La obligación de llevar a cabo pruebas toxicológicas para "todas las personas que ejerzan cargos públicos electivos por voluntad popular o que hayan sido designadas políticamente, en cualquiera de los tres poderes del Estado de la Provincia de Santa Fe, durante el ejercicio de sus funciones", es el núcleo de un proyecto de ley que desde fines de 2025 impulsa el bloque del Justicialismo en la Cámara de Senadores.

El texto que lleva la firma de Osvaldo Hugo Sosa (Vera) en primer lugar, acompañado por Armando Traferri (San Lorenzo) cuenta con aportes de la bancada que, rápida de reflejos, presentó esa iniciativa a poco de que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se sometiera personalmente a una prueba médica de este tipo antes de invitar a hacer lo mismo a los más altos funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, así como de la Policía.

De avanzarse con la norma propuesta, el control sería obligatorio (ya no como ejemplo ante la sociedad), periódico y sometido a normas regulatorias que tendrán en cuenta la confidencialidad de resultados positivos, como establece la legislación vigente.

En el segundo artículo de la norma que tiene un pedido de tratamiento preferencial para la próxima sesión se incluye una lista taxativa de los cargos a comprendidos para el narcotest: "a) Poder Ejecutivo: gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, directores generales, titulares de entes descentralizados o desconcentrados, presidentes y directores de empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, jefe y subjefe de Policía, director y subdirector del Servicio Penitenciario Provincial.

Acompaña el proyecto Armando Traferri (San Lorenzo).

" b) Poder Legislativo: senadores, diputados, secretarios legislativos, prosecretarios, autoridades de comisiones, asesores y funcionarios jerárquicos de ambas Cámaras; "c) Poder Judicial y Ministerio Público: ministros de la Corte Suprema, magistrados, fiscales, defensores públicos, secretarios y demás funcionarios jerárquicos del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; "d) Órganos de Control: miembros del Tribunal de Cuentas, defensor del Pueblo y defensor adjunto".

Los controles serán según la ley propuesta "obligatorios y gratuitos", bajo las siguientes modalidades: "1. Inicial: dentro de los treinta (30) días corridos de la asunción del cargo. 2. Periódica: con una frecuencia mínima anual. 3. Aleatoria: mediante sorteo imparcial y bajo protocolo de transparencia. 4. Por denuncia fundada: en caso de que existan indicios razonables que ameriten su realización. La implementación de los exámenes deberá respetar los principios de legalidad, confidencialidad, dignidad, derecho a defensa y cadena de custodia".

La norma contempla la posibilidad de que los agentes públicos provinciales de forma voluntaria se sometan al examen toxicológico, "como medida de responsabilidad institucional, autocuidado y cultura de prevención. La autoridad de aplicación deberá garantizar las condiciones técnicas, la gratuidad y la confidencialidad de estos exámenes voluntarios, fomentando su incorporación en los distintos organismos públicos".

Se procura que haya convenios con universidades, hospitales y laboratorios, con el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación. Dos artículos indican cómo proceder ante un resultado positivo, con un abordaje interdisciplinario que contemple aspectos vinculados a salud, psicología, trabajo social y derecho.

Ese equipo tendrá como funciones las de brindar contención, orientación y asistencia integral, pero también "evaluar la aptitud del funcionario para ejercer su cargo en condiciones plenas, de acuerdo con la Ley Nacional N.º 26.657". Del mismo modo, "sugerir medidas sanitarias, administrativas o terapéuticas no punitivas". Además, "toda medida deberá respetar el principio de confidencialidad, la no discriminación y el derecho al debido proceso".

El texto que lleva la firma de Osvaldo Hugo Sosa (Vera) en primer lugar.

Quien rechace someterse al examen cometerá una "falta grave" que "podrá dar lugar a la suspensión preventiva del cargo, instrucción sumarial o remoción, conforme a los mecanismos legales vigentes".

Un artículo establece que "los resultados de los exámenes son considerados datos sensibles, conforme a la Ley Nacional N.º 25.326. Su acceso será restringido, y sólo se podrá utilizar para los fines previstos en la presente norma" y otro invita a que lo mismo suceda en las municipalidades.

"En San Luis -dicen los considerandos- se sancionó, en 2024, una ley que obliga a realizar exámenes toxicológicos a funcionarios de los tres poderes del Estado, de forma anual y aleatoria. En Jujuy, rige la Ley N.º 6164/20, que impone la realización de narcotest todos los funcionarios jerárquicos del gobierno provincial, mientras que Mendoza y Entre Ríos también han aprobado regímenes similares, algunos incluso con carácter semestral y bajo apercibimiento de cese inmediato en caso de incumplimiento".

"A nivel internacional, países como Estados Unidos, Colombia y Brasil han desarrollado políticas de control de sustancias dentro del sector público, especialmente en ámbitos de seguridad, justicia, salud y educación. Estas experiencias demuestran que la iniciativa aquí propuesta no solo es viable desde el punto de vista operativo, sino también necesaria como parte de una estrategia integral de fortalecimiento del Estado, recuperación de la autoridad pública y promoción de un modelo institucional", siguen.

Desde el punto de vista jurídico, "el proyecto se encuentra plenamente enmarcado en los principios consagrados por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Santa Fe, en particular en lo relativo a la transparencia en la función pública, el principio de legalidad, la protección de los datos personales y el derecho a la salud. Asimismo, respeta las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y la dignidad de las personas involucradas, estableciendo mecanismos objetivos, técnicos y con participación de organismos independientes".

(Por Juan Manuel Peratitis) - Gendarmería Nacional detuvo a tres sujetos, secuestró casi un millón y medio de pesos en efectivo, incautó droga lista para la venta y en panes, y desbarató de este modo una banda que operaba en la ciudad de San Lorenzo.

La Brigada Rosario 3 patrullaba preventivamente una parte de la ciudad del sur provincial este martes, cuando en un momento determinado lograron identificar a tres individuos que al advertir la presencia de los efectivos, quisieron darse a la fuga sin más, cerca de la vivienda en la que estaban.

La droga fraccionada y lista para la venta. Foto: GNA.

Fue entonces cuando los agentes fueron hasta esa casa, y de la requisa preventiva, con la asistencia de testigos, se hallaron en el lugar envoltorios con una sustancia pulverulenta y otra de origen vegetal las cuales sometidas a pesaje y prueba de narcotest arrojaron como resultado: 115 envoltorios pequeños listos para la venta y un paquete rectangular con una sustancia de color blanca, que resultó positivo para cocaína con un peso total de 1,170 gramos.

Por otro lado, encontraron 291 envoltorios positivos de marihuana, con un peso total de unos 550 gramos. Asimismo, se constató la existencia de $ 1.500.000 en efectivo así como un rifle, una balanza de precisión, sustancia de corte y fraccionamiento de estupefacientes.

Tomó intervención en la causa que se les abrió a los tres detenidos, de quienes no trascendieron mayores datos, la Dra. Melisa Serena, de la Fiscalía de Flagrancia en Turno de San Lorenzo quien además dispuso el secuestro de la droga, el dinero en efectivo, los teléfonos celulares hallados y la detención de los implicados en carácter de incomunicados en una causa que tiene la calificación provisoria de “infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes”.

“Hay” personas del ámbito político rosarino que “consumen estupefacientes”, dijo Carlos Cardozo, ex precandidato a Intendente de Rosario en las PASO ante la intención de impulsar una ordenanza que ya cuenta con antecedentes. Se trata de la ordenanza que busca aprobar el “narcotest”.

Básicamente, la iniciativa propone que aquel o aquella que se presente a un cargo electivo o se desempeñe como funcionario/a público/a deberá realizarse los exámenes para comprobar que no consumen drogas ilegales.

Esta propuesta, que se presentó este año y se encuentra en debate en el Palacio Vasallo, pretende involucrar tanto al Intendente como a concejales, secretarios y subsecretarios del gabinete del Ejecutivo.

De aprobarse, la ciudad de Rosario no sería la pionera en impulsar esta medida. En la ciudad de Córdoba, por ejemplo, ya rige como ordenanza. No sólo allí, sino también en las provincias de Tucumán y Tierra del Fuego como ley provincial.

En la Región, en Chile, donde también se encuentra vigente la normativa, el Estado realiza 40 test sorpresivos al año en las dependencias del gobierno federal y somete al análisis a un universo de posibilidades que incluye al presidente de la Nación.

El impulsor de la ordenanza en la ciudad, el concejal Carlos Cardozo, explicó a El Litoral que habrá que determinar de qué manera se aplicaría en Rosario, porque “las metodologías son diversas”. “En algunos lugares se presentan los certificados de negatividad, mientras que en otros se realizan de forma sorpresiva y se eligen personas de forma aleatoria”.

El edil añadió que no se pretende “cortar con libertades”, sino que “consideramos que uno tiene la libertad de consumir, pero en el marco de este consumo la restricción de no poder ocupar cargos públicos, porque el consumo puede afectar facultades que te impidan desenvolver de manera satisfactoria el cargo”.

Por otro lado, “si vos consumís, quiere decir que comprás y si comprás, implica que conocés el circuito, entonces como funcionario debés denunciar, porque sino sos cómplice. No queremos victimizar al consumidor. Si alguien se detecta positivo, entendemos que el Estado debe contenerlo, pero es incompatible con el ejercicio de la función pública”, siguió.

Cardozo fue precandidato a Intendente en las elecciones PASO de este año por el espacio Unidos para Cambiar Santa Fe. A modo de publicidad de la iniciativa, el concejal se realizó el test para demostrar su funcionamiento.

Sin embargo, previo a los comicios, denunció que sus pares le “frenaron” y que “buscaron dormirlo”, despúes de que el tema fuera pasado a comisiones sin ser debatido como se hubise querido.

“Todos hablan de dar la batalla contra el narcotráfico, pero se oponen a dar esta discusión de cara a la gente, se negaron a discutirlo en la sesión de hoy y lo mandan a comisiones para dormirlo”, había advertido el edil en sus redes sociales.

Ahora, que buscan que el proyecto vuelva a tomar vuelo, se encuentra con un análisis y modificación del texto por parte de la concejala radical, Nadia Amalevi, quien propone que para el consumo de marihuana queden exceptuados las personas que están registradas en los tratamientos de cannabis medicinal.

Para Cardozo “es muy lógico”, porque “si una persona está bajo tratamiento quede fuera del positivo de esta sustancia; por eso, aceptamos esta modificación, pero lo que acabamos de hacer es pedir definiciones y ver si hay alguna posibilidad de avanzar con la normativa dentro del Concejo de Rosario”.