Por Diego Guilisasti (*)

El 18 de febrero pasado, el Observatorio de la Deuda Social Argentina publicó un informe titulado "Argentina siglo XXI: Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos". En el mismo, lo que más llama la atención, y ha sido rápidamente replicado por los medios, es su advertencia de que el 57,4% de los habitantes de Argentina es pobre. Según releva el informe, el salto que se produjo fue del 49,5% en diciembre 2023 al 57,4% en enero 2024, llegando al nivel más alto en veinte años. Esto quiere decir que, durante el mes de enero último, 3.685.711 argentinos y argentinas pasaron a ser pobres.

Para profundizar aún más en el número, cabe remarcarse que, según el Indec, el total de la población argentina actual es de 46.654.581. Entonces, el 57,4% de pobreza en nuestro país implica que hay 26.779.729 de personas cuyos ingresos mensuales no alcanzan para cubrir su canasta básica de alimentos, educación, salud, vestimenta, transporte, etc. ¿Qué significa esto en términos concretos? Pasaré a relatarles un caso real con nombres ficticios para preservar la identidad de sus protagonistas.

María es mamá de cinco varones y una nena. El más grande tiene 18 años y el más pequeño es un bebé de siete meses. Cinco de ellos (todos menos el bebé) recurren a una organización social que les brinda apoyo escolar hace ya cinco años. Cuando llegaron, ninguno de ellos sabía leer ni escribir, aunque asistían todos los días a la escuela. En la organización detectaron problemas de visión en José, el hijo más grande de María. Tenía cataratas en uno de sus ojos, producto de una infección que tuvo cuando era pequeño que no había sido tratada correctamente. Desde que tenía 3 años, no veía absolutamente nada con su ojo izquierdo. En la organización cubrieron sus gastos médicos y entonces José pudo operarse, recuperando el 30% de la visión en su ojo.

Además, tres de los niños mostraban desnutrición, por lo que se comenzó con asistencia alimenticia urgente apenas entraron. La familia hacía varios años que recurría a comedores de la zona, para poder contar con al menos una comida al día; sí, poder comer al menos un plato de comida por día cuando lo recomendado son cuatro. El papá de los chicos recupera de la basura lo que cree que puede revender, pero gasta la mayoría de los ingresos que consigue en alcohol, lo que deriva la mayoría de las veces en hechos violentos contra María o incluso contra los chicos. María tiene 32 años, no terminó la primaria y no sabe leer ni escribir. Aunque lo único que recibe son negativas, no deja de buscar algún trabajo que le permita poner un plato más de comida por día para los chicos o comprarles zapatillas para que no vayan descalzos a la escuela. Los ocho integrantes de la familia de María son parte de esos 26.779.729 argentinos y argentinas pobres.

En su misa por la VII Jornada Mundial de los Pobres del año pasado, el papa Francisco dijo que "la pobreza es un escándalo" y llamó a escuchar los "gritos de dolor" de los más necesitados, los cuales son "sofocados por la indiferencia general de una sociedad ocupada y distraída". Coincido absolutamente con Francisco e interpreto que se refirió metafóricamente cuando habló de escuchar los "gritos de dolor". Pero no es fácil escuchar los gritos de dolor de María o sus hijos porque los pobres no gritan. Quizás lo hicieron sus abuelos que también fueron pobres, o sus padres (un poquito menos fuerte), quienes también fueron pobres. Pero ella no grita… Años de vulneración de derechos en una sociedad que les fue absolutamente indiferente los llevó a entender que era mejor destinar su energía a conseguir el plato de comida de ese día en lugar de gritar algo que nadie escucha desde hace años.

Además de ser un escándalo, la pobreza debería ser una vergüenza para todos y cada uno de nosotros que pertenecemos al 42.6% de la población que no es pobre. ¿Cómo podemos llamarnos "seres sociales" y convivir indiferentes y distraídos con esta situación? Puedo entender que María no grite, pero aún no logro comprender nuestra pasividad y permisividad cívica para que esto se sostenga. Generalizo, lo sé. Pero lo hago para enfatizarlo. La actualidad de nuestro país es muy triste, pero hay esperanza. Contamos con miles de personas que no están distraídas ni son indiferentes, y que escuchan a quienes ya no gritan, pero hablan y expresan su dolor. Cientos de Organizaciones Sociales en todo el país atienen las necesidades más urgentes de ese 57,4% y dan de comer, brindan abrigo, ofrecen un techo, dan apoyo escolar, contienen, contienen y contienen.

El año pasado José, el hijo más grande de María, terminó la secundaria y estaba pensando en seguir sus estudios en algo relacionado con el arte, y buscar algún trabajo que le diera ingresos para cubrirlos y ayudar a su mamá y a sus hermanos.

En días en los que se escuchan fuertes críticas a las Organizaciones de la Sociedad Civil seamos conscientes de que a ellas les debemos mucho; tanto que ni siquiera podemos imaginarlo… Porque vaya uno a saber qué sería de nuestras calles si esa contención no existiera. Nunca es tarde para seguir el ejemplo de quienes las lideran y sumarse para dar una mano. Nunca es tarde para escuchar a quienes dejaron de gritar por sus derechos y, por qué no, gritar por ellos y por ellas.

(*) Magister en Diseño y Gestión de Programas Sociales, director del Observatorio de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Santa Fe y docente vinculado a la Cooperativa Cartoneros de Santa Fe.

(Por Ignacio Hintermeister) – Entre el segundo semestre del 2019 e igual período del 2022, “se observa que el gasto público primario pasó de 18,7% al 20,3% del PBI, dentro del cual el gasto en planes asistenciales (sin incluir la AUH), pasó de 0,7% al 1,8% del PBI. La inflación pasó del 53% al 85% anual. La cantidad de pobres pasó de 10 millones a 11,5 millones de personas”.

¿Hay más pobreza porque hay más planes? El enfoque fiscalista del centro de estudios que dirige el economista Jorge Colina tiene su lógica contable cuando señala que el déficit fiscal incrementado por el gasto social ayuda a generar la inflación que licúa el poder de compra de los planes. Lo mismo, hay que agregarlo, sucede con los salarios, lo que explica más pobreza a menor desempleo.

De la misma manera se puede decir incluso que la inflación es lo que genera más pobres aun cuando hay menos desempleo, por su impacto depredador en el salario. Las cifras de las que se jacta el gobierno incluyen como “empleados” a los beneficiarios de programas sociales. Y asalariados o asistidos, tienen menos poder de compra por efecto de la pérdida del valor de la moneda.

La paradoja es que, si se toma por cierta la premisa de Idesa, según la cual “el incremento del gasto asistencial aumenta la pobreza”, no se puede omitir que eliminar planes asistenciales, también lo hace. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, la Tasa de Pobreza de 2022 era de 43,1%, pero sin AUH, otros programas ni pensiones no contributivas, el cálculo alcanzaba el 50%.

La billetera asistencial del Estado evitaba el año pasado un 6,1% más de pobres. Ahora los especialistas del ODS/UCA calculan que el 39,2% de las personas que viven bajo la línea de pobreza (medición por ingresos según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec), superarían el 50% sin los planes.

Pero hay un singular plano de sintonía entre el planteo de Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA, y el del equipo de Collina. Para el primero de ellos, la inflación de tres dígitos promete este año 45% de pobreza medida por el Indec, a lo cual habría que agregarle 10 puntos y más si se sacan los planes, por efecto de la inflación.

“Desde hace mucho tiempo que la economía argentina no garantiza un crecimiento estable y prolongado de manera sostenible. Durante los últimos 40 años el crecimiento promedio apenas fue del 1% anual, claramente deficitario para atender deudas sociales históricas, o para dar un salto en ciencia y tecnología, o para responder a justas demandas sociales, y, sobre todo, permitir invertir en el capital humano de las nuevas generaciones”.

El párrafo no viene de la ortodoxia sino del último informe del Observatorio de la Deuda Social. Sirve para observar que el crecimiento con justicia social, incluso el criterio de redistribución de riqueza requiere primero producir/enriquecer para solventar la asistencia. No es lo mismo el Estado Presente que el Estado de Bienestar, como es diferente repartir dinero impreso que generar condiciones equitativas de progreso.

O como diría Anthony de Jasay (la lógica del liberal no invalida en este caso un legítimo progresismo): “No es que sea imposible poner el carro delante del caballo, sino que no resulta muy práctico. Ni prueba que el caballo no pueda tirar”.

Según el relevamiento que la UCA realiza a través del Observatorio de la Deuda Social Argentina entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo período del año anterior, la pobreza se redujo del 44,7% al 43,8%, mientras el desempleo bajó de 14,2% a 9,1%. La buena noticia queda matizada porque el informe consigna que la calidad del empleo disminuyó marcadamente en los trabajadores marginales y en los hogares de nivel socioeconómico bajo y muy bajo. Y a la vez la población perdió poder adquisitivo. Por el efecto del confinamiento severo que generó la pandemia, entre 2019 y 2020 la tasa de desocupación se incrementó de 10,6% a 14,2%. “La posterior reactivación, el efecto de un persistente desaliento y las licencias por COVID-19 generaron que en 2021 la desocupación disminuya al 9,1% de la población económicamente activa”, consigna el Observatorio que dirige Agustín Salvia. Hoy el 9,1% es comparable al registro de 2014. Tanto el año pasado como éste jugó fuerte el “efecto desaliento”: desocupados que abandonaron la búsqueda de empleo al ver que disminuían las chances de conseguir trabajo. La UCA estima que sin este desaliento, y sin las vacantes que se abrieron por las licencias y suspensiones por COVID-19, la desocupación se habría incrementado a niveles cercanos al 28,5% en 2020 y al 12,5% en 2021 . La desocupación bajó en un marco inestable. En 2021 solo el 42,1% de la población económicamente activa tenía un empleo pleno de derechos mientras que el 29,6% tenía un empleo precario, el 19,2%, un subempleo inestable y el 9,1% estaba desocupado. Esta situación, unida al efecto de la inflación, hizo que entre 2019 y 2021 el poder adquisitivo del total de los ocupados disminuyera el 7,4%. En 2021 la media de los ingresos mensuales del total de los ocupados fue de $ 50.534. Pero las situaciones son muy desiguales. Para los trabajadores con empleo pleno el ingreso medio fue de $ 68.973 y para los que tienen un subempleo inestable fue de $ 18.637.

“En el sector formal hay pocos empleos nuevos, con salarios que poco acompañan la inflación o van a la baja. En el informal se recupera más el empleo, pero golpea más la inflación, por eso no se llega a producir un giro en la situación social”, detalló Salvia en diálogo con la prensa. “Vemos un empobrecimiento de las clases medias con capacidades de ahorro”. En cuanto a la pobreza, entre julio y octubre de 2021, el 43,8% de las personas eran pobres, mientras que el 8,8% de las personas eran indigentes. Mientras que los niveles de indigencia se encuentran en valores relativamente similares a los de la prepandemia, la pobreza por ingresos es aún superior a la que se registraba en 2019, cuando llegaba al 39,8%. En este punto, Salvia destacó que “los planes sociales son fundamentales para evitar que se dispare la indigencia”. Sin estas ayudas ese índice -que es una sub categoría de la pobreza- saltaría de 8,8% a 18%. “Los efectos que tendría sacar los programas serían muy fuerte desde el punto de vista social. Generar reducciones a los programas tiene efectos muy corrosivos”. En cuanto a la pobreza, la estimación de la UCA es que sin los planes pasaría de 43,8% a 48,9%. El relevamiento estima que en 2021, el 64,9% de los niños/as y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 14,7% en hogares con ingresos por debajo de la frontera de la indigencia. En 2020 la pobreza había llegado al 44,7% y no escaló más allá por el impacto de medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con tres bonos de $ 10.000 para 9 millones de personas. En 2021 el IFE se discontinuó. “Esta vez hubo menos protección social que el año pasado porque la apuesta fue a que la recuperación de la economía ayudara a bajar el desempleo y la pobreza. Y en parte ayudó, pero la inflación se llevó puesta parte de esa recuperación”, explicó Salvia. Para 2022 el panorama no repunta. “En el mejor de los casos esperamos una tasa de crecimiento del PBI de  1,5% o 2%.  No va a haber crecimiento del empleo sino estancamiento. El mejor de los escenarios es que la tasa de pobreza esté alrededor del 40%”, apuntó Salvia. A la Argentina le va a llevar largos años volver a los niveles de pobreza del 2017, cuando el indicador estaba en 28%. “La proyección que nosotros hacemos, sin ser tan pesimistas, es que para llegar a 2030 con los niveles de pobreza de hace cuatro años necesitamos crecer 8 años al 4% anual”, dijo Salvia.