La encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, realizada por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP), entre el 2 y el 10 de abril de 2026, muestra importantes cambios en el panorama político y social del país. Con 1.007 encuestas realizadas a adultos conectados a internet, los principales hallazgos apuntan a un clima de desconfianza hacia el gobierno y los poderes del Estado, con la falta de empleo como la preocupación central de los argentinos.

Uno de los datos más preocupantes del informe es la caída en la satisfacción general de los argentinos con la marcha del país. El nivel de satisfacción se redujo al 28%, lo que representa una baja de 5 puntos porcentuales con respecto al 33% registrado en marzo. La insatisfacción alcanzó al 68% de los encuestados, lo que refleja un fuerte desencanto con la situación actual.

La aprobación del gobierno de Javier Milei también experimentó una baja, pasando del 39% en marzo al 36% en abril. En contraste, la desaprobación creció al 61%, consolidando una tendencia negativa que sigue afectando la imagen presidencial. A pesar de esta caída, Milei mantiene una posición intermedia en comparación con otros presidentes: su aprobación está por debajo de la de Mauricio Macri en el mismo período, pero aún supera la que tenía Alberto Fernández.

La confianza en las instituciones continúa en descenso. La satisfacción con el desempeño del Poder Ejecutivo cayó del 28% al 26%, mientras que el Congreso sigue siendo el área más cuestionada. Solo el 16% de los encuestados se mostró satisfecho con el Senado, y un 15% lo hizo con la Cámara de Diputados. Ambos indicadores están en caída respecto al mes anterior, lo que refleja el creciente malestar con la gestión legislativa.

El empleo se consolidó como el principal problema del país, con un 40% de los encuestados mencionándolo como su mayor preocupación, un aumento de 4 puntos respecto al mes pasado. Le siguen de cerca los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%). La falta de trabajo se mantiene en el centro del debate público, afectando las expectativas de gran parte de la población.

Otro hallazgo significativo de la encuesta es el regreso de la preocupación por la inflación, que había perdido protagonismo en meses anteriores. Ahora, un 20% de los argentinos menciona la inflación como uno de sus principales problemas, volviendo a ser una de las inquietudes clave del país.

El pesimismo respecto al presente y futuro del país continúa siendo una constante. El 56% de los encuestados considera que la situación del país es peor que hace un año, un dato que refleja un claro sentimiento de desilusión. En cuanto al futuro, el 43% de los argentinos cree que la situación empeorará en el próximo año, lo que refleja un aumento generalizado del pesimismo en todos los segmentos de la población.

Las figuras de comunicación del gobierno también sufren un desgaste notable. Manuel Adorni experimentó la mayor caída en imagen positiva, con una baja de 9 puntos y un diferencial negativo de -51%. Karina Milei, por su parte, se encuentra en una situación similar, con un diferencial negativo de -50%. Este desgaste en las figuras clave del gobierno refleja una desconexión creciente entre los voceros oficiales y la ciudadanía.

Una constante en la encuesta es el diferencial negativo de imagen de todos los dirigentes políticos medidos. Javier Milei y Patricia Bullrich fueron los más afectados, con caídas en su imagen positiva de -4 y -2 puntos, respectivamente. Este dato confirma una creciente desaprobación de los principales actores políticos en el país.

Ante la caída en la aprobación del gobierno, las figuras opositoras emergen con una imagen más positiva. Axel Kicillof, con un 31% de imagen positiva, y Myriam Bregman, con un 29%, lideran las preferencias entre los entrevistados que desaprueban la gestión oficial. Estas figuras, junto a Cristina Fernández de Kirchner, se posicionan como referentes clave en la oposición, alcanzando un respaldo considerable en un escenario de rechazo a la administración de Milei.

La encuesta de abril 2026 muestra un claro ajuste de expectativas en la población argentina, con un marcado pesimismo sobre la situación del país. El desempleo y los salarios se han consolidado como los principales temas de preocupación, mientras que la aprobación del gobierno sigue en caída, reflejando el creciente malestar con la gestión de Javier Milei. Ante este panorama, las figuras opositoras ganan terreno, liderando las preferencias de los ciudadanos que rechazan la gestión oficial.

El hecho ocurrió en plena madrugada en el recinto de Diputados, cuando el oficialismo decidió avanzar con la designación pese a que la cuestión no formaba parte de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo. Terminó en enojo de bloques aliados y una ruptura con el PRO.

Promediando las 3 de la mañana de este jueves, luego de más de doce hora de debate sobre el Presupuesto, el oficialismo propuso en el recinto que se vote la designación de tres auditores por la Cámara baja para la Auditoría General de la Nación.

Tras la propuesta del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, la moción para que se nombren a los auditores se aprobó por 186 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

Rita Mónica Almada, de La Libertad Avanza al momento de jurar tras la designación.

La terna está conformada por Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y la ex diputada nacional salteña Pamela Calletti por Innovación Federal.

Los cargos quedaron repartidos para La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal. Minutos después de la votación, los tres legisladores prestaron juramento para ocupar responsabilidades en el organismo de control.

El trámite estaba postergado desde abril de 2024, cuando vencieron los mandatos de los representantes. Desde La Libertad Avanza se argumentó que se esperó al recambio parlamentario para tener lugares dentro del organismo de control.

El momento en que los bloques de la oposición cercanos al oficialismo abandonaron la sesión.

Los votos afirmativos correspondieron: 86 a La Libertad Avanza, 86 a Unión por la Patria, 7 de Innovación Federal (cuya exjefa de bloque, la salteña Pamela Calletti, fue una de las auditoras designadas), 3 de Elijo Catamarca, 2 tucumanos de Independencia, la neuquina Karina Maureira y el santacruceño José Luis Garrido (interbloque Fuerza del Cambio).

Hubo, además, 3 abstenciones de los sanjuaninos de Producción y Trabajo Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime; y de un integrante de LLA, el último en sumarse al bloque, el entrerriano Francisco Morchio.

Bloques opositores como el PRO, Provincias Unidas y Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo buscó "devolver favores" y señalaron que lo actuado era ilegal porque no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias que había enviado el presidente Javier Milei al Congreso.

Para no convalidar el procedimiento, estas fuerzas políticas se levantaron de sus bancas y dejaron que los espacios beneficiados por el acuerdo se votaran a sí mismos en soledad, dejando en evidencia el carácter de “casta” con el que se habían conducido.

Cristian Ritondo adelantó que el PRO apelará ante la Justicia y explicó que la designación de auditores generales “no es de competencia” del pleno reunido en extraordinarias porque no había sido incluido en el temario del Poder Ejecutivo. Además, trató de "sin códigos" al titular de la Cámara, Martín Menem.

Por su parte, Myriam Bregman (Frente de Izquierda) acusó al oficialismo de “estar apurado en devolver favores” y consideró que “por eso empiezan a repartir carguitos”. “Nunca vi algo más de casta que lo de recién. Nos parece bochornoso”, completó la jefa del bloque de izquierda".

Pablo Juliano (Provincias Unidas) dijo que “no hay un tema más por la ventana que nombrar a trres personas a las 3 de la mañana”. “Es más casta que la casta. Nosotros nos vamos a retirar. Se ve que no hay vocación de seguir con la orden del día”, protestó el radical bonaerense.

El bloque de diputados del PRO emitió este viernes un comunicado denunciando una “grave violación a la Constitución Nacional” y adelantó que iniciará acciones judiciales.

Remarcaron en ese sentido que la objeción fue advertida primero de manera informal, luego en el recinto y finalmente al momento de intentar consumar la designación, situación que quedó asentada en el Diario de Sesiones. Recordaron que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria.

Los diputados del PRO rechazaron la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”, y anunciaron que promoverán acciones judiciales para restablecer la legalidad y el respeto institucional.

El bloque remarcó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no constituye una cuestión administrativa interna del Congreso. En ese sentido, afirmaron que avanzar en su designación fuera del temario “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.

A exactamente veinte días de los comicios legislativos en los que se elegirán diputados nacionales, los gobernadores de la oposición identificados con Provincias Unidas preparan una nueva convocatoria. La cita, esta vez, será en el norte del país. La jurisdicción anfitriona será Jujuy y el encuentro se prevé para el próximo jueves, 9 de octubre.

La última reunión del sector había sido la semana pasada en Chubut. Fue el martes, en la ciudad de Puerto Madryn, con el gobernador Ignacio Torres jugando de local. De aquí a las elecciones, el sector tiene previsto realizar prácticamente un evento por semana. El siguiente al de Jujuy, de hecho, se planifica para el 15 de octubre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los seis gobernadores de Provincias Unidas en Chubut.

Provincias Unidas surgió como un espacio federal y alternativo al modelo que lleva adelante el presidente de la Nación, Javier Milei. Lo integran – por ahora- seis gobernadores y tendrá en octubre su debut electoral. El de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aparece entre los "socios fundadores".

La semana pasada, en Chubut, los mandatario hablaron del "abismo" al que está llevando al país el gobierno de La Libertad Avanza. Y se planteó con potencia ponerle fin a la polarización "libertarios vs. kirchnerismo". Por eso emergió como denominador común a lo largo de los diferentes discursos que el camino "no es Karina (por la hermana del presidente) ni Cristina". En cambio, se planteó a Provincias Unidas como "la única opción posible" para las próximas elecciones.

Gobernadores de la oposición identificados con Provincias Unidas preparan una nueva convocatoria.

"Somos una fuerza que está naciendo desde el interior, enfocados 100% en la gestión y en dar respuestas y generar soluciones concretas a los problemas de la gente. Nuestro desafío en estas elecciones es romper con la polarización. Estamos podridos de elegir entre Cristina y Milei", había dicho Nacho Torres.

Habían participado del acto, además, los mandatarios de Santa Cruz, Corrientes, Jujuy, Santa Fe y Córdoba.

Carlos Sadir, de Jujuy, cuestionó la "motosierra" como herramienta de gestión; en tanto que el correntino, Gustavo Valdés, se quejó del "destrato y ninguneo" del gobierno central para con las provincias.

Pullaro, por su parte, desestimó que Provincias Unidas se haya constituido solamente como una opción electoral. "No nos unimos por una cuestión electoral -dijo-; nos unimos para defender al trabajo, a la producción, al campo y a la industria. En definitiva, para defender este interior productivo que siente que nadie lo está defendiendo". Y rechazó la etiqueta de "tercera vía". En cambio, postuló que el espacio que encarnan representa la "única posibilidad que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo y para que no nos lleven de nuevo a la frustración de los extremos".

En el mismo sentido, criticó a quienes sólo ofrecen confrontación: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito: Argentina necesita equilibrio fiscal, pero también infraestructura, conectividad y nuevos mercados", concluyó.

Mauro L. Muñoz

Este martes se volvió a reunir la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde se trataron distintos proyectos que involucran al Poder Ejecutivo por la situación en la Agencia Nacional de Discapacidad, tras el desplazamiento de su extitular Diego Spagnuolo.

Presidida por Daniel Arroyo (UxP), la comisión unificó proyectos que giró a Asuntos Constitucionales en los que solicita el tratamiento de interpelaciones y solicita informes vinculados a la difusión de audios, en los que se expone un supuesto entramado de compras irregulares en el organismo que implica a funcionarios en sobornos.

Asimismo, Arroyo anticipó que la próxima semana volverán a reunirse para avanzar con un proyecto que disponga la restitución de las pensiones suspendidas a través de las auditorías realizadas durante la gestión de Spagnuolo, además de comenzar a tratar una reforma de la ANDIS, que el gobierno decidió intervenir tras las denuncias de corrupción.

El bloque de solicitudes lo encabezaron textos presentados por Esteban Paulón (EF) y Sabrina Selva (UxP), entre otros, con eje sobre los motivos del apartamiento de Spagnuolo, las contrataciones de medicamentos con la droguería Suizo Argentina, criterios de auditorías que derivaron en las suspensiones, roles de autoridades de la secretaría general de la Presidencia y del ministerio de Salud.

El camino reglamentario apunta a la comisión de Asuntos Constitucionales que conduce el bloque libertario a través de la presidencia del santafesino Nicolás Mayoraz. Si no se da trámite, la oposición anticipó que buscará -tal como en anteriores oportunidades- el emplazamiento en el recinto. Y si no prospera la interpelación, tal como ocurrió con el caso de la criptomoneda $Libra, anticiparon la constitución de una comisión investigadora, que habilite los requerimientos de comparecencia.

En paralelo, la reunión dejó perfiladas otras dos líneas legislativas que la oposición busca impulsar. En primer lugar, donde más apuntaron el conjunto de diputados, fue sobre la restitución de pensiones suspendidas por fallas de notificación.

Arroyo, como presidente de la comisión y autor del proyecto de Emergencia en Discapacidad, marcó el tono del debate: “Se dieron de baja 111 mil pensiones; 90 mil se suspendieron por un problema de domicilio. Los telegramas no llegaron a destino. Lo lógico es que esas 90 mil suspensiones se vuelvan a dar de alta”, apuntó.

El núcleo de la iniciativa es revertir los efectos de una auditoría que, según relataron los diputados, arrastró graves problemas en su operatividad, con citaciones mal realizadas y en sedes alejadas de los domicilios, que derivó en la suspensión de ciento de miles de prestaciones a beneficiarios que no pudieron enterarse o no lograron trasladarse.

Por otra parte, se puso de manifiesto la intención de comenzar a tratar una reforma de la ANDIS. Con un proyecto a cargo de Juan Marino (UxP), se propuso que la conducción del organismo pase a ser colegiada con representación de organizaciones de personas con discapacidad y de jurisdicciones, más órganos de control interno con voz y voto para seguimiento de licitaciones, presupuesto y beneficios. En esa línea, llamó a que se haga una "depuración democrática", para que "las organizaciones de discapacidad tengan incidencia en quién lleva adelante la conducción del ANDIS".

La oposición acordó volver a reunirse la semana próxima con un objetivo operativo: dictaminar los proyectos de informes y avanzar con un texto específico que ordene la restitución inmediata de las pensiones suspendidas por fallas de notificación, además de abrir el capítulo de una reforma de la ANDIS.

Con los votos favorables del bloque del oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe y del Frente de la Esperanza, más las dos bancadas opositoras del peronismo, la Reforma de la Constitución de Santa Fe sumó mecanismos de democracia directa y participación ciudadana a la Constitución de Santa Fe.

Los consensos logrados en la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana se reflejaron la sesión que se inició el viernes 29 de agosto y se extendió hasta las primeras horas del sábado 30.

Los institutos habilitados de Iniciativa Popular, Referéndum, Consulta Popular, Revocatoria de Mandatos, Consejo Económico y Social, Audiencias Públicas y Gestión Social fueron votados en la primera media hora del sábado por 65 convencionales. Se registraron 50 a favor y 15 en contra, sin abstenciones.

Una vez más, solo las bancadas de La Libertad Avanza y de Somos Vida y Libertad rechazaron las propuestas de radicales, socialistas, macristas y peronistas pero entre los convencionales derechistas fueron muy distintos los argumentos.

Desde SVyL se aclaró que de necesitarse sus votos para que los institutos sean creados los hubieran dado, pero que preferían en cambio expresarse por la negativa (a sabiendas de que el tema resultaría aprobado) para hacer notar sus críticas a las “extremas” exigencias que requiere uno de los mecanismos novedosos que permitirá que una autoridad electa sea desplazada por los ciudadanos. En cambio, el partido de los libertarios abiertamente mostró su oposición, con unas exposiciones que abundaron sobre los resultados de las políticas públicas aplicadas en las últimas décadas.

“No hay frase más hueca que la que dice que es con más democracia que se resuelven los problemas de la democracia”, resumió Nicolás Mayoraz al argumentar su voto negativo. Incluso mostró su pesimismo respecto de las audiencias públicas “¿cuándo en una audiencia pública sucedió realmente que las autoridades hayan realmente escuchado a los ciudadanos?”, cuestionó.

Para Emiliano Peralta (SVyL) al igual que para Rubén Giustiniani (Activemos) hubiera sido preferible que una ley posterior fije los umbrales para que avance un proceso de revocatoria de mandatos (se trata de contradecir lo ya dispuesto por las urnas con otra votación).

Oficialismo y oposición aprobaron mecanismos de democracia directa.

Ambos, por izquierda y por derecha, lamentaron que se fije que el mecanismo requiera que lo pida con su firma un 25% de los empadronados de la jurisdicción afectada y que en elecciones esa posición obtenga más del 50% del padrón. Los dos hablaron de la escasa participación que progresivamente se registra en los comicios en general.

En igual sentido, Diego Giuliano se preguntó cómo será posible que haya alguna vez un procedimiento de este tipo si “a la elección más importante de los últimos 62 años fue a votar apenas un poquito más de la mitad de los electores”, en referencia a los comicios del 13 de abril. De todos modos, valoró lo que se avanzó en todo el dictamen y explicó que es en instancias como las que hoy vive Santa Fe que “la política” comienza a saldar sus deudas con la gente para enfrentar el mal de “la apatía”.

El reclamo de que el texto no imponga esos requisitos fue rechazado por la mayoría.

Gino Svegliati de Unidos actuó como miembro informante del despacho y aseguró, en el marco de la crisis de representación de los partidos políticos, hoy se crean “herramientas que buscarán cambiar las formas de construcción política”.

Recordó que desde 1994 existen estos institutos en el país, pero no han sido usados. Afirmó que la única instancia de consulta a nivel nacional fue anterior, cuando el presidente Alfonsín convocó a consulta popular ante el acuerdo con Chile.

Se cuestionó el 25% de firmas y el 50% de votos requeridos para revocatorias.

Entre los antecedentes santafesinos destacó la experiencia del presupuesto participativo puesto en práctica en Rosario primero y en la provincia luego con administraciones del socialismo. Con la revocatoria de mandato “el pueblo tiene la última palabra”, resumió.

Juan Monteverde de Más para Santa Fe anunció el voto favorable de la bancada del PJ pese a que “nuestra propuesta era más profunda, más radical , transformadora y revolucionaria”. Admitió que “con ese ímpetu de cambios fuimos a todas las comisiones” y destacó que se lograron finalmente “avances” para abordar con respuestas concretas la crisis de representación política. De todos modos, afirmó que para que haya cambios “hay que dar vuelta la pirámide del poder”.

Dijo que el título que se habían propuesto era el de “Participación popular y comunidad organizada”. Consideró que con estos cambios “se abre una posibilidad para imaginar una democracia mejor”. Y citó a Simón Rodríguez: “O inventamos o erramos”, dijo.

Rubén Giustiniani recordó desde Activemos que “esta crisis es de la democracia” y consideró que el camino es “intentar nuevas formas que pasan por empoderar a la gente”.

Por la mayoría y con citas a Guillermo Estévez Boero, Joaquín Blanco habló de la necesidad de entender que se debe “delegar poder” y advirtió que a partir de la nueva constitución será obligatorio para la Legislatura celebrar audiencias públicas cuando se traten leyes sobre el medio ambiente y los servicios públicos. Los legisladores “tendrán que escuchar obligatoriamente a la ciudadanía”, se entusiasmó.

En cuanto al referéndum vinculante, coincidió que en la historia política argentina “hay pocos” pero constituyen “muy buenos” ejemplos y citó lo sucedido en Misiones cuando se detuvo un proyecto de represa hidroeléctrica con ese mecanismo habilitado por la Constitución en la Tierra Colorada.

Nombró como el deseado consejo económico político y social, “una larga batalla de los socialistas” al Consejo a crear como “un ámbito donde se encuentren el capital y el trabajo , de diálogo permanente con la política” y citó la Mesa del diálogo Argentino y otros casos creados ante graves crisis.

Recordó “el plan estratégico de 2008 y el proceso de participación popular más importante de planificación estratégica” puesto en práctica por Hermes Binner.

“Los convencionales de la Comisión de funcionamiento del Estado y Participación Democrática han puesto a la Constitución 2025 a la vanguardia”, dijo Del Blanco.

“Nadie es dueño de la verdad escriturada (…) Siempre la participación mejora y fortalece las decisiones. Este es un cambio sustantivo, un verdadero aporte y se vincula con los cambios sobre la elección proporcional de los diputados”, dijo la convencional Claudia Levín de Unidos.

“Esto es poner en práctica la comunidad organizada” de la que hablara Juan Domingo Perón en congreso de Filosofía en 1948, “es un concepto clave en nuestra doctrina”, afirmó Marcelo Lewandowski, de Más para Santa Fe.

Y siguió: “lamentablemente es una época en que no se promueva lo colectivo, lo asociativo y lo solidario”.

“Hay que superar una verdadera fractura expuesta en la sociedad, entre gobernantes y gobernados”, explicó Diego Giuliano y avanzó sobre el concepto de la representación: “ambos lo somos, porque somos gobernantes y gobernados, en un permanente circuito”.

“Más democracia es la única cura a los males de la democracia (…) La democracia directa no es abolicionista” de la representación “es complementaria”, profundizó.

“No sé si es la hora… pero todo esto me suena a un cuento de niños para mandarlos a dormir. Escucho palabras grandilocuentes, vacías, nada que se parezca a un texto constitucional. Caen en el mismo error que siempre cae la clase política”, disparó Nicolás Mayoraz.

“Los señores convencionales son como semidioses que creen que con solo escribirlo en la Constitución van a resolver el hambre y ahora es lo mismo con la creación del Consejo Consultivo y Asesor” y remató: “dejémonos de cuentos”.

En el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, la oposición lanzó una ofensiva para introducir en el temario la conformación de las autoridades de la comisión investigadora Libra, cuya designación quedó empantanada por un empate político sin atisbo de solución a la vista.

El diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño planteó una moción para votar la interpretación del reglamento que permita tratar sobre tablas el asunto, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adujo que no existía una “duda reglamentaria” y deslizó que la única salida posible era presentar un nuevo proyecto de resolución.

El contrapunto desató un zafarrancho de discusiones reglamentarias muy enmarañadas, con diputados de uno y otro lado revoleándose bibliotecas enteras por la cabeza.

"No estamos ante una duda reglamentaria. Es una situación política que tiene que resolver la comisión. El pueblo es soberano, pero se tiene que respetar el reglamento. Y si hay necesidad de modificar el reglamento, tiene que ir a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento", explicó el riojano, que se calificó a sí mismo como “árbitro” de la controversia.

Para Menem, la oposición incurrió en una “mala praxis” cuando aprobó un texto de resolución que avalaba una integración par del cuerpo, que abría las puertas a una paridad irresoluble para definir a quién le correspondía desempeñar la presidencia de la comisión investigadora.

Ante la negativa tenaz del presidente de la Cámara a proceder a la votación, desde la oposición insistieron con fuerza en pedir que se vote la moción de Agost Carreño.

La diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia Moreau definió el lanzamiento de aquella criptomoneda con el patrocinio presidencial como “una estafa” y “un escándalo que la Justicia tiene que investigar”.

“La estafa de Libra debe investigarse, no se debe ocultar lo que pasó, si es que tienen algo que ocultar. La mejor forma de demostrar que fue un error del presidente en comunicar, difundir o transmitir esa cuenta es que se investigue y no solo en la Justicia sino en el Parlamento”, indico la referente opositora.

Acto seguido, le negó a Menem el rol de “árbitro" que se auto adjudicó, y lo acusó de “abuso de autoridad” y "de incumplimiento de sus deberes de funcionario público".

“Usted no es árbitro, no es príncipe, es uno más de todos nosotros que tiene que cumplir con determinadas reglas que la Constitución Nacional y el reglamento exige, y no lo está haciendo”, recriminó Moreau.

Tras este aluvión de críticas, le advirtió al riojano que a fin de año se le vence el mandato como presidente del cuerpo y amenazó con no renovarle el cargo.

Un rato más tarde, tras un intercambio fuerte entre el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, y la secretaria parlamentaria del PRO, Silvana Giudici, Menem le pidió a Agost Carreño que explique cuál era su “duda” reglamentaria por la cual exigía la votación de la interpretación del artículo 106.

“La duda es como se resuelve cuando hay empates en las comisiones”, le contestó el cordobés de Encuentro Federal, que insistió en que la "correcta interpretación" del reglamento debía surgir del pleno y no del presidente.

“No veo que haya una duda, hay una laguna”, lo corrigió Menem.

En medio de esa discusión intervino el diputado nacional de Democracia para Siempre Fernando Carbajal, quien le recordó al titular del cuerpo que “el reglamento está para que los organismos de la cámara funcionen” y “no para evitar que funcionen”.

Después de casi tres horas de discusiones estériles con posturas irreductibles de ambos lados, se resolvió proseguir con el orden del día, con el resto del temario, y aplazar la resolución de la controversia. 

En un calculado intercambio epistolar, la oposición presiona al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que garantice la comparecencia del ministro de Economía, Luis Caputo, su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, a la sesión pedida para este miércoles con el objetivo de que sean interpelados por el cripto escándalo $Libra.

La ausencia de los funcionarios interpelados vaciaría de sentido la convocatoria al recinto, por lo que los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda exigen precisiones en medio de un hermetismo total.

La reprogramación de las interpelaciones de Caputo, Cúneo Libarona y Silva fue acordada en la sesión informativa del 29 de abril pasado en medio de la presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien trasladó la postura oficial sobre las responsabilidades en el caso Libra.

Pese a que las citaciones de rigor fueron cursadas por la Presidencia de la Cámara baja a los funcionarios, ninguno de ellos se notificó, y a medida que se acerca la fecha, la incertidumbre va creciendo.

El trascendido de que la totalidad de los ministros del Gabinete asistiría este miércoles al acto de cierre de campaña porteña de La Libertad Avanza, que tendrá las presencias del primer candidato a legislador, Manuel Adorni y del presidente Javier Milei, no hizo más que sumar al desconcierto.

La oposición camina a ciegas hacia una sesión que podría volverse estéril en el caso de que los ministros y el titular de la CNV se ausenten.

Los bloques necesitan conocer la voluntad de los funcionarios para que el esfuerzo de reunir quórum no termine siendo inútil.

Es por eso que el viernes pasado, los jefes de bloque y secretarios parlamentarios de cada una de estas bancadas iniciaron un canal de diálogo formal a través de una nota electrónica dirigida a Menem en la cual le solicitaron que informara sobre si se habían cursado las citaciones y cuál había sido la respuesta.

Firmaban la misiva Germán Martínez y Paula Penacca de Unión por la Patria, Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, Pablo Juliano y Carla Carrizo de Democracia para Siempre, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, y Vanina Biasi y Vilma Ripoll del Frente de Izquierda.

La respuesta no tardó en llegar por la misma vía electrónica: el secretario parlamentario, Adrián Pagan, contestó que efectivamente las citaciones habían sido cursadas pero que al momento no se había registrado respuesta de parte de ninguno de los funcionarios implicados.

Al mismo tiempo, hacían saber que la convocatoria a la sesión se efectivizará una vez que los diputados nacionales la pidiesen formalmente.

Este lunes, se reanudó la comunicación y los diputados de la oposición de los mismos bloques (a excepción de la izquierda) redoblaron la presión a Menem para que informe qué harán Caputo, Cúneo Libarona y Silva este miércoles.

"Le requerimos que arbitre los medios necesarios para cerciorarse de su efectiva comparecencia ante la H.C.D.N. para la sesión comprometida para el día 14 de mayo de 2025 a las 12 hs. Para el caso de que no aseguren su comparecencia requerimos comunique a los distintos Bloques a los efectos de tomar las medidas que estimen corresponder", advirtieron.

En caso de que persista la incógnita, la oposición le recordará a Menem que al tratarse de una interpelación, si los funcionarios no cumplen con su obligación de concurrir para rendir cuentas, se expondrán a sanciones.

Además, le exigirán que tome medidas para que garantice la comparecencia. "No queremos llegar el miércoles para escuchar a Menem leyendo una nota diciendo que los ministros no vendrán", señaló a la agencia Noticias Argentinas uno de los diputados nacionales que articula la estrategia opositora.

La oposición camina a ciegas hacia una sesión que podría volverse estéril en el caso de que los ministros y el titular de la CNV se ausenten.

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, convocó este miércoles a una manifestación de cara a la toma de posesión de Nicolás Maduro, prevista para el próximo 10 de enero, invitando a los ciudadanos a salir a las calles al mismo tiempo para entonar el himno nacional.

"Está muy cerca el momento de vernos nuevamente en las calles de Venezuela para cobrar la victoria", dijo Machado, quien denuncia como un fraude la reelección de Maduro y reclama un triunfo de Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.

"Venezuela entera se encontrará en la calle, abrazándonos en un rito hermoso y poderoso de libertad, en toda Venezuela, pueblos y ciudades y en todas las ciudades del mundo donde hay un venezolano, al mismo tiempo gritaremos el Gloria al Bravo Pueblo", dijo Machado en un video publicado en X.

"Preparémonos, nos vemos en las calles en enero", agregó en un video en redes sociales la dirigente, declarada en clandestinidad, sin dar detalles sobre las movilizaciones que planea.

"¡GLORIA AL BRAVO PUEBLO!!! Mi mensaje para este año 2025 para ti, venezolano. La hora ha llegado. Por nuestros hijos, por nuestra amada tierra, por nuestra Libertad. Depende de ti, de mí, de todos. Tú tienes que estar ahí. Yo estaré contigo", escribió Machado en su cuenta de X.

La ex diputada sostuvo que "la libertad depende de todos", al mismo tiempo que señaló que "la clave" del éxito de la movilización prevista "está en actuar coordinados".

"Estés donde estés, en un caserío en Amazonas o en Maracaibo, en Tenerife o en Lima, esta es la tarea más importante de nuestras vidas y la tenemos aquí, por delante, en unos pocos días", añadió.

Machado insistió en que el pasado 28 de julio, en las elecciones presidenciales, el candidato Edmundo González Urrutia, apoyado por la principal coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), fue el ganador, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo control del oficialismo proclamó a Nicolás Maduro como el vencedor.

"Los derrotamos políticamente, electoralmente y espiritualmente, ha triunfado la verdad, ha triunfado la razón y ha triunfado el bien", apostilló Machado, tras señalar que la "derrota final" del régimen chavista está "muy cerca".

"Asumamos juntos el compromiso de hacer valer ese mandato en 2025", expresó por su parte González Urrutia, exiliado en España tras una orden de detención en su contra.

El CNE, como era previsible y estaba previsto, proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato consecutivo (2025-2031), con números inverosímiles y sin publicar resultados oficiales detallados. La oposición publicó en una página web copias de actas electorales con las que reivindica un triunfo, que el gobierno cuestiona. La toma de posesión está pautada para el 10 de enero.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, habló el pasado lunes con los líderes opositores de Venezuela, Edmundo González Urrutia (reconocido por Washington como presidente electo del país sudamericano) y María Corina Machado, tal cual lo informó el Departamento de Estado.

"El señor Blinken habló con el presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, líderes de la oposición democrática venezolana", destacó la dependencia en un comunicado.

En la conversación, "se reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, la restauración pacífica de la democracia en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos detenidos injustamente", señaló el texto difundido.

La reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio para un tercer mandato de seis años fue fuertemente cuestionada por la oposición, que estima que su candidato González Urrutia ganó con más del 67% de los votos.

Si bien se prevé que Nicolás Maduro tome posesión nuevamente el 10 de enero próximo, además de Estados Unidos, tanto la Unión Europea como muchos países latinoamericanos no reconocen la última reelección de alguien que desde 2013 mantiene el poder tras varios comicios cuestionados.

Como es de público conocimiento, la proclamación de su victoria, el año pasado, provocó en su momento protestas y enfrentamientos con la policía, con un saldo de 28 muertos y cerca de 200 heridos.

Asimismo, en esas lamentables jornadas, más de 2.400 personas fueron detenidas durante los disturbios posteriores a los comicios, acusadas principalmente de terrorismo e incitación al odio. Muchas fueron encerradas en cárceles de alta seguridad y todavía siguen detenidas por el régimen chavista.

Mientras que la Fiscalía General venezolana sostiene que siempre ha respetado todos los procedimientos judiciales previstos, la oposición viene reclamando desde hace meses contra el abuso de la autoridad y las detenciones ilegales.

Han sido tanta la presión y las protestas que a mediados de noviembre el gobierno chavista comenzó una revisión de los expedientes que, según dijo, condujo a la liberación de más de 900 detenidos, incluidos todos los menores detenidos tras la crisis poselectoral.

Paralelamente, activistas de derechos humanos dieron a conocer esta semana un informe sobre las condiciones de detención de los "presos políticos" en Venezuela, consideradas "inhumanas" y resaltan que esas han "empeorado" desde la controvertida reelección de Maduro.

Tres bloques de la oposición dieron un primer paso para establecer un límite a una modalidad de excepción que en numerosas ocasiones se convirtió en regla: el dictado de decretos de necesidad y urgencia, una herramienta para acelerar tiempos en situaciones excepcionales que se terminó utilizando en numerosas ocasiones para obviar el trámite legislativo.

Este miércoles, luego de tres horas de debate, las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación concluyeron el análisis de la ley 26.122 que regula el trámite y la intervención del Congreso sobre los DNU, modalidad que está contemplada en la reforma constitucional de 1994 y regulada por la ley 26.122 de 2006, que fue impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández y utilizada a destajo por varias administraciones.

A grandes rasgos, la ley vigente establece que se necesita el rechazo de las dos cámaras para que un decreto de necesidad y urgencia quede derogado. Así ocurrió en septiembre con el DNU que fijó montos extraordinarios en concepto de gastos reservados para la SIDE y que constituyó un primer revés para el actual gobierno nacional.

El principal cambio que se impulsa ahora es que será suficiente el rechazo de una de las cámaras para que un decreto de estas características se considere derogado.

El objetivo, según expresaron legisladores presentes en la reunión de este miércoles, es poner un freno al "exceso de presidencialismo".

Hubo cuatro dictámenes para modificar aspectos de la norma que fue dictada en el año 2006. El de mayoría reunió 36 firmas de Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia para Siempre (el bloque escindido de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo).

A este siguieron otros tres de minoría: de Juan Manuel López, de Karina Banfi, con dos firmas cada uno, y de La Libertad Avanza que refrendan 9 legisladores y rechaza la modificación.

El PRO, que en su momento impulsó cambios en al ley, no acompañó ninguno de los proyectos.

Fueron tres reuniones conjuntas de las dos comisiones que se concretaron durante miércoles consecutivos (16, 23 y 30 de octubre) en las que se escuchó a especialistas que argumentaron sobre el alcance de la ley en cuestión y la conveniencia o no de la reforma.

Luego vinieron las exposiciones de las y los diputados que impulsan las reformas, como el caso de Mónica Litza (UxP) quien recordó que al inicio de la gestión, el Presidente envió al Congreso el decreto 70/23 con 366 artículos "donde había muchísimas materias que no tenían que ver con la necesidad y la urgencia, y empezamos a poner el foco en cuáles eran los puntos que deberíamos rever y trabajar para que el espíritu de los constituyentes de 1994 pudieran ser reflejados en una herramienta que tiene que tener una utilización mínima, limitada".

En esa línea, Diego Giuliano (UxP) también apuntó al mega DNU 70/23 y a los decretos que siguieron, como el que se dictó para cambiar el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner por Centro Cultural Palacio Libertad: "El DNU va en una sola rueda cuando en realidad nuestro sistema va con la bicameralidad", definió.

Desde Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, acompaño con su firma el dictamen de mayoría pero aclaró que lo hacía "con disidencias". "La ley no es una buena ley y es inconstitucional, no desde que gobierna Milei sino desde hace mucho tiempo", sostuvo la diputada para quien la estrategia debería ser una reforma total o sustitución por otra norma.

Por el mismo bloque, el socialista Esteban Paulón defendió la división de poderes y de tareas en una República. Y confió en que, si el dictamen llega al recinto, se convierte en ley y el Ejecutivo decide vetarla (como ya anticipó el propio Presidente), "los mismos bloques que gritaban desde sus bancas por la República, la democracia y las instituciones sumarán sus votos para respaldarla".

La posición del oficialismo quedó a cargo de Lisandro Almirón, quien retomó el discurso oficial de la "inseguridad jurídica que están propugnando desde adentro para que al país le vaya mal". Y advirtió: "Si llega el veto, bien merecido veto por hipócritas y por fomentar la inseguridad jurídica".

La última reunión conjunta de las dos comisiones se produjo en una fecha particular: los 41 años de la recuperación de la democracia en la Argentina. Justo en el día en que el presidente Javier Milei señaló a Raúl Alfonsín como "golpista" en medio de una disertación en la ciudad de Córdoba.

El hecho, insólito y grave, no pasó inadvertido en la sala. Fue Karina Banfi (UCR) quien repudió los dichos del mandatario de LLA y dijo no tener dudas de que son propios de "la ignorancia y los prejuicios". "En estos tiempos de la levedad del ser, las trayectorias son banalizadas", sostuvo la legisladora al reinvindicar la figura de Alfonsín como "nuestro héroe de la democracia".

En la misma línea se pronunciaron Silvana Ginocchio (UxP), Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) y Cecilia Moreau (UxP).

Por Emerio Agretti

Los partidos de la oposición apuran el tratamiento de proyectos orientados a modificar las condiciones de vigencia para los Decretos de Necesidad y Urgencia que dicta el Poder Ejecutivo, y que hoy requieren el rechazo de ambas cámaras para quedar sin efecto.

La movida se produce luego de la convulsión política generada por las normas de ese tipo dictadas por el presidente Javier Milei, que en el caso de la asignación de fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) culminaron con el inédito caso de que un DNU presidencial fuese rechazado por el Congreso, mientras que en otros no se llegó a ese resultado por la imposibilidad de lograr número suficiente en ambas cámaras para poder hacerlo, como exige la ley.

La regulación de los DNU como facultad del Poder Ejecutivo, pero a la vez condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos, fue introducida por la reforma constitucional de 1994 como parte del bloque orientado a la atenuación del presidencialismo. Algunos de los institutos generados en ese marco resultaron eficaces a tal efecto (como el Consejo de la Magistratura), otros inocuos (como la jefatura de Gabinete) y otros terminaron revirtiendo el propósito original por efecto de la regulación legal posterior. Tal es el caso de los DNU, que más allá del mayor uso o abuso que hayan realizado de ellos las sucesivas administraciones, terminó sobredimensionando las atribuciones legislativas del Ejecutivo, como advierten de manera coincidente los especialistas. Esto es así porque, una vez dictados, entran en vigencia automáticamente, y sólo quedan sin efecto si las dos cámaras del Congreso lo rechazan. Si lo hace una sola, o incluso si una de ellas nunca lo trata, el DNU se sigue aplicando aún sin acuerdo parlamentario. Lo cual hace que, en la práctica, sea más fácil para el Presidente de turno poner en vigencia una medida por decreto que hacerlo a través de una ley, que sólo obtendrá sanción si las dos cámaras aprueban el proyecto respectivo. Y, lógicamente, y como también ha quedado desmostrado recientemente, si después el Ejecutivo no la veta.

"El principio general en materia de decretos del Presidente, ya sea los decretos delegados, los decretos de urgencia y la promulgación parcial de leyes parcialmente vetadas, es prohibitivo. Sólo aparece la excepción cuando las circunstancias impidieran el proceso normal de sanción de las leyes. De todas maneras, excluye cuatro materias: la penal, la fiscal, partidos políticos y electoral. Pero el presidente lo toma como que fuera una facultad regular, como si el presidente fuera electo de una manera independiente del marco jurídico del país. Y no es así", consignó en su momento en constitucionalista Daniel Sabsay a El Litoral.

Por su parte, Roberto Gargarella dejó en claro porque el rechazo del DNU de la Side no registraba ningún antecedente. "Entre otras cosas, porque el kirchnerismo aprobó en el 2006 (presidencia de Néstor Kirchner e impulsado por la entonces senadora Cristina Fernández) una ley que exige que para que el DNU sea derogado, las dos cámaras tienen que derogarlo, con lo cual era una trampita fuerte para decir 'siempre algunas de las dos vamos a controlar desde el gobierno'. Con que se quede calladito el Senado, el DNU se mantiene. El mecanismo ha sido tan tramposo y tan jodido que hace muy difícil que un DNU sea derogado en el Congreso".

"El DNU rige desde que se firma y surte efectos hasta que ambas cámaras lo rechacen expresamente", explica Gustavo Arballo, abogado especialista en Derecho Público y magíster en Magistratura y Derecho Judicial. "Lo que implica que -paradójicamente- un Presidente debería tener dominio de ambas cámaras para una ley, pero le bastaría con tener dominio de una sola para lograr pasar un DNU y confiar en que la cámara que controla se abstenga de rechazarlo", advierte.

Un DNU es una herramienta prevista en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución que le permite al Presidente de la Nación legislar "cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios", es decir, que un proyecto de ley sea tratado y aprobado por ambas cámaras.

Sin embargo, el artículo prohíbe su utilización en 4 casos: cuando se trata de normas que regulan materia penal, cuando se trata de un tema tributario, cuando se regula material electoral o cuando se trata del régimen de los partidos políticos.

"Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, (el Presidente de la Nación) podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el Jefe de Gabinete de Ministros", indica en forma textual el inciso 3 del artículo 99, que fue incorporado a la Constitución en la reforma de 1994.

Según la ley 26.122, sancionada en 2006, cada vez que el Presidente emite un DNU, el Jefe de Gabinete debe enviarlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que funciona desde ese año en el ámbito del Congreso nacional y está compuesta por miembros de las 2 cámaras (8 senadores y 8 diputados).

Luego de que esta comisión emita dictamen, el DNU debe ser tratado por el pleno de las 2 cámaras. Mientras se lleva a cabo este proceso, el decreto está vigente. Además, el Congreso no puede hacer modificaciones a un DNU dictado por el Poder Ejecutivo, sólo puede aceptarlo o rechazarlo

Desde que asumió el Presidente, la oposición presentó 14 proyectos para modificar la ley 26.122, que establece el régimen de tratamiento de los DNU. El primero ingresó el 26 de diciembre en el Senado, pocos días después de que Milei firmara el mega DNU 70/2023.

Luego se sumaron otros proyectos que llevan la firma de diputados y senadores de la UCR, la Coalición Cívica (CC), el bloque Encuentro Federal y el peronismo. Todos apuntan a establecer tiempos razonables para el tratamiento de los DNU en el Congreso y a limitar su uso por parte del Poder Ejecutivo.

Entre ellos, uno del santafesino Roberto Mirabella (PJ), cuyo principal punto indica que en caso de que el DNU sea dictado durante el receso legislativo, su publicación implica automáticamente la convocatoria a sesiones extraordinarias, y no esperar al período ordinario para tratarlo.

Por otro lado, en coincidencia con otros de los proyectos presentados, establece la modificación del artículo 24 de la ley, para que el rechazo del DNU quede efectivo desde el momento en que cualquiera de las dos Cámaras se expida en sentido contrario, y no ambas como ocurre actualmente.

En cualquier caso, la oposición dialoguista quiere sancionar la nueva ley antes del fin del período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre, para evitar que el Presidente aproveche el receso legislativo para abusar del uso de los DNU.

En ese proceso trabajan los diputados Juan José López, de la CC, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, y legisladores radicales, quienes buscan articular con Unión por la Patria (UP). Tanto Agost Carreño como López son autores de dos de los proyectos presentados. Ambos coinciden en proponer en sus textos que "el rechazo por alguna de las cámaras del Congreso del decreto que se trate implica su derogación".

Una de las novedades políticas es que el peronismo ahora apoya una estrategia de este tipo, mientras que durante los años en que fue gobierno las bloqueó de manera sistemática. La otra tiene que ver que, frente a la actual reticencia del PRO, uno de los antecedentes en el sentido de producir cambios proviene de un proyecto presentado en 2022 por Silvia Lospennato, para limitar los DNU del entonces presidente Alberto Fernández.

"Consideramos que exigir que las dos cámaras deban coincidir en una resolución de rechazo del decreto en cuestión se distancia de la voluntad del constituyente, el que dejó en claro el carácter excepcional de la atribución conferida al poder administrador", dice en los fundamentos el proyecto de la diputada del PRO.

Por Ricardo Miguel Fessia

I - Ha pasado poco más de una semana de las elecciones en Venezuela, país donde desde hace tiempo se viene denunciando la comisión de todo tipo de atropellos a la ciudadanía por parte el Estado. Mejor dicho, por parte de algunos personajes, personeros o grupos que, en forma más directa o de manera encubierta, son el Estado. El detalle no es menor ya que ello le otorga otro rango jurídico internacional. Pero, concretamente, para el hecho que nos convoca (los comicios del 28 de julio), si bien se han tratado de arbitrar los medios, como ser veedores, registros paralelos y demás, puede apuntarse que la oposición venezolana ha caído en cierta ingenuidad. Es decir, pensaron que Nicolás Maduro podría hacer algunas maniobras fraudulentas, dibujar algunas actas o realizar otras pillerías, pero creemos que no se tuvo real conciencia que el régimen "va por todo".

No hay otra posibilidad. En cualquier democracia de las que conocemos -incluso desde las más prolijas hasta las más dudosas-, siempre la derrota es una posibilidad; lejana, remota, casi imposible, pero es una posibilidad al fin. En este caso eso no existe. Es absolutamente imposible que el oficialismo venezolano sea vencido por la voluntad popular. Ensoberbecidos de poder vacuo, se constituyen ellos mismos en el sentimiento y la voz del pueblo. Podríamos ser más breves y elocuentes: no aceptan las reglas de la democracia. Una gestión que es derrotada, entrega el poder y regresa al llano para volver con su prédica política y lograr para una nueva convocatoria, la adhesión de la mayoría. Son los ciclos democráticos.

Eso es imposible en Maduro y sus adláteres. Pero se han conocido casos de regímenes parecidos que debieron marcharse en forma clandestina, abordando una nave que ya estaba con las hélices circulando mientras algunos trepaban las escalinatas arrastrando pesadas maletas. Satrapías caribeñas de hace algunas décadas. En Venezuela no existe esa posibilidad. Ni la vecina Nicaragua estaría cómoda en recibir al voluminoso encargado de desbaratar y prostituir el proyecto de Hugo Chávez, que se rodea de militares que utilizan el poder estatal para acciones abiertamente ilegales como el narcotráfico. Nunca el desalojo es producto de los votos.

II - Las acciones de la oposición deben ser destacadas por su valentía y habilidad para evitar persecuciones, vetos y todas las zancadillas administrativas imaginables. En la previa se pudo ver a un candidato oficialista en cierta forma moderado, que no podía disimular una suerte de mordaza que le pusieron asesores de imagen, para no ahuyentar a los pocos que todavía lo siguen de verdad. En algunos actos hablaba de una realidad que solo en su cabeza existía, pero ante otras tantas barbaridades, se las tomaba como licencias. Hasta se difundieron "bocas de urnas" hilarantes por su extrema falsedad durante la mañana de los comicios.

El régimen podría haber planteado algunos recursos: robo de urnas, quema de actas por parte de "los agentes del capitalismo salvaje" y hasta un corte de energía (como alguna vez pasó en la provincia de Santa Fe). Pero no; descartaron esas naderías: hay que recurrir a la literatura y echar mano al "realismo mágico", ese movimiento bien latinoamericano que se empeñó, con lograda estilística, en mostrar lo irreal o raro como algo cotidiano y común. Pues bien, la República Bolivariana impuso ese recurso literario en lo político y en un escrutinio que nadie puede ver dijo, un par de horas después de cerrarse los locales: "Gané yo".

Cuando se escuchó alguna voz en discordancia, se lo tachó de fascista. Y si con ello no basta, llegaron los "palitos para abollar ideologías" como decía Mafalda. De ser necesario, en general siempre lo es, hay que arrimarlo al talego por unos cuantos días hasta que se prepara el proceso penal por atentar a la democracia. No se conoce régimen democrático en donde a los que objetan o plantean dudas respecto a los resultados se los encarcele. Si es un gobierno el que argumenta, se expulsa a sus diplomáticos.

III - Las muestras de su futuro accionar -su pasado está cargado de ello- las entregó el propio Maduro en algunas intervenciones donde sostenía que no haría el ridículo entregando los atributos del mando en ceremonia pública -prevista para el 2025- y luego tomarse alguna foto con su sucesor hablando de cuestiones de Estado. Había perseguido, bajo forma de proscripción a otros candidatos hasta convertir su vida y la de sus seguidores en un verdadero infierno.

Sabe que, más temprano que tarde, lo esperan tribunales internacionales donde se ventilaran las graves denuncias por violación de los Derechos Humanos que todos consideran como imprescriptibles. Para que quede en claro, en media lengua quiso decir que esto del recuento votos, que en algunas democracias se utiliza en casos excepcionales, no es tarea pública, por lo que nadie debería tener injerencia en ello más que los agentes del gobierno.

IV - Las elecciones han puesto a Maduro en un lugar muy incómodo, donde es solo mantenido por la conducción del ejército, absolutamente degradado y corrompido. La cuestión es la forma de salir del atolladero: la posibilidad de tender puentes de plata como los adversarios no está ni siquiera en la agenda de algún asesor con rasgos de humanidad, los países del orbe poco dicen y los que se manifiestan reconocen el triunfo de Edmundo González Urrutia.

Por lo tanto, sólo resta para el corpulento mandatario profundizar su autoritarismo grotesco lo que se encamina hacia la mayor violencia en las calles y continuidad de la sangría de hombres y mujeres que salen de su tierra sin ningún otro objetivo más que evitar ser víctima del régimen. Se lamenta en no poder levantar muros -como otro país democrático- para evitar la diáspora que lleva a la fecha ocho millones -cuarta parte del padrón electoral venezolano- dispersos por América y Europa.

V - Ha quedado en claro aquello que dicen los libros: es incompatible una elección en un modelo dictatorial. No se pueden utilizar herramientas de un sistema en otro derechamente contrario. La democracia, cuya versión empírica es la compulsa popular, legitima a los que conducen por un lapso de tiempo. Esta legitimidad no es un detalle simbólico, sino es la propia esencia que justifica el mando. Es tan burdo todo en Venezuela que los aliados históricos callan o cuestionan.

En nuestro país se puede escuchar un atronador silencio de los y las que hasta hace poco se manifestaban con verborragia y que fueron beneficiados por esas valijas que llegaban en vuelos privados. Durante la semana, requerido por la prensa, el actual gobernador de Buenos Aires evitó el tema hasta que tuvo que expresarse y concluyó en un: "Qué se yo, pregúntenle a Cristina". Una salida muy suya.

Precisamente, luego de un largo y saludable silencio -para el pueblo- apareció la ex presidenta para dar una conferencia en México. Entre los temas de su acostumbraba verborragia se refirió a Venezuela, no por gusto sino porque era imposible evitarlo. Así, sin nombrar al cuestionado presidente expresó: "Pido por el legado de Chávez que se publiquen las actas". Bastante a destiempo se acordó de pedirle a quien hace muy poco tiempo le colgó en el pecho la "Orden del Libertador San Martín", la máxima condecoración "para funcionarios extranjeros que merezcan en alto grado honor y reconocimiento" que pueda otorgar nuestra Nación.

A los exilados no se les permitió votar y los que permanecen en el país se los controló, pero el rechazo es tan grande que hasta los tradicionales seguidores del comandante Chávez apoyaron a la oposición. Hemos visto por las imágenes, cómo en barrios chavistas la gente se trepaba a las estatuas que lo inmortalizan y las derrumbaba para arrastrarlas por las calles. Acorralados por los hechos, algunos obtusos seguidores ante la burda patraña de la auto-proclamación, echan manos al recurso de considerarlo como una víctima de las sanciones del imperialismo, ávido del petróleo que yace en las entrañas de Maracaibo.

VI - El esquema construido por Chávez de "revolución bolivariana", que Maduro heredó, encierra un vicio de origen: revolución y democracia. Alguna vez el propio comandante, y para congraciarse, se refirió a las enseñanzas de Juan Domingo Perón. Y hasta hemos escuchado a Maduro entonar cánticos que lo identifican como "peronista y evista" (sí, evista), ante un grupo de "soldados de Perón", siendo que apenas unas horas antes lo había bajado de una oreja a Alberto Fernández, que hace unos meses no se cansaba de adularlo.

Se ve que no leyeron la parte de la historia que aclara que "el gran movimiento nacional y popular" no cometió escandalosos fraudes como el del domingo en Venezuela. Sí, desplegó algunas picardías para votar una norma o para dividir secciones electorales de acuerdo a su conveniencia, o llevó adelante acciones persecutorias -como contra Cipriano Reyes o Ricardo Balbín-, pero no razias generales, salvo algunos desbordes de hordas azuzadas que acometieron contra locales partidarios y algunas Iglesias.

VII - Definitivamente: deben ponerse límites a esta situación y permitir que se verifique el proceso electoral, para que asuman las autoridades que surgen de la voluntad popular y no seguir con este "realismo mágico" chavista.

Los 70 minutos de discurso del Presidente Javier Milei frente a la Asamblea Legislativa, en la inauguración del período de sesiones ordinarias 2024, dejó fuertes críticas desde la oposición, tanto en las voces de legisladoras y legisladores nacionales como de dirigentes de distintos sectores.

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) publicó un documento en la cuenta de X en el que sostuvo que "el que no la ve es el Presidente", al tiempo que consideraron el discurso "una oportunidad totalmente desaprovechada".

A través de un comunicado, el bloque de UP aseguró que son "cada vez más los argentinos perjudicados por el brutal ajuste" del Gobierno nacional.

En este sentido, desde el bloque peronista expresaron: "Lamentamos que, en pleno "prime-time", el presidente haya decidido realizar un discurso plagado de generalidades, frases sueltas y chicanas, funcional a los títulos de los diarios, pero totalmente vacío de respuestas ante los problemas que angustian a la mayor parte del pueblo argentino".

Además, señalaron que, como "consecuencia de una política profundamente cruel y deshumanizada, a dos meses de asumir, el gobierno de La Libertad Avanza y aliados incrementó la pobreza 13 puntos y la indigencia alcanzó el 15%".

"Milei no planteó una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias. No transmitió ni un sólo plan para mejorar los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores". "No expresó ningún proyecto de ley que resuelva el problema de la vivienda que padecen millones de compatriotas. No hubo ni una propuesta beneficiosa de futuro para los jóvenes. De los jubilados se olvidó totalmente", denunciaron desde UP.

Otros dirigentes se pronunciaron a través de las redes: es el caso de Juan Grabois, señalado como uno de "los jinetes del fracaso" por el mandatario nacional. El líder de la UTEP dijo que "si Milei hubiera seguido con el Rock&Roll podría haber hecho una banda piola con ese nombre y hubiera evitado el espectáculo lamentable de los aplaudidores más boludos de la historia reciente que -pasados de merca- se visten de gala para chillar loas a un empobrecimiento brutal que ni los roza".

Jinetes del Fracaso. Si Milei hubiera seguido con el Rock&Roll podría haber hecho un banda piola con ese nombre y hubiera evitado el espectáculo lamentable de los aplaudidores más boludos de la historia reciente que -pasados de merca- se visten de gala para chillar loas a un…

La Izquierda también reaccionó al discurso de Milei. La diputada Myriam Bregman apuntó contra el Gobierno por el cierre de la agencia Télam. "Milei anuncia el cierre de Télam. Un ataque más a los trabajadores y trabajadoras. Plan de lucha y paro nacional, basta de pasividad de las centrales sindicales", escribió en X.

Milei anuncia el cierre de Telam. Un ataque más a los trabajadores y trabajadoras. Plan de lucha y paro nacional, basta de pasividad de las centrales sindicales.

En declaraciones a la prensa, la legisladora aseguró: "Milei hizo lo que mejor sabe hacer, vender humo, hacer un discurso supuestamente anticasta para ocultar la realidad del país. ¿Lo escucharon hablar de los precios de los alimentos, de los alquileres, de que no hay comida en los comedores, de cómo le bajo al salario de los docentes?"

Luego, siguió: "Juntó todos los clichés de la derecha argentina para ocultar lo que está haciendo. Es escandaloso que haya traído a los aplaudidores".

Agustín Rossi, ex jefe de gabinete y quien fue el compañero de fórmula de Sergio Massa, escribió en redes sociales contra el "Pacto 25 de mayo". "Es un abrazo del oso (o en este caso del león). Extorsivo: cambia ley ómnibus por alivio fiscal (plata para las provincias). Abre la puerta para las AFJP. Es anti industrial. Intento de apropiarse de la explotación de los recursos naturales de las provincias", sostuvo.

Macky Sall, presidente de Senegal, logró aplazar las elecciones previstas para este 25 de febrero hasta diciembre, tras su aprobación en el Congreso.

105 de los 165 parlamentarios de Senegal votaron en la noche de este lunes a favor del proyecto. El debate derivó en una serie de incidentes dentro del Parlamento.

La violencia escaló al punto de una intervención armada por parte de las fuerzas de seguridad senegalesas, quienes detuvieron a un grupo de legisladores opositores que intentaban evitar la votación. Algunos expertos ya hablan el concepto de golpe de estado.

El destacado opositor de Senegal Moustapha Mamba Guirassy se opuso al aplazamiento y su partido quiere mandar el aplazamiento al Consejo Constitucional para su revisión.

"El Consejo Constitucional, el único autorizado para dictar una ley sobre la prórroga del mandato presidencial, aliviará la sed de justicia de su pueblo", aseguró el dirigente del partido Sénégal en Tête

Muchos parlamentarios opositores no pudieron votar, después de un acalorado debate en el que las fuerzas de seguridad echaron del edificio a varios de esos diputados.

La moratoria de las elecciones, anunciada del presidente de Senegal, Macky Sall, el pasado sábado, ha desatado fuertes protestas en las calles, a menudo dispersadas por gases lacrimógenos por la Policía.

Macky Sall es presidente desde el año 2012le, egido por un mandato de siete años y reelegido en 2019, por uno de cinco. Había anunciado en julio de 2023 que no se presentaba como candidato.

Además, el Gobierno cortó este lunes las conexiones de internet móvil, en medio de un clima de tensiones políticas crecientes.

La policía de Senegal dispersó el pasado domingo con gases lacrimógenos a cientos de personas en Dakar cuando se dirigían a una manifestación contra el aplazamiento sin fecha de las elecciones presidenciales fijadas para el 25 de este mes, anunciado ayer por el presidente Macky Sall.

Hombres y mujeres de distintas edades, ondeando banderas senegalesas o vistiendo la camiseta de la selección nacional de fútbol, se congregaron a primera hora de la tarde en una rotonda de una de las principales vías de la capital tras la convocatoria de varios candidatos.

La policía arrojó gases lacrimógenos para dispersarlos y a continuación persiguió a pie o en camionetas a los manifestantes que huían.

Se trata de los primeros enfrentamientos desde que el presidente, Macky Sall, anunciara ayer el aplazamiento indefinido de las elecciones presidenciales previstas para el 25 de febrero, sin fijar una fecha para la contienda. Los disturbios se replicaron este martes.

El mandatario había declarado previamente que iniciaría "un diálogo nacional abierto, con el fin de crear las condiciones para unas elecciones libres, transparentes e inclusivas", luego de anunciar que había derogado el decreto que fijaba la fecha de las elecciones.

Gobernadores, legisladores, gremios e intendentes de Unión por la Patria (UxP) se reunirán este jueves para fijar una posición ante el debate en el Congreso por la ley "Bases" y definir un modo de participación en el paro general y la movilización que la CGT llevará adelante el miércoles próximo.

Así lo indicaron fuentes de UxP, que anticiparon que el encuentro congregará a mandatarios provinciales, representantes legislativos, gremios de la CGT, intendentes del PJ y movimientos sociales, entre otros sectores.

Si bien todavía no está definida la hora ni el lugar de la cita, podría llevarse a cabo en la ciudad de La Plata, en la sede de la Gobernación bonaerense, el mismo lugar donde el mandatario anfitrión, Axel Kicillof, había convocado en diciembre pasado a referentes de UxP para hacer una manifestación de rechazo al DNU de desregulación económica anunciado por Javier Milei.

Entre los referentes confirmados asistirá el jefe del bloque de diputados de UxP, Germán Martínez, y el dirigente de Patria Grande y ex precandidato presidencial Juan Grabois.

El lunes pasado, al reunirse con diputados de UxP en el Congreso, Kicillof había anticipado su intención de plasmar una reunión conjunta con gobernadores, legisladores del peronismo y aliados para definir una estrategia de rechazo a las iniciativas impulsadas por el Gobierno, mientras el debate parlamentario por la ley "Bases" avanza en el plenario de comisiones de la Cámara baja.

Si bien hasta ahora el peronismo dio libertad de acción para los dirigentes que quisieran participar de manera inorgánica de la movilización de la CGT del 24 de enero, tampoco puede descartarse que se resuelva una modalidad de intervención conjunta.

Por otro lado, y como parte del mismo rechazo a la ley "Bases", la conocida "Junta de Gobernadores" de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) pidió este miércoles cambios en los artículos vinculados a la producción de hidrocarburos de esa normativa, en defensa del "dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos".

Los gobernadores y representantes de las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego se reunieron en la ciudad de Buenos Aires y algunos de ellos, los que pertenecen a UxP, podrían estar durante esta jornada en la reunión convocada por Kicillof.

La policía surcoreana anunció este miércoles que está a la búsqueda de los motivos por los cuales un hombre de 66 años, identificado por el apellido Kim, atacó ayer de una puñalada en el cuello al líder opositor Lee Jae-myung, del liberal Partido Democrático (PD), quien se recupera favorablemente.

El atacante quedó detenido en la ciudad portuaria de Busan, 350 kilómetros al sudeste de la capital Seúl.

"El personal médico en Busán dijo que si el cuchillo hubiera alcanzado la arteria carótida, Lee hubiera muerto instantáneamente en el sitio", declaró hoy el legislador Jung Chung-rae durante una reunión del PD.

"Lee se está recuperando actualmente en cuidados intensivos pero la situación es tan seria que es difícil visitarlo", agregó el político, citado por la agencia local de noticias Yonhap, que reportó que el sospechoso confesó que su intención era matar al opositor.

"La confesión del atacante de que pretendía matar es totalmente chocante", refirió Jung, según recogió la agencia de noticias AFP.

Una corte distrital emitió una orden para requisar la casa y oficina del sospechoso, según Yonhap, que indicó que la búsqueda se centra en los motivos del ataque.

Las autoridades pretenden acusar a Kim de intento de asesinato, lo cual permitiría mantenerlo bajo arresto.

El líder del Partido Democrático se encontraba rodeado de periodistas en Busán cuando el hombre se hizo pasar por simpatizante, se le abalanzó y lo apuñaló en la parte izquierda del cuello.

Lee fue llevado a un hospital de Busán con una herida en la yugular, pero luego se lo trasladó en avión a Seúl, donde fue sometido a una cirugía de dos horas.

Kwon Chil-seung, miembro del partido de Lee, calificó los hechos como "una grave amenaza para la democracia" y calificó el ataque de acto de "terrorismo".

Corea del Sur sufrió un duro episodio político durante la mañana del segundo día del año cuando su líder opositor recibió una puñalada en el cuello.

Lee Jae-myung, al frente del Partido Demócrata de Corea y miembro de la Asamblea Nacional del país asiático desde 2022, fue la víctima del ataque.

Imágenes sensibles

El líder de la oposición recibió una herida cortopunzante en su cuello durante la visita a obras en el Nuevo Aeropuerto de Gadeokdo de la ciudad de Busan, en el extremo sureste de la península.

Jae-myung fue trasladado en estado consciente al hospital por una ambulancia unos 20 minutos después con una importante hemorragia, al tiempo que el autor del ataque, un hombre de entre 60 y 70 años, fue arrestado de inmediato, según informó la agencia Yonhap.

Su situación en el hospital fue confirmada luego por Hong Ik-pyo, dirigente de su partido, quien añadió que se necesitaría algún tiempo para evaluar detalladamente el estado de Lee y su plan de tratamiento.

Imágenes sensibles

Tras recibir atención de urgencia en el Hospital de la Universidad Nacional de Pusan, Lee fue trasladado en helicóptero a la capital para ser intervenido en el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, según fuentes del PD citadas por Yonhap que indicaron también que el político perdió mucha sangre debido al ataque.

Cámaras de televisión lograron captar en vivo el episodio, permitiendo observar la facilidad con la que el agresor se cuela entre los presentes. Testigos aseguran que simulaba ser un seguidor del político.

El hombre atacó al político liberal por sorpresa clavándole un objeto que aún no se ha identificado y que tendría una longitud de entre 20 y 30 centímetros.

Un video de televisión mostraba a Lee tendido en el piso y a una persona presionándole el cuello con un pañuelo para detener la hemorragia.

Según los reportes, la policía detuvo al hombre en el lugar de los hechos. El agresor llevaba algo parecido a una corona en la cabeza.

La nueva oposición, que reúne voces tan disímiles como la izquierda, Unión por la Patria, el radicalismo y el PRO, conjugó expresiones de buenos deseos a la gestión entrante de Javier Milei como críticas por el contenido de su primer discurso como presidente.

La ex diputada del Interbloque Federal Graciela Camaño sostuvo que Milei “se recibió de casta” por “su capricho de hablar afuera” del recinto, en las escalinatas del Palacio Legislativo.

A su entender, la “sobreactuación” del líder de La Libertad Avanza “le costó al Estado (léase: contribuyentes) muchos pesos en ceremonial y seguridad”.

“Lo austero era hablar adentro y empezar a mostrar gestión. Buena suerte…”, completó la peronista no kirchnerista.

En tanto, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman señaló que “en los paneles de TV (Milei) se mostraba disruptivo”, pero “ahora es un ajustador clásico, hecho y derecho”.

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, criticó la utilización indiscriminada de la palabra “libertad” en el discurso y la narrativa liberal.

Con una visión completamente diferente, y con cierta cuota de optimismo, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, celebró que este domingo “se va uno de los peores gobiernos de la historia y se abre la oportunidad de dejar atrás un modelo que nos llevó al atraso”.

“Desde la sensatez vamos a contribuir para que el gobierno de Javier Milei pueda llevar adelante las reformas necesarias que requiera su gobierno para lograr la tan ansiada estabilidad y recuperación económica”, se comprometió el cordobés radical.

También destacó que “el discurso presidencial pone sobre la mesa con dureza la realidad argentina y los tiempos aún más difíciles que se vienen”.

"Seremos prudentes y aguardaremos las medidas concretas y los trazos finos de las políticas con las que quiere avanzar el Presidente desde el rol que nos confió la ciudadanía, que no nos eligió para gobernar pero que sí espera de nosotros un accionar cooperativo y responsable con el gobierno entrante”, completó De Loredo.

El vicepresidente segundo de la Cámara baja, Julio Cobos, les deseo a Milei y a la nueva vicepresidenta, Victoria Villarruel, “el mayor de los éxitos en su gestión porque de eso depende la mejora en la vida de millones de ciudadanos”.

“Esperamos en el Congreso de la Nación, los proyectos de leyes que envíe el Poder Ejecutivo. Es fundamental dar gobernabilidad, preservando el bienestar de la gente”, sumó el mendocino.

Parado en un lugar mucho más cercano al oficialismo, el diputado nacional del PRO Fernando Iglesias indicó su adhesión “al diagnóstico y a las palabras del presidente Milei”.

“Nos dejan una bomba de tiempo y un país devastado, pero saldremos adelante. La mayoría de los argentinos entiende perfectamente que así no se puede seguir y que hay que apostar por el cambio. Sangre, sudor y cambio”, arengó.

El oficialismo presentó este miércoles Unión por la Patria, el nombre con el que la coalición encabezada por el Partido Justicialista se presentará a las elecciones de octubre, y llegó a un acuerdo interno, tras una jornada de tensión, para la representación de las minorías en las listas, por lo que no se descarta que la negociación concluya con una competencia interna en las PASO.

A horas del cierre del plazo para la presentación de las alianzas, que venció esta medianoche, el frente que impulsa el peronismo dio a conocer su nueva marca electoral, que marcó el fin de la denominación “Frente de Todos” y suma, para la nueva campaña, los conceptos de unidad (Unión) y la defensa de los intereses nacionales (Patria).

A la vez, y después de una jornada marcada por reproches y advertencias, el PJ bonaerense, que conduce el diputado Máximo Kirchner, anunció que aceptó la propuesta del sector de Daniel Scioli para que las minorías tengan una representación del 30 por ciento en las listas electorales, según pudo saber Télam de fuentes partidarias.

Pero el PJ provincial no ahorró cuestionamientos para el sector de Scioli y, en particular, del presidente Alberto Fernández, a quienes acusó de tener “problemas de cartel y abundancia de vanidades”.

El peronismo bonaerense sostuvo que el sector de Scioli y del mandatario “rechazó” la propuesta que había formulado la cúpula del partido, junto a otros espacios aliados, sobre los pisos electorales para la distribución de la representación legislativa nacional, provincial y municipal que surja de las PASO del 13 de agosto.

Sin embargo, aclaró que “teniendo en cuenta que quien mayor consenso genera hacia dentro y fuera del peronismo se encuentra proscrita por decisión del Partido Judicial”, en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández, y sumado a “la reciente intervención de la Corte Suprema en las elecciones de Tucumán y San Juan”, el peronismo “decidió aceptar la propuesta del sector encabezado por Scioli y Alberto Fernández” de un 30 por ciento para las minorías en la conformación de las listas.

El planteo, en concreto, apuntaba a los riesgos de la “judicialización” de la interna y aludía, sin nombrarlo, al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien había advertido que si la conducción partidaria establecía un piso alto, su espacio haría una presentación en la Justicia por “inconstitucional”.

En un comunicado difundido después de la presentación del nuevo nombre de la alianza, el PJ provincial le reprochó a la línea interna de Scioli y Alberto Fernández haber amenazado que “de llevarse adelante la propuesta rechazada, recurriría al Partido (poder) Judicial”.

De todos modos, y sin dar más detalles, el PJ bonaerense aclaró que “ambas propuestas garantizaban el ingreso de dos diputados nacionales según los resultados de las últimas cinco elecciones en dicho cargo electivo”.

“Eso era lo que estaba en discusión. La única diferencia entre ambas era sobre la ubicación. Problema de cartel, abundancia de vanidades”, sostenía el pronunciamiento del PJ que encabeza Kirchner.

Para el peronismo bonaerense, “la victimización artificial generada en relación a la ‘democratización del peronismo’ resulta un recurso semántico mediocre que no hace más que alimentar a quienes desean la desaparición del peronismo, la estigmatización y la proscripción de Cristina”.

“Ojalá hubieran puesto la misma dedicación y esfuerzo en recuperar el poder adquisitivo de los ciudadanos, la administración de las reservas del Banco Central o en el acuerdo con el FMI que quedó muy lejos de las bondades que el Presidente anunciara una mañana de enero de 2022”, reprochó en un párrafo dirigido directamente hacia la Casa Rosada y hacia figuras que pasaron por la gestión, como Martín Guzmán y Matías Kulfas.

En la misma línea, consideró que “parece mentira que el sector que encabeza el Presidente se queje del trato que se le brinda a la minoría que representa, siendo que en 2019 era minoría de minorías y fue propuesto como candidato a presidente por Cristina”, en alusión a la conformación de la fórmula presidencial del entonces FdT.

El espacio que respalda la precandidatura de Scioli había cuestionado durante todo el día el reglamento del PJ para fijar el porcentaje de participación: el propio exgobernador había dicho que “aunque pongan que hay que tener dos brazos, voy a competir igual”, en una referencia irónica al accidente que sufriera en una carrera de motonáutica en 1989 y por el que perdiera el brazo derecho.

También, la ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora bonaerense, Victoria Tolosa Paz, afirmó que “escriban el reglamento que escriban” su espacio se iba a presentar en las PASO porque “no se puede detener la voluntad popular, que quiere participación y ampliar las barreras”.

En la presentación de la marca, Unión por la Patria, que encabezan el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa, sostuvo a través de Twitter que el oficialismo nacional tiene la “responsabilidad histórica” de “ampliar el espacio” no sólo para “frenar la amenaza” de una oposición a la que calificó de “reaccionaria”, sino para “defender a la Patria”.

Las principales fuerzas que conforman la alianza son el Partido Justicialista, el Frente Renovador y los cuatro partidos que integraron Unidad Ciudadana: Nuevo Encuentro, Frente Grande, Kolina y Partido para la Victoria, todos con personería nacional, según pudo confirmar Télam de fuentes partidarias.

A su vez, la Junta Electoral de Unión por la Patria quedó compuesta por el PJ, Frente Renovador, La Cámpora y Nuevo Encuentro.

Cumplida la presentación de alianzas, el próximo paso en el calendario electoral es el cierre de listas de precandidatos fijado para el 24 de junio.

Los presidentes de los partidos principales que integran Juntos por el Cambio definieron que la alianza mantendrá su nombre y aprobaron oficialmente el ingreso de Avanza Libertad, de José Luis Espert; el GEN, de Margarita Stolbizer, y UNIR, de Alberto Asseff.

El encuentro tuvo como objetivo terminar de definir los pisos de votos para integrar listas —en los casos donde habrá internas—, que se estableció en el 20 por ciento. Como anticipó ayer Noticias Argentinas, prevalecerá el sello Juntos por el Cambio (JxC) con sus respectivos colores; en algún momento, se barajó la posibilidad de sumarle la palabra “libertad” a pedido de Espert.

De la reunión participaron Gerardo Morales (Unión Cívica Radical), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Federico Angelini (PRO) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal). También se sumaron Luis Espert, Eduardo Macchiavelli (PRO), Sergio Abrevaya (GEN), Asseff (UNIR) y Ricardo Maqueda (PDP).

Las autoridades partidarias, junto a los apoderados de las distintas fuerzas, completaron durante el encuentro los diferentes pasos requeridos por la justicia para realizar la presentación.

De esta manera la alianza Juntos por el Cambio a nivel nacional estará integrada por los siguientes partidos: UCR, PRO, Coalición Cívica-ARI, GEN, UNIR, Demócrata Progresista, Encuentro Republicano Federal y el espacio Avanza Libertad.

El órgano de gobierno de la alianza estará integrado por: Ferraro, y Paula Oliveto (CC), Jorge Enríquez y Macchiavelli (PRO), Morales y Ramón Mestre (UCR), Pichetto y Jorge Franco (Encuentro Republicano Federal).

En tanto, se definió que la Junta Electoral estará integrada por: Agustín Bertuzzi, Diego Falcón, Vanina Squetino y Leonardo Palmieri (CC) Joaquín de La Torre, Juan Pablo Sassano, María Luisa Estevarena y Víctor Ferreri (PRO) Rafael Pascual, Juan Pedro Tunessi, Gabriel Gowlan y Pablo Iglesias (UCR), Ernesto Habra, Leandro Massaccesi, Horacio Desimone (Encuentro Republicano Federal).

Los apoderados de la alianza serán: Juan Manuel López, Mariana Stilman, Santiago Alberdi, Lucas Incicco, Sebastián García D’Onofrio, Mariano Genovesi y Gustavo Atilio Lema.

En cuanto al reglamento electoral para la confirmación de las listas las autoridades determinaron que el piso será del 20 por ciento y que se utilizará el sistema D’ Hondt para su integración, en el caso de los Parlamentarios del Mercosur. En tanto para las listas de Diputados y Senadores Nacionales, cada distrito determinará su reglamento electoral.

Por la interna en el PRO, en la mayoría de los distritos se jugará una batalla entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, por lo que este miércoles debía definirse el reglamento antes de la inscripción de alianzas.

El lema oficialista Unión por San Luis, reunía el 47,82% de los votos, la mayoría aportados por el sublema Celeste Unidad, que lleva en la fórmula gubernamental a Jorge “Gato” Fernández y María Eugenia Catalfamo.

Cumpliendo con el compromiso cívico del voto. Viva San Luis !! pic.twitter.com/megBxee9Go

— Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) June 11, 2023

Los comicios en San Luis para elegir a gobernador y vice, intendentes, concejales y legisladores cerraron a las 18 en toda la provincia, en una jornada que se desarrolló con total normalidad y votó alrededor del 70% del padrón electoral, según detalló la Secretaría Electoral Provincial.

En un día soleado, caracterizado por un frío intenso, los comicios se desarrollaron con normalidad en todo el territorio provincial, luego del retraso que se registró al inicio en algunas mesas en diversos puntos debido al armado de los centros de votación por la cantidad de boletas.

Tucumán: amplia ventaja para Jaldo en el escrutinio de este domingo

La mayoría de las personas comenzaron a acercarse a los centros de votación a media mañana y en horas del mediodía, destacaron desde la Secretaria Electoral.

Los principales candidatos para las elecciones a gobernador de San Luis habían votado antes del mediodía en la capital y en el interior provincial.

Referentes de Juntos por el Cambio se manifestaron este martes a favor de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan, al tiempo que apuntaron contra los peronismos locales.

“Nadie está por sobre la Constitución, esa es la regla fundamental de nuestra república. La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad. Hay que abandonar para siempre los intentos de violentar las reglas electorales provinciales para perpetuarse en el poder”, escribió en Twitter el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta.

Nadie está por sobre la Constitución, esa es la regla fundamental de nuestra república. La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad. Hay que abandonar para siempre los intentos de violentar las reglas electorales provinciales para perpetuarse…

— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 9, 2023

Además, el alcalde porteño agregó un mensaje de felicitaciones para el dirigente y precandidato a vicegobernador de Tucumán y actual intendente de la capital provincial, Germán Alfaro. “Felicitaciones @alfarogerman por hacer valer la Constitución tucumana por encima de las ambiciones feudales de Manzur y el kirchnerismo”, sostuvo Rodríguez Larreta.

La Corte Suprema suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán

En tanto, otra precandidata presidencial del frente opositor, Patricia Bullrich, también se refirió al tema: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac”, festejó en la misma red social. Y agregó: “Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasará”.

Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasará.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 9, 2023

Por su parte, el diputado Mario Negri sostuvo en Twitter: “Una vez más la Corte frena los intentos re-reeleccionistas de gobernadores del PJ que fuerzan las constituciones provinciales para perpetuarse”. “Pasó con Santiago y Río Negro antes y hoy con San Juan y Tucumán. El PJ debe probar con respetar las leyes y el juego democrático”, agregó el cordobés.

Una vez más la Corte frena los intentos re-reeleccionistas de gobernadores del PJ que fuerzan las constituciones provinciales para perpetuarse. Pasó con Santiago y Río Negro antes y hoy con San Juan y Tucumán. El PJ debe probar con respetar las leyes y el juego democrático.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 9, 2023

El presidente de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, destacó que el fallo de la Corte que impedirá hacer este domingo las elecciones “es correcto y ajustado a nuestra Constitución”. “No hay que ser tibios en defensa de la República democrática. La alternancia en el poder no se trampea, porque pone en juego la voluntad popular. Basta de re-reelecciones y señores feudales del PJ que hacen lo que se les canta”, argumentó.

El fallo de la CSJN es correcto y ajustado a nuestra Constitución. No hay que ser tibios en defensa de la República democrática. La alternancia en el poder no se trampea, porque pone en juego la voluntad popular. Basta de re-reelecciones y señores feudales del PJ que hacen lo que…

— maxi ferraro (@Maxiferraro) May 9, 2023