Por Nancy Balza

Para el Observatorio de la Deuda Social Argentina, IA tiene un significado diferente del que predomina en estos días: lejos de la tecnología, alude a la Inseguridad Alimentaria y hacia ese concepto, los agravantes y sus efectos, apunta el último informe elaborado por el instituto que depende de la Universidad Católica Argentina.

Una de las principales conclusiones, luego de analizar el período 2010-2024, es que el año pasado se alcanzó el pico de 35,5% de IA mientras que la forma severa fue del 16,5%. "En síntesis, hacia finales del período analizado, cerca de 4,3 millones de NNyA enfrentan dificultades para acceder adecuadamente a los alimentos, y aproximadamente la mitad de ellos lo hace en condiciones severas ".

Valentina González Sisto es autora, junto a Ianina Tuñón de "Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual", coordinado por Agustín Salvia. Ya en el título se anticipa gran parte del contenido, porque el análisis ofrece datos concretos en períodos de tiempo y años puntuales: 2018, 2020 (en contexto de pandemia por Covid) y 2024, pero también evalúa los determinantes que predisponen o agravan este escenario desde el año 2010.

El documento de la UCA, presentado por sus autores junto a referentes de la temática, afirma que la inseguridad alimentaria (IA) en la infancia es un problema estructural agravado por crisis coyunturales. "Entre 2010 y 2024, la IA infantil en la Argentina mostró una tendencia sostenida al alza, con picos en 2018, 2020 y 2024. En el último año, el 35,5% de niños/as y adolescentes (NNyA) atravesó IA, y el 16,5% IA severa".

Hay determinantes estructurales que agravan el panorama, como la pobreza, el empleo precario y desempleo, la pertenencia a un estrato social bajo, a hogares monoparentales y numerosos. Pero de todas estas variables, el empleo/desempleo es decisivo y la monoparentalidad se mantiene como un factor de riesgo a lo largo del tiempo.

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijos (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA) funcionan como efecto protector frente a la IA, pero no son suficientes frente a factores estructurales, entre los que se destaca, una vez más, la falta de empleo.

Si se analiza el período 2022-2024, solo el 44,5% se mantuvo libre de inseguridad alimentaria.

La IA se define como "la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para el desarrollo activo y saludable de las personas". Puede manifestarse de forma leve (preocupación por no contar con alimentos por problemas económicos), moderada (reducción en cantidad o calidad de la dieta de la familia y en particular de los adultos) o severa (privación en la ingesta y en particular en los niños/as). Así lo define la UCA en base a autores y organismos internacionales.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), la IA tiene consecuencias especialmente graves: "la falta de acceso adecuado a alimentos impacta de manera crítica en la salud física, el desarrollo cognitivo, el crecimiento emocional y el rendimiento escolar. En etapas tempranas, puede derivar tanto en desnutrición crónica como en malnutrición por exceso (asociada a dietas hipercalóricas y pobres en nutrientes esenciales que afecta también a sectores de mayores recursos), dos formas de privación que, aunque distintas, comparten efectos adversos de difícil reversión y que pueden ser duraderos.

Más allá de los años en que se registran picos de IA, el análisis aborda tres ciclos: entre 2010 y 2017, entre 2017 y 2020 y entre ese año y 2024. "Hacia finales del período analizado, cerca de 4,3 millones de NNyA enfrentan dificultades para acceder adecuadamente a los alimentos, y aproximadamente la mitad de ellos lo hace en condiciones severas".

A partir de 2018, se registra una escalada generalizada en la IA que, con algunas oscilaciones, se sostiene hasta el final del período analizado, dejando cifras superiores a las de 2010 en hogares monoparentales y biparentales que en 2020 presentan un pico inusual de IA, muy posiblemente asociado a los efectos de la pandemia.

Los niveles socioeconómicos bajo y medio presentan tasas elevadas de IA, que alcanzan picos del 66% y 36% respectivamente en los años más críticos. A partir de 2018 se registra un incremento generalizado, con un impacto del deterioro económico que resulta particularmente agudo en los niveles más bajos, los cuales no logran retornar a los valores observados al inicio de la década del 2010.

Un dato a tener en cuenta: hay una fuerte asociación entre la inestabilidad laboral de los adultos y el acceso limitado a una alimentación adecuada. En el extremo opuesto, los hogares con empleo pleno muestran los niveles más bajos de IA durante todo el período analizado. Sin embargo, "estos se mantienen en torno al 10%, lo que sugiere que incluso en contextos de empleo formal o estable, existen sectores que enfrentan dificultades estructurales para garantizar condiciones de vida adecuadas".

En cuanto a la AUH, aunque "no fue concebida originalmente para focalizar en la población infantil con hambre, sino como una política de ingreso para hijos/as de trabajadores informales, su amplia cobertura permite suponer que podría estar funcionando indirectamente como una herramienta de contención o prevención frente a situaciones de IA", concluye el informe.

La escolarización es otro factor que colabora con un menor impacto de IA, ya que "suele estar asociada al acceso a comedores escolares y otros recursos del sistema educativo, así como a una mayor integración social y contacto con redes de contención y cuidado".

El informe del Observatorio Social concluye con siete recomendaciones con anclaje en políticas públicas. En primer lugar, propone fortalecer la inclusión laboral como política central de lucha contra la inseguridad alimentaria: "resulta indispensable promover el acceso a empleo digno, con ingresos estables y protección social, como base de cualquier estrategia estructural para erradicar la IA".

Luego, sostener y revalorizar los programas de transferencia de ingresos como herramientas de contención, como son la AUH y la Tarjeta Alimentar. "Su continuidad, ampliación y actualización en términos reales son fundamentales para garantizar un piso de protección alimentaria en los hogares más vulnerables".

En tercer lugar, pide avanzar hacia sistemas de protección social integrales e intersectoriales: "es imprescindible promover un enfoque de desarrollo infantil temprano que contemple la alimentación como parte de un derecho más amplio a la salud integral". En cuarta instancia, dispone priorizar a los hogares con mayor exposición estructural al riesgo alimentario, tales como los monoparentales, numerosos o en situación de pobreza crónica.

Otra propuesta es reforzar el rol de la escuela como espacio protector y de acceso a la alimentación: "la ampliación de programas de alimentación escolar y estrategias para evitar la deserción educativa son clave".

También establece el diseño de políticas públicas con enfoque territorial y federal, para abordar las coyunturas locales, "contemplando variables como costo de vida, acceso a alimentos frescos y organización comunitaria".

El último punto incorpora la perspectiva de derechos y sostenibilidad alimentaria y concluye en una definición: "la alimentación adecuada debe ser garantizada como derecho humano fundamental".

El 26,6% de la población nacional (12,2 millones) son niñas, niños y adolescentes; el 58,5% vive en hogares pobres y el 18,9 en la indigencia. Con estos datos, que describen un escenario complejo, arrancó su presentación Marisa Graham, Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, ante la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz). Fue su primera exposición en el Congreso nacional luego de la asunción del gobierno de Javier Milei.

Junto con el defensor adjunto Facundo Hernández, trazó una radiografía de la situación de ese amplio sector social, con foco en temas centrales como las asignaciones, la alimentación y la salud. Y ofreció cifras pero también interpretaciones de esas cifras que permiten reevaluar y recalibrar algunos anuncios oficiales.

Vamos por partes: "Hay 9.602.428 personas que reciben asignaciones", fue el dato que recuperó en la presentación y corroboró luego en diálogo con Sur24 cuando volvió a destacar como positiva la decisión de duplicar el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de las asignaciones familiares y de la Tarjeta Alimentar. Aunque, como se verá, es una novedad que ofrece matices.

"Si bien esos incrementos en diciembre fueron importantes porque aumentaron el poder adquisitivo de las prestaciones, tuvieron una caída por inflación de enero, febrero y marzo. Ahí volvió a levantar un poco, porque en marzo había una adecuación trimestral por movilidad, pero no alcanza los niveles de diciembre: siempre van a la baja, producto del aumento de los precios".

El cálculo es el siguiente: "Los niños de hasta los 2 años de edad, si reciben la AUH más la Tarjeta Alimentar más el Plan de los 1000 días que también aumenta en mayo (pasa a casi 20 mil pesos), cubren el 73,2 % de la Canasta Básica Total. Pero los de 3 a 5 años, cubren el 50 %, y entre los 6 y 14, el 37,7 %".

¿Por qué se hace un corte a los 14 años? Porque hasta esa edad las familias reciben la Tarjeta Alimentar, "mientras que para chicos de 15, 16 y 17, que no la reciben, lo que se cubre de la CBT en un 16,9 %".

Por otro lado, la Defensoría viene planteando desde su creación que no es el 100 % de la Tarjeta Alimentar lo que se cobra, sino el 80, "porque el resto se retiene y se entrega acumulado cuando el padre o la madre (en general son madres) presentan las condicionalidades de Educación y Salud". Entonces, por mes no se reciben los 52.554 pesos (que sería el monto con aumento más ajuste trimestral) sino 42.000. Y, además, ese 20 % acumulado de 12 meses tampoco se entrega actualizado "por lo que al día de hoy significaría 10.511 pesos".

En otras asignaciones como el salario familiar, en el tramo 1 de trabajadoras y trabajadores registrados, se cobran 26.277 pesos, poco más de la mitad de la AUH. "Eso desprestigia el sistema de seguridad social para niñas, niños y adolescentes que, vale aclarar, no es un programa ni un plan, sino que surge del art. 26 de la Convención de los Derechos del Niño".

En el caso de las becas Progresar, "un excelente plan que esperamos que no se discontinúe", tuvieron muy buenos resultados para chicos y chicas de 16 y 17 años". En este punto aclara que antes existía a partir de los 18 y "por una incidencia importante de la Defensoría, el ex ministro (Jaime) Perczyk tomó nuestra solicitud de bajar el piso porque en esas edades tenemos el mayor desgranamiento". De esta manera, "los chicos que están en el Progresar mejoran un poco su condición, pero quedan aquellos de 15 años que no reciben ni esta beca ni la Tarjeta Alimentar, y son los más desprotegidos: es en esa franja donde siempre ponemos una mirada más punitiva que de protección de sus derechos".

A todo esto se suma un problema acuciante: el de comedores comunitarios y merenderos en los que se interrumpió la entrega de alimentos secos. "Hicimos un relevamiento de 223 comedores para establecer los que dejaron de recibir alimentos secos a principios de año. Mandamos pedidos de informes y tuvimos reuniones; sí se mantuvo la entrega de transferencias en aquellos que reciben fondos a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero no los que reciben alimentos secos en forma directa. Ese es un problema grave, porque muchos comedores o merenderos cerraron, pero colapsaron al que está a diez cuadras, una situación que observamos en forma directa y que trabajamos en conjunto con defensores provinciales, organizaciones sociales, curas villeros".

"La respuesta que tuvimos fue que hubo un cambio en la modalidad de prestación. Como Defensoría, no hacemos una crítica a la nueva modalidad, que no conocemos; pero pedimos que en esta y otras políticas, mientras se cambian las formas, no se interrumpa la prestación".

El tema derivó en distintas actuaciones, incluida una medida cautelar. Y hasta el viernes, cuando se hizo esta entrevista, el servicio no se había restituido.

Otro de los temas que preocupa a la Defensoría es el de seguridad alimentaria y el acceso económico a productos saludables, nutritivos y seguros. "Logramos que se cumpla con la Ley de Etiquetado Frontal. El tema que estamos trabajando con la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud (esperemos continuar con esta gestión) es el de los entornos escolares: en los kioscos y cantinas de establecimientos públicos y privados se venden bebidas azucaradas y alimentos que no cumplen con esos requisitos".

Pero las asignaciones y la alimentación de niños, niñas y adolescentes no son los únicos temas que preocupan a la Defensoría. En materia de salud, se tiene que el 35,6 % de toda la población utiliza el sistema público, pero en población infantil esa cifra aumenta al 44,9 %. "La preocupación es que, con mucha gente que migra de la salud privada, el sistema público se colapsa".

A esto se suma la baja en la tasa de vacunación que, en la población infantil, "está por debajo de los niveles óptimos históricos del país". Ese nivel óptimo es el que impide que regresen enfermedades endémicas y fueron erradicadas, como el sarampión.

Pero hay otro tema "gravísimo" y es la falta de pediatras, que "no es decisión de ninguno de los tres poderes del Estado, pero es un problema grave que se repite en todo el país". En este tema se trabaja en conjunto con la Sociedad Argentina de Pediatría y Educación: "La carrera con la especialidad es larguísima, entre 10 y 12 años, y el pediatra, como el médico clínico, está muy mal pago".

"Tenemos que incentivar a las y los estudiantes para que elijan esta especialidad y para eso la única opción es reducir las residencias en Pediatría porque es un tema que se va a ver con el tiempo y es complicado".

La discontinuidad del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia), plantea un desafío prioritario en la agenda de la Defensoría y de numerosos organismos que se pronunciaron al respecto en los últimos días. "Desde su creación en 2017 este programa logró que bajara la tasa de embarazo adolescente e infantil donde, claramente, hay víctimas de un abuso. De 2019 a 2022, esa tasa descendió en un 52 % en adolescentes y un 61 % en niñas".

En este punto, Graham advirtió que "un buen plan que funciona y presenta buenos resultados, tiene que continuar; mejorado, aggiornado, pero no tiene que ser desarticulado". Y va más allá: "Hay que despojarse de los prejuicios porque el Enia logró un cambio cultural, de manera que las chicas se cuidan más porque tienen más información, y los varones tomaron conciencia de que también se tienen que cuidar".

"Todos los programas que Nación interrumpe o en los que desvincula personal impactan en las provincias", aclara la defensora. Esto es así porque "no hay niño que nazca o viva en la Nación: todos están en una jurisdicción".

El dato es oportuno porque también hubo desvinculaciones en el plan de 1000 Días y cambios en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) que derivaron en interrupción de tratamientos, por ejemplo, oncológicos.

La recomendación general de Graham, para este y todos los temas de incumbencia de la Defensoría, es que "los intereses de niñas, niños y adolescentes tienen que estar en el centro de todas las políticas".

El presidente Alberto Fernández incluyó el proyecto de “ley Lucio” en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, para que sea aprobado por el Senado. El texto establece un plan de capacitación de funcionarios públicos para actuar en situaciones de violencia contra menores, como sucedió con el asesinado niño Lucio Dupuy. Las sesiones iniciaron el lunes y se extienden hasta el 28 de febrero.

La decisión se oficializó a través del decreto 45/2023 publicado durante la madrugada en el Boletín Oficial. Con la firma del Presidente y su jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur, se agregó al temario de sesiones extraordinarias el proyecto de creación del “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

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La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, había pedido este martes al Presidente que incorporara en el temario de sesiones extraordinarias, para que sea aprobado por el Senado, el proyecto de “ley Lucio”.

En una nota enviada al mandatario, Moreau solicitó que se incorpore esa iniciativa aprobada con amplio consenso por la Cámara baja.

El Presidente @alferdez me acaba de comunicar que, cumpliendo con el compromiso asumido con los familiares de Lucio Dupuy, tomó la decisión de ampliar el temario de extraordinarias e incorporará el proyecto. #LeyLucioYa https://t.co/rdp90ZjAdi

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) January 26, 2023

El proyecto, sancionado por 228 votos en la sesión del 9 de noviembre, establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.

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Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

También busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.

La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).

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Lucio Dupuy fue asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa y por ese crimen están siendo juzgadas su madre, Magdalena Espósito, y la pareja de la mujer, Abigail Páez; el veredicto se conocerá el próximo 2 de febrero.

La convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias del Congreso ingresó formalmente el 16 de enero último para el período comprendido entre el 23 de este mes y el 28 de febrero próximo, y contempla un paquete de 27 iniciativa entre las que se encuentra el proyecto de pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema.

Por Mario Cáffaro 

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley estableciendo un programa de cuidado integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer en la provincia basado “en la persona y la máxima calidad de vida durante la enfermedad del paciente”. La comisión de Salud trabajó en base de tres proyectos ingresados por Rosana Bellatti (PS), Silvia Ciancio (UCR – Evolución) y Natalia Armas Bellavi (Vida y Familia). “Pensar en un programa integral de cuidado integral no es solo garantizar el acceso a salud y tratamiento sino cuidar de prácticas médicas experimentales y dar la posibilidad de rechazar estos tratamientos” señaló la primera. “Es importante también pensar en las familias de esos chicos afectados por cáncer, de allí la necesidad de que haya una política integral” dijo Ciancio mientras que Armas Bellavi advirtió que apenas el 15% de los afectados accede a tratamientos paliativos. 

En el recinto, las tres expositoras hablaron de familias que deben recurrir a la justicia para que obras sociales le reconozcan los tratamientos, de las diferencias entre la calidad de salud entre las diferentes zonas de la provincia y de la necesidad de que la familia pueda acompañar al menor afectado por cáncer durante el tratamiento. “Cuando hablamos de cuidado integral hablamos de garantizarle condiciones de vivienda digna, de acceso a la educación, del derecho al juego” explicó la socialista. Ciancio explicó los porqué de darle a las familias vivienda, transporte y una asignación familiar mientras dure el tratamiento. “Apenas el 15% de los chicos que padecen cáncer tienen asistencia y saben cuál es la principal preocupación de los enfermos: quién se hará cargo de los juguetes y del perro” acotó Armas Bellavi, médica ella. 

Los objetivos fijados por la ley son unificar lineamientos programáticos y guías prácticas para la detección, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de niños, niñas y adolescentes; garantizar su seguimiento durante y después de la internación hospitalaria, fortaleciendo el sistema de referencia y contrarreferencia; capacitar en la temática a los equipos de salud que brindan atención continua a los pacientes que cursan la enfermedad; asegurar la asistencia médica, medicamentosa, educativa y socio-económica de los pacientes; promover la aplicación de guías de prácticas terapéuticas y protocolos, de acuerdo a criterios y evidencias establecidas para la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación del cáncer; promover la suscripción de convenios con instituciones provinciales, nacionales e internacionales tanto públicas como privadas para facilitar la consulta de los pacientes procurando su seguimiento durante y después de su tratamiento; y fomentar proyectos de investigación y de desarrollo científico sobre la materia. 

Los derechos de los pacientes oncológicos menores de 18 años son recibir atención médica y clínica de excelencia, y cuidados paliativos, cuando el diagnóstico lo determine, como herramienta indispensable en el tratamiento integral del paciente; recibir atención de un equipo interdisciplinario, formado en cuidados paliativos; gozar de acompañamiento familiar durante el tratamiento, o de personas cuidadoras elegidas por la familia; continuar con su educación a través del otorgamiento de becas de apoyo para su escolaridad fortaleciendo su trayectoria educativa, y accediendo a dispositivos del sistema educativo en tiempo y forma; y recibir toda información sobre la enfermedad y su bienestar, con acompañamiento psicológico y social por parte de personal calificado. 

El Ministerio de Salud será el encargado de aplicar el programa y de emitir el Certificado Único de Oncopediatría (CUO). 

También establece que el Estado provincia otorgará una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, para los enfermos cuyos progenitores o representantes legales no cuenten con ningún beneficio de carácter previsional de alcance provincial. El ministerio de Educación deberá realizar el seguimiento, la entrega de recursos económicos en la forma de becas y elementos de digitales para que el paciente pueda continuar con su proceso de aprendizaje. 

El proyecto girado al Senado establece la gratuidad del transporte público de pasajeros urbano, interurbano o de larga distancia sin limitación para el paciente oncopediátrico y su madre, padre, tutor o encargado de la persona. En cuanto a vivienda, Salud debe garantizar al menor y a su acompañante, que residan a más de 100 kilómetros de distancia, la cobertura de gastos correspondientes a una residencia temporaria con condiciones de seguridad sanitarias idóneas para construir un hábitat propicio durante el tratamiento y rehabilitación del paciente. 

Por último, la ley dispone que el 15 de febrero de cada año se conmemora el “Día del Paciente Oncopediátrico”, en consonancia con el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, a los efectos de sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes, y sus familias. 

En los fundamentos del proyecto se da cuenta que la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica afirma que en el mundo se registran 250.000 nuevos casos de cáncer infantil por año y es una de las principales causas de muerte para este grupo etario. De acuerdo a la Organización Internacional de Cáncer Infantil cada tres minutos fallece un menor de edad por esta enfermedad. En la Argentina, según datos del Registro Oncopediátrico Hospitalario anualmente entre 1.300 y 1.400 menores de 15 años son diagnosticados con cáncer, lo que equivale a casi 4 casos por día. El tipo de cáncer pediátrico más frecuente es la leucemia, con un 37 % de los casos, seguidos por tumores del sistema nervioso central, linfomas y tumores sólidos. El hospital Garrahan, el centro pediátrico más grande del país, recibe aproximadamente 500 pacientes de cáncer infantil por año y las tasas de sobrevida a los tratamientos superan el 70 % una cifra que lo iguala con los mejores centros oncológicos mundiales. 

En tanto, estudios epidemiológicos realizados por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (FCM/UNR) dicen que los fallecidos por cáncer en los pueblos de nuestra provincia duplican o triplican la media nacional para la misma enfermedad. 

La diputada Betina Florito informó que su monobloque en la Cámara Baja llevará por nombre ‘Encuentro Republicano Federal’, espacio que a nivel nacional lidera Miguel Ángel Pichetto. La legisladora acordó con el ex senador nacional y actual titular de la Auditoría General de la Nación trabajar para representar al cuarto espacio que integra la mesa nacional de Juntos por el Cambio. 

La Comisión de Género, Mujer y Diversidad de la Cámara de Diputados que preside Lucila De Ponti (PJ) se reunió ayer con la fiscal regional interina de Rosario, María Eugenia Iribarren. El encuentro se hizo a raíz de la inquietud de varios legisladores sobre un caso que se discute en la justicia penal de Rosario y que implica la detención domiciliaria de una mujer en el marco de una investigación. Esa comisión fue la única que se reunió en la presente semana en la Cámara Baja. 

El anuncio sobre el uso de la vacuna lo realizó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien señaló que las dosis de esa vacuna recibirán “autorización para usarla en adolescentes” y niños y agregó: “Si llega al país, que va a llegar pronto, y si efectivamente la aprueba la FDA y luego presenta los papeles en Argentina, se aprueba”. En este sentido, el funcionario de la gestión de Axel Kicillof señaló: “Hay un convenio entre Argentina y Estados Unidos así que eso suele ser muy rápido, puede ser que pronto tengamos la autorización para usar Moderna en adolescentes”. Por otro lado, Kreplak se mostró expectante “de que se pueda aprobar el uso de Sinopharm” para esa franja etaria y señaló que “en China ya se está usando en personas de entre 3 y 18 años”. “Esa novedad nos va a cambiar un poco la posibilidad de cubrir un grupo poblacional especialmente sensible para todos”, agregó el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en declaraciones radiales. La confirmación del funcionario bonaerense llegó luego de que trascendiera que el presidente Alberto Fernández buscaba utilizar las dosis de Moderna para los niños, niñas y adolescentes, ya que no tener una vacuna aprobada para esa franja etaria en plena segunda ola de Covid era un “enorme preocupación”, según dijo el mandatario. En cuanto al reparto de estos cargamentos de la vacuna estadounidense, el Gobierno aplicará el criterio de reparto proporcional que viene implementando entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2020, cuando desembarcó la primera entrega para enfrentar la pandemia.

Donación El Gobierno nacional firmó un acuerdo de donación de vacunas con Estados Unidos por el que llegaron al país 3,5 millones de dosis del laboratorio Moderna. Son las primeras vacunas que la Argentina recibirá por vía de donación de Estados Unidos, algo que se destrabó tras la modificación de la ley que hizo el presidente Alberto Fernández a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Las 3,5 millones de dosis representarán el envío más grande que haya hecho hasta el momento la administración de Joe Biden para América Latina.