Los trabajadores en relación de dependencia, empleados del servicio doméstico y monotributistas que deseen continuar afiliados a su actual obra social tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 para manifestar su voluntad de permanencia.

La medida, dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud, busca garantizar el derecho de los beneficiarios a elegir con libertad dónde destinar sus aportes.

Con el objetivo de fortalecer el derecho de los beneficiarios a decidir sobre su cobertura médica, la Superintendencia de Servicios de Salud resolvió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para que las personas puedan manifestar su “voluntad de permanencia” en la obra social que actualmente recibe sus aportes.

Esta decisión, formalizada a través de la Resolución 1608/2025 publicada en el Boletín Oficial este miércoles 7 de agosto, se enmarca en un proceso de adecuación del sistema de salud que integra a las prepagas en el régimen de obras sociales.

La normativa establece que los aportes de los trabajadores serán enviados a la prepaga con la que estén afiliados, salvo que manifiesten expresamente su deseo de seguir en su obra social de origen.

El trámite, que se realiza de manera online a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), es simple y seguro: el beneficiario debe ingresar con su CUIT y clave fiscal. Este procedimiento está disponible para trabajadores en relación de dependencia, empleados del Régimen Especial de Seguridad Social para el Servicio Doméstico y monotributistas.

“Este mecanismo busca garantizar un canal claro y accesible para ejercer la voluntad individual, en línea con el principio de libre elección”, señala la resolución firmada por el Superintendente de Servicios de Salud, Claudio Adrián Stivelman.

La prórroga del plazo fue fundamentada en la necesidad de asegurar condiciones materiales adecuadas para que todos los afiliados puedan acceder a la información, evaluar sus opciones y manifestar su decisión con libertad y sin apuro.

“El ejercicio pleno y libre del derecho de elección por parte de los beneficiarios exige condiciones que aseguren el acceso equitativo a los medios tecnológicos disponibles”, destaca el texto oficial.

Desde el organismo también se recordó que los aportes y contribuciones destinados al sistema de salud son parte del salario diferido del trabajador. Por eso, cualquier decisión sobre su destino debe estar orientada exclusivamente a garantizar un acceso efectivo a los servicios de salud, y no responder a intereses administrativos o corporativos.

Asimismo, se remarca que los afiliados que no manifiesten su voluntad de permanencia antes del 31 de diciembre verán automáticamente derivados sus aportes a la empresa de medicina prepaga que hayan contratado, perdiendo la afiliación a su obra social anterior. En cambio, quienes completen el trámite seguirán afiliados a su actual obra social, como hasta ahora.

Otro dato relevante es que la nueva resolución incorpora un artículo que exime a los afiliados alcanzados por esta normativa de cumplir con un período mínimo de permanencia de doce meses en la nueva entidad receptora de sus aportes. Esto significa que podrán cambiar de prestador sin necesidad de esperar un año, como ocurre normalmente en el sistema.

La Resolución 1608/2025 forma parte de un conjunto de medidas impulsadas por el Ministerio de Salud de la Nación para avanzar en la integración del sistema de salud y garantizar que cada persona pueda elegir libremente su cobertura, sin interferencias ni obstáculos burocráticos.

En este sentido, se ratifica la importancia de que las derivaciones de aportes se hagan exclusivamente sobre la base de decisiones expresas de los beneficiarios.

“El respeto por la voluntad de los afiliados es esencial para fortalecer la confianza en el sistema, promover la libre competencia y asegurar que las derivaciones se realicen conforme a lo expresado legítimamente por cada beneficiario”, concluye la normativa.

La iniciativa también apunta a evitar que, por desconocimiento o falta de acceso a las herramientas digitales, las personas pierdan la cobertura que realmente desean mantener. Por eso, desde la Superintendencia se insiste en la necesidad de difundir masivamente esta posibilidad y brindar asistencia a quienes necesiten completar el trámite.

Para realizar la manifestación de voluntad de permanencia en la obra social, los beneficiarios deben:

Ingresar a la plataforma Trámites a Distancia (TAD) del Estado Nacional: www.argentina.gob.ar.

Iniciar sesión con CUIT y clave fiscal.

Buscar el trámite “Voluntad de Permanencia en Obra Social”.

Completar el formulario y enviarlo.

Es importante tener en cuenta que este trámite debe hacerse antes del 31 de diciembre de 2025. De lo contrario, el sistema derivará los aportes y contribuciones a la entidad de medicina prepaga con la que el beneficiario se encuentre inscripto, perdiendo la afiliación a su obra social anterior.

Desde el 21 de agosto, todas las obras sociales y entidades de medicina prepaga del país deberán ofrecer credenciales físicas de identificación a sus afiliados que así lo soliciten.

La decisión fue establecida por la Resolución 1463/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud y apunta a garantizar el derecho al acceso equitativo a las prestaciones de salud, en especial para aquellas personas que tienen dificultades para utilizar herramientas digitales.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, reconoce que si bien la digitalización de los sistemas de salud representa un avance, también puede generar obstáculos para parte de la población. Por ejemplo, para personas mayores, personas con discapacidad, quienes no cuentan con acceso a Internet o no tienen teléfonos compatibles, o quienes no tienen la capacitación necesaria para desenvolverse en entornos digitales.

“Debe destacarse que no existe disposición normativa que imponga a los usuarios la obligación de utilizar exclusivamente credenciales digitales como medio de identificación para acceder a prestaciones de salud”, señala la resolución firmada por Claudio Adrián Stivelman, titular del organismo.

En ese sentido, se remarca la necesidad de garantizar alternativas físicas para no condicionar el acceso a la atención médica a recursos tecnológicos que no están al alcance de todos.

La resolución establece que las obras sociales y prepagas deberán entregar la credencial física sin cargo, a simple solicitud del afiliado, y en un plazo máximo de 15 días hábiles. Además, deberá brindarse la posibilidad de elegir entre retirarla en forma personal o recibirla por correo en el domicilio declarado.

Las entidades también estarán obligadas a informar de forma clara y accesible:

Que los usuarios tienen derecho a pedir la credencial física.

Cuáles son los medios disponibles para solicitarla.

Cuáles son las modalidades de entrega habilitadas.

Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, se instruyó a la Gerencia de Control Prestacional de la Superintendencia a fiscalizar su implementación. Asimismo, se aclara que el incumplimiento por parte de las entidades de salud podrá ser sancionado conforme al régimen vigente.

La disposición aplica tanto a los Agentes del Seguro de Salud, regulados por la Ley 23.660 (es decir, obras sociales), como a las entidades de medicina prepaga, enmarcadas en la Ley 26.682. Es decir, prácticamente abarca a todas las personas afiliadas a un sistema de salud financiado, ya sea sindical o privado.

La resolución comenzará a regir 30 días después de su publicación, por lo tanto, será exigible desde el 21 de agosto de 2025. A partir de esa fecha, toda persona afiliada podrá solicitar su credencial física en su obra social o prepaga, sin necesidad de justificar el pedido.

El texto destaca que la credencial física es un “instrumento simple, directo y accesible, que garantiza la atención en condiciones de equidad en todo el territorio nacional”. Por eso, aunque las versiones digitales seguirán disponibles y vigentes para quienes las prefieran, no podrán ser el único mecanismo para acreditar identidad ante un prestador de salud.

Por Ramiro Huber (*)

Están sucediendo cosas en el sector Salud de la Argentina que ameritan ser analizadas, o por lo menos tenidas muy en cuenta, para reconocer sus características y poder prever sus efectos. Se trata de la implementación de diversas medidas desde el Gobierno que, en nombre de la necesaria búsqueda de mayor eficiencia, pueden afectar el derecho a la salud al condicionar el acceso a los servicios de salud a la capacidad de pago de cada individuo, resultando en una mayor inequidad. Veamos un par de casos concretos: 

1. La desregulación de la seguridad social: desde sus orígenes en los años 60, las obras sociales sindicales nacionales contaron con la “cautividad” de sus beneficiarios, que no podían disponer de otro destino para sus aportes y contribuciones laborarles que el de su obra social por rama de actividad. La desregulación del sistema ocurrida en los años 90, permitió que cada trabajador gozara de la libertad de elección, llevando sus aportes a otra obra social que elija. El sindicalismo no fomentó esta competencia entre pares, y los traspasos no fueron masivos. Ahora el gobierno profundiza esta posibilidad de cambio admitiendo el ingreso de las empresas de medicina prepaga como oferentes de sus planes de cobertura a los trabajadores formales, pero no aplica mecanismos de compensación que eviten el “descreme” de las obras sociales que pierdan a sus aportantes más jóvenes, saludables y de mejores salarios. Cuotas de prepagas que aumentan temerariamente sus precios y obras sociales que se desfinancien por el escape de sus mejores aportantes, no harán más que profundizar la inequidad del sistema de salud. “La libertad de elección te permite elegir la salsa con que serás comido", dice Eduardo Galeano. 

2. Las desigualdades sociales enferman: el crecimiento de la pobreza y de la indigencia, el ajuste que recae sobre los jubilados, el recorte de cobertura de medicamentos que se aplica en el PAMI, el desfinanciamiento universitario, los intentos por reducir el gasto público en salud desde Nación trasladando la responsabilidad de todo el gasto social a las provincias, son claras decisiones que muestran a un Gobierno preocupado por la marcha de la macroeconomía sin reparar en los daños que comienzan a generarse producto de la negación, el descuido o la desidia por la creciente deuda social interna que genera mayores desigualdades y determinan la diferente e injusta manera de enfermar y morir en la sociedad. Como lo dijo el Dr. Ramón Carrillo, “frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas".

(*) El doctor Ramiro Huber es un profesional de la salud graduado con diploma de honor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), especialista en Medicina General y Familiar y Magíster en Salud Pública. Además, fue secretario de Salud provincial; subsecretario en Gestión de Procesos de Trabajo y subdirector de Entes Comunitarios, además de haber sido subdirector del Hospital Provincial de Rosario.

Las empresas de medicina prepaga deberán aportar como las obras sociales al Fondo Solidario de Redistribución. La medida fue confirmada a través del Decreto 600/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El Decreto, reemplaza el artículo 19 de la Ley N° 23.660 y deroga el artículo 19 bis de la misma ley. La nueva normativa busca simplificar y unificar los montos de aportes, eliminando disparidades que, según el gobierno, han generado desequilibrios y contradicen los principios de equidad.

La medida se basa en la necesidad de actualizar y revisar un sistema que, hasta ahora, permitía una variabilidad en los aportes al Fondo Solidario de Redistribución en función de las remuneraciones brutas mensuales y la clasificación de las obras sociales. Anteriormente, los aportes podían variar entre el 10%, 15% y 20% dependiendo de estas variables.

El gobierno señalo que el monto de $1000 pesos establecido en el inciso a) del artículo 19 de la Ley N° 23.660 para diferenciar las remuneraciones brutas mensuales se ha quedado desactualizado, no reflejando la realidad económica actual. Esta disparidad se traduce en un sistema inequitativo, beneficiando a ciertos agentes sobre otros y contradiciendo los principios de igualdad y libre competencia.

Unificación de Aportes:

Nuevo Porcentaje de Contribución: Se establece un porcentaje fijo del 15% para todas las entidades que deben contribuir al Fondo Solidario de Redistribución. Este cambio busca eliminar la variabilidad y promover una mayor transparencia y equidad en el sistema.

Derogación del Artículo 19 bis: Se elimina el coeficiente del 20% destinado a entidades que recibían adicionales, buscando simplificar y unificar los aportes.

Modificaciones a la Ley N° 26.682:

Planes de Adhesión Voluntaria: Los planes de adhesión voluntaria comercializados por las Entidades de Medicina Prepaga y las entidades comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 26.682 no realizarán aportes al Fondo Solidario de Redistribución ni participarán del mismo, excepto si reciben aportes y contribuciones del artículo 16 de la Ley N° 23.660.

Nuevas Regulaciones para Agentes del Seguro de Salud:

Se aclara que los Agentes del Seguro de Salud, dependiendo de su inclusión en el inciso i) del artículo 1° de la Ley N° 23.660, pueden ofrecer planes superadores dentro del marco de la Ley N° 26.682.

Se especifican los requisitos para la afiliación, evitando discriminaciones y periodos de carencia, con excepciones para ciertos agentes.

El gobierno indicó que estas modificaciones tienen como objetivo asegurar una participación justa y equitativa de todas las entidades en el sistema de salud, fortaleciendo el Fondo Solidario de Redistribución. La medida también busca garantizar que todos los planes que se rijan por la Ley N° 23.660 y reciban aportes y contribuciones del artículo 16 contribuyan de manera justa, promoviendo los principios de solidaridad y equidad.

Además, la nueva normativa permite que los Agentes del Seguro de Salud amplíen sus funciones y ofrezcan servicios de salud más adaptados a las necesidades cambiantes de la sociedad, en concordancia con la Ley N° 26.682. Esta flexibilidad es vista como un paso importante hacia un sistema de salud más dinámico y eficiente.

El Decreto 600/2024 comenzará a regir a partir del primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 1 de agosto de 2024. Además, se dio cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para que se pronuncie respecto a la validez o invalidez de este decreto en el plazo de diez días hábiles.

Los efectores privados de Salud de Argentina atraviesan una realidad compleja. El difícil momento fue expuesto por CONFECLISA, la Confederación que integra a los hospitales, clínicas y sanatorios de toda la Argentina, desde donde se lanzó un comunicado en los últimos días advirtiendo la “situación crítica, donde la falta de material descartable, drogas necesarias para la anestesia y material quirúrgico está afectando de manera significativa la calidad de la atención que podemos brindar a nuestros pacientes".

En esa sintonía, resaltaron que "la mayoría de estos productos son importados, y la constante inestabilidad económica, junto con un aumento incontrolable del valor del dólar, nos está llevando a una situación insostenible".

En Venado Tuerto, si bien el funcionamiento de los nosocomios tanto públicos como privados hasta el momento es normal y solo se registran algunas demoras en el privado, relacionado a las cirugías cardiovasculares por falta de entrega de válvulas, advierten que la situación es compleja. 

Consultadas por Sur24, las autoridades del hospital Alejandro Gutiérrez informaron que por el momento “no hay problemas”, y aunque sostuvieron que algunas licitaciones de insumos están demoradas por falta de cotización de los proveedores, todavía no afecta al hospital regional porque “hay stock”. 

En el ámbito privado advierten que, si bien hay faltantes en todos los rubros, “por ahora se pueden suplir”. Así informaba a este medio el director médico del Sanatorio San Martín, Joaquín Sánchez de Bustamante, aclarando que “no hay entrega de válvulas cardíacas para cirugías cardiovasculares. Ese tipo de cirugías están demoradas”.

Por su parte, el director del San Martín, Emilio Venturelli, hizo un análisis de la situación actual de los efectores privados de salud en medio de la creciente inflación y la suba del dólar. 

En comunicación con Sur24, Venturelli sostuvo que “el dólar afecta a todos los insumos y materiales, eso fue histórico”, ahondando en que “las drogas medicamentosas y los equipamientos son de origen extranjero, por lo que enseguida afecta todo esto”. 

Pero más allá de la divisa norteamericana, lo que más afecta al sector en la actualidad es “la tremenda inflación que tenemos, que hace insostenible una actividad normal”, dijo el empresario.

El director del Sanatorio San Martín, uno de los efectores privados de mayor demanda en Venado Tuerto, manifestó además la complejidad del sistema de pago que sostienen las obras sociales con los prestadores, donde “en el mejor de los casos, y con las obras sociales que mejor nos atienden, estamos cobrando a 60, 70 y hasta a 90 días. Esto es terrible, -aclaró- porque con esta inflación vamos todos los meses un poco más para atrás y ya empezamos a notar eso, sobre todo los médicos”, ampliando sobre la imposibilidad que “un médico pueda vivir dignamente con todos los compromisos, obligaciones, movilidad, estudios y demás. Eso es lo más grave”. 

En otro tramo de la entrevista, el director del sanatorio ubicado en calle San Martín subrayó que “nosotros, por ser sobrevivientes de otras crisis, tuvimos la precaución de guardar stock, pero si no hay reposición se termina rápido”. Además, exclamó que “todavía estamos trabajando porque tenemos insumos para un tiempito más. Lo deseable es que la situación se componga, porque los stocks se terminan si no se normaliza la reposición. Por ahora estamos trabajando con normalidad”.

Consultado sobre las elecciones presidenciales del próximo domingo 22 de octubre, Venturelli recalcó que “lamentablemente, no veo nada atractivo en estas elecciones como para pensar en que rumbo ir”. Según su parecer, “esto depende muchísimo de nuestro endeudamiento y no hay ninguno de los equipos de gobierno nuevos que te explique cómo vamos a hacer para que se pueda abrir el mercado, teniendo semejante endeudamiento externo e interno”.

El empresario venadense señaló que “estamos a la deriva, tan mal como en el 2001, pero también salimos de aquella terrible crisis. Esperemos que la gente vote con su mejor saber y entender y que esto empiece a tener un rumbo más normal”. 

Sobre su elección personal el próximo domingo, dijo que, “si tuviera que elegir a quien votar, hoy diría que al que me está diciendo que quiere un país más normal, pero lamentablemente estamos ante tres fuerzas que realmente es una taba al aire”, argumentando que “lo grave es pensar en ‘cambios de sistemas’, como ya nos pasó en otros gobiernos liberales donde se crearon las famosas UTES privadas para manejar los recursos para la salud y fueron un tremendo fracaso”. 

Por último, sobre las UTES, Venturelli recordó que “se destruyó al sector prestador y se enriquecieron, como siempre, tres ‘empresarios’ vivos, socios de los políticos de turno. En nuestra zona cerraron cinco sanatorios, y a los pertrechos sobrevivientes quedaron debiendo seis meses de trabajo. Cifras millonarias, nunca pagadas y se la calificó como quiebra de la seguridad social.  Para este sector esto sería lo más grave, y lo aseguro porque ya lo vivimos”.

Se llevó a cabo este martes una conferencia de prensa en la cual los distintos prestadores vinculados al ámbito de la salud comunicaron la difícil situación que atraviesan, a la vez que reclaman por una revisión general de las condiciones de pago por parte de obras sociales y prepagas, tanto en el monto como en los tiempos.

Al respecto, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Mirian del Pilar Monasterolo, manifiesta la preocupación por el contexto de inflación y devaluación que atraviesa nuestro país y afecta transversalmente al sector farmacéutico. “Nos encontramos en un estado de total incertidumbre”, señala.

“Los profesionales farmacéuticos somos un importante eslabón en el sector salud, que aseguramos el acceso equitativo de los medicamentos a la población santafesina y mantenemos esta atención las 24 horas los 365 días del año. Para continuar brindando nuestro servicio y sostener la estructura de costos, necesitamos tener nuestra Red de Farmacia sustentable”, agregó.

“Lo hacemos gestionando en todos los niveles con el propósito de cambiar las condiciones contractuales y de cobranza con la seguridad social y mandatarias que tenemos hasta el momento, ya que el contexto se modificó en forma abrupta”, indicó puntualmente sobre el tema de convocatoria. “Hoy las farmacias comunitarias tenemos una condición de pago con nuestros proveedores que no se condice con el cobro de las prestaciones en la actual situación y es lo que debemos modificar”, sentenció.

A pesar de esta muy difícil realidad, se recalca con énfasis que “el sector farmacéutico manifiesta su compromiso en la atención de los pacientes, y para eso seguiremos trabajando”, ya que es la prioridad siempre en el trabajo cotidiano.