El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, valoró la condena dictada por la Justicia Federal contra la organización narcocriminal encabezada por el venadense Mauro Nahuel Novelino, quien recibió una condena única de 35 años de prisión como resultado de la acumulación de causas previas. En el mismo proceso fueron sentenciados otros 22 integrantes de la red que operaba en el sur santafesino.

Una publicación compartida por Leonel Chiarella (@leonelchiarella)

Para Chiarella, la decisión judicial representa “un mensaje muy claro hacia las bandas narcocriminales” y ratifica que “se terminaron los privilegios adentro de la cárcel”. El mandatario recordó que en reiteradas oportunidades denunció a Novelino y a otros narcos venadenses, incluso en medio de amenazas en su contra que buscaban frenar los traslados de presos de alto perfil.

En este sentido, el intendente remarcó que la condena no solo responde a los delitos comprobados, sino que marca un precedente sobre el rol de las cárceles en la planificación del crimen organizado. “No vamos a permitir que los delincuentes tengan estos privilegios. Quienes delinquen tienen que estar bien presos”, subrayó.

Asimismo, celebró el pronunciamiento del tribunal y lo interpretó como un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: “Este es un mensaje muy claro que se da desde la Justicia y desde nuestro lugar como representantes y como gobierno, de que se termina el home office desde la cárcel”.

En esta línea, valoró el trabajo de quienes iniciaron la investigación de la causa. Recordó que la instrucción estuvo a cargo del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, mientras que la investigación fue impulsada por el fiscal general Javier Arzubi Calvo, en ese momento titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto. La acusación en juicio fue sostenida por el fiscal general Federico Reynares Solari.

Asimismo, vinculó el fallo con las decisiones adoptadas por el Gobierno de Santa Fe y la iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro de instalar inhibidores de señal en las cárceles provinciales y reforzar los controles en pabellones de alto perfil.

“Todas estas medidas son el resultado de una decisión política que apunta a que los presos no tengan más privilegios para organizar el delito desde la cárcel. Le vamos a seguir pegando donde más le duele”, concluyó el intendente Leonel Chiarella.

Este miércoles, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto llevó adelante un amplio operativo contra el narcotráfico en el sur provincial, que culminó con la desarticulación de dos organizaciones criminales que operaban desde la localidad de Alcorta y abastecían de droga a Elortondo.

A pedido de los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, y con la orden del juez federal Aurelio Cuello Murúa, se realizaron siete allanamientos simultáneos. Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Complejos “Venado Tuerto” de Gendarmería Nacional, con apoyo de otras nueve unidades, totalizando alrededor de 45 agentes.

Una investigación bajo el nuevo Código Procesal Penal

La pesquisa comenzó en abril tras una denuncia anónima, en el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal. A partir del trabajo investigativo, se logró identificar a dos líderes de las bandas narco, Melchor P. y Ana F., quienes fueron detenidos tras los allanamientos. En los próximos días serán formalmente imputados en audiencia judicial.

Además, otras ocho personas quedaron bajo investigación, aunque por el momento no fueron privadas de su libertad.

Importante secuestro de droga, armas y dinero

Los procedimientos se realizaron en Alcorta, Elortondo y la Alcaidía de Melincué. Como resultado, se incautaron casi un kilo de marihuana y cocaína, elementos de fraccionamiento como balanzas de precisión y picadores, además de una escopeta, un rifle con mira telescópica, municiones, y una importante suma de dinero en efectivo —más de 4 millones de pesos argentinos y dólares—.

También se secuestraron 2 automóviles, 8 motos, un cuatriciclo, 14 teléfonos celulares, documentación y otros elementos clave para la causa.

El juez penal de Venado Tuerto, Mauricio Clavero, rechazó el pedido de la defensa de Maximiliano Ríos, conocido como el "Wacho Maxi", para cesar su aislamiento en prisión. La decisión se basó en que el 17 de marzo se le encontró un cuarto teléfono celular y un elemento punzante en su celda, lo que refuerza las sospechas sobre su conducta dentro del penal.

De manera inédita, el magistrado condenó tanto a Ríos como a su defensa al pago de las costas procesales, debido a que se convocaron a diversos funcionarios penitenciarios para declarar en la audiencia. 

Investigarán la venta de celulares dentro de la cárcel

Durante la audiencia, Ríos afirmó que adquiere los teléfonos móviles dentro del propio Servicio Penitenciario. Ante estas declaraciones, el fiscal Damián Cassullo informó que puso en conocimiento del hecho a la Fiscalía General y a la Regional N°1 de Santa Fe para que se investigue la posible connivencia entre internos y agentes penitenciarios en la venta de estos dispositivos.

Antecedentes: otro revés judicial para Ríos

No es la primera vez que el juez Clavero rechaza un pedido de la defensa de Ríos. El pasado 7 de marzo, el Poder Judicial denegó una solicitud de similares características. Además, previamente, el magistrado había descartado concederle el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando: "No puedo confiar en alguien que soborna a un funcionario público. No es una persona confiable para cumplir reglas de conducta, como propone su defensor".

En esta nueva oportunidad, el juez mantuvo su postura y negó el traslado solicitado por la defensa. 

El caso del 'Wacho Maxi' y su captura

La detención de Ríos se remonta al 8 de junio de 2024, cuando fue capturado en Venado Tuerto junto a "Jeringoso" Castillo y dos mujeres, tras una persecución policial de 14 cuadras. Todo comenzó cuando la policía intentó identificarlos y, en respuesta, emprendieron la fuga en un Ford Focus. Finalmente, el vehículo fue interceptado en la intersección de Pavón y las vías del tren. Sin embargo, antes de ser alcanzado, Castillo logró escapar corriendo a través de un túnel ferroviario.

En el operativo, los agentes encontraron en poder del 'Wacho Maxi' 8 gramos de marihuana y 600.000 pesos en efectivo. Las dos mujeres que lo acompañaban recuperaron la libertad horas después, mientras que semanas más tarde la policía logró capturar a Castillo.

El 29 de diciembre de 2023 entró en vigencia la ley provincial número 14.239 de Adhesión a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes. En función de lo establecido en esa norma que aprobó la Legislatura provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se hizo cargo de la investigación penal de estos casos en toda la provincia.

En ese contexto, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, estableció que se trata de uno de los objetivos priorizados en el Plan de Persecución Penal del MPA, definió los lineamientos institucionales sobre la implementación progresiva y dispuso la conformación de un Equipo de Trabajo sobre Microtráfico para que centralice las gestiones sobre esta materia en el ámbito de la Fiscalía General.

El trabajo se desarrolla de modo coordinado y conjunto con las cinco Fiscalías Regionales y con todos los fiscales y fiscales adjuntos de la provincia. Foto: Archivo

El equipo está actualmente conformado por la Fiscal Coordinadora en Objetivos Priorizados de la Fiscalía General Carla Cerliani, los Fiscales Diego Vigo y Franco Carbone, el Subdirector de Investigación Criminal del Organismo de Investigaciones Victor Moloeznik y la Secretaria de Gestión con funciones en la Fiscalía General Marina Pieretti.

El trabajo se desarrolla de modo coordinado y conjunto con las cinco Fiscalías Regionales y con todos los fiscales y fiscales adjuntos de la provincia.

"Luego del primer año de trabajo, los resultados son contundentes", remarcó Vranicich. "La nueva ley nos permitió investigar los hechos y el fenómeno criminal de manera integral, lo cual impactó claramente en la baja de los índices de violencias, especialmente en los grandes centros urbanos".

Según los informes del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico y la Secretaria de Política Criminal del MPA se realizaron 900 audiencias en toda la provincia por la comercialización de estupefacientes; 5.700 personas fueron investigadas; 833 fueron imputadas y 100 fueron condenadas.

Se logró la autorización judicial para que se concreten más de 45 inactivaciones y demoliciones de búnkeres. El derribo o inactivación de estos establecimientos, además del enorme valor simbólico que representa, permitió pacificar y recuperar el control de barrios que estaban cooptados por la violencia extrema.

Vranicich subrayó que "el abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con los casos de violencia extrema, y porque genera situaciones de inseguridad, temor y vulnerabilidad en los barrios y por el impacto que tiene en la tranquilidad pública, la paz social y la vida cotidiana de la ciudadanía".

En ese sentido, en el video institucional que difundió el MPA se señala que "nuestro objetivo no es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, niños y niñas o personas que atraviesan circunstancias adversas relacionadas con el consumo problemático de sustancias".

"El MPA entiende que la persecución penal del microtráfico debe ser realizada de manera articulada y coordinada con todas las instituciones del Estado, en particular con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, gobiernos locales, gobierno provincial y gobierno nacional", afirmó Vranicich.

La Fiscal General finalizó respecto al trabajo coordinado con los fiscales federales que "la delimitación y distribución de competencias, la formación de equipos conjuntos de investigación y el diseño de estrategias de coordinación nos permitirán evitar atomizaciones, eventuales entorpecimientos en las investigaciones y mejorar resultados".

A partir de un trabajo coordinado con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el equipo de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de Santa Fe, dentro de la órbita de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal que conduce María Virginia Villar, logró detener el pasado sábado a Jonatan Riquelme en un operativo realizado en el barrio porteño de Caballito.

La detención de Jonatan Riquelme se produjo cuando los agentes lo observaron junto a su pareja, Jael G., salir de un edificio ubicado en Colpayo al 300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos fueron aprehendidos inmediatamente por la Policía de Santa Fe y la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad, que colaboró en el operativo. Sobre Jonatan Riquelme pesaba un pedido de captura por delitos relacionados con la banda liderada por su hermano, Fran Riquelme, y con vinculación con el clan Alvarado.

Fran Riquelme está sindicado como líder de una banda narcocriminal y se encuentra preso en la cárcel federal de Marcos Paz.

El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, fue quien este lunes en conferencia de prensa informó los pormenores del operativo: “Tenemos varios aspectos para destacar en relación a esto. Lo primero es el trabajo sostenido a lo largo de este año en la implementación de un sistema de inteligencia que viene empezando a dar resultados que nos hacen sentir que efectivamente vamos por el buen camino”. 

El funcionario destacó que “la detención de Riquelme no es un hecho aislado; se dio el sábado a la madrugada con un trabajo muy serio y sostenido, buscando información, datos y trabajando en conjunto con la Policía de la ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires y una vez producida la captura lo trasladamos a la cárcel de Piñero. Esto responde a que es un detenido de alto perfil en la provincia de Santa Fe por un hecho de homicidio y más elementos que sabrá la Fiscalía como trabajarlos”.

“Un momento histórico”

Durante la atención a medios que se desarrolló en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Sede de Gobierno en Rosario, Santantino aprovechó para resaltar el trabajo que se viene realizando desde el comienzo de la actual gestión. “Quizás no somos del todo conscientes de lo que está viviendo la provincia de Santa Fe, pero la captura de (Mauricio) Laferrara, de (Licha) Contreras y esta captura de Riquelme, significan que estamos viviendo un momento histórico con la Central de Inteligencia y operaciones especiales. Es la primera experiencia a nivel nacional en el marco de la implementación de una ley de inteligencia provincial”, enfatizó. 

El peso de la ley

En otro apartado, y consultado sobre la detención de 10 policías del comando por corrupción policial, Santantino fue tajante al afirmar que “en los casos en los cuales haya policías que usan el uniforme para cometer delitos, caerá sobre ellos todo el peso de la ley; y en los casos de los policías que usen el uniforme para hacer bien su trabajo, recae sobre ello todo el apoyo del gobierno”.

Por otra parte, el funcionario anunció que Luciano Nocelli, el policía al que le anularon la condena y que estuvo casi cinco años en prisión preventiva por abatir a dos delincuentes, se sumará como asistente técnico al Ministerio de Justicia y Seguridad.

Al respecto, señaló que “Luciano apoyará sobre todo la planificación y control del empleo operativo porque, al haber sido durante tantos años efectivo de la Policía de Santa Fe y tener experiencia en materia del trabajo policial de calle, tiene mucho para aportar en ese sentido. Esperaremos los tiempos de la justicia y los tiempos administrativos para evaluar su reincorporación ya plenamente a la fuerza”.

Desde el poder judicial le bajaron el pulgar a la solicitud para que el “Wacho Maxi”, reconocido narcocriminal venadense, recupere la libertad. De esta manera continuará en prisión preventiva en el marco de una causa en donde es investigado por portar cartuchos, resistencia a la autoridad y venta de estupefaciente.

Fuentes del caso indicaron que el abogado defensor (Ignacio Blanc Condina) hizo hincapié en la discapacidad motriz que padece su defendido, a quien puntualmente le falta una pierna. También en que la cantidad de gramos de marihuana que portaba no eran para la venta, sino para consumo personal. 

Pero el contraataque de la fiscalía, representada por Eduardo Lago, se basó en las maniobras al volante que hizo el “Wacho Maxi” cuando intentó huir de la policía en un automóvil que no cuenta con caja automática y que manejó a la perfección, a pesar de su dificultad motriz. 

En consecuencia, el juez Daniel Curik resolvió que el peligroso sujeto continúe detenido. 

Historia reciente

Maximiliano Ríos fue detenido el 8 de junio a las 5 horas tras una persecución que se extendió por más de un kilómetro y terminó en la zona de calles Pavón y Sarmiento de Venado Tuerto. Segundos antes logró que otro reconocido delincuente (el Jeringoso) baje del vehículo y escape corriendo. En el auto también iban dos mujeres, que no fueron imputadas y recuperaron la libertad.

Cuando los agentes policiales realizaron la correspondiente requisa encontraron cuatro cartuchos de arma de fuego sin percutar, un morral color azul oscuro el cual contenía en su interior la suma de 616.600 pesos y un frasco de mermelada con 8 gramos de marihuana. 

Los investigadores estiman que esa noche el Wacho Maxi y el Jeringoso (que fue detenido días más tarde) se encontraban comercializando estupefacientes. Pero también sospechan que fueron los ejecutores de una balacera que se desató contra una vivienda venadense en esa madrugada del 8 de junio. 

El reconocido narco-delincuente apodado el “Wacho Maxi” fue imputado en la jornada del miércoles por “resistencia a la autoridad” y venta de estupefacientes. Al mismo tiempo le dictaron la prisión preventiva sin plazo, con lo cual estará detenido durante todo el proceso que desembocará en el juicio. 

Se trata de un hecho reciente, registrado en la madrugada del último sábado 8 de junio en Venado Tuerto, donde el “Wacho Maxi” junto a otras dos personas fueron detenidos por las fuerzas policiales tras ser perseguidos a lo largo de 14 cuadras de la ciudad. 

Según fuentes oficiales consultadas por Sur24, aproximadamente a las 5 horas en inmediaciones de Avenida Eva Perón y J. D. Perón los uniformados observaron un vehículo marca Ford Focus color champagne que aceleró su marcha huyó a alta velocidad. A la altura del cruce del ferrocarril desciende del habitáculo un sujeto quien se dio a la fuga en forma pedestre.

Finalmente se suman más móviles a la persecución y consiguen alcanzarlos a la altura de calle Pavón y Sarmiento.

A la hora de realizar la requisa en el vehículo, los agentes encontraron cuatro cartuchos de arma de fuego sin percutar, un morral color azul oscuro el cual contenía en su interior la suma de 616.600 pesos y un frasco de mermelada con 8 gramos de marihuana. 

En consecuencia, rápidamente se informó al fiscal Horacio Puyrredón, quien dispuso la detención de las tres personas y le dio intervención a personal de Microtráfico.

Las autoridades consideran, en base a datos recabados, que la comercialización de estupefacientes por parte de este sujeto era una práctica habitual durante la noche. Además, en el automóvil en cuestión iba otro conocido malviviente que es buscado intensamente por estas horas y que consiguió escapar por una especie de túnel que hay en las vías del ferrocarril a la altura de calle Pavón.

Este procedimiento realizado en la madruga del sábado desembocó en una publicación en redes sociales por parte del intendente Leonel Chiarella, quien celebró la detención del “Wacho Maxi” y criticó al juez que a comienzos de año decidió dejarlo en libertad. 

Mediante una comunicación aprobada por unanimidad, el Senado de la Provincia de Santa Fe solicitó a las autoridades provinciales que procuren la ampliación del denominado Plan contra la Nacocriminalidad, de manera de que todo el Gran Rosario sea alcanzado por la llegada de más efectivos de la policía de santafesina, de móviles suministrados por la Provincia de Buenos Aires y por efectivos de fuerzas federales.

El texto fue votado por todos los bloques y sostiene que esa labor de seguridad no debe limitarse al ejido urbano de la ciudad de Rosario. "Nuestra pretensión es que las acciones de control se extiendan, coordinadamente, también a todas las localidades que componen el aglomerado urbano del Gran Rosario".

En ese sentido, cabe recordar que la población del departamento Rosario es de 1.348.725 habitantes, según los datos disponibles del Censo 2022. Y que el departamento San Lorenzo, cuya ciudad cabecera es parte de la misma mancha urbana, tiene 194.580. Se trata del distrito que más creció en la provincia de Santa Fe desde la medición de 2010, con un incremento del 23,7%.

La iniciativa fue presentada por el representante del departamento San Lorenzo, Armando Traferri que afirma en los considerandos que "no existe la menor duda de que la atención principal y prioritaria debe estar puesta en Rosario, es ahí donde se produjeron los aberrantes hechos en los que perdieron la vida los trabajadores taxistas, el colectivero y el playero de la estación de servicios y que llevaron la ola de violencia en las calles a un punto extremo e intolerable".

"En esta Cámara hemos manifestado de forma clara y sentida la sesión pasada, el inmenso dolor colectivo generado, el pesar de toda una sociedad nutrida esencialmente de gente de bien, que ve con impotencia como los grupos violentos que componen las bandas ligadas al narcotráfico ejecutan acciones despiadadas para infundir terror en la comunidad, desafiando abiertamente al orden institucional", siguen los considerandos del legislador justicialista.

"Corresponde decir también que con este proyecto no pretendemos abordar las causas de fondo por las que desde hace más de 10 años Rosario se ve asediada por las balaceras, el narcotráfico y la violencia urbana, que en muchos casos, lamentablemente, terminan en muerte. La pretensión es más coyuntural, es procurar adecuamos a las circunstancias por las que hoy estamos atravesando. Basamos este proyecto en un fenómeno que es bien conocido por la rama de la ciencia que estudia los fenómenos criminológicos, y que nos enseña que cuando se intensifica el control, la prevención y la vigilancia en un determinado territorio, el crimen organizado, no opta por cambiar de actividad o deponer su actitud, sino que, naturalmente tienden a desplazarse a otras zonas menos problemáticas para el ejercicio de su 'industria' ilícita", expresa.

"Consideramos se debe contemplar esta situación para adelantarse a la posibilidad de que las acciones violentas con epicentro en Rosario que por estos días ejecutan las bandas mafiosas, se trasladen a las localidades. vecinas, a consecuencia de la saturación de zonas que las fuerzas de seguridad están ejecutando", destaca.

"Si bien existe en cada localidad existe la presencia de la Policía Provincial, a través de comisarías y destacamentos, el objetivo que perseguimos es lograr que se contemple en el plan general de seguridad trazado, la cobertura de toda la zona que rodea la gran urbe con fuerzas federales, es de gran importancia la presencia de estos efectivos para reforzar la seguridad en nuestras comunidades. Ha tomado estado público la constitución de un comité de crisis presidido por la ministra de Seguridad de la Nación y copresidido por el gobernador de la provincia de Santa Fe, el cual también integran los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal, quienes ejecutarán el que denominaron 'Plan de refuerzo contra la narcocriminalidad' y reclamamos que este comité que conduce y coordina las acciones de las distintas fuerzas de seguridad, incluya en su alcance la cobertura de todo el aglomerado urbano del Gran Rosario".

El Senado santafesino completó el trámite legislativo iniciado por Diputados para beneficiar a 220 familias excluidas del barrio Los Humitos, en la ciudad de Rosario, donde el objetivo es la regularización dominial de las viviendas de unas 900 personas.

"Nuestro objetivo es el acceso pleno a una vivienda digna", recordó el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas (Creo-Unidos para Cambiar Santa Fe), cercano al intendente Pablo Javkin.

El tema fue habilitado por el gobernador Maximiliano Pullaro, al permitir que en sesiones extraordinarias la Legislatura trate un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados, que impulsó la diputada Mónica Peralta (Gen) a fines de 2022.

La sanción de la ley fue comunicada al Poder Ejecutivo para su promulgación y consiste en condonar la deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario y sus adicionales a los lotes que conforman las manzanas 0552; 0553; 0554; 0555; 0556 y 0557; las que constan en el plano de mensura y subdivisión Nº 208713/2018 del barrio "Los Humitos", de la ciudad de Rosario.

La rápida habilitación en extraordinarias y la aprobación sobre tablas y por unanimidad del Senado, que agradeció Seisas a sus pares, permitió que el expediente no pierda estado parlamentario y se convierta en ley. Con la regularización dominial unas 220 familias "accederán a una vivienda digna y, hasta que se otorgue la correspondiente escritura traslativa de dominio, quedarán exentas del pago del Impuesto Inmobiliario y sus adicionales", se indica en los fundamentos de la norma.

El gobernador Omar Perotti rechazó los hechos de violencia que se registraron en las últimas horas, a propósito del crimen de Morena en el partido bonaerense de Lanús y de la muerte de un manifestante en el Obelisco. "En Santa Fe hemos tenido situaciones desgraciadas similares; tenemos muy claro lo que significa el dolor y el impacto en la comunidad de un hecho de estas características, sobre todo cuando hay niños involucrados", planteó.

Consultado por El Litoral respecto de su lectura, puesto que son episodios graves que se registran a días de una elección nacional, el mandatario bregó porque "todos los candidatos a presidente tengan un piso de coincidencia muy superior al que se tiene actualmente para trabajar contra el delito y la narcocriminalidad, y para tener una política penitenciaria Federal muy diferente a la actual. Ojalá estos hechos sirvan para poner la atención en conjunto sobre las medidas y las acciones que hay que instrumentar". añadió, en declaraciones formuladas este viernes en el Hospital de Niños.

"La Argentina tiene que tener una política común firme frente al narcotráfico". Créditos: Flavio Raina

- ¿Este tipo de hechos no enrarecen el clima, a 72 horas de una elección?

- Previo a las elecciones siempre aparecen cosas que enrarecen el clima. La gente lo que pretende es que algunas de estas cosas sirvan para algo. Y para que cuando se toma la decisión común, por ejemplo, de suspender una campaña, después eso se traduzca también en gestos concretos y efectivos en el día a día. La Argentina tiene que tener una política común firme frente al narcotráfico; no es un lugar en particular como puede ser Rosario o nuestra provincia únicamente. Eso está muy claro; es la Argentina la que no debe permitir que esto pase en su territorio.

- ¿Cree que todos los precandidatos a presidente tienen ese compromiso?

- No puedo hablar por todos, pero sí me pongo en el lugar de lo más cercano que es el vecino. Y lo que ese vecino desea es que exista un piso muy superior de coincidencia y de hechos concretos para devolverle a la Argentina una instancia de tranquilidad. Estos hechos no se producen de la noche a la mañana; no empezaron ayer. Se vienen arrastrando desde hace tiempo y nosotros lo sabemos muy bien. En Santa Fe se ha convertido en un problema estructural de magnitud y no hay que esconderlo más. Eso es lo que hemos hecho; ponerlo sobre la mesa, aunque parezca duro.

Perotti y Martorano inauguraron una sala y presentarón el nuevo resonador en el Hospital de Niños "Orlando Alassia". Créditos: Flavio Raina.

- ¿Hay que terminar con la puerta giratoria? ¿Por qué uno de los detenidos tenía varias causas? 

- Es uno de los elementos a seguir trabajando con la justicia. En la provincia hemos tenido casos muy recientes de delincuentes detenidos y vueltos a soltar rápidamente. Creo que son las cosas que deben cambiar y que la sociedad no tolera.

- ¿Y sería partidario de bajar la edad de imputabilidad?

- Hay que analizar y poner sobre la mesa todas las herramientas, porque los menores también son utilizados claramente; la búsqueda de siempre encontrar un culpable en un menor sabiendo que va a quedar libre es un juego en el que se suele entrar. En el caso de Morena, de hecho, ya quedaron libres. Por eso, creo que hay que analizar seriamente esta situación, pero no se trata de una medida puntual. Yo creo que requiere de varias cosas a la vez y es necesario que haya más coincidencias entre los actores políticos. La creencia de que alguien va a poder obtener una ventaja coyuntural porque un delito más o un delito menos, es de muy corto plazo y no lleva a ninguna solución

Perotti celebró que los gremios estatales hayan aceptado la oferta salarial formulada por su gestión. Sin embargo, evitó expedirse sobre la reñida votación de Amsafe, donde ganó la moción de convalidar la oferta, pero sólo por dos votos. "No quiero opinar sobre lo que pasa en cada gremio... Cuando uno también ve la cantidad de docentes que hay y la cantidad de docentes que votan podría también hacer un análisis... A veces hemos tenido por los mismos votos o por muy pocos votos un rechazo; entonces, si en aquel momento fue rechazo por pocos votos, ahora no relativicemos esa aprobación porque fue por poco margen... La aprobación mayoritaria y amplia de otros gremios habla a las claras de una propuesta que se ha trabajado con fuerte participación de cada uno de los gremios y que ha alcanzado un nivel de consenso muy alto", planteó.

El fiscal federal de Venado Tuerto Javier Arzubi Calvo solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra un hombre detenido en la cárcel federal de Marcos Paz acusado de ser el autor del delito de “coacciones agravadas por tener como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.

El imputado habría enviado una serie de mensajes que tuvieron como destinatario al funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe para el departamento de General López, Sergio Carlos Maidana, y, por su intermedio, al intendente municipal de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y estaban destinados a obtener el cese del traslado a diferentes unidades de detención o la mejora de las condiciones en las que atraviesa la prisión preventiva por otros delitos.

Chiarella sobre las amenazas: “Demuestra la impunidad con que los delincuentes se mueven en las cárceles”

La investigación se inició el 24 de enero a partir de la denuncia formulada por Maidana, quien dio cuenta sobre una serie de mensajes intimidatorios que había recibido a través de la aplicación WhatsApp, en las cuales el emisor, previo identificarse con nombre y apellido, le indicó: “Tenes contacto. Con los de arriba? Desiles que me dejen de trasladar de acá para allá por [que] hay balas para todos. Empezando por Chiarela. Ok?” (sic).

Desde el inicio, la pesquisa fue delegada en el Ministerio Público Fiscal, que llevó a cabo una serie de medidas de prueba. Comprobó que la foto de perfil utilizada en la aplicación por el emisor del mensaje coincidía con la de una persona que había sido recientemente trasladada al penal de Marcos Paz en el marco de una serie de medidas de seguridad impuestas a solicitud de la fiscalía, pues se había detectado que el sujeto tenía acceso a teléfonos celulares en las distintas unidades de detención donde había estado alojado.

Habló Chiarella tras las amenazas: “De ninguna manera van a amedrentarnos y detenernos”

La fiscalía también requirió la intervención de la línea telefónica. En tanto, los datos obtenidos de la empresa prestataria del servicio determinaron que la línea se encontraba registrada a nombre de aquella persona, Mauro Nahuel Novelino. El dato coincidió con el nombre y apellido con los que se identificó cuando el funcionario preguntó quién era la persona que escribía. Además, se comprobó que los mensajes y las llamadas impactaban en una antena cercana al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

Video: así actuaron los narcos que amenazaron al intendente Chiarella

El MPF entonces requirió una serie de medidas que tuvieron como objeto el registro y allanamiento de la celda donde se alojaba Novelino en ese complejo carcelario. El procedimiento se llevó a cabo el 27 de enero pasado. Allí se encontraba detenido desde el 12 de enero -es decir, había ingresado quince días antes-, cumpliendo prisión preventiva por el delito de asociación ilícita y comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada, tanto para causas en etapa de instrucción como en juicio oral.

*Con información de fiscales.gob.ar

(Por Hernán Álvarez) – El acto en conmemoración de los 203 años de la muerte del impulsor de la bandera argentina Manuel Belgrano no contó con una presencia masiva de público. La mañana despejada no fue suficiente para motivar a los locales y a visitantes a ver un evento que es central en el transcurrir de cada año en Rosario.

Además del intendente local, Pablo Javkin, asistió el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, junto a dos ministros nacionales. Jaime Perczyk, titular de la cartera de Educación, y Diego Giuliano, de Transporte. Estos dos últimos fueron los máximos exponentes del gobierno nacional. El presidente Alberto Fernández no asistió a ninguno de los cuatro días de la bandera en los que fue mandatario argentino (los dos primeros, 2020 y 2021, dentro del período de pandemia de Covid-19).

Después del clásico izamiento en el mástil mayor llegó el turno de los discursos protocolares. Primero fue el intendente local, Pablo Javkin, el que inició su retórica con la clásica alusión al porteño Belgrano, figura central e indiscutida en la construcción de la República Argentina en el siglo XIX. Luego, fue el momento de la descripción de la Rosario de 2023. Esa que vive y sufre los problemas de la violencia enquistada y creciente en distintos colegios primarios y secundarios. Y en el espacio público. El mandatario local afirmó: “No podemos permitir que ninguna escuela cierre, que ninguna violencia armada amenace algo tan sagrado”. “Necesitamos que se combata al narcotráfico, al ingreso de armas y drogas. Y para eso necesitamos una acción decidida del gobierno nacional. Necesitamos paz en las calles. Necesitamos, al menos, cinco mil agentes bien equipados y capacitados, 400 patrulleros circulando, que se fortalezca la Justicia federal, control en las cárceles para frenar el trabajo libre de los presos de alto perfil”.

Posteriormente fue el turno de Perczyk. El ministro aseguró que las deudas sociales tienen que ser resueltas. “En unidad nacional, con acuerdos y en paz”, afirmó. A continuación, el gobernador Perotti habló en el estrado, a metros del mástil. Comenzó con la típica referencia al 27 de febrero de 1812 cuando el prócer nacido en Buenos Aires enarboló la insignia patria por primera vez. “Reconocer a Belgrano en nuestros tiempos implica honrar su legado de compromiso y patriotismo. Belgrano debe ser inspiración y acción en la construcción de una Argentina federal e igualitaria”, dijo. Posteriormente hizo alusión clara a la problemática de la criminalidad organizada que es el mayor problema actual de la cuidad del sureste santafesino. “La Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio. Es imprescindible que desde el gobierno nacional se hagan los mayores esfuerzos y controles en las fronteras donde ingresan drogas y armas que movilizan la violencia en nuestra región”, dijo Perotti. “Se necesitan mayores controles y tareas de inteligencia en las cárceles federales y que se combata con fuerza el lavado de los activos”, agregó el gobernador.

“Siempre hablamos de una manera integral de abordar los problemas de seguridad. Generar trabajo y oportunidades, y mejorar todos los días nuestra institución policial”, aseguró el mandatario de la Casa Gris. También enfatizó la generación de leyes para que haya más cantidad de juzgados federales en el sur de la provincia para resolver cuestiones legales sobre esta criminalidad creciente. “Ni Rosario por sí sola, ni Santa Fe por sí sola pueden enfrentar la narcocriminalidad con la que hoy, a diario, nos desafían”, expresó Omar Perotti.

Después de las palabras de las autoridades se realizó el desfile de los excombatientes en la Guerra de Malvinas de 1982. Fue un desfile austero, sin la movilización de masas de años anteriores. Seguidamente fue el turno de los chicos de las escuelas primarias que juraron lealtad a la bandera nacional en el patio central del Monumento Nacional a la Bandera con la presencia de un actor personificando a Manuel Belgrano con el traje militar típico de principios del siglo XIX.

(Por Ivana Fux) – A sólo minutos de haber asumido como nuevo jefe de Gabinete, Agustín Rossi se refirió a la situación de gravedad que atraviesa Rosario en materia de seguridad. En declaraciones a la prensa, también adelantó que conversaría este jueves con el gobernador Omar Perotti para “diagramar acciones que le permitan llevar tranquilidad a los rosarinos”, cosa que sucedió a primera hora de la mañana. Ambos se habían enfrentado en las últimas elecciones legislativas nacionales y ello disparó esquirlas que dejaron heridas sin cicatrizar. Rossi llegó a decir que con el mandatario no se tomaría siquiera un café. Pero el tiempo colocó a ambos en roles institucionales relevantes, y en un contexto de inseguridad y violencia en la provincia de Santa Fe que no deja margen para las especulaciones e internas políticas.

Por eso, Rossi le dijo tanto a la prensa como a una colaboradora estrecha del gobernador, que este mismo jueves lo llamaría para conversar. El flamante funcionario nacional le confió a Celia Arena, ministra de Gobierno de Santa Fe, que hablaría con Perotti en la jornada. La funcionaria y Alejandra Rodenas fueron quienes representaron al mandatario santafesino en el acto de asunción. Al hablar telefónicamente con el gobernador, el jefe de Gabinete se aseguró de agradecerle esas presencias.

Rossi no esquivó en las primeras declaraciones públicas el “caso Rosario”. Aclaró que conoce “claramente cómo es la situación” puesto que allí reside él y su familia. “La situación es de gravedad; póngale el grado que quiera y se va a quedar corto”, sostuvo. Y a continuación, admitió en primera persona que la actual situación “no permite a la dirigencia la disputa política”. Consultado al respecto, es lo mismo que dice el gobernador; Perotti no reniega de las diferencias preexistentes, pero aseguró que no dejará de hablar “con nadie por temas institucionales y de interés para la provincia; eso está por encima de cualquier diferencia interna”, aseveró.

Rossi prometió tras su asunción que desde Nación pondrán “todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para ayudar a combatir los problemas que tiene la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe”.

Tras participar del acto de la asunción, Celia Arena -como se dijo, presente en el acto en representación del gobernador- posteó en redes sociales la foto junto al flamante ministro, y habló de las “expectativas” de la gestión provincial a partir de su nuevo rol. “Estuvimos en la jura de Agustín Rossi como jefe de Gabinete de la Nación con quien tengo una respetuosa relación humana y política. Desde el gobierno de Omar Perotti tenemos expectativas de un mayor trabajo en conjunto, en particular, con el flagelo de la narcocriminalidad”. “Las demandas y los desafíos son múltiples y complejos”, siguió escribiendo. “El camino a transitar para devolverle la tranquilidad a los y las santafesinas es con un diálogo fructífero que se traduzca en medidas concretas. Especialmente en Rosario, su ciudad. Muchos éxitos, Agustín”, concluyó.

Lisandro Enrico, Senador Provincial 

La situación de la narcocriminalidad que se vive en Rosario y en otras regiones de la provincia santafesina, otra vez nos pone frente a la necesidad de cambiar el enfoque del Estado Provincial respecto de los delitos de narcotráfico y la cadena delictiva que ésta genera.  

Santa Fe es la única provincia del centro del país que todavía sostiene un sistema de persecución de delitos de narcotráfico basado únicamente en la Justicia Federal. Es decir, que uno de los delitos que más ha crecido, se ha masificado y se ha esparcido sigue siendo considerado como un delito de carácter excepcional y no común, dando intervención sólo a la Justicia Federal sin la participación de la Justicia Provincial. 

Es por ello, que seguimos teniendo una congestión y aglomeración de causas en dos juzgados federales y solamente se cuenta con dos jueces para juzgar los delitos de narcotráfico para una población cercana a los dos millones de habitantes como es la de Rosario y su zona contigua, como así también sucede con el resto del territorio provincial donde se esparce y agrava esta problemática.  

El diseño por el cual los delitos de narcotráfico son tenidos en cuenta como federales proviene de la mirada de la década del ´70 y´ 80 del siglo pasado, cuando estos delitos estaban vinculados a los pasos fronterizos y a la producción de sustancias médicas y legales. 35 años después, nadie puede dudar de que son delitos comunes en donde la producción, distribución y venta de droga se hace en el interior del país y su ramificación está en todas las ciudades argentinas.  

Esta ley que proponemos busca que la Justicia Provincial (sus fiscales, agencia de investigaciones y jueces) se aboque conjuntamente con la Justicia Federal a la investigación y juzgamiento de estos delitos.  

La Fiscalía Regional de Rosario el MPA cuenta solamente con 87 fiscales y más de 40 jueces penales. El contraste es evidente y la consecuencia de este atraso legislativo es la falta de respuesta al problema. 

La ley que se propone, ya la vienen aplicando las provincias de Bs As, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes y Chaco, entre otras. Santa Fe es la única provincia en el centro del país que mantiene un esquema judicial de la década del ´80 del siglo XX y las promesas de más jueces y fiscales nacionales tienen la misma antigüedad. 

Esta ley no es condición suficiente pero sí necesaria para empezar a abordar eficientemente el problema del narcotráfico en Rosario y otras zonas de Santa Fe. Es sin duda, ineludible para  empezar un camino distinto y superador a fin de ir contrarrestando el crecimiento del narcotráfico en la ciudad y terminar con la peregrina idea de que dos jueces federales, que se deben a organismos nacionales en la capital del país, puedan abordar esta gruesa  problemática santafesina con mejores resultados de los que obtendrían con la gran cantidad de recursos provinciales que tenemos en materia penal y que hoy no participan en la investigación y juzgamiento de los delitos de narcotráfico. 

El resto de las provincias nos han sacado una ventaja importante en el diseño e implementación de sistemas de persecución y juzgamiento del narcotráfico y si bien la problemática es fuerte en todo el país, en ningún lugar es tan fuerte como en Rosario.  

Por ello, es impostergable dar inicio a este cambio de modelo judicial que va a llevar un tiempo en implementarse pero que es imprescindible antes de que sigamos insistiendo con remedios que ya no funcionan. 

Hace dos años que la Justicia Federal rosarina en materia de narcotráfico está sobrepasada por la situación. De las cerca de 3000 causas de narcotráfico que atienden sólo 2 juzgados, casi el 80% son de tenencia para consumo personal, lo que claramente no es el problema que nos lacera como sociedad. El 20% de las causas restantes que están vinculadas al narcotráfico se encuentran demoradas por una Justicia Federal lenta y poco eficiente.  

Volvemos a poner de relieve la necesidad de que Santa Fe esté a tono con el resto de las provincias y dar inicio a un sistema de abordaje penal al problema de la venta de droga más abarcativo, amplio y eficiente que la situación actual exige. 

El ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, y el secretario de Justicia Gabriel Somaglia, junto al presidente de la Cámara de Casación Penal Federal, Alejandro Slokar, y el vicepresidente, Mariano Borinsky, se reunieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde abordaron la situación de la justicia federal santafesina, en particular en la ciudad de Rosario.

Los funcionarios provinciales y nacionales, analizaron el fenómeno del narcotráfico y la necesidad de fortalecer la estructura de recursos humanos e instrumentales. Coincidieron, en la productividad de la reunión y en la necesidad de instar y acompañar gestiones para la cobertura inmediata de las vacantes existentes de fiscales y jueces, en el fuero santafesino, como así también de la creación de una delegación federal de la oficina encargada de supervisar a las personas con prisión domiciliaria y libertad condicional sometidas a la justicia federal, que hoy en Santa Fe son más de 700.

Finalmente, se comprometieron en sostener con frecuencia el diálogo sobre la temática que hoy hace eje en Santa Fe.

Más tarde en reunión con Juan Olima, secretario de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal Federal, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, coordinaron acciones de la nueva unidad especial para delitos complejos y narcocriminalidad creada dís atras junto a fiscales provinciales, y Procunar para abordar conjuntamente dicha problemática.

Por último, trataron el rol de los nuevos fiscales auxiliares para Rosario, y la necesidad e importancia de concretar el sistema acusatorio federal en Santa Fe, y proveer a otros estamentos estatales, de instrumental necesario para investigar.

El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario ordenó la captura de Esteban Rocha y Brisa Leguizamón, el matrimonio que se casó en un fastuoso salón el pasado sábado en Campos de Ibarlucea y donde poco después masacraron a una familia que había asistido a la boda. 

La mujer, según se supo luego, estaba bajo el régimen de prisión domiciliaria con tobillera electrónica en el marco de una causa por narcotráfico y al estar en el salón festejando su boda, rompió con esa medida impuesta por la Justicia. 

En tanto, Rocha, había sido excarcelado en diciembre pasado, pero también bajo investigación por el mismo delito, por lo cual el fiscal Reynares Solari había solicitado la detención de ambos. 

El Tribunal revocó la prisión domiciliaria de la mujer al estar en clara infracción y sobre al hombre lo citó en dos oportunidades a dar explicaciones, pero nunca concurrió. 

Por esa razón se los declaró en rebeldía y se dispuso la detención, aunque cuando se los fue a buscar no se encontraban en su domicilio y ahora están prófugos. 

Los dos fueron protagonistas de la boda el pasado sábado, tras lo cual asesinaron a una familia que había sido parte de los invitados. 

Concretamente, Maximiliano Giménez, su pareja Erica Vanesa Romero y su beba de un año, fueron asesinados a balazos en la ruta 34, cuando una camioneta interceptó el vehículo en el que se retiraban de la fiesta. 

Giménez y la pequeña murieron pese a haber sido trasladados al hospital por asistentes de la boda que, enterados de lo sucedido, acudieron al lugar, mientras que Romero apareció calcinada en el vehículo en el que se trasladaba a pocos kilómetros del salón de fiestas donde había asistido al casamiento. 

El fiscal de la causa sostuvo que uno de los invitados al evento reconoció ante la Justicia que, asustado por poder ser involucrado en el crimen y estando bajo los efectos del alcohol, prendió fuego el vehículo con el cuerpo adentro. 

El investigador informó que cuando eso sucedió la mujer estaba muerta, por eso descartó un encubrimiento del asesinato que ocurrió en medio de una disputa narco entre bandas que pelean por la venta de drogas en la zona