El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario condenó este miércoles a tres personas por tráfico de estupefacientes en la ciudad de Venado Tuerto. En el mismo fallo, una cuarta imputada fue absuelta por el beneficio de la duda.

La sentencia se conoció este 19 de noviembre durante una audiencia pública desarrollada en Venado Tuerto, con la participación de los jueces Osvaldo Facciano (presidente), Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero (vocales), y con la intervención del auxiliar fiscal Mariano Barabani.

 Los condenados

Los condenados son:

Una absuelta por el beneficio de la duda

Por otra parte, Claudia Alejandra F. (51 años), también imputada en la causa, fue absuelta por el beneficio de la duda, principio que establece que ante la falta de pruebas concluyentes no puede dictarse una condena.

Decomisos y medidas adicionales

El tribunal también resolvió mantener en libertad a los condenados hasta tanto la sentencia quede firme. Además, se ordenó el decomiso de bienes utilizados o vinculados al delito, entre ellos:

Matías Álvarez fue condenado a 15 años de prisión (pena unificada) al ser considerado líder de una organización narcocriminal dedicada a la venta de estupefacientes en Venado y la región, como así también responsable de organizar balaceras y amedrentamiento contra distintas personas.

La sentencia se conoció en la tarde del lunes en la ciudad de Rosario, en un tribunal presidido por el Juez Osvaldo Facciano.

Al mismo tiempo, el hermano del líder, Luciano Álvarez deberá cumplir una pena de 7 años. En tanto, Maximiliano González fue condenado a 11 años (pena unificada) y declarado reincidente; Kevin Aranda a 7 años y Daniel Núñez a 5 años y 6 meses.

Audiencia del juicio desarrollada en la Casa del Bicentenario de Venado Tuerto.

Inicio del juicio

El juicio comenzó el 6 de febrero con los jueces Osvaldo Facciano, Omar Paulucci y Eugenio Martínez Ferrero que se trasladaron a Venado Tuerto a desarrollar las audiencias en la Casa del Bicentenario de la municipalidad.

De acuerdo a la acusación, Matías Álvarez lideraba desde la prisión una organización junto a su hermano Luciano y a Maximiliano Rodríguez (también detenidos), Kevin Fabián Aranda y Daniel Antonio Núñez. El debate había comenzado con el abordaje de tres organizaciones que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto y sus alrededores. Los integrantes de dos de esas organizaciones firmaron acuerdos de juicio abreviado, en los que resultaron condenados.

Solicitan hasta 18 años de prisión a acusados de integrar una banda narcocriminal en Venado

A los cinco acusados se les atribuye la tenencia con fines de comercialización del material incautado, entre el que había marihuana y cocaína fraccionadas listas para su venta al menudeo. Además, en los operativos se les habían secuestrado teléfonos celulares, balanzas digitales y documentación. También semillas y plantas de cannabis. Por estos hechos, Matías Álvarez fue señalado como organizador y financista de las maniobras delictivas.

La última audiencia previo a los alegatos de la defensa y el fiscal federal.

Tanto a Matías Álvarez como a González se les atribuye además la tenencia de armas sin su debida autorización legal. El primero fue acusado de ordenar que se dispare contra el domicilio de una mujer imputada en la causa, lo cual pudo constatarse el 29 de noviembre de 2018, después de que el domicilio sufriese un atentado.

Sentencias

Si bien el fiscal federal Fernando Arrigo había solicitado 18 años de prisión para Matías Álvarez, el tribunal resolvió una condena de 15 años producto de la unificación de condenas. Y lo consideró autor de los delitos de organizador y financista de una organización, y de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, como instigador de disparos de arma de fuego y autor del delito de transporte de sustancias estupefacientes. Además, deberá pagar una multa de 4.500.000 de pesos.

Por su parte, Luciano Martín Álvarez, deberá cumplir una pena de 7 años de prisión al ser considerado como coautor penalmente responsable por la tenencia de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas para producir estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por el delito de tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal. Más una multa de 600.000 pesos.

Matías el Bicho Álvarez posando para la foto (Izquierda). Y parte del material incautado en los operativos (derecha).

Como consecuencias de la unificación de penas, Maximiliano Rodrigo González, fue condenado a 11 años de prisión como coautor penalmente responsable la tenencia de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas para producir estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Y por el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización. A su vez deberá afrontar una multa de 900.000 pesos.

Mientras que Kevin Fabián Aranda fue condenado a 7 años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas para producir estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y una multa de 600.000 pesos.

Por último, Daniel Antonio Núñez, deberá cumplir 5 años y medio de prisión al ser encontrado responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y una multa de 450.000 pesos.

Organización violenta

El fiscal Fernando Arrigo había considerado como agravantes la magnitud de la organización que integraban y el rol que cada uno de ellos cumplía; el poder ofensivo que tenía la organización; la forma violenta que tenían para dirimir sus conflictos; la facilidad de acceso a armas de diverso calibre; y el “desprecio a la integridad física de quienes eran víctimas de las amenazas, aprietes y/o abusos de armas que Álvarez ordenaba desde su lugar de detención”.

Causas pendientes

Matías “Bicho” Álvarez afronta otras causas producto de ser acusado de autor intelectual del crimen de Érica Ávalos, quien el 28 de diciembre de 2022 recibió por parte de dos sicarios 17 balazos frente a su casa en la ciudad de Firmat, y tres días después perdió la vida tras agonizar en el hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.

Grave amenaza de muerte contra el senador Enrico y el juez federal Cuello Murúa

Por otro lado, es sindicado como el autor de las amenazas de muerte contra el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, el senador Lisandro Enrico, la fiscal provincial Susana Pepino, el fiscal Federal Javier Arzubi Calvo y el juez federal Aurelio Cuello Murúa, donde prometía “balas y granadas para todos” si seguían “metiendo presa a gente inocente”.

El fiscal general Fernando Arrigo solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario que imponga penas de entre 7 y 18 años de prisión para los cinco integrantes de una banda narcocriminal cuyo líder y financista manejaba desde su lugar de detención, y que está también imputado por haber ordenado un atentado contra una mujer imputada.

El juicio comenzó el 6 de febrero y para su celebración los jueces Osvaldo Facciano, Omar Paulucci y Eugenio Martínez Ferrero se trasladaron a la ciudad de Venado Tuerto y desarrollan las audiencias en la Casa del Bicentenario de la municipalidad local.

De acuerdo a la acusación, Matías Álvarez lideraba desde la prisión una organización junto a su hermano Luciano y a Maximiliano Rodríguez (también detenidos), Kevin Fabián Aranda y Daniel Antonio Núñez. El debate había comenzado con el abordaje de tres organizaciones que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto y sus alrededores. Los integrantes de dos de esas organizaciones firmaron acuerdos de juicio abreviado, en los que resultaron condenados y se tuvo por probado el vínculo entre los imputados como parte de una misma organización, como también la tenencia de sustancias con fines de comercialización en ocho domicilios distintos.

Cinco en el banquillo

Los cinco acusados que siguen en juicio están señalados como parte de esta maniobra. Se les atribuye la tenencia con fines de comercialización del material incautado, entre el que había marihuana y cocaína fraccionadas y listas para su venta al menudeo. Además, en los operativos se les habían secuestrado teléfonos celulares, balanzas digitales y documentación, además de semillas y plantas de cannabis. Por estos hechos, Matías Álvarez fue señalado como organizador y financista de las maniobras delictivas.

Tanto a Matías Álvarez como a González se les atribuye además la tenencia de armas sin su debida autorización legal. El primero asimismo fue acusado de ordenar que se dispare contra el domicilio de una mujer imputada en la causa, lo cual pudo constatarse el 29 de noviembre de 2018, después de que el domicilio de aquella sufriese un atentado. De acuerdo a la acusación, Álvarez había dirigido la operatoria telefónicamente y desde el interior del complejo penitenciario donde se encontraba detenido, además de haber suministrado los elementos necesarios para llevarla a cabo y señalar a su destinataria.

Condenas

Arrigo solicitó que se condene a una pena de 18 años de prisión y al pago de una multa de 4,5 millones de pesos a Matías Álvarez, al acusarlo como autor de los delitos de organizador y financista de la organización, y de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas, en concurso real con los delitos de instigador de disparo de arma de fuego y autor del delito de transporte de sustancias estupefacientes. Dado que Álvarez ya había recibido una condena previa, el fiscal solicitó se unifiquen las penas en 21 años de prisión y que se declare su reincidencia.

Para Maximiliano González, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 9 años de prisión y multa de un 1.2 millones de pesos por los delitos de tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. Dado que González se encuentra ya cumpliendo una pena, Arrigo solicitó una unificación de condenas en 13 años de prisión y la declaración de reincidencia.

Para Luciano Álvarez y Daniel Núñez, el fiscal solicitó penas de 7 años y multas de 600 mil pesos a cada uno por tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con el delito de tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal. En el caso de Álvarez, Arrigo solicitó se lo declare reincidente -el acusado ya había sido condenado dos veces y cumplido las penas-, en tanto requirió que a Núñez se le dicte una pena única de 7 años y 6 meses de prisión y que se lo declare reincidente, en función de que se encuentra cumpliendo una condena por otros hechos.

Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 9 años de prisión y multa de 1.2 millones de pesos para Kevin Aranda, como autor del delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de cultivo de plantas y guarda de semillas para producir estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas organizadas para cometerlo.

En los casos de Matías y Luciano Álvarez, Aranda y González, el fiscal consideró como agravantes la magnitud de la organización que integraban y el rol que cada uno de ellos cumplía; el poder ofensivo que tenía la organización; la forma violenta que tenían para dirimir sus conflictos; la facilidad de acceso a armas de diverso calibre; y el “desprecio a la integridad física de quienes eran víctimas de las amenazas, aprietes y/o abusos de armas que Álvarez ordenaba desde su lugar de detención”.

Respecto al líder de la organización, Arrigo señaló también como agravante su edad y madurez a la fecha los hechos, sus antecedentes penales y la circunstancia de haber cometido los hechos cumpliendo una condena a prisión. También remarcó “un comportamiento hostil e irreverente constante hacia el tribunal (…) que denota un profundo querer desconocer la autoridad y desapego a las normas de convivencia”, y la multiplicidad de hechos que se le atribuyen.

En el caso de Luciano Álvarez, el fiscal consideró como agravantes sus antecedentes penales, su actitud al momento de ser detenido (de acuerdo a uno de los testigos del operativo, amenazó a una mujer policía con violarla y matarla), el rol desempeñado dentro de la organización y la multiplicidad de hechos que se le imputan. En relación con Gónzález, el fiscal Arrigo destacó sus antecedentes penales y la circunstancia de haber cometido el hecho por el que fue imputado mientras gozaba de salidas laborales. Por último, para el caso de Núñez el representante del Ministerio Público Fiscal destacó la multiplicidad de hechos que se le endilgan, la cantidad de droga incautada en cada uno de los allanamientos realizados contra la finca que habitaba, la forma violenta en la que llevaba adelante la actividad ilícita que se le atribuye y sus antecedentes penales.