El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el martes (16.06.2026) un nuevo estado de excepción por "grave conmoción interna" en 10 provincias y tres municipios del país, ante el incremento de la violencia de grupos del narcotráfico.

El 1 de junio terminó un estado de excepción de 60 días, en medio del cual el mandatario también decretó un toque de queda nocturno en ciudades como Quito y el puerto de Guayaquil (sureste), estratégico para el narcotráfico.

Desde que asumió en noviembre de 2023, Noboa ha recurrido con frecuencia a los estados de excepción para combatir a bandas que además se dedican a la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.

La medida, que se extenderá por 60 días, faculta al gobernante para desplegar a los militares en las calles, lo que ha generado denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública.

De acuerdo con el decreto emitido por Noboa, en las provincias bajo estado de excepción ocurrieron 879 homicidios entre el 1 de mayo y el 12 de junio.

"La violencia criminal en el territorio nacional se presenta de forma dinámica y se reconfigura constantemente", señala el documento.

Agrega que, según un informe de inteligencia, hay una "reconfiguración criminal" en las costeras provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como "panoramas de violencia de alto impacto" en la andina Azuay.

Las autoridades también alertan de un "incremento sostenido de violencia" en las costeras Santa Elena y Esmeraldas, nuevas modalidades criminales en la andina Pichincha (cuya capital es Quito) y la presencia en la amazónica Sucumbíos de "estructuras armadas de origen colombiano".

Las convulsas localidades de La Maná (provincia de Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar) también fueron declaradas en estado de excepción.

Noboa además ordenó la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, de acuerdo con el decreto.

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, presentó este lunes los resultados de las acciones investigativas y operativas desarrolladas por la Policía de Investigaciones (PDI) durante mayo en todo el territorio provincial, y destacó además el alcance de la implementación de la Ley de Microtráfico, que puso en marcha la gestión de Maximiliano Pullaro.

Según los registros del Departamento de Control de Gestión, durante mayo se concretaron 498 allanamientos y requisas en el marco de un trabajo coordinado entre fiscales, investigadores y personal especializado de la fuerza en las cinco regiones de Santa Fe.

Los procedimientos permitieron secuestrar 312 teléfonos celulares, 32 armas de fuego, 846 municiones y 43 vehículos vinculados a distintas investigaciones judiciales.

En materia de narcocriminalidad, además, fueron incautados 5.409 gramos de cocaína y más de 120 kilos de marihuana, junto con plantas de cannabis. También se secuestraron más de 34 millones de pesos y 285.751 dólares que, de acuerdo con las investigaciones en curso, estarían relacionados con actividades ilícitas.

Los datos reflejan además una intensa actividad operativa en las principales ciudades de la provincia y en ese sentido, Angelini destacó que “en Santa Fe hay un equipo de Seguridad consolidado bajo el liderazgo del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni”.

El funcionario detalló que en la ciudad de Santa Fe se realizaron 57 allanamientos, mientras que en Rosario se llevaron adelante 46 procedimientos, consolidando la presencia territorial de la PDI y fortaleciendo las tareas de investigación criminal.

Al evaluar los resultados, Angelini destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas involucradas en las pesquisas. “Estos allanamientos son la etapa final de un trabajo muy profesional que viene llevando adelante la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía”, afirmó.

“Son el resultado de mucho tiempo de trabajo en la calle, reuniendo pruebas para presentar ante la Justicia. Vamos a seguir por el camino de la profesionalización de la fuerza porque cada allanamiento, cada investigación y cada golpe a las organizaciones criminales contribuye a reducir su poder de fuego y a brindar más seguridad a los santafesinos”, añadió.

El funcionario remarcó que detrás de cada procedimiento existe una tarea sostenida de inteligencia criminal y recolección de pruebas que permite avanzar sobre estructuras delictivas complejas. “Cada golpe a una organización criminal significa quitarle capacidad operativa, recursos económicos y margen de acción. Ese es el camino para seguir recuperando la tranquilidad en nuestros barrios”, sostuvo.

Angelini atribuyó parte de los resultados obtenidos a la implementación de la Ley de Microtráfico, impulsada por el gobernador Pullaro, que permitió a la provincia asumir un papel más activo en la persecución de los delitos vinculados al narcomenudeo.

“La Ley de Microtráfico ha sido una de las herramientas más importantes en los resultados que estamos obteniendo en estos dos años y medio de gestión”, aseguró.

En ese sentido, explicó que las organizaciones criminales disputan el control territorial para ampliar la comercialización de estupefacientes y que esa competencia suele derivar en episodios de violencia. “Las bandas buscan dominar territorios para incrementar su capacidad de venta de droga y eso genera violencia lesiva. Por eso estos allanamientos representan golpes importantes contra esas organizaciones. No podemos darles ni un milímetro de margen para que se recuperen y vuelva la violencia a Rosario”, señaló.

El secretario también destacó la importancia de sostener una política permanente de investigación criminal para anticiparse a las nuevas dinámicas del delito y evitar la recomposición de las estructuras narco.

Finalmente, valoró la tarea desarrollada por el Servicio Penitenciario para limitar la capacidad de los jefes narco de continuar operando desde prisión. “Hoy los líderes de las organizaciones criminales tienen cada vez menos posibilidades de impartir órdenes desde las cárceles. Pero la lucha contra el crimen organizado exige un trabajo permanente del Estado, con investigación, inteligencia criminal y presencia en el territorio”, concluyó.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y representantes de Policía Federal Argentina (PFA), supervisó este jueves el derribo de otros dos búnkeres de venta de estupefacientes en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico.

Los procedimientos se realizaron en dos inmuebles ubicados en Santiago del Estero al 200 y en la intersección de Pueyrredón y Camino Monteflores. Con estas nuevas intervenciones, Villa Gobernador Gálvez suma seis puestos de venta de drogas derribados, mientras que el departamento Rosario alcanza los 80. A nivel provincial, el total asciende a 122 inactivaciones desde la sanción de la Ley de Microtráfico, aprobada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Los derribos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales. La estrategia contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados a hechos de violencia altamente lesiva en distintos puntos del territorio provincial.

Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que el Gobierno Provincial “avanza en la implementación de la Ley de Microtráfico” y destacó que “se llega a este segundo punto gracias a la modalidad de trabajo de investigación”, desarrollada de manera conjunta con el MPA y las fuerzas de seguridad. “Es una metodología que facilita llegar a estos puntos de venta”, afirmó.45 días de investigación

Por su parte, la fiscal Brenda Debiasi brindó detalles de la investigación y explicó que “hace aproximadamente 45 días” se iniciaron tareas investigativas en la zona de Monteflores y Pueyrredón, a partir de denuncias vecinales vinculadas al comercio de estupefacientes.

“Se pudieron constatar múltiples maniobras, identificar a las personas involucradas y, a partir del seguimiento de esas personas, localizar este segundo punto en calle Santiago del Estero, donde también verificamos que era utilizado para la venta de drogas”, explicó la fiscal.

Debiasi indicó además que se realizaron “aproximadamente diez allanamientos simultáneos” en Villa Gobernador Gálvez, durante los cuales se secuestró material estupefaciente fraccionado y se detuvo a “una persona mayor de edad y a un menor que cumplía funciones de ‘soldadito’”.

En relación con el inmueble derribado, la fiscal precisó que el titular registral “era una persona de avanzada edad que entendemos ya falleció” y señaló que no existían denuncias de usurpación ni personas que reclamaran la propiedad. “Pudimos constatar que no había camas ni elementos que indicaran que el lugar era utilizado como vivienda efectiva”, señaló.

Finalmente, Debiasi remarcó que el derribo fue solicitado porque “el inmueble estaba siendo utilizado exclusivamente como punto de venta de estupefacientes. No deja de ser una medida cautelar y eventualmente terceros podrían presentarse a reclamar el lote, pero entendemos que era la medida más efectiva para lograr el cese del delito y del estado antijurídico en ese lugar”, concluyó.

Finalmente se estableció que el secuestro de 181 panes con material estupefaciente hallados en una carnicería de la localidad de Serodino asciende a más de 109 kilos de marihuana, según determinó la intervención de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI). La causa se había iniciado días atrás por una denuncia de abigeato vinculada con la presunta faena ilegal de vacunos, cuyo procedimiento estuvo a cargo de la Guardia Rural “Los Pumas”, dependiente de la Policía de Santa Fe. Un hombre de 32 años resultó detenido.

Mientras efectivos de la Guardia Rural realizaban una inspección en el comercio investigado, detectaron dentro de un freezer numerosos paquetes rectangulares envueltos con cinta de embalar. Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, solicitaron la intervención de personal especializado de la División Microtráfico del Distrito San Lorenzo de la PDI para realizar las pruebas orientativas correspondientes.

Las tareas efectuadas por los investigadores permitieron confirmar que se trataba de marihuana.En total se contabilizaron 181 panes, con un peso de 109,130 kilogramos. A partir del hallazgo tomó intervención la Justicia Federal, con conocimiento de los fiscales federales Matías Mené, Federico Reynares Solari y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero, quienes dispusieron la detención de un hombre identificado como Adrián Gustavo G., de 32 años, además del secuestro del material estupefaciente y un teléfono celular.

Posteriormente, personal de la PDI llevó adelante tres allanamientos ordenados por el Juzgado Federal interviniente en domicilios ubicados sobre calles Las Heras al 700 (parte trasera del lote), Perú al 200 y Florida al 400, todos en Serodino, departamento Iriondo.

Como resultado de esas medidas judiciales, los efectivos secuestraron otro ladrillo de marihuana con un peso de 560 gramos; cogollos por 123 gramos; plantas de cannabis en proceso de secado por 2,6 kilos; cocaína por 1,1 gramos; balanzas de precisión; una máquina contadora de billetes; dos cámaras de seguridad; cuatro teléfonos celulares; cuatro cartuchos calibre .22; dinero en efectivo por 66.640 pesos; y documentación considerada de interés para la investigación.

Las actuaciones se originaron tras una denuncia radicada días atrás por la presunta faena ilegal de dos vacunos. A partir de esa información, agentes de la Guardia Rural “Los Pumas” realizaron inspecciones en una carnicería de Serodino, acompañados por una bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal).

Durante aquel operativo inicial se procedió al secuestro y desnaturalización de 439 kilos de carne vacuna de distintos cortes, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras, en el marco de los controles realizados sobre la mercadería almacenada en el establecimiento.

Además, los efectivos secuestraron una carabina calibre .22 junto con 18 cartuchos. El hallazgo posterior de los panes con marihuana transformó una investigación por abigeato en una causa federal vinculada con narcotráfico.

Un operativo de gran magnitud permitió interceptar una avioneta en una pista clandestina ubicada en jurisdicción de Vera, donde fuerzas federales secuestraron más de 400 kilos de cocaína y detuvieron a ocho personas presuntamente vinculadas a una organización narcocriminal.

El procedimiento fue concretado en las últimas horas y es considerado uno de los golpes más relevantes al narcotráfico en la región en lo que va del año.

La intervención fue el resultado de una investigación que se extendió durante 45 días, a partir de información inicial aportada por la agencia estadounidense DEA.

A partir de esos datos, se desplegaron tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento en distintos puntos del norte santafesino, lo que permitió detectar movimientos compatibles con operaciones de tráfico de estupefacientes por vía aérea.

En el momento clave de la maniobra, los investigadores advirtieron el arribo de una aeronave a un campo ubicado en inmediaciones del establecimiento rural “Don Julio”. Allí, en una pista clandestina acondicionada para este tipo de operaciones, se llevó adelante la interceptación de la avioneta y la detención de los involucrados.

La causa cuenta con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias; del fiscal federal Matías Scilabra; y del Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron detener a ocho personas, entre ellas el piloto y el copiloto de la aeronave, ambos de nacionalidad boliviana. En el lugar se secuestró una avioneta tipo Cessna 210 que transportaba 442,122 kilos de cocaína.

Además, como parte de la logística asociada a la operación, se incautaron dos camionetas —una Toyota Hilux y una Ford Ranger—, dos camiones —un Ford Cargo y un Fiat Iveco—, equipos de comunicación, teléfonos celulares, una antena satelital Starlink y bidones de combustible.

Interceptaron una avioneta con 400 kilos de cocaína en una pista clandestina en VeraEl Ministerio de Seguridad informó que el cargamento pesó más de 400 kilos. Foto: Prensa Seguridad

Según se informó, estos elementos eran utilizados para facilitar el aterrizaje, descarga y posterior traslado de la droga hacia distintos puntos del país, en una operatoria que combinaba recursos aéreos y terrestres.

El operativo contó también con apoyo logístico de la Fuerza Aérea Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de una articulación interinstitucional que permitió concretar el procedimiento.

En paralelo a las detenciones, la investigación continuó con la realización de ocho allanamientos simultáneos. Los procedimientos estuvieron a cargo de brigadas de la División Operaciones Federales, con intervención de unidades con asiento en la Hidrovía del Paraná, Reconquista, Santa Fe, Corrientes y la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña.

Las medidas judiciales se concretaron en domicilios vinculados a los detenidos e investigados, tanto en la ciudad de Vera como en Calchaquí, incluyendo sectores urbanos y áreas rurales que, según los investigadores, formaban parte del entramado logístico de la organización.

Fuentes oficiales indicaron que el caso se desarrolla bajo el nuevo sistema acusatorio federal implementado en Rosario, lo que permitió una coordinación más ágil entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad intervinientes.

La pesquisa continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en el marco de una causa que busca determinar el alcance de la estructura criminal, su financiamiento y sus posibles conexiones a nivel nacional e internacional.

Fue en Las Parejas. La intervención -la número 114 que se realiza en toda la provincia-, fue realizada en un inmueble de la zona urbana de la ciudad y se enmarca en las acciones llevadas adelante por la actual gestión provincial desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, que impulsó el gobernador. Participaron representantes del Gobierno Provincial y fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Las Parejas, el primero en el departamento Belgrano.

Se trata de la inactivación número 114 en todo el territorio provincial desde la implementación de la Ley de Microtráfico, promulgada a fines de 2023 en el marco de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Los procedimientos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía y, en algunos casos, fuerzas federales y gobiernos locales.

La normativa contempla la clausura y demolición de puntos de venta de drogas y de inmuebles asociados a dinámicas de violencia altamente lesiva. Según fuentes oficiales, el objetivo es desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir su impacto en barrios y zonas urbanas.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó la relevancia del operativo al señalar que “este primer derribo en el departamento Belgrano muestra que se consolida el trabajo de investigación del Ministerio Público de la Acusación junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad”. En esa línea, subrayó que la Ley de Microtráfico “resultó ser una herramienta clave para combatir el narcomenudeo, porque apunta a espacios donde se genera violencia”.

Pereira advirtió que “la venta de estupefacientes es, en sí misma, una actividad violenta, especialmente cuando se instala en zonas residenciales cercanas a escuelas y clubes”. Además, indicó que tras la demolición se mantienen controles sobre el lugar para evitar nuevas ocupaciones.

En el operativo estuvieron presentes también la senadora suplente Sandra Clerici y la presidente del Concejo Municipal, Roxana Collaud.

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio precisó que la investigación se inició a partir de denuncias vecinales y permitió documentar al menos siete maniobras vinculadas a la comercialización de drogas. Con esa evidencia se autorizó un allanamiento, en el que se secuestraron elementos para fraccionamiento, balanzas de precisión, más de 60 gramos de cocaína y más de 130 gramos de marihuana.

La funcionaria judicial confirmó que hay personas identificadas con pedido de captura vigente. También indicó que un adulto permanece detenido y es investigado por su presunta participación en los hechos, mientras que menores fueron puestos a disposición de la Justicia correspondiente. Otros sospechosos continúan prófugos y, según la causa, serían quienes administraban el punto de venta.

En relación con el inmueble, Banchio explicó que pertenece a un vecino que lo había alquilado de buena fe. “Con el tiempo detectó irregularidades en el pago y comenzó a sospechar de la actividad que se desarrollaba en el lugar, por lo que se puso a disposición de la Justicia y aportó información relevante para la investigación”, concluyó.

El Gobierno de la Provincia realizará este jueves 16 de abril, en el Salón Metropolitano de Rosario, la quinta subasta de bienes decomisados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Se rematarán 150 lotes, entre motos, automóviles, un avión y otros elementos.

El traslado de los vehículos al predio se concretó este lunes y, previamente, las unidades fueron exhibidas en el Parque Alem de esa ciudad.

Para participar de la subasta se inscribieron 5.400 personas de todo el país, número récord en lo que va de este tipo de actividades organizadas por el Gobierno de Santa Fe en la gestión de Maximiliano Pullaro. Quienes completaron el registro podrán observar los vehículos en el Salón Metropolitano el miércoles, de 10 a 18, y el jueves, de 8.30 a 13. Para ingresar deberán presentar el DNI y podrán asistir acompañados por un mecánico, que también deberá acreditar su identidad.

Las acreditaciones para participar del remate se realizarán el miércoles, de 14.30 a 15.30, también con presentación obligatoria del documento.

En ese marco, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, señaló: “Iniciamos el traslado de los vehículos al Metropolitano de cara a la subasta del miércoles. Más de 5.400 personas de todo el país se inscribieron para participar. Estamos conformes con esta política pública integral, enmarcada en la estrategia de seguridad. Desde la Aprad nos corresponde la etapa final: quitarles los bienes a los delincuentes y subastarlos para impedir que continúen financiando actividades ilícitas”.

El funcionario explicó además que el destino de los fondos recaudados tiene tres ejes: “En primer lugar, si hay víctimas vinculadas a algún bien, el dinero se destina a su resarcimiento y queda bajo resguardo judicial. El año pasado indemnizamos a víctimas por más de 300 millones de pesos. En segundo lugar, la Aprad no utiliza recursos del presupuesto provincial, sino que se autofinancia con los fondos obtenidos en las subastas. Y, en tercer lugar, una parte se destina a políticas públicas, como el apoyo a centros de jubilados, clubes de barrio y escuelas”.

Consultado sobre la disputa judicial en torno a uno de los bienes -un avión que será subastado-, Figueroa Escauriza indicó que la situación ya fue resuelta: “Se trata de personas condenadas que cuentan con recursos para intentar frenar estos procesos. Sin embargo, en una audiencia judicial se determinó que todos los procedimientos administrativos se ajustan a la ley provincial. No hay presión política, sino el cumplimiento estricto de una normativa vigente. Lo que hacemos es quitarles recursos a quienes cometieron delitos y causaron daño a la sociedad”.

Por último, el funcionario subrayó que Santa Fe es la única provincia que lleva adelante este tipo de subastas, al contar con una ley de extinción de dominio: “Este modelo debería replicarse en otras jurisdicciones, porque de lo contrario los delincuentes trasladan sus bienes a otras provincias. Es necesario avanzar hacia una política federal que permita combatir el delito de manera integral en todo el país”, concluyó.

Un megaoperativo policial desarticuló una banda narco familiar que operaba en la ciudad de La Plata, tras la realización de 13 allanamientos simultáneos. El principal sospechoso, identificado como D.A., fue detenido en una quinta mientras festejaba su cumpleaños número 50, en un procedimiento que sorprendió a todos los presentes.

El acusado está señalado como el líder de la organización dedicada a la venta y distribución de estupefacientes. Además de su detención, otros ocho integrantes del grupo fueron arrestados durante los operativos realizados este martes.

Durante los procedimientos los efectivos lograron secuestrar más de cuatro kilos de cocaína, tanto compactada como fraccionada, junto con 31 kilos de marihuana. También incautaron cuatro armas de fuego con sus respectivas municiones, balanzas, teléfonos celulares y más de 800 mil pesos en efectivo.

Las viviendas allanadas funcionaban como puntos de venta fijos, utilizadas como bunkers, aunque la banda también operaba bajo la modalidad de delivery, lo que les permitía evitar sospechas y ampliar su alcance en la zona.

La investigación se inició en febrero y estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, en conjunto con la UFI N°18, dirigida por el fiscal Hugo Tesón.

La red delictiva se extendía en los barrios Villa Sicardi, San Carlos, Altos de San Lorenzo y La Unión, donde toda la operatoria se mantenía dentro de un mismo entorno familiar.

Del operativo participaron distintas fuerzas, entre ellas el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Halcón, Infantería y equipos tecnológicos que utilizaron drones para reforzar las tareas de vigilancia y coordinación.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada uno. En paralelo, se avanza con el dictado de prisión preventiva para los principales implicados en la causa.

El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, mantuvo este viernes un encuentro de trabajo con la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, para evaluar los resultados de las acciones que se implementaron en conjunto contra la violencia y el narcotráfico.Al respecto, Pullaro destacó que “cuando comenzamos a gobernar esta provincia tomamos la decisión de luchar contra la violencia y el narcotráfico en todas sus dimensiones”, y recordó que el 13 de marzo 2023 “teníamos en la provincia de Santa Fe 112 homicidios; tres años después tenemos 22. Esto es producto de haber enfrentado el tráfico de estupefacientes, y la violencia que generaba, en muchos barrios y ciudades de la provincia de Santa Fe”.

A continuación, el gobernador precisó que junto a los fiscales que integran la Unidad de Microtráfico y a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación “estamos llevando adelante esta pelea que está dando los resultados que esperábamos en nuestra provincia”, pero “no hay nada ganado, es una pelea de todos los días, con decisiones que son difíciles. Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja”.Del encuentro, que se realizó en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, también participaron el fiscal Regional, Matías Merlos; el jefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, Franco Carbone; y la fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA, Carla Cerliani.

El intendente Pablo Javkin dio apertura este jueves 5 de marzo a las Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal, en el período consecutivo número 41 desde el regreso de la democracia. Durante el tradicional discurso ante el cuerpo legislativo, el mandatario celebró la reciente autonomía de la ciudad, destacó los avances en materia de seguridad de Rosario y anunció políticas urbanas y sociales para la “segunda etapa de pacificación”, en un trabajo conjunto con el gobierno provincial.

“Hoy vengo a este recinto como intendente, por primera vez, de la Ciudad Autónoma de Rosario”, afirmó al inicio de su exposición el jefe municipal, al destacar la reforma institucional que consagró la autonomía municipal luego de más de un siglo de reclamos. Según sostuvo, esta nueva etapa permitirá a la ciudad “decidir por sí misma” y contar con más herramientas para gobernar con mayor agilidad y libertad.

A modo de ejemplo de los avances positivos para la ciudad, el mandatario recordó que el 3 de diciembre pasado se promulgó la ordenanza de la autonomía y sólo 15 días después se reglamentó la intervención en baldíos y terrenos abandonados. “El 6 de enero hicimos la primera intervención para darle más limpieza y seguridad a nuestros vecinos. Lo pudimos hacer gracias a la autonomía”, contó.

También destacó que, gracias a la autonomía, el 28 de enero la ciudad recibió la primera donación directa, destinada a obras para refugios de personas en situación de calle. Y dos semanas después la Municipalidad pudo rubricar un acuerdo con el Banco Municipal para regular la realización de subastas públicas de bienes municipales de forma online, transparente y eficiente. “El 27 de febrero firmamos nuestro primer acuerdo paritario local autónomo de la historia de la ciudad. Lo pudimos hacer gracias a la autonomía”, resaltó.

“La ordenanza votada por ustedes también acorta 5 meses la autorización de bonos para obras de pavimento definitivo. Esto implica ahorrar alrededor de 7.000 millones de pesos de nuestros vecinos. Son 25 cuadras más por año que podemos hacer”, celebró Javkin y valoró que “por la autonomía también pudimos simplificar procesos administrativos y ahorrar con el sistema de Compra Ágil”.

“Lo más grande y lo más pequeño, todo se resuelve mejor gracias a la autonomía que tanto reclamamos. Un siglo nos negaron lo que a la ciudad le correspondía por derecho, lo que de la Torre y Oroño pensaron. Lo que nuestros antecesores defendieron. Rosario tenía razón. Costó. Pero entre todos, lo logramos”, sostuvo el jefe municipal, y remarcó: “El próximo paso será redactar nuestra Carta Orgánica en 2027, cuando nos encaminemos a que Rosario vuelva a tener su propia norma, como cuando fue la primera ciudad del país en dictarla”.

El intendente sostuvo que la recuperación de la seguridad en Rosario comenzó cuando el Estado decidió enfrentar al narcotráfico de manera coordinada entre Nación, provincia y municipio. En ese marco, reivindicó el Plan de Pacificación de la ciudad y aseguró que los resultados ya son visibles: «En 2024 se registró la cifra de homicidios más baja de los últimos diez años, en tanto que el que pasó fue el bimestre menos violento del siglo».

Según detalló, las intervenciones territoriales en barrios como Stella Maris, La Bombacha y 7 de Septiembre lograron reducir más del 80% los homicidios, mientras que en barrio Agote los heridos por armas de fuego bajaron un 75%. Javkin atribuyó esos resultados al trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, la Justicia y las políticas de control carcelario y persecución del delito.

“Nada de esto fue casualidad. Fue trabajo, decisión, esfuerzo coordinado y sostenido de todos los poderes y niveles del Estado a la vez. Y ahora no solo hay menos hechos, sino que los que hay, se investigan y se esclarecen, porque el equipo entero juega para el lado que tiene que jugar”, enfatizó.

“El 16 de febrero balearon a un chico en Aborígenes Argentinos y Garzón. En aquellos días, ¿qué hubiera pasado? Nada. ¿Qué pasó ahora? Al día siguiente empezaron los allanamientos para encontrar a los responsables y a las pocas horas, gracias a la información de testigos y a los registros del sistema de videovigilancia, se detuvo a 4 personas”, citó para ejemplificar.

El jefe municipal también destacó la incorporación de más de 200 patrulleros en las calles, el uso de tecnología de videovigilancia y herramientas como el sistema Lince, además de la aplicación de leyes como la Antimafia y la de Microtráfico para desarticular bandas y derribar búnkeres.

“Ahora hay más seguridad para la gente buena y castigo para los malos. Porque aunque no les guste, hay buenos y malos. Y en esta ciudad, ganamos los buenos”, expuso.

En paralelo, vinculó las obras urbanas con la recuperación del espacio público y la prevención del delito. Señaló que la apertura de calles, la iluminación y la recuperación de plazas y parques permitieron que las vecinas y vecinos vuelvan a ocupar esos espacios, especialmente en los barrios más afectados por la violencia.

“Recuperar la calle para la gente buena no fue casualidad. No hubo una sola obra que hiciéramos que no tuviera como norte ese objetivo. Miren las plazas y los parques de todos los barrios, miren la costanera, el casco histórico”, expresó Javkin, y se preguntó: “¿Saben qué tienen en común? Que la gente los usa, los disfruta. Ya no importa el horario, ya no importa si se hace de tarde, de noche. Las familias van a tomar mate, a hacer un picnic, a pasear. En el centro, en los barrios, en toda la ciudad”.

“Cuando se ilumina una vereda, se guarda el auto más tranquilo. Cuando se abre un pasillo y se transforma en calle, se iguala para arriba”, aseguró el jefe municipal y mencionó a modo de ejemplo las calles Gálvez, en barrio Banana, y Dr. Riva, en Tablada. “Antes esto era el refugio ideal para que se vendiera la porquería que mataba a nuestros pibes. Ahora puede pasar una ambulancia para atender a un vecino, un patrullero para vigilar. Ahora es el lugar por donde caminan los chicos cuando vuelven de la escuela. Eso no es casualidad. Eso es plan”, reiteró.

En ese marco, valoró puntualmente el Plan de Plazas que lleva a cabo el municipio. “Antes, las plazas, que debían ser un lugar de disfrute y encuentro de nuestra gente, eran territorio del miedo”, aseveró y mencionó, entre algunos espacios públicos intervenidos y jerarquizados, las plazas Chiodi, Santa Isabel de Hungría, Eva Perón, Fausto Hernández, Hume y Alberdi, entre otras.

“En muchos de esos lugares, antes se escuchaba el sonido de las balas. Hoy se escuchan hamacas, juegos, mateadas, risas”, justificó el mandatario, y agregó: “Esto pasa en todos los barrios, sobre todo en los que más sufrían a las mafias narcos”.

“Eso es lo que pasa cuando hay presencia del Estado, cuando llevamos nuestros equipos y recursos a los lugares más calientes de la ciudad, cuando hay un centro de salud cerca, un centro Cuidar, cuando se trabaja con los clubes, con las iglesias, con los vecinos de verdad. Así salimos de esa noche, de los días más dolorosos que vivimos hace exactamente dos años atrás. Así le estamos ganando en serio a la maldad”, consideró.

Y cerró: “No dejemos pasar por alto los nombres y apellidos de quienes fueron responsables de la tragedia que vivimos; nunca olvidemos el nombre de Aníbal Fernández, de Marcelo Saín, de Marcelo Bailaque, del ex fiscal Serjal, los ideólogos, los partícipes, los cómplices, toda esa mafia que ahora sale a la luz. Nos los trajeron acá, los metieron acá y los echamos de acá. Hagamos un pacto, un juramento. Hacer lo necesario para que toda esa pus no vuelva nunca más a la ciudad de Rosario”.

En otro tramo de su discurso de apertura de sesiones, el intendente dedicó un apartado específico a la política económica y a la modernización del Estado municipal, donde defendió la austeridad fiscal, el orden de las cuentas públicas y la digitalización de los trámites como pilares de su gestión.

El jefe municipal sostuvo que la administración local se rige por un método basado en datos, planificación y evaluación permanente. “Para poder hacer, primero hay que ordenar las cuentas. Y cuando se ahorra en serio, se invierte más y se hace mejor”, afirmó.

“Nuestra administración se basa en tres principios: responsabilidad fiscal, reducción de la deuda y más inversión en obras”, expuso. En ese sentido, señaló que el presupuesto 2026 será el quinto consecutivo con superávit financiero. Además, destacó que el municipio registra el stock de deuda más bajo de la última década, con un 3,3%, y y el ahorro corriente más alto de los últimos 15 años: $123.407 millones que vuelven a la ciudad en obras e inversiones de capital.

Javkin también remarcó que desde 2019 se mantiene congelada la planta municipal y se redujeron cargos políticos. Según explicó, los nuevos programas o áreas se implementan readecuando personal existente sin incrementar la estructura del Estado.

Durante su exposición, el intendente subrayó que la mejora en la administración permitió recuperar recursos en distintas áreas del municipio. Como ejemplo, mencionó la actualización del sistema de recupero en salud para pacientes con obra social o cobertura privada que se atienden en hospitales públicos. Según detalló, un trámite que antes demoraba hasta 20 meses hoy se resuelve en alrededor de 60 días, lo que permitió recuperar casi 5.000 millones de pesos y aumentar un 1.235% lo facturado por ese concepto.

“Podemos hacer porque ordenamos las cuentas, porque cuidamos cada peso. ‘Roban pero hacen’, esa frase nefasta que justificó a tanto corrupto, acá está prohibida. Acá se hace porque no se roba. Esa es nuestra batalla cultural, una batalla bien rosarina”, indicó.

“Para nosotros el orden económico tiene una regla de hierro: la transparencia. En el Portal de Licitaciones cualquiera puede ver cada proceso, cada pliego, cada adjudicación. Acá no hay negocios para los amigos ni bolsos revoleados por encima de los paredones”, añadió.

En materia de contrataciones, el mandatario municipal sostuvo que la política de transparencia también impactó en los procesos licitatorios. De acuerdo a los datos presentados, ocho de cada diez licitaciones se adjudicaron por debajo del presupuesto oficial, lo que representó un ahorro del 16% para las arcas municipales, 40.000 millones de pesos acumulados.

La modernización del Estado fue otro de los ejes destacados del discurso. Javkin informó que, bajo el lema “ágil, simple, cercano”, el municipio digitalizó 640 de los 750 trámites existentes y eliminó 42 de las 80 tasas municipales, con el objetivo de reducir costos y tiempos para ciudadanos y empresas.

Entre las herramientas implementadas, mencionó el Perfil Digital, utilizado por el 67% de los habitantes de la ciudad y que ya cuenta con más de medio millón de usuarios. A través de esta plataforma se realizan cerca de 398 mil gestiones online y más de 115 mil trámites digitales por mes.

También destacó la puesta en marcha del Perfil Digital para personas jurídicas, que ya utilizan más de 24 mil empresas para realizar habilitaciones, inspecciones y otros trámites administrativos. En ese marco, el municipio implementó habilitaciones comerciales “express” que se resuelven en 24 horas, extendió el plazo de vigencia de las habilitaciones de locales de cinco a diez años y eliminó la necesidad de renovarlas cuando se transfiere un comercio.

Según el intendente, las reformas administrativas también permitieron reducir significativamente los tiempos en trámites urbanísticos y administrativos. Por ejemplo, el certificado urbanístico pasó de demorar 60 días a resolverse en cinco, mientras que la obtención del LULA se redujo de 20 a cuatro días. En paralelo, el sistema digital Infomapa permitió disminuir en un 70% las solicitudes formales de certificados.

En el área de tránsito, la simplificación alcanzó también a la licencia de conducir, que ahora se gestiona de forma digital y sin papeles. La ampliación de turnos permitió reducir la espera de tres meses a una semana. Asimismo, el Tribunal de Faltas agilizó el retiro de vehículos del corralón, que antes implicaba varios trámites presenciales y ahora puede resolverse en unos minutos a través de la plataforma municipal.

Asimismo, Javkin adelantó nuevas medidas de simplificación administrativa que comenzarán a aplicarse en los próximos meses. Entre ellas, anunció que el curso teórico para obtener la licencia de conducir pasará a ser virtual y asincrónico, mientras que los exámenes teóricos y prácticos podrán rendirse en los distritos municipales, evitando el traslado hasta la Dirección de Tránsito.

También anunció que desde mayo Rosario va a tener una nueva plataforma de habilitaciones inteligente, con automatización de consultas frecuentes, consulta automática de estado de trámite, avisos de vencimientos y verificación de habilitaciones vigentes. Además, se agilizarán los trámites de habilitaciones de toldos, calefacción en vía pública, salones de fiestas infantiles y gimnasios

Y recalcó que el municipio implementará nuevas herramientas digitales, entre ellas la devolución automática de pagos duplicados de tasas, la automatización del libre multa, el libro digital de ascensores y el registro digital de productos y establecimientos alimentarios.

“Basta del sello en el sellito en el trámite del tramitecito. Basta de burocracia”, concluyó el intendente al referirse al proceso de modernización administrativa.

“Lo prometido se cumple. Lo que se anuncia se hace”, subrayó el jefe del Ejecutivo local durante su alocución y brindó un informe pormenorizado acerca del avance de múltiples propuestas que fueron presentadas oportunamente en diversos ámbitos de la gestión municipal.

Así, detalló que se había prometido la colocación de 3.000 cámaras para cuidar la calle y ya se instalaron más de 5.000, a la par que se avanza con el plan para llegar al 100% de la ciudad con cobertura de luces led: ya se alcanzó el 92% y el año próximo se alcanzará la totalidad.

A su vez, informó que se terminaron 64 cuadras de pavimento definitivo en Empalme Graneros y actualmente se trabaja en 9 barrios en simultáneo, sumado a la transformación de grandes avenidas como Rouillón, Ayacucho, y Newbery. Continuando con las acciones concretadas, se refirió a las obras en veredas y puntualizó que se repararon más de 1.600 frentes con más de 1.000 rampas.

Continuando con el informe, destacó la urbanización en barrio Banana, la recuperación de plazas; la transformación de basurales en plazas de bolsillo y la recuperación de Costa Nueva. “Todas estas obras las hicimos junto a la provincia. Una sola obra le tocaba a la Nación: El Monumento a la Bandera. Está al 75%. Nuevamente insistimos, Terminen de una vez”, pidió el mandatario, y solicitó: “Y si no la van a terminar, como bien pidió ayer el gobernador, déjenos a nosotros que sabemos cómo cuidar el legado de Belgrano para toda la Argentina como Belgrano lo merece”.

Entre otros puntos, el intendente se refirió a las acciones en materia de movilidad, donde ponderó la incorporación de 187 nuevos colectivos 0KM, la renovación de la flota de la línea K y la ampliación de la red de bicicletas públicas.

Por otro lado, mencionó la apertura de nuevos centros de salud, como el Hermes Binner y el Ena Richiger, y la ampliación de otros, como El Mangrullo, Emaús, Santa Lucía y Ceferino Namuncurá. A su vez, hizo hincapié en la apertura de nuevos centros Cuidar, pasando de 36 a 45, y la creación de la Agencia de Prevención de Consumos, junto a la apertura de La Casa de las Infancias, en el marco de las políticas de cuidado.

“Hacer es nuestra pasión, cumplir es nuestro deber. Hacer, hacer y hacer y cuando te parece que ya lo hiciste todo, hacer más. De eso se trata”, expresó.

A continuación, el intendente repasó los ejes de la primera etapa del Plan de Pacificación, que —según explicó— se centró en ordenar la respuesta del Estado frente al delito. Entre las principales medidas, mencionó la coordinación de las fuerzas de seguridad, el aumento de patrulleros en las calles, el aislamiento de presos de alto perfil, la recuperación de la inteligencia criminal y el fortalecimiento del trabajo de los fiscales.

En ese marco, Javkin anunció el inicio de la segunda fase del plan, que estará enfocada en obras urbanas y en la transformación de los barrios más golpeados por la violencia, en un trabajo junto al gobernador Maximiliano Pullaro. “Donde antes se escuchaba el ruido de las balas, ahora se escuchan máquinas trabajando”, sostuvo.

Entre las primeras intervenciones, adelantó que este mes se licitará la urbanización del barrio Los Pumitas, un sector que fue escenario de graves hechos vinculados al narcotráfico. El proyecto contempla la apertura de calles, la llegada de servicios, la construcción de 55 cuadras de pavimento, la creación de dos plazas y la renovación del Parque Ottone.

El intendente también subrayó el valor simbólico de la obra al señalar que el obrador se instalará en el lugar donde funcionaba un búnker de venta de drogas que fue demolido por las autoridades. “Cuando dijimos que íbamos a derribarlos, lo decíamos en serio”, remarcó.

Posteriormente, dio precisiones acerca de múltiples obras, entre ellas trabajos de pavimento definitivo en Empalme Graneros y diversas tareas de urbanización en Ludueña, Las Flores, barrio Olímpico, barrio ATE, Tablada y el Mangrullo. También mencionó, en un trabajo coordinado junto a Aguas Santafesinas, obras de cloacas en Hostal del Sol Oeste y San Eduardo.

Por otra parte, anticipó la continuidad de transformaciones en plazas y parques de la ciudad y dedicó un párrafo especial al primer Parque Acuático que tendrá la ciudad en La Florida y otras obras en la zona norte, como la creación del Mercado Norte y la restauración de Villa Hortensia.

Asimismo, indicó que continuarán las obras de reconstrucción de calles y veredas y anunció una inversión histórica de más de $10.700 millones para cambiar 4.180 contenedores de carga lateral y trasera para avenidas y barrios. Al finalizar 2026, el 85% de los contenedores de la ciudad estarán renovados. “A esta inversión la complementamos con método, tecnología y datos para limpiar mejor la ciudad”, dijo.

“Además del método, hacer bien necesita tecnología. En mayo vamos a licitar un nuevo sistema de inteligencia artificial para nuestro Centro de Monitoreo. A la seguridad y al control se le suma el seguimiento del mantenimiento urbano. Podemos actuar más rápido con datos y método sobre contenedores, limpieza de espacios públicos, arbolado y prevención de anegamientos”, agregó.

Completó los anuncios con la incorporación de 145 colectivos nuevos a la flota de colectivos, que circularán en las líneas 115, 103, 122, 127, 120 y 142. Estos se agregan a los 187 ya sumados. “Cuando iniciamos la gestión, la antigüedad promedio de las unidades era de 8 años; ahora es de 6. Al finalizar el año, más de la mitad de los colectivos de la ciudad habrán sido renovados”, dijo.

“Y por primera vez, incorporaremos tecnología GNC en lugar de diésel, para reducir a la mitad los costos de funcionamiento, las emisiones y la contaminación sonora de los vehículos. Comenzaremos con la línea 115”, acotó, y anunció la incorporación de inteligencia artificial para ordenar el tránsito, a la par del Nuevo Sistema de Estacionamiento Medido.

Y anticipó un plan de obras con las empresas ASSA y EPE para renovar cañerías y cables. “También hay que hacer obras que no se ven. Pueden ser algo molestas, pero son necesarias”, explicó.

Como novedad, el intendente Pablo Javkin anunció el Plan Mil+65: los primeros mil días y más de 65 años. A partir del Plan Cuidar y su red, la iniciativa propone acompañar a cada niño y niña desde su nacimiento, y a los adultos mayores de manera personalizada.

“El mundo virtual trae aparejados grandes problemas: la soledad, el aislamiento. El gran enemigo de nuestro tiempo es la indiferencia. Indiferencia por lo que le pasa al otro, indiferencia frente al dolor, la desigualdad o la falta de oportunidades. Para hacerle frente a la indiferencia, en Rosario nos vamos a ocupar especialmente de nuestros chicos y grandes, que son quienes más necesitan que el Estado esté presente”, justificó.

También sostuvo que continuarán las obras en el área de salud: “En 2026, vamos a seguir poniendo ladrillo sobre ladrillo con 20 obras para la salud. La mayor inversión de los últimos 15 años y el plan de obras más grande desde que se creó la red de atención primaria con Hermes y Miguel”.

“Hace poco más de seis años, en mi discurso de asunción, dije que soñaba con que Rosario se transformara en la ciudad más respetuosa de la Argentina”, recordó el intendente, y propuso: “Hoy que los vientos cambiaron y estamos de nuevo de pie, quiero volver a esa idea”.

Puntualmente mencionó que en pocos meses Rosario recibirá miles de visitantes que llegarán a la ciudad en el marco de los Juegos Odesur. Quiero que nos propongamos la tarea de que cuando lleguen se encuentren con una ciudad donde se frene en las señales de PARE, no se apure al peatón, no se arroje basura al piso, no se tape una rampa de estacionamiento para discapacitados”, planteó.

“Yo sé que si nos lo proponemos, podemos hacer de esta ciudad un ejemplo de respeto”, dijo Javkin, y sostuvo: “Pudimos con tempestades, miren si no vamos a poder con esto”. Además, anticipó que desde el municipio se lanzará una campaña de educación ciudadana que “nos invite a la convivencia, con la palabra respeto como rectora”.

“El año que viene voy a venir a este recinto y vamos a haber dado un paso más hacia la Rosario que nadie se esperaba, la de los pibes en la Tecnoteca más moderna del país aprendiendo los oficios del presente y el futuro, la de la costa recuperada, la de los barrios con obras y dignidad como nunca, la de las plazas llenas, la de más seguridad, más orden, más control y más paz”, se esperanzó Javkin.

Por último, reflexionó: “La gente buena de esta ciudad sabe que, al final del día, cuando uno llega a casa y se abraza con los chicos para permitirse ese rato de familia que tanto necesitamos, lo que importa es saber que hicimos lo correcto. Eso somos, un montón de gente buena haciendo lo correcto. Así gobernamos, así vivimos, sin gritos, sin crueldad, sin robar, sin mentir. Con la mirada franca y la certeza de seguir en la senda del bien”.

La Policía Federal Argentina concretó dos allanamientos en la ciudad de Firmat, departamento General López, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Como resultado del operativo, fue detenido el principal investigado y se secuestraron drogas y diversos elementos de interés para la causa.

La pesquisa fue desarrollada por la Brigada de Investigaciones y Delitos Complejos de la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto, bajo directivas del fiscal a cargo de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, doctor Iván Raposo.

Según se informó oficialmente, la investigación se inició a partir de una denuncia de vecinos de Firmat, quienes advertían que un hombre identificado por sus iniciales C.A.D.M. se dedicaría a la venta y comercialización de estupefacientes.

De acuerdo a las actuaciones, el sospechoso realizaba presuntos encuentros vinculados a la actividad ilícita en un domicilio ubicado en la intersección de Entre Ríos y Alvear, y además cultivaría plantas de marihuana en otra vivienda situada sobre calle Santa Fe al 800, ambos inmuebles en la misma ciudad.

Con la autorización judicial correspondiente, se llevaron adelante dos allanamientos simultáneos.

Durante los procedimientos se incautaron 2,760 kilogramos de deshoje de plantas, 30 gramos de clorhidrato de cocaína, 8 gramos de picadura de marihuana, dos teléfonos celulares y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo de sustancias.

Como resultado, fue detenido el investigado C.A.D.M., quien fue trasladado a la Comisaría 4ª de la Policía de la Provincia de Santa Fe y quedó a disposición de la Justicia provincial.

En el marco del operativo también fue aprehendida una mujer identificada por sus iniciales A.A.M., quien fue trasladada a la Comisaría 13ª para su identificación y notificación por el delito de tenencia simple. Posteriormente recuperó su libertad.

Los allanamientos contaron con la colaboración del Comando Radioeléctrico de Firmat, además de personal de las comisarías 4ª y 13ª.

Desde la fuerza federal señalaron que continúan trabajando en la prevención del delito y en la lucha contra el narcotráfico y los delitos complejos, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y la Justicia provincial.

La Fiscalía Federal de Venado Tuerto llevó adelante siete allanamientos simultáneos en las ciudades de Firmat y Rosario, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, que culminó con el secuestro de más de un kilo de cocaína y la detención de una persona.

Los procedimientos fueron solicitados por los fiscales federales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, y ordenados por el juez federal de Garantías Aurelio Cuello Murúa. La investigación se había iniciado en marzo de este año a partir de denuncias anónimas recepcionadas a través del Buzón de la Vida de la ciudad de Firmat.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina, con base en Venado Tuerto, y se desarrollaron de manera articulada con el Ministerio Público de la Acusación. Como resultado de ese trabajo conjunto, se allanaron seis viviendas en Firmat y una en la ciudad de Rosario, identificada como el punto desde donde se proveía la droga.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron aproximadamente 1 kilo 400 gramos de cocaína, una suma cercana a los dos millones de pesos en efectivo, cinco armas de fuego de distintos calibres, municiones, balanzas de precisión, una importante cantidad de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa.

Una persona quedó detenida y en los próximos días será imputada en audiencia ante el Juzgado Federal por los delitos previstos en la ley de estupefacientes.

Desde la Fiscalía Federal también se destacó que en el desarrollo del procedimiento colaboraron unidades de Gendarmería Nacional de Rosario y Funes, afectándose un total de 12 vehículos y 35 efectivos para la ejecución de los allanamientos.

El procedimiento se realizó este jueves en un inmueble de calle Juan de Garay al 400. Se trata de un lugar que había sido denunciado por vecinos. Es la inactivación número 13 en el departamento San Lorenzo desde la entrada en vigencia de la norma impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, y ya casi llega al centenar de derribos en todo el territorio.

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron este jueves un nuevo derribo de un búnker de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico. El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en Juan de Garay 498, casi esquina Güemes, en la localidad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.Se trata de la inactivación número 98 concretada en todo el territorio provincial y la número 13 en el departamento San Lorenzo, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Durante el procedimiento, el coordinador técnico de la Secretaría de Seguridad Pública, Toribio Aranda, señaló que se trata del “primer búnker de venta de estupefacientes derribado en la localidad de Capitán Bermúdez”, y remarcó que “ya son 13 los inactivados en el departamento San Lorenzo”. Además, explicó que el inmueble demolido “no estaba habitado y presentaba un marcado deterioro estructural, con sectores dañados que lo convertían en un riesgo tanto para las viviendas linderas como para quienes transitaban por la zona, ante la posibilidad de derrumbes”.

Por su parte, la fiscal Brenda Debiasi, integrante del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, precisó que la investigación se inició a partir de denuncias realizadas por vecinos, quienes advirtieron sobre la presunta comercialización de estupefacientes en el lugar. “A partir de esas denuncias se realizaron tareas de campo en conjunto con la Policía de Investigaciones, que permitieron detectar movimientos compatibles con la venta de drogas”, indicó.

En función de esas evidencias, se solicitó una orden de allanamiento. “Durante el procedimiento se constató que el inmueble no reunía condiciones de habitabilidad y se hallaron elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, que fueron secuestrados, al igual que teléfonos celulares. No hubo personas detenidas en la causa”, detalló la fiscal.

A su turno, la fiscal coordinadora Marianela Luna recordó que las denuncias pueden realizarse “en las dependencias del Ministerio Público de la Acusación, en comisarías, a través del 911, en los Centros de Denuncias o mediante los buzones de la vida disponibles en distintas localidades”.

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024, en el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de la Provincia, fuerzas federales y los gobiernos locales.

El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

Una avioneta fue hallada este jueves por la tarde en suelo santafesino, más precisamente en un campo de la zona rural de Curupaity, localidad del departamento San Cristóbal.

El hallazgo encendió las alarmas de las autoridades, que presumen que el aparato puede estar vinculado con alguna organización dedicada al narcotráfico.

En un primer momento, el caso fue tomado por el fiscal Emiliano Odriozzola (del Ministerio Público de la Acusación de la provincia), quien dispuso las medidas iniciales de rigor para determinar la procedencia del aeroplano, quiénes viajaban en él y qué transportaban.

Con perros y un scanner se trata de determinar si hubo droga adentro del aparato. Foto: El Litoral

No obstante, poco después, las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía federal de Rafaela, que pidió colaboración a especialistas de la Gendarmería Nacional.

Según pudo saberse, el aparato descendió horas antes del hallazgo y nadie fue testigo de ese aterrizaje.

Ahora, se analiza el GPS del aparato para precisar el recorrido que hizo hasta llegar al lugar. También se pidió información sobre posibles detecciones de vuelos ilegales en los radares.

La misteriosa avioneta hallada en pleno campo. Foto: El Litoral

Por otra parte, con perros y un scanner especial, se intenta determinar si adentro del avión existe algún rastro de estupefacientes.

También se activó un operativo cerrojo en toda la zona para evitar la fuga de la o las personas que viajaban a bordo.

Al menos 60 personas murieron en una megaoperación realizada este martes por las fuerzas de seguridad brasileñas en los complejos de favelas de Penha y Alemão, en la Zona Norte de Río de Janeiro. La intervención, destinada a frenar el avance territorial del Comando Vermelho (CV), es la más letal en la historia de la ciudad.

El operativo dejó 56 presuntos integrantes del CV muertos, además de cuatro policías —dos del Bope y dos civiles— y cuatro civiles. Hubo más de 80 detenidos y se incautaron 42 fusiles. En total, participaron 2.500 agentes, entre policías y fiscales del Grupo de Actuación Especial contra el Crimen Organizado (Gaeco).

Los narcotraficantes utilizaron drones modificados para lanzar granadas contra las fuerzas especiales, en un escenario más cercano a un conflicto bélico que a una operación de seguridad urbana. También quemaron autos y colectivos para usarlos como barricadas y entorpecer el avance policial.

Varios videos difundidos en redes mostraron a civiles huyendo por la zona selvática de la Vila Cruzeiro, mientras helicópteros y vehículos blindados patrullaban desde el aire y por tierra. Además, se reportaron desvíos en más de 20 líneas de colectivos.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, afirmó que la situación “ya no es una cuestión de seguridad pública” sino una guerra abierta. "Para este tipo de conflicto, deberíamos contar con apoyo federal, incluso de las Fuerzas Armadas", sostuvo. Según Castro, el gobierno de Lula da Silva negó en tres ocasiones el envío de blindados del Ejército y la Marina.

En paralelo, voceros del gobierno nacional acusaron al mandatario de politizar la crisis con miras a las elecciones de 2026.

La operación obligó a suspender las clases en 46 escuelas, el funcionamiento de cinco centros de salud y el cierre anticipado de la sede de la Fiocruz. También se suspendió la sesión del día en la Cámara Municipal de Río.

Según las autoridades, el CV se encuentra en plena expansión nacional y ya opera en 25 estados y el Distrito Federal. A su vez, las investigaciones revelan que las comunidades del Alemão y Penha alojan criminales provenientes de 12 estados, en una suerte de “franquicia narco”.

Por Ornella Pazzi

Condenaron al abogado santafesino acusado de haber montado un vivero narco de marihuana en Arroyo Leyes. Se trata de Osvaldo Ernesto Ceresole, alias “Patato” quien ejerció su propia defensa en juicio.

La sentencia fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, integrado por los jueces Ricardo Moisés Vásquez, José María Escobar Cello y Luciano Lauría. Hallaron a Ceresole responsable de los delitos de “cultivo de plantas para producir estupefacientes” en dos hechos, “tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal” y dos hechos de “hurto”.

La pena impuesta al letrado de 56 años consiste en 6 años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de 72 unidades fijas. Ceresole asumió su propia defensa, y también contó con la representación del defensor público oficial, Fernando Sánchez.

La acusación estuvo a cargo del Fiscal General, Martín Suárez Faisal, quien consideró a Ceresole el organizador del vivero narco.

La causa conocida como “Vivero narco” se originó tras los allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en el verano de 2024, los días 13 y 14 de febrero.

Estos operativos se centraron en dos emprendimientos de producción de cannabis sativa: un predio rural ubicado en Arroyo Leyes (a la altura del km 19 de la ruta provincial 1) y una casa en la calle Santiago del Estero al 3600 de Santa Fe.

Los operativos resultaron en el secuestro de una gran cantidad de material estupefaciente y logístico: se incautaron 1.531 plantas de marihuana producidas en invernaderos y a campo, más otras 575 plantas cultivadas bajo la modalidad indoor. Adicionalmente, se decomisó gran cantidad de insumos para cultivo, sistemas especiales de iluminación y climatización, y armas y municiones.

Ceresole, quien llegó a juicio privado de su libertad (quedó tras las rejas a mediados de febrero del año pasado), fue señalado por la fiscalía como la "pieza fundamental" y el "organizador" de una red de producción y venta de estupefacientes.

La acusación sostuvo que Ceresole utilizaba como "pantalla" una aparente inscripción ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para el cultivo experimental de cannabis sativa. En contraposición, durante el debate la defensa sostuvo que existía autorización para el cultivo, negando la existencia de delito.

El juicio comenzó el 1 de octubre con ocho personas en el banquillo de los acusados. Siete de ellos decidieron firmar juicios abreviados que supusieron condenas a penas de entre 2 y 4 años de prisión. El único que no aceptó fue el abogado Ceresole.

Dentro de los condenados al comienzo del debate se encuentran el barrabrava del Club Atlético Colón, Gabriel Alberto “Cachiporri” Nudel y el organizador de eventos Mauricio José Zambón. Ellos acordaron penas de cuatro años de prisión en juicios abreviados por los mismos delitos.

También aceptaron los abreviados Adrián Cesar Poncio Nerbutti, Tomás Francisco Benítez, Napoleón Sebastián Cardo, Gastón Celestino Persoglia y Marco Patricio Rioja. Este último fue quien facilitó el uso del campo, mientras que el resto ejerció tareas vinculadas al cultivo.

En el marco de la condena a Ceresole, el tribunal federal ordenó decomisar diversos bienes utilizados o vinculados a los ilícitos. Esto incluye dos camionetas Toyota Hilux, y las armas de fuego secuestradas junto a sus municiones.

Los elementos decomisados serán remitidos a la ANMAC. Como excepción, se ordenó la devolución de una escopeta larga doble cañón, previa acreditación de su titularidad.

Tras dictar la sentencia, el tribunal fijó audiencia para dar lectura a los fundamentos de la condena. La misma comenzará el miércoles 29 de octubre 12.

Pablo Benito

El principal imputado es Ariel García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma, donde se fabricaron los lotes adulterados. Junto a él fueron arrestadas su madre, Nilda Furfaro (68), y su abuela, Olga Luisa Arena (88), ambas bajo prisión domiciliaria por su edad. También están involucrados sus hermanos Diego y Damián García Furfaro.

Entre los demás detenidos figuran:

Javier Tchukran, director general de HLB y del Laboratorio Ramallo

Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo

José Antonio Maiorano, director técnico de HLB

Horacio Tallarico, presidente de Ramallo

Rodolfo Labrusciano, director suplente

Todos ellos habrían participado en la autorización del lote 31.202, relacionado con el suministro del medicamento contaminado con las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, agentes que provocaron infecciones letales en pacientes.

Fuentes ligadas a la causa afirmaron a El Litoral que el próximo lunes 25 de agosto deberán declarar ante la justicia federal autoridades y empleados del laboratorio investigado. Entre los citados se encuentran:

Victoria García, jefa de Garantías de Calidad

Eduardo Darchuk, jefe de Producción de ampollas

Wilson Pons, exdirector técnico (2024)

Gabriela Arzolidis, operaria de ampollas

Edgardo Scwlafani, jefe de Soluciones de Grandes Volúmenes

Agustina Garay, jefa de turnos de ampollas

Adriana Iudica, directora de Microbiología

Según el dictamen judicial, el objetivo es determinar el nivel de responsabilidad en la elaboración, control y liberación de los lotes contaminados.

En la resolución, Kreplak imputó a Ariel García Furfaro, Nilda Furfaro y Javier Tchukran por haber dado un destino ilegítimo al lote 30.366 de Fentanilo 5 ml, autorizado solo para uso hospitalario. El desvío habría ocurrido entre julio de 2022 y marzo de 2023, cuando se detectó su disposición a favor de Martín Hernán Alarcón, cuyo procesamiento fue solicitado el 8 de agosto.

Este punto conecta la causa con una investigación paralela por narcotráfico, que desarticuló una red dedicada a comercializar opioides en el mercado negro mediante encomiendas.

Martín Hernán Alarcón, mencionado en la causa Kreplak, fue detenido en otra investigación federal que descubrió el desvío de fentanilo y otras drogas desde su circuito legal. La pesquisa comenzó el 14 de abril de 2023, cuando Gendarmería interceptó un camión en la Ruta Nacional 12 con 500 ampollas de fentanilo enviadas desde Posadas hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La Fiscalía Federal N.º 2 de Posadas y la Procunar determinaron que la organización operaba desde 2020. Por orden de la jueza María Verónica Skanata, se realizaron 14 allanamientos en Misiones, Jujuy y CABA, donde se secuestraron casi $ 8 millones, 1.900 dólares, documentación y equipos electrónicos.

Los principales acusados en esta red son Juan Carlos Gibilisco, visitador médico radicado en Posadas y señalado como líder, y Martín Hernán Alarcón, titular del laboratorio Alil SAS (Villa Urquiza). Ambos recibían y distribuían los envíos ilegales. También fueron arrestadas sus parejas y otros dos cómplices, uno de ellos dueño de un centro de estética en Jujuy.

Guillermo F., un hombre oriundo de Elortondo, permanecerá en prisión preventiva tras una nueva imputación por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. La medida fue dispuesta este viernes en una audiencia desarrollada en la sala de la Oficina Judicial del Juzgado Federal de Venado Tuerto, presidida por el juez federal de garantías, Dr. Aurelio Cuello Murúa.

Durante la audiencia, el equipo de la Fiscalía Federal -a cargo del fiscal general Federico Reynares Solari y representado por las fiscales Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada- solicitó la prisión preventiva del acusado, lo que fue concedido por el magistrado.

El juez Cuello Murúa fundamentó su decisión en la reiterancia delictiva, destacando que Guillermo F. había sido condenado recientemente, en abril de este año, a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras habérsele encontrado medio kilo de cocaína en su domicilio.

Este nuevo episodio, que también lo involucra con cocaína, ocurrió el 13 de mayo de 2025, cuando fue sorprendido nuevamente con drogas, dinero en efectivo, un arma y municiones, en momentos en que cumplía la condena bajo arresto domiciliario. A raíz de este nuevo hecho, se investiga además su presunta vinculación con bandas narco que operan desde Alcorta, dedicadas a la provisión de cocaína y marihuana.

Este caso es significativo porque se trata de la segunda causa en su contra tramitada bajo el nuevo sistema acusatorio federal y, además, es la primera vez que un juez de garantías federal en Venado Tuerto aplica el criterio de reiterancia delictiva.

La investigación se mantiene en curso y podría derivar en nuevas imputaciones, en función de las conexiones criminales que se identifiquen en la causa.

Dos hombres y cuatro mujeres de entre 22 y 54 años quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo en el que se los investiga por actividades ilícitas vinculadas a la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Rosana Peresín está a cargo de la investigación y es quien solicitó las privaciones de la libertad en una audiencia que se realizó en los tribunales de la capital provincial. Según informó la funcionaria, "debido a que tienen hijos menores de edad a su exclusivo cuidado, tres de las imputadas, cuyas iniciales son LAR, MGF y BNR, deberán cumplir la cautelar de forma domiciliaria".

La fiscal indicó que "ninguno de los abogados defensores propuso alternativas a la prisión preventiva". Al respecto, explicó que "la medida era necesaria para neutralizar los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio, que estaban latentes en todos los casos".

El legajo se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación en su Plan de Persecución Penal. El Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General coordinó tareas de análisis criminal que permitieron iniciar la investigación.

Peresín afirmó que "las seis personas investigadas fueron detenidas en cinco allanamientos realizados el viernes 11 de este mes a la noche en la zona norte de la ciudad".

La fiscal detalló que "uno de los operativos se concretó en una vivienda localizada en calle José Reinares, entre Damianovich y Pedro Espinoza, donde residían la imputada de iniciales MFG y su pareja, también investigado y con un antecedente penal condenatorio, cuyas iniciales son OAC".

"En el domicilio se secuestraron una caja, un frasco y bolsas con marihuana y cocaína fraccionada para su venta al menudeo", expuso la fiscal. "El personal policial también hallaron un arma de fuego semiautomática y 16 cartuchos intactos, cuatro teléfonos celulares, 90.700 pesos y vajilla con restos de droga", especificó.

Asimismo, la fiscal indicó que "en otro inmueble, en calle Grierson, entre Santa Fe y Gimnasia y Esgrima, la mujer de iniciales BNR tenía en su poder marihuana destinada a la comercialización al menudeo". Además, planteó que "se le secuestraron semillas y una rama con flores de cannabis, un desmorrugador y cartuchos para armas de fuego de diferentes calibres".

Por otro lado, Peresín manifestó que "en una casa localizada en La Pampa y Hermanos Figueroa, donde residían la mujer de iniciales LAR y un hombre de iniciales ELS, también se hallaron estupefacientes y objetos que dan cuenta de que estaban destinados al microtráfico". Detalló que "había marihuana y cocaína fraccionadas y distribuidas en envoltorios, una balanza de precisión y 137.300 pesos".

Por último, sostuvo que "en una vivienda ubicada en J.R. Méndez al 6.500, la sexta imputada, de iniciales MVV, tenía en su poder 62 envoltorios con cocaína, una balanza y 87.900 pesos que fueron secuestrados". En tanto, agregó que "el día siguiente a la mañana, agentes policiales de una dependencia en la que esta mujer estaba detenida detectaron mediante una requisa que ella tenía dinero en efectivo y cocaína en el bolsillo de una campera".

A las seis personas investigadas se les atribuyó la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por su parte, a la mujer de iniciales MGF y al hombre de iniciales OAC se les endilgó la tenencia indebida de un arma de fuego de guerra.

Este jueves por la mañana, en Rosario, se llevó adelante un nuevo operativo para tirar abajo un puesto de venta de estupefacientes. La inactivación se realizó en el marco de las facultades que establece la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura provincial y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión, a fines de 2023. En total, ya se hicieron en toda la provincia unos 50 derribos, y más de 30 puntualmente en Rosario.

El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, y el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), César Pierantoni, brindaron los detalles del operativo en el lugar.

Omar Pereira resaltó que “seguimos trabajando en la aplicación de la Ley de Microtráfico y ya vamos superando los 50 derribos e inactivaciones de puntos de venta en toda la provincia, más de 30 en la ciudad de Rosario”, puntualizó.

El funcionario sostuvo que “se trabaja sobre aquellos puntos donde la base está en la venta de estupefacientes al menudeo, pero que, a su vez, genera en el entorno situaciones de violencia, balaceras, muertes. Y es ahí donde se apunta la actuación y, si corresponde, una serie de medidas previas que se toman y se analizan a través de las disposiciones del fiscal para poder determinar si el lugar está en condiciones de ser derribado”.

César Pierantoni, por su parte, explicó que la medida de este jueves es parte de “una investigación priorizada; estamos en barrio Vía Honda, y estaba bajo objeto de investigación este punto de venta como otros tantos. Se hizo una investigación conjunta que derivó en múltiples allanamientos y a raíz de denuncias de los vecinos al 911 y al 0800 del Ministerio de Seguridad, se dio cuenta de que este lugar era utilizado como un punto de venta”.

“En el momento del allanamiento el lugar estaba vacío y a raíz de esta situación se solicitó el derribo del lugar y es lo que efectivizamos hoy. Uno de los objetivos del derribo es que este lugar no sea ocupado por bandas o por otras personas y que justamente se lleve así tranquilidad a los vecinos”, completó el fiscal Pierantoni. 

Trabajo coordinado

Más de 50 operativos de esta naturaleza lleva realizados el Gobierno de Santa Fe en toda la provincia. Se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad -que encabeza el ministro Pablo Cococcioni-, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.

La inactivación y derribo de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.