Una causa por violencia de género dio un giro imprevisto con el secuestro de más de 6 kilos de marihuana y más de 200 gramos de cocaína, durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (Giri) de la Policía de Santa Fe en zona sudoeste de la ciudad de Rosario.

Personal de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI llevó adelante un procedimiento en el cual se incautaron 567 envoltorios de cocaína con un pesaje total de 210 gramos y 16 ladrillos de marihuana por un peso de 6,100 kilogramos.

El allanamiento de fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe se desarrolló en un domicilio de Pasaje 1854 al 6300 de Rosario, en el marco de una investigación de la Fiscalía de Violencia de Género a cargo de la fiscal Antonela Valente. En el lugar fueron aprehendidas tres personas y a otras dos se le libró pedido de captura.

Durante la requisa en una de las habitaciones se procedió al secuestro de tres armas de fuego (dos pistolas calibre 22 y una calibre 380), como también una carabina de aire comprimido modificada en su recámara.

Por disposición de la fiscal interviniente y en coordinación con la Fiscalía de Microtráfico a cargo de la fiscal Brenda Debiasi, se ordenó el secuestro de la totalidad del material estupefaciente y la detención de los moradores del domicilio, identificados como Jorge Mario O. (63 años), María Belén O. (33) y Walter Alejandro A. (34).

Asimismo, se dispuso solicitar orden de captura para dos hombres sindicados como posibles responsables del hecho de violencia de género y del material estupefaciente y de las armas incautadas.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a sede de Microtráfico de la PDI para su correspondiente peritaje, continuando la investigación en curso.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Ministerio Público de la Acusación, llevaron adelante este martes un nuevo derribo de un punto de venta de estupefacientes en calle Garibaldi al 200, en la zona sur de Rosario. El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, junto a la fiscal del MPA, Brenda Debiasi.

Se trata del búnker número 109 inactivado en la provincia desde la sanción de la Ley de Microtráfico, aprobada a fines de 2023 y promulgada en 2024. La medida forma parte de una estrategia orientada a desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir los focos de violencia asociados.

En el lugar, Pereira sostuvo que el procedimiento “consolida el trabajo conjunto con el MPA para combatir la violencia que generan estos espacios ilegales”, y remarcó que las intervenciones permiten “recuperar la tranquilidad en los barrios”.

Por su parte, la fiscal Debiasi explicó que la investigación comenzó en septiembre del año pasado y abarcó distintos sectores del barrio Tablada. “Se identificó una organización integrada por al menos 15 personas que operaban de manera coordinada en la venta de estupefacientes y en hechos de violencia vinculados al control territorial”, indicó.

Según precisó, a los integrantes de la banda se les atribuyen al menos cuatro balaceras, una de ellas con personas heridas. En los allanamientos se secuestraron dos armas de fuego, aproximadamente un kilo de cocaína fraccionada, más de 6 millones de pesos, una máquina contadora de billetes, balanzas y otros elementos de interés para la causa.

Debiasi agregó que la organización tenía como principal referente a una mujer conocida como “La Picota”, ya imputada, con vínculos familiares con otras personas detenidas por hechos violentos.

El punto de venta fue localizado a partir de tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas realizadas junto a la Policía de Investigaciones (PDI). Además, se estableció su conexión con otro búnker cercano, también derribado, que operaba bajo la misma estructura criminal.

Los operativos de inactivación de búnkeres se desarrollan desde principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales, con el objetivo de desarticular el narcomenudeo y reducir la violencia en el territorio.

Por Hernán Kovasevich

El reciente Informe Mundial sobre Drogas de la ONU volvió a colocar a América Latina bajo la lupa. En el ranking regional, Uruguay figura como el país con mayor consumo de cannabis, éxtasis y opioides, además de encabezar el consumo de cocaína per cápita. Argentina, por su parte, aparece en el tercer puesto en esta última categoría.

Más allá de la comparación estadística, el dato obliga a una reflexión interna: qué implicancias tiene este escenario para el país y, en particular, para Rosario, una ciudad atravesada en los últimos años por el impacto del narcotráfico.

En territorio argentino, el consumo de sustancias no puede analizarse sólo desde la salud pública. Se vincula directamente con la expansión del narcomenudeo, la consolidación de economías ilegales en sectores vulnerables y la existencia de estructuras criminales que combinan logística, comercialización y control violento del territorio.

El encuadre normativo continúa siendo la Ley 23.737, que reprime el tráfico y la venta de estupefacientes. No obstante, el precedente de la Corte Suprema en el caso Arriola marcó un antes y un después al declarar inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal en el ámbito privado.

Desde entonces, conviven dos miradas: una centrada en la persecución del narcotráfico y otra enfocada en el consumidor como sujeto de políticas sanitarias y no penales.

El crecimiento de la demanda, sin embargo, tiene un efecto concreto: fortalece el mercado ilícito. En ese entramado, Rosario ocupa un lugar estratégico por su ubicación geográfica y su conexión portuaria sobre el Paraná, factores que la convierten en punto clave dentro de las rutas de tráfico.

Pero la problemática no se limita a los grandes cargamentos internacionales. El impacto más visible se encuentra en los barrios: venta minorista, reclutamiento de jóvenes, disputas por territorio y hechos de violencia que dejaron una marca profunda en el tejido social.

El análisis debe ir más allá del número frío. Cuando aumenta el consumo per cápita, se incrementa también la rentabilidad del negocio ilegal. Y donde crece la rentabilidad, se consolidan estructuras criminales que necesitan control territorial y generan violencia.

La clave está en comprender que la demanda interna es el motor económico de estas organizaciones. Rosario muestra con crudeza cómo la competencia por el microtráfico puede derivar en escaladas de violencia si la respuesta estatal es fragmentaria o tardía.

Desde el plano sociológico, el fenómeno refleja algo más profundo: fractura social, pérdida de expectativas, naturalización cultural del consumo y aparición de economías informales que prometen ingresos rápidos en contextos de exclusión.

La respuesta puramente punitiva no alcanza. Sin una articulación real entre política criminal, políticas sociales y estrategias preventivas, el mercado ilegal se reconfigura y continúa operando.

El informe de la ONU no establece sentencias, pero sí expone tendencias preocupantes. Argentina enfrenta el desafío de contener el avance del consumo y, al mismo tiempo, debilitar las organizaciones que se nutren de esa demanda.

En Rosario, donde el narcotráfico dejó consecuencias concretas en materia de violencia y fragmentación territorial, el debate ya no es abstracto. Es una urgencia institucional que exige coordinación, decisión política y una mirada integral que combine justicia, prevención y reconstrucción social.

* Ex investigador federal, abogado y periodista

En el marco de la Ley de Microtráfico, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) supervisaron este miércoles el derribo de búnker de venta de estupefacientes número 102 en toda la provincia. La intervención se llevó a cabo en Pasaje 528 al 6467, barrio Las Flores, de la ciudad de Rosario.  

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, indicó que “este es el segundo derribo de búnker en el año. Esta herramienta que nos permite avanzar en el combate contra el delito tiene que ver con un trabajo de investigación, de inteligencia y de análisis, junto con la presentación del caso por parte de la Fiscalía y que finaliza con la inactivación del punto de venta, en la modalidad de derribo”, explicó.

En ese sentido, el funcionario remarcó “la importancia de la inactivación de estos puntos de venta que tienen que ver con los inicios de la economía del delito, el narcomenudeo, etapa donde comienza el movimiento de esa venta”.´

Por su parte, el fiscal Cesar Pierantoni señaló que “este derribo es muy importante porque está directamente vinculado a Dylan Cantero, a Mariana Cantero y a su grupo criminal” -en referencia a la banda narco Los Monos- que utilizaban este lugar para guardar drogas, cartuchos de armas de fuego y vehículos como una camioneta Hilux y motos, además de documentación de interés para la causa. Es decir, el domicilio no estaba habitado pero era utilizado para actividades delictivas”.

Asimismo, recordó que “durante el primer allanamiento que hicimos en este domicilio -en marzo de 2025- secuestramos 2 kilogramos de cocaína, 700 gramos de marihuana, elementos que estaban destinados al fraccionamiento de la droga”, y destacó el éxito de operación gracias a “la intervención conjunta del Comando Radioeléctrico -en procedimientos en flagrancia-, de la PDI (Policía de Investigaciones de la Provincia) y de la Policía Federal, con la coordinación de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General”.

En ese aspecto, Pereira añadió que “estamos trabajando permanentemente con las fuerzas federales; avanzando junto con Fiscalía en lo referente a investigaciones y allanamientos para aplicar medidas concretas que les demuestren a los delincuentes que el Estado está presente para combatir al delito”.

Los derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales, a partir de la sanción de esta norma por parte de la Legislatura Provincial -a fines de 2023- y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

De esta manera la Ley de Microtráfico permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia.

La Fiscalía Federal de Venado Tuerto llevó adelante siete allanamientos simultáneos en las ciudades de Firmat y Rosario, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, que culminó con el secuestro de más de un kilo de cocaína y la detención de una persona.

Los procedimientos fueron solicitados por los fiscales federales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, y ordenados por el juez federal de Garantías Aurelio Cuello Murúa. La investigación se había iniciado en marzo de este año a partir de denuncias anónimas recepcionadas a través del Buzón de la Vida de la ciudad de Firmat.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina, con base en Venado Tuerto, y se desarrollaron de manera articulada con el Ministerio Público de la Acusación. Como resultado de ese trabajo conjunto, se allanaron seis viviendas en Firmat y una en la ciudad de Rosario, identificada como el punto desde donde se proveía la droga.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron aproximadamente 1 kilo 400 gramos de cocaína, una suma cercana a los dos millones de pesos en efectivo, cinco armas de fuego de distintos calibres, municiones, balanzas de precisión, una importante cantidad de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa.

Una persona quedó detenida y en los próximos días será imputada en audiencia ante el Juzgado Federal por los delitos previstos en la ley de estupefacientes.

Desde la Fiscalía Federal también se destacó que en el desarrollo del procedimiento colaboraron unidades de Gendarmería Nacional de Rosario y Funes, afectándose un total de 12 vehículos y 35 efectivos para la ejecución de los allanamientos.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, César Cabrera, supervisaron este viernes el derribo del búnker de venta de estupefacientes número 50 en la ciudad de Rosario y el 78 en la provincia desde que se promulgó la Ley de Microtráfico durante la actual gestión. 

La intervención tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre calle Presidente Roca 5173, en barrio Tiro Suizo de la ciudad de Rosario. “Vamos siempre contra los puntos de venta de estupefacientes en los barrios, con una política criminal para terminar con los hechos que provocan violencia”, afirmó en el lugar el ministro Cococcioni.

El funcionario valoró “la política de inactivación de estos lugares” porque “ya había tenido varias oportunidades y siempre terminaba siendo apropiado por los delincuentes”, por lo que se tomó la decisión de “venir a inactivarlo físicamente: lo derrumbamos”. Al mismo tiempo, Cococcioni destacó que se trató del “búnker número 78 inactivado en la provincia desde que se puso en marcha la Ley de Microtráfico” y seguramente “cumplamos los dos años de la ley superando el centenar”.

“Es un trabajo que no nos permite relajarnos porque detrás de cada búnker hay organizaciones de delincuentes que siguen intentando hacer pie en los barrios, adueñarse del territorio y querer mostrar que ellos mandan”, remarcó el ministro, ante lo que desafió: “Tenemos que mostrarles que acá manda el Estado y no la delincuencia”.

Por su parte, el fiscal Cabrera detalló que la historia de la viviendas estuvo siempre relacionada con “grupos delictivos desde hace 10 años”, siendo cooptada desde el origen de la construcción del inmueble “por la banda de ‘Los Gorditos’ que en su momento la utilizaron de centro de distribución y acopio de estupefacientes hasta que los miembros de dicha banda fueron condenados”. Sin embargo, según contó el funcionario, “no dejó de ser un lugar utilizado por la organización, a través de terceras personas”, por lo cual, “durante este año se produjeron varios hechos de inseguridad con armas de fuego, se dieron denuncias por venta de estupefacientes, generando inseguridad para todos los vecinos”.

Ante esta situación, Cabrera mencionó que se llevó adelante “un relevamiento y logramos cerrar la vivienda”. Posteriormente, en el mes de septiembre, “habían vuelto a ingresar tras romper la puerta con una moladora para volver a utilizar el lugar con fines delictivos”, detalló el fiscal y reconoció “hasta que logramos que la Justicia tome la decisión, en el marco de la Ley de Microtráfico, de llevar adelante la inactivación a través del derribo, del inmueble para terminar con este lugar y darle seguridad a los vecinos de Tiro Suizo”.  

La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

A través de la Ley de Microtráfico, estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.

Una denuncia anónima originó una investigación de la Policía Federal que terminó este jueves con un operativo en el que cayeron dos hombres que producían y comercializaban marihuana en la zona sur de la provincia de Santa Fe.

Los uniformados realizaron por días distintas tareas de inteligencia para precisar los lugares que utilizaban los dealers para perpetrar su actividad ilegal. Finalmente, esta semana los investigadores allanaron tres domicilios.

Por un lado, irrumpieron en una casa quinta de calle Los Almendros S/N, en la localidad de Ibarlucea. Allí fue arrestado uno de los sospechosos, un sujeto cuyas iniciales son RIM. Por otra parte, en un inmueble de la ciudad de Rosario, en la avenida del Rosario al 2700, fue apresado el otro acusado identificado como VP. Finalmente, allanaron una finca de calle Esquel al 4500.

En total, a raíz de los procedimientos, se secuestraron: más de 4 kilos de cogollos de marihuana, 430 plantas de cannabis, otros estupefacientes, una escopeta recortada, un revólver calibre .22 cargado, un par de autos, municiones de distintos calibres, dinero en efectivo, paneles de luces led, insumos para cultivos, 3 teléfonos celulares, balanzas y documentación, entre otros elementos.

El operativo fue ordenado por el juez federal Mario Gambacorta. La causa está en manos de la fiscal Adriana Saccone.

En el marco de una estrategia federal contra el narcotráfico, coordinada entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la Unidad de Información Financiera, se llevó adelante el operativo fluvial contra el narcotráfico más grande en la historia de San Lorenzo, en un trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, la Prefectura Naval Argentina, la Dirección General de Aduanas y la UIF Regional.

La acción fue posible a raíz de una denuncia presentada por la Agencia Regional Central de la UIF, con sede en Rosario, a cargo del Dr. Juan Francisco Lafontana, radicada ante la Fiscalía Federal de San Lorenzo, encabezada por el Dr. Claudio Kishimoto.

“Este es un barco que venía de Emiratos Árabes Unidos, que se iba hacia Ámsterdam, pasando por el puerto de Montevideo”, comentó como primera presunción la ministra Bullrich.

El procedimiento derivó en la incautación de 469,500 kilos de cocaína de máxima pureza en el Puerto de San Lorenzo.

“Acá tenemos 6 millones de dólares de droga. Estos ladrillos, cuando lleguen a Europa, aumentan automáticamente a 20 millones de dólares”, agregó Bullrich.

El operativo se activó de forma inmediata tras la sospecha de una infracción a la Ley N.º 23.737, detectada a bordo de un buque cerealero procedente de Emiratos Árabes Unidos.

Durante la inspección, se localizaron paquetes sospechosos en una de las cámaras frigoríficas y en el interior de los vestidores del buque, lo que permitió confirmar la existencia del cargamento ilícito.

“Venimos superando todos los récords de incautación de cocaína. Llevamos más de 3.600 kilos de cocaína en lo que va del año, un récord histórico”, cerró la ministra.

Estuvieron presentes el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc; el fiscal federal de San Lorenzo, Dr. Claudio Kishimoto; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Verrier; la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; personal de la Dirección General de Aduanas; el jefe de la Prefectura Naval Argentina, prefecto general Guillermo Giménez Pérez; y el Director de Región Centro de la Autoridad Marítima nacional, prefecto general Antonio Raúl Pascal.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto a los fiscales César Pierantoni  y Franco Carbone, supervisaron el derribo de un puesto de venta de estupefacientes realizado este jueves en Doctor Riva 2050, de la ciudad de Rosario.

Se trata de una nueva intervención coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía Provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico que rige desde principios de 2024, mediante la cual ya se realizaron más de 50 derribos e inactivaciones en toda la provincia de Santa Fe. 

“Estamos entrando en la etapa de inactivaciones generadas por investigaciones de microtráfico exclusivamente”, subrayó Cococcioni para luego explicar que “en las primeras se aprovechaban investigaciones preexistentes por otros motivos y a partir de esa información se usaban las herramientas de la Ley de Microtráfico. Hoy contamos con una mesa de coordinación operativa entre el MPA, el Ministerio de Justicia y Seguridad y, en algunos casos, el Ministerio de Seguridad de la Nación”. 

Más adelante, el Ministro explicó que “esta instancia representa una segunda etapa en la política de microtráfico, en la que ya no es simplemente una decantación de otras investigaciones, de otros delitos, sino que es una política dirigida, planificada, centralmente, para atacar selectivamente lugares donde el microtráfico le empeora la vida a la gente, produce violencia”. Luego valoró que “se trata de un trabajo que empieza a dar su fruto, en conjunto con otras medidas como el patrullaje preventivo con la incorporación de nuevo personal. El miércoles superamos la barrera de los 200 patrulleros, poniendo 206 patrulleros provinciales en calle que, junto con los de las fuerzas federales, sumaron un total de 265 en la ciudad de Rosario. Es una cifra realmente muy importante que se articula con la labor de los caminantes, que son un promedio de 100 binomios, superando los 130 en horario diurno, que realmente tienen mucha visibilidad. Son medidas que en conjunto ayudan a devolver la tranquilidad a los rosarinos”.

Para concluir, Cococcioni remarcó que “se viene atravesando un periodo de notoria baja de todos los indicadores de criminalidad. Cerramos el mes de marzo con prácticamente la misma cantidad de homicidios que en febrero de 2024, es decir, el registro más bajo de las últimas décadas. Y, en toda la provincia, llevamos un total de 60 homicidios dolosos contra 65 el año anterior que ya de por sí era el más bajo de los últimos años. Por supuesto que nunca es suficiente porque puede seguir habiendo delitos predatorios, delitos de otro tipo de violencia a los que hay que estar siempre muy atento y trabajar en conjunto”.

Por su parte, los fiscales Pierantoni y Carbone explicaron que se trata de una investigación del equipo de microtráfico de Fiscalía General que “se inició por denuncia de los propios vecinos que informaron que en este lugar operaba un punto de venta de drogas”. A su vez, se refirieron a los detenidos en el marco de esta investigación indicando que “se trata de mayores de edad. En un primer contacto, a raíz de un allanamiento, se secuestraron envoltorios de papeles y se aprehendieron a dos personas. En ese momento, no había droga, pero tres días después, el 28 de marzo, hicimos unas tareas controladas con la Policía de Investigaciones y allí se produjo la aprehensión y detención de dos personas que sí tenían cocaína a la venta fraccionada”. Finalmente informaron que los detenidos “fueron imputados, están en prisión preventiva y tienen vinculaciones con personas que están en prisión preventiva, en investigaciones de barrio Tío Rolo, que administraba puntos de venta, búnkeres y lugares de guarda”.

El derribo de un nuevo punto de venta de estupefacientes en la provincia de Santa Fe se realiza en el marco de las facultades que establece la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura provincial y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión, a fines de 2023.

La inactivación de puntos de venta de estupefacientes es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.

El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, Omar Pereira, junto a los fiscales Pablo Socca y Lisandro Artacho del Ministerio Público de la Acusación (MPA), monitorearon la inactivación de tres inmuebles ubicados en Superí 1963, Superí 1940 y Crespo 3971 (solicitada por el fiscal César Pierantoni) de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico sancionada por la Legislatura a comienzo de la gestión de gobierno de Maximiliano Pullaro. 

En la oportunidad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, detalló que “finalizando el año, completamos 39 derribos en la provincia, 30 de ellos en la ciudad de Rosario, y seguramente habrá alguna más. Seguimos avanzando con la implementación de la Ley de Microtráfico, que vino a constituirse en una herramienta importante no solo contra la venta de estupefacientes al menudeo, sino de toda la contextualización de violencia que esto implica”.

Al ser consultado sobre los resultados de estas políticas, Pereira marcó que “hay un incremento en los derribos, hay un incremento en las detenciones, hay un incremento en los secuestros de estupefacientes al menudeo y también en grandes cantidades, que son derivadas a la Justicia Federal”.

Sobre el final, destacó la importancia de que los ciudadanos denuncien este tipo de delitos: “Los habitantes de Rosario han comprendido la importancia del sistema 911 para el llamado, como el 0800 para denuncias anónimas, y eso constituye un elemento importante para poder presentarle el caso al fiscal y que comience la investigación más profunda”.

Por su parte, el fiscal Lisandro Artacho, del Ministerio Público de la Acusación, apuntó que la investigación “se viene realizando hace dos o tres meses, a raíz del análisis pormenorizado de los llamados al 911 que hacen las personas que viven aquí en la zona y dan aviso de estas bandas que comercializan. Hasta hace poco tiempo, aquí había filas de personas esperando para comprar estupefacientes; esto es lo que han denunciado los vecinos de manera incansable. Y hoy venimos a tratar de poner fin a esto”. “La semana pasada hemos imputado a un conocido actor en la zona, “Frentudo” Fernández, y se ha dispuesto la prisión preventiva por dos años y de acuerdo al resultado de la investigación este es un puesto de venta que pertenecía a la banda”, detalló.

Luego, explicó por qué en este caso no se realizó el derrumbe: “La solicitud fiscal fue para proceder al derrumbe pero, por cuestiones edilicias, se ha dispuesto provisoriamente la inactivación de todas las ventanas. Hemos tapiado y bloqueado todos los accesos a estas viviendas”. Sobre el final, dijo que en la oportunidad no hubo detenciones ya que “no había nadie en el lugar” y que, según los informes de la Dirección de Vivienda y de Catastro, “estas casas no son de nadie, pertenecen a personas que quizás ya han fallecido, que no residen más en el lugar y son apropiadas por estas bandas para búnkers”.

Con estas nuevas intervenciones, la cifra de puestos de venta de estupefacientes inactivados y demolidos asciende a 39 en toda la provincia. Cabe recordar que estos operativos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.

La inactivación y/o derribos de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal. 

Asimismo, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, consideró "una medida sumamente apropiada" la creación del Grupo Especial Antinarcotráfico en Rosario (Genro), que estará integrado por fuerzas nacionales y trabajará en colaboración con la Justicia Federal en el esclarecimiento de delitos complejos y vinculados a la comercialización ilegal de drogas.

"No teníamos los detalles, pero no nos sorprende, porque en la semana pasada entró en vigencia el nuevo sistema procesal penal de tipo acusatorio en la Justicia Federal para la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario. Con lo cual el Ministerio Público Fiscal de la Nación debe tener grupos investigativos y tácticos que permitan llevar a fondo investigaciones sobre narcotráfico, sobre lavado de activos, que son de competencia exclusiva del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Con lo cual entendemos que así como en Santa Fe se creó la Policía de Investigaciones para la implementación del sistema nuevo, dada la especialidad material de los delitos federales en Santa Fe, que fundamentalmente tienen que ver con el narcotráfico, entendemos que es una medida sumamente apropiada", sostuvo el funcionario santafesino, al ser consultado por los medios periodísticos.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmó la Resolución 360 por la cual se creó el Geanro. La novedad fue publicada este martes en el Boletín Oficial, y según se informó, el organismo operará y tendrá asiento en Rosario y estará integrado por dos representantes con vasta experiencia de cada una de las cuatro fuerzas federales (Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal).

Este equipo de elite se conformó para trabajar en estrecha colaboración con la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal, principalmente con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en hechos relacionados al crimen organizado en materia de narcotráfico y delitos conexos, a través del desarrollo y ejecución de acciones de investigación criminal.

El Geanro funcionará dentro la órbita de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, a cargo de Martín Verrier. Entre los fundamentos para la creación de este equipo, se destaca la cooperación interinstitucional, "esencial para maximizar la eficacia de las investigaciones y la persecución de los responsables de delitos vinculados al narcotráfico y otros conexos".

"Nosotros queremos el orden y a paz para ser libres. Hoy los ciudadanos de Rosario no lo son porque sienten que están bajo el yugo de quienes los extorsionan. No puede haber ni un milímetro de la Argentina donde no rija la ley y la Constitución", dijo Bullrich durante el lanzamiento del Plan Bandera, en diciembre de 2023, en Rosario.

Cococcioni no resintió el hecho de que no haya representantes de las fuerzas provinciales santafesinas en la nueva unidad, y consideró que, dada la naturaleza de sus incumbencias, "esto es lógico, es correcto. Así lo entiendo por cuanto es el complemento de la puesta en marcha del sistema acusatorio que rige en el orden federal y que trata de delitos de competencia exclusiva del Ministerio Público Fiscal de la Nación, similar a lo que ocurrió con la estructuración de la PDI en 2014 que acompañó la puesta en funciones del nuevo sistema procesal penal en Santa Fe", reiteró.

A través del Geanro se busca intercambiar de manera eficiente información, recursos y capacidades entre las distintas agencias involucradas, para asegurar la agilidad y la efectividad en el abordaje de investigaciones complejas. Entre sus responsabilidades, deberá producir informes de situación de narco criminalidad.

La resolución detalla que el grupo dependerá de un coordinador, que rotará cada año y que el personal destinado al mismo prestará funciones en dicho cuerpo por el plazo de 2 años a partir de su efectiva designación, prorrogables previa evaluación de su desempeño y resultados obtenidos.

La normativa hace hincapié en la capacitación constante de los integrantes de este equipo para fomentar el desarrollo de habilidades para la investigación del narcotráfico y delitos conexos.

Para combatir el narcotráfico en una de las ciudades más afectadas por este flagelo, el Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich anunció la creación del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO) y entró en vigencia tras la publicación en el Boletín Oficial mediante la resolución 360/2024.

Esta decisión surge como respuesta a la compleja problemática del tráfico y comercialización de estupefacientes que azota a la ciudad santafesina y busca optimizar los esfuerzos nacionales para enfrentar este desafío.

La Ley de Seguridad Interior N° 24.059 define la seguridad interior como la situación en la que se protegen la libertad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, así como la plena vigencia de las instituciones democráticas y republicanas. En este marco, el Decreto N° 8/2024, que modifica el Decreto N° 50/2019, redefinió el ámbito de actuación de los organismos del Ministerio de Seguridad, otorgando a la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada la tarea de coordinar estrategias contra el narcotráfico y el crimen organizado.

CREAMOS EL GRUPO ESPECIAL ANTINARCOTRÁFICO ROSARIO: UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA DARLE BATALLA AL NARCOTERRORISMOA partir de hoy, el Grupo Especial Antinarcotráfico va a funcionar para dar soporte a las fuerzas que trabajan en el Plan Bandera de Rosario. Formado por…

El GEANRO, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Lucha Contra el Narcotráfico, tiene como misión principal colaborar con la justicia federal y el Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). El objetivo es asegurar un intercambio eficiente de información, recursos y capacidades entre las distintas entidades involucradas en la lucha contra el narcotráfico, facilitando así la agilidad y efectividad en la investigación de casos complejos.

El grupo estará compuesto por dos representantes de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales: Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Estos representantes serán seleccionados por su vasta experiencia en áreas investigativas, asegurando así que el GEANRO cuente con el personal más capacitado para enfrentar los desafíos del narcotráfico.

La coordinación del GEANRO estará a cargo de un Coordinador General, quien será la máxima autoridad en materia de drogas de una de las fuerzas participantes. Este rol rotará cada 24 meses entre las diferentes fuerzas, asegurando así una equitativa distribución de responsabilidades y una perspectiva variada en el abordaje del narcotráfico. El personal destinado al grupo prestará funciones por un período de dos años, prorrogables previa evaluación de su desempeño y los resultados obtenidos.

Para garantizar que el personal del GEANRO esté siempre actualizado y capacitado, se organizarán entrenamientos especializados impartidos por entidades nacionales e internacionales. Estos programas de formación están diseñados para desarrollar habilidades específicas en la investigación del narcotráfico y delitos conexos, permitiendo así una respuesta más efectiva a la criminalidad organizada.

La Subsecretaría de Lucha Contra el Narcotráfico actuará como punto focal en la coordinación y cooperación de investigaciones sobre organizaciones criminales complejas y redes delictivas. Esta estructura permitirá una mayor cohesión entre las diversas fuerzas y organismos involucrados, optimizando el uso de recursos y mejorando los resultados de las investigaciones.

La creación del GEANRO representa un hito en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. La ciudad, conocida por ser un punto neurálgico en el tráfico de drogas, experimento un aumento en la violencia y criminalidad asociada al narcotráfico en los últimos años. Con esta nueva medida, se espera una mejora sustancial en la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y una disminución en la incidencia de delitos relacionados con las drogas.

Resolución 360/2024 by El Litoral

Con autorización judicial, este viernes por la mañana, el Gobierno de la Provincia derribó otros dos puestos de venta de estupefacientes en la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico. 

En uno de los operativos, encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, tuvo lugar en calle Anchorena al 1500 de barrio Tablada, donde estaba instalado el primer espacio de venta de drogas que se dispuso derribar. Las tareas estuvieron vinculadas a una resolución judicial dictada esta semana, que autorizó la demolición de siete inmuebles en total relacionados a la banda investigada por los homicidios de cuatro trabajadores en marzo pasado.

Acompañado en el lugar por los fiscales Patricio Saldutti, Franco Carbone y Adrián Spelta, el ministro Cococcioni informó que “se inició una tanda de inactivaciones coercitivas de puntos de venta de estupefacientes. Van a ser un total de siete lugares, algunos de ellos contiguos y otros en algunos puntos de la cercanía, pertenecientes todos o vinculados a la actividad ilícita de un grupo de personas, vinculados no solo al tráfico de estupefacientes, sino a algunos de los homicidios de alta connotación social que han tenido lugar hace casi dos meses”.

Asimismo, Cococcioni manifestó que “se consiguieron las órdenes judiciales de demolición e inactivación y con la supervisión de los fiscales que vinieron a cumplimentar la medida en persona, y procederemos a inactivar físicamente mayormente mediante el derribo” y agregó que “los siete búnkeres estarían vinculados a la banda en la que participa o lidera el grupo del delincuente conocido como Chucky Monedita”.

Por su parte, el fiscal Saldutti, destacó que “este lugar en particular, en relación a los hechos que se ventilaron en audiencia la semana pasada, era un lugar donde se reunían los distintos miembros del grupo que cometió varios de los hechos y en particular fue donde estaban reunidos antes de dirigirse a cometer el hecho del primer taxista asesinado, el del 5 de marzo” y resaltó que “por todas las causas están detenidos los autores materiales y el grupo de instigadores y particularmente en este lugar se diligenciaron allanamientos donde fueron aprendidas algunas de estas personas”.

Finalmente, el fiscal Carbone aseguró que “los vecinos celebran este tipo de medidas, además del impacto real que tiene en el barrio para las personas que sufren la presencia de los narcos. Lo que es novedoso es el derribo de la instalación por esta normativa inédita en la provincia. Ahora estamos acompañados por esta normativa y por el Poder Ejecutivo provincial que nos agiliza estas cuestiones para poder solucionar de alguna manera, la vida a las personas que viven acá”.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni; la fiscal General, María Cecilia Vranicich; el fiscal Regional Matías Merlo; los fiscales Patricio Saldutti y Adrián Spelta; el titular de la PDI, Natalio Marciani y el director Nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, brindaron detalles sobre los allanamientos y detenciones realizadas por los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Bussanich, la balacera contra la Comisaría 12ª de Rosario y el abuso de arma a un colectivo de la línea 122.

Previamente, por la mañana, el gobernador Maximiliano Pullaro había manifestado: “30 allanamientos en Rosario con resultados importantes por causas de narcoterrorismo. Quiero destacar el profesionalismo de nuestra policía y el compromiso de los fiscales. El Estado está unido, somos más fuertes que cualquier organización criminal y vamos a llegar a los responsables”.

“Los santafesinos y el país deben saber que no hay impunidad. Hoy dimos un paso adelante importante, con una fuerte coordinación y respaldo federal. Sabemos que falta mucho por hacer en la lucha contra las mafias”, concluyó Pullaro.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en declaraciones a la prensa, explicó que participaron de la investigación “tanto la Policía de Santa Fe como la Policía de Investigaciones (PDI) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Se trata de un procedimiento muy voluminoso, pero que tiene la característica de haber sido perfectamente coordinado entre el ministerio, las agencias investigativas policiales y con el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación y en el marco de una intervención coordinada entre fuerzas provinciales y federales”.

“Se terminaron los tiempos donde la responsabilidad siempre es del otro. Frente a la criminalidad organizada, el Estado en todos sus niveles debe responder unido, con contundencia y sin distinción de partidismo político”, resaltó.

En principio, Vranicich informó que se realizaron “alrededor de 30 allanamientos, con detención de personas menores y mayores de edad” y expresó: “Esto se ha logrado por una madurez interinstitucional, porque el Ministerio Público de la Acusación ha trabajado coordinadamente con la Justicia de Menores, junto al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, a través de la PDI, y también hemos trabajado intensamente con el Ministerio de Seguridad de Nación”.

Por su parte, el fiscal Spelta aclaró que “no se podrá brindar mucha información hasta la audiencia que se va a celebrar el día martes, donde se imputarán con mayor precisión los roles”. “Podemos decir que los hechos que nos tocó investigar estaban claramente coordinados”, dijo y agregó: “Están identificados, mencionados y detenidos muchos de los autores materiales y que en muchos de estos casos fue necesario subir en la cadena de mando y llegar a la mayoría de los autores intelectuales”.

A continuación, el funcionario judicial explicó que “la mayoría de ellos ya formaba parte de investigaciones previas, no es un hecho de autores primarios, se trata de autores que tienen antecedentes y venían cumpliendo roles delictivos”. “Es apresurado afirmar un móvil, lo que podemos decir es que hay un grupo que se armó para cometer estos hechos”, remarcó.

Finalmente, el director Nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, remarcó la importancia de “generar un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, ya que en estos casos hay menores involucrados” y recordó que “desde la implementación del Operativo Bandera que se está llevando a cabo en territorio”, se trabaja de manera coordinada “poniendo todos los recursos con que cuenta el Estado Nacional a disposición de la ciudad de Rosario, de los santafesinos, por expresa instrucción del Presidente de la Nación y de la Ministra Bullrich”. “Se han puesto fuerzas federales no solo en el territorio, sino en investigación que han trabajado sesudamente en el marco de todas estas investigaciones que se llevaron a cabo por estos actos de terrorismo y que hoy empieza a encontrar un resultado esa labor”, concluyó.

La actividad se realizó este martes, en la sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, con la presencia del intendente Pablo Javkin y la diputada provincial, Clara García, entre otras autoridades provinciales y judiciales.

Con el dictado de la Resolución 578/24, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le asignó este jueves tres aeronaves al Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe para realizar actividades operativas e investigativas de policía en función judicial orientadas a la lucha contra el narcotráfico. Además, autorizó la contratación de seis funcionarios para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, abocados a dicha tarea.

En el marco de una causa en la que se investigan posibles infracciones a la ley 23.737 (narcotráfico), el Juzgado Federal de Rosario N°3 dispuso que una serie de vehículos secuestrados quedara a exclusiva disposición del Máximo Tribunal, en los términos de la Acordada 2/2018 (Reglamento de efectos secuestrados y objetos decomisados).

Esta acordada dispone, entre otras cuestiones, que los bienes afectados podrán ser asignados provisoriamente para uso del Poder Judicial de la Nación, Fuerzas de Seguridad y Entidades con fines de interés público, exclusivamente conforme sus funciones y dentro del territorio nacional.

En la resolución 578/24, dictada hoy con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte resolvió asignar al Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe dos aeronaves marca Beechcraft modelo Baron 58P y una Cessna modelo 210K.

Asimismo, por medio de las resoluciones 568/2024, 569/2024 y 570/2024, también dictadas hoy, la Corte autorizó la contratación de seis funcionarios para desempeñarse en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario números 1, 2 y 3, que trabajan en causas contra el narcotráfico.

Con el mismo espíritu, en otras resoluciones dictadas esta mañana la Corte asignó vehículos a distintas dependencias de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

I

Mientras existan millones de personas decididas a consumir drogas y mientras su venta le reporte a sus vendedores millones y millones de dólares, el narcotráfico sobrevivirá a los sermones morales, a la represión e incluso a la prisión y muerte de sus jefes. No sé por cuánto tiempo los Cantero, los Alvarado y sus colaboradores resistirán a la maquinaria política y militar del estado nacional. Más temprano que tarde serán liquidados, pero vendrán otros y después otros y después otros. No soy pesimista, porque estos problemas no se resuelven con dosis de optimismo, pero lo que la experiencia enseña es que mientras se mantengan las condiciones objetivas que hacen del consumo de drogas una actividad lúdica y un negocio millonario el narcotráfico persistirá, y en todo caso lo que habrá que preguntarse es si será más o menos violento, más o menos agresivo, pregunta algo ingenua porque por su naturaleza los trámites de este negocio suelen resolverse con balas y muertes.

II

El negocio es redondo y sus ramificaciones son extensas y múltiples. En las varillas da de vivir a quienes no tiene otro horizontes que la miseria y por un motivo o por otro apuestan a hacerse ricos traficando drogas o morir en el intento. Sectores de la clase media encuentran en esta actividad una posibilidad de enriquecerse archivando en el desván de la memoria las lecciones de moral y buenas costumbres que le dieron sus padres. Empresarios, políticos, policías, jueces se han tomado a pecho el principio de que es imposible resistir un cañonazo de más de un millón de dólares. Oración para no creer que no nos queda otra alternativa que convivir con las llamas del infierno: hay millones de argentinos que no tienen nada que ver con el narco y tampoco quieren tener algo que ver. La mafia existe y corrompe a los que se dejan corromper, ya sea por necesidad, ya sea por la ambición de acumular millones sin límites. Montañas de dinero obtenido con algo de riesgo es siempre una tentación que deja poco margen para la culpa. Después de todo, siempre habrá alguien que satisfaga la sed de los consumidores de drogas y si ese servicio no lo presto yo lo prestará otro. Además, como toda "industria", están los que hacen el trabajo sucio y el trabajo limpio; los que derraman sangre y los que prolijamente lavan fortunas sin mancharse las manos.

III

La estructura del negocio narco es sencilla y no necesariamente violenta. La obtención de la coca, el traslado a centros urbanos y a puertos es una actividad tan inocente como trasladar bananas o rabanitos. Para los empresarios dedicados a esta actividad, un tiroteo, un asesinato, es una mala noticia, la señal de que algo anda mal. O los policías que tenían que mirar para otro lado no lo hicieron o los contadores y abogados que debían poner las cuentas en orden se equivocaron, o los políticos que prometieron aceitar los contactos del caso se olvidaron de hacerlo, pero lo cierto es que para un narco verdadero la violencia es un mal negocio, o en todo caso es al último recurso que se debe recurrir. Después está la competencia y la ambición. Sin olvidar que por las características de este negocio esa competencia no recurre a los métodos de un pastor luterano o un monje zen. Entonces vienen las balaceras y los ajustes de cuentas, y en el camino caen muertos de un lado y del otro. De los narcotraficantes podría decirse lo mismo que en su momento se dijera de la mafia siciliana o de Al Capone: son empresarios eficientes, competitivos, nada más que a diferencia de otros empresarios entienden que la ley que vale es la que dictan ellos mismos. Por lo demás se movilizan respetando las reglas del mercado y su máxima preocupación es insertarse legalmente, viviendo en barrios respetables, con cuentas bancarias limpias y disfrutando de las dulzuras que la vida ofrece a los que disponen de mucha plata. Así de sencillo y así de tiernos suelen ser estos buenos muchachos.

IV

Es verdad que los pioneros del narcotráfico suelen salir de barrios humildes. Traficar drogas no fue su primera actividad ilegal, pero rápidamente admitieron que era el negocio que más se correspondía con sus aspiraciones. El caso de los Cantero o los Alvarado es un clásico con escenas y episodios que nosotros, pacíficos ciudadanos, hemos visto repetirse hasta el cansancio en las series de Netflix mientras tomábamos un vino, un whisky o un fernet. No nos privemos de ese placer, siempre y cuando sepamos que la relación de los guiones con la realidad es la misma que la de la caricatura con el original. Si el narcotráfico fuera el negocio exclusivo de lúmpenes salidos de las orillas, muy de vez en cuando ocuparía un margen de alguna crónica policial. Por el contrario, lo que lo hace poderoso son sus relaciones con el poder y en más de un caso su condición de poder como tal. No es muy difícil detener o abatir a un sicario, pero mucho más complejo es deshacer la densa red de complicidades con los titulares del poder. Por lo tanto, no se trata, o no es lo más importante, llenar la ciudad de gendarmes y policías. El corazón, el núcleo del poder del narcotráfico no lo detenta un sicario; está en otro lado, y su enemigo letal no necesariamente es un soldado armado hasta los dientes y con músculos de Rambo, sino un inofensivo pero implacable funcionario de la AFIP. Al Capone algo aprendió al respecto.

V

Una última consideración respecto de los militares o de la participación de los militares. Lo que la experiencia enseña es que en la mayoría de los casos han sido más un problema que una solución. En sus versiones más extremas la historieta concluyó con sectores de las fuerzas armadas constituyendo su propio cartel. No terminan aquí mis prevenciones. En estos días leí declaraciones, no sé si de militares en actividad o en retiro, que se oponen o sugieren que se oponen, a que las fuerzas armadas participen, porque, según ellos, así lo hicieron en 1975 y después terminaron todos presos. Respuesta: si el poder político convoca a los militares no es un tema para debatirlo en una asamblea, es una orden. Así lo dicta la ley y los reglamentos. Arreglados estaríamos si los militares deliberan acerca de cumplir o no cumplir las órdenes que le dan sus superiores institucionales. Agrego, además, que en 1975 la orden dada por el gobierno peronista era aniquilar la subversión, no dar un golpe de estado, mucho menos instaurar como operativo legítimo la tortura, los secuestros de niños y los vuelos de la muerte. De aquellas desventuras y desgracia han transcurrido casi cincuenta años. Los militares que hoy exhiben los cargos más elevados en ese entonces eran niños o adolescentes. Sin embargo, ellos o sus mayores, a juzgar por sus declaraciones, daría la impresión de que, como dijera Talleyrand de los borbones: "No aprendieron nada, no olvidaron nada".

El Gobierno Santa Fe llevará a cabo este miércoles una nueva reunión de gabinete donde el tema principal de la agenda será la ola de violencia narco que azota a la ciudad de Rosario. Antes del encuentro, la vicegobernadora Gisela Scaglia se refirió a la compleja situación en la localidad más poblada de la provincia y aclaró que “las soluciones no van a ser rápidas ni mágicas”.

“Estamos ante una batalla que indudablemente es la más importante que podemos dar como sociedad, que es terminar con bandas que son narcoterroristas que mataron gente inocente. El mensaje tiene que ser en dos sentidos: nuestra batallas es moral y legal, que busca a los responsables. No vamos a parar hasta encontrar quién lo hizo. Esas personas tienen que estar presas y en perpetua, porque eso es lo que nos demanda la sociedad”, manifestó la funcionaria en diálogo con CyD Noticias.

Durante la reunión que estaba prevista en la ciudad de Santa Fe pero que ante este escenario se trasladó a Rosario, el Ministerio de Seguridad brindará una informe ante el resto de los miembros del gabinete. A su vez, según comentó Scaglia, otro de los ejes será el abordaje social del asunto.

“Para que sea realmente más fuerte el Estado que las bandas narcos no sólo se necesita fuerza pública, que es lo que corresponde hacer en estos momentos de crisis, sino también con qué oportunidades trabajamos los territorios para que la opción de asociarse a un narco sea la última para un joven”, explicó.

En cuanto a los refuerzos enviados por el Gobierno nacional, Scaglia aseguró que “están llegando” y que “con el correr de la semana vamos a ir contando con la cantidad total que estamos esperando”. En ese sentido, aclaró que “también hay un refuerzo que viene propio de la provincia de Santa Fe”.

Ante la consulta de si estas medidas produjeron algún cambio en el ánimo de los rosarinos, la vicegobernadora expresó: “El comité de crisis es muy importante, pero el ánimo no se va a cambiar por eso. Sí creo que ayuda mucho poder sentir que el Gobierno nacional está con nosotros”.

“No hay que dejar de marcar que lo que pasó en Rosario es una acción de narcoterrorismo. Esto siempre genera miedo en la sociedad y sólo se restablece con confianza. Creo que la gente lo ve y lo siente así, que el gobernador está a cargo de la situación, que suspendió toda su agenda para poder dar la mayor contención a un momento tan difícil y poder estar él encima de la situación”, destacó.

A través de un comunicado que lleva la firma -por orden alfabético- de todos los gobernadores argentinos y el Jefe de Gobierno porteño, los mandatarios provinciales apoyaron la lucha contra el narcotráfico que las fuerzas de seguridad llevan adelante en Rosario.

Comunicado Oficial Gobernad... by El Litoral

“El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos”, inicia el mensaje.

“En mayor o en menor medida -continúa el texto-, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que -con distintas formas- afecta a todas las jurisdicciones”.

“La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego,

que es la disputa por parte de nuestra soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”, añade el documento.

“Los Gobernadores de las provincias argentinas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamos nuestro acompañamiento al Gobierno y Pueblo de la provincia de Santa Fe, apoyamos las acciones destinadas a fortalecer tanto la operatividad de las fuerzas de seguridad como la persecución penal del narcotráfico y el terrorismo que vienen llevando adelante los gobiernos provincial y nacional”, agrega.

“A su vez, manifestamos nuestra firme decisión de cooperar activamente con Santa Fe en esta emergencia. Todos somos Santa Fe”, concluye el documento, firmado por Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), ⁠Raúl Jalil (Catamarca), Axel Kicilloff (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis), Ricardo Quíntela (La Rioja), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Saenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Leandro Zdero (Chaco) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

La Policía de Santa Fe detuvo este miércoles a la hija de Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda narcocriminal Los Monos, en el marco de una serie de allanamientos realizados en barrios La Granada, 17 de Agosto y Las Flores Oeste, de la ciudad de Rosario.

En uno de los procedimientos, los efectivos lograron aprehender a Triana Cantero de 19 años, hija de jefe narco rosarino que cumple múltiples condenas en el complejo penitenciario federal de Marcos Paz. En dos de los ocho inmuebles allanados secuestraron material estupefaciente.

En un domicilio de Pasaje 561 al 6400, los agentes de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) detuvieron a Triana Cantero y también a otra joven, identificada como Priscila Ayelén M., de la misma edad.

Los efectivos secuestraron 80 gramos de hidrato de cocaína, elementos de estiramiento, precintos plásticos, bolsas de nailon, una balanza de precisión, tres teléfonos celulares y diferentes chips de telefonía.

El fiscal César Pierantoni, de la Unidad Fiscal de Flagrancia, dispuso que ambas mujeres queden detenidas por infracción a la Ley de Desfederalización Nº 14.239. Fueron trasladadas al Complejo Penitenciario Nº 5 de Rosario. 

Los ocho allanamientos se realizaron en Arrieta y Presidente Roca (dos domicilios), Arrieta al 1800, Pasaje 516 al 6600, Pasaje 561 al 5400, Malvón al 1700, Malvón al 500 y Paraguay al 6500.

En uno de los domicilios allanados detuvieron a dos mujeres menores de edad, a las cuales le secuestraron 50 dosis de cocaína fraccionada para la venta, marihuana, seis teléfonos celulares, una balanza de precisión, precintos plásticos, y envoltorios de nailon presuntamente destinados para el fraccionamiento del material indicado. Intervino el Juzgado de Menores en turno.

Un interno de la línea 130, de la empresa Rosario Bus fue baleado en la noche de este lunes 22 de enero en la zona sudoeste de Rosario.

El ataque se produjo poco después de las 21 en inmediaciones de Winter y Cipolletti, de barrio Acindar.

Según fuentes policiales, una persona efectuó al menos dos disparos, uno impactó en el parabrisas y el otro en el costado derecho de la unidad, que estaba a punto a iniciar el recorrido.

En el lugar se secuestraron dos vainas servidas y se encontró una nota con un texto intimidante dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro. No hubo heridos.