El intendente de Venado Tuerto y actual presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella, se pronunció con firmeza tras los recientes avances en la investigación judicial que desarticuló el circuito económico de la banda narco liderada por el venadense "Wacho Maxi". El mandatario destacó en un posteo en sus redes que la lucha contra el crimen organizado no se detiene en los eslabones más visibles, sino que alcanza a quienes financian y sostienen estas estructuras desde la legalidad.

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La investigación, llevada adelante por la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía Regional N.º 3 y la Fiscalía Federal, logró reconstruir cómo la organización criminal comercializaba estupefacientes en pesos para luego convertir ese dinero en dólares. Según los datos recabados, estas maniobras de lavado se realizaban de manera reiterada para financiar la compra de más droga, utilizando como fachada una firma venadense.

"Lo dijimos en su momento: vamos contra todos. Los que venden, los que distribuyen, los que financian y los delincuentes de guante blanco que sostienen estas estructuras", sentenció Chiarella al referirse al impacto de la causa , una frase ya utilizada por el intendente en contexto de otras causas judiciales.

En el marco de esta causa, que incluyó más de 16 allanamientos el pasado 31 de marzo, dos empresarios locales fueron formalmente imputados:

Libres con condiciones

Tras una extensa audiencia ante el juez Leandro Martín, ambos imputados recuperaron la libertad, aunque sujetos a estrictas medidas de conducta mientras avanza el proceso judicial. Entre las restricciones impuestas figuran un embargo de un inmueble por un valor de 60 mil dólares; la prohibición de salir del país y de mantener contacto con otros implicados en la causa; y la prohibición de modificar planillas vinculadas a cajeros.

La causa, que también involucró requisas en unidades penitenciarias, continúa abierta tanto en la esfera provincial como federal para determinar el alcance total de esta estructura narcocriminal. Por su parte, Chiarella ratificó su compromiso con la seguridad local: "Vamos a seguir firmes en la lucha contra el narcotráfico".

La causa por narcotráfico que se desprendió del megaoperativo realizado el lunes 31 de marzo, con más de 16 allanamientos en domicilios, una agencia de turismo donde también funciona una casa de cambio y celdas de varias unidades penitenciarias, sumó este jueves un nuevo capítulo en los Tribunales de Venado Tuerto. En la sala 2 se desarrolló la audiencia imputativa y cautelar para dos de los empresarios investigados, quienes finalmente recuperaron la libertad, aunque quedaron sujetos a una serie de estrictas medidas de conducta.

La audiencia fue presidida por el juez Leandro Martín, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, quien durante varias horas expuso en detalle las imputaciones formuladas contra Jorge K. (72) y Ezequiel A. (47), ambos alcanzados por la investigación que busca esclarecer el funcionamiento de una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes con base en Venado Tuerto.

Luego de varias horas se dio lectura de cargos, mientras que las partes alcanzaron un acuerdo que permitió que ambos imputados transiten el proceso en libertad.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, Ezequiel A. fue imputado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes, una calificación que lo ubica con un grado de intervención relevante dentro de la maniobra que se investiga.

En tanto, Jorge K. fue imputado por comercialización de estupefacientes y además por tenencia de armas de guerra, en relación con los elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco del operativo.

La defensa de los acusados quedó a cargo de la abogada Ana María Regidor, por Ezequiel A., y del letrado rosarino Jorge Resegue, en representación de Jorge K.

Si bien ambos recuperaron la libertad, el juez dispuso una serie de restricciones que deberán cumplir mientras avance la investigación. Entre las medidas fijadas figura el embargo de un inmueble ubicado en calle Junín por un monto de 60 mil dólares, además de la prohibición de salir del país.

También se ordenó que no puedan mantener contacto con otros implicados en la causa, así como la prohibición de modificar planillas vinculadas a cajeros, un punto que aparece mencionado dentro de la investigación en curso.

Con esta resolución, los dos empresarios continuarán sometidos al proceso judicial, aunque sin prisión preventiva. La investigación, en tanto, seguirá avanzando tanto en la esfera provincial como en la federal, en una causa de fuerte impacto regional que intenta reconstruir el alcance y la operatoria de una supuesta estructura narcocriminal asentada en Venado Tuerto.

La investigación por narcotráfico que tiene como epicentro a Venado Tuerto derivó en un amplio despliegue judicial y policial este lunes, con allanamientos simultáneos en la ciudad, en Rosario y en distintas unidades penitenciarias de la provincia y la región. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, y se concretaron en el marco de una causa que instruye la Fiscalía Federal local junto con la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación.

Según se informó oficialmente, en total se realizaron 16 allanamientos en el marco de una pesquisa que apunta a una banda narcocriminal integrada por al menos 17 personas, la mayoría oriundas de Venado Tuerto. De ese total, 11 ya se encuentran detenidas y cumpliendo condenas por delitos vinculados a la ley de estupefacientes y otros hechos de gravedad.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo del fiscal general Federico Reynares Solari, con la participación de la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi y la auxiliar fiscal Rocío Estrada. En forma paralela y coordinada, la Unidad de Microtráfico del MPA avanzó con cuatro allanamientos en domicilios específicos.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de Venado Tuerto, donde estuvo incluida una casa de cambio señalada en la investigación como el lugar donde integrantes de la organización cambiaban dólares, y también en Rosario. A eso se sumaron requisas en 11 celdas distribuidas en distintas unidades penitenciarias: la Unidad N°11 de Piñero, la Unidad N°1 de Coronda, la Unidad N°5 de Rosario -Subunidad 3-, la Unidad N°6 de Rosario, la Alcaldía de Melincué y el nuevo Complejo Penitenciario Federal de Coronda.

De acuerdo con la información oficial, el expediente tramita bajo el Código Procesal Penal de la Nación.

Como resultado de los operativos, se incautaron teléfonos celulares, documentación y vehículos, elementos que ahora serán peritados y analizados por los investigadores con el objetivo de profundizar la pesquisa y determinar la eventual responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.

La hipótesis judicial es que la organización seguía manteniendo actividad y vínculos operativos aun con varios de sus integrantes detenidos, motivo por el cual uno de los focos centrales de la investigación apunta a reconstruir las comunicaciones, movimientos y posibles maniobras económicas del grupo.

Desde la Justicia confirmaron que en los próximos días serán indagados los integrantes de la banda narcocriminal, en una etapa clave para avanzar con las imputaciones y precisar el rol que habría tenido cada investigado dentro de la estructura.

El avance conjunto entre la Fiscalía Federal y el MPA vuelve a poner el foco en la articulación entre la justicia federal y provincial para abordar causas complejas vinculadas al narcotráfico, especialmente aquellas que combinan venta de estupefacientes, manejo de dinero y conexiones con personas privadas de la libertad.

Una mujer de 30 años fue condenada en Venado Tuerto a cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación estuvo a cargo del fiscal especializado en microtráfico, Iván Gastón Raposo, y se resolvió mediante un procedimiento abreviado. En ese marco, la imputada, Joana Ríos, reconoció su responsabilidad penal por los hechos investigados.

La defensa fue ejercida por el abogado Mauro Blanco, quien acordó con la Fiscalía los términos de la condena.

Allanamiento y secuestro de droga

El hecho central de la investigación se remonta al 17 de octubre de 2025, cuando personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Obispo Rossi al 500.

Durante el procedimiento se incautaron:

De acuerdo con la acusación, la cantidad de sustancia secuestrada y los elementos hallados permitieron establecer que la droga estaba destinada a su comercialización.

Venta bajo modalidad “delivery”

Uno de los aspectos relevantes de la causa fue la incorporación de pruebas fílmicas obtenidas durante la investigación. Según detalló la Fiscalía, los registros muestran a la imputada realizando maniobras compatibles con la venta de estupefacientes.

Las operaciones se concretaban bajo la modalidad de “delivery”, utilizando una motocicleta, en distintos puntos de la ciudad durante los días 3, 4 y 9 de septiembre, en horas de la tarde.

Calificación legal y condena

El hecho fue encuadrado en la figura de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, prevista en la Ley 23.737.

En función de la evidencia reunida y el acuerdo entre las partes, la Justicia dispuso una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerarla autora penalmente responsable del delito.

Un procedimiento policial realizado en la madrugada de este domingo en Venado Tuerto permitió el secuestro de estupefacientes y dinero en efectivo, tras la interceptación de un vehículo que había intentado evadir a la policía.

El hecho se inició cuando personal del Comando Radioeléctrico detectó un Chevrolet Prisma que evitó la presencia policial, lo que motivó un seguimiento controlado que finalizó en la intersección de Lisandro de la Torre y Azcoaga.

Al detener la marcha del vehículo, en el que circulaban cuatro personas, los efectivos realizaron una requisa que derivó en el secuestro de presunta marihuana y una suma de dinero en efectivo.

Ante esta situación, se dio intervención al área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), que continuó con las actuaciones correspondientes.

Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría 2da, donde se dio conocimiento a la Fiscalía en turno. Como resultado, se dispuso la formación de causa por infracción a la Ley 23.737 para uno de los ocupantes.

En tanto, los otros tres individuos recuperaron la libertad sin imputación. Además, se ordenó el secuestro de los teléfonos celulares y la posterior restitución del automóvil.

En un procedimiento llevado a cabo por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) este viernes 27, fueron detenidos A. A. G. y su pareja, N.A.F. El allanamiento tuvo lugar en el domicilio que ambos comparten, ubicado en Lisandro de la Torre, en el barrio Mateo Fernández, sector conocido popularmente como el "Barrio de la Carne" en Venado Tuerto.

La orden de detención fue emitida por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Iván Raposo, en el marco de la investigación penal. Durante la requisa, el personal policial incautó cinco envoltorios de cocaína con un pesaje total de 40 gramos y diversos teléfonos celulares. 

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el intendente Leonel Chiarella el 5 de febrero de 2024, tras recibir información reservada de vecinos sobre puntos de venta de estupefacientes en la zona. Las tareas de inteligencia y vigilancia realizadas por un agente de seguridad en mayo de 2024 y febrero de 2026 confirmaron movimientos compatibles con la comercialización minorista en la vivienda, la cual pertenece a la madre de la joven detenida.

La pareja fue imputada provisoriamente como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Ambos permanecen alojados en dependencia policial en carácter de incomunicados y han quedado a disposición del Juez de Primera Instancia para la correspondiente audiencia imputativa.

La madre del narcotraficante Maximiliano “Wacho” Ríos, identificada como Ana V. D., y su hermano Rodrigo seguirán detenidos por decisión judicial, tras una audiencia en la que el fiscal Iván Raposo expuso una serie de elementos que los vinculan a distintas actividades ilícitas en Venado Tuerto.

La investigación sostiene que ambos formaban parte de una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes, principalmente cocaína, y que utilizaban los fondos obtenidos para adquirir dólares en una agencia local y reinvertir en la compra de más droga.

Allanamientos y pruebas clave

Hace pocas semanas, efectivos policiales realizaron un allanamiento en la vivienda ubicada en calle Almafuerte al 1600, donde residían los acusados. En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares que resultaron determinantes para la causa.

De acuerdo con la acusación, en los dispositivos se hallaron audios y mensajes de texto que detallan parte del accionar de la banda. Entre los contenidos, se menciona continuar con las amenazas contra el intendente Leonel Chiarella, y un plan para intentar matar al jefe de la Policía de Investigaciones.

Venta de droga y compra ilegal de dólares

Otro de los puntos centrales de la acusación fue describir cómo funcionaba aceitadamente la banda.

La fiscalía sostiene que el dinero recaudado por la comercialización de cocaína era utilizado para adquirir dólares en una agencia no autorizada de Venado Tuerto. Esos fondos, posteriormente, eran destinados a la compra de más droga, en un esquema que permitía sostener y ampliar la operatoria ilegal.

Casino online clandestino

En paralelo, la investigación determinó que Ana V. D. administraba un casino online ilegal denominado “Zeus”. Esta actividad, según la acusación, también formaba parte del entramado delictivo y generaba ingresos adicionales para la organización.

La explotación de juegos de azar sin habilitación constituye un delito y, en este caso, se suma a las imputaciones por narcotráfico, amenazas y maniobras financieras ilegales.

Con los nuevos elementos incorporados al expediente, la Justicia consideró que persisten los riesgos procesales y resolvió mantener la prisión preventiva de ambos acusados mientras continúa la investigación.

La causa sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, en el marco de un expediente que involucra delitos graves.

La ciudad de Venado Tuerto fue escenario este martes de un hecho que el propio intendente Leonel Chiarella definió como “un hito en el sistema de seguridad de la provincia”. En la vivienda ubicada en calle Pavón 568 se procedió al derrumbe del búnker de venta de droga número 100 desde la implementación de la Ley de Microtráfico en Santa Fe.

“Para nosotros es un gran respaldo y también un hecho histórico. El búnker número 100 que se derribó en toda la provincia fue en Venado Tuerto, y eso es un mensaje muy claro de cómo trabajamos, junto al Gobierno provincial, contra el narcotráfico y la venta de droga”, sostuvo Chiarella.

El operativo contó con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, y autoridades locales y provinciales. Según remarcó el intendente, la demolición no es un hecho aislado, sino parte de una política sostenida que apunta no solo a detener a quienes venden y distribuyen estupefacientes, sino también a eliminar los espacios físicos donde se desarrollaba esa actividad ilegal.

Chiarella recordó que la vivienda de Pavón 568 era una casa usurpada y utilizada como punto de venta de droga en el barrio Iturbide. “Es un lugar donde se vendía droga, donde se utilizaron incluso menores de edad para la comercialización. Allí se detuvo a dos personas que hoy esas personas están presas”, explicó. Cabe señalar que la causa en total cuenta con 8 detenidos con prisión preventiva.

En ese sentido, destacó que la Ley de Microtráfico permitió acelerar los tiempos de investigación y avanzar con mayor rapidez en este tipo de causas. “La ley nos permite un accionar rápido, con una celeridad muy importante del Ministerio Público de la Acusación, de los fiscales y de los jueces. No solo se mete preso a quien vende droga, sino que también se terminan y se derrumban los lugares donde se hacía esa venta”, afirmó.

El intendente puso especial énfasis en explicar por qué se toma la decisión de demoler las viviendas utilizadas como búnkers. “Muchas veces los vecinos preguntan por qué no se deja la casa para que viva otra familia. En términos de seguridad, el derrumbe es un mensaje claro”, señaló.

Y agregó: “Cuando un lugar queda identificado con la venta de droga, aunque se vaya o quede preso quien estaba ahí, el hostigamiento posterior es enorme. Ha pasado en Rosario, en otras ciudades y también en Venado Tuerto: una familia de bien se muda y termina siendo presionada o expulsada para volver a usar el lugar como búnker”.

Por eso, remarcó que “la decisión es inactivar el lugar, derrumbarlo y que vuelva a nacer como un espacio para gente de bien. Eso da tranquilidad al barrio y corta de raíz la posibilidad de que vuelva a funcionar como punto de venta”.

Chiarella también vinculó este avance con la participación activa de la comunidad. “Si la gente aporta información en los Buzones de la Vida es porque confía en que después pasan cosas: allanamientos, detenciones y derribos de búnkers. Si no, la gente no denunciaría”, sostuvo.

En este caso puntual, explicó que la investigación se inició a partir de una denuncia realizada junto al delegado del Ministerio de Seguridad, Nahuel Pasquinelli, y la senadora provincial Leticia Di Gregorio, a la que luego se sumaron datos aportados por vecinos y por los Buzones de la Vida.

“El compromiso de la comunidad es clave. Nosotros tomamos esa información, la denunciamos con nombre y apellido y avanzamos contra quienes venden y distribuyen droga en los distintos barrios de la ciudad”, afirmó.

Finalmente, el intendente confirmó que existen otros inmuebles en proceso judicial para avanzar con nuevos derrumbes en Venado Tuerto, aunque aclaró que no se difunden direcciones hasta que la Justicia lo autoriza.

“Tenemos dos o tres más en proceso. Son lugares significativos en distintos barrios y el mensaje es muy claro: a los narcos los queremos presos y a los barrios tranquilos”, concluyó Chiarella.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario condenó este miércoles a tres personas por tráfico de estupefacientes en la ciudad de Venado Tuerto. En el mismo fallo, una cuarta imputada fue absuelta por el beneficio de la duda.

La sentencia se conoció este 19 de noviembre durante una audiencia pública desarrollada en Venado Tuerto, con la participación de los jueces Osvaldo Facciano (presidente), Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero (vocales), y con la intervención del auxiliar fiscal Mariano Barabani.

 Los condenados

Los condenados son:

Una absuelta por el beneficio de la duda

Por otra parte, Claudia Alejandra F. (51 años), también imputada en la causa, fue absuelta por el beneficio de la duda, principio que establece que ante la falta de pruebas concluyentes no puede dictarse una condena.

Decomisos y medidas adicionales

El tribunal también resolvió mantener en libertad a los condenados hasta tanto la sentencia quede firme. Además, se ordenó el decomiso de bienes utilizados o vinculados al delito, entre ellos:

La División Microtráfico de la PDI Región III llevó a cabo recientemente dos nuevos allanamientos en Venado Tuerto, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737. Estas medidas, ordenadas por el Fiscal Dr. Iván Raposo de la Fiscalía Regional N° 3, se derivaron de una investigación previa y culminaron con la detención de dos personas, madre e hijo, en un domicilio de calle Almafuerte al 3000. Durante el operativo, que resultó positivo, se secuestraron elementos de interés para la causa, incluyendo marihuana, dos teléfonos celulares y tres cigarrillos de armado casero.

Las personas detenidas, A. D. y R. R., fueron provisionalmente calificadas como partícipes necesarios del delito de comercialización de estupefacientes.

La propiedad allanada pertenecería a Maximiliano Ezequiel Ríos, apodado “el Wacho Maxi”, quien fue condenado la semana pasada a 8 años de prisión efectiva por una serie de delitos que incluyeron dos hechos de comercialización de estupefacientes, daño calificado por uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma y resistencia a la autoridad.

La evidencia que sustenta las órdenes de detención señala que los acusados cooperarían en la venta de drogas que Ríos orquestaba incluso mientras cumplía prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda.

Las co-imputadas D. A. y A. A., quienes se encargaban de la distribución y cobranza del material estupefaciente, señalaron que la hoy detenida recibía el dinero recolectado a través de transferencias y efectivo.

Los imputados quedaron a disposición del Juez de Primera Instancia de Distrito Judicial N°3 de Venado Tuerto, en turno, y se ordenó su traslado a la Oficina de Gestión Judicial para la audiencia imputativa.

El Fiscal Iván Raposo estuvo a cargo tanto de la investigación que llevó a la condena de Ríos (homologada por el juez Mauricio Clavero), como de las órdenes de detención emitidas bajo los artículos 214, 215 y 217 del CPP.

La Fiscalía Federal de Venado Tuerto formalizó este miércoles la imputación de once integrantes de una organización narcocriminal que operaba en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat, y que el fin de semana pasado quedó desarticulada tras un operativo que incluyó nueve allanamientos simultáneos y el secuestro de más de 4,4 kilos de cocaína, el mayor decomiso desde la creación del fuero federal local.

Los fiscales federales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada encabezaron la audiencia ante el juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa, quien dispuso —a pedido del Ministerio Público Fiscal— la prisión preventiva de siete acusados: Manuel E., Carina A., Rita T., Adrián C., César O., Emir B. y Ayelén C. (esta última bajo la modalidad de arresto domiciliario).

Los cuatro imputados restantes —Juan José C., Ana Paula M., Sofía E. y Leonel A., estos dos últimos ya detenidos por causas de la justicia provincial— continuarán investigados en libertad.

De acuerdo con la Fiscalía, todos los involucrados formaban parte de una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes, con funciones específicas de provisión, transporte y distribución. Las tareas se extendían principalmente en Venado Tuerto, pero también alcanzaban Firmat y Cañada de Gómez, sin descartarse que la red tuviera ramificaciones hacia otras localidades de la región.

A los líderes operativos y transportistas Manuel E. y Carina A. se les atribuyó, además, el transporte de los cuatro ladrillos de cocaína incautados en el vehículo de Adrián C., un cargamento cuyo valor en el mercado ilegal ronda los 100 mil dólares, es decir, más de 150 millones de pesos.

El golpe principal ocurrió el domingo pasado, cuando agentes de Gendarmería Nacional Argentina, pertenecientes a la UNIPROJUD y a la Sección Vial Venado Tuerto, interceptaron un automóvil en cercanías de Elortondo, sobre la Ruta Provincial 90.

En el vehículo viajaban Manuel E. y Carina A., quienes trasladaban: 4 ladrillos de cocaína (casi 4,5 kg); Más de $400.000 en efectivo; una navaja; y teléfonos celularesSegún la investigación, regresaban hacia Venado Tuerto luego de abastecerse en Cañada de Gómez.

Tras la detención en ruta, la Fiscalía ordenó nueve allanamientos simultáneos: seis viviendas particulares, una celda de la Unidad Penal de Coronda y dos sectores de la Alcaidía de Melincué.La investigación confirmó que parte de la logística de la organización se coordinaba desde lugares de detención, un modus operandi que ya había surgido en causas previas.

En el operativo participaron 40 gendarmes, apoyados por unidades de Rosario y Carcarañá, además de 12 vehículos oficiales.

Por su magnitud, volumen de droga incautada y cantidad de implicados —incluso desde cárceles—, se trata de una de las investigaciones más relevantes del año en materia de narcotráfico en el sur de Santa Fe. La causa se tramita bajo el Código Procesal Penal Federal, lo que permite mayor celeridad en las medidas.

En los procedimientos se secuestraron:

La pesquisa comenzó en abril de 2025, a partir de denuncias anónimas realizadas en el “Buzón de la Vida”. Luego, la Fiscalía cruzó esos datos con otra investigación reciente que en febrero había permitido desarticular un clan familiar liderado por mujeres en barrio Villa Moisés.

Ambas líneas convergieron en una estructura criminal más amplia y mejor organizada, con proveedores, distribuidores y nexos internos en dependencia penitenciarias.

La causa más importante del año

Las construcciones que anteriormente fueron utilizadas como búnkeres de narcotraficantes o puntos de venta de droga presentan riesgos severos para quienes pretendan ocuparlas. Así lo explicó el juez penal de Venado Tuerto, Mauricio Clavero, quien señaló los peligros y las consecuencias negativas de asignar estas viviendas a familias necesitadas.

En sus recientes declaraciones a través de redes sociales, Clavero destacó diversos factores que hacen inviable la entrega de estas viviendas, a pesar de la buena intención de brindar un hogar a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Según el magistrado, los riesgos van más allá de lo estructural, afectando tanto la seguridad como la cohesión social.

Riesgos de seguridad y conflicto socialUno de los principales argumentos del juez Clavero se centra en la seguridad. “Muchas de estas construcciones han sido utilizadas para actividades delictivas y pueden seguir siendo un punto de conflicto”, explicó. A modo de ejemplo, mencionó que en ciudades como Rosario, los narcotraficantes han intentado recuperar viviendas que anteriormente utilizaban como búnkeres, lo que ha derivado en hechos de violencia.

“Los intentos de recuperar estas propiedades, a veces con violencia extrema e incluso muertes, son un factor que pone en peligro la vida de quienes viven allí”, destacó el juez, haciendo hincapié en que la ocupación de estos lugares puede traer consecuencias dramáticas.

Condiciones estructurales comprometidasOtro aspecto crucial que señaló Clavero tiene que ver con las condiciones de las viviendas. Muchas de ellas han sido modificadas para adaptarse a actividades ilícitas, como el tráfico de drogas. “Algunas de estas casas tienen estructuras precarias, paredes modificadas y construcciones inadecuadas que podrían representar un grave riesgo para las familias que las habiten”, indicó.

La falta de permisos y la construcción improvisada son características comunes de estos búnkeres, lo que aumenta la vulnerabilidad de las personas que lleguen a ocuparlas.

Impacto en la comunidad y riesgo de vidaAdemás de los peligros estructurales y de seguridad, Clavero advirtió sobre el impacto social que puede generar la asignación de estas viviendas. “Si la construcción sigue siendo vista como un lugar asociado al crimen, la familia que la reciba podría enfrentar amenazas o el rechazo de la comunidad”, señaló el juez, quien destacó la importancia de evitar que las personas continúen expuestas a la violencia o estigmatización.

Asimismo, recalcó que el riesgo de vida para las familias puede ser aún mayor si los delincuentes intentan recuperar sus antiguos puntos de venta de droga. “En esos casos, la familia podría estar en serio peligro”, alertó.

Demolición de búnkeres como medida de seguridad públicaEl juez también se refirió a la posibilidad de demoler estos búnkeres, una medida que ha sido adoptada en diversas ocasiones como parte de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Derribar un búnker por orden judicial tiene múltiples beneficios. Primero, garantiza la seguridad pública, protegiendo a la comunidad de las consecuencias de una estructura inestable o de su posible uso para actividades ilícitas”, explicó Clavero.

Además, la demolición de estos espacios ayuda a recuperar terrenos que pueden ser destinados al desarrollo urbano o a la construcción de espacios verdes, contribuyendo al bienestar general. También, en lugares donde los búnkeres generan conflictos y violencia entre los vecinos, como sucedió en Santa Fe, la demolición de estas estructuras puede devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas.

“Cuando los búnkeres representan un peligro para la seguridad y el orden público, su demolición es una medida que protege a los vecinos y restablece la paz en la zona”, agregó Clavero.

Un Tribunal de Juicio colegiado de Rosario impuso 11 años de prisión a Julián Mariano Gutiérrez, quien junto a otro hombre y una mujer -ya condenados- había sido declarado culpable del secuestro extorsivo de una mujer motivado en deudas por narcotráfico que mantenía su hermano, un hecho ocurrido en agosto de 2024 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

El monto de la pena para este tercer implicado se resolvió en la primera audiencia de determinación de pena (llamada también cesura de juicio) de ese distrito de Rosario, en el que en mayo de 2024 se implementó el sistema acusatorio. 

El tribunal, integrado por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Germán Sutter Schneider y Elena Dilario, dictó sentencia respecto de Gutiérrez como autor de los delitos de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por ser cometido con la participación de tres o más personas, y tenencia de armas de fuego de uso civil y de guerra.

La pena de 11 años de prisión fue en línea con la petición del Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por el fiscal general a cargo la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario y titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, Federico Reynares Solari, y por la fiscal coadyuvante de esa misma jurisdicción, Daniela Ghiorzi.

El hombre había sido declarado penalmente responsable en oportunidad de homologarse un acuerdo que, en su caso, fue parcial respecto de su participación en los hechos y la calificación legal, y en el de otros dos imputados, fue pleno. En esa instancia, el juez federal Aníbal Pineda condenó a Raúl Oscar Gerez (49) y Araceli Lucrecia Pena (33) a 6 años de prisión por los mismos delitos. Sin embargo, las partes no acordaron la pena respecto de Gutiérrez.

Cesura de juicio

Como lo contempla el artículo 304 del CPPF paras esos casos, ese aspecto se definió en una audiencia de determinación de pena, celebrada el 10 de abril pasado, donde el tribunal consideró el monto y la modalidad de cumplimiento, además de resolver el destino de los elementos secuestrados durante la investigación.

Durante ese trámite, la fiscal Ghiorzi solicitó la reproducción de un video para ilustrar al tribunal sobre los hechos, explicó cómo ocurrieron y expuso su teoría del caso, que se inició con una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, y dio lugar al allanamiento, posterior declaración de incompetencia y remisión de la carpeta judicial a la Fiscalía Federal de Venado Tuerto.

Además, se proyectaron fotografías y reprodujeron audios de WhatsApp pertenecientes al teléfono de Gutiérrez. Al tomar la palabra, el fiscal Reynares Solari fundamentó la hipótesis oficial y sustentó el apartamiento del mínimo de la pena, solicitada por la defensa en oportunidad de la audiencia de control de la acusación.

Entre las razones subjetivas, señaló la aceptación de Gutiérrez de los hechos, pero describió cómo recurrió al delito de secuestro extorsivo para llevar a cabo el tráfico de estupefacientes y solicitó al tribunal que se le impongan 11 años de prisión efectiva.

Finalmente, al evaluar la gravedad del caso, el fiscal subrayó que era la primera vez que se registró un delito de esta naturaleza en la región del Departamento General López donde está la ciudad de Venado Tuerto.

Luego del alegato fiscal, la defensa rechazó el monto de la pena solicitada y en su lugar fundamentó que debería ajustarse al mínimo de 10 años de prisión.

Finalmente, el tribunal avaló el pedido del MPF y condenó a Gutiérrez a 11 años de prisión, multa de 6.310.000 pesos e inhabilitación absoluta por igual tiempo al de la pena como autor de los hechos que fueron objeto del acuerdo parcial celebrado el 27 de febrero pasado.

El secuestro

El caso comenzó a investigarse el 17 de agosto de 2024 cuando la víctima, identificada como N.G., realizó una denuncia en la Comisaría 12 de Venado Tuerto, donde relató que dos días antes, Pena, quien era su excuñada, y Gutiérrez, irrumpieron con un arma en su casa.

Gutiérrez le reclamó una mochila con dinero, drogas y armas de fuego que habría sustraído su hermano, identificado como C.A.G., alias “Maradona”. En esas circunstancias, la sacaron por la fuerza y la trasladaron en una motocicleta hasta una casa ubicada en inmediaciones de las calles España y Huhn, de Venado Tuerto.

La mujer narró que fue amenazada y golpeada, y pudo observar que en un sector de la vivienda había armas de fuego, material estupefaciente, balanzas y otras personas armadas, entre las que se encontraba el condenado Gerez, alias “Cachavacha”.

Además, mencionó que la hicieron participar de una videollamada en la que, a través de una tablet, un hombre al cual se referían como “Enano” (la investigación lo identifica como líder de la organización) le advirtió que para liberarla tenía que recuperar las cosas que le reclamaban a su hermano o recibir algo en garantía, de lo contrario, la matarían.

Con el correr de las horas, Gutiérrez se comunicó por teléfono con el padre de la víctima, a quien le exigió la devolución de lo sustraído y la entrega de cuatro millones de pesos para liberar a su hija.

También contactaron al hijo de 15 años de la víctima, que por esas horas había recorrido distintos barrios de la ciudad para hallar a su tío. Durante esa búsqueda, dio con el domicilio donde estaba cautiva su mamá. Allí, Gutiérrez lo recibió con un arma de fuego y le reiteró cuáles eran las condiciones para la liberación.

Más tarde, el adolescente recibió un mensaje de Gutiérrez, quien exigió el boleto de compra venta de la casa familiar. Enterado de esas negociaciones, el padre de la víctima se comunicó con el captor, quien le aclaró que recuperarían la documentación contra entrega de la mochila que estaba en poder de su hijo.

A las 22 del mismo día, el hijo de la mujer se presentó ante los captores, entrego los papeles de la vivienda y logró que la liberaran. N.G fue en busca de su hermano y, tras encontrarlo en la Villa Moisés de Venado Tuerto, le contó lo ocurrido y le reclamó la mochila, que contenía un arma de fuego, dinero en efectivo y una bolsa con balas.

Luego, regresó a la casa donde había estado secuestrada y se la entregó Gutiérrez, quien le advirtió que faltaba más dinero y droga. Al día siguiente, el hijo de la mujer recibió un nuevo mensaje, donde le avisaban que tenía “hasta las cinco de la tarde para desalojar la parte de atrás de la casa. Y que recién cuando cancelaran todo, le devolverían la vivienda y los papeles”.

La denuncia fue recibida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino, que el 18 de agosto ordenó el allanamiento de la vivienda donde se concretó el secuestro. Allí se detuvo a Pena, y se incautaron dos revólveres y municiones de distintos calibres.

El mismo día, Gerez y Gutiérrez fueron detenidos en la vía pública mientras merodeaban cerca de un auto Volkswagen Gol. Al requisarse el vehículo, se secuestró dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y documentación personal y del automóvil, entre otros objetos.

A través de sus redes sociales, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, comunicó que junto al delegado regional del Ministerio de Seguridad, Nahuel Pasquinelli, denunciaron con nombre, apellido y direcciones, diferentes puntos de venta de droga y “aguantaderos” de delincuentes ubicados en diferentes lugares de la ciudad, reafirmando su compromiso con la seguridad local.

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“Hemos presentado una denuncia de 10 puntos de venta de droga y aguantaderos de delincuentes. En la misma denuncia indicamos nombre y apellido de los que venden droga, direcciones y fotos de los lugares”, contó a los vecinos el intendente y con el mensaje de que seguirán “firmes en la lucha contra el narcotráfico y el delito”.

Desde Sur24, este lunes informamos que el narco venadense Maximiliano Ríos, alias el “Wacho Maxi”, sufrió un nuevo revés judicial al serle negado el pedido de su abogado para que recupere la libertad bajo reglas de conducta. 

Al mismo tiempo, le bajaron el pulgar a la posibilidad de acceder a “visitas íntimas” con su novia, y por otro lado se ordenó al servicio penitenciario que analice la continuidad o no del proceso de aislamiento que atraviesa en el penal.

Sobre este fallo, Chiarella manifestó: "Queremos destacar el trabajo de la fiscal Mayra Vuletic y todo el equipo de la fiscalía, y la decisión del Juez Penal Mauricio Clavero de negarle la libertad al narco Maximiliano Ríos, alias “Wacho Maxi'. Los delincuentes tienen que estar presos”, esgrimió.

Al finalizar, completó: “Vamos a seguir firmes en este camino, denunciando con nombre y apellido, y respaldando las decisiones judiciales que sean a favor de la tranquilidad de nuestros vecinos”.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, continúa en su lucha contra la delincuencia en la ciudad y denunció a una familia dedicada a la venta de drogas que fue detenida en los últimos días. El intendente se presentó ante la Justicia con el delegado del Ministerio de Seguridad santafesino, Nahuel Pasquinelli, y gracias al trabajo de la Fiscalía y las fuerzas policiales, lograron que estos delincuentes hoy estén presos.Producto de ese accionar, las fuerzas de seguridad allanaron un domicilio en calle Junín 2835 donde detuvieron a Rubén Ruiz, Yamila Ruiz; Ignacio Ruiz y Marina Núñez, y secuestraron teléfonos celulares, computadoras, balanzas de precisión, cocaína, marihuana y más de medio millón de pesos.  

Chiarella, explicó que la investigación se inició luego de que tomara conocimiento del caso por una denuncia anónima recibida a través de las redes sociales. El dato es que todos los detenidos son integrantes de una misma familia.

El mandatario resaltó que “este es el resultado de la aplicación de la Ley de Microtráfico, impulsada por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, sancionada hace pocos meses por la legislatura provincial”. En esta línea, ponderó el “trabajo ordenado e insistente” en el que al “delito y al narcotráfico lo enfrentamos con las herramientas que tenemos al alcance y los objetivos se ven”.

“Los vecinos también se comprometen porque quieren vivir tranquilos y nosotros estamos ahí para respaldarlos y poner la cara por ellos. No nos hacemos los distraídos y tomamos la actitud de denunciar con nombre y apellido a los que venden y distribuyen droga en Venado Tuerto. Nos vamos a seguir haciendo cargo y yendo a fondo contra el delito, pegándoles donde más le duele”, insistió el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella.

Este jueves 26, en el marco de una orden del Juzgado Federal de Venado Tuerto se realizaron 10 allanamientos por infracción a la Ley 23.737 (Tenencia y tráfico de Estupefacientes), solicitados por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los doctores Javier M. Arzubi Calvo y Andrés Montefeltro.

Tras estos procedimientos realizados en el denominado “Barrio de la Carne”, en calle Alvear y Ruta Nacional Nº 8 y en la Unidad de Detención N°1 de Coronda, el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella expuso nuevamente su firme postura de combatir este tipo de delitos en la ciudad.

“Queremos informarles que se realizaron allanamientos en nuestra ciudad. Como resultado se detuvieron personas, se secuestró cocaína, plantas de marihuana, dinero en efectivo, armas, teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento y vehículos”, detalló en sus redes sociales acerca de la orden judicial y el resultado positivo de la misma.

“Con estos operativos, -siguió- se logró desbaratar la banda liderada por Facundo 'Palin' Rodríguez, quien está preso y operaba desde la cárcel de Coronda”.

Impunidad

Poniendo especial énfasis en el rol del servicio penitenciario en esta trama delictiva, Chiarella puntualizó que “una vez más queda demostrada la impunidad con la que se mueven estos delincuentes. Organizan el delito desde la cárcel, haciendo 'home office' porque están mas cómodos adentro de la cárcel que afuera.

Es necesario terminar con la corrupción del servicio penitenciario y que los presos estén bien presos, con controles estrictos y sin acceso a celulares”.

Finalmente, resaltó el trabajo de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los doctores Javier M. Arzubi Calvo y Andrés Montefeltro, de las fuerzas de seguridad en el trabajo de investigación y del Juzgado Federal a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa. Este es el camino, firmes en la lucha contra el narcotráfico”.

Allanamientos en la ciudad

La causa se originó a partir de una nota anónima que daba cuenta sobre varias personas que realizaban las maniobras en coordinación con otras detenidas en la cárcel de Coronda.

Los allanamientos fueron llevados a cabo por personal del Departamento Regional de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico, Región 4, de la Dirección de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal de la provincia de Santa Fe.

En el marco de los mismos se secuestró una cantidad aproximada de medio kilo de cocaína, plantas de marihuana, dinero en efectivo, armas de fabricación casera, teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento y la totalidad de los vehículos que estas personas utilizaban.

Hasta el momento 10 personas (mayores de edad) se encuentran demoradas a disposición del Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del doctor Aurelio Cuello Murúa, Secretaría a cargo del doctor Juan Cruz Ara Aimar.

En la sala Intendente Antonio Garnier del Palacio Municipal se llevó adelante este jueves la quinta apertura de los Buzones de la Vida, donde se hallaron 42 sobres con posibles denuncias. De la actividad participaron la secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha; los directores de Control Urbano, Fernando Salinas, y de Vecinales, Facundo Rebasti; los concejales Juan Ignacio Pellegrini y Leonardo Calaianov, y el representante del Obispado de Venado Tuerto, Marcelo Laiño.

“Como ya es costumbre, cada dos meses abrimos los siete buzones de la vida instalados en distintos sectores de la ciudad, y esta vez hemos encontrado una gran cantidad de posibles denuncias, con 42 sobres”, informó Rocha y adelantó que en el mes de diciembre se realizará la última apertura de los Buzones de la Vida, para luego poder realizar un balance final de la actividad.

En base a la gran cantidad de posibles denuncias recibidas, la secretaria planteó que “esto nos da la pauta de que la gente se apropió de esta herramienta y es bueno saber que la ciudadanía colabora brindando datos, que son un gran aporte para futuras investigaciones que terminan en allanamientos. Esta es una herramienta confiable para la gente”.

En este punto, Rocha marcó la importancia de que en cada denuncia se brinde la mayor cantidad posible de datos para facilitar el avance de las investigaciones, ya que todas las denuncias recibidas son ensobradas y giradas a la Justicia Federal.

Vale consignar que en la anterior apertura, realizada el 24 de agosto, se recolectaron 32 sobres con presuntas denuncias referidas a venta de estupefacientes y trata de personas.  

Cabe recordar que los Buzones de la Vida están instalados en el ingreso al Palacio Municipal (San Martín y Marconi), Concejo Municipal (Sarmiento y Alem), CIC (Falucho y Vuelta de Obligado), Asistencia Pública Municipal (Brown 478) y los CAP´s de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835).

La policía tuvo que intervenir con disparos anti tumulto en un enfrentamiento entre dos bandas que contaban con armas de fuego y cuchillos. El hecho se registró en la mañana del domingo en inmediaciones de calle Pavón al 1.300. Los agentes policiales no lograron detener a los involucrados, y tampoco se presentó ninguna de las partes en sede policial a radicar la denuncia.

Terrible balacera contra una vivienda en Venado Tuerto

Fuentes consultadas por Sur24 indicaron que el violento episodio se registró después de las 8 horas de este domingo. Se trataba de un enfrentamiento entre dos grupos que portaban armas de fuego y cuchillos.

Una vez que llegaron los agentes al lugar había una gran multitud que se estaban gritando. A su vez, un sujeto estaba con el torso desnudo y con cuchillo en mano. En ese momento los uniformados realizaron disparos con cartuchos anti tumulto, consiguiendo dispersar a la gente y evitando que el enfrentamiento aumente en violencia.

Chiarella: “El principal problema de la inseguridad es la droga”

Posteriormente realizaron una recorrida por la zona y en una zanja de desagües encontraron dos cuchillos y una escopeta calibre 16 recortada, la cual estaba cargada con el cartucho correspondiente.

(Imagen ilustrativa)