual del 11,7% del IVA, mientras que el impuesto a las ganancias mostró una variación prácticamente nula, del 0,3%.

En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una baja real interanual del 7,4%. No obstante, la caída en la recaudación de impuestos internos de 16% generó que la coparticipación neta tuviera una variación negativa del 8%.

La caída de ingresos para Santa Fe, de acuerdo a IARAF fue del 7,4%, siendo la cuarta provincia con mayor caída de ingresos solo superada por CABA y Tucumán (7,9%) y Córdoba (7,5%).

"En cuanto a la proyección del cierre del ejercicio 2025, considerando los recursos y gastos estimados de diciembre como asimismo imputaciones y ajustes propios de la conciliación contable, se puede estimar que los recursos del año rondarán los $11.790.963,18 millones, mientras que los gastos estarán en el orden de los $11.783.944,49 millones. En este sentido, se proyecta un resultado técnicamente equilibrado para el año 2025". Lo señala el informe correspondiente a noviembre de Análisis de las Finanzas Provinciales que el ministerio de Economía santafesino publicó en el último día hábil.

En la página oficial de Economía se difundieron en forma simultánea los datos correspondientes a septiembre, octubre y noviembre y en este último caso se hace la proyección de cierre de año.

El informe destaca además el monto invertido como Gasto de Capital en el presente ejercicio. "Se estima superará los $1.136.329,21 millones el cual, marca un hito en su comparación con otros años en términos reales". En este ítem se publica un gráfico comparativo con la inversión desde 2020 al presente año en pesos constantes.

Además la información presentada por el Ministerio de Economía, dirigido por Pablo Olivares, correspondiente a noviembre detalla el impacto de la falta de financiamiento previsional de la Nación. "Si la Administración Provincial no hubiese tenido que financiar con recursos propios la falta de aporte nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones, el resultado económico sería un 24,65% mayor, lo que habría alcanzado para financiar el total del gasto de capital, implicando un resultado financiero parcial acumulado del ejercicio (arriba de la línea) superavitario por $ 125.375,55 millones".

En el detalle de análisis financiero de noviembre, como en septiembre y octubre, se destaca que los ingresos provinciales dependen especialmente de tres impuestos: Ganancias e Iva de Nación e Ingresos Brutos. "Los recursos de los tres impuestos son equivalentes al 79,50% de los ingresos tributarios totales", señala.

Economía difundió el informe de noviembre y la proyección de cierre 2025. Foto: Fernando Nicola.

Yendo al undécimo mes del año, "los ingresos corrientes de la Administración Provincial correspondientes al mes de noviembre ascendieron a $1.078.861,90 millones, exhibiendo una variación nominal interanual de 30,85%, y estuvieron compuestos principalmente por ingresos tributarios (73,59%) y contribuciones a la seguridad social (18,54%)".

Especifica que "los recursos tributarios ascendieron a $793.943,44 millones, de los cuales 31,27% fueron de origen provincial y 68,73% de origen nacional. Los tributos de origen provincial se integraron principalmente por el producido de Ingresos Brutos (87,54%), con una recaudación que ascendió a $217.308,37 millones. Por otro lado, los recursos tributarios de origen nacional estuvieron compuestos principalmente por la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (44,95%) y del Impuesto a las Ganancias (30,89%), cuya recaudación ascendió a $245.291,05 millones y $168.556,09 millones respectivamente.

La recaudación conjunta de los tres impuestos mencionados totaliza $631.155,52 millones, equivalente al 79,50% de los ingresos tributarios totales.

Como contrapartida, el gasto corriente ascendió a $929.347,32 millones (variación nominal interanual de 39,24%), estando constituido principalmente por Remuneraciones (42,29%), Transferencias Corrientes (20,12%) y Prestaciones de Seguridad Social (19,24%), erogaciones que ascendieron respectivamente a $392.976,01 millones, $186.982,86 millones y $ 178.761,57 millones.

En términos acumulados, los ingresos corrientes a Noviembre totalizaron $10.254.945,22 millones. Los ingresos tributarios representan el 72,58% y las contribuciones a la seguridad social el 18,76%.

Entre los tributarios, 35,09% son provinciales y 64,91% de origen nacional.

Por su parte, el gasto corriente acumulado a Noviembre totalizó $9.356.084,36 millones y estuvo constituido principalmente por Remuneraciones (42,66%), Prestaciones de Seguridad Social (19,89%) y Transferencias Corrientes(18,53%).

El Ministerio estimó recursos por $11.790.963,18 M y gastos por $11.783.944,49 M.

El resultado operativo acumulado a Noviembre fue superavitario, exhibiendo un ahorro económico de $898.860,86 millones.

Respecto a la inversión, el gasto de capital correspondiente al mes de Noviembre ascendió a $100.202,35 millones, mientras que en términos acumulados esas erogaciones ascendieron a $1.067.552,70 millones, financiándose el 84,20%con el ahorro económico, 6,79% con los recursos de capital y el resto con el uso de fuentes financieras.

En términos acumulados a Noviembre, los ingresos totales ascendieron a $10.327.402,14 millones mientras que el gasto total fue de $10.423.637,06 millones, por lo que el resultado parcial acumulado del ejercicio fue negativo en -$96.234,92 millones, el cual se equilibra a partir del uso de fuentes financieras para financiar el saldo del gasto de capital antes mencionado.

El ingreso al fisco provincial en once meses por Patente es de 5.521,40 lo que representa apenas 0,05% de los recursos propios.

"En Patente Automotor solamente se incorpora como recaudación tributaria provincial el 5% que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 95 % del impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa íntegramente a los Municipios y Comunas" se aclara.

El gasto de capital acumulado llegó a $1.067.552,70 M y marcó un hito real.

El Poder Ejecutivo emitió en el último día hábil del año el decreto 3381 incorporó al Presupuesto General, entre otros ítems, parte de los bonos recibidos por la provincia por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2022 por la deuda previsional.

"Que la presente gestión se inicia a instancias de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía expresando que se encuentran las condiciones propicias en el mercado de capitales para proceder a la venta de los instrumentos que integran el portafolio financiero del Tesoro Provincial", comienzan los considerandos del decreto.

"Que por diversas actuaciones se propició el dictado de las normas que permitieron la venta de títulos valores propiedad de la Provincia de Santa Fe en el marco de las competencias que le son propias", añade.

La suma de la venta de bonos incorporados al presupuesto es de $ 300.000.000.000 de acuerdo al artículo 2 del proyecto.