Un hombre de 22 años identificado como Alejandro Martín Romero fue condenado a 17 años de prisión por la autoría del homicidio de Osmar Cazorla cometido en 2020 en Venado Tuerto. Así fue resuelto esta mañana por un tribunal integrado por el juez Leandro Martín y las juezas Silvina Marinucci y Lorena Garini en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.La fiscal que realizó la investigación que permitió arribar a la condena fue Florencia Schiappa Pietra.El condenado reconoció su responsabilidad en el hecho investigado y, junto con su abogada defensora, prestaron su conformidad con lo resuelto. Por su parte, la familia de Cazorla también se manifestó de acuerdo con la calificación legal atribuida, la pena impuesta y la realización del juicio de procedimientos abreviados.

El homicidio fue cometido en horas del mediodía del viernes 18 de diciembre de 2020 en la vivienda de Cazorla, ubicada en calle Maxwell al 800.La fiscal del MPA aclaró que “Romero estaba de novio con la hija –menor de edad– de Cazorla. De algunas testimoniales y de las pericias realizadas en los teléfonos celulares se desprende que el condenado cometió el homicidio porque Cazorla no le permitía a su hija que tuviera una relación sentimental con él”.“Romero utilizó un arma blanca para consumar el ilícito. Le provocó alrededor de 20 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo a Cazorla, entre ellas, una en el cuello que fue la que le terminó generando la muerte en el lugar del ataque”, precisó Schiappa Pietra.“A sabiendas del horario en el que llegaría la víctima, el condenado estaba escondido en el baño de la casa, lugar en el que se inició el ataque”, puntualizó la fiscal.“Cazorla intentó defenderse y escapar, y se trasladó hacia el ingreso de la casa. Romero lo siguió y continuó asestándole puñaladas en el cuello hasta que logró quitarle la vida”, indicó la funcionaria del MPA.

“Logramos gran cantidad de pruebas que permitieron confirmar la hipótesis de la Fiscalía”, valoró Schiappa Pietra. “Se realizaron estudios de ADN en prendas secuestradas a Romero, en una cortina de la casa en la que fue cometido el homicidio y en muestras de sangre del condenado, de la víctima y de su hija. Se peritaron teléfonos celulares; se analizaron cámaras de seguridad de la vía pública y se tomaron gran cantidad de testimoniales. Asimismo, se realizaron pruebas de luminol, que demostraron que fueron limpiadas manchas de sangre que había en distintos sectores de la casa”, enumeró la fiscal.Schiappa Pietra también destacó que “estas pruebas nos permitieron confirmar no solo que Romero fue el autor material del hecho, sino también que cometió el homicidio en presencia de la hija de Cazorla”. En relación a ella, la fiscal recordó que “como era menor de edad, su situación procesal tramitó en la Justicia de Menores”.“Las pericias telefónicas realizadas en los celulares secuestrados y los testimonios de la gran cantidad de personas entrevistadas dan cuenta de que la hija de Romero sabía con anterioridad lo que pasaría”, subrayó Schiappa Pietra. “Ella misma ya le había dicho a una testigo que la ayude a matar a su padre”, añadió la fiscal y concluyó que “quedó descartada la hipótesis del femicidio vinculado, es decir, quedó demostrado que Romero no cometió el homicidio para provocarle dolor a la hija de Cazorla”.

Schiappa Pietra también se refirió al monto de la pena impuesta a Romero. “Él sabía que estaba dando muerte al progenitor de su novia, lo cual aumenta la reprochabilidad del autor y permite despegar el monto del mínimo establecido en el Código Penal”, sostuvo la fiscal.En relación al modo de comisión del hecho, Schiappa Pietra argumentó que “la conducta extremadamente violenta con la que Romero llevó a cabo su cometido también habilita a una mayor reprochabilidad. Si bien no es suficiente para dar por cumplidos presupuestos para agravar la calificación penal, sí permiten ponderar y justificar el monto de la pena escogida”.La pena impuesta a Romero es de cumplimiento efectivo. A raíz de que luego de cometer el ilícito contrajo una enfermedad muy grave, cumplirá la condena de forma domiciliaria hasta tanto se revierta esa situación. “El diagnóstico fue corroborado por la información aportada por la Defensa y por lo establecido por los médicos forenses”, advirtió la fiscal. No obstante, finalizó que “una vez que cese esa situación de salud del condenado, deberá ser alojado en dependencias del servicio penitenciario provincial”.

Por Ornella Pazzi 

Paralizada, en shock. Así describió Milagros su estado cuando la fiscalía y el juez le cuestionaron por qué no impidió que su novio asesinara a su padre. En ese momento tenía 16 años. Alejandro Romero, 3 años mayor que ella, era su pareja desde hacía varios meses y la violentaba física, psicológica y sexualmente. 

El mediodía del 18 de diciembre de 2020 él le advirtió que apuñalaría a su papá, Osmar Cazorla, quien se oponía a la relación porque quería que su hija esperara hasta los 18 y que estuviera con alguien que “estudie y trabaje”. Bajo amenaza de que lo mismo le sucedería a su mamá y a su hermano, Milagros presenció el crimen. 

Paralizada por el miedo, intentó pedir ayuda como pudo. Las puertas de la casa estaban cerradas con llave, y frente a ella Romero forcejeaba y apuñalaba a su papá. Con cada estocada le recriminaba en voz alta comentarios que el hombre le había hecho. 

La adolescente golpeó la pared lindera con la casa de su vecina y más tarde le hizo señas a un vecino en busca de auxilio, sin éxito. Su pareja la obligó a limpiar la escena del crimen y asistirlo para bañarse y cambiarse de ropa, después le advirtió que no dijera nada. Ella cumplió y fue recién cuando se enteró que el asesino estaba detenido que logró vencer el miedo y comenzar a contar lo que había sucedido, pero “su relato nunca fue tenido en cuenta”. 

Hoy Milagros tiene 17 y lleva más de un año presa en el Instituto de Asuntos Juveniles de Rosario, a 160 km. de su familia. Está sola, a excepción de las esporádicas y transitorias estadías de otras menores que, a diferencia de ella, vuelven a su hogar a los pocos días. 

El octubre pasado el juez penal de Venado Tuerto Benjamín Révori la declaró coautora del homicidio de su padre, tildándola de “mitómana y manipuladora”. Este lunes 14 de marzo la Cámara de Apelaciones revisará la sentencia, y las nuevas abogadas de Milagros esperan que se revierta la “injusta” situación en la que se encuentra la menor. 

Milagros y Romero fueron detenidos apenas unos días después del crimen. La joven prestó declaración indagatoria ante la fiscal extrapenal Silvina Casas el 23 de diciembre de 2020 -con la presencia de su madre y de la defensora general Gabriela del Castillo-, y contó todo lo acontecido el día del crimen, comenzando por aclarar: “Yo fui obligada y amenazada”. 

Cuando terminó le preguntaron qué sentía: “Que me pude desahogar, pero siento que ella me ve como que soy la cómplice, y no lo soy”. Una semana después, el 30 de diciembre, el juez de menores Javier Prado ordenó que Milagros permaneciera encarcelada en Rosario. 

A finales de marzo de 2021 Milagros solicitó volver a ser escuchada. La ampliación de indagatoria se hizo a través de zoom. Dijo que ya se había referido al hecho, pero no al contexto. Tras recibir apoyo psicológico, estaba preparada para hablar de su relación con Romero. 

Manifestó que los primeros meses todo era “normal”, pero que después él comenzó a ser violento. Recordó el primer día que la amenazó: “Me dijo que si no hacía lo que él quería me iba a matar a mi papá, o a mi mamá, o a mi hermano”. La sometió física, psicológica y sexualmente, le exigía dinero y ella comenzó a trabajar vendiendo cosas para satisfacerlo. 

Se fue alejando de su familia y amigos, temerosa de lo que podría sucederles. Admitió que nunca quiso contarle a sus padres lo que ocurría por miedo a que Romero los matara y se lamentó “y sin haber hablado lo hizo, no le importó nada”. 

La defensa de Milagros solicitó su libertad, o subsidiariamente la prisión domiciliaria, repetidas veces. El juez Prado jamás la concedió. Sí ordenó la realización de un examen psicológico a la menor, atento a que manifestó haber sido víctima de violencia de género. 

En el informe (de agosto de 2021) dos psicólogas de la Universidad Nacional de Rosario plasmaron los resultados de dicha evaluación. Describieron que la adolescente se encontraba en una “situación traumática general”, en la que “predomina la angustia y la tensión” y advirtieron que “frente a una situación inesperada responde con inhibición, quedando paralizada. Hay indicadores de vivencias traumáticas sucesivas, frente a las que quedó indefensa y siguió siendo víctima”. 

Las profesionales fueron claras: “Milagros necesita estar con su familia, no solo por su edad y su dependencia afectiva, sino porque también fue víctima de un acontecimiento horroroso, y el cual seguramente le demandará un largo tiempo de psicoterapia, a fin de elaborar el trauma y las consecuencias subjetivas que se advierten actualmente”. 

Previo a la realización de ese informe, en abril el fiscal Fernando Palmolelli requirió la elevación a juicio de la causa. Sindicó a Milagros como coautora del “homicidio calificado por el vínculo” de su padre. Para el funcionario, la chica de 16 años “no puede hoy escudarse de que actuó bajo amenazas, dado que pudo salirse de esa posición muy fácilmente”. Además, resaltó que “ha prestado una colaboración necesaria” ya que “sin su presencia el autor no hubiera actuado sobre seguro”. 

El 20 de octubre, ya contando con los informes psicológicos, el juez Benjamín Révori condenó a Milagros. En cuanto a su temor y a las amenazas que le hizo Romero, el magistrado señaló que los intentos de pedir auxilio (golpear la pared de la vecina, hacerle señas a un vecino) y que haya tratado de evitar que ese mediodía su padre ingresara al baño (donde lo esperaba Romero) “demuestran que de ninguna manera estaba inhabilitada para reaccionar en defensa de su padre”. 

Para el juez la joven “tenía el pleno dominio del hecho por previo acuerdo con el autor. Si Milagros hubiese querido salvar la vida del padre, y considerando que tenía capacidad y voluntad para sobreponerse a cualquier hipotética amenaza (…), entonces no hay explicación posible de que no haya evitado el hecho”. 

Además, Révori concluyó que la menor fue la instigadora del crimen porque “de la lógica y el sentido común, cabe preguntarse qué poderoso motivo pudo tener el ejecutor material del ataque mortal para llevarlo a cabo y mediando amenazas de muerte a su novia -o su familia-, cuando es incontrastable que la amaba con todo su corazón'”. 

“Vergonzoso, carente de perspectiva en minoridad y género”, así definieron al fallo las abogadas Carolina Walker Torres y Agustina Taboada, quienes recientemente asumieron la defensa de la adolescente “ad honorem” y critican fuertemente todo el proceso en su contra. Insisten en la inconstitucionalidad del Código Procesal de Menores, que es inquisitivo. “Si Milagros fuera mayor no habría pasado ni un sólo día presa”, aseguran. 

“Ella no fue escuchada como corresponde, a través de una cámara Gesell” (según lo indican los organismos internacionales), “ni se tuvieron en cuenta los informes psicológicos que detallan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra”. 

 Además, sostienen que el crimen de Osmar Cazorla fue un “femicidio vinculado”, circunstancia que surge clara del relato de la menor y de aquello que sí puede probarse, y que paradójicamente no fue tenida en cuenta ni por la fiscalía ni por los jueces intervinientes. 

Esperan que lunes 14 la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto revierta el fallo del juez Revori y sostienen que de no ser así seguirán las vías legales “hasta la Corte Suprema de la Nación, e incluso hasta la Corte Interamericana de Justicia, de ser necesario”.