Este sábado entró en vigencia en toda la provincia el Código Procesal Penal Juvenil, aprobado por la Ley 14.228 sancionada por la Legislatura el 30 de noviembre de 2023 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de ese mismo año.

Para su implementación, en el seno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la fiscal general, María Cecilia Vranicich, definió la creación de Unidades Fiscales Especializadas en la temática dentro de la estructura de cada una de las cinco fiscalías regionales. Además, dispuso la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), la cual funcionará en el ámbito de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, a cargo de la fiscal Carla Cerliani.

"La UFERPA se encargará de la planificación y supervisión de la persecución penal en materia penal juvenil en la provincia y, de forma excepcional, podrá asumir el litigio de casos individuales", explicó la fiscal general. "A su vez, deberá articular el trabajo conjunto con las Fiscalías Regionales y velar por el principio de unidad de la actuación del MPA", especificó.

Vranicich sostuvo que "estamos frente a un cambio sustancial en las funciones del MPA", y agregó que "desde hace más de un año, venimos coordinando esfuerzos en vistas a la persecución penal de menores de edad".

Explicó que ahora "comenzamos a investigar a jóvenes de entre 16 y 18 años que cometan hechos delictivos de competencia provincial que tengan un mínimo de pena en expectativa de dos años de prisión. La implementación de este nuevo Código, junto con el juicio por jurados, son los elementos que completan y adecuan integralmente el sistema acusatorio adversarial a la Constitución Nacional en nuestra provincia", resaltó.

Vranicich señaló que "a diferencia de lo sucedido en 2014 cuando se implementó el sistema acusatorio para mayores de edad en el que quedaron las causas anteriores encapsuladas en un sistema residual con estructura propia, en esta oportunidad en el sistema penal juvenil será asumida íntegramente la carga de trabajo en trámite de los Juzgados de Primera Instancia de distrito de Menores por el MPA".

Destacó que "está todo dado para iniciar los procesos de traspaso de recursos humanos desde los órganos que intervendrán hasta el sábado en la investigación de los delitos cometidos por menores de edad". Precisó que "nueve profesionales que estaban a cargo de las Asesorías de Menores y de las Secretarías Penales serán fiscales en la materia, mientras que más de 60 empleados y empleadas administrativas del mismo origen se integrarán al MPA". Añadió que "estamos en tratativas con la Corte Suprema de Justicia para que también sea trasladado el personal de servicios, que es lo que corresponde según la ley vigente".

Detalló que "hasta que los nuevos recursos humanos se consoliden en cada circunscripción judicial, los fiscales regionales asignaron a fiscales referentes quienes vienen centralizando gestiones y siendo el nexo con la UFERPA durante la primera etapa de persecución penal juvenil".

A raíz de la nueva competencia institucional, se adaptó el sistema informático del MPA, denominado Heimdall, para adecuar sus funcionalidades y módulos. También se desarrolló un sistema al que se llamó Clio, que será una herramienta de consulta permanente durante la persecución penal de ilícitos cometidos por menores de edad, ya que centraliza datos históricos provenientes de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores.

"La integración de información sobre legajos abiertos y finalizados a las bases de datos institucionales resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones, la trazabilidad de casos y la toma de decisiones fundadas", valoró Vranicich. "En las cinco circunscripciones, se relevaron expedientes en marcha y se identificaron prioridades", manifestó.

Para prestar los servicios del MPA relativos a la persecución penal de menores de edad, en las ciudades de Santa Fe y Rosario se alquilaron inmuebles ubicados en 25 de Mayo 2319 y en Avenida San Martín 2886, respectivamente, los cuales se habilitarán oficialmente en los próximos días. Mientras tanto, las tareas se llevarán a cabo en los inmuebles en los que funcionaban los juzgados de Menores, tanto en la capital provincial como en Rosario.

En cuanto a Casilda, San Lorenzo, Tostado y Rafaela, el MPA pasará a ser el locatario de las sedes actuales de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores.

En Reconquista, Villa Constitución y Venado Tuerto, se utilizarán oficinas en Centros de Justicia, donde se desempeña el personal del fuero de Menores que será traspasado.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe hizo saber que desde este sábado entró en vigor el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, sancionado por la Ley N.° 14.228.

La implementación del nuevo Código conlleva la eliminación de la Justicia de Menores dentro del Poder Judicial, así como la modalidad de persecución penal existente, siendo reemplazada por un nuevo régimen de acusación y enjuiciamiento a cargo del MPA.

Precisa la Corte que desde la sanción de la ley 14.228, el tribunal superior dispuso diversas medidas para el traspaso de expedientes, funcionarios y personal de los Juzgados de Menores, así como la capacitación de los operadores judiciales de conformidad a la nueva ley.

Según las previsiones contenidas en la norma, "el ejercicio de la acción penal pública estará a cargo del MPA", y como consecuencia de ello todos los expedientes pasarán al aludido Ministerio Público.

También se produce el traspaso de magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia de Menores del Poder Judicial. De esta manera, los magistrados/as de Primera Instancia de Distrito de Menores de la provincia de Santa Fe, conforme lo establece el nuevo Digesto Procesal, pasan a integrar los Colegios de Jueces Penales de Primera Instancia que correspondan a su asiento territorial. Los funcionarios que revisten la categoría de Asesores de Menores y de Secretarios Penales de primera instancia de Distrito del fuero de Menores al igual que los empleados, fueron traspasados a la estructura funcional del MPA, según lo dispuesto por el legislador mediante ley n.°14.228.

La Corte Suprema de Justicia destacó que, en orden al cumplimiento de la Ley, el 6 de agosto de 2024 dispuso mediante Acta- Acuerdo N.° 29 la capacitación obligatoria de los Jueces integrantes de los cinco Colegios de Jueces Penales de la provincia como también a los del fuero de Menores.

Todo lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia mediante sus Actas – Acuerdos, se encuentra publicado en el sitio web oficial www.justiciasantafe.gov.ar "Bases de Jurisprudencia y Acordadas – Acordadas de Gobierno".

La fiscal general, María Cecilia Vranicich, incorporó la llamada Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA) para entender en la aplicación, a partir del próximo sábado, del nuevo Código Procesal Penal Juvenil, sancionado en noviembre de 2023 mediante la Ley N° 14.228. El fiscal Luis Schiapa Pietra fue designado como responsable de esa unidad.

Vranicich dictó esta semana la resolución 234 donde comunica que a partir del sábado, los integrantes del MPA "actuarán de acuerdo a las pautas de organización desarrolladas en los considerandos" del decisorio.

En cuanto a UFERPA, las misiones y funciones que tendrá están contenidas en un anexo de la resolución. El decisorio además solicita a los fiscales regionales que "hasta tanto se consoliden los traspasos de recursos humanos y puedan proponer la conformación de unidades fiscales especiales, asignen a órganos fiscales como referentes particulares para abordar en esta primera etapa la materia penal juvenil y que puedan centralizar las gestiones y funcionar como nexo con la UFERPA.

El Código Procesal Penal Juvenil regulará desde el sábado el proceso penal para personas que al momento de la comisión del hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad. La ley agregó a las incumbencias del MPA la materia penal juvenil.

En los considerandos de la resolución, Vranicich describe el trabajo realizado desde agosto del año pasado cuando conformó un equipo de trabajo para planificar la implementación del código en el MPA. En diferentes etapas detalla la conformación del equipo interno de trabajo; el traspaso de recursos humanos; infraestructura; gestión de la carga de trabajo; adaptación del sistema informático Heimdall y la capacitación.

En octubre de 2024, la fiscal general amplió la mesa de trabajo para la implementación incorporando a Schiapa Pietra; al secretario de gestión administración y procesal de la fiscalía regional 2, Rafael Martínez, y luego incluyó la materia penal juvenil en el ámbito del área de gestión estratégica y persecución penal por objetivos priorizados de la fiscal general coordinada por Carla Cerliani. Más adelante, fueron sumados al equipo la abogada María Belén Giacosa y el licenciado Daniel Medus.

En lo que hace al traspaso de recursos humanos, la Ley 14.228 dispone la disolución de los juzgados de menores en toda la provincia así como los órganos que cumplen funciones en relación a la justicia penal de menores y el traspaso de partes del personal al MPA. Referencia la designación de nueve fiscales en la última Asamblea Legislativa y el rechazo de cuatro pliegos.

MPA Santa Fe ciudad. Foto: Archivo

Menciona que por un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, desde el sábado pasarán al MPA 8 empleados en la Fiscalía Regional I; 32 para la II; 4 para la III; 3 para la IV y 7 para la V. En tema recursos humanos, en los considerandos se observan diferentes interpretaciones con la Corte sobre vacantes y personal a transferir.

En materia de infraestructura, hubo una ampliación presupuestaria de 800 millones de pesos y detalla las conversaciones con la Corte para uso de locales actuales y las licitaciones llevadas adelante especialmente en Santa Fe y Rosario para instalar las fiscalías especializadas.

La Escuela de Capacitación del MPA organizó un curso especial, obligatorio para todos los integrantes del ministerio, para que los destinatarios incorporen el conjunto de normas, principios, derechos y garantías de la justicia penal juvenil, reflexionen sobre las particularidades del sistema en la provincia y conozcan la política de persecución penal en la materia.

Por último, señala Vranicich en los considerandos que para plasmar en el plano institucional del MPA un diseño que realice el principio constitucional de la especialidad consagrado en el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, y teniendo en cuenta el rol que la fiscalía general puede asumir, dispone la creación de la UFERPA en el ámbito de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por objetivos priorizados de la fiscalía general.

A febrero del corriente año, se tramitaban 4909 expedientes en los juzgados de menores de toda la provincia de los cuales 532 estaban en los tribunales de la capital santafesina.

En tanto, hasta esa fecha eran 164 los menores tutelados, privados de la libertad.

A la UFERPA, la fiscal general Vranicich le instruyó como misión central fortalecer el funcionamiento del MPA en el marco del nuevo sistema penal adolescente de la provincia. Para ello deberá diseñar, ejecutar y supervisar las políticas de persecución penal adolescente desde el abordaje integral del conflicto procurando la solución pacífica en equilibrio del interés de la víctima y el desarrollo progresivo de los adolescentes sujetos al proceso trabajando con las fiscalías regionales y coordinando con los distintos niveles del Estado.

También la resolución le establece una serie de responsabilidades principales a la unidad. Entre ellas diseñar, implementar y supervisar los lineamientos de la persecución penal pública del MPA contra menores de edad, abordando la integralidad del conflicto penal y la resolución pacífica de dichos conflictos.

Además elaborar las estrategias de gestión de casos que tengan como imputadas a personas menores y mayores de edad en forma conjunta con otras áreas del MPA. Otro punto destacado es para elaborar el esquema de intervención institucional para elaborar medidas no privativas de libertad.

El Gobierno giró este martes a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los trece años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.

El oficialismo puntualiza que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones".

Los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.

El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.

Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy), aunque se estima que no será sencillo ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional.

El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

A lo largo del proyecto se establece que no se le impondrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”

“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.

En ese sentido, el oficialismo destaca que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social"

Subraya que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes - muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad”.

En el seno del Poder Ejecutivo se trabaja en la definición de un veto parcial, con textos alternativos, al futuro Código Procesal Penal Juvenil, norma sancionada por la anterior Legislatura en su última día tras un trabajoso acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas.

La sanción del nuevo Código fue enviada al Poder Ejecutivo el 30 de noviembre y en caso de pretender el veto parcial, el Ejecutivo deberá hacerlo antes del 30 de diciembre, caso contrario quedará sancionado fictamente. El instrumento debería entrar en vigencia a los 180 días de su promulgación con la posibilidad de una prórroga de 90 días "fundamentada por el Poder Ejecutivo".

El gobernador Maximiliano Pullaro escuchó objeciones al texto en su rol de diputado provincial y con su voto contribuyó a la aprobación del texto trabajado en forma conjunta por una comisión bicameral integrada por senadores y diputados donde tuvieron un rol clave Lisandro Enrico y Raúl Gramajo por la Cámara Alta y Lionella Cattalini por la Baja. Pullaro habría señalado a objetores -incluso actores de su hoy gabinete- que era mejor la sanción de la norma y después hacer las correcciones necesarias.

Santa Fe tiene un atraso en la materia procesal penal de menores de allí la decisión de sancionar la norma que se trabajó en base a un mensaje del anterior Poder Ejecutivo donde colaboraron funcionarios, actores del Poder Judicial y por supuesto la decisión final en manos de legisladores.

La actual titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson, es una de las que plantea varias observaciones al nuevo digesto. "Objetamos que se hagan procedimientos para adolescentes que no alcanzaron la ley mínima de responsabilidad penal" hablando de menores de 16 años. "Está muy discutido si corresponde el procedimiento abreviado. La crítica mayor es que no se estaría respetando el principio de especificidad y especialización porque tanto desde el MPA como de la Defensa se dice que se tenderá a hacerlo en la medida que los recursos permitan esa distribución y los tratados internacionales recomiendan que haya especificidad. Es decir que haya fiscales, defensores y jueces de Menores". La otra observación es el traspaso de los asesores de menores al MPA. Se considera que esos funcionarios tienen especificidad y especialización.

Para Moreno otra observación es que se permitan juicios conjuntos de adultos y menores. "No debería exponerse a un menor estar con un mayor" le dijo a El Litoral. También objeta que tenga el mismo plazo de prisión preventiva que un mayor.

Además formuló observaciones Patricia Chialvo quien fue secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia hasta el pasado 10 de diciembre. "La Ley es necesaria y fue largamente discutida desde hace así ocho años pero el modelo aprobado viola los estándares de la Convención Internacional de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes (que tiene rango constitucional),contraría la ley Nacional de Niñez (nro 26061) y la ley Provincial de Niñez (12967). Su texto es una regresión en Derechos Humanos; solo propone la mera persecución punitiva sin contemplar los problemas estructurales y el contexto social de los adolescentes en conflicto con la ley y tampoco considera la justicia restaurativa", señaló a las horas de ser sancionada y cuando todavía era funcionaria de Omar Perotti.

La dirigente justicialista la consideró discriminatoria, advierte que quita la especificidad de quienes intervienen en las situaciones y subraya como gravísimo que "penaliza a los menores de 16 años, cuestión que solo puede ser modificada por el Congreso Nacional".

Sobre este punto, marcó que en 2020 no hubo menores de 16 años involucrados en delitos graves; en 2021 uno dentro de un ámbito familiar causado por problemas de salud mental; en 2022 cuatro situaciones, dos por salud mental y dos en el marco de la narcocriminalidad, todos resueltos con familia ampliada. En 2023, no hubo ningún caso.

"La nueva ley otorga un marco de responsabilidad penal mayor para los menores de edad. Así como el Estado debe garantizar sus derechos, los jóvenes también deben hacerse responsables de los delitos que cometen. De esta manera, nuestra provincia tendrá un sistema penal juvenil más justo, que escuche a las víctimas, y con mayores garantías para una sociedad que hace tiempo solicita cambios y reclama justicia frente a los jóvenes que delinquen" escribió en redes el senador Enrico (UCR - General López) cuando se sancionó la ley.

El Senado votó por unanimidad el tema y en Diputados hubo votos en contra del Código. La pelota ahora la tiene la administración Pullaro y el reloj corre.

Rafael Gutiérrez presidirá el Tribunal Electoral en el 2024 por ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ayer, fueron sorteados los camaristas que lo acompañarán en el Tribunal recayendo las designaciones en los camaristas Oscar Puccinelli (Civil y Comercial de Rosario) y Martha Feijoo (Penal de Santa Fe). Como suplentes quedaron Bibiana Alonso (Penal de Rosario) y Javier Mirande (Circuito de Santa Fe). Actuará como procurador fiscal, el procurador general de la provincia, Jorge Barraguirre.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) hizo llegar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Pablo Cococcioni, "la preocupación" por algunos de los proyectos de reforma judicial enviados por la actual gestión provincial a Legislatura.

Las observaciones apuntan fundamentalmente a tres iniciativas: modificación al Código Procesal Penal; juicios por jurados para causas criminales y la reforma al Ministerio Público de la Acusación.

"La iniciativa política de avanzar rápidamente con cambios que el sistema de justicia penal de Santa Fe sin dudas necesita, en forma urgente, es bienvenida. En particular, la incorporación de la participación ciudadana en la administración de justicia provincial, en un contexto de profunda crisis y desconfianza del Poder Judicial, merece ser destacada", dice la entidad en la nota firmada por Aldana Romano, su directora ejecutiva.

"Pero reformas de tan alta sensibilidad institucional deben hacerse con responsabilidad, sin afectar aspectos medulares del sistema judicial. No se trata de entorpecer las reformas, sino de evitar errores que conlleven altos costos institucionales y que, para peor de males, no provoquen los resultados esperados. Es necesario un debate serio y abierto, que esté a la altura de la gravedad de los desafíos que la justicia santafesina debe afrontar", concluye.

Durante la última sesión del Período Ordinario de la Cámara de Diputados de Santa Fe, se aprobó la reforma del Código Procesal Penal Juvenil, proyecto trabajado arduamente por el senador departamental Lisandro Enrico y que ya había recibido la media sanción de la Cámara alta.

Al respecto, el futuro ministro de Obras Públicas, mostró su satisfacción por la aprobación del nuevo código en Diputados: "Se ha aprobado una ley en la cual trabajamos muchísimo en los últimos años, fue muy difícil encontrar el consenso para modificarla, una ley que llevaba años de discusión", consideró en un inicio uno de los autores de la norma que busca regular el proceso penal para personas que, en el momento de cometer un presunto delito, tengan menos de 18 años, y que según la ley penal sean responsables penales.

"Obviamente que los jóvenes tienen derechos que tienen que ser dados por el estado, pero también tienen que hacerse responsables de los delitos cuando se cometen", enfatizó el actual legislador venadense a través de un video en las redes, el cual fue celebrado por los vecinos.

"La nueva ley cambia por completo el sistema de justicia penal juvenil donde no habrá más jueces de menores sino que serán los fiscales los que investiguen estos delitos, donde se darán los mecanismos más ágiles y sobre todo la víctima debe ser escuchada", puntualizó sobre los detalles que se incorporan al nuevo código. 

Agregando que este proyecto, acompañado por su par Raúl Gramajo y que fue aprobado por el Senado en noviembre, "estuvo dando vueltas en la Legislatura durante mucho tiempo y por la falta de acuerdo nunca se aprobó. Pero hoy gracias a diputados, diputadas y senadores hay una nueva ley y dentro de nueve meses comenzará a regir como un cambio importante", consideró Enrico.

Destacando al final como trascendental para Santa Fe "que podamos aggiornar un sistema de justicia penal juvenil que sea justo, claro y que le de garantías a la sociedad". 

(Mario Cáffaro) - La sanción -dividida- pone fin a un proceso de doce años de idas y venidas entre ambas cámaras sobre cómo proceder con los menores de 16 y 17 años en conflicto con la ley penal. Proyectos garantistas en Diputados, conservadores o derechistas en Senado parecieron marcar la imposibilidad de reemplazar el Código actual también votado sobre el final de un período ordinario pero en 1996.

El proyecto actual se originó en un mensaje del Poder Ejecutivo que fue considerado en una comisión bicameral ad hoc que trabajó durante dos años el texto tratando de acercar posiciones y con mirada también de actores del Poder Judicial, de la cátedra y de la propia Secretaría de Justicia. El Senado lo votó en forma unánime en la semana anterior y estaba el compromiso de que lo hiciera Diputados. Sin embargo, el miércoles los jefes de bloque acordaron dejar de lado el tema por las dudas que había en sectores políticos sobre los alcances de la iniciativa. 

No obstante, el jueves hubo una ofensiva de los defensores del texto más un guiño del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, de tener un instrumento para encauzar el proceso penal en esa franja de adolescentes.

El tema fue llevado al recinto y votado sobre tablas con la abstención de Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico) y la socialista Claudia Balagué y el rechazo de Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) y de Carlos Del Frade y Dámaris Pachiotti (Frente Social y Popular). Después en la votación en particular la bancada justicialista votó en contra en 10 artículos y la bancada socialista se abstuvo en cuatro. Oscar Martínez (Frente Renovador) rechazó tres artículos. 

Uno de los que apoyó y trabajó para la sanción fue justamente Martínez para quien es "muy importante que aunque con matices esta Legislatura cumpla con una deuda que tenía con los santafesinos de dictar un Código como este. Una deuda que tiene 27 años y que fue producto de un reclamo generalizado respecto de un cambio de sistema".

En los hechos ante el cometido de un delito, el adolescente tendrá un proceso penal similar a los mayores, es decir, con investigación de un fiscal; posibilidad de usar defensa pública y garantizado el procedimiento por un juez y un colegio de jueces.

El justicialismo votó en contra y el socialismo se abstuvo en los cuatro artículos referido a los adolescentes que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal.

Ahora falta la promulgación que seguramente realizará la gestión Pullaro debido a que el texto debe ser girado al Poder Ejecutivo para su promulgación en una semana con apenas cuatro días hábiles.

Georgina Orciani, diputada por el Bloque UCR Evolución que lidera Maximiliano Pullaro, participa junto al senador provincial Lisandro Enrico del debate sobre el proceso penal para personas menores de edad.  

En ese sentido, la oriunda de Santa Isabel remarcó: “Dada la importancia que tiene este tema, y a la luz de los hechos de inseguridad que siguen ocurriendo, repitiéndose cada vez con mayor frecuencia, la necesidad darle un cierre a este Proyecto de Ley de creación del Código Procesal Penal Juvenil, ha cobrado relevancia extrema”. 

La legisladora radical expresó, “Junto al Senador Lisandro Enrico pretendemos que el Código Procesal Penal Juvenil sea realmente una herramienta para garantizar y dotar de eficacia a los derechos fundamentales de los jóvenes, con el establecimiento de principios de interpretación propios; dando mayor relevancia y participación a las víctimas de los delitos cometidos por menores de edad”; agregando que “se busca actualizar el procedimiento penal juvenil en consonancia con el procedimiento de los adultos, garantizando la oralidad y eficiencia de las investigaciones y los juicios”. 

Cabe mencionar que la propuesta presentada por el Senador Enrico también establece el deber del estado de empezar a promover espacios de comunidad terapéutica para enfrentar a los jóvenes en conflicto con la ley. 

La ley también establece presencia y escucha de la víctima en el proceso del delito cometido por un menor de edad; situación que al día de hoy no ocurre. Además, se prevé que la víctima pueda constituirse como querellante, es decir, ser parte del juicio. 

Orciani afirma que “la provincia vive una de las peores crisis de inseguridad sumado al nivel de impunidad de quienes cometen un delito.” 

“No vamos a dejar de trabajar, con todo el esfuerzo junto al Senado Lisando Enrico para que esta triste realidad cambie”, cerró la legisladora radical.