En una votación dividida, la Cámara Baja dio sanción definitiva al nuevo Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe. El proyecto aprobado surgió del consenso entre diferentes diputadas, diputados y senadores que habían presentado oportunamente iniciativas en este sentido. Uno de ellos es el diputado del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez, quien en su alocución en el recinto ratificó que el Código Procesal Penal Juvenil fue uno de sus primeros proyectos presentados en febrero de 2020.

“Me parece muy importante que aunque con matices esta Legislatura cumpla con una deuda que tenía con las santafesinas y santafesinos de dictar un Código como este. Una deuda que tiene 27 años y que fue producto de un reclamo generalizado respecto de un cambio de sistema. A lo largo de toda mi vida he trabajado incansablemente en la construcción de consensos, sobre todo cuando uno va teniendo más experiencia para saber el camino qué hay que recorrer para poder avanzar, entendiendo que el diálogo es fundamental sobre todo cuando este diálogo está fundado en la buena fe y entendiendo también que todos tenemos una parte de la verdad pero que no somos dueños de ella y que la construcción de esos avances se realiza a partir de resignar algunas convicciones para lograr dar respuesta a una ciudadanía que la exige con legítimo derecho”, expresó en su discurso.

Además, manifestó que “Yo creo que esta Cámara ha avanzado enormemente en lo que es el sistema de enjuiciamiento penal, que es un reclamo legítimo de la ciudadanía en función de una realidad social que nos supera. Así, con la búsqueda de consensos logramos la Ley de Derechos y Garantías de Víctimas de Delitos un actor completamente olvidado del proceso penal, así también logramos la prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego , y avanzamos con la prisión preventiva para quien viole una perimetral. Logramos sancionar leyes que tuvieron como meta mejorar el sistema de enjuiciamiento penal con la finalidad de hacerlo más eficiente y acorde a las necesidades de una sociedad santafesina que está hastiada de convivir con la violencia y muchas veces con la impunidad, y eso nos tiene que enorgullecer como cuerpo legislativo porque lo peor que podemos hacer quienes tenemos la responsabilidad de ser dirigentes es dejar que las cosas sigan transcurriendo sin intentar generar los cambios que nos ayuden a vivir en una sociedad más pacificada”.

Más adelante, y en referencia a las voces en contra del proyecto que se escucharon en la Cámara, Martínez sentenció: “A mí me ha tocado en estos años llevar adelante la tarea de coordinar el Observatorio de Víctimas de delitos y sus familiares y una de las personas con la que trabajamos fue Graciela Brondino, que por la ausencia de un Código de Procesamiento Penal Juvenil no tuvo la posibilidad de convertirse en querellante en la causa del asesinato de su hija donde el imputado era menor de edad, y que por la falta de legislación en ese sentido tuvo que luchar muchísimo hasta que un juez escuchó su reclamo. Entiendo que no haya unanimidad en este proyecto, cada una de las legisladoras y legisladores tiene el derecho y la potestad de pensar diferente y eso es una de las enormes ventajas de vivir en democracia y de tener representantes que piensen y opinen según su ideología pero sinceramente creo que muchos aquí se expresan más por ideología que por convicción. Este nuevo Código aplica solo en aquellos casos donde las penas sean mayores a dos años. No estamos hablando de delitos menores, lesiones leves, hurtos, amenazas, daño, etc. Ellos no están contemplados como delitos que pueden imputarse a un menor por lo tanto yo creo que es muy importante establecer que no estamos hablando de la totalidad del universo de las y los jóvenes. Y tengamos en cuenta que que estamos discutiendo un Código Procesal Penal , y que este Código no viene ni pretende venir a resolver todas las cuestiones pendientes que tiene la democracia y el Estado con la minoridad, y sería irracional imaginar que un Código de Procedimiento Penal pueda dar respuesta a esas situaciones. Pero esto no inhabilita a que debamos rendir cuentas a la sociedad que eso espera, y avanzar en esta normativa.”

“Acá hay una atribución de responsabilidad al menor que viola la ley penal y este proyecto está constituido sobre la base de tres elementos. Primero, la franja etaria a la que pertenece el presunto autor, segundo, el tipo de delito cometido, y tercero el monto de la pena, por tanto la criminalización de las infancias y adolescencias de la que hablaron los diputados preopinantes no es un concepto que se pueda sostener. La no punibilidad no existe como un elemento que evite garantizar el derecho a la verdad. Por eso el desarrollo de un proceso penal que establezca la responsabilidad y esta ley fija que se dé respuesta a un derecho humano del cual todos sabemos que es necesario preservar, que es el derecho a la verdad. Esto también es parte de la responsabilidad de esta legislación por tanto yo personalmente estoy de acuerdo con la posibilidad de que en el caso que un menor no punible cometa un delito grave en el que ha habido daños irreparables en las personas, las víctimas tengan la posibilidad de tener acceso a ese derecho a la verdad, lo cual no significa que el menor sea punible y que tenga que cumplir efectivamente condena pero sí que la víctima o la familia de la víctima pueda conocer efectivamente lo que ha sucedido.

Y terminó su alocución afirmando: “En lo que respecta concretamente al rol más importante que me ha tocado en esta Cámara que es el de representar la voz de las víctimas de delitos y sus familias quiero señalar que esta ley que hoy aprobamos le ha dado una enorme participación a ellas, y por tanto este Código Procesal Penal Juvenil le garantiza a las víctimas y sus familiares que aunque el imputado sea menor de edad se le garanticen todos los derechos que están expresados en la Ley 14181 de Víctimas de delitos y sus familiares”.

(Por Ignacio Andreychuk) – “Billetera Santa Fe es un beneficio para todos: el consumidor, los comercios y el gobierno”. Con este concepto, el diputado Oscar Martínez (bloque Frente Renovador 100% Santafesino – Juntos) justificó su propuesta de convertir en ley el beneficio de reintegro al consumo en la provincia que puso en marcha la actual gestión de Omar Perotti.

Fue durante una mesa de trabajo que compartió este jueves, en la sede de Fececo en la capital provincial, con directivos de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras actividades de la provincia de Santa Fe y representantes de centros comerciales de diversos puntos de la región.

Leandro Aglieri, presidente de la Fececo, fue uno de los oradores de la jornada. “Consideramos muy importante este encuentro con el diputado Oscar Martínez, ya que junto a nuestro equipo apoyamos esta propuesta de convertir Billetera Santa Fe en ley y, además, se planteó la continuidad de prórroga de estabilidad fiscal en la provincia”.

Puntualmente, Martínez ratificó la postura de “actualizar a $ 12.500 el monto de reintegro de Billetera Santa Fe. Esto tiene que ver con que esta política, que ha beneficiado a 1.700.000 santafesinos y 4.500 comercios, pero que también ha beneficiado al gobierno de la provincia a partir de la regularización del comercio minorista y mayores ingresos a sus arcas en términos de ingresos brutos, se pueda convertir en una política de Estado y se actualice”.

“Han aumentado las tarifas, los impuestos y, por ende, la recaudación”, remarcó el legislador.1 “Entonces es razonable que Billetera Santa Fe también se actualice, fundamentalmente en un año atravesado por la sequía y en el cual peligra el crecimiento económico. Consideramos que es mejor que el gobierno, antes de tener plata fija depositada en plazo fijo, tenga políticas activas que promuevan el consumo, el comercio y el mercado interno”.

Entiende “Cachi” Martínez que, de convertirse en ley, es la posibilidad de que sea una política de Estado, con algunas propuestas que quiere discutir.

“Primero, una actualización periódica, cosa de que no tengamos que rogarle a ningún gobernador que tome en cuenta la inflación. Y segundo, corregirla en otro aspecto, como que quien la usa puede ser cualquier santafesino, incluidos los funcionarios públicos de alto rango. Ahí planteamos que esta franja debe quedar excluida y, por el contrario, otorgar un mayor nivel de reintegro a los jubilados, que es el sector más vulnerable de la sociedad”, planteó.

A los efectos de garantizar que la actividad económica en Santa Fe, en una nueva gestión, no tenga incrementos impositivos, para el diputado “la estabilidad fiscal podría definirse en este tiempo”. “En concreto, significa que las cosas que se han hecho bien, tratar de que permanezcan en el tiempo. Tenemos la esperanza de que todo el arco político pueda ponerse de acuerdo en sostener las cosas que se han hecho bien: Billetera Santa Fe es un beneficio para los santafesinos, para los comercios y para el gobierno, a partir de la regularización”.

Para Aglieri, titular de la entidad mercantil, hace prácticamente seis meses que persiste una baja sostenida en el consumo, “lo que hace que lo pegue directamente al comercio del interior, salvo algunos sectores o algunas fechas particulares. Pero en general, la mayoría de los rubros evidencia inconvenientes”.

También concurrieron el presidente de la entidad Leandro Aglieri (Esperanza); el secretario Julio Cauzzo (Sauce Viejo), y los miembros del Concejo: Martín Salemi (Santa Fe) , Esteban Cagliari (Villa Trinidad), Cristian Puig (Crespo), Eduardo Taborda (San Justo), José Ferrero (Gálvez), Edith Trutalis (Progreso) y Gustavo Milanesio (Humberto Primo).

Multas superiores al millón 700 mil pesos para detenidos en cárceles de la provincia que porten teléfono celular o fijo, sin autorización, y un monto similar para quien lo haya introducido en el penal, propone un proyecto de ley ingresado por Oscar Martínez (100% Santafesino) que apunta a incluir nuevas figuras en el Código de Convivencia de la provincia. “La tipificación de conductas como delitos excede las competencias de esta Legislatura. Es por ello que, con el fin de poder sancionar estas conductas, propongo su inclusión dentro del Código de Convivencia aplicándole sanciones severas para quienes las lleven adelante” señaló a El Litoral.

En los últimos meses, crecieron los casos de crímenes, amenazas y otros delitos ordenados desde institutos penales y en la provincia se insistió en la necesidad de colocar inhibidores en las cárceles, hubo polémica por la decisión del Servicio Penitenciario Federal de mejorar la conectividad en dependencias propias y Martínez sumó el proyecto en la reapertura del año legislativo.

La iniciativa propone sumar cuatro artículos a la parte del código que trata las contravenciones cometidas en ámbitos carcelarios. Así pretende penar con hasta 100 jus (hoy el valor de la unidad jus es $17.338,94) a la persona privada de libertad “en un centro de detención o reclusión, que posea o porte un teléfono celular o fijo o cualquiera de sus accesorios que no esté expresamente autorizado siempre que el hecho no constituya delito”. La misma sanción para la personal que introduzca o facilite la introducción del aparato en el centro. En cambio, si el encargo de introducir el teléfono es un agente del Servicio Penitenciario la multa prevista es de 300 jus más el arresto de hasta 60 días. “Las sanciones se elevan al doble si se demuestra que del uso de estos aparatos se cometió o intentó cometer un ilícito penal”, afirmó.

El legislador cita un párrafo del “Análisis institucional sobre el fenómeno de la narco-criminalidad cometida desde el interior de establecimientos penitenciarios” elaborado por la Secretaría de Coordinación Institucional del Ministerio Publico Fiscal de la Nación sobre el 2021. Allí se señala que “se ha identificado que uno de los principales factores que permitieron llevar a cabo las maniobras narcocriminales desde los establecimientos penitenciarios, es el de las comunicaciones cursadas a destinatarios extramuros, principalmente empleando equipos de telefonía celular o móvil”.

No deja de reconocer que la ley 24.660 prevé que los internos tienen derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o escrita, con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción social, debiendo respetarse la privacidad de esas comunicaciones. La misma norma prevé que se encuentran expresamente prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles, requiriendo a las autoridades penitenciarias que a tales fines procedan a la instalación de inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal. La violación a esta prohibición prevista es considerada falta grave. También la ley impone al visitante el deber de respetar las normas reglamentarias en la institución, las indicaciones del personal y abstenerse de introducir o intentar ingresar elemento alguno que no haya sido permitido y expresamente autorizado.

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Martínez reconoce que en la Legislatura se han propuesto distintas medidas para poder mitigar los efectos nocivos que tiene el uso dispositivos móviles en los establecimientos penitenciarios y su proyecto va en ese mismo sentido. “En el plano estrictamente del Derecho Penal la conducta de introducción, utilización y tráfico de dispositivos móviles no está tipificada como un delito autónomo en la legislación de fondo como si lo está por ejemplo en le Código Penal Peruano”, señala. De allí lo que entiende debe ser como propuesta modificar el Código de Convivencia.

El diputado demoprogresista Gabriel Real pidió al gobierno provincial que interceda ante el Poder Ejecutivo Nacional para que deje sin efecto el programa impulsado por la Resolución Nº 2183/21 que apunta a mejorar la conectividad en las cárceles argumentando que esta inversión en infraestructura contribuiría a la “resocialización de las personas privadas de su libertad”.

La resolución tiene por objetivo mejorar la conectividad del Servicio Penitenciario Federal para video llamadas, plataformas educativas, repositorios de contenidos audiovisuales, en el sentido de favorecer los procesos de conectividad digital de los internos conforme el desarrollo de sus actividades y reducir la brecha digital posibilitando el acceso equitativo y de calidad a internet. Recuerda Real que la Cámara ya votó una comunicación de advertencia sobre la resolución del gobierno nacional y ahora se suma al reclamo del intendente de Rosario, Pablo Javkin, tras el anuncio de mejorar la conectividad en el penal de Marcos Paz (pcia de Buenos Aires) donde está detenidos varios de condenados en Santa Fe por delitos graves.

“Las cárceles son el punto de partida del 95% de los hechos criminales, allí se gestan y desde allí se ejecutan estafas virtuales, secuestros extorsivos, e incluso delitos vinculados con el narcomenudeo. Es gravísimo y preocupante, abandonaron a Rosario, una ciudad clave y que aporta muchísimo al país, y con estas medidas absurdas tiende a generarse una situación aún más grave en la operatividad de vigilancia carcelaria” señaló el legislador demoprogresista.

En el marco de los anuncios que realizó durante los últimos meses el Ministerio de Economía de la Nación a través del ministro Sergio Massa y del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Juan José Bahillo -a los que Oscar Martínez acompañó- para los productores agrícolas, tamberos, avícolas y de porcinos de la Región Centro, el diputado provincial del Frente Renovador consideró que al igual que el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Santa Fe debe ampliar la Ley de Emergencia con una ayuda extraordinaria proveniente de las arcas provinciales.

“Nuestra posición es acompañar el rápido tratamiento de la Ley de Emergencia en materia agropecuaria pero estableciendo algunas modificaciones. En primer lugar para que se incorporen a la misma sectores no contemplados como el apícola, el frutihortícola y el de la agricultura familiar, y en segundo lugar, establecer que se destine el 50% del superávit fiscal del período 2022 que se estima va a ser entre 12 y 15 mil millones de pesos para el desarrollo de políticas activas para estos sectores. El gobernador Perotti siempre destaca que lo que se le da al campo, éste lo devuelve multiplicado, por lo que creo que es el momento de darle al campo, que está atravesando una tan dura situación, lo que necesita para poder salir adelante”, expresó Martínez.

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Ante la consulta de los detalles de su pedido, el legislador explicó que éste “contempla la asistencia al sector tambero de hasta un millón de pesos lo que significaría complementar con un 40 por ciento la ayuda que ya brinda el Gobierno Nacional, hasta un monto de 3 mil ochocientos millones ya que según los datos del Ministerio de la Producción de Santa Fe existen 3800 tambos en la provincia. Además solicitamos un adicional de 12 mil pesos por tonelada de alimento para los sectores avícola y porcino hasta un total de 1500 millones , y un fondo para el sector frutihortícola y para el de la agricultura familiar de 1000 millones para cada uno, con la posibilidad de la entrega de ANR (Ayudas no Reintegrables) para productores de menos de 50 hectáreas de hasta un millón de pesos por productor. Sumado a esto, un fondo de 500 millones de pesos para el sector apícola con un ANR de hasta 200 mil pesos, un fondo para los extrusadores, los productores de biocombustibles y los productores agropecuarios de 1000 millones de pesos para cada uno de estos sectores, teniendo en cuenta y en consideración obviamente cuestiones de equidad y atendiendo de manera especial a los pequeños y medianos productores.”

Luego de la explicación, Martínez aclaró que pretende discutir esta iniciativa del espacio al que representa con los demás bloques de la Cámara de Diputados y también con las Organizaciones que representan a los distintos sectores del campo, para poder mejorar el proyecto y dar respuestas efectivas a un sector tan importante de la provincia. Y agregó que “ queremos debatirla con la Bolsa de Comecio de Santa Fe , con la que venimos trabajando desde el año pasado, y que disparó una serie de decisiones relacionadas con la ayuda al campo de parte del gobierno nacional.”

En la sesión de este martes los senadores aprobaron el mensaje del Poder Ejecutivo provincial que establece la política tributaria para todo el 2023. El mensaje original preveía una actualización del 45 por ciento en las escalas del régimen simplificado de Ingresos Brutos, pero luego de un intenso debate en la comisión de presupuesto y hacienda y de la presentación de un proyecto de ley del legislador del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez para modificar el Artículo 14 bs de dicha Ley Tributaria, se acordó entre los distintos bloques actualizar las escalas mencionadas en un 100% permitiendo que se beneficien miles de pequeños contribuyentes en la provincia.

Esta modificación del Artículo 14 bis propone en primer término que aquellos contribuyentes que opten por cancelar en el mes de enero el monto total anual serán beneficiados con el descuento equivalente al importe de dos cuotas sobre el total de dicho monto. En segundo lugar faculta a la Administración Provincial de Impuestos a incrementar el parámetro máximo de ingresos brutos a los fines de ser considerado Pequeño Contribuyente, a modificar los importes de Ingresos Brutos Anuales y el impuesto mensual de las distintas escalas. No obstante, el monto del impuesto mensual no podrá incrementarse en un porcentaje que supere a la variación porcentual acumulada del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos desde el 1 de octubre de 2021.

En diálogo con la prensa Martínez manifestó su satisfacción por haber logrado esa actualización y expresó que “desde su constitución en el año 2013, el Frente Renovador ha acompañado constantemente con sus políticas a la clase media trabajadora, a los jubilados y pensionados y a los pequeños y medianos contribuyentes. Todo ese trabajo previo se vio potenciado y materializado desde la asunción de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Desde ese lugar se comenzaron a gestar cambios trascendentales que respaldaron una y otra vez el compromiso empeñado desde el nacimiento de nuestro espacio. Un claro ejemplo fue la sanción del proyecto que reforma el Impuesto a Ganancias que permitió aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos. Esta Ley permitió reducir la cantidad de personas retenidas a menos de un millón durante los dos primeros meses del año 2022. En el caso de las personas que cobran una jubilación y pensión, la aplicación de la Ley N° 27.617 implicó que la cantidad de retenidos bajó de casi cuatrocientos mil en 2020 a menos de cien mil en los primeros meses del año 2022. De esta manera, la Ley permitió que cerca de un millón trescientas mil personas dejaran de estar alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias. Con este beneficio el 93 por ciento de los asalariados dejó de pagar ese tributo y este fue un acto de justicia social enorme y valiente, porque en definitiva el salario no es ganancia, sino que es la retribución por los servicios prestados en el marco de una relación laboral”.

“Otro ejemplo fue cuando en agosto de ese mismo año, el Frente Renovador presentó y logró avanzar en una ley de amnistía fiscal para pequeños contribuyentes y extender la moratoria impositiva, que se constituyó en un verdadero puente entre la salida de la pandemia y la puesta en marcha de la economía real. Pero la realidad es dinámica y cambiante. Y las recomposiciones salariales fueron incorporando otra vez a muchísimos trabajadores en el esquema del impuesto a las ganancias. Una historia repetida en los últimos 20 años. Es por ello que otra vez, nuestro espacio, entendió que era momento de acompañar nuevamente con modificaciones en las escalas, llevar el mínimo no imponible primero de $225.000 a $282.792 y luego -a comienzos de este mes- a $330.000 a fin de garantizar que se mantenga la exención del pago del Impuesto a las Ganancias para un millón doscientos mil trabajadores en este 2022 y que el aguinaldo con remuneraciones menores al nuevo piso no quede alcanzado por el impuesto”, continuó.

Para finalizar, Martínez especificó: “Esta actualización en la escala del Monotributo, permitirá descomprimir la presión impositiva para ese sector generando un alivio fiscal a unos cuatro millones y medio de inscriptos al régimen simplificado. Ante esto, y en aras de acompañar las medidas que a nivel nacional nuestro espacio está instrumentando conjuntamente con el Gobierno Nacional, creemos firmemente en la importancia de actualizar las escalas del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos en la provincia de Santa Fe generando así un alivio fiscal a todo un enorme grupo de contribuyentes. Es un acto de justicia impositiva que se merecen los santafesinos y santafesinas que contribuyen con sus impuestos al crecimiento de la provincia”.

(Por Luis Rodrigo) – Fue una sesión inusual, propia de una norma que busca también ser distinta. Se dio media sanción y volvió a Diputados una ley que pretende cambiar la metodología de trabajo de los jueces penales, de los fiscales del MPA, de los defensores y hasta de los policías. Que funde una nueva perspectiva obligatoria para quienes son parte del proceso penal, la de las víctimas. La de los familiares y deudos de los muertos violentamente.

Hubo una extensa exposición de Lisandro Enrico (UCR-General López) y de otros senadores que curiosamente se completó con una breve intervención de un diputado, Oscar Martínez, que fue autorizado a hablar en plena sesión. Y, lo que es aún más extraordinario, se le dio la palabra a una ciudadana, que resumió en su dolor el sentido de lo que se quiere cambiar en el proceso penal: “siento que mi lucha de 16 años no ha sido en vano, que la muerte de mi nieto no fue en vano. Otros van a tener el derecho que él no tuvo, gracias a unos oídos que se abrieron y escucharon el dolor, el clamor de padres, madres, hijos, abuelos que no hemos sido escuchados hasta ahora”.

El radical habló desde su banca para exponer la labor realizada dentro de la Cámara alta y no dudó en calificar al texto votado como “la ley más importante que hemos votado este año”; el diputado desde un escaño prestado para comunicar el consenso alcanzado y que se aprobaría una preferencia en ese otro cuerpo; y la señora mayor que observó que “solo quien lo ha pasado sabe lo que se siente”, desde una silla de ruedas dentro del recinto, no en las barras para evitarle las molestias de las barreras arquitectónicas del histórico Palacio Legislativo.

Catalina Narváez ya estaba allí, cerquita de los representantes parlamentarios, muy calma y atenta. Sencillamente levantó la mano luego de que hubiera dado un interesante -y aplaudido- discurso la vicegobernadora Alejandra Rodenas, le concedió ese privilegio de inmediato que solo existe en otro tipo de sesiones, las de homenajes o celebraciones especiales cuando no hay en tratamiento normas del Estado. Esta vez, habló alguien a quien le mataron su nieto y que participa activamente de los movimientos de familiares de víctimas de la violencia, que ubicaron sus pancartas en las barras. Se le acercó un micrófono y entonces dijo lo suyo. “Hoy tengo un sueño cumplido”, explicó. Transmitió esperanza y reclamó que haya justicia.

Catalina Narváez: “Siento que la muerte de mi nieto no fue en vano (…) Otros tendrán lo que él no tuvo”. Crédito: Gentileza Cámara de Senadores.

La presidenta de la Cámara había recordado que una ley nacional, en la que le tocó como diputada nacional trabajar con su por entonces par, Sergio Massa, alteró los procedimientos penales. Y entonces fue más atrás en su trayectoria como jueza para explicar que escuchar a las víctimas era una verdadera “concesión” de los magistrados. Ahora, en Santa Fe, será parte de sus obligaciones. Lo mismo que para los fiscales antes de por ejemplo acorar un juicio abreviado, en el que se negocian pocos años de prisión o incluso ni eso a cambio de que se admita que se es culpable.

El momento clave para que “si quiere y si puede” y bajo condiciones que garanticen su seguridad y privacidad la víctima hable al juez y los fiscales será el de la audiencia imputativa. Es decir, cuando al acusado se lo pone en conocimiento de los delitos por los que se lo persigue. “Esa es la puerta de entrada del proceso penal”, definió Enrico.

Como explicó con toda claridad el jefe del bloque del radicalismo, que necesitó hablar más tiempo para que todos entiendan, ya no se podrá correr con tecnicismos a los que han sufrido una pérdida irreparable o les han robado. Además del lenguaje propio del juicio oral, se deberá explicar a las víctimas o sus familiares qué se dice, de manera llana, accesible. Seguramente habrá audiencias más largas, pero más justas.

La ley de derechos de víctimas del delito que ahora ha vuelto a Diputados donde ya logró media sanción es “la más importante de las que se han tratado este año en la Provincia de Santa Fe”, sostuvo el senador Lisandro Enrico.

“Marcará -afirmó- un cambio importantísimo en la Justicia porque le dará a quien sufrió un delito el derecho a ser escuchado por jueces y fiscales”. Establece que las víctimas de delitos se podrán expresar antes de dictarse una sentencia, y del modo que crean conveniente; determina la creación de una capacitación en perspectiva de víctimas que se deberá dar en todos los niveles del Estado provincial; incorpora la figura de la víctima indirecta para los familiares, cónyuge, conviviente, padres, adoptantes, hijos, hermanos, tutores o guardadores que también tengan los mismos derechos, inclusive a ser querellantes; crea la Defensoría de la Víctima, de carácter autárquico; amplía el número de miembros de la Junta de Seguridad sumando a dos representantes de las asociaciones de víctimas de la inseguridad; extiende los derechos de las víctimas hoy contenidos en el artículo 80 del Código de Procedimiento Penal de Santa Fe: hoy posee 9 incisos y los lleva a 15.

“El derecho penal debe empezar a mirar más a la víctima que al imputado, esa es la esencia en este trabajo legislativo que llevamos adelante con compromiso y muchas horas de dedicación”, señalo. Advirtió que es hora de que las corrientes doctrinarias mayoritarias en el país también acudan a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos para sostener reformas al proceso penal que reclaman otorgar derechos y garantías a la víctima. No sólo al imputado.

Así, “desde el policía que recibe la denuncia, hasta el juez de cámara que tiene que dictar una sentencia, pasando por el juez de primera instancia y los fiscales y defensores tienen que tratar a las víctimas de manera correcta”.

“Buscamos como objetivo el derecho de las víctimas al asesoramiento, asistencia, y protección”, resumió.

“Lo que hacemos hoy es parte de humanizar la política”, Marcos Castelló (PJ-Lealtad-La Capital).

“Debemos equilibrar la tendencia de tantos años de la justicia por el garantismo”, Lisandro Enrico (UCR-General Oblitgado).

“Es una ley que viene a ampliar derechos, no a ponerlos en contraposición con otros que ya existen (…) Es una ley que viene de abajo hacia arriba, que responde a las demandas de la sociedad”, Rubén Pirola (PJ-NES-Las Colonias).

“Rosario vive una endemia de adicciones, Córdoba tiene menos hechos de violencia en los delitos, menos muertos, porque las trata como lo que son: una enfermedad”, Miguel Rabbia (PJ-L-Rosario).

“Admiro la paciencia y el respeto de las asociaciones de víctimas para dejarnos trabajar este proyecto de Rubén Pirola y Oscar Martínez, por el que tanto y tan bien ha trabajado también Lisandro Enrico. Lo más importante que hacemos hoy es que la víctima va a poder ser escuchada. Esta Cámara ya lo hizo”, Armando Traferri (PJ-NES-San Lorenzo).

(Por Mario Caffaro) – La Cámara de Diputados acompañó la votación de una declaración propiciada por la socialista Clara García solicitando al Poder Ejecutivo que “ante la vacante producida en la presidencia del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), proponga que el rol sea ocupado por un representante de la Provincia de Santa Fe, con amplios conocimientos y experiencia del sistema portuario, atento la importancia estratégica de nuestra provincia en la Hidrovía Paraná-Paraguay”. “Vemos con preocupación decisiones de Omar Perotti que llegan tarde y tibio en la defensa de la producción: lo hizo con el cepo a exportaciones de carne, ley de biocombustibles, subsidios al transporte y energía”, subrayó la socialista. En cambio, Oscar Martínez (Frente Renovador) exigió al gobierno provincial darle mayor protagonismo a los cuatro puertos públicos: Villa Constitución, Rosario, Santa Fe y Reconquista; trabajar para que el dragado llegue a 28 pies al puerto local. “El federalismo no solo se declama, se debe practicar también” subrayó aunque sin dejar de reconocer que el actual gobierno nacional es el que creó el ente de control para que las provincias tengan la posibilidad de actuar y remarcar que en ese ente, Santa Fe tiene dos directores.

Para García, la situación del corredor “se ve agravada además porque el modelo financiero actualmente impuesto de peajes a los buques que navegan la hidrovía van a las arcas del Tesoro Nacional, sin saber que de estos importantes montos se reinviertan en obras de infraestructura a las provincias que la conforman”.

“Pensemos en el futuro, en la logística, el achicar costos para que nuestros productores puedan salir al mundo; sabemos que la parte del león está en el final. Pero también hay que discutir el tema medio ambiental, la geopolítica y el control de la delincuencia que opera allí” destacó.

Desde el PDP, Gabriel Real recordó que la designación de Sujarchuk fue un nuevo desprecio al federalismo e insistió en reclamar un rol protagónico para Santa Fe.

Finalmente fue Martínez quien consideró razonable y justo que Santa Fe tenga un protagonismo en este tema por la extensión de sus costas sobre el Paraná y sus distintos puertos. “El federalismo hay que reclamarlo y ejercerlo. Poco se ha hecho en Santa Fe a la hora de promover los puertos que están en cabeza de la provincia” lamentó. Pidió reclamar al gobierno nacional pero también al provincial al que le cuestionó que apoye a los puertos privados “y poco se ha hecho para el desarrollo del puerto de Santa Fe” al que definió como proyecto trunco aquel impulsado por Jorge Obeid y recomendó exigir un dragado de 28 pies para esta zona. Destacó la decisión del gobierno nacional de darle participación a las provincias en el Ente que debe definir el pliego para los próximos 30 años y controlar la vía.

(Por Mario Cáffaro) – El diputado Oscar Martínez (100% Santafesino) ingresó un proyecto de ley para establecer la composición, funciones, organización, dirección y coordinación de la Policía Municipal de la provincia a la que define como una institución civil, armada, jerarquizada y de carácter profesional. La iniciativa surge en medio de una semana donde el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, opinó que Rosario debería tener su propia policía municipal y donde el intendente de esa ciudad, Pablo Javkin, recordó que la seguridad es responsabilidad de la provincia. Dentro de una serie de tuits que publicó en medio de la ola de crímenes que padece Rosario exigió la autonomía municipal.

“El objeto es crear un nuevo estamento de la Seguridad Pública en cabeza de cada uno de los Ejecutivos Municipales a fin de construir una cultura de gestión preventiva y educativa, articulando acciones destinadas a anticipar, evitar y/o atenuar a nivel local, los problemas que plantean el delito y la violencia” le dijo Martínez a El Litoral sobre el fundamento de la propuesta. “Es necesario poner a la policía en sintonía con procesos de descentralización y modernización administrativa que han tenido lugar en otros sectores del Estado. Frente al incremento del delito, las necesidades de profesionalizar la actuación policial y de introducir cambios en su estrategia pasaron a formar parte del debate público”, acotó. En el proyecto expone la situación que expertos del BID observan en muchas ciudades de América Latina que tienen ya instituciones de ese tipo.

En el articulado propuesto encasilla al personal dentro del convenio municipal, con dependencia funcional, administrativa, financiera y orgánica del Intendente del municipio correspondiente. Determina que el jefe policial lo define el intendente con acuerdo del Concejo  y su ámbito de actuación es el territorio municipal, excepto en los lugares sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal, provincial o militar.

En la ley estarían las funciones permitidas y las vedadas. Entre las primeras, patrullaje y vigilancia dentro del territorio; participar en la tarea de coordinación y ejecución de tareas de control de sistemas de video-vigilancia; prevención primaria; hacer cesar la comisión de delitos y contravenciones e impedir sus consecuencias; fiscalizar y prevenir faltas de tránsito, vehicular y peatonal; mantener el orden y la seguridad pública así como colaborar en la detección de conflictos y/o problemáticas relacionadas con la convivencia entre vecinos.

En cambio, la Policía Municipal no cumplirá tareas de custodia de objetivos fijos, ni de personas y en ningún caso podrá albergar detenidos en sus bases operativas.

En tanto, desde el bloque Igualdad,  Agustina Donnet y Rubén Giustiniani , solicitaron el tratamiento urgente del proyecto que establece el alcance y contenido de la autonomía municipal en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. “Desde el momento de presentar nuestra propuesta se ha visto agravado el  contexto social como consecuencia de la emergencia en seguridad que atraviesan muchas localidades santafesinas -especialmente Rosario y Santa Fe-. Se precisan herramientas concretas para hacer frente a esta problemática. La autonomía puede significar un aporte sustancial al brindar a los gobiernos locales herramientas institucionales para afrontar las principales problemáticas que afectan a los santafesinos y que exigen una respuesta cercana a la ciudadanía”, explicaron.