El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, visitó Sancti Spiritu y mantuvo una reunión de trabajo con el presidente comunal Cristian Vincenti. El encuentro estuvo centrado en la prevención, el fortalecimiento del control urbano y la articulación entre la Provincia y la comuna para mejorar las herramientas de seguridad en la localidad.

La visita se concretó en la jornada del jueves y fue informada por el Gobierno de Sancti Spiritu a través de sus canales oficiales, donde se destacó el diálogo mantenido con el funcionario provincial sobre distintos temas vinculados al cuidado de los vecinos.

Agenda de trabajo en la localidad

Durante la reunión, Cococcioni y Vincenti repasaron las acciones que se vienen desarrollando en materia de seguridad local, con eje en la prevención y en el acompañamiento institucional a las áreas encargadas del control territorial.

El presidente comunal remarcó la importancia de sostener un trabajo coordinado con el Gobierno provincial para fortalecer las políticas de seguridad y sumar recursos que permitan mejorar la respuesta ante las demandas de la comunidad.

Recorrida por el Centro de Monitoreo

Como parte de la agenda, las autoridades recorrieron el Centro de Monitoreo de Sancti Spiritu. Allí, el ministro conoció de primera mano la tarea que lleva adelante el área de Control Urbano, un espacio clave para la prevención, la observación de situaciones en la vía pública y el acompañamiento a los operativos locales.

La incorporación y el uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento urbano forman parte de una línea de trabajo que distintas localidades santafesinas vienen impulsando con apoyo provincial, en el marco de políticas orientadas a reforzar la prevención y la presencia territorial.

Visita a la comisaría local

Luego de la recorrida por el Centro de Monitoreo, la comitiva se trasladó a la comisaría, donde se interiorizó sobre el funcionamiento de la dependencia y las necesidades vinculadas al trabajo policial cotidiano.

La presencia del ministro en la localidad se inscribe en una agenda provincial que busca sostener el vínculo directo con municipios, comunas y fuerzas de seguridad

Desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevaron adelante la incineración de 40.000 dosis de marihuana y 1.200 de cocaína. La actividad se concretó en el crematorio del Cementerio Municipal de Venado Tuerto y contó con la participación del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, el intendente Leonel Chiarella, el Fiscal Regional Mauricio Clavero, la senadora Leticia Di Gregorio, funcionarios provinciales, judiciales, fuerzas policiales y concejales.

En rueda de prensa las autoridades destacaron la importancia de esta destrucción de estupefacientes, destacando que es consecuencia de la puesta en vigencia de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Esta “quema de droga ha sido el resultado de todos los procedimientos y allanamientos que se vienen impulsando en nuestra ciudad en virtud y gracias a la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro que impulsó la ley de Microtráfico. Y de sostener la lucha contra la venta de droga a lo largo y ancho de la provincia”, destacó el intendente Leonel Chiarella.

Además, es “producto de nuestro equipo de trabajo de la Municipalidad que junto a Nahuel Pasquinelli (Delegado del ministerio de Seguridad) y Leticia Di Gregorio presentamos las denuncias con las direcciones de los lugares donde se vende droga”, agregó el primer mandatario.

A su vez, el jefe del Ejecutivo local sostuvo que “se trata de un proceso que comienza con la denuncia, continúa con la investigación, las tareas que lleva adelante la policía de la provincia en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación. Y eso continúa con los allanamientos, con la detención de las personas, el derribo de los búnkers y la quema de droga”.

Paz social

Tanto Chiarella como Pablo Cococcioni destacaron “la paz social” en la comunidad y en zonas puntuales que genera el derribo de un búnker en el cual se vendía droga.

“La gente llama, denuncia, da información a nuestra policía de investigación y eso permite que ya hayamos derribado 131 búnkers de venta de droga en la provincia a dos años y pocos meses de haberse implementado la Ley de Microtráfico. Ha sido una de las medidas que nos ha ayudado a reducir el delito y la violencia en la provincia de Santa Fe”, detalló el ministro de Seguridad.

En este marco, agregó que “la ley de Microtráfico nos permite actuar sobre la venta barrial, que genera violencia, impunidad, problemas de convivencia de toda índole. Nosotros trabajamos a nivel de dosis, procedemos cuando encontramos un punto de venta, pero es competencia de la justicia federal seguir hacia arriba la línea de comercialización y dar con los proveedores”.

El funcionario valoró la intervención del estado ya que “uno nota casi de inmediato una mejora en la calidad de vida en la sociedad circundante a los puntos de venta. La de Venado no es la misma realidad que la de Rosario, donde alrededor de un punto de venta hay muertos, heridos de armas de fuego, porque hay bandas que se pelean por ese punto de venta de droga”.

Fiscalía activa

De la incineración formaron parte los fiscales Iván Raposo, Mayra Vuletic, Luis Lagioia y el Fiscal Regional Mauricio Clavero.

“Esto no hubiese sido posible si desde diciembre de 2023 no contáramos con la Ley de Microtráfico. En mi paso como fiscal adjunto por la ciudad de Rufino he tratado de brindarle respuestas a los vecinos cuando aún no teníamos este tipo de herramientas ni estos mecanismos”, expresó Clavero.

Ya con la normativa vigente “podemos decir que les sacamos a los delincuentes la posibilidad de poner 40.000 dosis de marihuana y 1.200 cocaína en las manos de nuestros seres queridos. Sabemos del dolor que causa en la familia la droga. Y este es un hecho relevante, que no podríamos llevar adelante sin el esfuerzo de los hombres y mujeres de la policía”, añadió.

Por último, “quiero resalta que acá habría más droga todavía, pero fue derivada en un trabajo conjunto que hacemos con la fiscalía federal, ya que ellos se hacen responsables cuando el secuestro de estupefacientes supera ciertas cantidades. Y con ellos estamos trabajando muy coordinadamente para agarrar a los peces gordos, que es el pedido que nos hacen los vecinos: que detengamos a quienes traen el veneno para que los de abajo lo distribuyan a nuestros seres queridos”. 

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe y el Gobierno de Venado Tuerto invitan al acto de destrucción de material estupefaciente secuestrado en distintos procedimientos y cuya incineración fue ordenada por la Justicia.

La actividad se llevará a cabo el viernes 3 de julio, a las 9, en el crematorio del Cementerio Municipal (Jorge Newbery 3830). El acto será encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, junto a autoridades provinciales, municipales y representantes del Poder Judicial.

Este procedimiento se enmarca en el artículo 30 de la Ley 23.737 y en las resoluciones 122/2021 y 478/2022 del Ministerio de Seguridad de la Nación. La tarea estará a cargo de personal del Departamento de Criminalística de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Gendarmería Nacional.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto; y el fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo, brindaron este viernes detalles sobre la investigación del ataque sufrido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en barrio Banana, en Rosario, que dejó como saldo un agente fallecido, otro gravemente herido y dos personas detenidas.

El hecho ocurrió el jueves por la noche, cuando agentes federales que realizaban tareas de patrullaje en el marco del Plan Bandera fueron atacados con armas de fuego. Como consecuencia, uno de los efectivos murió y otro permanece internado en estado grave en el Hospital Italiano.

Durante la investigación se logró identificar a un tercer herido que había ingresado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en un vehículo particular. Su localización fue posible mediante el análisis de cámaras de videovigilancia. Tanto esa persona como quién la acompañaba quedaron en calidad de arrestados, mientras se determina su posible vinculación con el ataque.

Al referirse al hecho, Cococcioni expresó su pesar por la muerte del efectivo federal y transmitió su acompañamiento a los familiares y compañeros de la víctima.

“Fue un hecho gravísimo. Se ha perdido la vida de un efectivo de la Policía Federal Argentina que, además, formaba parte de un trabajo conjunto entre Nación y Provincia. Acompañamos a su familia y a todas las fuerzas federales en este momento tan doloroso”, señaló el ministro.

Por su parte, Ferlauto destacó la labor del agente fallecido y ratificó la continuidad de las acciones de seguridad en Rosario.

“Todos sentimos que hemos perdido a un agente que puso el cuerpo y entregó su vida para defender a la patria. Es un héroe”, afirmó. Y agregó: “Hoy nuestra prioridad es esclarecer quiénes fueron los autores materiales de este homicidio que tanto nos duele. No vamos a retroceder ni un paso en el Plan Bandera, no nos van a amedrentar y seguiremos trabajando coordinadamente con la provincia para devolver la seguridad a los rosarinos”.

En relación con el avance de la causa, el fiscal Merlo explicó que continúan las tareas investigativas para reconstruir la secuencia del ataque. “Estamos relevando cámaras de seguridad, tomando entrevistas testimoniales y realizando pericias balísticas para esclarecer lo ocurrido”, indicó.

Según detalló, los efectivos involucrados integraban un operativo de patrullaje del Plan Bandera cuando advirtieron la presencia de personas con una actitud sospechosa. “Al descender del vehículo para realizar tareas de identificación, recibieron inmediatamente impactos de arma de fuego”, explicó.

El fiscal también aclaró que los agentes estaban debidamente uniformados, aunque al momento del procedimiento llevaban camperas de abrigo. Asimismo, confirmó que el policía fallecido fue hallado sin su arma reglamentaria.

“Eso es lo que tenemos hasta el momento. Durante la mañana continuaron tomándose declaraciones testimoniales al resto del personal policial que estuvo presente en el lugar”, precisó.

Respecto de las personas detenidas, Merlo señaló que permanecen bajo arresto mientras se determina su eventual participación en el ataque.

“Por el momento tenemos dos personas en calidad de arresto. Debemos establecer si tienen vinculación o no con el hecho. Fueron aprehendidas cuando ingresaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez”, concluyó.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, participó este lunes de la apertura del primer juicio oral y público bajo la modalidad de jurado popular en Rosario. Se trata del sexto proceso de estas características en la provincia y el que completa la implementación del sistema en todas las circunscripciones judiciales santafesinas.

El debate, por un homicidio, se desarrollará hasta el 11 de junio en el Centro de Justicia Penal de Rosario: doce ciudadanos tendrán la responsabilidad de emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad respecto del acusado. También participaron de la jornada la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, y la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta.

Durante la apertura, Cococcioni destacó el alcance institucional de la puesta en marcha del sistema: “Hace aproximadamente un año, en junio de 2025, en la Circunscripción Judicial Nº 5, con sede en San Cristóbal, tenía lugar el primer juicio por jurados de la provincia. Hoy se realiza el primero en la circunscripción más numerosa en cantidad de causas y la más desafiante desde el punto de vista de la implementación. Por lo tanto, culmina esta etapa de transición y podemos decir que ya rige el juicio por jurados en toda la provincia de Santa Fe para los casos previstos por la ley”.

El ministro remarcó que uno de los principales objetivos de la reforma es cumplir con el mandato constitucional. “Durante décadas se incumplieron disposiciones constitucionales que establecen que los procesos criminales deben concluir mediante jurados. Para nosotros, cumplir con la Constitución es un valor fundamental”, afirmó.

Asimismo, señaló que el sistema fortalece la participación ciudadana en la administración de justicia. “Otorga al acusado el derecho a ser juzgado por sus pares y, al mismo tiempo, reconoce a los ciudadanos el derecho a intervenir directamente en una institución que democratiza el Poder Judicial”, sostuvo.

Esquema en la provincia

Respecto del funcionamiento del mecanismo, explicó que el modelo adoptado por Santa Fe responde al esquema clásico de jurado popular compuesto por 12 integrantes. Para su conformación se realiza un sorteo inicial de 36 ciudadanos del padrón electoral de la circunscripción correspondiente. Posteriormente se desarrolla una audiencia de selección en la que las partes pueden formular preguntas y ejercer recusaciones hasta definir la integración definitiva del jurado y sus suplentes.

“La regla general es que cualquier ciudadano puede ser jurado. Las excepciones están vinculadas a impedimentos legales, incompatibilidades o a la pertenencia al sistema de justicia penal, como jueces, abogados o integrantes de las fuerzas de seguridad”, precisó.

Cococcioni también aclaró que no existe un sistema de inscripción voluntaria. “Los jurados son seleccionados mediante sorteo del padrón electoral. Se trata de una carga pública que garantiza a los ciudadanos el derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial integrado por sus pares”, indicó.

En cuanto al proceso de deliberación, explicó que el jurado se pronuncia exclusivamente sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, siguiendo las instrucciones impartidas por el juez y sobre la base de la calificación jurídica propuesta para el caso. Una vez emitido el veredicto, corresponde al magistrado determinar la pena que eventualmente deba aplicarse.

Finalmente, el ministro valoró la experiencia acumulada desde la puesta en marcha del sistema en Santa Fe. “La experiencia en todos los distritos ha sido muy positiva, al igual que ocurre en otras partes del mundo. Además, es el modelo previsto por los constituyentes y resulta plenamente compatible con el sistema acusatorio que rige en nuestra provincia”, concluyó.

En el marco de una jornada de trabajo en Rosario, el intendente de Rufino Natalio Lattanzi mantuvo este jueves 21 una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Pablo Cococcioni, con el objetivo de abordar la agenda de seguridad local. El mandatario municipal calificó el encuentro como "una buena reunión" y destacó que el equipo de gestión se trajo "tarea para el hogar" para avanzar en soluciones concretas.

Durante el encuentro, se trataron diversos puntos críticos para la comunidad, entre los que se destacan la situación de la Comisaría de la Mujer, la operatividad de la guardia rural Los Pumas y la necesidad de mejoras en la infraestructura de la Comisaría Tercera.

Asimismo, se discutió la incorporación de más personal para la ciudad y de un médico policial, así como la implementación de herramientas para facilitar la prevención y la denuncia, tales como las denuncias online, el centro territorial de denuncias y la respuesta en accidentología.

Un eje central de la charla fue la optimización de los recursos tecnológicos existentes. En este sentido, el Intendente explicó que se dialogó sobre la coordinación entre el Centro de Monitoreo y la comunicación directa con la Policía. “Vamos a seguir trabajando para las posibles soluciones a corto plazo”, aseguró Lattanzi.

La reunión contó con una amplia representación de las fuerzas políticas y civiles de la ciudad. Estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Arturo Patimo; los concejales Gisela Reinoso, Juan Pablo Garmendia y Francisco Carballeira; además de integrantes del Consejo de Seguridad Ciudadana y representantes de Bomberos Voluntarios. Desde el cuerpo legislativo y el ejecutivo local destacaron la importancia del trabajo mancomunado en temas de seguridad para el beneficio de toda la comunidad.

Tras renunciar como subsecretario de Intervención Federal de la Nación, Federico Angelini define con el gobernador Maximiliano Pullaro su incorporación al gabinete. Así lo confirmó a El Litoral el propio referente del PRO y ex presidente del partido a nivel provincial.

"Mi renuncia tiene que ver con un ciclo cumplido. Después de haber asumido hace dos años y medio en un área que carecía de todo tipo de logística y materiales, siento que es un logro haber podido trabajar para dejar equipamiento que incluye hasta helicópteros para los sectores que eran de nuestra injerencia, como la política para zonas de frontera y el Plan Bandera esencialmente para Rosario", planteó.

Federico Angelini define con el gobernador Maximiliano Pullaro su incorporación al gabinete.

El funcionario había llegado al gobierno de Javier Milei de la mano de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La actual senadora nacional mostró distancia en las últimas semanas con la gestión libertaria a partir de la decisión presidencial de sostener en su cargo al polémico Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, consultado al respecto, Angelini evitó atribuir su alejamiento a una disputa por dicha interna política. Insistió en mencionar el concepto de "fin de ciclo"; acotó aspectos asociados a "la vida familiar", y en tercer término, citó su voluntad de "trabajar sobre seguridad en la provincia". En esa línea, confirmó que aun antes de su dimisión, ya venía manteniendo conversaciones con funcionarios provinciales para sumarse a la gestión de Unidos.

Pablo Cococcioni confirmó que existen conversaciones para sumar a Angelini a su cartera.

“Tengo ganas de dedicarme a la ciudad (de Rosario) y a la provincia, sobre todo, en materia de seguridad”, refrendó Angelini. “Como legislador (fue diputado nacional entre 2019 y 2023), me aboqué a esa materia pero esencialmente desde lo discursivo. Ahora, con la experiencia de estos años en una tarea ejecutiva, tengo ganas de trasladarlo a la provincia”, planteó. Y adelantó que “una vez que cierre el ciclo nacional de una manera ordenada y prolija, tomaremos una definición (respecto de ocupar un lugar en la provincia). Hace mucho que me lo vienen pidiendo desde la actual gestión y vamos a conversar”, admitió.

La renuncia al cargo nacional y su inminente incorporación al gabinete de Pullaro también alimentó la especulación electoral vinculada a una eventual candidatura de Angelini para disputar el año que viene la intendencia de Rosario. Consultado por El Litoral al respecto, el referente del PRO lejos de esquivar la respuesta, admitió que "seré parte del proceso electoral", aunque aclaró que la decisión sobre una supuesta postulación "corresponderá al gobernador Maximiliano Pullaro".

Este viernes, el propio ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que existen conversaciones para sumar a Angelini a su cartera, y evaluó como "positiva" la eventual incorporación.

"Tenemos una relación de trabajo muy estrecha con él; dialogamos mucho semanalmente porque el despliegue de las fuerzas federales en el marco del Plan Bandera lo tiene como interlocutor principal", sostuvo. El ministro admitió "conversaciones" para sumarlo al gabinete de Seguridad y anticipó "anuncios" para los próximos días. "Falta tomarse un par de mates para definir la letra chica – graficó-; sería una incorporación positiva. Hay que terminar de definir (el tema) con todos los interesados".

Sobre la función a desempeñar, dijo que "sería para un rol provincial, aunque tal vez con una injerencia geográfica determinada", por ejemplo, focalizada en la ciudad de Rosario.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este viernes el derribo de otro inmueble utilizado para la venta de estupefacientes, ubicado en inmediaciones de Monseñor Zazpe y Doctor Zavalla, en la ciudad de Santa Fe. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico.

Con esta intervención, la Provincia alcanza los 120 inmuebles inactivados desde la puesta en marcha de la ley por parte de la Legislatura santafesina, en diciembre de 2023, y su posterior promulgación durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El momento en que la topadora arremetió contra el frente del inmueble desató el aplauso espontáneo de los vecinos, que habían denunciado la situación del lugar.

Rumbo a seguir

Durante la intervención, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, valoró el trabajo conjunto que “empezó por los vecinos que durante mucho tiempo denunciaron a este lugar donde había actividades criminales”, que según dijo el funcionario, tuvo “cerca de 500 incidencias en el lapso de 8 meses en un radio de 200 metros a este sitio que funcionaba como punto de venta de estupefacientes pero también como aguantadero, lugar de acopio y junta de delincuencia”.

El ministro aseguró que el derribo del lugar “tendrá un efecto positivo en el barrio y contribuirá a recuperar la tranquilidad pública”, en conjunto con otras medidas que viene llevando adelante el Gobierno Provincial tales como “poner la policía en la calle, endurecer el régimen penitenciario, reformar las leyes a favor del Estado y no de los delincuentes”, agregó Cococcioni.  

“Esto no es una medida aislada”, subrayó el funcionario, sino que “se da en un contexto de una política de seguridad que viene dando buenos resultados en el control de los indicadores más gruesos de criminalidad como la tasa de homicidios, con un descenso abrupto”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció que “este es el rumbo que hay que mantener y fortalecer para devolverle la seguridad a los santafesinos”.

Terminar con un lugar inhabitable

El fiscal Diego Vigo destacó también el compromiso de los vecinos de la zona que “pusieron en conocimiento los hechos delictivos que se sucedían en el lugar a través de llamados al 911” y de esa manera “hicimos un análisis criminal temprano que nos permitió priorizar el caso, detectamos la situación, acreditamos el hecho delictivo, se tomó la medida cautelar para tres personas dictaminándoles prisión preventiva y luego obtuvimos el derribo”, explicó.

Vigo agregó que en el lugar se acreditó “la existencia de estupefacientes, droga fraccionada y otros elementos que nos indicaron que era tenencia con fines de comercialización”, sumando que el aspecto habitacional era “prácticamente inhumano, siendo un punto que claramente no cumple las condiciones para que personas habiten”.

Por su parte, la presidenta de la vecinal Barrio Sur, Laura D`Andrea, aseguró que alcanzar el derribo del sitio “fue una lucha de muchos años”, por lo que destacó “la decisión política de este Gobierno Provincial” lo que consideró “muy importante, porque desde la vecinal nos comprometimos a ayudar a los vecinos y vecinas” ya que “este bunker era un problema para quienes viven aquí”. La vecinalista valoro el acompañamiento de los funcionarios y destacó  la importancia de “tener este desenlace para poder estar más tranquilos”.

En el lugar estuvieron presentes también la vocera provincial, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte; el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de otro inmueble utilizado para la venta de estupefacientes, ubicado en Centeno al 2400, en la ciudad de Rosario. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico.

Con esta intervención, la Provincia alcanza los 119 inmuebles inactivados desde la puesta en marcha de la norma: 70 en la ciudad de Rosario y otros 8 en localidades del departamento, desde la sanción de la ley por parte de la Legislatura santafesina, en diciembre de 2023, y su posterior promulgación durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Durante la actividad, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que la política contra el microtráfico abrió una nueva etapa en la intervención sobre economías delictivas vinculadas al narcomenudeo.

“La problemática del microtráfico comenzó a abordarse a partir de una herramienta que nos otorgó la Legislatura hace poco más de dos años, dentro de una primera ola de reformas procesales penales y de seguridad para la Provincia”, explicó.

El funcionario recordó además que el Gobierno Provincial y la Fiscalía presentaron recientemente ante la Legislatura el informe bianual sobre la aplicación de la Ley de Microtráfico. “Los legisladores manifestaron conformidad con los resultados obtenidos. Eso nos da respaldo para plantear nuevas herramientas legislativas y profundizar este camino”, indicó.

Nuevos instrumentos

En ese sentido, Cococcioni defendió la continuidad de la estrategia de seguridad impulsada por la gestión provincial, para lo cual se envió un nuevo paquete de medidas a la Legislatura, para su tratamiento, que buscan endurecer aún más las acciones ya en marcha: “No es momento de flexibilizar la política de seguridad. Cuando un gobierno demuestra, junto con la Fiscalía y las instituciones del sistema penal, que las herramientas disponibles mejoran los indicadores, eso habilita a pedir nuevos instrumentos”.

Y añadió: “Los niveles de violencia disminuyeron de manera significativa, pero todavía estamos lejos de una situación óptima si nos comparamos con otras provincias y con la tasa nacional de homicidios. Por eso, la instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro es profundizar el rumbo y no levantar el pie del acelerador en la lucha contra la delincuencia”.

Intervención barrial integral

Por su parte, el fiscal César Cabrera explicó que el operativo excede el derribo puntual del inmueble y forma parte de una intervención más amplia en Villa Moreno y Villa Centeno.

“La acción no se limita al búnker. Se trata de una intervención barrial integral impulsada por los altos niveles de violencia y las denuncias sobre venta de estupefacientes en la zona”, señaló.

Según detalló, a partir de tareas de relevamiento se identificaron distintos puntos de comercialización ilegal. En el lugar intervenido se realizaron allanamientos con resultados positivos: secuestro de drogas y detención de personas vinculadas con la actividad ilícita.

“Se comprobó que la comercialización se desarrollaba antes de nuestra intervención e incluso continuó después. Por eso se solicitó el derribo del inmueble”, explicó Cabrera, quien remarcó que estos espacios “no solo impactan por la venta de estupefacientes, sino también por el entramado de violencia y delitos asociados al microtráfico”.

Una política orientada a recuperar territorios

Los derribos comenzaron a ejecutarse a principios de 2024 como parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe y, según el caso, fuerzas federales y gobiernos locales.

La política de microtráfico contempla no solo la persecución penal del narcomenudeo, sino también la inactivación de inmuebles utilizados para la comercialización de drogas o vinculados a hechos de violencia grave. El objetivo es impedir que esos espacios vuelvan a funcionar como focos delictivos en los barrios.

Desde su implementación, la Ley de Microtráfico se consolidó como una de las principales herramientas de la estrategia de seguridad provincial para intervenir sobre economías criminales de pequeña escala, reducir la violencia y recuperar zonas afectadas por la presencia del delito organizado.

El gobernador Maximiliano Pullaro remarcó que “no se puede retroceder ni ser blandos con quienes matan o están armados en la calle preparados para hacer daño”.

A través de sus redes sociales, el mandatario se refirió a la nueva detención del menor de 17 años acusado de participar en los asesinatos de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Celentano, y del playero Bruno Bussanich, en marzo de 2024 en Rosario.

“El Gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos. Rosario está recuperando la paz y los espacios públicos, pero no podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con armas en la calle preparados para hacer daño”, sostuvo.

El adolescente fue detenido nuevamente en la zona norte de Rosario luego de un operativo policial motivado por denuncias de disturbios y presuntos disparos. Según explicó el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el joven estaba junto a otros dos menores y tenía un arma cargada al momento de la aprehensión.

En sintonía con ello, Pullaro marcó que “fuimos claros en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, porque sabemos con lo que nos enfrentamos y tenemos que ser claros en defender medidas que vayan en esa dirección”.

“En este caso el gobierno hizo todo lo que la ley obligaba, incluso más, pero la policía lo detiene una y otra vez y no es suficiente. La justicia necesita más herramientas para que no recupere rápidamente la libertad”, añadió.

“El Gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos", dijo Pullaro.

Los dichos del gobernador se producen en momentos en que la Legislatura santafesina comienza a discutir una nueva serie de reformas en materia de seguridad pública, en un debate que se anticipa intenso a nivel político e institucional.

Tal como informó El Litoral, el mensaje ingresado a la Cámara de Diputados prevé once modificaciones sustanciales a seis leyes, entre ellas, el Código de Procedimiento Penal.

Entre las disposiciones, se restituye la figura de la declaración informativa ante la Policía y sin la obligación de que esté presente un abogado defensor; se habilita allanamientos sin orden judicial en determinados casos y se incorporan expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia.

Por otra parte, se avanza sobre la Ley Penitenciaria (con medidas de aislamiento y control de los contactos del interno), procedimientos contravencionales por decreto o medidas coercitivas en manos de fiscales, y ampliación de la política de recompensas.

Al respecto, y en sintonía con los conceptos vertidos por el gobernador, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni consignó que “no es momento de aflojar, es momento de profundizar las reformas”.

Cococcioni defendió la iniciativa oficial de modificar leyes. Foto: Flavio Raina.

En declaraciones periodísticas formuladas en Rosario, el funcionario defendió el nuevo paquete de medidas de endurecimiento con el argumento de que “hay una visión exacerbada de las garantías constitucionales. El proyecto no viola ninguna garantía constitucional, sino algunos prejuicios o preconceptos”, explicó.

En palabras de Pullaro, “todos debemos saber lo que estamos enfrentando y las herramientas que necesitamos. Estamos demostrando que se los podía hacer retroceder, pero todavía no ganamos: falta mucho y siguen ahí, intentando recuperar el poder que les sacamos”.

El reciente envío de un proyecto de ley que plantea once reformas en materia de seguridad pública en la provincia de Santa Fe será expuesto en la reunión de gabinete de este lunes. La encabezará Maximiliano Pullaro y será en la ciudad capital.

El mensaje del Poder Ejecutivo ingresó el jueves a la Legislatura a través de la Cámara de Diputados. La semana anterior, los ministros Pablo Cococcioni y Fabián Bastía, de Seguridad y Gobierno, respectivamente, habían informado a un grupo de legisladores del oficialismo los trazos generales de la iniciativa.

El texto genera debate en el propio seno de Unidos; tanto, que algunas fuentes consultas por El Litoral ya vaticinaron que el texto "saldrá con muchos cambios". Y ello deriva de la intención de la Casa Gris de introducir modificaciones al actual Código de Procedimiento Penal (CPP) – entre otras normas- que endurecen métodos y procedimientos.

Además de cambios al CPP, se sugieren retoques al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia, al programa de recompensas y una amplificación de facultades policiales para casos especiales.

En los considerandos, se advierte que "no todos los contextos delictivos son equivalentes" por lo que las pretensiones "introducir herramientas específicas para supuestos de criminalidad organizada, violencia estructural y situaciones de urgencia operativa".

El mensaje del Ejecutivo ingresó el jueves a través de la Cámara de Diputados Créditos: Guillermo Di Salvatore

Según el punteo que propone el propio mensaje, se pretenden reformas a la "declaración informativa e interrogatorio policial".

En tal sentido, se restituye la figura de la "declaración informativa para facilitar la recolección de información en los primeros momentos de la investigación penal, cuando todavía es prematuro definir si una persona debe declarar como imputado o como testigo, evitándose así la declaración bajo juramento de personas que podrían ser luego imputadas".

La reforma también plantea "eliminar la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado".

Se busca facilitar la recolección de información en los primeros momentos de la investigación penal.

Juicio penal en rebeldía. En este aspecto, se amplía tal posibilidad considerando que "no se viola el derecho de defensa, si la persona es debidamente notificada de la causa en su contra, quedando a su criterio la posibilidad de comparecer a defenderse o no hacerlo, debiendo soportar en este último caso las consecuencias de su contumacia".

Se prevé la revisabilidad de la condena en rebeldía y se regula el supuesto de aparición tardía del imputado, cuando invocara motivos atendibles para justificar su incomparecencia.

Validación probatoria. Se regulan expresamente supuestos de admisibilidad de pruebas presentadas para un proceso, que funcionan como excepción a la regla de exclusión y a su efecto extensivo. Es decir, habilita mayor flexibilidad en cuanto a lo que puede admitirse como prueba en un juicio, por encima de lo que puedan ser los criterios dispares de cada tribunal.

Allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública. Se agrega como supuesto de allanamiento sin orden judicial previa, el de secuestro de armas de fuego y otros materiales controlados en vía pública. Ello, con el fundamento de que aguardar la indicación judicial respectiva "da lugar a ocultamiento y consiguiente pérdida de la evidencia".

Derribo por orden fiscal. Se introducen supuestos especiales o de excepción, que habilitan a la fiscalía a ordenar por su propia autoridad la inactivación física de inmuebles destinados al microtráfico y otros delitos.

"Se pretende desjudicializar el accionar estatal en casos de extrema obviedad, donde median razones de seguridad y salubridad que no admiten demora ni litigiosidad posible al respecto", dice el proyecto.

Medidas coercitivas por decreto fiscal. Se pretende "optimizar la capacidad de respuesta del sistema penal mediante el uso racional y proporcional de medidas coercitivas, adoptando un criterio diferido para aquellas que no implican privación de libertad.

La Fiscalía "podría imponer medidas coercitivas no privativas de libertad mediante decreto fundado, configurando una herramienta menos gravosa desde el punto de vista de los derechos individuales". Según el proyecto, "no se afecta el derecho de defensa, sino que reconfigura temporalmente su ejercicio".

Procedimiento por decreto penal. Se incorpora el procedimiento por decreto o mandato penal para casos contravencionales y de criminalidad de bajo impacto, fijándose como pauta que no aplica para penas de privación efectiva de la libertad.

Régimen agravado para internos de alto perfil: quienes ordenen delitos graves desde la cárcel, serán sometidos a medidas de aislamiento extremo y se suspenden privilegios de visita física. Solo se garantiza el contacto familiar por medio de correspondencia epistolar, sujeta a fiscalización.

Fortalecimiento de las actividades de inteligencia. Se incorporan expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. "La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva", se sostiene.

Ampliación del programa de recompensas. Se amplifica, con la posibilidad de que los órganos ejecutivos realicen ofrecimientos fuera del marco investigativo y con propósitos preventivos o de seguridad pública.

Zona de intervención policial especial. Como derivación de la facultad genérica de demora en averiguación de antecedentes, se propone que los órganos ejecutivos puedan intervenir policialmente una zona determinada en función de los indicadores de criminalidad que se registren.

Ello podría habilitar facultades de excepción dentro de dicha zona que hacen en lo fundamental a la regulación del espacio público y de la circulación de personas, y a su vez reforzándose dicha prohibición con una norma contravencional específica.

A raíz de la expansión del Servicio de Emergencia 911 en toda la provincia, el Poder Ejecutivo resolvió modificar la estructura orgánica del Ministerio de Seguridad, y crear la Subsecretaría de Atención a la Emergencia. El área nueva estará bajo la dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la cartera citada y tendrá por objetivo gestionar el Sistema de Atención de Emergencias 911. Su función principal será "canalizar los requerimientos sociales e información crítica a través de dicha línea - inicialmente con enfoque en la intervención policial- mediante el uso de tecnologías de información y comunicación para optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de seguridad pública".

La decisión fue plasmada en el decreto N° 1019 del pasado 13 de mayo; lleva las firmas de los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Seguridad, Pablo Cococcioni, y del gobernador Maximiliano Pullaro.

Tendrá por objetivo gestionar el Sistema de Atención de Emergencias 911

El mismo decreto plantea la designación del abogado Pablo Martín Polito para cubrir el cargo de Subsecretario de Atención a la Emergencia, y de Silvia Cimini para asumir como directora Provincial de Atención a la Emergencia. Ambos ya se venían desempeñando con diferentes funciones en el ámbito del Ministerio de Seguridad.

En los considerandos del decreto se convalidan y autorizan las adecuaciones contables, presupuestarias y financieras pertinentes, con la premisa de "atender las políticas en materia de Seguridad Pública que se encuentra implementando el gobierno de Santa Fe".

El sistema de emergencias 911 fue renovado recientemente con una inversión de 36 millones de dólares

El sistema de emergencias 911 fue renovado recientemente con una inversión de 36 millones de dólares. Desde hace un par de meses, funciona con un nuevo software y hardware. El mecanismo permite atender y derivar a aproximadamente 700 llamadas por minuto de manera simultánea en toda la provincia. La ampliación y mejoras introducidas se prevé que redunden en una mayor velocidad de la concurrencia del patrullero al lugar requerido, a través de la geolocalización (ya vigente en el sistema) y mediante la trazabilidad del trayecto de los móviles.

El sistema integra, además, las videocámaras de la provincia con las del municipio, y dos mil celulares robustos. Sólo en la ciudad de Santa Fe son 450 las cámaras operativas.

En la delegación centro – norte del 911, con despacho en Santa Fe, se contabilizan 1.500 llamadas promedio por día que son derivadas hacia Rafaela, Recreo, Rincón, Santo Tomé, Reconquista, según corresponda.

El Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para establecer un nuevo marco normativo que permita intervenir en los ámbitos escolares cuando se generen situaciones de amenazas o intimidaciones. El punto de partida fue lo sucedido en San Cristóbal y sus derivaciones; cientos de mensajes escritos en las paredes de establecimientos escolares de todo el territorio provincial advirtiendo sobres supuestas "matanzas" o hechos violentos.

El miércoles, los ministros de Seguridad, Pablo Coccocioni; y de Gobierno, Fabián Bastía, se reunieron con un grupo de diputados y senadores oficialistas para interiorizarlos acerca de un anteproyecto de ley que establece protocolos y pautas a seguir en casos como los planteados. En términos generales y según el borrador al que accedió El Litoral, la iniciativa confiere más potestades a la Policía, prevé el monitoreo de redes sociales y establece que los padres deberán pagar los costos de los operativos generados por conductas de sus hijos.

En su primer artículo, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a declarar "Alerta de Riesgo Crítico Emergente, cuando exista un riesgo grave, actual o inminente, susceptible de afectar la vida, la integridad física o psíquica, o la seguridad de personas en ámbitos escolares o en entornos de socialización juvenil vinculados". Ello será detectable a partir de "fenómenos de propagación o contagio social consistentes en conductas, prácticas o consignas que, por su modalidad de difusión, reiteración o replicabilidad, evidencien capacidad de expansión rápida entre personas o grupos, con aptitud para generar daños relevantes. También, a partir de "dinámicas de captación, inducción o influencia en entornos digitales o híbridos, que presenten patrones de validación, refuerzo o promoción de conductas riesgosas, especialmente cuando involucren a niñas, niños o adolescentes". O cuando se detecten "amenazas, manifestaciones o comunicaciones con potencial de escalamiento, que, aun sin configurar delito consumado, resulten objetivamente idóneas para generar temor fundado o anticipar la posible concreción de hechos de violencia". Del igual modo serán consideradas la "circulación, difusión o amplificación de contenidos digitales riesgosos, que por su naturaleza, contexto o modalidad resulten aptos para promover, facilitar, legitimar o replicar conductas lesivas", entre otros puntos.

En el marco de la Alerta de Riesgo Crítico Emergente, el Ministerio de Justicia y Seguridad tendrá las facultades de "requerir informes a las demás áreas del Poder Ejecutivo y convocar a dispositivos interministeriales, asumir la gestión integral de la declaración de alerta, instruir a los organismos policiales y de inteligencia para elaborar perfiles y patrones de riesgo, llevar registros de actividades sospechosas y personas de interés, monitorear redes y entornos digitales, e implementar acciones de ciberpatrullaje e infiltración de agentes digitales encubiertos". También podrá "requerir a los gestores de redes o plataformas digitales la preservación de materiales, el bloqueo de cuentas o usuarios y la limitación de contenidos riesgosos".

A la policía se le confieren facultades especiales como "ingresar, recorrer e inspeccionar los establecimientos o ámbitos abarcados por la declaración, pudiendo asegurar los accesos, establecer perímetros o limitar la circulación de personas en horarios o lugares crítico". También, "disponer evacuaciones o confinamientos preventivos ante situaciones de emergencia, practicar requisas de personas y de pertenencias, pudiendo proceder al registro integral de los lugares afectados; proceder a la identificación y resguardo de personas hasta por doce horas, dándose intervención en su caso a los organismos competentes en materia de Niñez; secuestrar dispositivos electrónicos y acceder a su contenido en forma inmediata, pudiendo procederse al desbloqueo biométrico aplicando la fuerza mínima e indispensable, con noticia y remisión posterior a la Fiscalía a sus efectos".

La Fiscalía, de oficio o a requerimiento del Ministerio de Justicia, podrá ordenar preventivamente el bloqueo o la limitación de contenidos digitales riesgosos, pudiendo aplicar en forma directa sanciones a la entidad renuente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran tener lugar".

El proyecto también prevé que "el personal de los establecimientos educativos y de otros ámbitos de socialización juvenil, ya sean públicos o privados, tiene el deber de reportar a la autoridad policial o a los sistemas de emergencia cualquier situación que pudiera resultar sospechosa tales como amenazas, presencia de armas, desafíos virales u otros contenidos peligrosos que llegaran a su conocimiento, independientemente de que dichos fenómenos pudieran o no constituir delito y del grado de avance o de consumación de las posibles conductas implicadas".

Finalmente, se pretende establecer una "responsabilidad parental". En tal sentido, "cuando los hechos que dieran lugar a la Alerta de Riesgo Crítico Emergente fueran ocasionados por niñas, niños o adolescentes, el Estado demandará a los responsables legales el resarcimiento de todos los costos operativos a los que hubiera dado lugar". Asimismo, "cuando se verifique incumplimiento grave o reiterado de los deberes de cuidado, supervisión o acompañamiento de niñas, niños o adolescentes, la autoridad competente podrá disponer medidas administrativas de carácter conminatorio", que van desde apercibimientos o multas, hasta la prohibición de acceso a espectáculos deportivos y otros eventos masivos.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe puso en marcha el mecanismo de recupero de costos por las amenazas sobre supuestos tiroteos en establecimientos educativos y este lunes notificó la primera intimación en toda la provincia que resultó ser de la ciudad de Santa Fe. La medida alcanza a los padres de un adolescente identificado como autor de uno de los hechos y fija un monto de $ 6.024.944 en concepto de resarcimiento civil.

El titular de la cartera, Pablo Coccoccioni, confirmó este lunes por la tarde en conferencia de prensa, que “hoy se ha despachado la primera comisión policial a los efectos de notificar la primera intimación”, en el marco de una resolución dictada la semana pasada para recuperar los costos operativos derivados de las amenazas.

Según precisó el funcionario, la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe y recae sobre “ambos progenitores de una persona menor de edad que ha sido identificada como autor de estas amenazas”. En ese sentido, aclaró que “son responsables solidarios ambos progenitores del menor”.

Confirmó, asimismo, que se trata del primer caso en toda la provincia y que el esquema se replicará: “Esto se va a hacer para todos y cada uno de los casos que la fiscalía valide”.

La notificación a la familia se realizó este lunes con efectivos de la fuerza policial. Foto: Manuel Fabatía

El funcionario agregó que, en las últimas horas, se registró una baja en los llamados: “En los primeros días teníamos entre 50 y 60 por jornada. Hoy llevamos un poco más de 10, así que ha habido un marcado descenso y esperamos que así siga”.

El funcionario indicó que el proceso recién comienza y que se extenderá a medida que avancen las investigaciones: “Al día de hoy contamos ya con 58 procedimientos con personas identificadas”. Incluso, aclaró que “las personas responsables identificadas son más de 60, porque en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable”.

En esa línea, adelantó que el monto global a reclamar crecerá rápidamente: “Estaríamos reclamando un cobro no inferior a 250 millones de pesos, pero esto es una cifra inicial y básica que se va a ir incrementando”.

Las intimaciones se emiten en forma automática una vez que la fiscalía valida la identidad de los autores, sin distinción de edad. “Sean mayores, menores, punibles o no punibles, eso es indistinto”, explicó el ministro.

Sobre los métodos utilizados para identificar a los responsables, Coccoccioni explicó que fueron diversos y dependen de cada caso: “En algunos casos hubo intervención de comunicaciones o estudios de impacto de antena en celulares, pericias caligráficas o bien personas que señalan a los autores y la filmación de cámaras de seguridad”.

“Nosotros tomamos lo que es la investigación penal. La prueba recabada en la investigación penal juvenil nos sirve a nosotros, independientemente de la causa penal, para constituir prueba a los efectos del reclamo civil”, agregó.

El ministro aclaró que las intimaciones no constituyen sanciones penales sino reclamos económicos: “Esto es una indemnización civil por el resarcimiento del daño. No tiene que ver con cuestión penal, no es una multa, ni se convierte en trabajo ni en pena ni en nada. Es una deuda civil y se ejecutará conforme las previsiones del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe”.

En caso de incumplimiento, se abre la vía judicial. “Se notifica la deuda con un plazo de 5 días. Vencido ese plazo, los antecedentes se giran a Fiscalía de Estado y se inicia inmediatamente el juicio civil persiguiendo el cobro”.

Entre las posibles medidas, detalló: “Se procederá a embargar sueldos, a inhibir bienes, a embargar bienes registrables”. No obstante, el funcionario dijo que “esperan que las personas voluntariamente se haga cargo de la responsabilidad por el hecho de sus hijos en la mayoría de los casos, y eviten así los mayores costos que tendría si obligar al Estado a reclamar judicialmente, porque ahí ya tendríamos que sumar intereses, costas, honorarios”.

Ante la consulta respecto de que había pasado algo similar cuando se repetían los episodios de las amenazas de bombas en escuelas, indicó: “Sí, esa vez se puso en marcha un mecanismo similar. Hubo en aquella época algunos pagos voluntarios. También hubo algunas detenciones”.

Amenazas de balaceras No es broma es delito

El monto no es fijo ni tiene carácter punitivo, insistió el funcionario: “Es estrictamente un resarcimiento civil”. Para cada caso, se computan todos los recursos desplegados: móviles, brigadas, horas de trabajo y combustible.

“Ese monto surge exactamente, hasta con pesos y centavos, del costo que tuvo este operativo. No es ni un peso más ni un peso menos”, afirmó, y remarcó que de no cobrarse “tendríamos que distribuir ese costo entre todos los contribuyentes”.

Coccoccioni vinculó la medida con el uso eficiente de los recursos públicos: “Los santafesinos pagan sus impuestos para tener un servicio policial que prevenga el delito”. En ese marco, sostuvo que “cuando se distraen recursos para responder a este tipo de amenazas hay una estricta razón de justicia en la distribución del gasto: quien ocasiona esa erogación deberá pagarlo”.

(Por Mariela Goy) - El trágico ataque ocurrido en la Escuela Nacional N° 40 de San Cristóbal, que dejó como saldo la muerte de Ian, un alumno de 13 años, y otros dos menores heridos, no habría tenido origen en un conflicto dentro del ámbito escolar. Así lo confirmaron autoridades provinciales al señalar que, con la información disponible hasta el momento, “no se trataba de un conflicto intraescolar”, aunque remarcaron que la investigación continúa en curso para esclarecer las circunstancias del hecho y “no se descarta ninguna hipótesis”.

El ministro de Educación, José Goity, explicó que el agresor “no registra antecedentes en el sistema educativo” ni intervenciones previas de equipos socioeducativos durante su trayectoria escolar. No obstante, indicó que se detectó una “situación intrafamiliar muy compleja” que atravesaba al entorno del menor, un aspecto que ahora forma parte de las líneas de análisis.

En ese sentido, insistió en la necesidad de abordar el caso “con profundidad y de manera transversal”, evitando conclusiones apresuradas mientras se avanza en la recolección de pruebas.

Asimismo, el Equipo Socioeducativo va a trabajar en la escuela, aunque por el momento no habrá clases. Los funcionarios remarcaron que se trata de un hecho sin antecedentes de esta magnitud en Santa Fe, lo que refuerza la necesidad de un abordaje integral que contemple tanto la investigación como la asistencia a las víctimas y el análisis de los factores que pudieron haber influido en el ataque.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la investigación penal se desarrolla con un alto grado de reserva debido a que tanto el presunto autor como las víctimas son menores de edad. En ese marco, explicó que el joven involucrado es no punible según la legislación vigente, por lo que se trabajará en una estrategia conjunta con áreas de Niñez y Desarrollo Humano para definir medidas que serán puestas a consideración de la Justicia.

También dijo que hay otros dos adolescentes heridos, de 13 y 15 años, que fueron trasladados a efectores públicos. “Siempre tratamos de ser muy prudentes y queremos extremar por pormenores investigativos, por lo cual no se van a develar ni al momento de judicializarse”, advirtió Cococcioni. E indicó que el área de Niñez de la Provincia junto con Seguridad “tiene un programa en cuanto a cómo proceder sobre el autor, propuesta que será trasladada al fiscal del caso”.

La respuesta del gobierno provincial fue a pedido por el gobernador Maximiliano Pullaro e incluyó el envío inmediato de un equipo interministerial a la ciudad para asistir a las familias y a la comunidad educativa, además de avanzar en el esclarecimiento del hecho. Las autoridades destacaron que, junto a la investigación judicial, se desplegarán dispositivos de contención y acompañamiento en la escuela, donde se suspendieron las clases mientras se interviene con equipos especializados.

El Senado de la provincia de Santa Fe aprobó este jueves la adhesión de la provincia a la Ley Nacional antimafias.

La votación aceptó el proyecto para adherir a la Ley 27.786 de Crimen Organizado que ya contaba con el aval del gobierno provincial de Maximiliano Pullaro. La iniciativa ya tenía media sanción de Diputados.

El proyecto fue impulsado por la diputada Ximena Sola. En la previa del debate en el Senado, el Ejecutivo salió a apoyarlo públicamente y lo enmarcó como parte de una política sostenida para enfrentar a organizaciones criminales con mayor capacidad operativa y financiera.

Pullaro ya había intervenido durante el debate nacional de la norma y pidió entonces “no tener miedo” de avanzar con reformas criminales de fondo. También el ministro Pablo Cococcioni participó de instancias legislativas defendiendo la necesidad de contar con herramientas más duras contra las mafias.

La Ley 27.786 fue promulgada por el gobierno nacional en marzo de 2025 tras la aprobación del Congreso y habilita un abordaje más amplio sobre organizaciones criminales, con foco en delitos graves, actuación coordinada y posibilidad de avanzar sobre activos vinculados a esas estructuras. Entre sus herramientas figuran medidas especiales de investigación y la inmovilización de bienes con orden judicial.

La adhesión santafesina apunta a incorporar ese marco en la provincia y a mejorar la articulación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad. El objetivo político que plantea la Casa Gris es pasar de una respuesta fragmentada a una estrategia más integral frente a delitos como narcotráfico, trata, lavado de activos y extorsión.

El Gobierno de Maximiliano Pullaro expresó su acompañamiento a la adhesión de Santa Fe a la Ley Antimafia, que permitirá endurecer la pelea contra el crimen organizado. La iniciativa fue presentada por la diputada Ximena Sola, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, y cuenta con el respaldo del Ejecutivo provincial. 

La adhesión, que cuenta con media sanción de Diputados, podría ser tratada y aprobada hoy en el Senado santafesino.Como se recordará, Pullaro viene promoviendo un enfoque más firme en materia de seguridad, y al momento del debate de la norma a nivel nacional tuvo una participación destacada: en ese momento, el gobernador pidió “no tener miedo en llevar a cabo reformas importantes en materia criminal”.En aquel momento, Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, acompañaron el tratamiento de la ley en el Congreso, participando de los debates y exponiendo ante legisladores nacionales la experiencia santafesina en la lucha contra el crimen organizado.Consultado hoy por los medios, Cococcioni destacó que “esta iniciativa representa una señal clara: la adhesión a esta ley constituye un nuevo avance en una política sostenida para enfrentar a las organizaciones criminales, y se posiciona como una de las herramientas más firmes impulsadas en este sentido. La adhesión de Santa Fe es una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas”. Para el ministro de Justicia y Seguridad, la normativa marca un cambio de mirada: “El garantismo le hizo mucho daño al país”, remarcó.

La adhesión a esta ley permitirá incorporar mecanismos más robustos para investigar estructuras criminales complejas, con mayor coordinación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad.Además, introduce un esquema de agravamiento de penas para los delitos cometidos en el marco de organizaciones criminales, poniendo el foco no solo en los ejecutores, sino también en quienes financian, organizan o dirigen estas redes.En este sentido, desde el Gobierno provincial reiteran que se trata de un cambio de paradigma: pasar de un sistema que muchas veces resultó insuficiente para frenar el avance del delito, a uno que permita actuar de manera más firme, coordinada y eficaz.Entre los principales alcances de la ley se destacan la profundización del uso de técnicas especiales de investigación, el fortalecimiento de la cooperación interjurisdiccional y la posibilidad de avanzar sobre los bienes y recursos económicos de las organizaciones criminales.De esta manera, Santa Fe busca consolidar un esquema de intervención integral que permita atacar todas las dimensiones del delito organizado: desde su planificación hasta su financiamiento.La adhesión, además, se plantea resguardando las competencias provinciales, garantizando que el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia santafesina mantengan plena capacidad de actuación en su territorio, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de articulación con organismos nacionales.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves la entrega de 50 camionetas 0 km destinadas al Servicio Penitenciario, en un acto realizado en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero. Las unidades forman parte de los 720 móviles adquiridos por la Provincia en 2025 en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

La incorporación de estos vehículos refuerza la capacidad operativa del sistema penitenciario y se inscribe en la estrategia de fortalecimiento institucional que, según el Gobierno provincial, contribuyó a una baja histórica de la violencia en todo el territorio.

Durante el acto, Pullaro estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; la presidenta comunal de Piñero, Carina Gaspari; autoridades provinciales y la plana mayor del Servicio Penitenciario y de la Policía de Santa Fe.

El gobernador destacó el trabajo conjunto del Servicio Penitenciario y la Policía al señalar que lograron “algo que en la provincia y en la República Argentina parecía impensado: reducir los niveles de delito y de violencia”.

Recordó que, años atrás, ciudades como Rosario y Santa Fe vivían bajo niveles extremos de violencia y que el Ejecutivo decidió intervenir con un plan integral de seguridad pública.

Con cifras concretas, Pullaro sostuvo que “en lo que va de 2026 se registran 16 homicidios en toda la provincia, frente a los 86 contabilizados en el mismo período de 2023”, y atribuyó esa reducción a “una política pública muy clara”.

El mandatario subrayó además que el ordenamiento del sistema penitenciario fue un eje central de la estrategia: “Entendimos que poniendo orden en las cárceles íbamos a poner orden en la calle, y estamos empezando a lograr esos objetivos”.

En ese sentido, advirtió que quienes intenten cometer delitos desde prisión “no lo van a poder hacer”.

El ministro Cococcioni afirmó que “los tiempos han cambiado” y existe una decisión firme de que las instituciones de seguridad cumplan estrictamente su función.

Explicó que las camionetas “serán utilizadas para preservar el orden penitenciario y la seguridad de todos los santafesinos”, y destacó que la compra unificada para todas las fuerzas permitió optimizar recursos públicos.

También remarcó que se trata de una entrega sin precedentes por su magnitud y que fue posible gracias al ordenamiento de las cuentas provinciales.

“Para nosotros no hay nada por encima de la seguridad, del bienestar de la gente y del funcionamiento del sistema penitenciario y policial”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, señaló que la incorporación de los móviles representa una decisión política de respaldo al personal penitenciario que trabaja en contextos complejos y de alto riesgo.

Indicó además que la Provincia viene realizando inversiones en infraestructura, equipamiento, armamento, chalecos y modernización de los mecanismos de trabajo. “La seguridad no es improvisación: es una tarea permanente basada en decisiones sostenidas”, afirmó.

Las camionetas entregadas -marca Chevrolet, modelo Montana- cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados, rejas de protección para luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores. Están totalmente equipadas para tareas operativas dentro del sistema penitenciario.

Los vehículos integran el plan de renovación de la flota de seguridad provincial, orientado a fortalecer el control penitenciario y consolidar la política pública de reducción de la violencia.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, abrió un canal de diálogo con los agentes policiales e instó a los que habían sido puestos en disponibilidad a que “tomen su arma y vuelvan”. Se investigará si hubo “infiltrados”, pero para el grueso de la fuerza “damos vuelta la página”.

El funcionario defendió una política salarial diferenciada, que contemple especialmente la naturaleza y condiciones del servicio de seguridad, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, anticipó que ningún agente va a ganar “menos que la canasta básica”. Precisamente el monto de ese indicador se iba a conocer este miércoles por la tarde.

Conferencia de prensa

"Quiero instar a los policías que hubieran sido objeto de medidas administrativas, a que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reintegren al servicio ordinario. Esto implicará que saldrán de la situación de disponibilidad", afirmó Cococcioni al abrir el encuentro con la prensa en la sede local de Gobernación, luego de la tensa jornada que se vivió este martes.

El funcionario dijo que para tomar esa decisión de levantar las sanciones se tuvo en cuenta que "dentro de un clima de conflicto la seguridad nunca estuvo descuidada en la provincia y en Rosario".

De esta manera, las medidas de disponibilidad anunciadas 24 horas antes quedan levantadas, aunque se mantendrá la investigación para consignar si en las protestas del martes, con epicentro en Rosario y Santa Fe, hubo algún interés diferente al que motivó los reclamos del sector.

El titular del área de Seguridad señaló que hubo un trabajo en conjunto con el Ministerio nacional y una redistribución de fuerzas pero que la cobertura estuvo garantizada y "todas las incidencias fueron atendidas".

Según sus cálculos, la operatividad este martes por la noche alcanzó el 90 %, condición que posibilitó abrir una instancia de diálogo a última hora. "Para sentarnos a dialogar pedimos que se restablezcan los patrullajes en la zona urbana", precisó el ministro. A partir de allí "nos pusimos en contacto con quienes habían sido posibles interlocutores", teniendo en cuenta que la fuerza no tiene representación gremial.

Corte de calle en Rosario por la protesta de policias.

En este punto, instó al "escaso personal que aún queda en una actitud de no haber recuperado la normalidad del servicio, entendiendo que puede haber una dificultad en comunicar lo que se habla en una instancia de diálogo, a que se presenten, tomen el arma y el chaleco y, de inmediato, se reintegren al servicio ordinario".

Luego insistió en que el gobierno comprende el reclamo salarial de la fuerza: "No se planteó ninguna medida que no sea razonable", dijo, sino "cosas que apuntan a mejorar el poder adquisitivo y el bienestar de la fuerza policial".

"El reclamo de fondo es correcto", agregó: "En estos dos años (desde que se puso en marcha el Plan Bandera) han trabajado incansablemente, les hemos exigido mucho porque veníamos de procesos de delito y violencia que habían arrojado 400 o 450 homicidios dolosos en un año en la provincia".

Reconoció que las y los agentes "tienen una exigencia horaria mayor al resto de los empleados del Estado; esto lo digo sin desmerecer ningún rubro", pero "es un esfuerzo sobrehumano que los distingue del resto".

"Hoy tenemos que atender la situación de 25 mil policías y 4000 agentes penitenciarios porque gracias a ellos no estamos atendiendo el reclamo de un millón de personas que podrían ser víctimas de delitos", graficó para volver sobre el "estrés que genera la sobrecarga de trabajo".

En ese punto, señaló que "si tenemos que direccionar un mayor esfuerzo en reconocer a las fuerzas de seguridad, la sociedad lo va a aceptar porque no estamos dando un premio arbitrario en detrimento de otro, sino reconociendo a las instituciones que cuidaron la vida de casi 4 millones de santafesinos".

A su turno, Olivares, quien también participó de la reunión en la sede de Gobierno de Rosario el martes por la noche, consignó que "en primer término escuchamos las inquietudes, especialmente del personal subalterno".

Luego de reconocer que la carga horaria es de 48 horas semanales, "pero cuando razones del servicio lo exigen, es mayor", e impide tener otra fuente de ingresos, señaló que "el problema es el estrés que ha generado la exitosa forma de abordar la situación" de inseguridad.

En ese marco, confirmó que todo aquel que porta armas tendrá un ingreso no inferior a la Canasta Básica para un hogar tipo, cuyo monto se iba a anunciar este miércoles por la tarde.

"La población debe entender que destinemos mayores recursos para atender al personal de seguridad y, principalmente, el subalterno de los rangos interiores que tienen los ingresos más bajos".

Consultado sobre el efecto de este anuncio en plena discusión paritaria con los gremios estatales, el ministro de Economía sostuvo que "la carga horaria y situación de la fuerza de seguridad no va en desmedro de que en cada paritaria se discuta abiertamente y que cada sector sea atendido. El compromiso que hizo el gobernador (Maximiliano Pullaro) es que los trabajadores no van a perder con la inflación".

"No vamos a sacar recursos de los demás salarios (para mejorar la situación de las fuerzas de seguridad) sino que veremos cómo obtener de otras asignaciones que no pongan en riesgo una buena discusión salarial con los demás sectores", concluyó.

A la cuestión salarial, el titular de Justicia y Seguridad garantizó que se seguirá adelante con la política prevista para abordar la salud mental de los agentes de las fuerzas, atender las cuestiones vinculadas con el transporte y trabajar "detalladamente" con los jefes para realizar readecuaciones del régimen horario, "teniendo como base que no puede implicar afectación a la seguridad pública", pero considerando el bienestar del personal.

"Valoramos a las fuerzas de seguridad que en estos dos años lograron cosas que parecían imposibles, y el conflicto de estos días no hace mella en el aprecio, respeto y agradecimiento que tenemos como gobierno", concluyó Cococcioni.

El ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó información sobre los hechos ocurridos en las últimas horas de la noche del lunes y durante la madrugada del martes en relación a las manifestaciones policiales.

La atención a medios de comunicación se realizó a las 8.30 en la sala principal de La Torre, en Sede de Gobierno en Rosario, y será transmitida por el canal oficial de YouTube del Gobierno Provincial.

El gobierno santafesino habló con la prensa tras los incidentes registrados en medio de protestas que finalizaron con detenciones de manifestantes que arrojaron proyectiles y agentes de la fuerza que interrumpieron su labor.

Cococcioni expresó este martes en conferencia: “Esos reclamos que por su puesto, compartimos. lo quiero dejar en claro. las necesidades y el personal de la policía, somos los primeros en destacarlos y ponernos a trabajar con todas nuestras herramientas”.

“Entendemos que paulatinamente, con particular énfasis a partir de anoche (lunes), se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de interés particular, acciones violentas y antijurídicas”, agregó el funcionario.

Este martes por la mañana, agregó que “tratando de desestabilizar el despliegue preventivo se dieron dos circunstancias: se trató de impedir la salida de los móviles y un estimado de no menos de 20 unidades, en Rosario principalmente, fueron paralizados y puestos frente a la Jefatura y luego cometieron abandono de servicio, dejando los móviles”.

“Tenemos detectada gente y allegados a personal desplazado de la policía, en algunos casos vinculados a delitos graves”, declaró el ministro de Seguridad.

“Anoche el jefe de Policía, ha comenzado la labores administrativas y tenemos no menos de 20 efectivos que están siendo pasados a disponibilidad con retiro de armas y chaleco antibalas”, adelantó Cococcioni.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, había detallado la batería de medidas anunciadas por el gobierno santafesino el pasado jueves por la noche, en medio de un clima de descontento expresado por la policía a través de protestas esencialmente en Rosario pero también en esta capital. Uno de los detonantes de las manifestaciones fue el suicidio de otro efectivo – oriundo de la ciudad de Vera-, quien se quitó la vida frente a la sede rosarina de Infantería. Las medidas son de carácter económico pero también de contención para reforzar la atención de salud mental de los uniformados.

"Empezamos una gestión hace dos años con la misión de devolverle la paz a la provincia, y la policía nos ha respondido – sostuvo el ministro-. Sobre esa base, lo que queremos decir, en primer lugar, es que todo lo que podamos fortalecer, acelerar y priorizar para las fuerzas, lo vamos a hacer… Estamos abiertos a escuchar las necesidades del personal y todo lo que tengamos que hacer para que el policía esté mejor, lo vamos a tomar".

El funcionario aseguró que para la actual administración, "la inversión en seguridad es prioritaria", y valoró que "aun en el clima de descontento de estos días, no se vieron afectados los niveles de operatividad" de la fuerza. "Se manifestó el descontento respetando la seguridad de los santafesinos - enfatizó-. Lo que se planteaba era razonable. Somos una gestión pro policía y pro fuerzas de seguridad. Nunca vamos a tener un gesto de desvalorización hacia ellos; estamos agradecidos con ellos", sostuvo.

Cococcioni aseguró que "todo lo que podamos darle (a las fuerzas de seguridad) siempre me va a parecer poco", y destacó que las medidas anunciadas se implementarán "con un gran esfuerzo económico". Algunas de esas disposiciones ya están definidas y serán instrumentadas de manera inmediata, en tanto que otras están en proceso y serán de aplicación gradual.