El caso del token $LIBRA, que involucra al presidente de la Nación, Javier Milei, será investigado por la Oficina Anticorrupción del gobierno nacional.

Fue anunciado mediante el Decreto 114/2025 que establece la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en el Ministerio de Justicia, encargada de recopilar información y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

La UTI podrá requerir datos a organismos nacionales e internacionales, pero no emitirá juicios sobre hechos que competen al Poder Judicial, según indican desde el gobierno.

El documento cuenta con la firma del presidente de la Nación, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El texto detalla que el Ministerio de Justicia “dictará las normas operativas y complementarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el presente decreto y brindará el apoyo técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de las funciones de la UTI, por lo que su funcionamiento no generará erogación alguna”.

El caso involucra en ciertas aristas al mandatario argentino por una serie de publicaciones realizadas en su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde se dio a conocer el token creado por el hombre de alias Hayden Davis. Las vinculaciones personales entre ambos actores seguirán investigándose.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comunicó este domingo que echó al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, por haber intentado “interferir” en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal.

“Le acabo de pedir la renuncia al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, por haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal”, posteó Bullrich en redes sociales.

En esa línea, la funcionaria del Gobierno nacional informó que realizó una presentación ante la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik. “Hice la correspondiente denuncia a la Oficina Anticorrupción para que tome intervención”, sostuvo Bullrich.

Este Gobierno ha asumido un compromiso con la transparencia de la gestión. Por eso, le acabo de pedir la renuncia al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, por haber intentado interferir en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario…

La titular de la cartera de Seguridad en la administración de Javier Milei detalló: “Esta licitación de servicios de comida es un proceso inédito porque rompe con un monopolio de muchos años y permite participar a más de 300 empresas, cuando venían participando históricamente un grupo de solamente 15”.

Barreiro era quien secundaba a Bullrich al frente del Ministerio y, antes de desembarcar en el Ejecutivo, había pasado por la administración de la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal.

Durante la gestión de Vidal, ocupó el cargo de subsecretario de Planificación, Gestión y Evaluación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. También formó parte de la campaña de Cristian Ritondo a la gobernación bonaerense, que luego el actual legislador declinó para integrar el equipo de Bullrich.

La ministra de Seguridad de la Nación dio más detalles este domingo en una entrevista cedida a radio Mitre sobre los motivos por los que decidió desplazar a Vicente Ventura Barreiro de la cartera.

En ese contexto, Bullrich detalló que al regresar de su viaje a El Salvador, el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, le relató que recibió llamados "para cambiar un pliego de licitación" para el servicio de comidas en las cárceles.

"Es muy importante que un jefe de una fuerza nos cuente esto, porque demuestra que está compenetrado con la gestión, la transparencia. Me dolió mucho que cuando el país necesita cambios, hayan quienes quieran seguir con sistemas viejos", agregó la ministra.

Por otra parte, la ministra descartó que esta situación forme parte de las internas del PRO. "No tiene que ver con el PRO, ni la interna del PRO. Tiene que ver con algo que he pregonado toda la vida, la transparencia en la gestión, cuando veo algo que no me gusta, la decisión es inmediata", afirmó.

Al ser consultada respecto al posible reemplazante, sostuvo que no durmió pensando en el tema y señaló que su número dos debe reunir la condición "básica" de la transparencia.

"Tiene que ser alguien operativo y con mirada estratégica respecto a cómo son las fuerzas federales, en un país federal donde hay 24 policías más y cómo se refuerzan hacia al sentido estratégico del crimen organizado y el crimen común", señaló Bullrich.

El Consejo Ejecutivo del Partido Justicialista de Santa Fe fue convocado este viernes, desde las 10 en la sede partidaria de calle Crespo por su presidente, Ricardo Olivera. Será una reunión totalmente presencial donde también están invitados los 19 titulares de los consejos departamentales del justicialismo.

El temario tiene varios puntos, entre ellas definir la fecha de convocatoria a elecciones internas para definir las nuevas autoridades partidarias ante el vencimiento del mandato de las actuales en junio del año próximo. La fecha y el cronograma respectivo está siendo discutido por los diferentes espacios políticos y no se descarta que la convocatoria electoral sea para el primer domingo de mayo. Tras la derrota electoral en las elecciones provinciales de septiembre se analizó la posibilidad de acortar la conducción actual partidaria y adelantar los comicios, postura desecha por la mesa ejecutiva en la última reunión.

El otro tema en que deberá fijar postura el consejo ejecutivo es la invitación del gobernador Maximiliano Pullaro, para que un dirigente del PJ ocupe la secretaría u Oficina Anticorrupción con amplias facultades de control interno. Si bien la mesa ejecutivo se mostró proclive a aceptar el ofrecimiento hay resistencia de algunos sectores y el objetivo es que sea el consejo el que determina la posición política e incluso elabore una nómina de posibles candidatos a ejercer ese cargo.

Pullaro junto al presidente de la UCR, Felipe Michlig, habían transmitido el ofrecimiento a Olivera en una reunión pero el propio gobernador insistió con el tema en su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa.

El otro punto del temario de este viernes es el análisis de la situación electoral tanto nacional como provincial donde el PJ en alianzas con diferentes fuerzas políticas fue vencido en ambas instancias.

A través de Leandro Busatto, la bancada justicialista ingresó un proyecto de ley para crear una Oficina Anticorrupción en la provincia, cuya cabeza visible sea un integrante de la oposición y que funcione bajo la órbita del Poder Legislativo con autonomía y autarquía.

“Nos parece bien que el gobernador electo haya propuesto que la Oficina Anticorrupción esté a cargo del PJ. Sin embargo, creemos que es clave que sea un ente descentralizado, con independencia funcional y recursos propios. Por eso presentamos un proyecto en ese sentido”, explicó el legislador.

El proyecto fue ingresado a los pocos días de que Pullaro y el presidente de la UCR, Felipe Michlig, ofrecieran al PJ a través de su presidente, Ricardo Olivera, el cargo de la secretaría Anticorrupción con acceso on-line a los expedientes sobre licitaciones y contrataciones.

En tanto, el PJ no decidió aún el nombre a proponer a Maximiliano Pullaro y voceros partidarios estimaron que la definición llegaría el 15 de diciembre en la reunión del consejo ejecutivo provincial.

El gobernador electo, Maximiliano Pullaro, ofreció al Partido Justicialista que designe a un dirigente para que ocupe la subsecretaría Anticorrupción en la gestión de gobierno que iniciará el 10 de diciembre. El ofrecimiento fue realizado oficialmente por el propio Pullaro quien junto al presidente de la Unión Cívica Radical, Felipe Michlig, citaron a una reunión al titular del PJ y diputado provincial Ricardo Olivera.

La reunión fue la semana pasada y anoche la mesa del Consejo Provincial del PJ resolvió aceptar la propuesta y abrir una ronda de consultas para determinar los nombres de los candidatos a ocupar ese lugar. "El perfil debe ser un técnico que conozca el funcionamiento de la administración y que sepa leer expedientes", dijo Olivera a El Litoral.

La aceptación fue resuelta en una reunión que convocó Olivera con los integrantes de la mesa de conducción del PJ y que se hizo por zoom este jueves por la noche.

"Nos parece fundamental que la oposición esté controlando desde adentro a la gestión", se dijo a El Litoral. También se señaló que Pullaro se comprometió a firmar un decreto para que el área Anticorrupción tenga acceso directo a decretos, expedientes y todas las licitaciones en marcha. "Queremos que si algún funcionario se desvía de la función sea advertido al gobernador o al MPA", se señaló al lado de Pullaro.

La subsecretaría Anticorrupción funciona actualmente en el ámbito del Ministerio de Gobierno y tiene personal a cargo.

"Es muy importante el control externo e interno a la gestión y Maxi quiere evitar todo tipo de sospechas y tener una administración transparente de allí el ofrecimiento al PJ", se dijo a El Litoral.

El artículo 39 de la Ley de Ministerios aprobado por el Senado y girado a Diputados autoriza "al Poder Ejecutivo a crear un órgano específico que entienda en la lucha contra la corrupción en la Administración Pública Provincial centralizada, sus entes u órganos descentralizados, los municipios y/o las comunas; pudiendo a tales fines establecer los procedimientos que regulen su intervención, los que deben garantizar un amplio y adecuado control de la actividad administrativa. La creación de dicho órgano comprenderá la facultad para efectuar las correspondientes transferencias de recursos económicos y humanos que aseguren el cumplimiento del fin para el cual fue creado".

La actual diputada nacional Carolina Castets será la Síndica General de la provincia, de acuerdo a lo que pudo confirmar El Litoral en el equipo de Maximiliano Pullaro. Contadora pública, oriunda de Reconquista e ingresó a la banca en el Congreso por la Coalición Cívica pero se fue de ese espacio en desaveniencias con la conducción partidaria santafesina y formó el bloque Valores Republicanos. En la campaña electoral acompañó la candidatura de Pullaro tanto en el Primaria como en la elección general.

La Sindicatura General es "el Órgano Rector del sistema de control interno del Poder Ejecutivo Provincial" y está encargado de "emitir normas generales de control interno y auditoria, supervisar y coordinar el sistema de control interno del Poder Ejecutivo, ejecutar auditorias programadas o solicitadas por los comitentes, desarrollando su accionar en el marco de la eficacia, eficiencia y economía".

PJ

"No habrá adelantamiento de las elecciones en el Partido Justicialista de Santa Fe. El Consejo Directivo resolvió que cumplirá el mandato hasta junio como establece la ley orgánica", dijo Ricardo Olivera este jueves por la noche a El Litoral. La decisión fue tomada en el marco de la reunión de mesa chica que decidió que en quince días dará a conocer el cronograma electoral para los comicios internos del año próximo.

Por Mario Cáffaro

El gobernador Maximiliano Pullaro ofreció al Partido Justicialista que designe a un dirigente para que ocupe la subsecretaría Anticorrupción en la gestión de gobierno que iniciará el 10 de diciembre, según pudo saber El Litoral.

El ofrecimiento fue realizado oficialmente por el propio Pullaro quien junto al presidente de la Unión Cìvica Radical, Felipe Michlig, citaron a una reunión al titular del PJ y diputado provincial Ricardo Olivera.

La reunión fue la semana pasada y todavía no tuvo respuestas de parte del principal partido opositor en la provincia a nivel legislativo desde diciembre.

“Nos parece fundamental que la oposición esté controlando desde adentro a la gestión” se dijo a El Litoral. También se señaló que Pullaro se comprometió a firmar un decreto para que el área Anticorrupción tenga acceso directo a decretos, expedientes y todas las licitaciones en marcha. “Queremos que si algún funcionario se desvía de la función sea advertido al gobernador o al MPA” se señaló al lado de Pullaro.

La subsecretaría Anticorrupción funciona actualmente en el ámbito del Ministerio de Gobierno y tiene personal a cargo.

“Es muy importante el control externo e interno a la gestión y Maxi quiere evitar todo tipo de sospechas y tener una administración transparente de allí el ofrecimiento al PJ” se dijo a El Litoral.

La Oficina Anticorrupción (OA) anunció este martes a la Justicia que renuncia a la querella en el único juicio en marcha contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el de supuesto fraude en la obra pública por el direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez.

Así lo comunicó al Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante el juicio que tiene como principal acusada a la titular del Senado, sumado a otros ex funcionarios y al empresario Báez.

La novedad fue informada a poco de que comiencen los alegatos, cuyo inicio por parte de la fiscalía estarán a partir del próximo 11 de julio.

“El titular de este organismo ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter. Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido”, sostiene en la comunicación oficial al Tribunal, que lleva la firma del abogado Sergio Aleo.

Si bien la acusación está garantizada por parte de la fiscalía en el juicio, lo que implica esta noticia en términos políticos es que desde el Gobierno se decidió no acusar formalmente a la Vicepresidenta y luego de una querella que había iniciado en 2016.

Tiempo atrás el organismo se había bajado de la acusación a otros juicios contra la Vicepresidenta, como ser el de lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces.

El argumento que esgrimió la OA es que ha incrementado sus recursos en los juicios que se siguen por hechos de corrupción y su nuevo perfil es el de la prevención en las distintas áreas.

El juicio en cuestión, comenzó el mayo de 2019 y ya lleva tres años, es uno de los más largos de los últimos años y su veredicto se estima será o bien para fines de este año o para el 2023, un año cargado políticamente por las elecciones presidenciales.

Son doce las personas juzgadas, entre ellas la Vicepresidenta, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad.