En medio de la renovada tensión diplomática con la Argentina, el gobierno británico confirmó que todas las nuevas licencias petroleras en las Islas Malvinas requerirán el consentimiento del Foreign Office. La medida busca dar respaldo a las empresas tras la caída de sus acciones y el retiro de una importante compañía de servicios.

Hasta el momento, los permisos para operar en las aguas cercanas al archipiélago eran emitidos por el gobierno isleño. Sin embargo, el subsecretario parlamentario del Foreign Office, Lord Wood of Anfield, ratificó ante la Cámara de los Lores que la autorización del secretario de Estado de Asuntos Exteriores será un requisito ineludible de aquí en adelante.

La decisión asume una responsabilidad directa con el fin de fortalecer la confianza empresarial En septiembre, la escalada diplomática y el anuncio de acciones sancionatorias por parte del gobierno argentino impactaron de lleno en los mercados. En la Bolsa de Londres, la empresa Rockhopper perdió un 17,9% de su valor bursátil, mientras que Navitas cayó un 11,5% en la de Tel Aviv. Además, la petrolera estadounidense Halliburton decidió no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion.

Consultado específicamente por el representante conservador Lord Moynihan sobre la reciente prórroga de licencias en Sea Lion —cuya primera producción está prevista para 2028—, el funcionario británico evitó confirmar o negar si Londres intervino en esa autorización en particular.

Las operadoras de este yacimiento trabajan con licencias ya existentes que contaban únicamente con los contratos firmados por el gobierno isleño y el apoyo del Reino Unido.

El endurecimiento de la postura británica ocurre en paralelo a un debate económico propuesto por el Partido Conservador en Westminster. La oposición hizo pública su intención de exigir que las regalías derivadas de la explotación petrolera en las islas sean compartidas con el Reino Unido.

El objetivo es utilizar esos recursos para financiar los gastos de defensa de las islas, que representan unas 75 millones de libras esterlinas anuales cargadas al presupuesto británico. Según los conservadores, esto permitiría aliviar la carga de los contribuyentes y liberar fondos para aplicarlos al presupuesto de defensa del Reino Unido, cumpliendo así con los pedidos de la OTAN.

La decisión comunicada a la Cámara de los Comunes modifica el esquema de permisos de explotación en la región. Esta intervención centralizada de Londres representa una respuesta institucional ante los reclamos de soberanía de Argentina, marcando una política más estricta sobre el control de los recursos de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El presidente Javier Milei volvió a colocar al proyecto petrolero Sea Lion en el centro de la disputa por las Islas Malvinas durante la cadena nacional emitida este jueves.

El mandatario sostuvo que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration avanzan con la explotación offshore. El cronograma empresarial prevé comenzar la perforación durante 2027 y alcanzar la primera producción de petróleo en el primer trimestre de 2028.

Sea Lion es un yacimiento descubierto en 2010 dentro de la Cuenca Malvinas Norte. Se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de Puerto Argentino, en aguas cuya soberanía es disputada entre la Argentina y el Reino Unido.

La petrolera israelí Navitas posee el 65% del emprendimiento y se desempeña como operadora. La compañía británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante.

Rockhopper calcula que el yacimiento contiene 1.700 millones de barriles de petróleo en el subsuelo. Una evaluación independiente de 2026 estimó 314 millones de barriles de reservas probadas y probables para las dos primeras fases, además de otros recursos condicionados.

Las empresas aprobaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025. La primera etapa demanda alrededor de US$1.658 millones hasta alcanzar la producción y unos US$2.058 millones hasta completar su desarrollo.

La extracción inicial se realizará mediante una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga. El buque Aoka Mizu será reacondicionado para operar en la zona.

La primera fase apunta a extraer cerca de 170 millones de barriles y alcanzar una producción máxima de aproximadamente 55.000 barriles diarios. Las compañías mantienen como objetivo comenzar a producir durante el primer trimestre de 2028.

La Argentina sostiene que cualquier exploración o explotación de recursos naturales en la zona debe contar con autorización nacional. También rechaza las licencias otorgadas por las autoridades británicas que administran las islas.

La Cancillería argentina declaró ilegales las actividades de Rockhopper y Navitas. Ambas empresas fueron inhabilitadas para operar en el país durante 20 años.

Milei anunció que modificará la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra las compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas sin autorización. También anticipó un decreto y el envío al Congreso de un proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.