La fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, ordenó iniciar un procedimiento de supervisión integral del funcionamiento del Organismo de Investigaciones (OI). La medida, que se extenderá por 90 días, fue tomada a través de la resolución número 170 firmada este viernes.

Según afirma en los fundamentos del documento, el objetivo de la medida es “restaurar la confianza institucional interna y externa de este órgano técnico de apoyo a la gestión”. En tal sentido, Vranicich sostiene que uno de sus lineamientos prioritarios es “consolidar un OI que contribuya al desarrollo de investigaciones eficientes y eficaces, actuando con respeto al principio de objetividad y garantizando la actuación autónoma e independiente que debe regir al MPA”.

Para la realización de la tarea, Vranicich designó al Administrador General del MPA, Guillermo Rabazzi, y a la funcionaria adscripta a la Fiscalía General, Marina Pieretti. De acuerdo con lo indicado en la resolución, junto a personal convocado al efecto, deberán realizar “un riguroso relevamiento integral sobre los procesos y circuitos de trabajo, recursos humanos e infraestructura material, a los fines de advertir aspectos críticos de la gestión y oportunidades de mejora”.

Vranicich también dispuso –durante los tres meses en los que se realice el procedimiento de supervisión– “la suspensión de la recepción de nuevas solicitudes de intervenciones operacionales del OI”. Asimismo, estableció que esa suspensión podrá ser exceptuada solo por la Fiscal General “ante la solicitud fundada de una Fiscalía Regional”.

Concluyó el juicio disciplinario contra Débora Cotichini, una de las funcionarias de confianza de Marcelo Sain en el Organismo de Investigaciones (OI) de la provincia. Se desempeñaba como directora de Inteligencia Criminal Zona Sur, hasta que fuera suspendida preventivamente en el cargo. Se la investigaba y se la acusó por haber filtrado indebidamente información a Sain, cuando éste ya se desempeñaba como ministro de Seguridad de Santa Fe.

La primera audiencia del juicio disciplinario con los respectivos alegatos, se llevó a cabo el pasado jueves durante más de ocho horas. Se pasó, entonces, a cuarto intermedio hasta el lunes por la tarde. Al cabo de esa segunda jornada, el Tribunal resolvió volver a reunirse en horas de la mañana de este martes para deliberar y emitir el veredicto. La auditoría a cargo de María Cecilia Vranicich, solicitó la destitución de Cotichini; en tanto que la defensa a cargo de Juan Lewis, reclamó la desestimación de los cargos.

El jurado estaba integrado por el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini; su par regional de Venado Tuerto, Matías Merlo; la diputada socialista Lionella Cattalini; el senador del PJ Alcides Calvo (reemplaza a Armando Traferri, quien se excusó) y Gabriela Capponi Fiorillo, en representación de los abogados.

De no mediar una orden judicial en contrario, los senadores y diputados santafesinos tratarán este jueves a partir de las 15, en sesión conjunta, la destitución y e inhabilitación por diez años del director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Sain. La remoción del funcionario es propuesta por un dictamen de la comisión de Acuerdos, basado en la acusación de haber llevado a cabo pronunciamientos políticos y actividades proselitistas incompatibles con su función. En las últimas horas, en declaraciones periodísticas, el propio Sain dio por hecho su desplazamiento y anticipó su decisión de demandar judicialmente a la Provincia.

En tanto, la decisión tomada este miércoles por la comisión legislativa se anticipó por pocos minutos a un pronunciamiento judicial que arrojó algunas dudas sobre la continuidad del procedimiento. Fue cuando, pasado el mediodía, se conoció el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, que declaró la nulidad de parte de la decisión emitida días atrás por el juez Fabián Vega. El magistrado había considerado “inadmisible” la acción de amparo solicitada por Sain para bloquear el proceso disciplinario que se le había iniciado en la Legislatura.

Con todo, la Cámara no concedió el amparo solicitado por Sain, sino que anuló el rechazo del juez de primera instancia, y ordenó que se vuelva a tramitar la petición, “conforme a Derecho”. Así, la “segunda vuelta” cayó en manos de la jueza Laboral María Silvia Albertti. En caso de que la magistrada acepte el amparo antes de las 15, la Legislatura se vería en la disyuntiva de suspender la reunión o llevarla a cabo de todos modos; cuestión que genera discrepancias entre sus integrantes. Sain fue quien diseñó, durante el gobierno de Miguel Lifschitz, al Organismo de Investigaciones. Luego fue el propio gobernador fallecido recientemente quien le sugirió a su asesor que se presente al concurso público de antecedentes y oposición, en el que fue el único postulante. Durante su gestión como ministro a ese cargo no lo abandonó, sino que tomó una licencia sin goce de sueldo, que le hizo que formara parte del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo al mismo tiempo.

Del dictamen de Acuerdos se destacan los siguiente párrafos que sus redactores tomaron del texto acusatorio, elaborado por el senador Lisandro Enrico. Tienden a probar que como funcionario judicial Sain violó el artículo 89 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe que dice: “Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política”.

A lo largo de 11 carillas, el documento señala que ese mandato constitucional no se cumple. “En su cuenta de Twitter (Sain), comparte frecuentemente notas o comentarios críticos sobre personajes de la política a los que considera sus enemigos, entre los cuales se encuentra prácticamente todo el arco político a excepción del gobernador.

“Con frecuencia las notas o comentarios son retuiteados -compartidos en esa red social- desde páginas cuya orientación política es ostensible. Normalmente incurre en descalificaciones contra lo que él llama “el bloque tradicional de poder”, que no son otros que los representantes votados por el pueblo de Santa Fe.

“En la portada de su cuenta de Twitter, puede verse una foto de Saín junto al actual Gobernador y su ex jefe, Omar Perotti. También a Perotti le dedica empalagosos elogios en otra publicación, lo que contrasta con su supuesta agudeza al criticar al resto de los dirigentes políticos.

“Tampoco se priva de compartir mensajes y contenidos de la señora Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

“Todo esto, siendo funcionario del Poder Judicial de Santa Fe. Y para que no queden dudas de esa simultaneidad, en su blog personal (https://www.marcelosainblog.com/) se define en estos términos: ‘Politólogo y Doctor en Ciencias Sociales; Profesor e investigador, UNQ; Director Provincial del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Provincia de Santa Fe; Peronista’ “.

La violación del artículo 89 de la Constitución Provincial, que impide a los integrantes del Poder Judicial llevar a cabo actividades proselitistas y asumir públicamente posiciones partidarias políticas, es el argumento principal de la nueva acusación contra Marcelo Sain, que el martes 10 de agosto llegó a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa. La impulsa uno de sus integrantes: el senador radical por General López, Lisandro Enrico.

Marcelo Sain con el gobernador Omar Perotti.

Se trata de un “pedido de investigación disciplinaria contra el director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación, licenciado Marcelo Fabián Saín, por motivos y hechos que se vienen desarrollando desde que el mencionado funcionario se ha reintegrado a su función y que colisionan directamente con lo establecido en el artículo 89 de la Constitución Provincial y las leyes dictadas en consecuencia”, dice Enrico en su presentación.

El texto recuerda que en marzo de 2021 Saín dejó de ser Ministro de Seguridad de Santa Fe y que luego de algunos días de descanso, el 5 de abril se reintegró a sus funciones como titular del OI del MPA.

Destaca que “una vez reintegrado, continuó desplegando la actividad de proselitismo partidario que siempre lo caracterizó, pero ahora dedicado a agraviar a las instituciones democráticas de la Provincia y a los funcionarios y representantes electos por los santafesinos”, expresa el legislador.

Menciona que “en su cuenta de Twitter comparte frecuentemente notas o comentarios críticos sobre políticos a los que considera sus enemigos, entre los cuales se encuentran prácticamente todos los funcionarios menos el gobernador y su delfín (Roberto) Mirabella”, agrega respecto del senador nacional que es primer precandidato a diputado nacional por Santa Fe en la lista que lleva a Omar Perotti como primer suplente para la Cámara alta del Congreso.

“Con frecuencia las notas o comentarios son retuiteados -compartidos en esa red social- desde páginas cuya orientación política es ostensible. Normalmente incurre en descalificaciones contra lo que él llama ‘el bloque tradicional de poder’, que no son otros que los representantes votados por el pueblo de Santa Fe”, dice Enrico.

Detalla las fotos en esa red social “de Saín junto al actual gobernador (y ex jefe) Omar Perotti. También a Perotti le dedica empalagosos elogios en otra publicación, lo que contrasta con su habitual crudeza al criticar al resto de los dirigentes políticos”.

“Tampoco se priva de compartir mensajes y contenidos de la señora vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, y otros dirigentes políticos del mismo espacio”, señala.

“No le importa demostrar su ‘afectiosocietatis’ con un determinado partido político, y con un sector dentro del mismo, y su enemistad manifiesta hacia los demás políticos, dirigentes, militantes y ciudadanos que de algún modo adscriben a otros sectores”, subraya.

Expresa que Sain “ataca siempre fuertemente” a los dirigentes de otros partidos políticos y a los opositores internos a Perotti, como el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, acusándolos en todos los casos “de estar vinculados al delito” y concluye el legislador: “Parecería que la línea divisoria del delito y la honestidad, según Saín, no está en el Código Penal, sino en la adhesión al sector partidario perottista”.

Indica que en su blog personal (https://www.marcelosainblog.com/) se define en estos términos:

“Politólogo y Doctor en Ciencias Sociales; Profesor e investigador, UNQ; Director Provincial del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Provincia de Santa Fe; Peronista” y argumenta la denuncia: “¿Acaso los políticos a los que adscribe no están como todo ciudadano dentro de la población a la que debería investigar el Organismo que Saín dirige? Y los ciudadanos a los que Saín ataca, considerándolos vinculados al delito, ¿no están entre los que merecerían una investigación objetiva del Organismo?”

Tras lamentar su pérdida de objetividad e imparcialidad como integrante del Poder Judicial, recuerda el pronunciamiento en ese sentido de la Corte Suprema a partir de la sentencia del caso Spelta.

Enrico recuerda que se está ante la violación del art.89 de la Constitución Provincial que dice “Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política. Los magistrados y funcionarios no pueden ejercer profesión o empleo alguno, salvo la docencia en materia jurídica, las comisiones de carácter honorario, técnico y transitorio que les encomienden la Nación, la Provincia o los municipios, y la defensa en juicio de derechos propios, de su cónyuge o de sus hijos menores. La ley determina las incompatibilidades de los empleados”. Y que de este deriva la ley 13.013 que le impone “observar una conducta pública y privada que no afecte la confianza en la función que cumple el Ministerio Público de la Acusación (artículo 48, inciso 2)”. La norma convierte en “incompatible con su función intervenir directa o indirectamente en política (artículo 45)”.

Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial “establece que los funcionarios de dicho poder no pueden actuar en actividades de partidos políticos, ni intervenir en actos o hechos de naturaleza electoral, y en sentido más amplio veda también la actividad de propaganda y proselitismo (artículo 212, inciso 1)”.

Y luego les impone en el 213 “el deber de observar una conducta irreprochable y de guardar absoluta reserva de todo lo relativo con sus funciones”.

La ley 13459 impone en su art.9 las incompatibilidades e inhabilidades para ingresar y permanecer en Organismo de Investigaciones: “a) todas las establecidas para los empleados judiciales en la Ley Nº 10.160; b) ejercer otras actividades que pudieran afectar o poner en riesgo la independencia o el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la presente ley”.

Para Enrico se configura “una infracción a normas legales y constitucionales debe procederse por la causal de mal desempeño funcional (artículos 15 y 51 de la ley 13.013, y artículo 14 de la ley 13.459)”.

El legislador se ocupa de señalar que se pide estudiar hechos posteriores a la vuelta de Sain a su escritorio en el OI, por lo que quedan fuera de las acusaciones para las que el funcionario judicial logró un amparo.

Y advierte que también son acciones posteriores a la entrada en vigencia de la ley 14.016 (publicada en el Boletín Oficial el 2 de junio de 2021). El escrito contiene un extenso capítulo de pruebas con el abundante material de las cuentas en redes sociales de Sain.