Este miércoles, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación recibió al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, que expuso sobre el proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Gisela Scaglia para ampliar las competencias provinciales en materia de estupefacientes. La reunión contó con la participación de los integrantes de la comisión, entre ellos el diputado nacional santafesino Pablo Farías.

La iniciativa apunta a brindar nuevas herramientas a las provincias que decidan adherir para intervenir en casos vinculados al narcomenudeo y microtráfico que actualmente pueden quedar bajo competencia de la Justicia Federal.

Previo a la exposición, Cococcioni destacó la experiencia desarrollada en Santa Fe y la incorporación de la persecución del microtráfico como una herramienta central dentro del plan de seguridad que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro. “La Provincia de Santa Fe ha tomado la política de microtráfico como una herramienta en la lucha contra el delito y la violencia. La venta barrial de estupefacientes está ligada en muchos casos a los homicidios, a la circulación de armas de fuego y al desempeño de bandas criminales que se disputan territorio”, sostuvo.En ese sentido, el ministro explicó la importancia de mantener un abordaje integral sobre los fenómenos criminales: “Cuando por alguna cuestión técnica una causa pasa a la Justicia Federal, se pierde la integralidad de esa investigación y perdemos la oportunidad de tener una herramienta para pacificar”.Cococcioni destacó además los resultados alcanzados en Santa Fe y la incidencia que, según señaló, tuvo esta política en la disminución de la violencia en Rosario. “Para nosotros, haber podido reducir dos tercios de la violencia y los homicidios en la ciudad de Rosario tiene que ver directamente con la posibilidad de perseguir el microtráfico a nivel local”.

Por su parte, Scaglia explicó que el proyecto “tiene como objetivo aumentar las competencias de una provincia en materia de estupefacientes, sobre todo en la ley de microtráfico”, y señaló que la modificación permitiría avanzar sobre casos que actualmente pueden quedar en una zona de indefinición entre jurisdicciones.“Necesitamos esta ley para poder hacernos cargo. Es una herramienta a la que las provincias después tendrán que adherir, no es obligatoria para nadie”, señaló la diputada nacional. En ese marco, destacó el interés de Santa Fe en avanzar con la iniciativa para “trabajar mucho más en los temas de narcomenudeo y microtráfico y, sobre todas las cosas, seguir adelante con el plan de seguridad que tiene la provincia”.Finalmente, Scaglia sostuvo que ampliar las posibilidades de intervención provincial permitiría “trabajar mucho más en los temas que a veces no se pueden trabajar porque terminan siendo competencia federal”. Y concluyó: “Es una herramienta muy importante, por eso estamos dando esta pelea en la Cámara de Diputados y esperamos que sea ley”.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcini, fue invitado a exponer este miércoles ante la Comisión de Asuntos Penales sobre un proyecto ingresado por integrantes de la bancada de Provincias Unidas, pero que tiene el sello de esta cartera, y que apunta a ampliar la competencia de las provincias en materia de estupefacientes.

"La aprobación del proyecto permitirá optimizar la utilización de los recursos del sistema de justicia, reducir la sobrecarga de la justicia federal, fortalecer las capacidades investigativas provinciales y mejorar la respuesta estatal frente a fenómenos delictivos que afectan directamente a la seguridad ciudadana", explicó el ministro a El Litoral.

"En definitiva, la iniciativa propicia un modelo equilibrado que profundiza el esquema vigente, fortalece la intervención local en los supuestos en que resulta más eficaz, preserva el rol de la justicia federal en los casos de mayor complejidad y consolida un enfoque moderno, coordinado y territorialmente inteligente de la política criminal", añadió.

El proyecto fue ingresado por Gisela Scaglia y la comisión que lo tiene bajo análisis la preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado (LLA). Scaglia y Pablo Farías integran esa comisión por Provincias Unidas mientras que por LLA están los también santafesinos Alejandro Bongiovanni y Juan Pablo Montenegro.

El proyecto en sí apunta a modificar dos leyes nacionales: 23.737 y la 26.052.

"La ley nacional dice que en materia de microtráfico, las provincias pueden tomarlo cuando la droga se vende fraccionada directamente para el consumo. Es muy lindo decirlo, pero en la práctica no se sabe si una bolsita es microtráfico y si un cascotito ya es federal. En la práctica realmente se corre riesgo de interpretaciones muy restrictivas", explicó Cococcioni.

Enseguida destacó que el gobierno provincial esto no es un chiste. "Detrás de la política de microtráfico está la posibilidad de perseguir bandas que dinamizan muchísima violencia en el territorio, en las principales ciudades de la provincia", afirmó.

Para Cococcioni, es estratégico poder tomar en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación la venta minorista o territorial o barrial de droga. "No estamos hablando de narcotráfico a gran escala internacional. Estamos hablando de venta en el territorio ligada a bandas criminales que después se disputan, a veces a los tiros, una esquina para vender, un búnker, una familia contra otra. Para nosotros es una herramienta fundamental. No podemos correr riesgos de que la investigación se desarme al llevarse una parte al fuero federal".

El ministro santafesino entiende que el fuero federal está para la lucha nacional contra el narcotráfico y no por un envoltorio de cocaína. "Tiene que ver con cuestiones de criminalidad organizada, de tráfico por la frontera terrestre, vías aéreas, vías navegables, es decir, lo ligado a organizaciones de la ley antimafia.

El objetivo de la presentación del proyecto por parte de Scaglia es evitar un limbo de casos intermedios de tráfico de drogas. "El proyecto se inscribe en una lógica de profundización y perfeccionamiento del régimen vigente de desfederalización, promoviendo un modelo más flexible y dinámico de distribución de competencias, que permita adecuar la intervención jurisdiccional a las particularidades de cada territorio y a las capacidades operativas de cada jurisdicción, en el marco de una estrategia integral de política criminal", le dijo a El Litoral.

La iniciativa amplía los supuestos de intervención de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación con determinados delitos previstos en la Ley 23.737, especialmente aquellos vinculados a modalidades de comercialización minorista, incorporando criterios más precisos para su delimitación y favoreciendo una asignación más eficiente de los casos. Asimismo, introducen reglas claras en materia de conexidad y resolución de conflictos de competencia, priorizando la continuidad de la investigación, evitando dilaciones innecesarias y promoviendo una mejor articulación entre los distintos niveles del sistema de justicia.

Cococcioni entiende que cada provincia tiene realidades diferentes y por eso el proyecto plantea la decisión de cada estado de adherir o no.

La adhesión a la desfederalización del delito de drogas fue adoptada por la provincia de Santa Fe a fines de 2023 mediante un mensaje del Poder Ejecutivo. Fue una de las primeras leyes aprobadas durante la gestión Pullaro. El tema no había tenido consenso en las anteriores administraciones provinciales.

Funcionarios provinciales cuestionaron el pedido inédito de un preso de alto perfil alojado en la cárcel de Piñero para continuar en una clínica privada, un tratamiento de fertilización asistida que había comenzado antes de ser detenido. En caso de que la práctica (una extracción de semen) no pueda ser realizada en el centro médico del instituto penitenciario, la defensa del interno solicita que pueda salir del penal. Se trata de Jonatan Riquelme, detenido en 2024 en el barrio porteño de Caballito, y sindicado como líder de una banda narcocriminal.

El caso desató una nueva polémica por la extrañeza del pedido y por la reacción de la justicia federal que no impuso obstáculos al planteo, aunque dejó la decisión final en manos de las autoridades provinciales.

Precisamente, desde el gobierno provincial, la titular del Servicio Penitenciario, Lucía Masneri, advirtió que preferiría entablar un diálogo con la justicia federal sobre otros aspectos; por ejemplo, sobre cómo brindarle una mayor y mejor seguridad a los santafesinos.

"Realmente desde la provincia consideramos que es muy importante concentrarse en la seguridad de la sociedad y no en las intenciones de procreación de un narcocriminal. Con lo cual - expresó-, preferiríamos no tener que estar dialogando respecto de una autorización para este tipo de tratamientos, sino de nuevas medidas para la seguridad provincial".

La funcionaria alertó, asimismo, sobre el despliegue en materia de móviles y efectivos policiales que deberían afectarse para garantizar un operativo de seguridad, en caso de que el interno deba salir de su lugar de detención.

Por su parte, el propio ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, se refirió al tema y dejó en claro que la novedad no fue bienvenida en el gobierno provincial. "Por supuesto que no celebramos para nada esta serie de permisos especiales", dijo el funcionario, consultado por la prensa.

"Hay que tener en cuenta los términos. Valoramos, al menos, no haber recibido una orden de nadie (para autorizar el traslado)", ironizó. "Lo que dice el oficio (de la justicia federal) – sostuvo- es sencillamente que como el interno está a disposición conjunta de la justicia provincial y federal, el juez federal dice 'bueno, mire, por mi parte no hay objeción. Hagan lo que quieran'. En lo que respeta a nosotros como provincia, informaremos luego, según las medidas de seguridad que evalúe el área de Asuntos Penales, qué contestación se eleva".

Aun así, adelantó que la situación descripta no está planteada, siquiera, en la Ley de Ejecución Penal. "En principio, eso no está previsto en nuestra legislación. Lo que sí está previsto – comentó- son las salidas que únicamente autoriza un juez competente en el marco de la libertad o salidas transitorias, o las salidas en casos excepcionales por motivos gravísimos de salud que no puedan ser atendidos dentro del propio servicio penitenciario".

Cococcioni aclaró que fuera de eso, "no hay nada contemplado". Y dejó en manos del Servicio Penitenciario la resolución final del caso.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, encabezó este martes la entrega de diez vehículos 0 km destinados a fortalecer la capacidad operativa y logística del Servicio Penitenciario provincial. Las nuevas unidades fueron equipadas especialmente para mejorar las condiciones de seguridad tanto en el traslado de personas privadas de la libertad como en el desplazamiento de los agentes penitenciarios.

“Estamos dando un paso más en la concreción de un Plan de Seguridad”, señaló Cococcioni, quien remarcó que “este esfuerzo económico plasma la decisión de nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, de invertir en seguridad, que es la prioridad número uno de los santafesinos”.

El ministro explicó que la incorporación de los vehículos se integra con la construcción de nuevas cárceles y la incorporación de recursos humanos al Servicio Penitenciario. Todas estas acciones, indicó, responden al “diseño de una política pública que se estructuró mucho antes de asumir la actual gestión de gobierno y que se plasmó en un primer paquete de leyes que nos está ayudando a empezar a recuperar la seguridad para todos los santafesinos”.

Cococcioni destacó además que los nuevos móviles fueron diseñados para cumplir con los parámetros establecidos por la Ley de Ejecución de la Pena. “Tienen una separación respecto del personal, elementos de sujeción y un sistema de circuito cerrado de videovigilancia para poder observar lo que hacen los internos sin arriesgar la integridad física del personal que los custodia”, detalló.

Asimismo, explicó que cuentan con sistemas de cerramiento reforzados y dispositivos específicos para el traslado de personas privadas de la libertad. “Son vehículos preparados para trasladar presos y, a la vez, cuentan con todas las medidas de seguridad para proteger a nuestro personal”, agregó.

Respecto de las unidades destinadas a los agentes penitenciarios, Cococcioni señaló que permitirán movilizar personal “con medidas de seguridad acordes a un sistema penitenciario que hoy es el segundo en número entre las provincias argentinas”. Los vehículos serán utilizados para trasladar grandes cantidades de efectivos en requisas sorpresivas, brindar apoyo táctico y participar en traslados y operaciones especiales.

La incorporación comprende ocho vehículos destinados al traslado de detenidos: seis tienen capacidad para 13 personas y otros dos, para 14. Estos últimos poseen compartimentos separados que permiten trasladar hombres y mujeres en un mismo recorrido.

Las unidades disponen de sistemas de videovigilancia, espacios climatizados para los custodios, dispositivos especiales de seguridad, balizas y sirenas. A ellas se suman dos vehículos destinados al traslado de personal penitenciario, con capacidad para 25 personas cada uno, butacas reclinables y climatización.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó que la incorporación de las unidades “significa la materialización de muchas cosas y pone en valor la dificultad y la trascendencia de los traslados”.

Masneri hizo especial referencia a los agentes que realizan esas tareas y a los riesgos que enfrentan fuera de los establecimientos penitenciarios. “Saben lo que es trabajar en un lugar donde jugamos de visitantes, donde no tenemos las posibilidades de controlar lo que pasa y donde estamos con un interno peligroso que no va a tener ningún miedo en tratar de escaparse o atacarlos”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que los nuevos vehículos permiten trasladar a varios internos simultáneamente, mantenerlos separados y aplicar las medidas de sujeción correspondientes. Además, las cámaras y los sistemas tecnológicos incorporados permiten a los agentes “estar siempre viendo lo que hacen los presos y evitar que los tomen desprevenidos”.

“Estos móviles vienen a decir que todo lo que escribimos y trabajamos toma forma; que vamos a seguir cuidándolos y proveyéndolos de tecnología y medidas de seguridad que sumen a su tarea diaria”, afirmó Masneri.

El acto se realizó en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de la ciudad de Santa Fe y contó también con la participación del diputado provincial José Corral; la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes; el subsecretario de Atención a la Emergencia 911, Pablo Polito; la directora provincial del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), Rocío Zanón; y autoridades municipales, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Penitenciario, entre otros.

La Provincia llevó adelante este martes el derribo de un inmueble utilizado como punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Reconquista, en el departamento General Obligado. Se trata del primer búnker inactivado en el norte santafesino desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico y eleva a 134 el total de inmuebles demolidos en toda la provincia.

El procedimiento fue realizado de manera coordinada entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las autoridades locales, como parte de la política de seguridad impulsada para desarticular puntos de comercialización de drogas, recuperar espacios para la comunidad y reforzar la presencia del Estado en los barrios.

La inactivación se concretó en la intersección de Olessio y calle 47, en la ciudad cabecera del departamento General Obligado.

Durante la actividad, el director provincial de la Policía de Investigaciones (PDI), Rolando Galfrascoli, sostuvo que el procedimiento responde a la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, de profundizar la lucha contra el narcomenudeo en todo el territorio santafesino."Es un hecho histórico, que tiene una significación particular: demostrar que la provincia invencible de Santa Fe va con todo contra el delito de la venta de estupefacientes", afirmó.

El funcionario destacó además el trabajo articulado entre los organismos del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas de seguridad, al considerar que esa coordinación permite avanzar de manera sostenida en la desarticulación de los puntos de venta de droga.

Por su parte, el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, afirmó que la primera demolición de un búnker en Reconquista "es un paso más en la consolidación de una política de seguridad que tiene en el combate al microtráfico uno de sus principales ejes".

El funcionario recordó que ya son 134 los inmuebles inactivados en toda la provincia y explicó que el lugar demolido funcionaba como un centro de actividades delictivas."Era un núcleo donde se articulaban distintos delitos predatorios. En algunos de los allanamientos realizados en este inmueble se secuestraron numerosos objetos robados a vecinos de Reconquista, Avellaneda y otras localidades de la región", señaló.

Montenotte sostuvo además que este tipo de intervenciones permite "desplazar por completo a organizaciones que durante mucho tiempo se apropiaron de estos espacios" y devolver tranquilidad a los vecinos.

Finalmente, destacó el impacto que la Ley de Microtráfico ha tenido sobre los indicadores de violencia. "Nos ha permitido reducir los delitos más violentos asociados a esta modalidad criminal. Hoy la provincia registra una disminución superior al 60 % en la tasa de homicidios respecto de 2023, además de una reducción significativa de los heridos por armas de fuego vinculados al narcomenudeo", afirmó.

El fiscal de la causa, Sebastián Galleano, puso en valor el trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Gobierno provincial y calificó el procedimiento como "un hito histórico para el norte santafesino".

Explicó que el inmueble derribado era utilizado tanto para la venta de estupefacientes como para ocultar elementos robados. "En los últimos dos años se realizaron cinco allanamientos vinculados con causas de microtráfico y robos. En esos procedimientos se secuestraron cocaína, marihuana, sustancias de corte y numerosos objetos sustraídos", detalló.

Asimismo, indicó que la investigación permitió avanzar sobre los responsables del lugar. Actualmente, tres personas permanecen sometidas a proceso con reglas de conducta y una cuarta fue condenada mediante un procedimiento abreviado por delitos vinculados al microtráfico.

La fiscal regional interina, Georgina Díaz, también destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación y el Gobierno provincial y aseguró que el primer derribo de un búnker en el norte santafesino "es un hecho muy significativo para la región, porque representa un avance concreto en la lucha contra la comercialización de estupefacientes y en la recuperación de la paz social para los vecinos".

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, resultó ileso este jueves por la tarde luego de que la camioneta oficial en la que se trasladaba fuera embestida desde atrás en un accidente ocurrido sobre la avenida Circunvalación (ruta nacional A008), a la altura de Uriburu, en la ciudad de Rosario.

El hecho se produjo sobre la mano con sentido hacia el puente Rosario-Victoria y formó parte de una serie de tres siniestros viales registrados con escasa distancia entre sí, lo que provocó importantes demoras y un amplio operativo policial y de emergencias.

De acuerdo con la información oficial brindada por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, la camioneta oficial fue impactada desde atrás por otro vehículo. Como consecuencia del choque, no se registraron personas heridas y el ministro no sufrió lesiones.

Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe. Foto: Manuel Fabatía.

Tras el incidente, Cococcioni permaneció durante algunos minutos en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes y luego se retiró sin inconvenientes.

Según los primeros datos, el vehículo oficial del ministro estuvo involucrado en el primero de los tres accidentes ocurridos sobre la Circunvalación de Rosario. Si bien los siniestros se produjeron con pocos metros de diferencia, las primeras informaciones indican que no se trató de un choque en cadena.

El hecho se produjo sobre la mano con sentido hacia el puente Rosario-Victoria.

A unos 50 metros del primer impacto se registró una segunda colisión en la que participaron tres vehículos. Más adelante, en dirección a Presidente Perón, otros dos automóviles protagonizaron un tercer choque.

Las causas que originaron los accidentes todavía son materia de investigación.

Como consecuencia de los siniestros, las autoridades implementaron un corte de tránsito en la intersección de Circunvalación y Avellaneda, en sentido norte, para permitir el trabajo de la Policía, los servicios de emergencia y una grúa que retiró uno de los vehículos involucrados.

El operativo generó importantes complicaciones para quienes circulaban por uno de los principales accesos de Rosario durante la tarde del jueves.

(Por Ana Inés Dobal) - Rufino avanza con un nuevo plan de infraestructura para mejorar el sistema de drenaje urbano y anticiparse a posibles escenarios de exceso hídrico. La ciudad, ubicada en una zona baja de la geografía santafesina, históricamente enfrenta dificultades para el escurrimiento natural del agua debido a sus características topográficas.

En los últimos años, distintos episodios de lluvias abundantes generaron acumulación de agua que puso en riesgo sectores urbanos y afectó también a zonas productivas. Frente a ese escenario, el Municipio viene desarrollando trabajos vinculados al mantenimiento de canales, instalación de bombas y mejoras en el sistema de evacuación.

En este contexto, el intendente Natalio Lattanzi presentó un proyecto para el entubamiento de 1.610 metros de canales, una intervención que permitirá, según se indicó desde el Municipio, quintuplicar la velocidad de salida del agua ante fenómenos climáticos como los asociados a El Niño.

La iniciativa fue elevada al Programa Brigadier y al área de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de obtener el financiamiento necesario para concretar la obra.

“Este proyecto ya fue presentado ante el Programa Brigadier y también en Recursos Hídricos de la Provincia”, explicó Lattanzi, quien remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura hídrica de la ciudad.

Además, el mandatario local destacó que, mientras se aguarda la posibilidad de avanzar con la obra, el Municipio mantiene las tareas habituales de prevención. “Seguimos adelante con la limpieza y el mantenimiento permanente de los canales para estar cada vez más preparados frente al cambio climático”, señaló.

El proyecto contempla una inversión estimada de $2.134.801.379 y representa la tercera propuesta presentada por la gestión municipal ante el Gobierno provincial en busca de financiamiento.

“Es importante poder obtener los recursos para ejecutarlo en tiempo y forma, ya que el plazo de la obra está previsto en 180 días”, indicó Lattanzi.

Desde el Municipio remarcaron que la planificación apunta a reducir riesgos frente a futuras contingencias climáticas y continuar con el desarrollo de obras que permitan mejorar la capacidad de respuesta de Rufino ante grandes volúmenes de agua.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en el marco de una reciente visita a Rufino, encabezó una conferencia de prensa en el Salón Verde de la Municipalidad, donde destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio en materia de prevención.

Durante el encuentro, se presentó el funcionamiento del Centro de Monitoreo Municipal y la tecnología aplicada para fortalecer la seguridad local. Además, Cococcioni recorrió la Comisaría 3ª de Rufino y dialogó con el personal policial sobre las necesidades y desafíos de la ciudad.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, visitó Sancti Spiritu y mantuvo una reunión de trabajo con el presidente comunal Cristian Vincenti. El encuentro estuvo centrado en la prevención, el fortalecimiento del control urbano y la articulación entre la Provincia y la comuna para mejorar las herramientas de seguridad en la localidad.

La visita se concretó en la jornada del jueves y fue informada por el Gobierno de Sancti Spiritu a través de sus canales oficiales, donde se destacó el diálogo mantenido con el funcionario provincial sobre distintos temas vinculados al cuidado de los vecinos.

Agenda de trabajo en la localidad

Durante la reunión, Cococcioni y Vincenti repasaron las acciones que se vienen desarrollando en materia de seguridad local, con eje en la prevención y en el acompañamiento institucional a las áreas encargadas del control territorial.

El presidente comunal remarcó la importancia de sostener un trabajo coordinado con el Gobierno provincial para fortalecer las políticas de seguridad y sumar recursos que permitan mejorar la respuesta ante las demandas de la comunidad.

Recorrida por el Centro de Monitoreo

Como parte de la agenda, las autoridades recorrieron el Centro de Monitoreo de Sancti Spiritu. Allí, el ministro conoció de primera mano la tarea que lleva adelante el área de Control Urbano, un espacio clave para la prevención, la observación de situaciones en la vía pública y el acompañamiento a los operativos locales.

La incorporación y el uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento urbano forman parte de una línea de trabajo que distintas localidades santafesinas vienen impulsando con apoyo provincial, en el marco de políticas orientadas a reforzar la prevención y la presencia territorial.

Visita a la comisaría local

Luego de la recorrida por el Centro de Monitoreo, la comitiva se trasladó a la comisaría, donde se interiorizó sobre el funcionamiento de la dependencia y las necesidades vinculadas al trabajo policial cotidiano.

La presencia del ministro en la localidad se inscribe en una agenda provincial que busca sostener el vínculo directo con municipios, comunas y fuerzas de seguridad

Desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevaron adelante la incineración de 40.000 dosis de marihuana y 1.200 de cocaína. La actividad se concretó en el crematorio del Cementerio Municipal de Venado Tuerto y contó con la participación del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, el intendente Leonel Chiarella, el Fiscal Regional Mauricio Clavero, la senadora Leticia Di Gregorio, funcionarios provinciales, judiciales, fuerzas policiales y concejales.

En rueda de prensa las autoridades destacaron la importancia de esta destrucción de estupefacientes, destacando que es consecuencia de la puesta en vigencia de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Esta “quema de droga ha sido el resultado de todos los procedimientos y allanamientos que se vienen impulsando en nuestra ciudad en virtud y gracias a la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro que impulsó la ley de Microtráfico. Y de sostener la lucha contra la venta de droga a lo largo y ancho de la provincia”, destacó el intendente Leonel Chiarella.

Además, es “producto de nuestro equipo de trabajo de la Municipalidad que junto a Nahuel Pasquinelli (Delegado del ministerio de Seguridad) y Leticia Di Gregorio presentamos las denuncias con las direcciones de los lugares donde se vende droga”, agregó el primer mandatario.

A su vez, el jefe del Ejecutivo local sostuvo que “se trata de un proceso que comienza con la denuncia, continúa con la investigación, las tareas que lleva adelante la policía de la provincia en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación. Y eso continúa con los allanamientos, con la detención de las personas, el derribo de los búnkers y la quema de droga”.

Paz social

Tanto Chiarella como Pablo Cococcioni destacaron “la paz social” en la comunidad y en zonas puntuales que genera el derribo de un búnker en el cual se vendía droga.

“La gente llama, denuncia, da información a nuestra policía de investigación y eso permite que ya hayamos derribado 131 búnkers de venta de droga en la provincia a dos años y pocos meses de haberse implementado la Ley de Microtráfico. Ha sido una de las medidas que nos ha ayudado a reducir el delito y la violencia en la provincia de Santa Fe”, detalló el ministro de Seguridad.

En este marco, agregó que “la ley de Microtráfico nos permite actuar sobre la venta barrial, que genera violencia, impunidad, problemas de convivencia de toda índole. Nosotros trabajamos a nivel de dosis, procedemos cuando encontramos un punto de venta, pero es competencia de la justicia federal seguir hacia arriba la línea de comercialización y dar con los proveedores”.

El funcionario valoró la intervención del estado ya que “uno nota casi de inmediato una mejora en la calidad de vida en la sociedad circundante a los puntos de venta. La de Venado no es la misma realidad que la de Rosario, donde alrededor de un punto de venta hay muertos, heridos de armas de fuego, porque hay bandas que se pelean por ese punto de venta de droga”.

Fiscalía activa

De la incineración formaron parte los fiscales Iván Raposo, Mayra Vuletic, Luis Lagioia y el Fiscal Regional Mauricio Clavero.

“Esto no hubiese sido posible si desde diciembre de 2023 no contáramos con la Ley de Microtráfico. En mi paso como fiscal adjunto por la ciudad de Rufino he tratado de brindarle respuestas a los vecinos cuando aún no teníamos este tipo de herramientas ni estos mecanismos”, expresó Clavero.

Ya con la normativa vigente “podemos decir que les sacamos a los delincuentes la posibilidad de poner 40.000 dosis de marihuana y 1.200 cocaína en las manos de nuestros seres queridos. Sabemos del dolor que causa en la familia la droga. Y este es un hecho relevante, que no podríamos llevar adelante sin el esfuerzo de los hombres y mujeres de la policía”, añadió.

Por último, “quiero resalta que acá habría más droga todavía, pero fue derivada en un trabajo conjunto que hacemos con la fiscalía federal, ya que ellos se hacen responsables cuando el secuestro de estupefacientes supera ciertas cantidades. Y con ellos estamos trabajando muy coordinadamente para agarrar a los peces gordos, que es el pedido que nos hacen los vecinos: que detengamos a quienes traen el veneno para que los de abajo lo distribuyan a nuestros seres queridos”. 

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe y el Gobierno de Venado Tuerto invitan al acto de destrucción de material estupefaciente secuestrado en distintos procedimientos y cuya incineración fue ordenada por la Justicia.

La actividad se llevará a cabo el viernes 3 de julio, a las 9, en el crematorio del Cementerio Municipal (Jorge Newbery 3830). El acto será encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, junto a autoridades provinciales, municipales y representantes del Poder Judicial.

Este procedimiento se enmarca en el artículo 30 de la Ley 23.737 y en las resoluciones 122/2021 y 478/2022 del Ministerio de Seguridad de la Nación. La tarea estará a cargo de personal del Departamento de Criminalística de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Gendarmería Nacional.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto; y el fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo, brindaron este viernes detalles sobre la investigación del ataque sufrido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en barrio Banana, en Rosario, que dejó como saldo un agente fallecido, otro gravemente herido y dos personas detenidas.

El hecho ocurrió el jueves por la noche, cuando agentes federales que realizaban tareas de patrullaje en el marco del Plan Bandera fueron atacados con armas de fuego. Como consecuencia, uno de los efectivos murió y otro permanece internado en estado grave en el Hospital Italiano.

Durante la investigación se logró identificar a un tercer herido que había ingresado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en un vehículo particular. Su localización fue posible mediante el análisis de cámaras de videovigilancia. Tanto esa persona como quién la acompañaba quedaron en calidad de arrestados, mientras se determina su posible vinculación con el ataque.

Al referirse al hecho, Cococcioni expresó su pesar por la muerte del efectivo federal y transmitió su acompañamiento a los familiares y compañeros de la víctima.

“Fue un hecho gravísimo. Se ha perdido la vida de un efectivo de la Policía Federal Argentina que, además, formaba parte de un trabajo conjunto entre Nación y Provincia. Acompañamos a su familia y a todas las fuerzas federales en este momento tan doloroso”, señaló el ministro.

Por su parte, Ferlauto destacó la labor del agente fallecido y ratificó la continuidad de las acciones de seguridad en Rosario.

“Todos sentimos que hemos perdido a un agente que puso el cuerpo y entregó su vida para defender a la patria. Es un héroe”, afirmó. Y agregó: “Hoy nuestra prioridad es esclarecer quiénes fueron los autores materiales de este homicidio que tanto nos duele. No vamos a retroceder ni un paso en el Plan Bandera, no nos van a amedrentar y seguiremos trabajando coordinadamente con la provincia para devolver la seguridad a los rosarinos”.

En relación con el avance de la causa, el fiscal Merlo explicó que continúan las tareas investigativas para reconstruir la secuencia del ataque. “Estamos relevando cámaras de seguridad, tomando entrevistas testimoniales y realizando pericias balísticas para esclarecer lo ocurrido”, indicó.

Según detalló, los efectivos involucrados integraban un operativo de patrullaje del Plan Bandera cuando advirtieron la presencia de personas con una actitud sospechosa. “Al descender del vehículo para realizar tareas de identificación, recibieron inmediatamente impactos de arma de fuego”, explicó.

El fiscal también aclaró que los agentes estaban debidamente uniformados, aunque al momento del procedimiento llevaban camperas de abrigo. Asimismo, confirmó que el policía fallecido fue hallado sin su arma reglamentaria.

“Eso es lo que tenemos hasta el momento. Durante la mañana continuaron tomándose declaraciones testimoniales al resto del personal policial que estuvo presente en el lugar”, precisó.

Respecto de las personas detenidas, Merlo señaló que permanecen bajo arresto mientras se determina su eventual participación en el ataque.

“Por el momento tenemos dos personas en calidad de arresto. Debemos establecer si tienen vinculación o no con el hecho. Fueron aprehendidas cuando ingresaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez”, concluyó.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, participó este lunes de la apertura del primer juicio oral y público bajo la modalidad de jurado popular en Rosario. Se trata del sexto proceso de estas características en la provincia y el que completa la implementación del sistema en todas las circunscripciones judiciales santafesinas.

El debate, por un homicidio, se desarrollará hasta el 11 de junio en el Centro de Justicia Penal de Rosario: doce ciudadanos tendrán la responsabilidad de emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad respecto del acusado. También participaron de la jornada la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, y la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta.

Durante la apertura, Cococcioni destacó el alcance institucional de la puesta en marcha del sistema: “Hace aproximadamente un año, en junio de 2025, en la Circunscripción Judicial Nº 5, con sede en San Cristóbal, tenía lugar el primer juicio por jurados de la provincia. Hoy se realiza el primero en la circunscripción más numerosa en cantidad de causas y la más desafiante desde el punto de vista de la implementación. Por lo tanto, culmina esta etapa de transición y podemos decir que ya rige el juicio por jurados en toda la provincia de Santa Fe para los casos previstos por la ley”.

El ministro remarcó que uno de los principales objetivos de la reforma es cumplir con el mandato constitucional. “Durante décadas se incumplieron disposiciones constitucionales que establecen que los procesos criminales deben concluir mediante jurados. Para nosotros, cumplir con la Constitución es un valor fundamental”, afirmó.

Asimismo, señaló que el sistema fortalece la participación ciudadana en la administración de justicia. “Otorga al acusado el derecho a ser juzgado por sus pares y, al mismo tiempo, reconoce a los ciudadanos el derecho a intervenir directamente en una institución que democratiza el Poder Judicial”, sostuvo.

Esquema en la provincia

Respecto del funcionamiento del mecanismo, explicó que el modelo adoptado por Santa Fe responde al esquema clásico de jurado popular compuesto por 12 integrantes. Para su conformación se realiza un sorteo inicial de 36 ciudadanos del padrón electoral de la circunscripción correspondiente. Posteriormente se desarrolla una audiencia de selección en la que las partes pueden formular preguntas y ejercer recusaciones hasta definir la integración definitiva del jurado y sus suplentes.

“La regla general es que cualquier ciudadano puede ser jurado. Las excepciones están vinculadas a impedimentos legales, incompatibilidades o a la pertenencia al sistema de justicia penal, como jueces, abogados o integrantes de las fuerzas de seguridad”, precisó.

Cococcioni también aclaró que no existe un sistema de inscripción voluntaria. “Los jurados son seleccionados mediante sorteo del padrón electoral. Se trata de una carga pública que garantiza a los ciudadanos el derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial integrado por sus pares”, indicó.

En cuanto al proceso de deliberación, explicó que el jurado se pronuncia exclusivamente sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, siguiendo las instrucciones impartidas por el juez y sobre la base de la calificación jurídica propuesta para el caso. Una vez emitido el veredicto, corresponde al magistrado determinar la pena que eventualmente deba aplicarse.

Finalmente, el ministro valoró la experiencia acumulada desde la puesta en marcha del sistema en Santa Fe. “La experiencia en todos los distritos ha sido muy positiva, al igual que ocurre en otras partes del mundo. Además, es el modelo previsto por los constituyentes y resulta plenamente compatible con el sistema acusatorio que rige en nuestra provincia”, concluyó.

En el marco de una jornada de trabajo en Rosario, el intendente de Rufino Natalio Lattanzi mantuvo este jueves 21 una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Pablo Cococcioni, con el objetivo de abordar la agenda de seguridad local. El mandatario municipal calificó el encuentro como "una buena reunión" y destacó que el equipo de gestión se trajo "tarea para el hogar" para avanzar en soluciones concretas.

Durante el encuentro, se trataron diversos puntos críticos para la comunidad, entre los que se destacan la situación de la Comisaría de la Mujer, la operatividad de la guardia rural Los Pumas y la necesidad de mejoras en la infraestructura de la Comisaría Tercera.

Asimismo, se discutió la incorporación de más personal para la ciudad y de un médico policial, así como la implementación de herramientas para facilitar la prevención y la denuncia, tales como las denuncias online, el centro territorial de denuncias y la respuesta en accidentología.

Un eje central de la charla fue la optimización de los recursos tecnológicos existentes. En este sentido, el Intendente explicó que se dialogó sobre la coordinación entre el Centro de Monitoreo y la comunicación directa con la Policía. “Vamos a seguir trabajando para las posibles soluciones a corto plazo”, aseguró Lattanzi.

La reunión contó con una amplia representación de las fuerzas políticas y civiles de la ciudad. Estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Arturo Patimo; los concejales Gisela Reinoso, Juan Pablo Garmendia y Francisco Carballeira; además de integrantes del Consejo de Seguridad Ciudadana y representantes de Bomberos Voluntarios. Desde el cuerpo legislativo y el ejecutivo local destacaron la importancia del trabajo mancomunado en temas de seguridad para el beneficio de toda la comunidad.

Tras renunciar como subsecretario de Intervención Federal de la Nación, Federico Angelini define con el gobernador Maximiliano Pullaro su incorporación al gabinete. Así lo confirmó a El Litoral el propio referente del PRO y ex presidente del partido a nivel provincial.

"Mi renuncia tiene que ver con un ciclo cumplido. Después de haber asumido hace dos años y medio en un área que carecía de todo tipo de logística y materiales, siento que es un logro haber podido trabajar para dejar equipamiento que incluye hasta helicópteros para los sectores que eran de nuestra injerencia, como la política para zonas de frontera y el Plan Bandera esencialmente para Rosario", planteó.

Federico Angelini define con el gobernador Maximiliano Pullaro su incorporación al gabinete.

El funcionario había llegado al gobierno de Javier Milei de la mano de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La actual senadora nacional mostró distancia en las últimas semanas con la gestión libertaria a partir de la decisión presidencial de sostener en su cargo al polémico Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, consultado al respecto, Angelini evitó atribuir su alejamiento a una disputa por dicha interna política. Insistió en mencionar el concepto de "fin de ciclo"; acotó aspectos asociados a "la vida familiar", y en tercer término, citó su voluntad de "trabajar sobre seguridad en la provincia". En esa línea, confirmó que aun antes de su dimisión, ya venía manteniendo conversaciones con funcionarios provinciales para sumarse a la gestión de Unidos.

Pablo Cococcioni confirmó que existen conversaciones para sumar a Angelini a su cartera.

“Tengo ganas de dedicarme a la ciudad (de Rosario) y a la provincia, sobre todo, en materia de seguridad”, refrendó Angelini. “Como legislador (fue diputado nacional entre 2019 y 2023), me aboqué a esa materia pero esencialmente desde lo discursivo. Ahora, con la experiencia de estos años en una tarea ejecutiva, tengo ganas de trasladarlo a la provincia”, planteó. Y adelantó que “una vez que cierre el ciclo nacional de una manera ordenada y prolija, tomaremos una definición (respecto de ocupar un lugar en la provincia). Hace mucho que me lo vienen pidiendo desde la actual gestión y vamos a conversar”, admitió.

La renuncia al cargo nacional y su inminente incorporación al gabinete de Pullaro también alimentó la especulación electoral vinculada a una eventual candidatura de Angelini para disputar el año que viene la intendencia de Rosario. Consultado por El Litoral al respecto, el referente del PRO lejos de esquivar la respuesta, admitió que "seré parte del proceso electoral", aunque aclaró que la decisión sobre una supuesta postulación "corresponderá al gobernador Maximiliano Pullaro".

Este viernes, el propio ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que existen conversaciones para sumar a Angelini a su cartera, y evaluó como "positiva" la eventual incorporación.

"Tenemos una relación de trabajo muy estrecha con él; dialogamos mucho semanalmente porque el despliegue de las fuerzas federales en el marco del Plan Bandera lo tiene como interlocutor principal", sostuvo. El ministro admitió "conversaciones" para sumarlo al gabinete de Seguridad y anticipó "anuncios" para los próximos días. "Falta tomarse un par de mates para definir la letra chica – graficó-; sería una incorporación positiva. Hay que terminar de definir (el tema) con todos los interesados".

Sobre la función a desempeñar, dijo que "sería para un rol provincial, aunque tal vez con una injerencia geográfica determinada", por ejemplo, focalizada en la ciudad de Rosario.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este viernes el derribo de otro inmueble utilizado para la venta de estupefacientes, ubicado en inmediaciones de Monseñor Zazpe y Doctor Zavalla, en la ciudad de Santa Fe. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico.

Con esta intervención, la Provincia alcanza los 120 inmuebles inactivados desde la puesta en marcha de la ley por parte de la Legislatura santafesina, en diciembre de 2023, y su posterior promulgación durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El momento en que la topadora arremetió contra el frente del inmueble desató el aplauso espontáneo de los vecinos, que habían denunciado la situación del lugar.

Rumbo a seguir

Durante la intervención, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, valoró el trabajo conjunto que “empezó por los vecinos que durante mucho tiempo denunciaron a este lugar donde había actividades criminales”, que según dijo el funcionario, tuvo “cerca de 500 incidencias en el lapso de 8 meses en un radio de 200 metros a este sitio que funcionaba como punto de venta de estupefacientes pero también como aguantadero, lugar de acopio y junta de delincuencia”.

El ministro aseguró que el derribo del lugar “tendrá un efecto positivo en el barrio y contribuirá a recuperar la tranquilidad pública”, en conjunto con otras medidas que viene llevando adelante el Gobierno Provincial tales como “poner la policía en la calle, endurecer el régimen penitenciario, reformar las leyes a favor del Estado y no de los delincuentes”, agregó Cococcioni.  

“Esto no es una medida aislada”, subrayó el funcionario, sino que “se da en un contexto de una política de seguridad que viene dando buenos resultados en el control de los indicadores más gruesos de criminalidad como la tasa de homicidios, con un descenso abrupto”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció que “este es el rumbo que hay que mantener y fortalecer para devolverle la seguridad a los santafesinos”.

Terminar con un lugar inhabitable

El fiscal Diego Vigo destacó también el compromiso de los vecinos de la zona que “pusieron en conocimiento los hechos delictivos que se sucedían en el lugar a través de llamados al 911” y de esa manera “hicimos un análisis criminal temprano que nos permitió priorizar el caso, detectamos la situación, acreditamos el hecho delictivo, se tomó la medida cautelar para tres personas dictaminándoles prisión preventiva y luego obtuvimos el derribo”, explicó.

Vigo agregó que en el lugar se acreditó “la existencia de estupefacientes, droga fraccionada y otros elementos que nos indicaron que era tenencia con fines de comercialización”, sumando que el aspecto habitacional era “prácticamente inhumano, siendo un punto que claramente no cumple las condiciones para que personas habiten”.

Por su parte, la presidenta de la vecinal Barrio Sur, Laura D`Andrea, aseguró que alcanzar el derribo del sitio “fue una lucha de muchos años”, por lo que destacó “la decisión política de este Gobierno Provincial” lo que consideró “muy importante, porque desde la vecinal nos comprometimos a ayudar a los vecinos y vecinas” ya que “este bunker era un problema para quienes viven aquí”. La vecinalista valoro el acompañamiento de los funcionarios y destacó  la importancia de “tener este desenlace para poder estar más tranquilos”.

En el lugar estuvieron presentes también la vocera provincial, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte; el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de otro inmueble utilizado para la venta de estupefacientes, ubicado en Centeno al 2400, en la ciudad de Rosario. El procedimiento se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico.

Con esta intervención, la Provincia alcanza los 119 inmuebles inactivados desde la puesta en marcha de la norma: 70 en la ciudad de Rosario y otros 8 en localidades del departamento, desde la sanción de la ley por parte de la Legislatura santafesina, en diciembre de 2023, y su posterior promulgación durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Durante la actividad, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que la política contra el microtráfico abrió una nueva etapa en la intervención sobre economías delictivas vinculadas al narcomenudeo.

“La problemática del microtráfico comenzó a abordarse a partir de una herramienta que nos otorgó la Legislatura hace poco más de dos años, dentro de una primera ola de reformas procesales penales y de seguridad para la Provincia”, explicó.

El funcionario recordó además que el Gobierno Provincial y la Fiscalía presentaron recientemente ante la Legislatura el informe bianual sobre la aplicación de la Ley de Microtráfico. “Los legisladores manifestaron conformidad con los resultados obtenidos. Eso nos da respaldo para plantear nuevas herramientas legislativas y profundizar este camino”, indicó.

Nuevos instrumentos

En ese sentido, Cococcioni defendió la continuidad de la estrategia de seguridad impulsada por la gestión provincial, para lo cual se envió un nuevo paquete de medidas a la Legislatura, para su tratamiento, que buscan endurecer aún más las acciones ya en marcha: “No es momento de flexibilizar la política de seguridad. Cuando un gobierno demuestra, junto con la Fiscalía y las instituciones del sistema penal, que las herramientas disponibles mejoran los indicadores, eso habilita a pedir nuevos instrumentos”.

Y añadió: “Los niveles de violencia disminuyeron de manera significativa, pero todavía estamos lejos de una situación óptima si nos comparamos con otras provincias y con la tasa nacional de homicidios. Por eso, la instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro es profundizar el rumbo y no levantar el pie del acelerador en la lucha contra la delincuencia”.

Intervención barrial integral

Por su parte, el fiscal César Cabrera explicó que el operativo excede el derribo puntual del inmueble y forma parte de una intervención más amplia en Villa Moreno y Villa Centeno.

“La acción no se limita al búnker. Se trata de una intervención barrial integral impulsada por los altos niveles de violencia y las denuncias sobre venta de estupefacientes en la zona”, señaló.

Según detalló, a partir de tareas de relevamiento se identificaron distintos puntos de comercialización ilegal. En el lugar intervenido se realizaron allanamientos con resultados positivos: secuestro de drogas y detención de personas vinculadas con la actividad ilícita.

“Se comprobó que la comercialización se desarrollaba antes de nuestra intervención e incluso continuó después. Por eso se solicitó el derribo del inmueble”, explicó Cabrera, quien remarcó que estos espacios “no solo impactan por la venta de estupefacientes, sino también por el entramado de violencia y delitos asociados al microtráfico”.

Una política orientada a recuperar territorios

Los derribos comenzaron a ejecutarse a principios de 2024 como parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe y, según el caso, fuerzas federales y gobiernos locales.

La política de microtráfico contempla no solo la persecución penal del narcomenudeo, sino también la inactivación de inmuebles utilizados para la comercialización de drogas o vinculados a hechos de violencia grave. El objetivo es impedir que esos espacios vuelvan a funcionar como focos delictivos en los barrios.

Desde su implementación, la Ley de Microtráfico se consolidó como una de las principales herramientas de la estrategia de seguridad provincial para intervenir sobre economías criminales de pequeña escala, reducir la violencia y recuperar zonas afectadas por la presencia del delito organizado.

El gobernador Maximiliano Pullaro remarcó que “no se puede retroceder ni ser blandos con quienes matan o están armados en la calle preparados para hacer daño”.

A través de sus redes sociales, el mandatario se refirió a la nueva detención del menor de 17 años acusado de participar en los asesinatos de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Celentano, y del playero Bruno Bussanich, en marzo de 2024 en Rosario.

“El Gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos. Rosario está recuperando la paz y los espacios públicos, pero no podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con armas en la calle preparados para hacer daño”, sostuvo.

El adolescente fue detenido nuevamente en la zona norte de Rosario luego de un operativo policial motivado por denuncias de disturbios y presuntos disparos. Según explicó el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el joven estaba junto a otros dos menores y tenía un arma cargada al momento de la aprehensión.

En sintonía con ello, Pullaro marcó que “fuimos claros en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, porque sabemos con lo que nos enfrentamos y tenemos que ser claros en defender medidas que vayan en esa dirección”.

“En este caso el gobierno hizo todo lo que la ley obligaba, incluso más, pero la policía lo detiene una y otra vez y no es suficiente. La justicia necesita más herramientas para que no recupere rápidamente la libertad”, añadió.

“El Gobierno de Santa Fe viene haciendo un gran esfuerzo para cuidar a los santafesinos", dijo Pullaro.

Los dichos del gobernador se producen en momentos en que la Legislatura santafesina comienza a discutir una nueva serie de reformas en materia de seguridad pública, en un debate que se anticipa intenso a nivel político e institucional.

Tal como informó El Litoral, el mensaje ingresado a la Cámara de Diputados prevé once modificaciones sustanciales a seis leyes, entre ellas, el Código de Procedimiento Penal.

Entre las disposiciones, se restituye la figura de la declaración informativa ante la Policía y sin la obligación de que esté presente un abogado defensor; se habilita allanamientos sin orden judicial en determinados casos y se incorporan expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia.

Por otra parte, se avanza sobre la Ley Penitenciaria (con medidas de aislamiento y control de los contactos del interno), procedimientos contravencionales por decreto o medidas coercitivas en manos de fiscales, y ampliación de la política de recompensas.

Al respecto, y en sintonía con los conceptos vertidos por el gobernador, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni consignó que “no es momento de aflojar, es momento de profundizar las reformas”.

Cococcioni defendió la iniciativa oficial de modificar leyes. Foto: Flavio Raina.

En declaraciones periodísticas formuladas en Rosario, el funcionario defendió el nuevo paquete de medidas de endurecimiento con el argumento de que “hay una visión exacerbada de las garantías constitucionales. El proyecto no viola ninguna garantía constitucional, sino algunos prejuicios o preconceptos”, explicó.

En palabras de Pullaro, “todos debemos saber lo que estamos enfrentando y las herramientas que necesitamos. Estamos demostrando que se los podía hacer retroceder, pero todavía no ganamos: falta mucho y siguen ahí, intentando recuperar el poder que les sacamos”.

El reciente envío de un proyecto de ley que plantea once reformas en materia de seguridad pública en la provincia de Santa Fe será expuesto en la reunión de gabinete de este lunes. La encabezará Maximiliano Pullaro y será en la ciudad capital.

El mensaje del Poder Ejecutivo ingresó el jueves a la Legislatura a través de la Cámara de Diputados. La semana anterior, los ministros Pablo Cococcioni y Fabián Bastía, de Seguridad y Gobierno, respectivamente, habían informado a un grupo de legisladores del oficialismo los trazos generales de la iniciativa.

El texto genera debate en el propio seno de Unidos; tanto, que algunas fuentes consultas por El Litoral ya vaticinaron que el texto "saldrá con muchos cambios". Y ello deriva de la intención de la Casa Gris de introducir modificaciones al actual Código de Procedimiento Penal (CPP) – entre otras normas- que endurecen métodos y procedimientos.

Además de cambios al CPP, se sugieren retoques al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia, al programa de recompensas y una amplificación de facultades policiales para casos especiales.

En los considerandos, se advierte que "no todos los contextos delictivos son equivalentes" por lo que las pretensiones "introducir herramientas específicas para supuestos de criminalidad organizada, violencia estructural y situaciones de urgencia operativa".

El mensaje del Ejecutivo ingresó el jueves a través de la Cámara de Diputados Créditos: Guillermo Di Salvatore

Según el punteo que propone el propio mensaje, se pretenden reformas a la "declaración informativa e interrogatorio policial".

En tal sentido, se restituye la figura de la "declaración informativa para facilitar la recolección de información en los primeros momentos de la investigación penal, cuando todavía es prematuro definir si una persona debe declarar como imputado o como testigo, evitándose así la declaración bajo juramento de personas que podrían ser luego imputadas".

La reforma también plantea "eliminar la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado".

Se busca facilitar la recolección de información en los primeros momentos de la investigación penal.

Juicio penal en rebeldía. En este aspecto, se amplía tal posibilidad considerando que "no se viola el derecho de defensa, si la persona es debidamente notificada de la causa en su contra, quedando a su criterio la posibilidad de comparecer a defenderse o no hacerlo, debiendo soportar en este último caso las consecuencias de su contumacia".

Se prevé la revisabilidad de la condena en rebeldía y se regula el supuesto de aparición tardía del imputado, cuando invocara motivos atendibles para justificar su incomparecencia.

Validación probatoria. Se regulan expresamente supuestos de admisibilidad de pruebas presentadas para un proceso, que funcionan como excepción a la regla de exclusión y a su efecto extensivo. Es decir, habilita mayor flexibilidad en cuanto a lo que puede admitirse como prueba en un juicio, por encima de lo que puedan ser los criterios dispares de cada tribunal.

Allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública. Se agrega como supuesto de allanamiento sin orden judicial previa, el de secuestro de armas de fuego y otros materiales controlados en vía pública. Ello, con el fundamento de que aguardar la indicación judicial respectiva "da lugar a ocultamiento y consiguiente pérdida de la evidencia".

Derribo por orden fiscal. Se introducen supuestos especiales o de excepción, que habilitan a la fiscalía a ordenar por su propia autoridad la inactivación física de inmuebles destinados al microtráfico y otros delitos.

"Se pretende desjudicializar el accionar estatal en casos de extrema obviedad, donde median razones de seguridad y salubridad que no admiten demora ni litigiosidad posible al respecto", dice el proyecto.

Medidas coercitivas por decreto fiscal. Se pretende "optimizar la capacidad de respuesta del sistema penal mediante el uso racional y proporcional de medidas coercitivas, adoptando un criterio diferido para aquellas que no implican privación de libertad.

La Fiscalía "podría imponer medidas coercitivas no privativas de libertad mediante decreto fundado, configurando una herramienta menos gravosa desde el punto de vista de los derechos individuales". Según el proyecto, "no se afecta el derecho de defensa, sino que reconfigura temporalmente su ejercicio".

Procedimiento por decreto penal. Se incorpora el procedimiento por decreto o mandato penal para casos contravencionales y de criminalidad de bajo impacto, fijándose como pauta que no aplica para penas de privación efectiva de la libertad.

Régimen agravado para internos de alto perfil: quienes ordenen delitos graves desde la cárcel, serán sometidos a medidas de aislamiento extremo y se suspenden privilegios de visita física. Solo se garantiza el contacto familiar por medio de correspondencia epistolar, sujeta a fiscalización.

Fortalecimiento de las actividades de inteligencia. Se incorporan expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. "La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva", se sostiene.

Ampliación del programa de recompensas. Se amplifica, con la posibilidad de que los órganos ejecutivos realicen ofrecimientos fuera del marco investigativo y con propósitos preventivos o de seguridad pública.

Zona de intervención policial especial. Como derivación de la facultad genérica de demora en averiguación de antecedentes, se propone que los órganos ejecutivos puedan intervenir policialmente una zona determinada en función de los indicadores de criminalidad que se registren.

Ello podría habilitar facultades de excepción dentro de dicha zona que hacen en lo fundamental a la regulación del espacio público y de la circulación de personas, y a su vez reforzándose dicha prohibición con una norma contravencional específica.

A raíz de la expansión del Servicio de Emergencia 911 en toda la provincia, el Poder Ejecutivo resolvió modificar la estructura orgánica del Ministerio de Seguridad, y crear la Subsecretaría de Atención a la Emergencia. El área nueva estará bajo la dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la cartera citada y tendrá por objetivo gestionar el Sistema de Atención de Emergencias 911. Su función principal será "canalizar los requerimientos sociales e información crítica a través de dicha línea - inicialmente con enfoque en la intervención policial- mediante el uso de tecnologías de información y comunicación para optimizar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio de seguridad pública".

La decisión fue plasmada en el decreto N° 1019 del pasado 13 de mayo; lleva las firmas de los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Seguridad, Pablo Cococcioni, y del gobernador Maximiliano Pullaro.

Tendrá por objetivo gestionar el Sistema de Atención de Emergencias 911

El mismo decreto plantea la designación del abogado Pablo Martín Polito para cubrir el cargo de Subsecretario de Atención a la Emergencia, y de Silvia Cimini para asumir como directora Provincial de Atención a la Emergencia. Ambos ya se venían desempeñando con diferentes funciones en el ámbito del Ministerio de Seguridad.

En los considerandos del decreto se convalidan y autorizan las adecuaciones contables, presupuestarias y financieras pertinentes, con la premisa de "atender las políticas en materia de Seguridad Pública que se encuentra implementando el gobierno de Santa Fe".

El sistema de emergencias 911 fue renovado recientemente con una inversión de 36 millones de dólares

El sistema de emergencias 911 fue renovado recientemente con una inversión de 36 millones de dólares. Desde hace un par de meses, funciona con un nuevo software y hardware. El mecanismo permite atender y derivar a aproximadamente 700 llamadas por minuto de manera simultánea en toda la provincia. La ampliación y mejoras introducidas se prevé que redunden en una mayor velocidad de la concurrencia del patrullero al lugar requerido, a través de la geolocalización (ya vigente en el sistema) y mediante la trazabilidad del trayecto de los móviles.

El sistema integra, además, las videocámaras de la provincia con las del municipio, y dos mil celulares robustos. Sólo en la ciudad de Santa Fe son 450 las cámaras operativas.

En la delegación centro – norte del 911, con despacho en Santa Fe, se contabilizan 1.500 llamadas promedio por día que son derivadas hacia Rafaela, Recreo, Rincón, Santo Tomé, Reconquista, según corresponda.

El Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para establecer un nuevo marco normativo que permita intervenir en los ámbitos escolares cuando se generen situaciones de amenazas o intimidaciones. El punto de partida fue lo sucedido en San Cristóbal y sus derivaciones; cientos de mensajes escritos en las paredes de establecimientos escolares de todo el territorio provincial advirtiendo sobres supuestas "matanzas" o hechos violentos.

El miércoles, los ministros de Seguridad, Pablo Coccocioni; y de Gobierno, Fabián Bastía, se reunieron con un grupo de diputados y senadores oficialistas para interiorizarlos acerca de un anteproyecto de ley que establece protocolos y pautas a seguir en casos como los planteados. En términos generales y según el borrador al que accedió El Litoral, la iniciativa confiere más potestades a la Policía, prevé el monitoreo de redes sociales y establece que los padres deberán pagar los costos de los operativos generados por conductas de sus hijos.

En su primer artículo, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a declarar "Alerta de Riesgo Crítico Emergente, cuando exista un riesgo grave, actual o inminente, susceptible de afectar la vida, la integridad física o psíquica, o la seguridad de personas en ámbitos escolares o en entornos de socialización juvenil vinculados". Ello será detectable a partir de "fenómenos de propagación o contagio social consistentes en conductas, prácticas o consignas que, por su modalidad de difusión, reiteración o replicabilidad, evidencien capacidad de expansión rápida entre personas o grupos, con aptitud para generar daños relevantes. También, a partir de "dinámicas de captación, inducción o influencia en entornos digitales o híbridos, que presenten patrones de validación, refuerzo o promoción de conductas riesgosas, especialmente cuando involucren a niñas, niños o adolescentes". O cuando se detecten "amenazas, manifestaciones o comunicaciones con potencial de escalamiento, que, aun sin configurar delito consumado, resulten objetivamente idóneas para generar temor fundado o anticipar la posible concreción de hechos de violencia". Del igual modo serán consideradas la "circulación, difusión o amplificación de contenidos digitales riesgosos, que por su naturaleza, contexto o modalidad resulten aptos para promover, facilitar, legitimar o replicar conductas lesivas", entre otros puntos.

En el marco de la Alerta de Riesgo Crítico Emergente, el Ministerio de Justicia y Seguridad tendrá las facultades de "requerir informes a las demás áreas del Poder Ejecutivo y convocar a dispositivos interministeriales, asumir la gestión integral de la declaración de alerta, instruir a los organismos policiales y de inteligencia para elaborar perfiles y patrones de riesgo, llevar registros de actividades sospechosas y personas de interés, monitorear redes y entornos digitales, e implementar acciones de ciberpatrullaje e infiltración de agentes digitales encubiertos". También podrá "requerir a los gestores de redes o plataformas digitales la preservación de materiales, el bloqueo de cuentas o usuarios y la limitación de contenidos riesgosos".

A la policía se le confieren facultades especiales como "ingresar, recorrer e inspeccionar los establecimientos o ámbitos abarcados por la declaración, pudiendo asegurar los accesos, establecer perímetros o limitar la circulación de personas en horarios o lugares crítico". También, "disponer evacuaciones o confinamientos preventivos ante situaciones de emergencia, practicar requisas de personas y de pertenencias, pudiendo proceder al registro integral de los lugares afectados; proceder a la identificación y resguardo de personas hasta por doce horas, dándose intervención en su caso a los organismos competentes en materia de Niñez; secuestrar dispositivos electrónicos y acceder a su contenido en forma inmediata, pudiendo procederse al desbloqueo biométrico aplicando la fuerza mínima e indispensable, con noticia y remisión posterior a la Fiscalía a sus efectos".

La Fiscalía, de oficio o a requerimiento del Ministerio de Justicia, podrá ordenar preventivamente el bloqueo o la limitación de contenidos digitales riesgosos, pudiendo aplicar en forma directa sanciones a la entidad renuente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran tener lugar".

El proyecto también prevé que "el personal de los establecimientos educativos y de otros ámbitos de socialización juvenil, ya sean públicos o privados, tiene el deber de reportar a la autoridad policial o a los sistemas de emergencia cualquier situación que pudiera resultar sospechosa tales como amenazas, presencia de armas, desafíos virales u otros contenidos peligrosos que llegaran a su conocimiento, independientemente de que dichos fenómenos pudieran o no constituir delito y del grado de avance o de consumación de las posibles conductas implicadas".

Finalmente, se pretende establecer una "responsabilidad parental". En tal sentido, "cuando los hechos que dieran lugar a la Alerta de Riesgo Crítico Emergente fueran ocasionados por niñas, niños o adolescentes, el Estado demandará a los responsables legales el resarcimiento de todos los costos operativos a los que hubiera dado lugar". Asimismo, "cuando se verifique incumplimiento grave o reiterado de los deberes de cuidado, supervisión o acompañamiento de niñas, niños o adolescentes, la autoridad competente podrá disponer medidas administrativas de carácter conminatorio", que van desde apercibimientos o multas, hasta la prohibición de acceso a espectáculos deportivos y otros eventos masivos.