Analía De Luca

El máximo tribunal argentino resolvió que organismos públicos no pueden utilizar teléfonos o correos electrónicos de ciudadanos sin autorización y anuló artículos de la ley de datos personales por vulnerar la privacidad y la autodeterminación informativa.

La Corte Suprema declaró inconstitucional el uso de datos personales sin consentimiento por parte del Estado y anuló artículos de la ley de Protección de Datos al considerar que vulneran derechos a la privacidad.

El fallo se dictó al hacer lugar a una acción de habeas data presentada por una jubilada contra el Estado Nacional, tras un convenio que permitió a la ANSES ceder información a la Secretaría de Comunicación Pública para difundir contenidos oficiales.

Horacio Rosatti. Archivo El Litoral.

El tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Daniel Bejas, sostuvo que no existe interés legítimo que justifique un sistema de almacenamiento y circulación de datos personales sin conocimiento de sus titulares.

Además, declaró inválidos artículos de la ley 25.326 que habilitaban el intercambio de información entre organismos estatales sin consentimiento, al considerar que esas excepciones resultan excesivas e injustificadas y afectan garantías constitucionales.

En ese sentido, advirtió que la amplitud de la norma permitía al Estado eludir casi siempre la exigencia de autorización, lo que vaciaba de contenido la protección de los datos personales.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz. Crédito: CSJN

El caso se originó cuando la demandante cuestionó el uso de su información para fines distintos a los que motivaron su entrega, al señalar que no deseaba recibir comunicaciones oficiales ni ser objeto de contactos reiterados.

En disidencia, el ministro Carlos Rosenkrantz y la conjueza Beatriz Aranguren propusieron rechazar el recurso del Estado y dejar firme la sentencia previa sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca un límite claro al uso que el Estado puede hacer de los datos personales. En términos simples, establece que ningún organismo público puede compartir o utilizar información de ciudadanos sin su consentimiento explícito, aun cuando se trate de acciones de comunicación oficial.

El fallo impacta directamente en prácticas habituales dentro del Estado: desde ahora, organismos como ANSeS no podrán ceder datos a otras dependencias —por ejemplo, para campañas informativas— si no cuentan con autorización previa de cada persona.

Además, la Corte anuló partes de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales que permitían ese intercambio sin permiso, al considerar que eran demasiado amplias y dejaban a los ciudadanos sin control real sobre su información.

En la práctica, el fallo refuerza el derecho a la privacidad: obliga al Estado a ser más transparente, a pedir consentimiento y a limitar el uso de los datos solo a los fines para los que fueron recolectados. También abre la puerta a que otros ciudadanos reclamen si consideran que su información fue utilizada de manera indebida.

El gobierno nacional puso en marcha, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, los exámenes de idoneidad para personal transitorio y agentes cuyos contratos vencen el último día de diciembre. Se estima que la prueba tendrá alcance para unas 40 mil personas en todo el país.

El anuncio fue hecho en octubre y se materializará desde la semana próxima para el personal que se encuentra en esta condición y pertenece al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego se extenderá a las provincias; también a Santa Fe donde se calcula que hay alrededor de 1000 personas en esa condición. De ese total, la mayoría son de Senasa.

En el Conicet, donde este miércoles las autoridades se reunieron para analizar, entre otros, este tema, suman 37 agentes: 15 pertenecen a la Unidad de Administración Territorial y 22 a los institutos ubicados en Santa Fe y Entre Ríos.

Hay otros organismos nacionales con oficinas en la provincia de Santa Fe: Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ANSES, Banco Central de la República Argentina (BCRA) que tiene una oficina en Rosario, Comisión Nacional de Valores (CNV), también con una sede en la ciudad del sur, PAMI, Secretaría de Trabajo y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

"Estamos haciendo un relevamiento, pero hasta ahora no tenemos el dato preciso", dijo Matías Avallone, coordinador de organismos nacionales de la Asociación de Trabajadores del Estado-Santa Fe, al ser consultado sobre la cantidad exacta de personas que deberán pasar por esta prueba. El dirigente pertenece a Senasa, el organismo que tiene más personal en condiciones de realizar el examen, cuya implementación recibió fuertes críticas desde el sector gremial nacional.

Se estima que en Santa Fe, las pruebas se harán en el mes de marzo, una vez que haya concluido la evaluación para jurisdicciones y entidades con asiento en el Amba, donde se inicia en los próximos días y se calcula que continuarán durante enero.

Desde el gremio de estatales está previsto hacer una encuesta para relevar los datos entre aquellos agentes que requieren de algún tipo de apoyo para sortear el examen, que es obligatorio, anónimo, presencial y admite tres intentos para ser aprobado. Para ellos se está pensando en modalidades como clases de apoyo, tutoriales, simuladores y demás herramientas que permitan preparar a quienes deban convalidar sus "conocimientos y competencias".

El Sistema de Evaluación Pública fue definido como "un hito histórico en la calidad del empleo en la Administración Pública Nacional". Tiene por objetivo "fortalecer el empleo público mediante una evaluación general de conocimientos y competencias".

Así se desprende de la página oficial argentina.gob.ar/sistema-de-evaluacion-publica, donde es posible acceder a una guía orientativa de estudio con preguntas modelos para cada eje temático.

Allí también deberán inscribirse quienes participen en la prueba que, como se dijo, aun no tiene fecha de realización para Santa Fe.

Una aclaración: las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (C.U.D), se encuentran exceptuados de acreditar este requisito hasta tanto se adecuen los materiales, "para la correcta implementación de la presente Evaluación, a fin de garantizar accesibilidad".

De acuerdo a la información que revela la página oficial, habrá tres tipos de evaluaciones orientadas a Servicios Generales, Administrativos y Profesionales. El examen estará compuesto por tres ejes temáticos: Comprensión Lectora, Razonamiento Lógico-Matemático y Administración Pública Nacional; este último será de aplicación únicamente para el tipo de Evaluación orientada a Profesionales.

En la página hay un listado de preguntas modelos orientativos sobre cada eje temático. Por ejemplo, sobre Administración Pública Nacional se pregunta qué forma de gobierno adopta la República Argentina. Para responder a esta y otras consignas, se aportan links de interés como el de la Constitución Nacional, Código Electoral Nacional, Ley de Ética Pública, Ley de Procedimiento Administrativo y Ley de Administración Financiera, entre otros.

Para la prueba de Razonamiento Lógico-Matemático se suman, a los ejercicios orientativos, materiales de Matemática para estudiantes (módulo 1, 2 y 3) para sumar a la práctica.

En cuanto a comprensión lectora, se adjuntan posibles desafíos, siempre con opciones, donde es posible interpretar un texto, detectar la respuesta correcta, incorrecta o falsa, y completar un espacio en blanco. Por ejemplo, "(Con, poco, sin) respeto no se va a ninguna parte. Para poder respetar a las personas hay que entender que todos somos diferentes, lo que no significa que alguien sea superior o inferior a nosotros. Por ello, es clave dirigirse a los demás con consideración y amabilidad". Otra: "Trámites a Distancia (TAD): Plataforma que facilita la interacción entre los ciudadanos y la administración mediante la recepción y envío (electrónico, físico, rápido) de presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros".

Para este nivel, además de que están indicadas las respuestas correctas porque se trata de una guía, se aporta un link con Herramientas para la comprensión de textos elaboradas por la UBA.

El gobierno nacional oficializó este viernes la designación de Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini como nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y aceptó la renuncia de Osvaldo Giordano.

La aceptación de la renuncia y la designación del nuevo titular de la Anses quedaron oficializadas en el Decreto 178/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Milei le solicitó la renuncia a Giordano el pasado 9 de febrero, luego del frustrado tratamiento de la ley Bases en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, el Presidente también le solicitó la renuncia de la secretaria de Energía, Flavia Royon.

A través de un comunicado, difundido en la cuenta de la Oficina del Presidente en la red social X, se explicó que "la crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado".

El nuevo titular del área provisional es un abogado que cuenta con experiencia en la función pública ya fue se desempeñó como gerente general de la ex Nación AFJP, entre 1994 y 2002, y también fue gerente general de la Anses en 2001.

Además cuenta con experiencia en la materia previsional ya que fue presidente de la Comisión de Legales de la Anses, entre 1997 y 2000; y como director jurídico de la Superintendencia de Seguros de la Nación, desde noviembre de 2006 hasta octubre de 2010.

En paralelo, también ocupó el cargo extraescalafonario de gerente de Delegaciones y de Articulación de los Integrantes del Sistema de Salud, perteneciente a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El Gobierno nacional oficializó la designación de Raúl Bertola como administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, con su publicación en el Boletín Oficial.

Así lo hizo a través del Decreto 184/2024, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El ingeniero civil oriundo de Córdoba venía cumpliendo ya esa función desde diciembre pasado, con lo cual la norma publicada este viernes en el Boletín Oficial especifica que la condición retroactiva de su designación.

"Desígnase, a partir del 22 de diciembre de 2023, en el cargo de Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, al ingeniero civil Raúl Edgardo Bertola", señala el Decreto 184/2024.

El Gobierno nacional oficializó la designación al frente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de Edgar Pérez a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Se trata del Decreto 183/2024, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

"Desígnase, a partir del 2 de enero de 2024, en el cargo de director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Infraestructura, al doctor Edgar René Pérez", indica el artículo 1 de la norma.

Oriundo de Córdoba, Edgar Pérez fue, entre otros cargos, secretario de Transporte de la provincia.

El gobierno nacional oficializó también la designación de Alfonso Peña como director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Así lo hizo por medio del Decreto 180/2024 publicado en la edición de este viernes del Boletín Oficial, en el que también se formalizó la aceptación de la renuncia del titular de la EBY de la gestión anterior, Fernando De Vido.

"Desígnase, a partir del 21 de diciembre de 2023, en el cargo de director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), organismo actuante en la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, al ingeniero civil Alfonso PEÑA para completar un período de ley", señala el artículo 2 de la norma, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Peña, cercano al expresidente Mauricio Macri, es ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El Ministerio de Economía anunció este martes una serie de medidas para reducir la presión sobre los dólares financieros, que incluye un canje de US$ 4.000 millones en bonos bajo ley extranjera (globales o GD) que se encuentran en poder de organismos del sector público nacional por títulos en pesos y la incorporación de los bonos en dólares bajo ley local (bonares o AL) en la operatoria de dólar CCL.

La medida busca dar mayor profundidad al mercado con el que se opera dólar CCL -que actualmente está habilitado exclusivamente para bonos GD29, GD30, GD35 y el resto de la serie de globales- y, al mismo tiempo, darle instrumentos al Tesoro y al Banco Central para actuar en el mercado de cambio financiero.

Otro salto del dólar “blue”: a cuánto cotiza este martes

En la actualidad, el Gobierno no puede accionar sobre la cotización del dólar CCL con dólares de las reservas -quedó expresamente prohibido en la última revisión del acuerdo con el FMI- y sólo podía hacerlo con sus tenencias de bonos bajo ley extranjera, que era una porción menor de los títulos en su cartera.

A partir de ahora, el Ministerio de Economía podrá disponer de cerca de US$ 35.000 millones en títulos nominales bajo ley local – AL29, AL30, AL35 y el resto de la serie de bonaers- que posee todo el Estado nacional para servir como oferta en el mercado de dólar financiero y, así, reducir la volatilidad sin afectar las reservas.

La medida apunta a absorber excedentes de pesos que vayan en busca de cobertura cambiaria y que, al hacerlo, podrían presionar sobre la inflación si esto implicara la suba de las cotizaciones de los dólares.

En cuanto a los US$ 4.000 millones de nominales en bonos globales en manos de más de 100 organismos centralizados, el Tesoro les ofrecerá una canasta de bonos en pesos ajustables por CER, dólar y/o duales.

El déficit nacional de febrero en Argentina fue de casi 500 mil millones de pesos

Además, una vez hecho el canje, el Tesoro deslistará los bonos globales que le dieron los organismos, lo que esperan que impacte positivamente sobre el valor que tienen los globales remanentes que fueron emitidos. La combinación de ambas medidas, confían en el Gobierno, permitirá reducir la brecha entre el dólar MEP y el dólar CCL y calmar las cotizaciones de ambos.

Las medidas serán detalladas este miércoles en el desayuno de trabajo que el ministro Sergio Massa e integrantes de su gabinete tendrán con representantes de bancos, fondos comunes de inversión, compañías aseguradoras y sociedades de bolsa (alycs). La nueva normativa incluirá resoluciones del Banco Central, de la Comisión nacional de Valores (CNV) y de la Superintendencia de Seguros de la Nación.