Gonzalo Fracchia | Gustavo Ocampo

Este jueves 30 de julio se realiza la primera votación informal, secreta y a puerta cerrada para elegir al próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el argentino Rafael Grossi como candidato.

En esta instancia, los 15 miembros del Consejo de Seguridad medirán de forma secreta y no vinculante el apoyo inicial a los candidatos, con China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia como integrantes permanentes y con poder de veto.

Quien resulte elegido asumirá el cargo el 1 de enero de 2027, sucediendo al portugués António Guterres.

Rafael Grossi no sólo es el nombre de mayor reconocimiento para las portadas argentinas por obvias razones, sino que también cuenta con espalda y trayectoria para posicionarse como un favorito.

Joaquín Bernardis, licenciado en Relaciones Internacionales del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la UCSF habló en CyD Litoral sobre el perfil del argentino: “Este diplomático argentino de carrera que lidera el Organismo Internacional de la Energía Atómica, un organismo clave por lo que está sucediendo en las dos guerras principales del mundo”.

Bernardis avanzó en el detalle de cada uno de ellos: “Tanto el conflicto europeo, con todo lo que es la central nuclear de Zaporiyia, que es un punto álgido también en los últimos años y con lo que es el conflicto Medio Oriente, con las bases nucleares iraníes”.

Grossi y algunos pares cuentan con una ventaja: “Está compitiendo con otros candidatos, no principalmente de América Latina. Pero hay una regla no escrita a la hora de elegir a los secretarios generales de la ONU y es la rotación regional. No siempre se respetó, pero ahora sería el turno América Latina”, aclaró el especialista.

“La principal contendiente vendría a ser Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, que tiene una particularidad y es que no cuenta con el apoyo de su gobierno. Inicialmente sí, Gabriel Boric fue quien la postuló, con cierta sintonía ideológica, pero José Antonio Kast se encuentra en las antípodas de pensamiento y también con el rol que tiene que tener la ONU en el escenario internacional”, detalló Bernardis sobre la chilena.

El columnista explicó que en este contexto “tal vez Grossi tiene un punto a favor que viene a ser esa carrera diplomática, donde le permite tener un perfil un poco más técnico y también estar tocando uno de los principales ejes de la política internacional que es la la paz internacional y la seguridad. Sobre todo nuclear”.

Entre una serie de temas concretos a discutir, Bernardis resaltó dos: “Una preocupación de Vladimir Putin es que la OTAN coloque misiles nucleares muy cerca de Moscú, mientras que Irán quiere tener su propio plan nuclear y Estados Unidos no lo quiere. Son básicamente las raíces de ambos conflictos, por lo menos las raíces más inmediatas”.

Uno de los aspectos más relevantes de la metodología de votación son los vetos. Dentro de las posibilidades, Bernardis comentó que “ahí está el tema del Reino Unido. Habrá que ver qué decisión va a tomar, tanto por el lado de Grossi como también del lado de la Cancillería argentina. Es el punto a destrabar”.

Sobre los otros miembros permanentes del Consejo, el licenciado explicó: “Estados Unidos tiene una buena opinión, sobre todo por la sintonía ideológica que hay entre Milei y Trump”, recordando que Grossi cuenta con respaldo de la actual gestión.

“China está mucho más enfocado en una agenda de derechos humanos y sostenibilidad”, comentó sobre el posible apoyo a Bachelet y sumó: “Grossi, si bien tiene en consideración la Agenda 2030, está muy enfocado en tema de paz y seguridad, que es algo que lo pone en mucha sintonía con Donald Trump”.

Apuntando hacia Rusia, destacó que Grossi tiene el visto bueno por el resultado de las gestiones realizadas en el conflicto europeo. “Por todo lo que ha sido su trayecto diplomático podría llegar a tener el visto bueno también de Francia”, sumó Bernardis.

Con solamente abstenerse quien pretenda vetar y de obtener nueve votos del resto de los miembros, podría llegar a ser electo secretario general un candidato. A pesar de este panorama, Bernardis aclaró: “Es muy probable que en esta primera votación veamos una tendencia y varios se van a bajar. Luego continuarán en distintas votaciones. Una rosca política”.

El brote de enfermedad por el virus de Ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) continúa creciendo y ya superó los 3.000 casos confirmados.

De acuerdo con los datos más recientes difundidos por las autoridades congoleñas, hasta el sábado 25 de julio se habían registrado 3.075 casos confirmados y 1.354 muertes desde el comienzo del actual episodio sanitario.

La situación se concentra especialmente en el este del país, donde la respuesta para contener la transmisión enfrenta obstáculos vinculados con la inseguridad, los desplazamientos de población y las dificultades para garantizar la atención médica.

Dificultades para garantizar la atención médica. Créditos: REUTERS/ Abubaker Lubowa

El brote fue identificado en mayo de 2026 y está provocado por el virus de Ébola de Bundibugyo, una variante menos frecuente del virus para la que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe actualmente una vacuna o tratamiento específico aprobado.

La enfermedad se transmite principalmente por contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas y también puede propagarse mediante el contacto con determinados fluidos de personas fallecidas por la enfermedad.

La evolución del brote llevó a la OMS a declarar en mayo una emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde entonces, la cantidad de casos confirmados y fallecimientos aumentó de manera sostenida.

En su informe del 17 de julio, la organización había contabilizado 2.124 casos confirmados y 828 muertes en la RDC al 15 de julio. El nuevo balance informado por las autoridades muestra un incremento considerable en apenas diez días.

La movilidad de la población también aumenta las dificultades para reconstruir las cadenas de transmisión Créditos: REUTERS/Arsene Mpiana

La provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, continúa siendo el principal foco de la transmisión. Según reportes recientes, alrededor del 90% de los casos se concentran en esa región, mientras que también se registraron contagios en otras provincias del este del país.

La propagación ocurre en un contexto especialmente complejo. La zona afectada lleva años atravesada por conflictos armados y desplazamientos de población, una situación que dificulta el acceso de los equipos de salud a algunas comunidades y complica el seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con pacientes infectados.

La movilidad de la población también aumenta las dificultades para reconstruir las cadenas de transmisión.

A estos problemas se suman las dificultades para mantener en funcionamiento los centros de atención. En los últimos días, trabajadores sanitarios de un centro de tratamiento de ébola en Bunia realizaron una huelga para reclamar el pago de bonificaciones pendientes.

La medida afectó la atención en una de las zonas más golpeadas por el brote y se produjo en un contexto de presión creciente sobre el personal que trabaja en primera línea.

La OMS también ha señalado que la respuesta enfrenta problemas relacionados con la confianza de las comunidades y la colaboración con los equipos sanitarios. En algunas zonas, la desconfianza y la circulación de información falsa dificultaron las tareas de vigilancia epidemiológica y el seguimiento de contactos.

La situación resulta especialmente preocupante porque una parte importante de los nuevos contagios no puede vincularse de manera inmediata con cadenas de transmisión ya identificadas. Esto dificulta anticipar dónde pueden aparecer nuevos casos y limita la capacidad de los equipos para interrumpir la circulación del virus.

El contexto humanitario también representa un desafío. Los desplazamientos provocados por la violencia y el conflicto dificultan que las personas puedan acceder de manera regular a los servicios de salud y complican la tarea de los equipos que realizan vigilancia y seguimiento de contactos.

Frente al crecimiento del brote, las autoridades congoleñas y los organismos internacionales reforzaron las tareas de vigilancia, diagnóstico y atención de pacientes.

La estrategia incluye la identificación temprana de casos, el aislamiento de personas infectadas, el seguimiento de contactos y la aplicación de medidas de prevención y control de infecciones en los centros de salud.

También se trabaja en el desarrollo y evaluación de alternativas terapéuticas. Según la información disponible, comenzaron ensayos de dos posibles tratamientos en la provincia de Ituri, en un intento por encontrar herramientas que permitan mejorar la atención de los pacientes afectados por esta variante del virus.

La falta de una vacuna específica contra el virus de Bundibugyo constituye una de las principales dificultades de la respuesta.

Las herramientas desarrolladas para otras variantes del ébola no ofrecen una solución equivalente para este brote, por lo que los equipos sanitarios deben apoyarse principalmente en la detección rápida de casos, el aislamiento y el control de los contactos.

El brote también tuvo consecuencias fuera de la República Democrática del Congo. Uganda registró casos vinculados epidemiológicamente con la transmisión originada en territorio congoleño, aunque la OMS informó que no se habían registrado nuevos casos allí desde el 21 de junio.

Además, se notificaron casos en personas que habían viajado o trabajado en la RDC, lo que llevó a reforzar la vigilancia internacional.

Pese a la magnitud del brote, la OMS sostiene que el riesgo para la población mundial continúa siendo bajo debido a las características de transmisión del virus. Sin embargo, la organización mantiene una vigilancia estrecha por la posibilidad de que el movimiento de personas facilite la aparición de casos en otros territorios.

La evolución de la epidemia dependerá, en buena medida, de la capacidad de las autoridades para ampliar la detección de casos, garantizar la atención médica y recuperar el seguimiento de los contactos. También será clave la colaboración de las comunidades, especialmente en regiones donde la desconfianza hacia los equipos sanitarios representa una dificultad adicional.

Con más de 3.000 casos confirmados y 1.354 muertes, el brote constituye uno de los principales desafíos sanitarios que atraviesa actualmente la República Democrática del Congo.

La combinación de transmisión sostenida, conflicto armado y limitaciones en el sistema de salud mantiene la situación bajo seguimiento internacional, mientras los equipos locales y organismos de salud buscan frenar la expansión del virus y reducir el impacto sobre las comunidades afectadas.

Venezuela anunció este viernes (24.07.2026) que inició su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 bajo el gobierno del derrocado mandatario Nicolás Maduro.

La CPI investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

La CPI abrió una investigación formal en 2021 por la actuación de las autoridades durante las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 200 muertos.

El canciller venezolano, Félix Plasencia, dijo el viernes en su cuenta de X que por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela informó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127".

Este artículo establece que la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación.

Esa decisión se debe a que "Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos", indicó el recién designado ministro de Relaciones Exteriores.

Según Plasencia, se trata de un "patrón" que "revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos".

La CPI señaló en un comunicado que no había sido notificada de la decisión, pero lamentó que Venezuela quiera "apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves".

El Parlamento venezolano había avanzado en diciembre de 2025 en la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma, luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas por falta de un "progreso real" en el trabajo con el gobierno.

Caracas acusó entonces a la fiscalía de la CPI, que dirigía Karim Khan, de "desentenderse" de sus responsabilidades. Khan fue destituido este viernes por la asamblea del organismo, acusado de agresión sexual.

El secretario general de la ONU, António Guterres.

La Corte ya había archivado denuncias de Venezuela contra las sanciones de Estados Unidos, al desestimar que constituyeran crímenes de lesa humanidad.

La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela en el marco de la emergencia provocada por los terremotos que azotaron al país, aunque aclaró que espera que la cifra final de víctimas sea inferior a esa cantidad mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

Rescatistas trabajan en más de 2.500 estructuras que resultaron afectadas por los terremotos.

El coordinador de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, explicó que la adquisición del material fue acordada con las autoridades venezolanas como parte de la respuesta humanitaria ante la magnitud de la tragedia.

El funcionario remarcó que unas 2.500 estructuras resultaron afectadas, muchas de ellas con colapso total.

Rampolla sostuvo además que el organismo internacional no especulará con un número de víctimas superior al informado oficialmente, aunque admitió que los daños registrados permiten prever un balance mayor al difundido hasta el momento.

En paralelo, la ONU confirmó que 27 países desplegaron más de 40 equipos internacionales de búsqueda y rescate, con más de 2.000 rescatistas y alrededor de 160 perros especializados que trabajan en las zonas más afectadas por los sismos. Durante las últimas horas, esos equipos lograron rescatar con vida a numerosas personas atrapadas bajo los escombros.

Más de 40 equipos internacionales asisten a las autoridades venezolanas en la crisis.

El organismo también estimó que alrededor de 50.000 personas permanecen desaparecidas, mientras las esperanzas de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas. Pese a ello, las operaciones continúan de manera ininterrumpida con apoyo de decenas de países y organizaciones internacionales.

De acuerdo con el último balance oficial, los terremotos dejaron al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos, además de miles de edificios dañados y una crisis humanitaria que mantiene movilizada a la comunidad internacional.

Cuando el Mundial 2026 comienza a transitar su etapa decisiva, una preocupación ajena al fútbol empezó a ganar protagonismo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la final prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey podría disputarse bajo condiciones de calor extremo.

Según el informe difundido por la Secretaría de Cambio Climático del organismo, una masa de aire cálido afectaría esa región de Estados Unidos durante los días en que se jugarán las instancias finales del torneo.

La ONU sostuvo que las condiciones climáticas previstas podrían influir tanto en el rendimiento de los futbolistas como en la organización del encuentro más importante de la Copa del Mundo.

El informe también plantea que las selecciones podrían afrontar escenarios climáticos diferentes a lo largo del certamen, una situación que podría generar desigualdades competitivas según el horario y la sede de cada partido.

La advertencia se basa en el índice de temperatura de bulbo húmedo (WBGT), un parámetro que combina temperatura ambiente, humedad, radiación solar y velocidad del viento para medir el estrés térmico sobre el organismo.

De acuerdo con el organismo internacional, las proyecciones para la final superarían los niveles considerados óptimos para la práctica deportiva de alta exigencia.

El calor ya condicionó algunos encuentros del Mundial. Los partidos entre Arabia Saudita y Uruguay, y Suecia frente a Túnez, se disputaron con temperaturas superiores a los 28 grados, el umbral a partir del cual la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) recomienda evaluar modificaciones para proteger la salud de los jugadores.

Además, el duelo entre Francia e Irak debió interrumpirse durante dos horas debido a una tormenta eléctrica, otro de los fenómenos meteorológicos que ya impactaron en el desarrollo de la competencia.

La final del Mundial está programada para el domingo 19 de julio desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que recibirá el cierre de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

La localidad de Zenón Pereyra, del departamento Castellanos, fue seleccionada para representar a la Argentina en la distinción internacional “Best Tourism Villages” de ONU Turismo (Naciones Unidas Turismo),

luego de la postulación que realizó la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de acompañar la internacionalización de las localidades santafesinas y mostrar la diversidad cultural, productiva y humana.

La iniciativa “Best Tourism Villages” reconoce destinos rurales de todo el mundo que utilizan el turismo como herramienta de desarrollo, preservación cultural e impulso económico para las comunidades locales.

Se trata de una de las distinciones más importantes a nivel global vinculadas al turismo sostenible y al desarrollo territorial.

Al recibir la distinción en el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), en Mendoza, la secretaria de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Marcela Aeberhard, felicitó a Zenón Pereyra por ser seleccionado “entre 56 pueblos de la Argentina” y pasar a la “fase final” que integran 8 localidades.

Las restantes son Mar de las Pampas (Provincia de Buenos Aires), Villa General Belgrano (Córdoba), Cachi (Salta), Tafí del Valle (Tucumán), Puerto Pirámides (Chubut), Villa Sanagasta (La Rioja) y El Trapiche (San Luis). Ahora “ONU analizará las postulaciones. Nuestra Invencible Provincia de Santa Fe está dentro de la nómina de pueblos únicos para recordar”.

Este reconocimiento permitirá fortalecer el posicionamiento turístico de Zenón Pereyra a nivel nacional e internacional, ampliar sus oportunidades de promoción, generar nuevas posibilidades para emprendedores y prestadores turísticos, y consolidar un modelo de desarrollo basado en la identidad local y la sostenibilidad.

Ubicada en el centro oeste santafesino, Zenón Pereyra representa la identidad de las pequeñas localidades de la provincia de Santa Fe, donde la tranquilidad, la vida comunitaria, las tradiciones y el arraigo cultural conforman una experiencia auténtica para quienes visitan el destino.

Sus espacios públicos signados por la masonería, la vida institucional activa que se refleja en el icónico Museo Bucci de automovilismo, las celebraciones populares y el vínculo con la producción local son parte de los atributos que posicionaron a la localidad ante el escenario nacional e internacional.

El programa de Naciones Unidas tiene como objetivo distinguir cada año a pueblos que se destacan como destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, y que sobresalen por preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida comunitarios en sus dimensiones económica, social y ambiental.

Entre los requisitos para participar se establece que las localidades deben contar con menos de 15.000 habitantes, estar ubicadas en entornos con fuerte presencia de actividades tradicionales y sostener valores culturales propios de la comunidad.

Los pueblos seleccionados acceden a reconocimiento internacional como destinos turísticos rurales de excelencia, lo que les otorga mayor visibilidad global.

Además, reciben apoyo técnico de Turismo de las Naciones Unidas y sus socios para fortalecer aspectos detectados durante el proceso de evaluación, y pasan a integrar una red internacional de destinos que comparten buenas prácticas en turismo sostenible.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en 1993 al 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia, en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 16 afirma que "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado".

Cada año, la ONU propone un lema particular, y en esta ocasión pone el acento en "Las familias, las desigualdades y el bienestar infantil".

En nuestro país, un reciente estudio del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del ICF de la Universidad Austral demuestra que "persisten desigualdades estructurales" que impactan negativamente en el reconocimiento de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Los datos son elocuentes: un preocupante porcentaje (13%) de niños entre 0 y 17 años vive en condiciones de hacinamiento y un 23,3% lo hace en viviendas construidas con materiales precarios.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Crédito: Xinhua/Li Rui

En materia educativa debe tenerse en cuenta que la asistencia a un establecimiento educativo público en niños de 3 a 4 años es del 65%, mientras que niños de entre 5 y 12 años es del 70,3% y entre 13 y 17 años alcanza el valor de 71,7%.

Estos números reflejan claramente la necesidad e importancia de la inversión estatal en la educación pública y la conveniencia del diálogo colaborativo con las familias para favorecer condiciones reales de igualdad de oportunidades.

Algo similar ocurre con el sistema de salud pública, donde un 47% de niños de 0 a 4 años y un 43% de entre 5 y 17 dependen exclusivamente de este sistema, razón por la cual urge su fortalecimiento. A esto se suma una realidad particularmente alarmante: los elevados índices de violencia doméstica, que afectan directamente a los niños, muchas veces dentro de su propio entorno familiar.

Es de esperar que el Estado asuma con plena responsabilidad la garantía de las mejores condiciones de vida para la población infantil, tal como se comprometió al adherir a la Convención sobre los Derechos del Niño y al sancionar la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26061).

En este sentido, resulta urgente impulsar decisiones con mayor sensibilidad social que reconozcan a la familia como un verdadero capital social, fundamental para el desarrollo y el crecimiento integral de la persona humana.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Crédito: Xinhua/Li Rui

Estos indicadores interpelan de manera directa a las políticas públicas, pero también abren una reflexión más profunda: el cuidado de la infancia no puede ser concebido únicamente como una responsabilidad individual o familiar. Como ha señalado el papa Francisco en el marco del Pacto Educativo Global, citando un proverbio africano, "para educar a un niño hace falta una aldea entera".

Esta afirmación expresa con claridad que la tarea de educar, cuidar y acompañar no se agota en el ámbito privado, sino que requiere de un entramado social amplio y comprometido.

Las familias, en su misión insustituible, necesitan ser sostenidas por una red de contención que involucre al Estado, a la escuela, a las instituciones intermedias, a las organizaciones sociales y a las comunidades de fe. Fortalecer esta red no implica reemplazar a los padres, sino acompañarlos, generar condiciones y ofrecer recursos que hagan posible su tarea educativa.

De este modo, la construcción del bienestar infantil exige una auténtica corresponsabilidad social, capaz de superar miradas fragmentadas y de apostar por una cultura del cuidado que integre a todos los actores.

Sin embargo, esta responsabilidad compartida no diluye el compromiso personal. Por el contrario, lo hace más urgente y concreto. Como recordaba la Madre Teresa de Calcuta ante la pregunta sobre cómo cambiar el mundo: "Ve y empieza por tu familia".

La realidad actual muestra que muchas de las carencias más profundas no son solamente materiales, sino afectivas y espirituales. En un tiempo de hiperconexión, crece paradójicamente la experiencia de soledad, lo que pone en evidencia la necesidad de recuperar el diálogo, la cercanía y la empatía en el interior del hogar.

Cuidar la familia es cuidar los vínculos: fortalecer la relación de pareja, generar espacios de escucha, acompañar a los hijos con presencia y dedicación, y hacer del hogar un lugar de confianza y seguridad. Quien ha logrado construir una familia sabe que tiene entre sus manos un bien frágil y valioso, que requiere atención constante.

Por eso, el Día Internacional de la Familia se presenta como una oportunidad para renovar este compromiso, que es al mismo tiempo personal, social y comunitario. Solo integrando estas dimensiones podremos avanzar hacia una sociedad más humana, en la que cada niño crezca rodeado del cuidado y la esperanza que necesita.

El autor es doctor en Derecho y director del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Santa Fe.

Conceptos que no pierden su vigencia (1)

Durante su homilía del 25 de junio de 2022, realizada en el marco de la jornada de cierre del X Encuentro Mundial de las Familias en la Plaza de San Pedro (Ciudad del Vaticano), el papa Francisco dijo que "la familia es el primer lugar donde se aprende a amar".

"Hoy presentamos ante Dios con gratitud, como en un gran ofertorio, todo lo que el Espíritu Santo ha sembrado en ustedes, queridas familias y le pedimos a Él que los sostenga con su fuerza y con su amor", enfatizó Jorge Bergoglio (1936-2025) en aquella oportunidad.

"Son papás, mamás, hijos, abuelos, tíos; son adultos, niños, jóvenes, ancianos; cada uno con una experiencia diferente de familia, pero todos con la misma esperanza hecha oración. Que Dios bendiga y proteja a sus familias y a todas las familias del mundo. (...)

(...) Todos ustedes cónyuges, formando su familia, con la gracia de Cristo han hecho esta elección valiente: no usar su libertad para ustedes mismos, sino para amar a las personas que Dios ha puesto a su lado", agregó el santo padre.

"(…) En vez de vivir como 'islas', los puso al servicio los unos de los otros. De este modo se vive la libertad en familia. No hay 'planetas' o 'satélites' que viajan cada uno en su propia órbita. La familia es el lugar del encuentro, del compartir, del salir de sí mismos para acoger a los otros y estar cerca de ellos. Es el primer lugar donde se aprende a amar", destacó a continuación.

"(...) Así, precisamente, mientras afirmamos la belleza de la familia, sentimos más que nunca que debemos defenderla. No dejemos que se contamine con los venenos del egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia y del descarte, y pierda así su ADN, que es la acogida y el espíritu de servicio", redondeó.

(1) Palabras vertidas por el entonces papa Francisco, extraídas del testimonio del periodista uruguayo Sebastián Sansón Ferrari para Vatican News y Radio Vaticana.

Por Hernán Kovasevich

El reciente Informe Mundial sobre Drogas de la ONU volvió a colocar a América Latina bajo la lupa. En el ranking regional, Uruguay figura como el país con mayor consumo de cannabis, éxtasis y opioides, además de encabezar el consumo de cocaína per cápita. Argentina, por su parte, aparece en el tercer puesto en esta última categoría.

Más allá de la comparación estadística, el dato obliga a una reflexión interna: qué implicancias tiene este escenario para el país y, en particular, para Rosario, una ciudad atravesada en los últimos años por el impacto del narcotráfico.

En territorio argentino, el consumo de sustancias no puede analizarse sólo desde la salud pública. Se vincula directamente con la expansión del narcomenudeo, la consolidación de economías ilegales en sectores vulnerables y la existencia de estructuras criminales que combinan logística, comercialización y control violento del territorio.

El encuadre normativo continúa siendo la Ley 23.737, que reprime el tráfico y la venta de estupefacientes. No obstante, el precedente de la Corte Suprema en el caso Arriola marcó un antes y un después al declarar inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal en el ámbito privado.

Desde entonces, conviven dos miradas: una centrada en la persecución del narcotráfico y otra enfocada en el consumidor como sujeto de políticas sanitarias y no penales.

El crecimiento de la demanda, sin embargo, tiene un efecto concreto: fortalece el mercado ilícito. En ese entramado, Rosario ocupa un lugar estratégico por su ubicación geográfica y su conexión portuaria sobre el Paraná, factores que la convierten en punto clave dentro de las rutas de tráfico.

Pero la problemática no se limita a los grandes cargamentos internacionales. El impacto más visible se encuentra en los barrios: venta minorista, reclutamiento de jóvenes, disputas por territorio y hechos de violencia que dejaron una marca profunda en el tejido social.

El análisis debe ir más allá del número frío. Cuando aumenta el consumo per cápita, se incrementa también la rentabilidad del negocio ilegal. Y donde crece la rentabilidad, se consolidan estructuras criminales que necesitan control territorial y generan violencia.

La clave está en comprender que la demanda interna es el motor económico de estas organizaciones. Rosario muestra con crudeza cómo la competencia por el microtráfico puede derivar en escaladas de violencia si la respuesta estatal es fragmentaria o tardía.

Desde el plano sociológico, el fenómeno refleja algo más profundo: fractura social, pérdida de expectativas, naturalización cultural del consumo y aparición de economías informales que prometen ingresos rápidos en contextos de exclusión.

La respuesta puramente punitiva no alcanza. Sin una articulación real entre política criminal, políticas sociales y estrategias preventivas, el mercado ilegal se reconfigura y continúa operando.

El informe de la ONU no establece sentencias, pero sí expone tendencias preocupantes. Argentina enfrenta el desafío de contener el avance del consumo y, al mismo tiempo, debilitar las organizaciones que se nutren de esa demanda.

En Rosario, donde el narcotráfico dejó consecuencias concretas en materia de violencia y fragmentación territorial, el debate ya no es abstracto. Es una urgencia institucional que exige coordinación, decisión política y una mirada integral que combine justicia, prevención y reconstrucción social.

* Ex investigador federal, abogado y periodista

El planeta atraviesa una crisis sin precedentes en el acceso y la gestión del agua. Así lo advierte un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas, que sostiene que el mundo ya ingresó en una etapa de “bancarrota hídrica global”, con sistemas al límite de su capacidad de recuperación y consecuencias crecientes para la seguridad alimentaria, la estabilidad social y la paz internacional.

Según el informe elaborado por el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH), el uso excesivo y la contaminación del agua dulce han llevado a numerosos sistemas hídricos a superar puntos críticos de no retorno. Ríos, lagos, acuíferos y humedales están siendo explotados a un ritmo mayor del que pueden regenerarse, mientras que el cambio climático agrava el escenario con sequías más prolongadas y episodios de lluvias extremas.

El autor principal del estudio, el profesor Kaveh Madani, advirtió que “muchos sistemas hídricos críticos ya están en quiebra” y que nadie puede predecir con precisión cuándo podría colapsar el sistema en su conjunto. El derretimiento de glaciares —reservas clave de agua dulce— y la creciente variabilidad climática profundizan una crisis que ya no es futura, sino presente.

La ONU advierte que la escasez hídrica se está convirtiendo en un factor clave de fragilidad social, desplazamientos forzados y tensiones entre países.

El informe ofrece datos contundentes que dimensionan la gravedad de la situación. Actualmente, el 75% de la población mundial vive en países con inseguridad hídrica o inseguridad hídrica crítica, mientras que alrededor de 2.000 millones de personas habitan zonas donde el suelo se hunde como consecuencia del colapso de acuíferos subterráneos.

Además, el 70% del agua dulce extraída por la actividad humana se destina a la agricultura, lo que genera una presión creciente sobre recursos cada vez más escasos. Más de la mitad de los alimentos que se consumen en el mundo se producen en regiones con reservas de agua inestables o en retroceso, lo que expone la estrecha relación entre agua, alimentos y economía global.

Global Water Bankruptcy Report 2026

Uno de los ejes más preocupantes del informe es el impacto geopolítico de la crisis hídrica. Desde 2010, los conflictos vinculados al acceso y control del agua se multiplicaron, pasando de unas 20 situaciones registradas a más de 400 en 2024. Grandes ríos como el Colorado, en Estados Unidos, o el sistema Murray-Darling, en Australia, ya no logran llegar al mar de forma sostenida, mientras que ciudades como Chennai, Ciudad del Cabo o São Paulo enfrentaron emergencias de “día cero”, cuando el suministro de agua estuvo a punto de agotarse.

La ONU advierte que la escasez hídrica se está convirtiendo en un factor clave de fragilidad social, desplazamientos forzados y tensiones entre países, en un mundo cada vez más interconectado por el comercio y la migración. Incluso naciones con climas tradicionalmente húmedos enfrentan riesgos crecientes debido a su dependencia de importaciones de alimentos y productos intensivos en agua.

El derretimiento de glaciares y la creciente variabilidad climática profundizan una crisis que ya no es futura, sino presente. REUTERS/Hannibal Hanschke

El informe sostiene que ya no es posible aspirar a restaurar muchos sistemas a su estado original, pero sí evitar daños mayores. Entre las medidas propuestas figuran la revisión de los derechos de extracción, la transformación de sectores de alto consumo —como la agricultura y la industria— y una gestión urbana más eficiente y equitativa.

“Gestionar la bancarrota hídrica requiere honestidad, valentía y voluntad política”, subrayó Madani. Para la ONU, el agua puede ser también una oportunidad estratégica: uno de los pocos temas capaces de generar consensos globales en un contexto internacional cada vez más fragmentado.

Washington oficializó este miércoles la retirada del país de 66 organizaciones internacionales, en una decisión firmada por el presidente Donald Trump y comunicada por la Casa Blanca. La medida incluye a 31 entidades vinculadas a Naciones Unidas y 35 organismos internacionales externos al sistema de la ONU.

El documento, un memorándum presidencial, afirma que estas instituciones "ya no sirven a los intereses de Estados Unidos" y que muchas son redundantes, mal gestionadas o amenazan la soberanía nacional.

Entre los organismos afectados se encuentran:

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), base del Acuerdo de París,

Organizaciones centradas en población, trabajo, salud, educación y derechos humanos,

Tratados ambientales y programas de cooperación científica internacional.

Giro radical en su política exterior. Crédito: Reuters.

Con esta decisión, la administración Trump consolida un rumbo más unilateral y centrado en los intereses internos, que ya había anticipado con anteriores retiradas del Acuerdo de París, la UNESCO y la OMS durante su primer mandato.

Voceros del gobierno sostienen que el objetivo es redirigir recursos hacia prioridades nacionales y evitar “subvencionar estructuras burocráticas que perjudican a Estados Unidos o favorecen a adversarios”.

“La retirada de estas organizaciones es una muestra de fortaleza y pragmatismo”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a medios locales. “Queremos instituciones eficaces, no foros donde se cuestione la soberanía estadounidense”.

La decisión generó reacciones inmediatas en la comunidad internacional. Desde Europa hasta América Latina, numerosos gobiernos y organismos expresaron preocupación por el debilitamiento del multilateralismo.

“Estados Unidos siempre ha sido un actor clave en la gobernanza global. Su retiro de estas plataformas reduce las posibilidades de respuestas coordinadas a desafíos como el cambio climático, las pandemias o la pobreza”, señaló un vocero de la ONU.

Además, organizaciones no gubernamentales advierten sobre el vacío de liderazgo que deja EE. UU. en espacios de discusión y financiamiento internacional.

En una decisión firmada por el presidente Donald Trump y comunicada por la Casa Blanca.

La decisión llega en un contexto electoral, con Trump ya lanzado a la reelección en 2026. El mensaje hacia su base electoral es claro: Estados Unidos primero, sin compromisos globales que limiten sus intereses.

En línea con ese discurso, la medida se presenta como un "reordenamiento estratégico" que permitirá a la Casa Blanca negociar de manera bilateral y bajo sus propias condiciones.

Con este retiro masivo, el más grande desde la posguerra, Estados Unidos redefine su rol en el escenario internacional. Resta saber si esta estrategia rendirá frutos en términos de influencia global o si, por el contrario, profundizará su aislamiento y debilitamiento frente a potencias emergentes como China y Rusia, que podrían ocupar el espacio vacante.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló este miércoles (17.12.2025) por teléfono con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el portugués António Guterres, y denunció una "escalada de amenazas" tras el anuncio de Washington de un "bloqueo total" a buques "sancionados" que transporten petróleo venezolano, y advirtió sobre "sus graves implicaciones para la paz regional".

El secretario general de la ONU, António Guterres. Xinhua.

Durante la llamada, Maduro "denunció" comentarios de su homólogo estadounidense en los que "afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían", indica un comunicado de la cancillería, que agrega que Maduro "subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz".

En la conversación, el mandatario izquierdista alertó sobre "la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional" y se quejó de "hechos de piratería moderna". Además, Maduro expuso el "asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares", en un contexto de creciente tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe.

El mismo texto de la cancillería sostiene que Guterres destacó la necesidad de "evitar cualquier escalada o confrontación", y advirtió que un conflicto armado en la región "carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe". También prometió dar seguimiento a la situación y que promoverá la desescalada.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Reuters.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo. Estados Unidos se quedó con el buque y su carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. Caracas lo calificó de "robo descarado".

El martes, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. El mandatario estadounidense aseguró que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

Durante la llamada, Maduro "denunció" comentarios de su homólogo estadounidense en los que "afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían", indica un comunicado de la cancillería, que agrega que Maduro "subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz".

En la conversación, el mandatario izquierdista alertó sobre "la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional" y se quejó de "hechos de piratería moderna". Además, Maduro expuso el "asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares", en un contexto de creciente tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe.

El mismo texto de la cancillería sostiene que Guterres destacó la necesidad de "evitar cualquier escalada o confrontación", y advirtió que un conflicto armado en la región "carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe". También prometió dar seguimiento a la situación y que promoverá la desescalada.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo. Estados Unidos se quedó con el buque y su carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. Caracas lo calificó de "robo descarado".

El martes, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. El mandatario estadounidense aseguró que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

Argentina se negó a respaldar la declaración final del G-20 aprobada en Johannesburgo por considerar que se vulneró la regla del consenso y que el texto incorpora posturas geopolíticas con las que no coincidía el país.

La cancillería informó que el Gobierno rechazó el documento porque se proclamó como aprobado sin contar con el aval de todos los miembros del foro. El comunicado oficial subrayó que la preservación del consenso es esencial para la legitimidad de las decisiones del G-20, cuyo mandato principal es coordinar políticas para la estabilidad financiera y el crecimiento económico.

La delegación argentina estuvo encabezada por el canciller Pablo Quirno y por el sherpa Federico Pinedo. El presidente Javier Milei optó por no viajar a Sudáfrica, una decisión que colocó a la Argentina en sintonía con la postura de Estados Unidos, que también cuestionó la cumbre y no participó en los debates centrales.

La Cancillería señaló además diferencias “sustantivas” en las consideraciones sobre conflictos internacionales incluidas en la declaración. En particular, el Gobierno objetó el enfoque sobre el conflicto en Medio Oriente, porque consideró que el texto adopta una postura parcial y omite el contexto regional y las causas estructurales del conflicto.

Milei no fue al evento, en sintonía con EE.UU. Reuters.

En su intervención ante el plenario, pronunciada en inglés, Pablo Quirno recordó que el consenso constituye el principio fundacional del G-20 y manifestó la preocupación argentina porque la declaración no refleja la complejidad del prolongado conflicto en Medio Oriente ni reconoce plenamente las distintas realidades y reclamos de la región.

El canciller hizo mención a la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 17 de noviembre, que pide un proceso integral para una paz justa y duradera y sostuvo que cualquier abordaje debe respetar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

“Hemos señalado las líneas rojas identificadas (...) con el objetivo de apoyar las metas más amplias del G20. Esas líneas rojas siguen vigentes”Pablo Quirno, canciller>

Quirno insistió en el compromiso de la Argentina con el espíritu de cooperación del foro y en la necesidad de diálogo auténtico para que el G-20 siga trabajando de forma constructiva en temas de estabilidad global, crecimiento y desarrollo inclusivo.

El saludo de Quirno con Lula. Reuters

La presidencia sudafricana, que asumió la rotación en diciembre de 2024, publicó que la declaración fue adoptada por una “abrumadora mayoría” de los Estados miembros, sin detallar qué países respaldaron el texto. Un portavoz de la presidencia, Vincent Magwenya, expresó sorpresa por la ausencia de la firma argentina dado que el sherpa participó en numerosas reuniones.

La declaración identifica cuatro conflictos que califica como de los más graves: la República Democrática del Congo, Sudán, Ucrania y Palestina. Antes de la cumbre, la presidencia sudafricana reiteró que la Carta de la ONU sigue siendo la referencia central para la resolución pacífica de disputas.

La primera jornada del encuentro registró ausencias de liderazgos globales: además de Milei y Trump, no asistieron los presidentes de China y Rusia, entre otros, y participaron alrededor de cuarenta líderes entre miembros e invitados, un escenario que marcó la dinámica y la negociación del texto final.

La decisión argentina dejó pendiente la posibilidad de nuevas conversaciones dentro del foro sobre la forma y el contenido de las declaraciones. El estado actual es que la Argentina mantuvo su rechazo al texto y reclamó la preservación del consenso como fundamento de la legitimidad en las decisiones del G-20.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este lunes (10.11.2025), en la apertura oficial de la trigésima cumbre climática de la ONU (COP30), a imponer "una nueva derrota a los negacionistas" que desdeñan el calentamiento global.

El encuentro sobre clima se realiza en Belém y se celebra con la ausencia por primera vez de Estados Unidos, segundo mayor contaminante mundial. El objetivo de la cumbre de este año es salvar los esfuerzos globales frente al calentamiento.

La cumbre climática se lleva a cabo en Belém, Brasil. Reuters.

"En la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo. Atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas", dijo Lula en un enérgico discurso en la primera sesión plenaria.

Es "mucho más barato" luchar contra el clima que hacer la guerra, añadió, en relación a los conflictos actuales en el planeta, como el de Ucrania.

Autoridades de Naciones Unidas, este lunes en la COP30. Xinhua.

El dirigente progresista realizó además una defensa enfática del Acuerdo de París, del que se cumplen diez años y que Estados Unidos, uno de los países más contaminantes del mundo, volvió a abandonar tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, hace nueve meses.

El presidente de Brasil destacó en su discurso que el mundo camina en la "dirección correcta", pero "a la velocidad equivocada". "Al ritmo actual, todavía vamos rumbo a un aumento superior a un grado y medio centígrado de la temperatura global. Romper esa barrera es un riesgo que no podemos correr", advirtió.

En este contexto, llamó a la comunidad internacional a actuar en tres frentes. El primero, cumplir con lo ya pactado anteriormente y presentar metas climáticas "ambiciosas", además de garantizar la financiación para los países más vulnerables y con menos recursos.

Segundo, instar a los líderes mundiales a acelerar la acción climática mediante un plan para "superar la dependencia de los combustibles fósiles". Y tercero y último, convocar a la comunidad internacional a "colocar a las personas en el centro de la agenda climática".

Por Bruno Netri (*)

El 6 de noviembre, al conmemorar el primer izamiento de nuestra bandera en las Islas Malvinas en 1820, recordamos que la Cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes no es un simple conflicto territorial, o un recuerdo histórico del pasado.

Es una causa viva, forjada a hierro y fuego en nuestra Constitución Nacional como un objetivo permanente e irrenunciable. Y hace doscientos cinco años, quien tomó posesión del archipiélago en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata fue el coronel David Jewett.

Patente de corso extendida por el gobierno de las Provincias Unidas al coronel David Jewett.

La fragata que portó la soberanía aquel día, la "Heroína", no por casualidad sino por designio de la historia, se erigió en símbolo de una causa que dos siglos después sigue librándose con una determinación inquebrantable y heroica en el plano de la diplomacia, la política exterior y el Derecho Internacional.

Es el símbolo más claro de nuestra identidad bicontinental y oceánica, y la expresión más profunda de nuestra soberanía.

El grito de la historia y la fuerza del Derecho Nuestra convicción no nace de un impulso, sino de la más sólida verdad histórica y jurídica.

1) Geografía que llama a la unidad: la Argentina es la nación de la Quebrada de Humahuaca con su historia milenaria, la de los Esteros del Iberá y el Gran Chaco con su biodiversidad vital, la de la Pampa Húmeda que alimenta al mundo y la del icónico Obelisco.

Es la majestuosidad de la Cordillera de los Andes -con el Aconcagua y Cuyo- y el esplendor indomable de las Cataratas del Iguazú. Es la inmensidad de la Patagonia y el misterio antártico. Pero, sobre todo, somos un país bicontinental y oceánico.

El mar que circunda a Malvinas es el mismo que vieron nuestros Pueblos Originarios y que trajo a los inmigrantes que forjaron nuestra identidad. Desde cada rincón de nuestra tierra, la mirada se extiende hacia ese Atlántico Sur, donde se encuentra nuestra vasta Plataforma Continental y el corazón de nuestro territorio.

Las Malvinas no son un punto lejano; son el centro de nuestra identidad marítima, y su reclamo nos recuerda que la grandeza de la Patria es una sola, indivisible y ligada ineludiblemente a la defensa de su integridad territorial.

2) Historia inexpugnable: títulos de origen y sucesión de Estado. El legado de soberanía española, la sucesión de Estado por parte de las Provincias Unidas, y la efectiva presencia argentina hasta la usurpación de 1833, conforman una cadena de títulos irrompible.

La soberanía de España sobre la región austral se consolidó y fue reconocida por Gran Bretaña en tratados internacionales clave, como el Tratado de Madrid de 1670 y el Tratado de Utrecht de 1713.

Tras la Revolución de Mayo de 1810, la República Argentina sucedió a España en los derechos territoriales por aplicación del principio del utipossidetis iuris, el cual establece que los nuevos Estados americanos conservan los límites de las antiguas divisiones administrativas coloniales.

Desde el 25 de mayo de 1810, las islas quedaron bajo la autoridad de las Provincias Unidas, que las consideraron parte integrante de su territorio, en continuidad con la administración del Virreinato. Argentina ejerció la soberanía efectiva mediante actos concretos, públicos, pacíficos e ininterrumpidos:

* Administración y legislación: los sucesivos gobiernos con sede en Buenos Aires ejercieron funciones estatales, otorgando permisos de pesca y estableciendo disposiciones para evitar la depredación de los recursos naturales (como las colonias de lobos y ballenas) por parte de potencias extranjeras.

* Actos fundacionales: el primer izamiento de la bandera argentina en 1820 y la fundación de Puerto Soledad fueron hitos clave que reafirmaron la soberanía.

* Establecimiento de la autoridad: la creación de la Comandancia Política y Militar en 1829, con Luis Vernet como su titular, consolidó la administración del gobierno de las Provincias Unidas en el archipiélago.

Desde aquel acto de fuerza de 1833, que constituyó un acto contrario al derecho internacional de la época (al quebrantar la soberanía de un Estado en paz, haciendo uso de la fuerza sin previo aviso y expulsar violentamente a sus autoridades y pobladores), nuestra protesta ha sido incesante y mantenida. La soberanía no se pierde por la ocupación ilegal; simplemente espera su legítimo retorno.

3) La solidez jurídica de la causa: el Derecho contra el hecho de fuerza. La defensa de Malvinas es un ejercicio de la soberanía basado en la primacía del Derecho, siendo la recuperación de dichos territorios un objetivo permanente e irrenunciable plasmado, ante todo, en nuestra Constitución Nacional.

Por otra parte, nuestra postura se inscribe en una tradición diplomática que ha sido pionera, con juristas como Carlos Calvo (1824-1906) y Luis María Drago (1859-1921) sentando principios, hoy universales, que rechazan la coerción armada y la intervención extranjera en asuntos soberanos.

Así, el reclamo, defendido con firmeza por figuras como José María Ruda (1924-1994), se ajusta a la legalidad internacional y se sustenta en:

* Sucesión de Títulos y Adyacencia: la posición jurídica argentina se basa en la cesión de la posesión material española, el uti possidetis iuris de 1810 y la adyacencia geográfica de las islas al continente, argumentos esgrimidos de forma coherente y constante desde la creación de la Comandancia Política y Militar en 1829.

* Principio de Integridad Territorial: La Cuestión Malvinas se encuentra en el marco del proceso de descolonización de las Naciones Unidas, donde el principio aplicable es el de Integridad Territorial.

Este principio invalida la pretensión británica, la cual solo se sustenta en el control fáctico iniciado en la expulsión de 1833 y en una incorrecta interpretación del derecho de libre determinación, ya que los habitantes actuales son una población implantada por la potencia ocupante y de allí que la autodeterminación de los pueblos no resulte aplicable.

* Irrelevancia del conflicto de 1982: El conflicto armado no modificó la naturaleza ni la persistencia de la disputa de soberanía, que sigue pendiente de resolución conforme al Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU.

4) Mandato internacional: diálogo y negociación. Por ello, el mandato internacional es uno solo: diálogo y negociación en el marco del Derecho. El Reino Unido se ha negado sistemáticamente a discutir la cuestión de los títulos jurídicos. La comunidad internacional, a través de la Asamblea General de la ONU, ha reafirmado la necesidad de reanudar las negociaciones diplomáticas.

Pues, esa no solo es la vía pacífica, sino el único medio de solución de controversias reconocido, y la hemos asumido con la responsabilidad que exige nuestra tradición de respeto al Derecho Internacional. Es la vía que debemos seguir y confiar hasta que se cumpla la Justicia. Unidad Nacional: el compromiso de todos.

La Cuestión Malvinas trasciende cualquier grieta, cualquier diferencia. Es una política de Estado que nos exige la más alta responsabilidad, y la hemos honrado con hechos:

* La creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas es el testimonio de que el reclamo no depende de un gobierno, sino de la Nación entera.

* Nuestro compromiso con la paz se manifestó en el Proyecto Humanitario, que permitió devolver el nombre a nuestros héroes caídos en 1982. Es un acto de memoria, de amor y de respeto que demuestra la nobleza de nuestra causa.

* En la administración diaria, el uso obligatorio del Mapa Bicontinental y la preservación de la toponimia argentina en cada acto de gobierno son recordatorios vitales de que la soberanía se ejerce, se siente y se defiende todos los días.

La recuperación plena de Malvinas no es un sueño del pasado: es la construcción de un futuro más justo, soberano, libre e independiente. Exige de nosotros perseverancia, inteligencia diplomática y, sobre todo, una fe inquebrantable en nuestros derechos. El camino es largo, pero no estamos solos.

El respaldo de la región, desde la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), es un escudo de solidaridad que nos fortalece.

A los jóvenes, a los veteranos, a cada ciudadano: la Cuestión Malvinas nos convoca a la unidad más firme. Es el faro que ilumina nuestro destino como país bicontinental. Mantengamos la llama de esta causa encendida, con la certeza de que la historia, la geografía y el Derecho están de nuestro lado.

Con la convicción que nos da la verdad, y la unidad que nos da el propósito, digamos: ¡Las Malvinas fueron, son y serán argentinas! ¡Viva la Patria!

(*) El autor es juez de Cámara Penal de Santa Fe (2016-presente). Abogado (UCA), magíster en Integración y Cooperación Internacional (UNR). Contacto: bnetri@justiciasantafe.gov.ar.

El presidente Javier Milei volvió a ocupar el centro de la escena internacional con su segundo discurso ante la Asamblea General de la ONU. Desde el atril del organismo multilateral, denunció el avance de un “gobierno supranacional de burócratas” y defendió las libertades individuales como bandera irrenunciable.

“Argentina hoy tiene un gobierno que decidió emprender el camino correcto aunque sea el más difícil”, sentenció Milei, al trazar un contraste con gestiones anteriores y enarbolar su ideario liberal-libertario. La escena ocurrió en un salón con escasa presencia de representantes internacionales.

El mandatario cuestionó el rol actual de Naciones Unidas y sus organismos dependientes. “El exitoso modelo de cooperación entre Estados-Nación fue reemplazado por uno donde burócratas internacionales pretenden decirnos qué hacer”, disparó.

En esa línea, sostuvo que Argentina “no acompañará nunca el cercenamiento de libertades individuales, comerciales ni la violación de derechos naturales”, y reivindicó la política exterior adoptada por su administración: “Hemos votado en consecuencia”.

Hacia el final de su exposición, Milei dedicó un pasaje especial a la causa de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur. “Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente”, afirmó.

También invitó al Reino Unido a reanudar el diálogo en el marco de la resolución 2065 de la ONU. A lo largo del discurso, no faltaron elogios hacia Donald Trump, con quien comparte afinidad ideológica.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el presidente Javier Milei mantendrá este miércoles una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Washington.

Según precisó el portavoz en su cuenta oficial de la red social X, el encuentro se llevará a cabo a las 14:30 hora local (15:30 de Argentina), en el marco de la gira que el mandatario realiza por Estados Unidos junto a parte de su equipo económico y político.

La cita con Georgieva se da en un momento clave para la Argentina, que busca consolidar el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI y avanzar en una nueva etapa de negociaciones para obtener respaldo financiero en medio de las tensiones económicas.

Milei ya había compartido distintos escenarios con la titular del Fondo en foros internacionales, aunque esta será la primera reunión formal de carácter bilateral desde su llegada a la Casa Rosada.

La misión de cascos azules de la ONU en el sur del Líbano (Finul) ha sido prorrogada por unanimidad por el Consejo de Seguridad solo hasta finales del año 2026, cuando comenzará su retirada, que deberá completarse en el plazo de un año.

Foto: Naciones Unidas

Fuentes del Consejo explicaron que ha sido la insistencia de Estados Unidos la que ha llevado a poner fin a esta misión, establecida con diferentes nombres desde 1978, lo que la convertía en una de las más longevas de cascos azules en el mundo.

El gobierno del Líbano había solicitado una renovación de un año a partir del 1 de septiembre -cuando expira el actual mandato- y en el entendido de que era una renovación a la que seguirían otras, pero Estados Unidos ha presionado para poner fin a una misión que entiende ya ha cumplido su objetivo.

La representante diplomática estadounidense ante el Consejo, Dorothy Shea, resaltó que esa misión se considera cumplida ahora que el ejecutivo de Beirut ha encargado a las Fuerzas Armadas Libanesas "poner todas las armas bajo control del Estado para fines de este año", en alusión al grupo chií libanés Hezbolá, intocable en el sur del país y que ahora deberá entregar sus armas.

Según la resolución, negociada durante dos semanas principalmente entre Estados Unidos y Francia, la FINUL deberá "comenzar un repliegue y retirada ordenadamente entre el 31 de diciembre de 2026 y durante un año", y todo ello "con el fin de hacer que el Gobierno libanés sea el único proveedor de seguridad en el sur del país".

Foto: Naciones Unidas

Durante esa transición de un año, la Finul -donde sirven actualmente casi 700 militares españoles y que, de hecho, ha sido comandada durante varios años por un general español- tendrá como cometido garantizar la seguridad y servicios para su personal (algo más de 10.000 miembros) mientras se retiran, así como "contribuir a la protección de civiles y la entrega de asistencia humanitaria por vías civiles, dentro del límite de sus capacidades".

La resolución obliga también al Gobierno de Israel a retirarse al sur de la Línea Azul, la frontera 'de facto' entre los dos países, "incluidas las cinco posiciones que mantiene en territorio libanés".

La Misión Permanente de Venezuela ante la ONU denunció este martes el arribo al mar Caribe de unidades navales estadounidenses, entre ellas un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear. La delegación acusó a Washington de amenazar la estabilidad regional y exigió su retirada inmediata, invocando tratados internacionales de desarme y la Carta de las Naciones Unidas.

El gobierno venezolano alertó sobre el desplazamiento del crucero lanzamisiles USS Lake Erie y del submarino de propulsión nuclear USS Newport News, que tendrían como destino zonas próximas a la costa venezolana. Caracas consideró esta maniobra como una provocación que atenta contra la soberanía nacional y la paz del continente.

La Misión venezolana ante Naciones Unidas presentó una comunicación oficial al secretario general António Guterres para expresar su preocupación y solicitar su intervención.

En el documento, el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que la presencia de un submarino nuclear en aguas latinoamericanas vulnera el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe este tipo de armamento en la región, y contraviene los principios de no agresión establecidos por la Carta de la ONU.

El gobierno venezolano interpreta esta maniobra como parte de una estrategia de presión por parte de Washington en el contexto de las elecciones presidenciales previstas en Venezuela para diciembre de este año. Desde Caracas sostienen que la presencia militar estadounidense busca influir en el clima político interno e intimidar al electorado y a las fuerzas armadas del país.

En paralelo a la denuncia internacional, Venezuela puso en marcha un despliegue militar interno bajo el nombre de “Relámpago del Catatumbo”, que incluye la movilización de tropas, unidades fluviales, drones de vigilancia y patrullas navales en zonas sensibles, especialmente en la frontera con Colombia.

La operación busca fortalecer el control territorial y mostrar capacidad de respuesta ante eventuales incursiones.

Venezuela también instó al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) a convocar reuniones de emergencia para abordar la situación. El gobierno reafirmó su compromiso con el desarme nuclear y llamó a todos los países de la región a defender al Caribe como zona de paz.

La escalada entre Venezuela y Estados Unidos añade tensión al panorama geopolítico del hemisferio occidental. Mientras Caracas denuncia una amenaza a su soberanía, Washington aún no ha emitido una respuesta formal sobre el motivo y alcance de sus maniobras navales.

El caso abre interrogantes sobre el equilibrio de fuerzas en la región y el respeto a los tratados internacionales que regulan la presencia de armamento nuclear en América Latina.

La Oficina del Primer Ministro de Israel rechazó este viernes un informe respaldado por la ONU que confirma la hambruna en Gaza, calificándolo de “una mentira descarada”.

“Israel no tiene una política de hambruna. Su política es prevenir la hambruna”, declaró la oficina de Benjamin Netanyahu en un comunicado.

Añadió que, desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, Israel permitió la entrada de aproximadamente dos millones de toneladas de ayuda a Gaza, aproximadamente una tonelada por persona.

El comunicado añadió que muchos camiones de ayuda fueron saqueados antes de llegar a los puntos de distribución.

También acusó a Hamás de robar ayuda humanitaria para financiar su actividad militar.

El comunicado indicó que la escasez temporal se resolvió con lanzamientos aéreos, entregas marítimas, rutas de transporte seguras y puntos de distribución operados por empresas de Estados Unidos.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), una iniciativa multipartita integrada por agencias de la ONU y ONG internacionales, informó el viernes que se confirmó la hambruna en la Gobernación de Gaza, que incluye la Ciudad de Gaza.

Además, reveló que más de medio millón de personas en Gaza enfrentan condiciones de hambruna caracterizadas por la inanición, la miseria y la muerte.

Añadió que la hambruna identificada inicialmente en la Ciudad de Gaza se está extendiendo hacia el sur, a Deir al-Balah y Khan Younis, según informó la agencia de noticias Xinhua.

La evaluación de la CIF proyectó que, para finales de septiembre, más de 640.000 personas, o casi un tercio de la población de Gaza, se enfrentarán a condiciones catastróficas, y otros 1,14 millones de personas se enfrentarán a niveles de emergencia de inseguridad alimentaria.

Según las autoridades sanitarias de Gaza el viernes, 273 personas murieron de hambre y desnutrición en el enclave desde el comienzo de la guerra, incluidos 112 niños.

Las autoridades de salud en Gaza informaron este martes que cinco personas murieron en las últimas horas por desnutrición y hambre, lo que eleva a 227 el total de fallecidos desde octubre de 2023, según datos de la ONU. Entre las víctimas se cuentan 103 niños, precisó el vocero del secretario general, Stephane Dujarric.

Niños palestinos esperan una ración de comida en Gaza. Foto: Reuters

El Programa Mundial de Alimentos alertó que el hambre y la desnutrición han alcanzado sus niveles más altos desde el inicio del conflicto. Sin embargo, el ingreso de artículos humanitarios al enclave sigue por debajo del mínimo requerido, con demoras y obstáculos que impiden a Naciones Unidas entregar asistencia en la escala necesaria.

El ingreso de ayuda humanitaria sigue con restricciones y demoras. Foto: Reuters

El lunes, la ONU solicitó coordinar con las autoridades israelíes 16 misiones de asistencia, que incluían la entrega de alimentos, medicamentos y combustibles. Solo cuatro fueron aprobadas y tres fueron rechazadas. Otras cuatro enfrentaron obstáculos, aunque finalmente se completaron. De las cinco restantes, dos fueron canceladas por las organizaciones, dos no pudieron concretarse y una sigue en curso pese a las trabas.

Dujarric advirtió que los procesos de coordinación “a menudo se prolongan durante horas debido a autorizaciones impredecibles”, lo que provoca la pérdida de tiempo valioso en medio de una crisis humanitaria creciente.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) consideró este miércoles que las condiciones para la distribución de ayuda a los habitantes de la Franja de Gaza no son las adecuadas para satisfacer sus necesidades.

Bajo presión internacional, Israel anunció el domingo una pausa en las hostilidades durante el día en ciertos sectores, con el fin de permitir la distribución de ayuda humanitaria a los más de 2 millones de habitantes del asediado territorio palestino.

Pero estas pausas por sí solas "no permiten el flujo continuo de entregas necesario para satisfacer las inmensas necesidades en Gaza", subrayó la OCHA en un comunicado. "Aunque la ONU y sus socios aprovechan cada oportunidad para brindar apoyo a quienes lo necesitan durante las pausas tácticas (de Israel), las condiciones de distribución de ayuda y entrega están lejos de ser suficientes", explicó.

La OCHA advirtió que tras cuatro días de "pausas tácticas" de Israel, las muertes por hambre y desnutrición siguen ocurriendo, al igual que los fallecimientos entre las personas que buscaban ayuda. Son "personas desesperadas y hambrientas" que siguen acudiendo a las pequeñas cantidades de ayuda entregadas por los camiones que logran cruzar las barreras, sostuvo.

Por su parte, Defensa Civil de la Franja de Gaza indicó en la víspera que al menos 30 personas murieron en el mismo lugar por disparos del ejército israelí en el territorio palestino asediado, tal como declaró su portavoz Mahmoud Bassal.

"El ocupante dispara deliberadamente contra las personas en la zona de Zikim, donde llegan los camiones de ayuda humanitaria", enfatizó Bassal. "No podemos atender a un gran número de víctimas, los hospitales están llenos de mártires y heridos", agregó.

El director del hospital Al Shifa, en Gaza, Mohamed Abu Salmiya, indicó por su parte haber registrado 35 fallecidos "y más de 200 heridos debido a los disparos del ocupante contra las personas que esperaban ayuda al norte de la ciudad de Gaza".

Estas muertes se suman a las 1.239 personas que han fallecido por disparos del ejército israelí mientras intentaban recoger ayuda desde que a finales de mayo comenzó la distribución de asistencia humanitaria en el enclave.

"En Nueva York, junto con otros catorce países, Francia lanza un llamado colectivo: expresamos nuestra voluntad de reconocer el Estado de Palestina e invitamos a quienes aún no lo han hecho a unirse a nosotros", escribió Jean-Noël Barrot en X.

Jean-Noël Barrot. Reuters

Francia lanzó este "llamado de Nueva York" al término de una conferencia ministerial en la ONU sobre la solución de dos Estados al conflicto israelí-palestino.

Actualmente, 147 de los 193 Estados miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas han reconocido un Estado de Palestina, que cuenta en este momento con un estatus de "Estado observador no miembro" en la ONU.

Esto significa que puede participar en la mayoría de los procedimientos del organismo internacional, pero no puede votar en la Asamblea General ni presentarse a órganos de la ONU.

En dicho contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel rechazó lo que llama "una campaña distorsionada" de presión internacional para un alto al fuego en la guerra en Gaza y el reconocimiento de un Estado palestino: "Establecer un Estado palestino hoy es establecer un Estado de Hamás, un Estado yihadista. Eso no va a pasar", insistió.

Además de Francia, otros dos miembros del G20, Canadá y Australia, forman parte del actual llamado.

Los demás países firmantes son: Andorra, Finlandia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, San Marino, Eslovenia y España. Nueve de ellos, que por ahora no han reconocido al Estado palestino, "expresan la voluntad o la consideración positiva de su país" para hacerlo: Andorra, Australia, Canadá, Finlandia, Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Portugal y San Marino.