El gobierno nacional definió este jueves la degradación de seis áreas dentro del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Justicia de la Nación.

Fue a través del Decreto 347/2025 publicado este 22 de mayo en el Boletín Oficial y que cuenta con las rúbricas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

En el mismo se degrada la categoría, principalmente, de la Secretaría de Derechos Humanos, que pasa a ser subsecretaría.

Hay otros cinco espacios que tienen nueva denominación: Unidad de Gabinete de Asesores y Subsecretaría de Gestión Administrativa, dentro del Ministerio de Justicia; y la Subsecretaría de Política Criminal, Subsecretaría de Acceso a la Justicia y Subsecretaría de Asuntos Registrales, dentro de la Secretaría de Justicia.

El decreto había sido adelantado por Manuel Adorni, vocero presidencial, quien argumentó la medida con "un ahorro de $9.000 millones anuales" debido al recorte del 40% en su estructura y 30% en su personal.

Adorni también describió el cambio como una posibilidad de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario", trazando la línea política dentro de la medida.

El documento de este jueves recuerda, dentro de sus argumentos, que el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de Sitio ESMA pasaron de ser organismos desconcentrados de la entonces Secretaría de Derechos Humanos a unidades organizativas que se incorporarán al Centro Internacional para la promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en París, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es “ideal común para todos los pueblos y naciones”, según la ONU.

El primero de los 30 artículos expresa que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”, expresa el segundo artículo.

Siguiendo en la línea de las declaraciones de Adorni, el capítulo 27 indica: “1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

Decreto 347/2025 by El Litoral

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, la ONU verificó que al menos 416 personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el territorio ocupado por Rusia o en zonas controladas por las fuerzas armadas y los grupos armados. 

De ellos, 16 fueron encontrados muertos y 166 fueron puestos en libertad, informó Odesa Matilda Bogner, directora de la misión de la ONU en Ucrania. También se documentaron 51 detenciones arbitrarias y otros 30 casos que podrían equivaler a desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas ucranianas. 

Bogner aseguró que la misión obtuvo un “acceso sin trabas” a los lugares de detención controlados por Kiev, mientras que Moscú no les permitió acceder a los prisioneros de guerra detenidos en su territorio o en las zonas que controlan las fuerzas prorrusas. 

“Esta situación es tanto más preocupante cuanto que hemos documentado prisioneros de guerra en manos de las fuerzas armadas rusas o de grupos armados afiliados que han sido sometidos a tortura y malos tratos. Inclusive en algunos lugares de detención carecen de alimentos, agua, atención de la salud e instalaciones sanitarias adecuadas”, agregó. 

Por otro lado, recibió información sobre la situación de los presos de Olenivka, en el este separatista de Ucrania, donde recibieron denuncias de que muchos de los detenidos ucranianos padecen enfermedades infecciosas como la hepatitis A y la tuberculosis. 

En tanto, en la zona controlada por las fuerzas ucranianas, la ONU también documentó casos de tortura y malos tratos a prisioneros de guerra, generalmente durante su captura, durante los primeros interrogatorios o durante su traslado a campos de internamiento. 

En ese sentido, Bogner recordó que, si se prueba ante un tribunal que hubo tortura, “sería un crimen de guerra”.