En un año marcado por desafíos económicos, los reclamos presentados en la Oficina Municipal del Consumidor experimentaron un incremento del 43% en 2024, según la información a la que accedió Mirador Provincial. Este aumento refleja una tendencia preocupante en la relación entre los consumidores y las empresas, particularmente en el área financiera.

Durante el último año, los servicios vinculados a tarjetas de crédito, préstamos personales y financiación en cuotas concentraron la mayor cantidad de quejas. Los consumidores denunciaron cobros indebidos, tasas no informadas y cláusulas abusivas en los contratos. Estas situaciones no sólo generan malestar entre los usuarios, sino también ponen de manifiesto la necesidad de una mayor regulación en el sector financiero.

Uno de los puntos destacados del informe es el aumento de reclamos por débitos automáticos mal gestionados. Según la información a la que accedió Mirador Provincial, estos casos suelen involucrar a empresas que no informan adecuadamente los términos de los acuerdos o que continúan cobrando servicios ya cancelados. Esta situación genera un impacto directo en los bolsillos de los usuarios y contribuye al descontento general.

Otro rubro crítico fue el de las telecomunicaciones. Problemas con la facturación, incumplimientos en los servicios contratados y la dificultad para dar de baja planes fueron algunas de las principales quejas en este sector. A pesar de los esfuerzos por mejorar los canales de atención al cliente, muchas empresas continúan fallando en responder a las necesidades de los usuarios.

En este contexto, la Oficina Municipal del Consumidor jugó un papel clave en la mediación entre las partes. Según la información a la que accedió Mirador Provincial, más del 70% de los casos presentados lograron una resolución favorable para los consumidores. Este porcentaje, aunque alentador, también revela que aún queda un largo camino por recorrer en la protección de los derechos de los usuarios.

En cuanto a los reclamos presenciales, la mayoría provino de personas mayores, quienes suelen enfrentar dificultades para gestionar sus problemas mediante plataformas digitales. Este grupo, en particular, se ve afectado por la complejidad de los sistemas de atención y la falta de información clara sobre sus derechos.

Por otro lado, las quejas vinculadas a compras online también mostraron un aumento significativo. La demora en las entregas, productos defectuosos y problemas para realizar devoluciones fueron los principales motivos de disconformidad en este ámbito. Este crecimiento acompaña el incremento del comercio electrónico en el país, que sigue ganando terreno como forma habitual de consumo.

El informe también destacó el impacto positivo de las campañas de concientización llevadas adelante por el municipio. Estas iniciativas permitieron que más ciudadanos conocieran sus derechos y supieran cómo actuar ante un abuso. Sin embargo, a pesar de los avances, los recursos humanos y económicos destinados a este área aún resultan insuficientes para abordar la creciente demanda.

Frente a esta situación, desde la Oficina Municipal del Consumidor remarcan la importancia de la educación financiera y el fortalecimiento de las leyes que protegen a los usuarios. "Es fundamental que las personas conozcan sus derechos y que las empresas cumplan con sus obligaciones", subrayaron fuentes de la entidad.

El 2024 dejó en evidencia que los consumidores están más atentos a los abusos y dispuestos a reclamar lo que consideran justo. Este cambio de actitud, combinado con una mayor digitalización de los procesos, podría ser clave para mejorar la relación entre las empresas y sus clientes en el futuro.

Con un panorama económico incierto para 2025, se espera que los reclamos sigan aumentando. La Oficina Municipal del Consumidor ya trabaja en nuevas estrategias para afrontar este desafío y garantizar que los derechos de los consumidores sigan siendo una prioridad.

Desde que entró en vigencia la nueva ley de alquileres a nivel nacional, en Rosario nunca se logró adaptar, tanto por malestar de los propietarios como por parte de los inquilinos. Es por eso que el Congreso tiene pendiente reformularla para poder encauzarla de un modo que encuentre un equilibrio.

La Oficina del Consumidor elaboró un informe en el que expone que 7 de cada diez consultas que les llegan por parte de las personas tiene que ver con incumplimientos a la nueva ley nacional de alquileres.

En ese orden, el coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda de la oficina del Consumidor, Ariel D’Orazio, indicó a Mirador Provincial que entre los principales puntos de los reclamos se destacan, por ejemplo, cobro indebido de expensas no habituales, las cuales las inmobiliarias no las reconocen, “en un contexto de liquidación de expensas poco claras”.

En concreto, en base al relevamiento realizado en la primera mitad del año por parte de la oficina, se detectó que la mitad de las presentaciones fueron motivadas por problemas vinculados al alquiler, 45% por cuestionamientos a los administradores de consorcio y el 5% restante por denuncias formuladas por usuarios a empresas que comercializan planes de financiación anticipada para la adquisición de viviendas o construyen casas prefabricadas.

En el ranking de lo más consultado se destacan las expensas poco transparentes en las que se cobran asuntos que debería pagar el propietario y no el inquilino como las expensas extraordinarias que “no se repiten periódicamente”.

Para tener una dimensión de qué tipo de acciones son las que generan confusión, D’Orazio señaló: “Las impermeabilizaciones de los edificios, la compra de artefactos, cerraduras eléctricas, cámaras de seguridad, entre otras que deben afrontar los dueños y no los inquilinos”.

Otro punto que resaltó el funcionario es que los tres años de contrato impuestos por la nueva ley “no se cumplen”. “Se detecta entre los seis meses y un año los contratos, de modo de eludir los índices que regulan los alquileres, según establece la nueva legislación”; también, vemos problemas en aumentos desmedidos en renovaciones contractuales (que no regula la nueva ley)”.

“Otros casos que estuvimos observando es que se fija un valor mayor a la hora de firmar el contrato de locación y luego se bonifican los primeros seis meses, lo cual es ilegal y son muchas inmobiliarias que lo están haciendo”, añadió.

“En el informe expresamos que nos encontramos con falencias graves que tienen los administradores como balances y rendición de cuentas, falta de convocatorias de asambleas ordinarias y extraordinarias, lo que generó que, ahora, los y las inquilinas nos busquen para conocer si las administraciones de sus edificios están inscriptas o no, de modo de chequear si están operando dentro de la ley o de forma ilegal”, continuó D’Orazio.

En la línea telefónica gratuita de la Oficina (0800-666-8845) se recibieron, en el primer semestre del año, 145 llamados, un promedio de 15 por día, lo que está por encima del total de llamados recibidos en igual periodo de 2022.

En las redes sociales (@rosarioconsumidor y en su web oficinaconsumidor@concejorosario.gov.ar) se mantiene estable el caudal de consultas. Se recibe un promedio de 9 consultas por día, llegando a 1107 en este período.

Hay que contemplar que este malestar no es exclusivo de la ciudad de Rosario, sino que se vislumbra conflictos a nivel general en todo el país, desde que se instaló la nueva ley de alquileres.

De las denuncias recibidas de este tipo, el 67% tuvo una resolución favorable, un 10% negativa y un 23% se encuentra en trámite. Y también aumentó el porcentaje de extranjeros que se quejaron por el alquiler, llegando a un 5% de las denuncias radicadas, según informan desde la Oficina del Consumidor.

Es por eso que el Congreso de la Nación tiene prevista una sesión especial pautada para el próximo 23 de agosto, tras las elecciones primarias nacionales, que si reúne los 129 diputados para habilitar el quórum se abocaría a analizar un proyecto que reduce a dos años el plazo del contrato de alquiler y ajustes en periodos por debajo de lo interanual, entre otros ítems.