El diputado Walter Agosto (Hacemos Santa Fe) ingresó un proyecto de ley para crear la Oficina de Presupuesto de la Legislatura Provincial "como un organismo descentralizado" de la propia Legislatura "contando con autonomía funcional, autarquía administrativa y financiera para los fines de su creación".

Entre las funciones, responsabilidades y facultades de la Oficina está la de analizar las estimaciones de ingresos, gastos, metas físicas y deuda pública contenidas en el proyecto de ley anual de presupuesto; apoyar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda en el cumplimiento de sus objetivos; realizar estimaciones del impacto presupuestario de los proyectos de ley ingresados a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a solicitud de dichas comisiones; realizar estudios, análisis y evaluaciones del impacto logrado por políticas y programas del gobierno en relación a su asignación presupuestaria, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda. También llevar a cabo análisis sobre los tributos vigentes, así como del impacto y la eficacia de los proyectos de ley que propongan modificaciones y/o creación de tributos e impuestos, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; llevar a cabo estudios sobre las temáticas referidas a federalismo fiscal y efectuar estudios sobre la sostenibilidad intertemporal de la deuda pública, incluyendo análisis de la deuda pública, deuda flotante y pasivos contingentes.

El Congreso de Estados Unidos creó un organismo de este tipo en 1974; varios países se fueron sumando en el tiempo y también el Congreso Argentino. Precisamente Agosto fue integrante de esa Oficina -por concurso- y renunció para asumir como ministro de Economía en la gestión de Omar Perotti.

En los distintos artículos del proyecto, Agosto regula el funcionamiento, las atribuciones que tendrá e incluso las obligaciones del Poder Ejecutivo para con el órgano. Prevé que esté a cargo de un director general con rango de secretario de Cámara y cuatro directores con rango de prosecretario para las diferentes áreas previstas: Análisis Presupuestario, análisis fiscal, estudio de impacto de políticas y programas así como sostenibilidad y análisis de la deuda pública. Postula el mecanismo de concurso para seleccionar a los cinco integrantes que tendrán un mandato de cinco años y que podrán ser removidos por mal desempeño en las funciones.

Todos los informes serán de acceso público y deberán ser publicados en los sitios web de ambas Cámaras, ordena el artículo 14 del proyecto.

Agosto señaló que en los últimos años "en el plano técnico, los gobiernos de distinto signo político han perseguido una mejora constante en los sistemas de Administración Financiera del Sector Público, dado que el buen funcionamiento de estos sistemas es una condición necesaria para la buena implementación de políticas públicas, así como también para el seguimiento y control de las finanzas provinciales".

Acota que "a fin de promover la buena gestión de gobierno y la transparencia fiscal, es esencial que la Legislatura sostenga un compromiso activo en el proceso presupuestario. Este proceso incluye no sólo el análisis y debate de las estimaciones de ingreso y los gastos del ejercicio, sino también el análisis periódico de la ejecución del presupuesto y las modificaciones presupuestarias y la aprobación de la Cuenta de Inversión Anual.

Admite que la propuesta "tiene como valioso antecedente la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación en el año 2016, cuyos análisis e información se han convertido en un insumo muy valorado por legisladores, analistas económicos, medios de comunicación y público en general".

Para Agosto, "la creación de esta Oficina de Presupuesto significaría dotar a la Legislatura de una institución presupuestaria moderna, que mejora sus capacidades analíticas para el cumplimento de sus funciones". Aclara que el órgano será instancia técnica y de consulta, por lo que no asume de manera alguna el control de la ejecución del presupuesto, labor asignada a las Comisiones Parlamentarias de Presupuesto y Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados.

“Producto de un recorte en el gasto público y a pesar de una merma en los ingresos totales, durante el primer cuatrimestre del año los déficits financiero y primario de la Administración Pública Nacional cayeron 2,2% y 9,3% en términos reales, respectivamente, en relación al mismo período del año anterior”.

El dato oficial es un respaldo a la gestión de Sergio Massa ante el FMI, que sin embargo exhibe incumplimientos de metas de reservas e incluso sigue lejos del objetivo de un rojo primario del 1,9% del PBI este año, lo que lo lleva -sequía mediante- a la renegociación ante el organismo multilateral de crédito.

Diciembre fue un mes decisivo para el ajuste del gasto público

Según revela un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, “los ingresos se contrajeron 9,1% y los gastos totales retrocedieron 7,6% en términos reales. El resultado primario fue negativo en $1.035.318 millones, lo que implicó una disminución de 9,3% a/a en relación con el déficit alcanzado un año atrás.

“El gasto primario -añadió el organismo revisor de las cuentas públicas- cayó 9,2%, con una disminución más pronunciada en asignaciones familiares (29,9%), subsidios a la energía (29,5% a/a) y los gastos de capital (26,0% a/a)”.

Aclara el sumario del informe que “en sentido contrario, los intereses de la deuda crecieron 9,1% a/a, los gastos en personal 9,2% a/a, los subsidios al transporte 24,8% a/a y las pensiones no contributivas 9,3% a/a. El gasto destinado a las jubilaciones y pensiones se contrajo 2,5%. Desde enero de 2022, los haberes jubilatorios que reciben bonos subieron 2,4% y los que no, cayeron 18,4%.

“La ejecución de los gastos -detalla- equivale al 27% del crédito, 11,8 puntos porcentuales por debajo que el del año anterior”. en lo que va del año. .

A pesar del ajuste, las “políticas Alimentarias y el Potenciar Trabajo presentan los niveles más elevados: 47,0% y 40,5%, respectivamente”, lo que plantea el interrogante del crédito a estas cuentas para el total del año.

Por el otro lado, las transferencias de capital a empresas públicas y a fondos fiduciarios para la ejecución de obras, ejecutaron el 17,9% y 19,6%, respectivamente”, lo que revela niveles de inversión por debajo de lo presupuestado, siempre en el primer cuatrimestre del año.

La salud de las cuentas públicas irrumpió en el escenario electoral

Las transferencias a provincias totalizaron $223.069, lo que implica una caída a valores reales de -27,9%. Para las universidades se destinaron $268.401 millones, con un crecimiento interanual del 2,2% en el período analizado.

Los subsidios a la energía sumaron en 4 meses $603.895 millones, un -29,5 respecto del primer cuatrimestre de 2022 a valores reales. Por lo contrario, en el mismo período comparado, los subsidios al transporte significaron $211.904 millones, 24,8% más.

$834.036 fue el gasto en personal de la administración nacional. A pesar de los anunciados congelamientos, las erogaciones en el rubro crecieron 9,2% en el cuatrimestre, en comparación interanual y a valores reales.

Las prestaciones sociales sumaron $4.231.885 millones en el año, una variación real de -5,2% respecto de lo sucedido en 2022. De ese rubro, la erogación del cuatrimestre en jubilaciones y pensiones fue de $2.919.023 millones, con un retroceso de -2,5% a valores reales (descontada la inflación) mientras que las Asignaciones Familiares (AUH y otras) erogaron $420.334 millones, con una fuerte caída del -29,9%.

También fue magra la suerte de las políticas alimentarias, a las que se destinaron $167.374 millones, un retroceso del 7,3% en términos reales.

Los planes Potenciar Trabajo fueron una excepción del rubro de gastos sociales; sumaron $236.643 millones, una suba de 2,7%; la otra fueron las becas Progresar, a las que se destinaron $51.638 millones, 14,5% más en comparación con el primer cuatrimestre del 2021.