La Organización de Estados Americanos (OEA) llamó este viernes nuevamente a retomar negociaciones entre el Reino Unido y Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas y el presidente Javier Milei destacó que “en lugar de nacionalismo de pacotilla y berreta, desde el Gobierno respondemos con acciones claras y resultados concretos”.

En una asamblea general que se llevó a cabo en Antigua y Barbuda, la OEA adoptó una nueva declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas “por unanimidad y por aclamación” y reafirmó así el “respaldo regional” al llamado a “reanudar negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido”, según destacó la Cancillería argentina.

“Agradecemos el apoyo unánime que hemos recibido de toda América. Las Malvinas son argentinas”, expresó desde las redes sociales la cartera que conduce Gerardo Werthein.

Milei se hizo eco de esta nueva resolución de la OEA y también expresó, a tono con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que “las Malvinas son argentinas”.

“En lugar de nacionalismo de pacotilla y berreta, nosotros desde el Gobierno respondemos con acciones claras y resultados concretos”, añadió el mandatario.

Durante la asamblea de la OEA, el representante argentino ate ese organismo, Carlos Cherniak, sostuvo que “esta controversia debe resolverse mediante el diálogo” y que el Reino Unido “continúa negándose, alegando un supuesto principio de libre determinación en favor de los habitantes británicos de las islas Malvinas”.

Por su parte, Werthein había expresado la misma posición la semana última en ocasión de una reunión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas en Hueva York, donde reafirmó el “compromiso irrenunciable de la Argentina con la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde 1833”.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) descartó este martes indicios de irregularidades en las elecciones presidenciales efectuadas el pasado domingo en Ecuador.

"La misión, hasta el momento, no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección", indicó la Misión de Observación Electoral en un comunicado. Al mismo tiempo, instó a que cualquier denuncia sea presentada ante las autoridades competentes.

La delegación de la OEA informó que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador "coinciden con los datos obtenidos a través del conteo rápido realizado por la misión, manteniéndose dentro del margen de error".

"En este sentido, los resultados reflejan que habrá una segunda vuelta", precisó la misión, encabezada por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz.

La misión de la OEA recordó, asimismo, que los resultados oficiales son aquellos emitidos por el CNE, ya que las misiones de la OEA no sustituyen a las autoridades electorales nacionales ni interfieren en sus atribuciones.

Además, indicó que seguirá acompañando el proceso electoral de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 13 de abril, "con imparcialidad y apego a los principios democráticos".

Con el 96,79 por ciento del conteo de votos difundido este martes por el CNE, el presidente ecuatoriano y candidato a la reelección, Daniel Noboa, lidera la votación con el 44,17 por ciento, superando por una estrecha diferencia a su rival política, Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), que alcanza el 43,94 por ciento.

El CNE aún no termina el escrutinio, pero la tendencia se ha mantenido entre ambos candidatos, por lo que se avecina un balotaje.

Noboa, un millonario empresario de 37 años, y González, heredera del ex presidente Rafael Correa (2007-2017) líder de RC, fueron los candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones de entre otros catorce aspirantes que quedaron rezagados, según los resultados del CNE.

El balotaje de abril será el tercer cara a cara consecutivo entre Noboa y González, pues ya se enfrentaron en los comicios anticipados de 2023, ocasión en que el actual mandatario se alzó con un sorpresivo triunfo. En noviembre de 2023, Noboa asumió el poder por dieciocho meses hasta completar el mandato que no terminó su predecesor Guillermo Lasso (2021-2023), en medio de una crisis política.

La candidata presidencial de Ecuador por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, afirmó en las últimas horas que su contrincante y actual presidente, Daniel Noboa, "hace y deshace con las leyes lo que quiere", con lo que "convirtió al estado de derecho en una dictadura".

En una entrevista para un medio internacional, González denunció que Noboa se lanzó a la campaña desconociendo que "por ley y Constitución debía encargar la Presidencia a su Vicepresidenta, Verónica Abad", pero "ha nombrado a su antojo a quien le dio la gana".

"En una semana tuvimos tres vicepresidentas en este país y la Corte Constitucional se pronunció indicando que él tiene que encargar la Presidencia de la república a su Vicepresidenta y que no puede encargar vía decreto como lo ha estado haciendo.

Es decir, es ilegal, estamos viviendo una dictadura, no hay Estado de derecho, y el señor Noboa hace y deshace con las leyes y la Constitución", declaró. En una entrevista con Actualidad RT, Luisa González acusó a Noboa de repartir bienes del Estado "adquiridos con fondos públicos" a candidatos a la Asamblea para "hacer proselitismo político" y "obtener votos".

La candidata, que el domingo pasó a segunda vuelta para competir contra Noboa en la segunda vuelta del domingo 13 de abril, se pronunció por la "depuración" de las fuerzas públicas en favor de la seguridad. Recordó que en Ecuador, "no es que no hay recursos, es que no los saben usar" y responsabilizó a Noboa por "la peor inversión extranjera de la última década".

El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este martes "irregularidades" en el escrutinio de la primera vuelta presidencial de Ecuador y asegura tener "evidencia" de un posible fraude que le impidió ganar con "una cifra mayor". "Ha habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando.

Seguíamos revisando en ciertas provincias que había cosas que no cuadraban o incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor, el trabajo todavía no está terminado", dijo el mandatario en una entrevista con Radio Centro de Guayaquil.

Habían pasado apenas unos minutos de la comunicación oficial sobre la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud cuando se conocieron las primeras repercusiones. Muchas llegaron desde la Cámara de Diputados que por estos días está en plena actividad en comisiones y que este jueves celebra la primera sesión extraordinaria del año.

Precisamente allí y en el Senado se deberá debatir, llegado el momento, si se deroga la ley 13.211 de 1948 por la cual Argentina adhirió a la OMS. O, en el caso de que el Ejecutivo materialice la decisión a través de un decreto de necesidad y urgencia, si se da curso o se lo rechaza como ocurrió con el que otorgaba fondos discrecionales a la SIDE.

En cualquier caso, no será una salida inmediata sino que requiere de plazos y términos particulares que la harían efectiva en, por lo menos, 12 meses.

Mientras tanto, las críticas a la decisión del gobierno nacional no tardaron en llegar. Legisladores de Coalición Cívica, Democracia para Siempre y la UCR rechazaron la decisión del presidente Javier Milei comunicada el miércoles su vocero Manuel Adorni.

Mario Lugones juró como ministro de Salud de la Nación en octubre de 2024. En las últimas horas aclaró que la salida de la OMS no implica e retiro de la Organización Panamericana de la Salud.

En tanto, Unión por la Patria presentó un proyecto para que la Cámara baja ratifique su voluntad de que Argentina continúe siendo miembro de la OMS. "El potencial abandono de la OMS significaría encarecimiento de los costos en la compra de vacunas e insumos sanitarios, desvinculación con instituciones de salud científico-tecnológicas de otros países, menor acceso a información, desacople de políticas públicas regionales, entre otras consecuencias con impacto directo en la salud de nuestra población", advirtió esa bancada.

El respaldo del oficialismo vino, primero, desde la propia vicepresidenta Victoria Villarruel. La titular del Senado expresó en redes sociales que tanto la OMS como el Gobierno de Alberto Fernández "fueron responsables de las medidas violatorias de los DDHH que padecimos en Argentina y el resto del mundo".

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, salió a aclarar que "salir de OMS no significa salir de OPS que es preexistente y depende de la OEA". En tanto, diputados de La Libertad Avanza hicieron propio el argumento de "soberanía sanitaria" que invocó el gobierno para tomar la decisión anunciada en las últimas horas.

Para la diputada nacional por Santa Fe Mónica Fein, la decisión presidencial sobre la OMS tiene que pasar por el Congreso. "Es una adhesión de 1948 considerada en la Constitución (inciso 22 del artículo 75) dentro de los tratados internacionales con jerarquía superior a las leyes.

"Allí se plantea que denunciar este acuerdo debe mediar la aprobación del Congreso con dos tercios de los votos", resumió en diálogo con El Litoral.

Para Mónica Fein, diputada nacional por Santa Fe, la inequidad en el acceso a la salud debería tener prioridad en la agenda del gobierno nacional. Foto: Archivo/Luis Cetraro

Con respecto a la gestión de la pandemia, argumento que utiliza el gobierno nacional para escindirse de la OMS, Fein, quien proviene del campo de la salud (es bioquímica) reconoce que "podemos cuestionar o poner en duda la acción frente a un hecho inesperado, pero también podemos decir todo lo que hace la OMS para evitar pandemias, garantizar el avance científico y para que la Argentina pueda acceder a todos los avances, conocimiento, información y recursos que nos protegen".

Por otro lado, la ex intendenta de Rosario evaluó que "el Presidente nos plantea una agenda innecesaria. Debe discutirse el sistema de salud que hoy es fragmentado y depende de la capacidad de cada provincia, con una profunda inequidad según el lugar donde nacemos".

Y consigna: "Ojalá pudiéramos estar discutiendo esos temas; pero (el Presidente) nos hace discutir si adherimos a una organización que en su historia fue tan importante para tantos hechos, y que ha aportado más de lo que Argentina le aporta en términos económicos".

"La salud global no es ideología, es un derecho humano esencial", advierte la Sociedad Argentina de Salud Pública. El organismo calificó la decisión del gobierno nacional de retirar a la Argentina de la OMS como "un error estratégico con graves consecuencias para la salud pública".

La gestión de la pandemia por parte de la OMS y del gobierno de Alberto Fernández es uno de los principales argumentos que esgrime el presidente Milei para retirar a la Argentina del organismo internacional. Foto: Archivo/Pablo Aguirre

Para la AASAP, esta medida "puede afectar el acceso a vacunas, medicamentos, asistencia técnica y equipamiento fundamental", a la vez que "debilita nuestra capacidad de respuesta ante futuras pandemias y crisis sanitarias, en un mundo donde las amenazas a la salud no conocen fronteras".

A continuación enumera los efectos de permanecer en el organismo internacional: acceder a cooperación técnica para fortalecer programas de salud pública en el país; garantizar la participación en redes de alerta temprana para epidemias y brotes; tener voz en la toma de decisiones globales sobre salud, en lugar de quedar relegados a depender de acuerdos bilaterales inciertos; continuar con el acceso a insumos críticos esenciales, incluyendo medicamentos de alto costo y vacunas y facilitar el acceso a tecnología médica y equipamiento sanitario, fundamental para un país con capacidad limitada de producción propia en este ámbito", concluye.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó la detención arbitraria del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela y consideró que su caso constituye un "crimen de lesa humanidad".

"El caso del gendarme Gallo constituye un crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", aseguró este viernes el organismo internacional en un comunicado de prensa.

En este sentido, la OEA manifestó su "repudio y condena" ante "la detención arbitraria por parte del régimen de Venezuela del agente de la Gendarmería Nacional Argentina Nahuel Gallo".

"La detención arbitraria de Gallo es una clara violación de normas internacionales y de los principios fundamentales de humanidad y justicia que todos los Estados deben respetar", planteó la organización.

Además, denunció que la "incomunicación y la negación de asistencia consular y legal representan una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares".

"Estos hechos son una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano", señaló la OEA en el parte de prensa.

En tanto, la Secretaría General del organismo le exigió al "régimen de Venezuela" que "cumpla con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos y relaciones internacionales".

Más temprano, se pronunció la CIDH, con medidas cautelares a favor del gendarme. “La Comisión observa que no existe, a nivel interno, posibilidades de pedir protección a favor del beneficiario”, señala el documento oficial del organismo internacional.

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Por eso, en su escrito le exige a Maduro que informe si Gallo “se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención”, que precise si declaró “ante un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos” y que “permita la comunicación con su familia y representantes legales”.

La presentación de la administración de Milei a la CIDH resalta la “arbitrariedad” de la detención de Gallo y pide “medidas urgentes para garantizar su protección, ordenar su liberación inmediata y asegurar su retorno seguro a Argentina”. “Los derechos humanos y la democracia deben ser respetados y protegidos por todos”, apuntó el comunicado oficial argentino.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el video difundido por el gobierno venezolano del gendarme argentino es "una pantomima del régimen".

"No aceptamos ningún juego de una aparición, de una foto, que aparece en un lugar desconocido, caminando, sin sonido y sin fecha", señaló la funcionaria.

Las nuevas imágenes de Gallo son consecuencia del pedido de su familia -al que accedió el gobierno argentino- de dar una "fe de vida" o prueba de vida del gendarme, de quien aseguraron que se encuentra "bien de salud".

En el video, el hombre aparece caminando junto a otros dos detenidos por un patio con gradas sin identificar, vestido con un conjunto celeste y en aparente buen estado de salud.

La familia de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido por la dictadura venezolana, expresó la desesperación por ver al uniformado "como si fuera un delincuente".

Así lo expresó su esposa, María Alexandra Gómez, luego de que se difundiera un video de Gallo como señal de vida: "Fue horrible verlo así. Fue un golpe, un baldazo de agua fría porque no lo estábamos esperando de esta manera".

"Esperábamos que fuesen humanos y dijeran: 'Esta es la prueba que ustedes querían, está bien'. Pero no fue así, jugaron con nuestros sentimientos. Difunden las fotografías y no sabemos quién lo hizo", dijo Gómez en declaraciones radiales.

En esa línea, afirmó que fue una "impresión muy grande" ver a su esposo "uniformado como si fuera un delincuente". Y arremetió contra el gobierno de Nicolás Maduro: "Más que calma, siento muchísima impotencia y dolor que estén jugando así con los sentimientos de una familia".

"Ese no es el alma de mi marido. Fue un circo lo que hicieron. Nahuel es una persona alegre y deportista. No es la persona que yo conozco", añadió.

Gallo fue detenido el pasado 8 de diciembre en su ingreso al territorio venezolano desde Colombia. Iba a visitar a Gómez y a su hijo, quienes habían viajado tiempo antes, ya que la mujer tiene ciudadanía de ese país.

Para el Gobierno bolivariano, el gendarme es un servicio infiltrado que llegó a Venezuela para realizar tareas de espionaje, sabotaje y terrorismo.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este martes que suspendió temporalmente su participación en el proceso de transición, como reacción a un allanamiento del Ministerio Público al depósito del material de las recientes elecciones, en un procedimiento que fue cuestionado por la justicia electoral guatemalteca, la OEA y Estados Unidos.

"Ante la situación provocada por Porras, Curruchiche y Orellana, hemos informado al presidente (Alejandro) Giammattei que suspendemos temporalmente nuestra participación en proceso administrativo de transición en tanto se restablecen las condiciones políticas institucionales necesarias", informó Arévalo este martes por la noche en conferencia de prensa.

Arévalo aludió a la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, a los que acusa de perseguir a su partido, el Movimiento Semilla, y de "golpistas".

"Los golpistas deben renunciar", remarcó el mandatario electo, en declaraciones que él mismo reprodujo en su cuenta en la red X (antes Twitter).

Personal de la FECI allanó esta mañana las instalaciones donde se resguardan las cajas que contienen los votos emitidos, nulos, en blanco y las boletas no utilizadas por cada mesa electoral de la primera vuelta del 25 de junio, a raíz de una denuncia de supuestas anomalías en el escrutinio.

"Este allanamiento surge derivado de una denuncia de un ciudadano" que argumentó ilegalidades en una de las cajas donde se archivaron las boletas de los cinco cargos a elección popular, explicó Curruchiche.

El fiscal afirmó que la diligencia en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la capital, se debió a que se consideró necesario "hacer una verificación sobre la base de esa denuncia".

Además, el funcionario subrayó que el allanamiento es ajeno a una investigación sobre el Movimiento Semilla.

"No hay una implicación directa al partido político Movimiento Semilla y sus dirigentes como para que se puedan victimizar o ir a organismos internacionales o gobiernos extranjeros" a denunciar una persecución judicial, sostuvo Curruchiche.

Después de la primera vuelta, varios partidos perdedores y ciudadanos denunciaron fraude electoral y pidieron un recuento de votos, cuya revisión confirmó los resultados, que ubicaron a Arévalo y a Sandra Torres en la segunda vuelta del 20 de agosto.

El vocero del TSE, Gerardo Ramírez, detalló que la documentación del allanamiento ordenó abrir 160 cajas de la primera vuelta.

Sin embargo, la presidenta del TSE, Irma Palencia, aclaró más tarde que el oficio de la FECI se limitaba a ordenar el "allanamiento, registro, inspección, secuestro de evidencia y extracción" de "información y análisis de datos digitales", pero "en ningún momento habla de la apertura de las cajas" y "mucho menos del conteo de votos o registro de los contenidos que las cajas tienen".

Palencia sostuvo que el operativo "fue grotesco" y puso en duda el origen indicado por Curruchiche: "Cuando vemos el número de referencia, este es un caso que no es una denuncia ciudadana, sino es una denuncia que obedece a una causa distinta y es, además, de la FECI", manifestó.

"Sí hay un quebrantamiento de la custodia del voto, definitivamente", agregó Palencia, según el diario local Prensa Libre.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su "profunda preocupación" por el allanamiento, al que señaló como "una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales".

La preocupación de la OEA por el proceso electoral en Guatemala se refleja en la prolongada presencia del secretario general del organismo, Luis Almagro, en la capital del país centroamericano desde la semana pasada.

Por segundo lunes consecutivo, Giammattei y Arévalo se reunieron ayer para avanzar en el proceso de transición, y Almagro fue testigo de la conversación en ambos casos.

Paralelamente, también Estados Unidos cuestionó esta noche el operativo en el centro electoral.

"Condenamos los allanamientos del Ministerio Público al TSE, al Registro de Ciudadanos y a los almacenes que albergan los resultados electorales; esta acción sin precedentes socava la transición democrática y la voluntad del pueblo guatemalteco", afirmó el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en X.

Arévalo había vuelto a reclamar ayer el cese de la persecución judicial a Semilla, que, sostuvo, afecta la transición hacia su investidura en enero de 2024.

"Es necesario que, además de este proceso (de transición), cese la persecución judicial y la intimidación que se ejerce desde instituciones del sector justicia en contra de nuestro partido y de los funcionarios que han sido electos", dijo el lunes por la noche, en un discurso en la antigua sede del gobierno de la capital.

De su lado, Giammattei se comprometió a entregar el mandato en la fecha prevista y hasta juró que daría su vida para que Arévalo asuma el 14 de enero próximo.

"Le aseguro y si es necesaria mi vida para que usted tome posesión, ahí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste, lo que importa es que a usted el pueblo lo eligió", manifestó.

"Como jefe del Estado yo le garanticé a usted hace una semana y se lo garantizo hoy, va a tomar posesión el 14 de enero, esa es la decisión del pueblo de Guatemala; será buena, será mala, eso no importa, y esa decisión se respeta", agregó el mandatario.

Después de la primera vuelta, la Fiscalía pidió cancelar la personería jurídica a Semilla, lo que fue avalado por el juez Fredy Orellana, aunque después la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y permitió a Arévalo competir en la segunda vuelta.

Tras el balotaje, el fiscal volvió a arremeter contra el partido y el Registro de Ciudadanos suspendió a Semilla, lo que le impedía hacer actividades, e hizo que la conducción del Congreso declarara a la bancada como independiente.

Pocos días más tarde, sin embargo, el TSE levantó la inhabilitación a Semilla hasta el 31 de octubre, una vez que termine formalmente el actual proceso electoral.

El Gobierno de Bolivia llevará ante la Justicia a Luis Almagro, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la auditoría electoral que realizó en 2019 y cuyos resultados desencadenaron una crisis política y social, anunció este viernes el embajador ante el organismo, Héctor Arce. “Es un tema que tarde o temprano, esté o no el señor Luis Almagro, cuando concluya su misión (en la OEA), Bolivia ha de llevarlo a la justicia, porque estos temas no pueden quedarse abiertos”, afirmó Arce al canal estatal Bolivia TV, replicó la agencia de noticias Sputnik.

Almagro, como secretario general de la OEA, avaló la realización de una auditoría a las elecciones presidenciales que ganó el expresidente Evo Morales (2006-2019), cuyos resultados preliminares fueron entregados la madrugada del 10 de noviembre de 2019 y hablaban de irregularidades.

Ese mismo mes, Morales tuvo que abandonar el país acosado por la oposición, la OEA -que emitió una denuncia de fraude electoral, luego desautorizada por auditorías académicas extranjeras- y una parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron su victoria en las elecciones del 20 de octubre.

Horas después de que Morales abandonara el país tras haber renunciado y dos días después de haber denunciado que había sido víctima de un golpe de estado, Jeanine Áñez (2019-2020) se autoproclamó presidenta.

El diplomático boliviano argumentó que conoció recientemente que en la OEA no existen normas para la realización de auditorías como la de 2019.

“No existen normas de auditoría de integridad electoral, es decir, (en 2019) han hecho una auditoría como han querido, han hecho una auditoría sesgada, no podría llamarse jamás una auditoría. Sesgada profundamente por intereses políticos para desestabilizar a un gobierno y a una democracia progresista”, denunció.

El diputado de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, junto al Senador Felipe Michlig, se reunieron con las dos máximas autoridades de la Organización de Estados Americanos, el secretario general, Luis Almagro, y el Senior Advisor, Gustavo Cinosi. “Santa Fe y el país pueden cambiar, si sabemos conectarnos al mundo”, dijo Pullaro, y agregó que “para eso hay que salir del modelo de atraso que propone el kirchnerismo”.

Durante el encuentro, que duró casi dos horas, se plantearon temas vinculados a la seguridad y, particularmente, al narcotráfico. “Una de las áreas de mayor desarrollo de la OEA tiene que ver con la seguridad regional, al respecto es muy interesante lo que podemos lograr si trabajamos en forma conjunta en inteligencia criminal, con una mirada internacional sobre el estado de situación actual y las proyecciones de los fenómenos delictivos, de violencia y narcotráfico a nivel regional”, señaló Pullaro.

Por su parte, Felipe Michlig valoró este primer encuentro: “Comenzamos dialogando con el Secretario General de la OEA sobre el tema que más preocupa a los argentinos y a los santafesinos en particular, que es el flagelo de la inseguridad; pero también sobre el financiamiento de obras de energías renovables, del asfaltado de los accesos a los 39 pueblos que faltan en nuestra provincia y el proyecto de la Bolsa de Comercio de Rosario en materia de interpuertos”, dijo el representante del Dpto. San Cristóbal, y agregó: “son proyectos para una Santa Fe moderna y conectada con el mundo”.

Ya instalado como precandidato a gobernador, Pullaro visitó junto a Michlig, la diputada Silvana Di Stefano y el diputado Fabián Bastía, las oficinas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y seguirá en los próximos días con el Departamento de Policía de Miami. En clara sintonía con su perfil, los legisladores completarán una agenda internacional en busca de asesoramiento y asistencia en seguridad, tanto como de financiamiento de obras claves que la provincia necesita para mejorar la producción y la calidad de vida de los santafesinos.

El diputado de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, junto al Senador Felipe Michlig, se reunieron con las dos máximas autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Secretario General, Luis Almagro, y el Senior Advisor, Gustavo Cinosi. “Santa Fe y el país pueden cambiar, si sabemos conectarnos al mundo”, dijo Pullaro, y agregó que “para eso hay que salir del modelo de atraso que propone el kirchnerismo”. Durante el encuentro, que duró casi dos horas, se plantearon temas vinculados a la seguridad y, particularmente, al narcotráfico. “Una de las áreas de mayor desarrollo de la OEA tiene que ver con la seguridad regional; al respecto es muy interesante lo que podemos lograr si trabajamos en forma conjunta en inteligencia criminal, con una mirada internacional sobre el estado de situación actual y las proyecciones de los fenómenos delictivos, de violencia y narcotráfico a nivel regional”, señaló Pullaro. Por su parte, Felipe Michlig valoró este primer encuentro: “Comenzamos dialogando con el Secretario General de la OEA sobre el tema que más preocupa a los argentinos y a los santafesinos en particular, que es el flagelo de la inseguridad; pero también sobre el financiamiento de obras de energías renovables, del asfaltado de los accesos a los 39 pueblos que faltan en nuestra provincia y el proyecto de la Bolsa de Comercio de Rosario en materia de interpuertos”, dijo el representante del departamento San Cristóbal, y agregó: “Son proyectos para una Santa Fe moderna y conectada con el mundo”. Ya instalado como precandidato a gobernador, Pullaro visitó junto a Michlig, la diputada Silvana Di Stefano y el diputado Fabián Bastía, las oficinas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y seguirá en los próximos días con el Departamento de Policía de Miami. En clara sintonía con su perfil, los legisladores completarán una agenda internacional en busca de asesoramiento y asistencia en seguridad, tanto como de financiamiento de obras claves que la provincia necesita para mejorar la producción y la calidad de vida de los santafesinos.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por aclamación una declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, que reafirma una vez más la necesidad de que los Gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden cuanto antes las negociaciones sobre la disputa de soberanía con el objeto de encontrar una solución pacífica a la controversia.

El canciller argentino Santiago Cafiero agradeció a sus pares la aprobación de la declaración, que fue presentada por el representante de Brasil en el marco del 51 período de sesiones de la OEA que se desarrolla desde el miércoles en Guatemala.

“Vengo apoyado por la voluntad y el sentimiento unánime del pueblo argentino a evocar la histórica solidaridad americana”, sostuvo el canciller al participar en forma virtual de la Asamblea y manifestó que “la Cuestión Malvinas es un tema histórico y central para todos los argentinos”.

En ese sentido, señaló que “nuestra Constitución Nacional así lo reconoce al establecer en su Cláusula Transitoria Primera que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

“Se trata de un objetivo que trasciende a los gobiernos y constituye una verdadera política de Estado”, expresó y dijo que en la misma “coincidimos todas las fuerzas políticas de mi país”.

Cafiero señaló que “un reflejo de ello fue la creación, en agosto de 2020, por Ley 27558, del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, en el ámbito de la Presidencia de la Nación”.

“El paso del tiempo no ha debilitado la validez de nuestro reclamo ni la firmeza de nuestra convicción”, advirtió el canciller argentino durante la sesión en la que numerosos países intervinieron reafirmando su apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido, entre ellos, los representantes de Brasil, Ecuador, Paraguay, México, Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, Perú, Guatemala, Chile, Panamá y El Salvador.

Cafiero recordó que los Estados Miembros de la OEA “han construido un consenso histórico a través del compromiso asumido por su más alto órgano, esta Asamblea General, que declara que la Cuestión Malvinas constituye un tema de interés hemisférico permanente”, y mencionó las “más de treinta resoluciones y declaraciones adoptadas en la OEA desde 1982”.

Esas resoluciones y declaraciones, dijo, “reconocen la existencia de la disputa de soberanía sobre las Islas” e “insta a las partes a entablar negociaciones para resolverla por la vía pacífica”.

“La usurpación británica, llevada a cabo en tiempo de paz y contraria al derecho internacional vigente en la época, representó un quebrantamiento de la integridad territorial argentina, y ha sido protestada desde entonces y hasta el presente sin interrupción, y nunca consentida por mi país”, explicó el canciller en la sesión en la que Uruguay propuso aprobar por aclamación la declaración.

En ese sentido, señaló que “esto convierte a las Islas Malvinas en un territorio colonial, pero no en un pueblo colonizado” y dijo que los habitantes de las Islas “son una población trasplantada, y a diferencia de los casos clásicos de colonialismo en que un pueblo preexistente es víctima de la instauración de una dominación colonial, en la cuestión Malvinas no existe un pueblo sometido a subyugación, dominación o explotación por una potencia colonial”.

“En 1965 mediante la adopción de la resolución 2065 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la Cuestión Malvinas fue caracterizada como un caso especial y particular de descolonización en el que se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido que debe ser resuelta por negociaciones bilaterales teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas”, manifestó el canciller en su exposición.

Asimismo, afirmó que “en razón de ello, ni la resolución 2065 (XX), que define la cuestión de las Islas Malvinas en el marco de las Naciones Unidas, ni ninguna de las resoluciones siguientes sobre la cuestión tanto en la Asamblea General como en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, contempla la aplicación del principio de libre determinación a la cuestión”.

Cafiero, al finalizar su planteo, señaló que Argentina “ha expresado reiteradamente su disposición a dialogar con el Reino Unido” y “mantiene su firme voluntad de negociar para encontrar una solución pacífica a la disputa”.

“Lamentablemente, persiste la negativa británica a restablecer el diálogo bilateral, contrariando no sólo las reiteradas resoluciones de la ONU y de la OEA sino también numerosos pronunciamientos de la comunidad internacional”, advirtió.

En ese contexto, destacó que Argentina “aspira a que nuestra región sea reconocida como un ejemplo de paz y diálogo entre las naciones” y dijo que “para lograrlo es necesario encontrar una solución a la controversia de soberanía”.

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