Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por vender estupefacientes desde su vivienda en Venado Tuerto. Se trata de Miguel Ángel Ontivero, quien aceptó su responsabilidad en el marco de un procedimiento abreviado.

La sentencia fue resultado de una investigación encabezada por el fiscal Iván Raposo. La defensa del imputado, a cargo del Dr. Had, prestó conformidad con el acuerdo que incluye la pena, la calificación legal y su modalidad de cumplimiento.

Allanamiento y secuestro de droga

Los hechos investigados ocurrieron el 21 de marzo de 2025, en horas de la madrugada, en una vivienda ubicada sobre calle Camarero al 1300.

Ese día, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento judicial que permitió el secuestro de 0,2 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión con restos de la misma sustancia, $75.000 en efectivo, recortes de nylon usados para el fraccionamiento y dos plantas de marihuana, cuyo peso total, luego del deshoje, ascendió a 4 kilogramos.

También se halló una tarjeta bancaria a nombre de un tercero, lo que fue incorporado como elemento indiciario en la causa.

La fiscalía consideró que el conjunto de elementos colectados permite sostener que Ontivero tenía droga con fines de comercialización, configurando así el delito previsto en la Ley de Estupefacientes.

Procedimiento abreviado

La pena acordada fue de cuatro años de prisión efectiva, en el marco de un procedimiento abreviado previsto por el Código Procesal Penal.

El imputado, quien se encuentra actualmente detenido en la Unidad Penitenciaria de Melincué, prestó conformidad con los términos del acuerdo.

Personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región III, con colaboración de los Departamentos Operativo y de Investigaciones Complejas de los distritos de Venado Tuerto, Melincué y Firmat, llevó a cabo un importante operativo este viernes 5 de diciembre en la ciudad de Venado Tuerto. Estos procedimientos, que contaron con el apoyo del Comando Radioeléctrico, se ejecutaron en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, que penaliza delitos relacionados con estupefacientes.

Los operativos se iniciaron gracias a denuncias clave  denuncias presentadas por el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, la senadora Leticia Di Gregorio y el  coordinador del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Nahuel Pasquinelli.

Los procedimientos resultaron en la detención de cuatro personas y el secuestro de material estupefaciente. Los detenidos, identificados con las iniciales Y.N.A., T.A.C., F.A.B. y C.A.N., quedaron a disposición de la justicia por infracción a la mencionada Ley 23.737.

La operación consistió en dar cumplimiento a tres órdenes de allanamiento emitidas por la Fiscalía Regional N° 3, Sede Venado Tuerto. Las medidas judiciales se realizaron en domicilios ubicados en calle Valdez 1600, Avellaneda 2300 y República de Irlanda 1500 de la ciudad.

En la vivienda de República de Irlanda, donde fue detenido  C.A.N. (de 32 años), se incautaron 103,6 gramos de cocaína, lo que dio positivo en el test de orientación. Además, se secuestró un arma de fuego tipo escopeta de fabricación casera y un teléfono celular marca Motorola. La carátula provisional para el detenido es la de Coautor del delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización.

En la calle Valdez, se realizó el traslado en calidad de detenidas de dos mujeres:  Y.N.A.  y T.A.C.. En este domicilio, se secuestraron dos aparatos celulares. Ambas enfrentan la calificación legal provisoria de Coautoras del delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización.

Finalmente, en el domicilio de Avellaneda, se detuvo a F.A.B., quien está calificado provisionalmente como Coautor del delito de Comercialización de Estupefacientes. Aunque la requisa en este lugar arrojó resultado negativo en cuanto a elementos de interés el día del operativo, se menciona en una orden de detención que en allanamientos previos en esa vivienda se había secuestrado un gramo de marihuana y ocho dispositivos móviles.

La investigación que culminó con estas detenciones se originó en una causa caratulada "M.C.S. s/ infracción Ley 23.737-Amenazas Calificadas -Lesiones Dolosas Leves -Atentado y Resistencia a la Autoridad”. La Policía de Investigaciones, a través de un exhaustivo análisis de pericias telefónicas realizado durante varios meses, pudo establecer los nexos de la red.

El análisis determinó que M.C.S. era quien proveía el estupefaciente y actuaba como organizador. Se estableció que una de las detenidas (hijastra del primer sindicado) participaba en las ventas y en la guarda del material, mientras que otro de los involucrados detenidos  fue identificado como vendedor.

El Fiscal interviniente, Dr. Iván Raposo, de la Fiscalía Regional N° 3 – MPA Venado Tuerto, supervisó el procedimiento y libró las órdenes de allanamiento. Todos los detenidos permanecerán alojados en la Comisaría 2da, o dependencia policial que corresponda, hasta la audiencia imputativa, donde el Juez de Primera Instancia de Distrito Judicial N°3 de Venado Tuerto resolverá sobre su situación procesal

En la tarde del jueves, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Pavón al 500, en la ciudad de Venado Tuerto. El procedimiento se enmarca en una investigación que lleva adelante el fiscal Iván Raposo, orientada a desbaratar la venta de drogas al menudeo.

En el domicilio se encontraban seis personas, todas requisadas por los agentes. Cuatro de ellas fueron liberadas al no estar vinculadas con la causa, mientras que dos quedaron detenidas: Matías R., de 34 años, y Alejandra T., de 48 años.

Qué secuestró la policía

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron:

Según la investigación, estos elementos evidencian que la droga estaba destinada a la comercialización.

Tanto Matías R. como Alejandra T., domiciliados en Pavón al 500, se le formó causa como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Los investigadores sostienen que la organización utilizaba los contactos registrados en las anotaciones para promocionar y coordinar las ventas de droga.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la fiscalía avanza en el análisis de los elementos secuestrados.

Lo que iba a ser otra noche de luces, música y baile en Rosario terminó con un fuerte golpe al narcomenudeo. En la previa de una multitudinaria fiesta electrónica, la Policía Federal desplegó un megaoperativo en el centro y macrocentro de la ciudad que dejó un saldo más que elocuente: casi 900 pastillas de éxtasis, cristales de MDMA, cocaína, tussi, marihuana, hongos alucinógenos y ketamina, además de un importante monto de dinero y cuatro detenidos.

La pesquisa llevaba meses en marcha. Desde enero, los investigadores federales habían logrado infiltrarse en grupos de mensajería encriptada como Telegram y Zangi, donde los dealers ofrecían sus productos como si se tratara de un catálogo clandestino. Esa labor encubierta permitió identificar domicilios, seguimientos y finalmente obtener las órdenes judiciales para irrumpir en seis puntos de Rosario.

Los procedimientos comenzaron a las 8 de la mañana y fueron ejecutados en simultáneo en viviendas ubicadas en calles Italia, Paraguay, Urquiza, España, Coussirat y Zeballos.

En Italia al 1200, la irrupción terminó con dos jóvenes esposados: C. P. L. (21) y M.G. (23). Allí se hallaron 194 pastillas de éxtasis, marihuana tipo cogollo, hongos alucinógenos, ansiolíticos, balanzas, tres celulares y 64 mil pesos en efectivo.

En Paraguay al 1800, la Federal arrestó a D. S. (30) con 11 pastillas, 20 gramos de cristal y una balanza de precisión.

La mayor sorpresa se dio en Urquiza al 1200, donde los uniformados se toparon con un verdadero "depósito" narco: 654 pastillas de éxtasis, 138 gramos de cristal, 20 gramos de cocaína, ketamina líquida, marihuana, fertilizantes para cultivo indoor y más de 230 mil pesos. Allí fue detenida S. A. T. (39).

En Zeballos al 3100, si bien no hubo arrestos, se secuestró dinero por más de 330 mil pesos y varios dispositivos electrónicos, además de pequeñas dosis de cristal.

En Coussirat al 2800, la vivienda estaba vacía, pero los efectivos hallaron 26 pastillas, diferentes drogas sintéticas en bolsas ziploc, marihuana, documentos y pasaporte de un hombre que ahora quedó bajo la lupa.

Finalmente, en España al 2900, se incautaron elementos de interés para la causa.

El expediente está caratulado bajo la causa "NN: SRIO AV Denunciados Dólar, Chula y Seba, s/Infracción Ley 23.737", lo que revela que los principales blancos de la investigación serían conocidos en el ambiente narco por esos apodos.

El fiscal Santiago C. Alberdi, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, solicitó la detención formal de los cuatro implicados, quienes en las próximas horas deberán comparecer en audiencia imputativa.

La magnitud de lo incautado deja en claro el destino que tenían esas sustancias: las pistas apuntan a que buena parte del material secuestrado estaba destinado a circular en la fiesta electrónica programada para este fin de semana.

El despliegue de la Policía Federal no solo frenó esa operatoria, sino que además expuso el funcionamiento de una red que se movía con códigos propios dentro de la noche rosarina.

Juan Manuel Peratitis

Cinco personas fueron detenidas por la policía y se secuestraron armas, droga y dinero en efectivo, en un domicilio de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo, este jueves en un allanamiento.

Participó personal de la Policía de Investigaciones PDI, y el operativo realizado en Pueyrredón al 100, fue ordenado por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dra. Luisina Paponi, como parte de una investigación por delitos relacionados con el narcomenudeo.

Tras la irrupción del personal de choque, se incautaron más de 100 gramos de cocaína, casi 200 de marihuana, dos pistolas de aire comprimido, una suma algo superior a los 600.000 pesos, 13 teléfonos y una Tablet, y dos motos que podrían ser parte del “delivery” de estupefacientes.

Los detenidos son 5, tres hombres, E.C. de 63 años, H.V, de 34, I.R. de 25 y dos mujeres, C.M. de 31 y L.C. de sólo 20 años. No sólo se investiga el delito de venta de drogas, sino ilícitos derivados de esta primera situación ilegal.

“La investigación comenzó a raíz de tareas de inteligencia realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, en colaboración con la Policía de Investigaciones. Este tipo de operativos es una prioridad dentro del Plan de Persecución Penal establecido por el MPA, con el fin de desarticular las redes de distribución de drogas en las distintas localidades del departamento San Lorenzo”, informaron desde el MPA sanlorencino.

En horas de la noche del lunes, mientras personal de Comando Radioeléctrico circulaba por calle Lavalle y Av. Irigoyen divisaron a un masculino estacionado en una motocicleta, quien al notar la presencia policial intentó una huida por calle Lavalle, por lo que se logró detener la marcha del mismo en la intersección con calle Pueyrredón. 

Al momento de su identificación se realizó requisa palparea y se secuestró de entre sus prendas un envoltorio tipo nylon transparente, el cual en su interior contenía una sustancia vegetal, la cual arrojó resultado positivo para 1,1 gramos de Cannabis Sativa. 

También se secuestró dinero en efectivo fraccionado, un teléfono celular y la motocicleta en la que circulaba el mismo.

Se trasladó a sede policial lo secuestrado junto con el involucrado en donde, fiscal en turno dispuso formación de causa por infracción a la ley 23.737 y quede detenido e incomunicado hasta audiencia imputativa.

(Por Carlos Retamal) - En la noche del jueves 15 de agosto, media docena de detenidos se escapó del penal que está ubicado en el fondo de la seccional 5ª, de Italia al 2100, de barrio Abasto, a pocas cuadras del parque Independencia En menos de una hora, 3 lograron ser capturados en distintos puntos de la zona oeste. Es la cuarta evasión en menos de 90 días. El penal tiene capacidad para 24 personas, y antes de la evasión había 55 alojados.

En lo que ya parece ser una costumbre, varias de las personas alojadas en la seccional lograron escapar utilizando la misma vía de escape: un estacionamiento que en el fondo linda con la parte posterior del terreno donde está emplazado el penal.

Según voceros policiales, minutos después de las 23 ingresó en el sistema 911 un llamado telefónico alertando que había varias personas que salieron del estacionamiento ubicado sobre calle Riobamba al 1700 y que para ella eran presos que se habían escapado de la comisaría.

A los pocos minutos llegó al lugar personal de la Brigada Motorizada que vio el portón abierto del estacionamiento, pero nadie en su interior. El paso siguiente fue ir hasta la comisaría ubicada a la vuelta, en la misma manzana, y alertar al personal de guardia.

De esta manera se constató la evasión de seis de los internos, que fueron identificados como David Medina, Cristian Antonio, Cristian Eduardo Flores, Lucas Daniel Flores, Gustavo Garay y Airton Fabián Pereyra. Y se inició un operativo cerrojo en distintos puntos de barrio Abasto y una búsqueda “en zonas de interés” de cada uno de los evadidos.

En base a datos aportados por voceros y a comentarios de vecinos de la cuadra, los presos huyeron por el estacionamiento que da a calle Riobamba. Foto: Gentileza.

Casi a la medianoche, personal del Comando Radioeléctrico logró apresar a Lucas Flores en inmediaciones de bulevar Seguí y las vías férreas, en barrio Vía Honda, unas 30 cuadras al oeste de la comisaría.

Poco después de las 0:30 del viernes, agentes de la Policía de Acción Táctica arrestaron a Cristian Flores en cercanías de avenida 27 de febrero y Gutenberg, de Villa Banana, a pocos metros del Centro Municipal Distrito Oeste.Y casi a la 1 AM, en Virasoro 3800, de barrio San Francisquito –detrás del Mercado de Productores–, el Comando Radioeléctrico detuvo a Airton Pereyra, a quien le secuestraron un arma blanca.

La fuga anterior se produjo alrededor de las 14:30 del viernes 5 de julio, cuando un preso de 29 años, identificado como Jonatan Marcelo Barreto, estaba en una audiencia por la plataforma Zoom. En un momento pidió permiso para ir al baño, pero no volvió. Según se pudo reconstruir, de alguna manera subió a los techos del penal, ubicado casi en el centro de la manzana y se marchó.

En base a datos aportados por voceros y a comentarios de vecinos de la cuadra, los presos huyeron por el estacionamiento que da a calle Riobamba. Foto: Gentileza.

Según fuentes de la investigación, estaba siendo sometido a una acusación como integrante de una banda dedicada al narcomenudeo en la zona de Parque Oeste. Pero no llegó a escuchar todos los argumentos en su contra.

Su escape fue visto por personas que estaban esperando para visitar a otros detenidos dentro del penal, quienes no dijeron nada sobre la evasión.

Personal policial, al ver que no regresaba, fue a buscarlo y se encontró con la novedad de su faltante. Dieron aviso a las autoridades y al sistema 911, y se implementó un operativo cerrojo en barrio Abasto, ya acostumbrado al despliegue policial luego de evasiones de la seccional ubicada sobre calle Italia, entre Riobamba y Cerrito.

También se comenzó a patrullar en la zona de Parque Oeste y en inmediaciones del domicilio de Barreto, hasta que finalmente fue capturado por personal de la Policía Motorizada en cercanías de Viamonte y Servando Bayo, en barrio Bella Vista.

La anterior evasión ocurrió en la tarde del domingo 30 de junio, cuando varios presos atacaron a un guardia y luego de reducirlo, al menos 5 lograron darse a la fuga del penal.

Una versión indicó que huyeron por el portón de ingreso a la seccional, luego de cruzar varias puertas. Mientras que otra señaló que los detenidos subieron a los techos del penal que está en el fondo de la comisaría y cruzaron varios hasta llegar a un estacionamiento de vehículos ubicado sobre calle Riobamba (a la vuelta de la seccional) y salieron por el portón de ingreso. Los cinco evadidos fueron recapturados, cuatro ese domingo y el restante fue atrapado en la noche del martes 2 de julio mientras iba caminando por inmediaciones de Patricias Argentinas y Esperanto (barrio Cordón Ayacucho, en la zona sur).

Y la primera de las 4 fugas en menos de 90 días se conoció en la mañana del lunes 20 de mayo, cuando una persona que en teoría debía estar alojado en el penal ingresó por la puerta principal de la comisaría junto a su madre y se entregó.

Ahí se conoció que se habían escapado 12 de los detenidos durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. El escape se efectivizó por los techos de viviendas linderas, luego de cortar varios barrotes y hacer al menos un boquete en uno de los módulos de detención, que están en el patio del inmueble de la seccional.

En base a datos aportados por voceros y a comentarios de vecinos de la cuadra, los presos huyeron por el estacionamiento que da a calle Riobamba.

La comisaría ubicada en calle Italia al 2100 tiene capacidad para 24 internos y, al momento de la evasión de anoche, en total había 55 personas. Previo a la fuga del mes de mayo, la cantidad de presos era mayor: 70.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, participó del operativo en el que se derribó el segundo puesto de venta de drogas en el marco de la nueva Ley de Narcomenudeo, ubicado en Ayacucho al 4300 de la ciudad de Rosario.

Estos procedimientos se llevan adelante mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.En declaraciones a la prensa, el ministro explicó cómo se desarrollan estos procedimientos contra el microtráfico que “incluyen la demolición, el derrumbe de las instalaciones, así como, en algunos casos, van a incluir el desalojo de las personas que están usurpando ese lugar para la venta”. 

Luego, Cococcioni remarcó la importancia de la ley provincial contra el narcomenudeo, que fue enviada a la Legislatura por el gobernador Maximiliano Pullaro y aprobada durante el mes de diciembre: “La ley, para su aplicación plena, va a demandar nuevos recursos, mayores actividades de coordinación, transferencias presupuestarias que tienen que venir del gobierno nacional, y que ya se están reclamando, porque estas causas eran de jurisdicción nacional y ahora son provinciales”. 

Según el funcionario provincial, este puesto de venta “está controlado por el clan Riquelme, una investigación valiosa por parte de la Fiscalía y de la PDI”. Para el ministro, “estos son los primeros casos que vienen en cumplimiento de la ley, pero luego la política de microtráfico estará basada sencillamente en la información aportada por la inteligencia criminal y van a ser intervenciones focalizadas de desactivación de los puntos de venta. Y aprovecha un curso investigativo que ya era preexistente”, detalló y no descartó la posibilidad de que, en la jornada de hoy, “haya al menos un operativo más”.Sobre el final, explicó cómo es el accionar para activar un procedimiento de este tipo: “No vamos a requerimos una denuncia formal, aunque por supuesto la pueden hacer, pero la política de microtráfico se basa en inteligencia criminal que despliega autónomamente el Ministerio de Justicia y Seguridad, en coordinación con el Ministerio Público de Acusación y, en función de eso, se diseñan las intervenciones. La idea no es pedirle al vecino que sea quien motorice esto, sino que lo van a hacer los distintos organismos del Estado”.

Este viernes 29 de diciembre entrará en vigencia una ley provincial que obliga a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, a investigar los delitos de “microtráfico” de estupefacientes, vulgarmente denominado “narcomenudeo”, que hasta el momento es materia exclusiva de la Justicia Federal.

Como respuesta, la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, firmó este miércoles la resolución número 467 mediante la cual se definieron los lineamientos institucionales sobre la implementación de la nueva competencia legal que le otorga al MPA la recientemente aprobada ley provincial número 14.239 de Adhesión a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes.

En su resolución, la Fiscal General advierte que la tarea que realizará el MPA desde el 29 de diciembre será gradual y progresiva hasta tanto “se reúnan las condiciones necesarias para la plena vigencia de la normativa”. En tal sentido, Vranicich enumera las “reformas legales a la ley provincial 13.013; al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe y la creación definitiva de la Agencia Especial de Inteligencia, recursos humanos y equipamiento”, las cuales aún están pendientes.

En este marco se dispuso la conformación de un Equipo de Trabajo sobre Microtráfico que centralizará en el ámbito de la Fiscalía General las gestiones sobre esta materia, según informó la Oficina de Prensa del MPA.

De acuerdo con lo resuelto por Vranicich, el Equipo de Trabajo estará integrado por las fiscales Carla Cerliani y Valeria Haurigot; el fiscal Diego Vigo; el Subdirector provincial de Investigaciones Criminales del OI, Víctor Moloeznik; y la Secretaria de Gestión con funciones asignadas a la Fiscalía General, Marina Pieretti.

La Fiscal General adelantó que “a partir del viernes 29 de diciembre todos los órganos fiscales de la provincia podrán intervenir en la investigación de los delitos alcanzados por la desfederalización” y que “la actuación fiscal se regirá de acuerdo a las guías de actuación elaboradas por el Equipo de Trabajo, las cuales tendrán la debida difusión institucional previo a la entrada en vigencia de la ley”.

Asimismo, Vranicich agregó que este equipo trabaja para delinear junto a personal del Ministerio de Seguridad los protocolos conjuntos que aplicará la Policía de Investigaciones bajo la modalidad de directivas estandarizadas.

Al no estar previsto en la ley un sistema de traspaso de causas actualmente en trámite en el fuero federal, Vranicich dispuso en su resolución promover una instancia interinstitucional e invitar a los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación y a los jueces federales que corresponda a los fines de determinar la forma y los alcances del traspaso.

Asimismo la resolución resalta como criterio de actuación el trabajo conjunto con la Justicia Federal en el marco de la mesa de intercambio de información prevista en la ley nacional 23.737, agregando como objetivos “la delimitación y distribución de competencias, la formación de equipos conjuntos de investigación y el diseño de estrategias de coordinación que permitan la colaboración entre ambos Ministerios Públicos, procurando así evitar atomizaciones y eventuales entorpecimientos en las investigaciones.”

En su resolución, Vranicich señala que “esta instancia es una ampliación al trabajo conjunto ya existente entre el MPA y la Procuración General de Nación, y particularmente con la PROCUNAR, en el marco de casos de criminalidad organizada, siendo la presente una oportunidad para profundizar, extender e institucionalizar el trabajo conjunto”.

"El proceso de diálogo ha permitido la sanción de cuatro leyes muy importantes y estamos agradecidos por la escucha y el apoyo incondicional de las dos cámaras legislativas" le dijo a El Litoral el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, al día después de la aprobación de la adhesión a la desfederalización del narcomenudeo, emergencia en Seguridad, nuevo marco institucional para el Servicio Penitenciario y el control de gastos reservados para investigaciones criminales reservadas.

La gestión de Maximiliano Pullaro usó la legítima mayoría parlamentaria que le concedió la ciudadanía para arrancar con todo en materia legislativa y en temas que llevaban años de discusión e indefinición como la desfederalización de drogas. Habrá que retrotraerse a la segunda gestión de Carlos Reutemann, cuando tuvo también amplia mayoría propia en ambas cámaras, para comparar con lo ocurrido el jueves cuando, en poco más de cinco horas, mensajes que ingresaron por Mesa de Entradas de alguna de las dos cámaras fueron devueltos como ley a Casa de Gobierno.

El oficialismo legislativo necesitaba dar una respuesta contundente en una semana donde la reacción de sectores vinculados a la violencia y al tráfico de drogas no se hizo esperar cuando la gestión intentó poner orden en la cárcel de Piñero. La reacción fue nada más ni nada menos que amenazar de muerte al gobernador Pullaro y a su familia.

Abroquelados, los diferentes bloques de Unidos para Cambiar Santa Fe trajinaron pasillos, hablaron con la oposición para votar la mayor cantidad de leyes posibles a libro cerrado. Deben ser muy pocos de los 67 legisladores presentes -faltaron el senador Osvaldo Sosa y el diputado Omar Perotti- que leyeron los extensos textos votados ingresados en rato antes. Es más, en las reuniones previas en Casa de Gobierno hubo borradores donde incluso se sugirieron algunos cambios especialmente en la norma referida a la emergencia en Seguridad. En el caso de Diputados todavía no conformó las comisiones, instancia clave para la relectura de los textos.

Todo parece indicar que el jueves próximo, cuando las cámaras avancen con otros proyectos de seguridad, habrá dictámenes e incluso algunos cambios en los textos. En el propio oficialismo en la Cámara baja se advirtió de la necesidad de corregir o discutir algunos artículos -no el fondo- de las diferentes leyes, especialmente la reforma a la ley 13.013 del Ministerio Público Fiscal. Todos los proyectos serán leyes, no parece haber dudas, pero aparece la necesidad de analizarlos uno por uno.

Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad, satisfecho con el primer aval legislativo. Foto: Luis Cetraro.

En el Senado -más allá del cambio de color político- volvió a primar la unanimidad a la hora de votar y por eso no todos los mensajes llegaron al recinto. En Diputados, los legisladores con experiencia manejaron la sesión que -para colmo- tuvo problemas en el audio interno que terminó afectando el sistema de votación electrónico. A legisladores que se estrenaban en la banca les costaba entender hasta la mecánica parlamentaria.

Cococcioni destacó la sanción definitiva de la ley que adhiere a la desfederalización del narcomenudeo. "La norma nos va a permitir atacar directamente, con medidas contundentes y enérgicas, la venta de droga minorista en los barrios, en nuestros territorios". En los hechos, antes de asumir como ministro tuvo innumerables reuniones con actores políticos, judiciales y policiales para precisar los alcances de la norma que sigue ofreciendo resistencias en el Poder Judicial. El Senado se pronunció en ocasiones en forma favorable a un tema que nunca había prosperado en Diputados. Fue la única ley que no tuvo unanimidad el jueves en la Cámara Baja.

El ministro le dijo a El Litoral que la sanción de la emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario "dota al Poder Ejecutivo de facultades de emergencia, de poderes de emergencia para, por un lado, poder realizar compras, contratar equipamiento, para fortalecer lo que es la infraestructura. Pero también de actuar con recursos para brindar la seguridad pública. Se faculta al Poder Ejecutivo a intervenir por vía reglamentaria en la reasignación de recursos policiales con el objetivo, fundamental, de poner toda la policía en calle, de fortalecer las investigaciones criminales y de reducir al mínimo o directamente bloquear o neutralizar la distracción de recursos policiales. Muchas veces están haciendo tareas administrativas, en el cuidado de presos y demás que no son propias de la función policial".

En cuanto a la nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario apuntó a cambiar el Decreto Ley del año 1978. "La nueva ley implica una modernización de la institución, la equiparación jerárquica entre varones y mujeres, la equiparación de distintas profesiones, y a mediano y largo plazo la creación de la carrera de técnico superior penitenciario para poder ascender al cuadro de oficiales. Es una herramienta fundamental para la profesionalización de la carrera penitenciaria a futuro", destacó el ministro.

Tanto Cococcioni como en el Senado se recordó que la ley de gastos reservados había votado tanto en Diputados como en Senadores favorablemente en 2019, pero había sido vetada por la gestión ejecutiva anterior a cargo de Omar Perotti.

En las próximas semanas se harán las discusiones para las normas que faltan. Cococcioni espera la sanción definitiva de una nueva Ley de Ejecución Penal "que va a regular particularmente un endurecimiento del régimen penitenciario, una restricción de lo que son las salidas transitorias, los requisitos para las libertades de reclusos condenados y, al mismo tiempo, se va a prever expresamente un régimen diferenciado para presos de alto perfil". Los otros proyectos apuntan a reformas a la ley del Ministerio Público de la Acusación, al Servicio de Defensa Penal y al Código Procesal Penal "que van a dar fundamentalmente más herramientas al Estado en la lucha contra el delito".

La concejal radical de la ciudad de Reconquista, Natalia Capparelli, renunció a la banca para pasar a desempeñarse como Fiscal de Estado adjunta de la provincia. Acompañará en la gestión a Domingo Rondina cuyo pliego como fiscal de Estado requiere acuerdo legislativo. El jueves, a las 14, se reunirá la Asamblea Legislativa para aprobar ese nombramiento.

El socialista Pablo Farías será el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados y la radical Jimena Senn la de Presupuesto y Hacienda. La nominación se hará el jueves cuando se reúnan ambas comisiones, pero es la decisión acordada entre los bloques mayoritarios de Unidos para Cambiar Santa Fe.

En la última sesión, la Cámara de Diputados votó una resolución con los nombres de los integrantes de las distintas comisiones internas los cuales deberán nominar autoridades. El oficialismo tendrá mayoría en las principales comisiones internas.

La Policía de Investigación (PDI) dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco de una causa por Infracción a la Ley 23.737, realizó un allanamiento en una vivienda de calle San Juan al 800 de la ciudad de Firmat, donde detuvo a Jonatan C. de 33 años por comercialización de drogas.

Además, la Dirección Narcocriminalidad de la PDI procedió al secuestro  de 33 envoltorios de cocaína, un frasco con marihuana, dos teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, un automóvil, recortes de nylon y 70.570 pesos en efectivo.

Las disposiciones estuvieron a cargo de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Venado Tuerto, que dispusieron la detención e incomunicación del imputado.

Un importante operativo contra el narcomenudeo se desplegó este miércoles en el sur de la provincia de Santa Fe, en distintas localidades de los departamentos Rosario y Constitución.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección de Investigación sobre el Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal.

Las medidas se llevaron a cabo en las viviendas de calle Brown al 500 de Carmen de Sauce, Las Heras 500 y Moreno 700 de Acebal, de calle Belgrano S/N, Pueyrredón 700, 25 de Mayo s/n, Dr. Abdala 800, 1ro de Mayo 900 de Pavón Arriba y Calle Pública s/n y Colón 85 de Santa Teresa.

En dichos procedimientos fueron aprehendidos José Q., Facundo P., Gustavo R., Cintia C., Luciano C., Lautaro C. y Joaquín V.; además, fueron secuestrados 109 envoltorios con cocaína, dos "bochones" de la misma sustancia, dos de marihuana, dos plantas de cannabis sativa, semillas de la misma especie, un paquete plástico con bicarbonato de sodio, dos balanzas digitales, 22 teléfonos celulares, una tablet, recortes de nylon y $571.670.

La balanza arrojó un peso total de 92,4 gramos de cocaína y 2 gramos de marihuana.

Las intervenciones corresponden a una investigación propia del grupo de trabajo de Villa Constitución, bajo la dirección del Juzgado Federal a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, Secretaria B del Dr. Hernán Flores, y la Fiscalía Federal N°3 de la Dra. Adriana Saccone.

El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, aseguró que se destinarán “todos los recursos disponibles” para esclarecer las balaceras a entidades bancarias, que dejará el ministerio “ordenado” para la futura gestión, y que es partidario de la competencia provincial para enfrentar el narcomenudeo, siempre que se cuente con lo necesario para ello.

Brilloni dialogó con la prensa luego de la reunión con el Consejo de Seguridad Municipal y el intendente Emilio Jatón, y aseguró que el encuentro sirvió para “tomar nota de algunas ideas y propuestas que son superadoras y nos van a permitir dar a los vecinos la sensación de seguridad, de tranquilidad que necesitan”.

“Desde que asumí como ministro de Seguridad comencé a trabajar en el fortalecimiento de la institución policial, la cual consideramos que estaba debilitada. Fortalecer a la Policía no implica solamente mejorar los sueldos, sino también las condiciones de trabajo para que el funcionario policial se sienta acompañado y asistido por los jueces, fiscales y autoridades de la gestión política. También hay que entrenarlos y capacitarlos”, definió.

“Nos encontramos con policías que hace 10 años no efectúan tiro práctico. No queremos un policía que esté preparado para matar, queremos un policía que esté preparado para servir a la comunidad, frenando el delito sin la necesidad de efectuar el disparo”, subrayó el ministro de Seguridad.

Sobre la reiteración de atentados a balazos contra dependencias bancarias en la provincia, que ya suman tres en otros tantos días, aseguró que siempre este tipo de acciones “nos resultan sospechosas y llaman la atención. Consideramos que tenemos que poner todos los recursos a trabajar para su rápido esclarecimiento, lo está trabajando la Agencia de Investigación Criminal y estamos actuando con precisas instrucciones de la Justicia, hay una investigación en curso”. Pero a la vez, sostuvo que la reiteración de episodios lo llevó a indicar al jefe de Policía que refuerce los recursos dirigidos a patrullar las zonas bancarias. En tanto, manifestó especial preocupación por el hecho de que se haya producido una amenaza a un diputado (Maximiliano Pullaro), en el marco de una acción de “suma agresividad”, como son las balaceras. Todo lo cual “amerita que tomemos los recaudos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir”.

El funcionario consideró que no le compete opinar sobre la conveniencia o no de extender la ley de Emergencia en Seguridad, pero dejó sentado que “yo he presentado un plan de acción que puede ser tomado o no por quien se haga cargo en diciembre, pero que sin dudas dejará el Ministerio ordenado”.

También se mostró partidario de que las fuerzas provinciales se ocupen de combatir el narcomenudeo, “en cuanto tengamos los recursos logísticos, y la cantidad de fiscales y jueces necesarios”. En tal sentido, dio cuenta de su experiencia en otras provincias “que tienen desfederalizada la persecución del narcomenudeo” y que “la experiencia es positiva, si se cuenta con los recursos para eso”.

En el marco de una investigación llevada a cabo por personal de la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, este jueves se realizó un allanamiento en el barrio Fredriksson de la ciudad de Firmat, donde se comercializaba y distribuía estupefacientes en modalidad narcomenudeo, lográndose identificar a una mujer y a un hombre, los que quedaron afectados a la causa judicial.

Además, se secuestró marihuana fraccionada y plantas del mismo estupefaciente y teléfonos celulares.

La correspondiente orden de allanamiento fue dispuesta por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto a cargo de Aurelio Cuello Murúa ante la Secretaría Penal a cargo de Emiliano Cristaldi, con la conducción investigativa delegada en la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de Javier Arzubi Calvo, ante la Secretaría a cargo de Andrés Montefeltro.

En esta primera parte del año, el gobierno provincial, a través de la Dirección de Investigación Criminal sobre el Narcotráfico, dependiente del Ministerio de Seguridad, desarticuló un total de 30 bandas criminales que se dedicaban al narcomenudeo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe.

Es el resultado de horas de trabajo en materia de investigación, escuchas telefónicas y análisis complejos relacionados con tareas de inteligencia criminal, que las y los agentes realizan en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación y el Juzgado Federal.

En un total de 91 procedimientos realizados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), los agentes detuvieron a 342 personas, secuestraron más de 10 kg de cocaína, 102 kg de marihuana y sacaron de circulación 18 armas de fuego.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, expresó que “desde comienzos de gestión creamos la Agencia de Investigación Criminal con la idea de profesionalizar y hacerla más eficiente en su desempeño”.

“Una línea de trabajo importante tiene que ver con las investigaciones sobre bandas criminales organizadas, relacionadas con el narcotráfico, y en este marco hemos llevado adelante un proceso de reconversión del área de narcotráfico dentro de la AIC, hemos centralizado medios y utilizado una mejor gestión de los recursos humanos y materiales, para dar un nuevo impulso a la lucha contra el narcotráfico en el marco de la Agencia”, destacó el funcionario.

“Hoy estamos viendo los resultados del arduo trabajo de investigación que lleva adelante la agencia, hemos tenido números importantes en cuanto a allanamientos y secuestros de estupefacientes en todo el territorio, en la desarticulación de bandas criminales que se dedican al narcomenudeo, y que se observan, sobre todo, en las grandes ciudades de la provincia, y en la ciudad de Rosario en particular”, agregó Montenegro.

En estos cinco meses, los investigadores de la AIC desbarataron diversas bandas ubicadas en puntos estratégicos de la provincia. En general, las investigaciones requieren meses de escuchas, tareas de inteligencia y análisis criminal, previo a los allanamientos. Muchos de los detenidos forman parte de una red criminal más amplia, que luego deriva en nuevas investigaciones y detenciones.

En la ciudad de Santa Fe, se desbarataron 7 bandas conocidas como “La banda del pasillo”, “la banda del zurdo”, “la banda de Zavalia”, “la banda de gordo Alexis”, “la banda de varadero”, “la banda de la familia de Centenario”.

En Rosario, los más relevantes se dan en torno a “Los Monos”, “Alvarado”, el “Gordo Dany”, pero también hubo casos resonantes como “la banda de la Gorda Ivon” o “las narcomadres”, protagonizadas por mujeres.

En Rafaela, por ejemplo, se desmantelaron: “La banda de los bretes”, “la banda del Güemes”, “La banda del Rengo”, “La banda del Pájaro” y “La banda del 2 de Abril”.

Los llamativos nombres a veces van surgiendo durante la investigación y los efectivos los eligen según los apodos o nombres de los principales investigados, el barrio donde trafican o algún objeto particular que encuentran en las viviendas allanadas. Otras veces, son los mismos delincuentes los que se autodenominan con esos nombres como forma de marcar territorios, delimitar zonas específicas o ser reconocidos por los demás participantes.

La Dirección de Investigación Criminal sobre Narcotráfico de la Provincia de Santa Fe, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal, es un área específica de la Policía provincial abocada a la investigación penal preparatoria de los delitos relacionados con el narcotráfico y narcomenudeo, asistiendo a los fiscales competentes del Ministerio Público de la Acusación y de la Fiscalía Federal. La misma depende administrativa, orgánica y funcionalmente de la Subsecretaría de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad. Asimismo, cumple las diligencias competentes ordenadas por el Ministerio Público de la Acusación.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Por: Carlos Retamal para Mirador provincial) Tras casi un semestre de trabajo, personal de la ex Brigada Departamental Antinarcóticos allanó en los primeros minutos de este martes 20 de abril una vivienda ubicada en el barrio Nuevo Alberdi Oeste, y secuestró una importante cantidad de plantas de cannabis, semillas, hojas y flores en proceso, por un valor superior a los 8 millones de pesos y detuvo a un hombre de 31 años. La operación llevada a cabo por agentes del Departamento Regional de Investigación Criminal sobre el Narcotráfico – Región II (ex Brigada Operativa Antinarcóticos de Rosario) no fue una tarea sencilla, ya que la vivienda donde se sospechaba podría estar siendo utilizada como lugar de secado de droga estaba en una zona de difícil acceso. Ubicada casi al fondo de calle Floduardo Grandoli, que corta la ruta nacional 34, casi a la salida de Rosario hacia el norte y noroeste provincial, la amplia casa de material y techo de chapas llamaba la atención por la importante cantidad de rejas que la protegían y que a su vez parecían querer ocultar algo en su interior.

Fuentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) remarcaron que las tareas duraron tanto tiempo porque hubo que realizar algunas inspecciones en forma camuflada, y buscando el momento de pasar en forma espaciada en el tiempo para no generar demasiadas sospechas.

Finalmente, poco antes de las 7 de este martes, y con una orden de allanamiento emitida desde el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Carlos Vera Barros, más de una decena de policías irrumpieron en una vivienda ubicada en Floduardo Grandoli al 2.700.

En el lugar secuestraron varias plantas, algunas de casi dos metros de altura, de cannabis, una importante cantidad de semillas, varias cajas de cartón que contenían hojas en proceso de secado, otras con flores, que también estaban dispuestas en cajas y otras sobre una mesita. También se encontró un teléfono celular, que fue incautado y otros elementos que estaban en una de las habitaciones, como tijeras de uso doméstico y una balanza de precisión.

Los voceros señalaron que el total de droga incautada fue de 8,6 kilos, que tiene un valor estimado en el mercado de alrededor de 1.000 pesos el gramo. También fue detenido un hombre de 31 años, identificado con las iniciales S. J. R., quien quedó a disposición del Juzgado Federal N° 3 como “principal investigado en la causa”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]