(*) Por Dr. Carlos Alberto Díaz 

Hay momentos en la vida de las instituciones en que el diagnóstico ya no alcanza. Se puede seguir describiendo el deterioro con la precisión de un informe técnico, se pueden alinear cifras, comparar sistemas, citar la literatura, y aun así quedarse corto frente a lo que realmente está pasando: esta no es una crisis más del sistema de salud argentino. Es el cierre de una época. La época del aseguramiento social solidario, la del «todos cubiertos, todos iguales», se está terminando ante nuestros ojos, en silencio, sin que nadie la haya decretado, sin que nadie se haga cargo.

Quienes trabajamos en el interior del sistema —en la gestión, en la clínica, en la provisión, en la prestación, en la auditoría, en las redes, en la docencia— lo sentimos en el cuerpo antes que en los números. Se vacía en una letanía dolorosa y generadora de muertes evitables. No de un día para el otro, sino con la lentitud de lo que se drena por una fisura que nadie quiere ver. Y como en todo fin de época, hay ganadores y hay perdedores. Conviene decirlo sin eufemismos, empezando por quienes más tienen que perder: los pacientes. Tengo la sensación de la parábola de la rana hervida. No podremos salvarnos.

La verdad incómoda que este editorial no va a esquivar es la siguiente: hoy, en la Argentina, tener un prepago —o una obra social de las que todavía funcionan como tales— es tener acceso a un buen servicio de salud. No tenerlo es entrar en una fila. Esa fila tiene nombre: lista de espera visible y oculta. Y esa lista de espera tiene consecuencias clínicas concretas, no administrativas: más infartos que llegan tarde al balón, más accidentes cerebrovasculares sin ventana terapéutica, más insuficiencias renales que debieron prevenirse, más cirugías que se posponen hasta que el paciente empeora.

El sistema no lo va a anunciar en un comunicado. Simplemente va a ocurrir, prestación por prestación, turno por turno. Y la respuesta institucional frente a eso, hay que decirlo también, va a ser la de siempre: nada. Ninguna épica, ninguna reforma de fondo, solo la administración silenciosa de la escasez.

La pregunta que el sistema evita: Si el acceso a un buen resultado clínico depende cada vez más de la cobertura que uno puede pagarse, ¿en qué sentido seguimos llamando «sistema de salud» a lo que en los hechos ya funciona como un mercado segmentado por capacidad de pago?

El presupuesto público, mientras tanto, no es un colchón infinito: depende de la recaudación fiscal, que cae en la misma proporción en que cae la actividad económica.

El círculo se cierra sobre sí mismo: menos empleo formal, menos aportes, menos recaudación fiscal, menos presupuesto público, más gasto de bolsillo, más pacientes sin cobertura efectiva. Cada eslabón empuja al siguiente hacia abajo.

Hay un capítulo dentro de esta ecuación que merece mención aparte, porque agrava por sí solo el desfinanciamiento de las obras sociales: la incorporación obligatoria de los monotributistas al sistema.

El aporte que un monotributista destina a su cobertura de salud ronda hoy los 19.750 pesos, apenas el veintidós por ciento de lo que cuesta financiar el Programa Médico Obligatorio.

La propia Confederación General del Trabajo lo ha planteado en estos términos en su diagnóstico sobre la situación de las obras sociales, señalando que el aporte de los monotributistas es varias veces inferior al costo real del PMO y que, además, quienes ingresan por esta vía suelen presentar una carga de enfermedad igual o mayor a la de los afiliados que aportan por relación de dependencia (CGT, 2026).

El resultado no es un detalle contable: cada monotributista que se suma al padrón sin que su aporte cubra el costo de su propia cobertura empuja hacia abajo la cápita media del conjunto de la obra social, obligándola a financiar esa diferencia con lo que aportan los afiliados formales.

Es, en los hechos, otra forma en que la solidaridad del sistema se transforma en subsidio cruzado no reconocido, silencioso y creciente.

El PAMI no es una anomalía aislada: es el síntoma más visible de un mal estructural, porque concentra en un solo organismo todas las tensiones del resto del sistema.

Déficit crónico, dificultad creciente para sostener prestaciones, una población beneficiaria que envejece y demanda más justo cuando el financiamiento demanda menos.

No hay indicios de que esa tensión se resuelva sola, ni de que exista hoy una decisión política de resolverla de fondo.

A esta ecuación financiera ya insostenible se le suma un factor que la agrava sistemáticamente: el costo de los medicamentos.

Cada vez se usan más fármacos, y los que sustituyen a los anteriores son, sistemáticamente, más costosos.

El estándar internacional de veinte años de protección de patente (ADPIC/TRIPS) ya es, de por sí, un plazo largo frente a la necesidad de acceso; en la práctica argentina, además, el tiempo efectivo de exclusividad se ha extendido en los últimos años en lugar de acortarse (CAEME, 2024), postergando el ingreso de genéricos que aliviarían la presión sobre el gasto.

Y cuando la Argentina intenta correr ese límite, aunque sea un poco, la respuesta de los intereses comerciales globales —con Estados Unidos a la cabeza— no es la negociación: es la presión.

Los criterios de patentabilidad relativamente restrictivos que el país adoptó para limitar extensiones monopólicas abusivas y favorecer el acceso a genéricos están hoy bajo una presión internacional creciente para alinearse con estándares más favorables a las corporaciones multinacionales (Fundación Soberanía Sanitaria, 2026).

El acuerdo comercial reciente entre la Argentina y Estados Unidos exige, entre otras cosas, extender los plazos de exclusividad de datos y habilitar prórrogas adicionales sobre los veinte años estándar de patente, lo que retrasa aún más el acceso a genéricos y sostiene precios altos (Asociación Acceso Justo al Medicamento, 2026; Díaz, 2026b).

Se recupera la posición ganada y se vuelve a presionar. No tenemos, hoy, poder de negociación real frente a esa dinámica.

Y sin ese poder, cada actualización del vademécum es, en los hechos, una transferencia de recursos desde un sistema que ya no tiene margen hacia una industria que no está dispuesta a cederlo.

Conviene ser justos en el diagnóstico: la salud en la Argentina, en términos absolutos, es buena.

El problema no es la ausencia de capacidad técnica ni de recursos humanos formados. El problema es que los resultados que obtenemos son sistemáticamente inferiores a los que el gasto debería producir.

Se gasta más de lo que se obtiene.

Esto no es una particularidad local: la Organización Mundial de la Salud estima, de manera global, que entre el veinte y el cuarenta por ciento del gasto sanitario se desaprovecha por ineficiencia, concentrado en recursos humanos mal asignados, uso irracional de medicamentos y fallas operativas en los servicios (OMS, 2010).

Hay sectores del sistema argentino que se ubican en el extremo superior de ese rango, con más del treinta por ciento de ineficiencia (Díaz, 2025), un número que no es un margen de error contable sino una fuga estructural de recursos que, si se corrigiera, cambiaría por completo la conversación sobre financiamiento.

Es un error de diagnóstico —y un error político— hablar de «la» crisis del sistema de salud argentino, en singular.

No hay una sola crisis: hay varias, simultáneas, que involucran a instituciones distintas y que rara vez se miran en conjunto.

La ANMAT y su capacidad regulatoria.La evaluación de tecnología sanitaria, todavía incipiente frente a la velocidad de la innovación.Los laboratorios, entre la presión de precios y la de patentes.Las sociedades científicas, que deberían fijar estándares y muchas veces llegan tarde.La logística de insumos, con dificultades reales para distribuir recursos y mantener operativos a los efectores en todo el territorio.

Cada una de estas crisis, por separado, sería gestionable.

Juntas, y sin coordinación entre los ministerios y organismos que las administran, son la razón por la que ninguna reforma parcial alcanza.

Los efectores del sistema —hospitales, clínicas, sanatorios— arrastran un endeudamiento que en muchos casos supera las dos décadas.

No es un problema de coyuntura: es estructural, y regularizarlo exigiría una reestructuración profunda de la matriz de costos que el sistema, tal como está financiado hoy, no tiene con qué costear.

Las propias entidades que agrupan a estos efectores —CADIME, ADECRA+CEDIM y CONFECLISA, reunidas en CONAES— vienen advirtiendo desde hace años sobre esta situación, señalando que sus ingresos dependen de aranceles cristalizados y de condiciones financieras que les son impuestas, sin que sean ellas mismas formadoras de precios ni intermediarias económicas (CONAES, 2026).

La solución obvia —que de ahora en más los efectores paguen puntualmente todas sus obligaciones impositivas y no generen deuda nueva hacia adelante— es correcta como principio y casi inaplicable como política, si no se resuelve primero la brecha entre lo que el sistema recauda y lo que el sistema necesita gastar para funcionar sin acumular pasivos.

Si nada de esto se corrige, el destino más probable del sistema no es el colapso súbito, sino algo más lento y en cierto modo más preocupante: una concentración caníbal.

Las obras sociales tal como las conocimos —con historia, identidad, arraigo sectorial— van a desaparecer, absorbidas unas por otras o simplemente vaciadas de afiliados y de sentido, sin que existan estructuras institucionales, empresas o figuras jurídicas preparadas para sustituirlas.

Y cuando eso ocurra, los afiliados de las obras sociales que desaparezcan no van a tener adónde ir, porque no hay planificado ningún mecanismo de reasignación.

La cobertura no se transforma: simplemente deja de estar, para quien no pueda pagarla por otra vía.

La prestación pública puede mejorar. De eso no tengo dudas.

Pero no va a mejorar solo con presupuesto, ni solo con una nueva ley, ni con un decreto que reordene competencias entre la Nación y las provincias.

Lo primero que hay que aceptar —y esta es, quizás, la frase más difícil de todo este editorial— es que se necesita un cambio.

No un ajuste, no una reforma cosmética, no una readecuación de aranceles: un cambio cultural en la forma en que el sistema entiende su propia función.

Mientras sigamos discutiendo el financiamiento sin discutir el modelo de atención, la eficiencia sin discutir la gobernanza, y la cobertura sin discutir qué estamos dispuestos a garantizar como sociedad, vamos a seguir gestionando la agonía de una época en lugar de construir la que viene.

La salud, en la Argentina, se está vaciando de contenidos, de espíritu, de vocación.

No porque falten profesionales dispuestos a ejercerla con vocación —los hay, y son mayoría—, sino porque el sistema que los rodea ya no les ofrece el marco institucional, financiero y regulatorio para que esa vocación se traduzca en resultados.

Ese es, en definitiva, el verdadero fin de época: no el de una obra social o un prestador en particular, sino el de una forma de entender la salud como derecho garantizado que, sin una decisión política y social explícita de sostenerla, se convierte silenciosamente en un privilegio de cartera.

El aviso ya está dado.

Lo que sigue depende de si, como sistema, aceptamos que hace falta cambiar, o si preferimos seguir administrando, prestación por prestación, la desaparición de lo que alguna vez quisimos construir.

(*) Director de la Especialización en Economía y Gestión de la Salud de la Universidad ISALUD

El Comprobante de Empadronamiento a una obra social (Codem) es un documento esencial para quienes cuentan con cobertura médica, ya sean trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados o titulares de la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, recordó que este trámite se puede realizar de manera rápida y sencilla desde su página web, sin necesidad de sellos ni firmas.

Qué es el Codem y para qué sirve

El Codem (Comprobante de Empadronamiento) es el documento que certifica la obra social a la que una persona está afiliada, ya sea en calidad de trabajador, jubilado o pensionado. Su validez es nacional y es requerido para realizar diversos trámites administrativos, como la incorporación de familiares a la cobertura médica o la verificación de la obra social asignada.

Una de las principales ventajas del Codem es que no necesita firma ni sello para tener validez, lo que simplifica notablemente el proceso para los beneficiarios. Cualquier organismo público o privado que solicite este comprobante debe aceptarlo en formato digital.

Según precisó la Anses, el comprobante puede ser consultado y descargado de manera gratuita a través de su sitio web oficial. Para acceder, los usuarios deben ingresar al apartado “Obra Social – Codem” dentro de la sección Mi Anses.

De acuerdo con la normativa vigente, todo trabajador en relación de dependencia cuenta con la cobertura de una obra social, tanto para sí mismo como para sus familiares a cargo. Esto incluye a:

Cónyuge o conviviente.

Hijos solteros menores de 21 años.

Hijos de hasta 25 años que se encuentren estudiando.

Hijos con discapacidad, sin límite de edad.

En caso de que el trabajador necesite incorporar o dar de baja a un familiar, el trámite se puede realizar desde la Atención Virtual en el sitio web de Anses o desde la aplicación Mi Anses, lo que evita traslados y largas esperas en oficinas.

Este sistema permite mantener actualizada la cobertura médica de todo el grupo familiar, un aspecto clave para garantizar el acceso a prestaciones de salud cuando se necesiten.

Obtener el Codem es un trámite muy sencillo que solo requiere conexión a internet y unos minutos. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la web oficial de Anses

Seleccionar la opción Obra Social – Codem.

Ingresar el número de CUIL y el número de DNI.

El sistema mostrará la obra social a la que la persona se encuentra empadronada.

Descargar el comprobante en formato PDF para guardarlo o imprimirlo en caso de ser necesario.

Este documento puede presentarse ante cualquier organismo o institución que lo requiera y, al ser digital, se puede enviar por correo electrónico o mostrar directamente desde un dispositivo móvil.

Desde este 19 de marzo, los beneficiarios del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) podrán solicitar turno para la vacunación antigripal 2025, como parte de la estrategia de prevención de enfermedades respiratorias.

La campaña está destinada a todos los afiliados y afiliadas, mayores de 65 años y menores de esa edad que se encuentren incluidos en grupos de riesgo, que podrán recibir la vacuna en forma gratuita.

La inoculación de los menores entre 6 y 24 meses se realizará exclusivamente en los efectores públicos de salud, sin necesidad de solicitar turno.

Por otra parte, desde la obra social se está organizando la logística para la inoculación de los beneficiarios que se encuentran en instituciones geriátricas o con internación domiciliaria y no pueden trasladarse para recibir la vacuna en las farmacias.

El turno se puede solicitar a través de la aplicación para celulares “Mi Iapos” ingresando en “Medicamentos” y luego en “Turnos” o personalmente en las farmacias.

La vacunación se realizará en la Red de Farmacias del Colegio de Farmacéuticos, adheridas para tal fin. El listado de las mismas puede ser consultado en la página web de la obra social, en www.iapossantafe.gob.ar.

Para mayores consultas está disponible la línea 0800 444 4276, los días hábiles de 8 a 14, y el correo electrónico iapos_consultas@santafe.gov.ar.

De acuerdo a lo resuelto por el Ministerio de Salud de la Nación, los beneficiarios entre 2 y 64 años comprendidos en los grupos de riesgo son: el personal de salud; embarazadas y puérperas; quienes tengan enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncológicos/oncohematológicos y trasplantados, personas con obesidad mórbida, con diabetes, insuficiencia renal crónica avanzada; retraso madurativo grave en menores de 18 años de edad, síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves, convivientes de enfermos oncológicos/oncohematológicos y de prematuros menores de 1.500 g, y otras patologías determinadas por la resolución ministerial.

Durante 2024 el Instituto Autárquico de la Obra Social (Iapos) destinó 10,4 millones de dólares para la atención de afiliados con enfermedades graves o poco frecuentes. Fueron 18 los medicamentos que se adquirieron para tratar 20 patologías diferentes.“Los medicamentos de alto costo son aquellos que superan un umbral de gasto establecido, generalmente debido a su complejidad, innovación o escasez. Estos medicamentos pueden ser vitales para tratar enfermedades graves o crónicas”, expresó Silvio González, subsecretario de Planificación y Articulación Interinstitucional del Iapos. 

El funcionario agregó que “Iapos es una obra social que por su principio de sistema solidario, los afiliados aportan en función de sus ingresos y reciben prestaciones en función de sus necesidades; por esto se viene trabajando diferentes estrategias, como las políticas de precios, programas de acceso y protocolos de uso, para poder garantizar accesibilidad con sustentabilidad financiera a estos medicamentos”. 

En detalle, los medicamentos más onerosos fueron el Burosumab, para la patología Hipofosfatemia ligada al cromosoma X, que tuvo un costo de 4,6 millones de dólares; Eculizumab para las patologías hemoglobinuria paroxística nocturna, Miastenia Gravis y Sme Urémico Hemolítico atípico, con un costo de 900.000 dólares y Nusinersen para el tratamiento de atrofia medular espinal, con un costo de 500.000 dólares.El director del Iapos, Nolasco Salazar, resaltó: “Estamos cerca de nuestros afiliados con grandes esfuerzos por garantizar una atención eficaz en función de los últimos avances en la medicina, aún cuando ello supone erogaciones muy importantes, las cuales pueden ser cubiertas porque somos una obra social solidaria”.

El Gobierno Nacional ha decidido intervenir la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera), la tercera más grande del país, debido a la falta de documentación presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta decisión se vio fundamentada en el elevado monto de sus deudas (más de 40.000 millones de pesos), incluso a pesar de haber recibido $ 26.000 millones de parte del Estado. Esto fue precisamente lo que generó sospechas en el Ejecutivo -la gestión de esos fondos públicos- y llevó a la intervención.

Mediante la resolución 1612/2024, la Superintendencia de Servicios de Salud anunció la intervención de Osprera y designó una administradora provisoria. La resolución menciona que el artículo 27 inciso 3° de la Ley Nº 23.660 permite a la Superintendencia proponer la intervención de las obras sociales cuando se evidencien irregularidades o deficiencias graves en su funcionamiento.

El Gobierno expresa "serias dudas" sobre la administración de los fondos millonarios de Osprera, una obra social con cerca de 700.000 afiliados. A pesar de las transferencias recibidas del Estado, que suman $ 26.090.429.115 según cifras oficiales, la entidad está descrita como "quebrada" debido a sus deudas prestacionales que alcanzan los $ 43.949.000.000, de acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial.

La falta de rendición de cuentas (según se expuso en más de un año no se presentaron informes, memorias ni balances) dio lugar a las auditorías que culminaron en la intervención. Según la información recabada, que publican medios de Buenos Aires, una parte de la deuda prestacional, aproximadamente $ 1.500 millones, corresponde a hospitales públicos descentralizados, mientras que más de $ 40.000 millones están pendientes de pago a prestadores privados.

Las auditorías del Gobierno también encontraron que "el 90% de los prestadores" que la obra social afirma tener no tienen convenio con ella. Incluso, la resolución publicada en el Boletín Oficial también reveló que un relevamiento telefónico aleatorio en todo el país no logró verificar de manera fehaciente que las prestaciones fueran proporcionadas por los prestadores listados por Osprera en su cartilla médica.

Respecto a los $ 26.090 millones recibidos del Estado, $ 3.350 millones corresponden a fondos transferidos el 4 de octubre del año pasado. El Gobierno informó que Osprera había solicitado asistencia financiera para cubrir sus deudas, y la Superintendencia de Servicios de Salud de la administración anterior aprobó esta ayuda. Las autoridades actuales están investigando la rendición de cuentas de estos fondos, que, según ellos, fueron firmados el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del Gobierno anterior) sin que se observara una mejora financiera en la obra social. Además, entre mayo de 2020 y mayo de 2024, Osprera recibió $ 22.740 millones del Fondo Solidario de Redistribución.

La resolución del Gobierno también destaca la falta de satisfacción de los afiliados como otro grave incumplimiento por parte de Osprera. Existen 16.410 reclamos de beneficiarios y 172 acciones judiciales en su contra, abarcando temas como “medicamentos, afiliación, cirugías, prótesis y problemas con las prestaciones”.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, se refirió este viernes al planteo de algunas clínicas y sanatorios de la provincia de restringir la atención a las personas afiliadas al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos). “No es casual este planteo al Iapos en medio de las discusiones sobre la medicina prepaga que se han dado a nivel nacional, que claramente excede a la obra social provincial”, advirtió el funcionario provincial. 

“En estos tres meses, el Iapos viene atravesando, como todas las organizaciones que tienen que ver con la salud, costos prestacionales que acusan el impacto de incrementos muy importantes. Esto tiene que ver con medicamentos y prestaciones específicas del ámbito de la salud”, explicó. 

Por otro lado, el ministro destacó que “estamos hablando de organizaciones (por las clínicas y sanatorios) que son prestadores de una obra social, pero, al mismo tiempo, tienen medicina prepaga. Lo que no queremos es que traten de trasladar al Iapos lo que no han podido trasladar a los beneficiarios de medicina prepaga. Queremos diferenciar este tema y que los afiliados del Iapos no tengan que ser quienes tengan que pagar los costos que no se pueden trasladar a otro sistema”. 

Olivares hizo una observación particular, que incluso se manifestó en la discusión paritaria: “Los dirigentes nos plantean que el Iapos abona lo correspondiente a muchos de esos prestadores, pero los trabajadores de la salud lo terminan cobrando dos o tres meses después. E inclusive en algunos casos cobran menos”. “Entonces esto no es solo la negociación de los incrementos de los aranceles, el costo de los honorarios, de los servicios, sino también queremos que los prestadores con sus trabajadores no tengan un comportamiento que muestre una suerte de doble estándar”, por las demoras detectadas. 

Por último, Olivares se refirió al nivel de prestaciones de la obra social y sostuvo que “tienen que sostenerse porque son sus afiliados los que lo demandan. Ha habido un salto en las condiciones macroeconómicas del país, que han tenido una evolución que no tiene que ver con el resto de los precios de la economía ni con los salarios. Hasta tanto eso se acomode con los salarios, que son la base de los ingresos del Iapos, vamos a capear el día a día”.

La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario informó que a partir del lunes 22 de abril, los afiliados de Iapos solo recibirán atención médica en casos urgentes en los sectores de guardia. “Necesitamos que esas deudas se pongan al día”, apuntó su titular, Rodrigo Sánchez Almeira, quien pidió una reunión con autoridades provinciales

Sánchez Almeyra volvió a cuestionar la deuda con los prestadores que mantiene Iapos, la obra social de los empleados públicos provinciales y municipales, y el rediseño del modelo asistencial propuesto por el instituto.

“A partir del lunes próximo vamos a tener que restringir prestaciones que van a ser programadas sin afectar ninguna urgencia con atención absoluta en la guardia, pero no va a ser la atención corriente porque no sabemos cómo vamos a financiar esas prestaciones”, comunicó Sánchez Almeira en referencia a los afiliados a la obra social estatal.

La asociación, expuso la situación que atraviesa Iapos: “Nos dieron entre 60 y 90 días, pero con la crítica situación que viven los sanatorios, necesitamos que esas deudas se pongan al día. Lo más preocupante es que no tenemos expectativa de los precios que vamos a recibir por nuestras prestaciones a partir del 1 de marzo pasado. Cuando tuvimos que afrontar un aumento salarial del 46 por ciento que se sumó a un 17.5 que habíamos pagado en diciembre muy merecido por los trabajadores”.

Y continuó: “Ese retraso de la paritaria es un poco la excusa que pone el Iapos que dice que no conoce con cuántos recursos va a contar. Nosotros tenemos que seguir aceitando el sistema haciéndolo funcional los 365 días del año”.

De acuerdo a lo que estimó, las personas afectadas son unas 600 mil. “Van a tener garantizadas todas las atenciones de urgencias y necesidades imperiosas para el mantenimiento de su salud pero va a ver restricción de prácticas programadas”, remarcó.

“La solución es que recibamos una respuesta que satisfaga nuestras necesidades”, consideró y aseguró: “Hemos pedido múltiples reuniones con autoridades provinciales".

El Juzgado Federal N°3 de la Ciudad de Córdoba emitió un fallo que marca un precedente importante al aprobar una acción de amparo presentada por una persona trans.

El fallo ordena a una obra social privada o prepaga que cubra las cirugías de feminización facial solicitadas por la demandante. Esta resolución se basa en la Ley 26.743, que aborda el "Derecho a la identidad de género de las personas", así como en la opinión de un médico especializado en cirugía plástica y reconstructiva consultado por la demandante.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó la cobertura "integral e inmediata" de las nueve intervenciones quirúrgicas que componen la feminización facial. Estos procedimientos incluyen la remodelación de frente, borde orbitario, avance de línea de cabello, elevación de cejas, rinoplastia feminizante, extracción de bolsas de bichat, transferencia de grasa, remodelación de mentón y liposucción de cuello.

El proceso judicial reveló que la demandante se autodefine como una persona transgénero no binaria de 32 años

Esta decisión sienta un precedente significativo en la provincia de Córdoba, ya que no existen casos similares previos en la jurisdicción. El juez Vaca Narvaja explicó que es la primera vez que se resuelve un caso de estas características en la región y destacó que se trata de una interpretación amplia de la Ley de Identidad de Género. El fallo se basa en el derecho internacional y argumenta que estas cirugías son esenciales para la identidad de género de la persona y no deben considerarse simplemente como cirugías estéticas.

Julieta Beninato Mora, abogada de la persona amparista, informó que la sentencia aún no es definitiva, ya que la financiadora de servicios de salud ha apelado la decisión. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba deberá decidir si ratifica o revoca el fallo. En caso de que la decisión sea favorable a la demandante, la obra social aún tendría la opción de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El proceso judicial reveló que la demandante se autodefine como una persona transgénero no binaria de 32 años que se identifica como mujer desde su infancia, aunque reprimió su verdadera identidad durante muchos años. Este conflicto interno resultó en problemas de salud mental, pensamientos suicidas y depresión. La demandante comenzó un tratamiento psicológico en 2021 y recibió tratamiento hormonal en 2022, que fue cubierto por la obra social. Sin embargo, consideró que estos tratamientos no fueron suficientes para modificar ciertos aspectos físicos que deseaba cambiar para completar su proceso de transición de género.

Esta decisión sienta un precedente significativo en la provincia de Córdoba.

La obra social negó la autorización para las cirugías de feminización facial, argumentando que se trataba de cirugías estéticas no previstas en la ley. El juez Vaca Narvaja consideró que esta decisión era "arbitraria e ilegal" y que violaba los derechos constitucionales de la demandante, afectando su calidad de vida y su capacidad para llevar una existencia digna.

El fallo se basa en la Ley 26.743, que define la identidad de género como una construcción cultural y no simplemente como una cuestión de sexo al nacer. El juez también se apoyó en el derecho a la salud, la integridad física, el bienestar y la asistencia médica. Aunque la cirugía de feminización facial no está específicamente mencionada en la lista de intervenciones quirúrgicas de adecuación de género en el decreto reglamentario de la ley, el juez consideró que esta lista era meramente enunciativa y no taxativa, y que las cirugías de feminización facial eran necesarias para alinear el cuerpo de la demandante con su identidad de género autopercibida.

Los contribuyentes del sistema de Monotributo de las categorías más altas deberán pagar montos mayores en concepto de obra social, según uno de los artículos que forman parte del dictamen de mayoría del Proyecto de Presupuesto 2023.

El cambio en el régimen de Monotributo se incluyó en el despacho del Presupuesto que se debatirá el martes desde el mediodía en una sesión especial de la Cámara de Diputados.

Con esta modificación -de ser aprobada- finalizará el sistema en el que todos los contribuyentes pagan una suma fija en concepto de obra social, ya que a partir de 2023 el monto estará sujeto a cada categoría.

El aporte para la obra social del Monotributo pasa de $1.775,18 para todas las categorías a cifras variables desde la categoría D hasta la K.

Las tres primeras escalas no tendrán cambios, pero la categoría D pagará $3.638,26; la mayor categoría para servicios (H) aportará $6.615,02, y el máximo para la categoría K llega a $10.505,29.

El artículo 118 del dictamen de mayoría incorpora, con vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación del Presupuesto que, para las categorías D a K, el aporte a las obras sociales ascenderá a los siguientes montos:

Gabriel Real, diputado provincial del Partido Demócrata Progresista.

La Cámara de Diputados de Santa Fe, en la sesión de este último jueves 7 de abril, aprobó dos iniciativas legislativas del diputado provincial del PDP, Gabriel Real. Se trata de un proyecto de comunicación (Expte. Nº 47.248), donde solicita al Poder Ejecutivo interceda ante el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y se proceda a restablecer las prestaciones y los servicios en la ciudad de Firmat y la región, hecho que afecta a más de 9.000 afiliados que tienen que trasladarse hasta la ciudad de Rosario para poder obtener los beneficios de la obra social que nuclea a los trabajadores públicos provinciales en sus consultas, tratamientos, e inclusive en los servicios de alta complejidad.

Y el segundo proyecto es un pedido de informes (Expte. Nº 47.179), donde también solicita a las autoridades de la misma obra social, se proceda a informar en relación a la situación de los subsidios por sepelio, “en ese sentido puntualmente solicitamos se informe cómo está funcionando este beneficio o si está momentáneamente suspendido, y que también se proceda a informar cuáles son los aranceles de servicios sepelios y si hay denuncias de prácticas abusivas en este sentido”, señaló Gabriel Real.

“Fueron dos proyectos que se aprobaron en la última sesión y reflejan la preocupante situación actual de la obra social de los empleados del Estado provincial; necesitamos respuestas urgentes, estos temas los abordé incluso en reunión de la Comisión de Salud con el propio director del Instituto, antes de las manifestaciones y asambleas que reclaman se restablezcan las prestaciones a los beneficiarios”, recordó el legislador.

“La situación actual del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) hoy es deficiente en términos de respuestas para con sus afiliados. Esto sucede en todo el territorio provincial, y es un tema que se debe resolver en lo inmediato para evitar un efecto dominó en la suspensión de cobertura de las distintas prestaciones”, advirtió.

“Los afiliados a IAPOS deberían acceder a los beneficios que brinda la obra social con respecto a todas sus prestaciones en las respectivas localidades y zona de influencia de parte de todos los prestadores, y hoy esta situación dista mucho de la realidad, incurren en gastos innecesarios de traslados por no contar con los servicios suspendidos en sus lugares de residencia, e incluso en muchos casos les es imposible conseguir turnos en ciudades como Rosario, por ejemplo”, cerró el diputado provincial del PDP.

El presidente Alberto Fernández anunciará este viernes un nuevo modelo de “libre elección” de especialistas que permitirá turnos “más rápidos” en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), informaron a Télam fuentes oficiales.

Fernández hará el anuncio a las 11,30, junto a la titular de la obra social de los jubilados y pensionados, a Luana Volnovich, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Las fuentes puntualizaron a Télam que este sistema “no reemplaza” al médico de cabecera sino que “amplía la capacidad de atención” en especialistas y centros de diagnóstico por imágenes” del PAMI.

En sintonía, remarcaron que “por primera vez en la historia” de la obra social los afiliados “van a poder elegir el médico o médica especialista con quien atenderse”.

Aseguraron que de esa manera “se va a generar el acceso a turnos más rápido y mejor calidad de atención” de los usuarios.

De acuerdo a lo apuntado, ahora, a partir 1º de marzo, la obra social pondrá término a un “sistema de asignación fija”, por el cual las personas mayores no podían seleccionar a los especialistas.

De esa forma, se indicó que se “acortará el tiempo de espera” para obtener turnos y también se podrá optar por el centro de diagnóstico por imagen que la persona afiliada prefiera.

El trámite se iniciará cuando el afiliado le pida a su médico de cabecera que emita la orden médica electrónica para la especialidad o estudio de diagnóstico por imágenes que necesite.

Luego, consultará la nueva cartilla médica para encontrar a los especialistas y centros de diagnóstico por imágenes disponibles en su zona y, una vez elegido el especialista o centro de diagnóstico por imágenes, la persona afiliada deberá comunicarse para solicitar un turno.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, celebró hoy el avance del plan de vacunación en la provincia, que alcanzó a “más del 80 por ciento” de la población con dos dosis y sostuvo que está analizando la posibilidad de que quienes “tengan obra social y no se vacunen, tenga que pagar” su tratamiento contra el Covid-19, en ese distrito.

“Hemos llegado a un nivel muy importante (de población vacunada), tenemos más de 10 mil personas con tercera dosis. El 93% con una dosis y más del 80% con las dos. El pase sanitario es muy importante”, aseguró Jalil en diálogo con Radio con Vos.

Catamarca comenzará a aplicar el pase sanitario a partir del 25 de diciembre de manera progresiva, como estrategia para seguir incentivando la vacunación y aumentar la prevención ante el incremento de casos de coronavirus en el país.

En ese sentido, Jalil también anticipó la posibilidad de “evaluar que los que tengan obra social y no se vacunen, tenga que pagar” su tratamiento contra el Covid-19.

“Hoy un sindicalista de la salud me preguntaba qué posibilidad había de que no sea gratuito (el tratamiento) para el que no se quiera vacunar. Vamos a ver si podemos implementarlo” porque “la idea es convencer a la gente de que se tiene que terminar de vacunar”, añadió.

Y afirmó que “queda muy poco porcentaje” de la población pendiente de vacunar en Catamarca y destacó que “en el Norte la gente se vacuna mucho más, no tenemos campañas antivacunas”.

Respecto al almuerzo que mantuvo el día de ayer con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró: “Estamos preocupados por el presupuesto y por la imagen internacional que damos como país”, tras el rechazo opositor a la denominada “ley de leyes” en el Congreso de la Nación.

“El presidente, junto a su jefe de Gabinete (Juan Manzur) y Wado (de Pedro), se comprometió a seguir ejecutando las obras que tenemos acá en Catamarca, que son muchas y son históricas. Tenemos proyectados diques, viviendas, gasoductos. En ese sentido es una buena noticia, pero siempre hubiera sido mejor y correcto que se haya aprobado el presupuesto”, remarcó y apuntó contra la oposición que ha “dejado sin presupuesto a todos los argentinos y las argentinas”.

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En horas de la mañana de este miércoles, en el Concejo Municipal, se llevó a cabo una reunión para canalizar reclamos en torno a los servicios que brinda Iapos en Venado Tuerto. Este encuentro, que fue solicitado en el mes de mayo por la edil del Partido Socialista (PS) Mabel Caula, contó con la presencia de representantes del Círculo Médico, Amsafe, de los jubilados docentes y del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS), quienes dialogaron sobre la realidad que atraviesan hoy los afiliados, incluso llevando al recinto casos particulares.

En este sentido, Caula explicó que “venimos reclamando a la obra social y al conjunto de prestaciones que brinda Iapos, como el Círculo Médico, el Círculo Odontológico, el Círculo de Bioquímicos, Farmacia, porque en todas las áreas hay problemas”. Ante la falta de respuesta, la edil hizo un pedido puntual al Círculo Médico para tratar de obtener una respuesta a la gran cantidad de reclamos que se iban recibiendo y que “nos indiquen por qué se restringe o limitan las prestaciones”.

Como respuesta, desde la entidad que representa a los profesionales de la salud plantearon que las atenciones se dan en un 80 o 90 por ciento y que, ante el cobro de plus, el propio afiliado tiene que hacer la denuncia correspondiente. “De este modo se expone al usuario a denunciar a su propio médico, quien también tiene una respuesta que es la demora en los pagos de Iapos y que sólo les autorizan dos órdenes al mes”, afirmó.

“Estamos frente a un sistema siniestro y perverso, porque se está jugando con la salud de las personas. Además, hasta el momento no encontramos ninguna solución por parte de las autoridades de la obra social”, enfatizó. Y añadió: “Todos los afiliados están teniendo inconvenientes, porque por ejemplo si te piden dos radiografías frente y perfil, te autorizan una. Así en todas las prestaciones”.

“La única explicación que le encuentro es que están haciendo caja, porque el propio gobernador (Omar Perotti) dijo que en el presupuesto 2020 tenían 600 millones de pesos de superávit”, sostuvo la concejal.

Por su lado, el secretario de Amsafe General López, Javier Delgado recordó que hace meses que vienen reclamando la presencia de autoridades provinciales de la obra social para poder trasladar la realidad que atraviesan los afiliados. Mientras tanto, este encuentro “sirvió para ir trabajando temas o problemáticas que se registran en nuestro departamento y aunar esfuerzos con el Círculo Médico para lograr resultados”.

Desde Amsafe se “proporcionó información de la encuesta que publicamos hace unos días, donde se muestra la alarmante situación que les toca vivir a los usuarios”, señaló. Y añadió: “Iapos en vez de ayudar a los afiliados a sanar, cuidarse y mejorar su salud, lamentablemente hace todo lo contrario quitando prestaciones. El mal funcionamiento de la obra social se ha agravado en los últimos años”.

“Esperamos lograr en un futuro inmediato la presencia de las autoridades para comenzar a solucionar problemas, que es lo que necesitan los afiliados”, sentenció.