Este viernes  se procedió en Venado Tuerto a la demolición de una construcción señalada como búnker de venta de estupefacientes, ubicada en República de Irlanda al 1500, en barrio Juan XXIII. El operativo forma parte de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe en un trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para inactivar puntos utilizados para actividades ilícitas.

En este marco, el delegado regional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Nahuel Pasquinelli, confirmó que el inmueble estaba identificado desde hacía tiempo por su vinculación con delitos y aclaró que no se trataba de una vivienda en condiciones de ser habitada.

“Yo más que vivienda lo llamaría precisamente búnker, porque era un lugar donde habitualmente se cometían ilícitos o pasaban cuestiones relacionadas a lo ilegal”, sostuvo en diálogo con "A Pesar de Todo" (LT29).

En ese sentido, remarcó que la construcción no podía ser recuperada para otro uso habitacional: “No sirve, no se puede utilizar o reutilizar como vivienda. Es una construcción que no presenta ninguna condición para ser habitada”.

Pasquinelli explicó que la investigación sobre el lugar venía desarrollándose desde hacía tiempo y que el inmueble estaba vinculado a hechos delictivos ocurridos durante varios años. Incluso recordó que en 2022, en ese mismo sector, se registró un homicidio con arma de fuego.

La denuncia que dio impulso al proceso fue presentada hace aproximadamente un año por el propio delegado regional junto al intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella y la senadora provincial Leticia Di Gregorio, a partir de reclamos acercados por vecinos del barrio.

“Las denuncias que hacemos junto al intendente y a la senadora son precisamente denuncias que nos acercan los vecinos, que prefieren preservar su identidad, y nosotros las hacemos en representación de ellos”, señaló.

A partir de esa presentación se realizaron tareas investigativas, donde se reunieron distintos elementos probatorios y la causa avanzó hasta derivar en personas con prisión preventiva. Dentro de ese expediente, la Justicia resolvió autorizar la inactivación y posterior derrumbe del inmueble.

“Se pudo comprobar, con la cantidad de denuncias que tenía ese lugar y la cantidad de llamadas al 911, que era un espacio utilizado específicamente para cometer ilícitos”, afirmó Pasquinelli.

El funcionario también marcó un dato significativo: el búnker se encontraba en la parte posterior de las instalaciones del Club Sacachispas, una institución barrial que cumple una tarea social y deportiva de contención.

Para Pasquinelli, la ubicación del inmueble le da al procedimiento un valor simbólico adicional. “Es ejemplificador que un lugar que se utiliza para contener jóvenes, para sacarlos de la adicción y demás, tuviera a su espalda un búnker. Tomar esta medida tan contundente me parece totalmente ejemplificador”, expresó.

Consultado sobre la situación legal del inmueble, el delegado regional indicó que la construcción estaba ubicada dentro de un terreno de mayores dimensiones y que no se pudo localizar a los propietarios. Además, las personas que estaban en el lugar no pudieron acreditar ningún tipo de vínculo jurídico con la propiedad.

“Podemos decir que estaba usurpado. No había una denuncia de usurpación, pero tampoco pudieron acreditar la titularidad de ningún modo”, precisó.

Pasquinelli aclaró que este procedimiento es el cuarto derribo de un búnker en Venado Tuerto durante la actual gestión provincial. Recordó que anteriormente se habían demolido dos construcciones precarias en calle Pavón, en el extremo sur de la ciudad, y luego otro inmueble en barrio San Martín.

Con este nuevo operativo, la provincia alcanza el búnker número 126 demolido en Santa Fe en el marco del programa impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Pablo Cococcioni.

El funcionario adelantó que existen otros domicilios bajo análisis, aunque evitó dar detalles para no interferir en las investigaciones en curso. “Tenemos varios lugares que están siendo investigados y que podrían encuadrar en esta situación”, indicó.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, concretó este viernes en Venado Tuerto la demolición del cuarto búnker de venta de drogas de la ciudad y del número 126 en la provincia desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, hace más de dos años. El inmueble estaba ubicado en República de Irlanda 1551, en el barrio Juan XXIII, y era utilizado para la comercialización de estupefacientes.

Del procedimiento participaron el intendente Leonel Chiarella; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani; la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el fiscal Regional, Mauricio Clavero; y el fiscal Franco Carbone.

Al referirse al operativo, Chiarella recordó que “este lugar en República de Irlanda 1551 lo denunciamos junto con Leticia (Di Gregorio) y Nahuel (Pasquinelli, representante regional del Ministerio de Seguridad), con presentaciones judiciales. Ariel Castro y Adrián Alviso eran quienes vendían drogas en este lugar, les vendían a menores y habían usurpado este espacio”.

El intendente señaló que ese inmueble “era una vivienda usurpada, sin servicios, enganchada ilegalmente a la luz; no era el hogar de nadie, era una cáscara, un aguantadero utilizado para comercializar estupefacientes, fraccionar droga y guardar armas”.

También recordó que en el lugar se realizaron allanamientos reiterados con resultados positivos, que existían numerosas denuncias por hechos de violencia y que en 2022 un hombre fue baleado allí y posteriormente perdió la vida. “A metros de este lugar hay un club deportivo que trabaja todos los días para contener a los jóvenes del barrio. Ellos construyen y este búnker destruía”, afirmó.

Por último, destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y el Poder Judicial. “Seguiremos muy firmes en esta tarea coordinada que estamos llevando adelante desde el Gobierno municipal, Leticia Di Gregorio desde el Senado, con una fuerte decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro Pablo Cococcioni y de la Fiscalía. Quiero agradecer especialmente al fiscal Franco Carbone, al fiscal Regional Mauricio Clavero y al fiscal de la Unidad de Microtráfico Iván Raposo, con quienes venimos trabajando codo a codo para llevar adelante esta tarea que implica ir de frente contra la venta de drogas. No vamos a dar ni un paso atrás”, indicó el mandatario venadense.

El fiscal Clavero recordó que este es el cuarto espacio destinado a la venta de drogas que se destruye en la región por orden judicial y aseguró que “es un símbolo de la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico que despliega la provincia”.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. “Esto incluye el trabajo de mucha gente, e incluso de los jueces que acompañan este tipo de políticas de lucha contra el microtráfico”, expresó.

El fiscal regional también explicó los motivos que llevan a la demolición de estos inmuebles. “Este lugar está estigmatizado como un espacio oscuro, donde incluso hace un tiempo hubo un hecho de sangre y una persona fue asesinada. Esta vivienda fue usurpada, luego recuperada, y motivo de disputa entre bandas. Si el Estado le entrega esta casa a una familia de esfuerzo y trabajo, le está entregando un problema y una situación de riesgo”, indicó.

Por su parte, Orciani destacó que ya son 126 los búnkeres derribados en la provincia y sostuvo que “esto es una muestra más de que el Estado es más fuerte que las bandas narcocriminales que intentan arrebatar la vida, la tranquilidad y la salud de todos los santafesinos”.

Finalmente, la senadora Di Gregorio puso el acento en la importancia de las denuncias que realiza la comunidad, tanto de manera presencial ante las autoridades como a través de los Buzones de la Vida. Según señaló, esas denuncias suelen ser el punto de partida de investigaciones que luego derivan en procedimientos como el realizado este viernes en el barrio Juan XXIII.

Con el objetivo de seguir optimizando la respuesta ante situaciones delictivas, el Gobierno de Venado Tuerto convocó a una nueva reunión de M3 (Mapeo, Métricas y Monitoreo), donde se realizó un análisis integral del despliegue policial en la ciudad, permitiendo anticipar escenarios y definir acciones para seguir fortaleciendo la prevención del delito. Este tipo de instancias semanales permiten fortalecer el trabajo articulado entre el municipio, la provincia y el Ministerio Público de la Acusación.

La actividad desarrollada en el Centro de Monitoreo municipal contó con la participación del intendente interino, Juan Ignacio Pellegrini; el delegado del ministerio de Seguridad, Nahuel Pasquinelli; el fiscal regional Mauricio Clavero; el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino; el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; los diputados provinciales Leo Calaianov y Rosana Bellatti; junto a funcionarios del gobierno local y del Ministerio de Justicia y Seguridad, y personal de la Policía de Santa Fe.

Esta herramienta, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, permite evaluar indicadores centrales como la cantidad de móviles en la calle, los procedimientos realizados, las identificaciones de personas y el comportamiento de las llamadas al 911, como por ejemplo, los tiempos de respuesta desde que se recibe una denuncia hasta la llegada del móvil al lugar del hecho.

“Los resultados obtenidos son satisfactorios y nos permiten proyectar con mayor precisión las próximas acciones, fortaleciendo la presencia policial y mejorando la capacidad de respuesta en la ciudad, con un impacto concreto en la prevención del delito y en la tranquilidad de los vecinos”, destacó al respecto Nahuel Pasquinelli.

Por su parte Pellegrini, resaltó la importancia de sostener este tipo de instancias de seguimiento permanente y señaló que “cuando hay control, planificación y trabajo coordinado entre todos los niveles del Estado, los resultados llegan”, para añadir que “estas reuniones nos permiten tomar decisiones con información concreta y seguir ordenando la presencia en la calle”, amplió el intendente interino.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en las últimas semanas en el marco de la ley de microtráfico, tras una serie de allanamientos que derivaron en la detención de líderes narcos y el desmantelamiento de búnkers de venta de droga.

“Estamos avanzando muy firmes en la denuncia, en derrumbar y terminar con estos aguantaderos que le hacen tanto daño a la sociedad”, manifestó el mandatario local, quien destacó especialmente la tarea del fiscal Iván Raposo, a cargo de las investigaciones.

Chiarella afirmó que continuará trabajando en conjunto con la senadora Leticia Di Gregorio y el delegado del Ministerio de Seguridad provincial, Nahuel Pasquinelli, para presentar nuevas denuncias. “El objetivo es que los vecinos puedan vivir tranquilos”, remarcó.

El intendente valoró que en los últimos años se diera la detención de Nahuel Novelino, Matías Álvarez y Maximiliano “Wacho” Ríos, señalados como líderes de las principales organizaciones dedicadas a la venta de estupefacientes en la ciudad.

Además, por otro lado, se refirió puntualmente a un procedimiento llevado a cabo en una vivienda de calle República Irlanda al 1.500, donde fueron arrestados dos individuos identificados como Alvizo y Castro. Según explicó, “vendían droga a menores” y el lugar era un “aguantadero donde pasaban muchas cosas más que la venta de droga”.

“Ese búnker hay que derrumbarlo. A fines de 2022 hubo un crimen en ese lugar, y eso es lo que genera la droga: intranquilidad, miedo, encierro. Los vecinos ya no pueden salir a la vereda”, lamentó.

Presencia territorial

Chiarella también contó que visita personalmente las zonas conflictivas. “He pasado por esos lugares. Voy a observar, a sacar fotos, a registrar lo que pasa para que la Justicia tenga herramientas para actuar”, explicó.

En ese sentido, valoró el accionar del Ministerio Público de la Acusación y de los jueces. “Cuando se pide la prisión preventiva, no miran para el costado. Eso es lo que necesitamos: una Justicia comprometida con la seguridad de nuestra gente”, afirmó.

Nuevas denuncias

El intendente señaló que las denuncias parten muchas veces de los propios vecinos, que se acercan con datos sobre puntos de venta. “Nosotros presentamos esa información al fiscal Raposo y se avanza con allanamientos que están dando resultados todas las semanas”, destacó.

Asimismo, hizo referencia a la estructura criminal detrás de la banda del “Wacho Maxi”: “Toda su familia estaba involucrada. Hasta la madre se encargaba del lavado de dinero y las transferencias. Esas organizaciones son las que atacamos, y esos grandes vendedores hoy están presos”, aseguró.

 “Vamos a seguir firmes”

Finalmente, Chiarella afirmó que estas acciones se enmarcan dentro de una estrategia provincial impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. “Esta lucha es posible porque hay una decisión política clara. Vamos a seguir con esta actitud para devolverles la tranquilidad a los vecinos”, concluyó.

La ciudad de Venado Tuerto fue escenario este martes de un hecho que el propio intendente Leonel Chiarella definió como “un hito en el sistema de seguridad de la provincia”. En la vivienda ubicada en calle Pavón 568 se procedió al derrumbe del búnker de venta de droga número 100 desde la implementación de la Ley de Microtráfico en Santa Fe.

“Para nosotros es un gran respaldo y también un hecho histórico. El búnker número 100 que se derribó en toda la provincia fue en Venado Tuerto, y eso es un mensaje muy claro de cómo trabajamos, junto al Gobierno provincial, contra el narcotráfico y la venta de droga”, sostuvo Chiarella.

El operativo contó con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, y autoridades locales y provinciales. Según remarcó el intendente, la demolición no es un hecho aislado, sino parte de una política sostenida que apunta no solo a detener a quienes venden y distribuyen estupefacientes, sino también a eliminar los espacios físicos donde se desarrollaba esa actividad ilegal.

Chiarella recordó que la vivienda de Pavón 568 era una casa usurpada y utilizada como punto de venta de droga en el barrio Iturbide. “Es un lugar donde se vendía droga, donde se utilizaron incluso menores de edad para la comercialización. Allí se detuvo a dos personas que hoy esas personas están presas”, explicó. Cabe señalar que la causa en total cuenta con 8 detenidos con prisión preventiva.

En ese sentido, destacó que la Ley de Microtráfico permitió acelerar los tiempos de investigación y avanzar con mayor rapidez en este tipo de causas. “La ley nos permite un accionar rápido, con una celeridad muy importante del Ministerio Público de la Acusación, de los fiscales y de los jueces. No solo se mete preso a quien vende droga, sino que también se terminan y se derrumban los lugares donde se hacía esa venta”, afirmó.

El intendente puso especial énfasis en explicar por qué se toma la decisión de demoler las viviendas utilizadas como búnkers. “Muchas veces los vecinos preguntan por qué no se deja la casa para que viva otra familia. En términos de seguridad, el derrumbe es un mensaje claro”, señaló.

Y agregó: “Cuando un lugar queda identificado con la venta de droga, aunque se vaya o quede preso quien estaba ahí, el hostigamiento posterior es enorme. Ha pasado en Rosario, en otras ciudades y también en Venado Tuerto: una familia de bien se muda y termina siendo presionada o expulsada para volver a usar el lugar como búnker”.

Por eso, remarcó que “la decisión es inactivar el lugar, derrumbarlo y que vuelva a nacer como un espacio para gente de bien. Eso da tranquilidad al barrio y corta de raíz la posibilidad de que vuelva a funcionar como punto de venta”.

Chiarella también vinculó este avance con la participación activa de la comunidad. “Si la gente aporta información en los Buzones de la Vida es porque confía en que después pasan cosas: allanamientos, detenciones y derribos de búnkers. Si no, la gente no denunciaría”, sostuvo.

En este caso puntual, explicó que la investigación se inició a partir de una denuncia realizada junto al delegado del Ministerio de Seguridad, Nahuel Pasquinelli, y la senadora provincial Leticia Di Gregorio, a la que luego se sumaron datos aportados por vecinos y por los Buzones de la Vida.

“El compromiso de la comunidad es clave. Nosotros tomamos esa información, la denunciamos con nombre y apellido y avanzamos contra quienes venden y distribuyen droga en los distintos barrios de la ciudad”, afirmó.

Finalmente, el intendente confirmó que existen otros inmuebles en proceso judicial para avanzar con nuevos derrumbes en Venado Tuerto, aunque aclaró que no se difunden direcciones hasta que la Justicia lo autoriza.

“Tenemos dos o tres más en proceso. Son lugares significativos en distintos barrios y el mensaje es muy claro: a los narcos los queremos presos y a los barrios tranquilos”, concluyó Chiarella.

Cuatro personas fueron detenidas en Venado Tuerto acusadas de vender droga bajo la modalidad “delivery” en el barrio Rivadavia, utilizando menores de edad. La investigación se originó a partir de una denuncia realizada por el intendente Leonel Chiarella y derivó en una causa que incluyó cinco allanamientos simultáneos.

El propio mandatario dio a conocer el nombre de los detenidos: “Natalia Amaya, Javier ‘Beco’ Orellano, Leonel ‘Leito’ Andrada y Sofía Enea”. El operativo fue llevado adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la dirección del fiscal Iván Raposo y con intervención del juez Leandro Martín.

Consultado al respecto el intendente Leonel Chiarella recordó que la investigación comenzó con una denuncia que presentaron desde el Gobierno municipal junto al funcionario del Ministerio de Seguridad, Nahuel Pasquinelli.

“Cuando el Estado actúa con decisión, la Justicia avanza y la Policía investiga, los resultados llegan. Este es el camino: enfrentar al delito con firmeza, sin mirar para otro lado”, señaló al respecto Chiarella.

Luego, el mandatario remarcó: “Vamos a seguir trabajando para que los vecinos vivan con tranquilidad. No hay lugar para el narcotráfico en Venado Tuerto”.

Durante los procedimientos se secuestraron 16 teléfonos celulares, $1.305.410 en efectivo, marihuana, cocaína fraccionada, una balanza de precisión, recortes de nylon, cartuchos, un reloj inteligente y un picador.

Los detenidos fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de menores de edad, y quedaron bajo prisión preventiva sin plazo.

En una acción considerada inédita en la región, dos viviendas utilizadas como búnkers narco fueron demolidas en la zona sur de Venado Tuerto. La medida fue impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a partir de una denuncia presentada en enero por el intendente Leonel Chiarella, tras múltiples reclamos de vecinos que advertían sobre la venta de drogas en esa zona.

“Era un lugar que había sido allanado al menos seis veces en los últimos dos años, tanto por la Justicia provincial como federal. Se convirtió en un punto emblemático del delito en Venado”, afirmó Nahuel Pasquinelli, delegado del Ministerio de Seguridad provincial en el sur santafesino. El funcionario remarcó que, si bien las viviendas eran precarias, estaban ubicadas en el “corazón del barrio”, lo que las convertía en un foco constante de violencia, consumo y tráfico de estupefacientes.

Cabe recordar que la denuncia original, ingresada por el intendente Chiarella en representación de vecinos que temían hacerlo con nombre y apellido, dio inicio a una investigación bajo el nuevo marco legal de la Ley de Microtráfico. A partir de allí, el fiscal Iván Raposo encabezó una serie de tareas de inteligencia: escuchas telefónicas, vigilancia encubierta y constatación del movimiento en el lugar. Todo permitió confirmar que las propiedades eran utilizadas exclusivamente para comercializar drogas.

El operativo, ejecutado este miércoles, incluyó tres allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en calle Pavón al 1880 (vereda par e impar) y en Marenghini al 300. Como resultado, se detuvo a seis personas, se incautó cocaína, marihuana, balanzas de precisión, teléfonos celulares, una réplica de pistola, anotaciones contables y otros elementos vinculados al narcomenudeo. Cinco de los detenidos quedaron con prisión preventiva.

Tras la detención, se realizó una audiencia en la que el fiscal solicitó la “inactivación coercitiva” de las propiedades, es decir, su demolición, fundamentando que eran terrenos propiedad del municipio —adquiridos por prescripción adquisitiva— y que habían sido utilizados exclusivamente para delinquir. Ni los defensores públicos ni los ocupantes actuales de las casas opusieron objeciones. “Algunos dijeron que llevaban un día viviendo allí, otros ni siquiera sabían de quién era la casa. No había una defensa posible”, explicó Pasquinelli, destacando la decisión del gobierno provincial, a través del ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, en la lucha contra el delito y el narcotráfico. .

El juez autorizó la demolición, que fue llevada adelante con maquinaria del municipio. “Las construcciones estaban enfrentadas, sobre un terreno que no está subdividido catastralmente. Legalmente son parte de una gran parcela municipal”, detalló el funcionario.

“El efecto que causó esto en el barrio fue muy fuerte. Estábamos rodeados de chicos y adolescentes. Ver que esas casas —donde se vendía droga y se escondían autores de robos o tiroteos— desaparecieran delante de sus ojos fue un mensaje muy claro”, señaló Pasquinelli. La demolición no solo apuntó a desarticular el negocio del narcomenudeo, sino también a recuperar el espacio público y devolverles seguridad a los vecinos.

El delegado del Ministerio de Seguridad confirmó que hay otras propiedades en la mira. “Estamos trabajando en muchos casos más. No todos terminarán con una demolición, pero si se comprueba que se usan exclusivamente para delinquir, vamos a actuar”, sostuvo. Y agregó: “Este es el primer antecedente en el sur de la provincia. A partir de ahora, nos permite avanzar con mayor firmeza cada vez que la situación lo amerite”.

Por último, destacó el rol que cumple la Ley de Microtráfico, sancionada hace poco más de un año, que habilita a la justicia provincial a intervenir en causas por venta de drogas a pequeña escala. “Antes todo debía pasar por la Justicia Federal. Hoy, con esta herramienta, tenemos capacidad de respuesta rápida y directa”, concluyó.

El presidente comunal de San Gregorio, Lisandro Travieso, manifestó la creciente preocupación de la localidad por la inseguridad que incluso derivó en una reunión que mantuvo días atrás con el delegado del Ministerio de Seguridad, Nahuel Pasquinelli y la senadora provincial Leticia Di Gregorio, donde, justamente el tema central fue la escalada de hechos delictivos. Según dijo, resulta necesario encontrar una respuesta más efectiva para devolverle la tranquilidad a los vecinos. 

San Gregorio, si bien aún es un pueblo, está en proceso de convertirse en ciudad, experimentado un crecimiento demográfico significativo en los últimos años, especialmente gracias a la presencia de la empresa AdecoAgro, que ha atraído a familias de diversos lugares. Sin embargo, este aumento en la población ha significado nuevos desafíos en términos de seguridad, ya que la policía local, que cuenta con apenas dos efectivos, no está equipada para enfrentar los problemas de una comunidad de 6.000 a 7.000 habitantes.

Travieso explicó que, si bien los delitos antes eran menores, como el robo de bicicletas o baterías de vehículos, la situación ha cambiado con la aparición de delitos más graves, como asaltos en la vía pública. Frente a esta escalada de estos delitos, la Comuna ha buscado soluciones, como el aumento de cámaras de seguridad y el fortalecimiento de la Guardia Urbana, pero sigue necesitando un apoyo más amplio por parte de la policía provincial.

En cuanto a la respuesta de las autoridades, Travieso señaló que, aunque no se prevé la incorporación inmediata de más agentes a la comisaría local, se ha acordado aumentar las guardias policiales en distintos horarios, así como realizar controles vehiculares. Sin embargo, destacó que esto representa un desafío debido a la escasez de recursos humanos y la necesidad de equilibrar la seguridad sin perjudicar a otras localidades.

En cuanto a los recursos disponibles, San Gregorio ha logrado avanzar en la implementación de un sistema de videovigilancia con recursos propios, en colaboración con la cooperativa eléctrica local. Actualmente, el pueblo cuenta con casi 30 cámaras, pero el presidente comunal proyecta la necesidad de mejorar la calidad de las mismas y aumentar su número. El objetivo es poder monitorear más áreas del pueblo y, en especial, mejorar los ingresos, utilizando tecnología de última generación que incluya reconocimiento facial y análisis de patentes.

La presencia de sólo dos efectivos policiales en la comisaría genera dificultades operativas, como la necesidad de cerrar las instalaciones cuando uno de ellos se encuentra realizando patrullajes. Sin embargo, Travieso destacó el esfuerzo del personal policial local y mencionó que, junto con la Fiscalía, están trabajando para garantizar la seguridad.

Sobre el impacto social, Travieso reconoció que la inseguridad ha alterado la vida cotidiana de los vecinos, quienes ahora viven una situación de mayor desconfianza, lo que contrasta con el estilo de vida tranquilo que caracterizaba a San Gregorio.

Finalmente, el presidente comunal aseguró que la respuesta ante estos problemas no debe ser política, sino pragmática, con el fin de encontrar soluciones reales y eficaces. Se comprometió a seguir trabajando en conjunto con las autoridades provinciales para mejorar la seguridad de la localidad, destacando que la preocupación por el bienestar de la comunidad es lo que guía sus acciones.

La situación de San Gregorio refleja los desafíos que enfrentan muchas localidades pequeñas que experimentan un crecimiento demográfico rápido, pero carecen de los recursos necesarios para garantizar la seguridad de sus habitantes.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad, firmó el fin de semana último un convenio con la Comuna de Elortondo para que las fuerzas policiales puedan retener motovehículos en operativos de identificación de personas que circulen en ellos y no puedan acreditar titularidad del dominio, legítima posesión o autorización de uso.

De la actividad, encabezada por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, participaron la senadora provincial Leticia Di Gregorio; la presidente comunal, María Isabel Bosco; y los funcionarios de la cartera de Seguridad, Georgina Orciani y Nahuel Pasquinelli. 

En ese marco, se establece que cuando la autoridad policial disponga la retención preventiva de una moto, se labrará el acta de retención correspondiente y el rodado será remitido al depósito comunal. Este convenio, que ya rige en muchas localidades provinciales, tuvo un resultado positivo donde ya se aplica.

Este miércoles la directora Provincial de Control de Agencias de Seguridad Privada (DPCASP), Karina Chumpitaz, acompañada por el coordinador Operativo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Nahuel Pasquinelli; la secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha, y su par de Desarrollo Productivo, Camila Vicente, anunciaron la realización de un curso de controladores privados de eventos sociales.

Esta capacitación gratuita, que comenzará el año próximo, persigue el objetivo de jerarquizar y profesionalizar esta labor para generar empleo en Venado Tuerto y la región. 

Durante la presentación también estuvieron presentes jefes de las distintas reparticiones de la URVIII de Policía, y en ese marco, Rocha explicó que “desde que iniciamos la gestión venimos trabajando en regularizar la actividad nocturna y los eventos masivos, y siempre teníamos la misma duda respecto a qué hacíamos con el personal que ejerce la seguridad privada. Es así que, con la Secretaría de Producción, pensamos en generar este espacio de capacitación”. 

En este sentido, la secretaria de Desarrollo Productivo, Camila Vicente, precisó que la capacitación tendrá entre tres y cuatro meses de duración, con un sistema de preinscripción, entrevistas, y cupos de alrededor de 40 cursantes. 

Si bien el curso se dictará en Venado Tuerto, tendrá alcance regional, y a los egresados se les otorgará un carnet que los habilitará para prestar el servicio y que permitirá elaborar un registro de controladores.

Según informó Chumpitaz los cursantes recibirán una certificación oficial del Ministerio de Educación, ya que “en el curso se dictan materias, no solo referidas a la normativa de seguridad en eventos, sino también a lo que es primeros auxilios, técnicas de evacuación y de persuasión.

Este jueves se efectuó en la sala Intendente Garnier del Palacio Municipal una nueva apertura de Buzones de la Vida, la cuarta del año, recolectándose 54 sobres con posibles denuncias sobre venta de drogas y/o trata de personas.

En esta oportunidad hizo su debut el buzón de la Terminal de Ómnibus “Arturo Illia”, instalado en el Centro Territorial de Denuncias (CTD), del cual se extrajeron cuatro sobres. Otros datos de relieve es que fue alto el número de sobres extraídos y que todos los buzones contuvieron denuncias, disputando el del CIC el “primer lugar” con el emplazado en el Palacio Municipal.

La secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha, recordó que “cada dos meses hacemos sistemáticamente estas aperturas y como siempre, en un sistema muy transparente ponemos todas las denuncias dentro de un sobre que va directo a Fiscalía. Lo inédito de esta apertura es que todos los buzones tuvieron sobres”.

“Lo bueno de esto es que cada vez que hay un procedimiento luego de una investigación, la misma Justicia comunica que estas investigaciones se iniciaron por denuncias en los buzones de la vida o que esas denuncias colaboraron con ciertas investigaciones que, como sabemos, llevan su proceso”, amplió.

Junto a la funcionaria, participaron del acto de apertura los directores de Control Urbano, Fernando Salinas, y de Vecinales, Facundo Rebasti; los concejales Juan Ignacio Pellegrini, Santiago Meardi, Carlos Jordán, Verónica Ruiz, Guillermo Barbey y Florencia Di Pizio; el delegado del Ministerio de Seguridad provincial, Nahuel Pasquinelli; y el representante del Obispado de Venado Tuerto, Marcelo Laiño.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe en conjunto con la Municipalidad de Venado Tuerto realizaron un encuentro para capacitar a quienes se encargan de manejar el sistema de videovigilancia en las localidades del departamento General López.

Ambos gobiernos, tanto el provincial que tiene como máxima autoridad al gobernador Maximiliano Pullaro, como el local que encabeza Leonel Chiarella, tuvieron esta iniciativa que apuesta al correcto funcionamiento de este sistema que es clave para potenciar la seguridad urbana y el control sobre el espacio público a través de la videovigilancia.

Desde la cartera ministerial a cargo de Pablo Cococcioni se encaró una tarea de capacitación y formación de todas las áreas con la intención de mejorar y actualizar el sistema de Seguridad en toda la provincia. En la clase, dictada por las subinspectoras Vanesa Lescano y Vanesa Marqués, se expuso sobre las distintas funcionalidades del Centro de Monitoreo. Participaron las localidades de Sancti Spiritu, Santa Isabel, Murphy, Carreras, Villa cañas, Venado, San Gregorio, Firmat, Chovet y Rufino.

Además, se contó con la presencia del director provincial de Atención de Emergencias, Pablo Polito; el coordinador operativo de Seguridad del departamento General López, Nahuel Pasquinelli; la secretaria de Control Urbano de Venado Tuerto, Silvia Rocha y el director Fernando Salinas.

El 2 de junio se conmemoró el Día Nacional del Perro, fecha instituida en 1996 en homenaje a Chonino, el ovejero alemán de la Policía Federal Argentina que quedó herido de muerte en un procedimiento en 1983.

La historia de Chonino inspira a reflexionar sobre la importancia de este fiel compañero en la vida cotidiana. Y habilita a reconocer con gratitud a todos los perros que prestan servicios en la comunidad.

En tal sentido, la directora del Imusca, Inés Carusillo, participó de un acto en la Sección Canes de la URVIII de Policía provincial, con sede en Venado Tuerto, que el mismo día cumplió nueve años de su creación.

“Estos animales son perros de trabajo especializados en rastros y han contribuido al esclarecimiento de casos judiciales. Es importante tener esta unidad en Venado Tuerto y que los animales entrenen y trabajen en nuestra zona, aunque han colaborado en resolver casos en distintos lugares”, destacó la médica veterinaria.

Junto a Carusillo participaron del acto el delegado regional del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Nahuel Pasquinelli; la secretaria de Desarrollo Humano, Mariana Iturbide; y autoridades policiales de la URVIII.

La agenda de trabajo conjunto que vienen llevando adelante el gobierno de Venado Tuerto con el Gobierno provincial tuvo su continuidad este miércoles con una jornada donde se hicieron anuncios importantes en materia de Seguridad para el sur santafesino y se ratificó la decisión de dotar de mayor infraestructura y personal a los departamentos sureños. 

En conferencia de prensa, el intendente Leonel Chiarella; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani; la secretaria de Asuntos Penitenciarios, Lucia Masneri y el delegado del Ministerio de Seguridad en el sur-sur santafesino, Nahuel Pasquinelli, destacaron los puntos más importantes de la presencia en la ciudad, haciendo hincapié en el trabajo para fortalecer la seguridad en Venado y en la región, las diferentes convocatorias para sumar recurso humano, la ampliación del sistema de videovigilancia venadense y se anunció la construcción de la nueva Alcaidía de Melincué, que estaría ubicada entre dicha localidad y Miguel Torres y estará en manos del Servicio Penitenciario.  

En la ocasión, el intendente destacó la jornada como una “continuidad a una agenda que nos marcó y que trabajamos en conjunto con nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, con el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y que tiene ver con la posibilidad de que las políticas que se plantean desde el Gobierno provincial puedan llegar a los diferentes puntos, en este caso a nuestra ciudad, y tiene que ver con los diferentes programas que hemos presentado para ampliar el Sistema Municipal de Videovigilancia”. 

Además, anticipó una recorrida por el Centro de Monitoreo ubicado en el Palacio Municipal, que está siendo ampliado a través del programa Vínculos. “En esta ocasión particular, estaremos haciendo un monitoreo del trabajo que se viene generando en virtud del patrullaje, de la presencia policial en nuestra ciudad, de los hechos delictivos, también del trabajo coordinado con la justicia, con la fiscalía y con los diferentes actores sociales que forman parte del entramado de la seguridad, y también con la convocatoria que se hace a los agentes retirados que puedan volver a prestar funciones dentro de las fuerzas como una herramienta para poder fortalecer el patrullaje y poder fortalecer la cuestión operativa de las fuerzas de seguridad”.

A su turno, la isabelense Georgina Orciani puso el acento en la decisión del Gobierno provincial en dirigir recursos para la cartera que integra, considerando que “uno puede tener una verdadera decisión política, pero si no se le asigna partida presupuestaria, cae en saco roto, y esta no es la situación que pasa en materia de Seguridad y Justicia, donde hay una férrea decisión política del gobernador (Maximiliano Pullaro) y de nuestro ministro (de Seguridad, Pablo Cococcioni), y por ende una correspondiente asignación presupuestaria”.

La ex diputada provincial, en cuanto a la presencia en Venado Tuerto, expuso la “planificación en materia de Justicia y Seguridad en la localidad y en la región, pese a la situación excepcional que atraviesa la ciudad de Rosario, con la constitución del Comité de Crisis que emerge por una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, y abocando los recursos, pero sin descuidar el entramado de Seguridad y la planificación que tenemos en el resto de la provincia” añadiendo que “para nosotros es tan importante el santafesino que vive en Venado Tuerto, o en La Chispa, como el que vive en Rosario o en las grandes urbes, y para eso es importante reconocer la enorme labor que realizan los gobiernos locales, que no despliegan su responsabilidad en materia de seguridad pudiéndolo hacer, sino que se acoplan al plan dispuesto por el Gobierno provincial”.

La secretaria de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Lucia Masneri, puso sobre el tapete la falta de recursos, lo que atribuyó a “largos años sin obra pública penitenciaria. Recientemente hicimos una licitación en la sede de gobierno de la ciudad de Rosario donde anunciamos un mínimo de 3.300 plazas para personas detenidas”, reconociendo que “esto viene de la mano de la necesidad de recursos humanos” 

En ese sentido, indicó que “está abierta la convocatoria para que las personas que tengan hasta 29 años se inscriban como agentes penitenciarios. La preinscripción se realiza muy fácilmente, de manera digital, y es hasta este viernes 19 de abril”. 

Con esta incorporación, la cantidad de agentes del Servicio Penitenciario santafesino rozaría los 5.000.

Seguidamente, Masneri enfatizó en la decisión, “desde el gobernador hasta abajo” sobre la necesidad de priorizar los departamentos del sur de la provincia. Por eso, “esta convocatoria tiene un 55% asignado a los departamentos del sur de la provincia, donde además está puesta la mayor parte de la obra pública y la mayor parte de las cárceles; nuestros espacios de trabajo se centran de Rosario para abajo”. 

“Necesitamos que se inscriban, que participen, que vuelva a ser fuerte el sur provincial”, sostuvo, agregando que, “cuando tengamos la alcaldía de Melincué estaría en manos del Servicio Penitenciario, lo que sin lugar a dudas es lo que más permite la operatividad policial”.

Reiterando el llamado para futuros agentes, la funcionaria recordó que “hasta el viernes 19 es la preinscripción online y después la presentación de papeles. El requisito es el básico, la secundaria. El resto de la capacitación y los demás se brinda a partir del servicio penitenciario”. 

Sobre la carrera, esgrimió que “no es la carrera policial, son dos escuelas completamente distintas. Se ingresa como suboficial y tiene seis jerarquías adentro, es decir, que se puede ascender desde esa jerarquía que no es una sola y que, además, una vez que la persona ingresa, si decide realizar la carrera de oficial puede seguir creciendo en su carrera”.

“Se propone crecimiento profesional, trabajo seguro y estar de Rosario para abajo, o sea, en el sur provincial. Es una gran oportunidad para las personas que aún tal vez no saben qué quieren estudiar, no saben a dónde quieren ir. El Servicio Penitenciario es un excelente lugar para aprender, capacitarnos y profesionalizarnos y, por supuesto, brindar a todos los vecinos la seguridad que necesitamos”. 

En una noticia trascendente para General López, Lucia Masneri anunció que, que el pase de mando de la Alcaidía de Melincué, actualmente en manos de la Policía de Santa Fe, a Asuntos Penitenciarios “depende de la construcción de una nueva Alcaidía, como siempre. La Alcaidía de Melincué no está en condiciones de ser arreglada, esto no es información nueva. Se construirá una Alcaidía nueva, como las de Rosario y como las de Santa Fe que ya están construidas”.

Según expuso, la nueva Alcaidía estaría en el distrito de Melincué, entre esa localidad y Miguel Torres. 

Cobertura: Mauro Dalmazzo

Este miércoles 13 se llevó a cabo en la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto una reunión entre autoridades policiales, judiciales y de la entidad anfitriona.La misma fue organizada a instancias del fiscal regional Matías Merlo y el coordinador operativo del Ministerio de Seguridad provincial, Nahuel Pasquinelli.

Por las fuerzas de seguridad, concurrieron el jefe de la Unidad Regional VIII, sub director de Policía Adrián Galigani; el sub jefe de la UR VIII, sub director de Policía Anselmo Rocca; el jefe de la Agrupación Cuerpo, comisario Horacio Delavalle; el subjefe de la Agrupación Cuerpo, inspector Carlos Rizzi; el jefe de Zona 5ta (Venado Tuerto), sub comisario Rosana Quiroga; el jefe de la Comisaria 12°, inspector Lucas Alvarez; el sub jefe de la Comisaría 14°, inspector Andrea Gallo; y el jefe de la Comisaría 2°, sub inspector Sergio González.Y por parte de la Cooperativa Eléctrica estaban el gerente Alberto Corradini, el presidente del Consejo de Administración, Ademar Aznar, y el asesor legal Miguel Murtagh.

Los temas abordados fueron los robos recientemente sufridos por la entidad cooperativa, como así también se resaltaron los hechos desbaratados en allanamientos realizados en los últimos días, que concluyeron con mucho material recuperado y la detención de un par de personas.“La idea es seguir trabajando en forma conjunta, para lo cual se han coordinado algunas acciones en común, por ejemplo, saber cómo actuar ante un robo”, informaron voceros de la CEVT.“Es necesario coordinar tareas entre la Policía, la Justicia y la misma Cooperativa, para lo cual se van a intensificar los controles, como así también cuidar mejor la entrada y salida de la ciudad de vehículos que tendrían características parecidas a los que pueden transportar los materiales que hoy son motivo de denuncias”, agregaron. 

Además, al término de la actividad, las autoridades de la Cooperativa Eléctrica manifestaron su conformidad con los resultados de la reunión, como así también con los últimos operativos realizados.

Este martes 20 de febrero, tuvo lugar en Elortondo un encuentro por la seguridad del que participaron vecinos, autoridades policiales y representantes del Gobierno de Santa Fe. La actividad, desarrollada en el Salón de Usos Múltiples, fue por los hechos delictivos que vienen sucediendo en los últimos tiempos. 

Entre los presentes, estuvieron la presidente comunal María Isabel Bosco junto a su comisión; el jefe de la Unidad Regional VIII, Adrián Galligani; el delegado regional del Gobierno de Santa Fe, Roberto Vergé; y el delegado del Ministerio de Seguridad, Nahuel Pasquinelli.

Tras el encuentro, Galligani aseguró que se van a implementar de forma inmediata operativos en la localidad, alrededores y zonas rural. “La idea es tratar de mejorar, sumando mayores recursos y patrullajes”, comentó. En este sentido, reconoció que “estamos en una situación compleja con el personal”, pidiendo que “sumemos entre todos” y que la “ciudadanía también se comprometa a colaborar”.

El jefe policial dijo en esta línea que “por más que sea ínfima la denuncia, que la radiquen, que se lleguen a la Comisaría”. “Queremos trabajar en conjunto con la gente. No nos olvidemos que somos un vecino más en la localidad”, añadió. 

Por su parte Pasquinelli, recordó que hace 15 días “nos habían convocado por unos hechos y por la preocupación de la presidente comunal de trabajar estos temas” y que “consideramos necesarios invitar a la población para que se saquen dudas de cómo es el trabajo de las fuerzas policiales en el Departamento”. 

Consideró que “fue positiva la reunión” y que “hubo un intercambio fructífero con los vecinos de cómo es la realidad y los puntos a mejorar”. “Nos llevamos el compromiso de trabajar todas las inquietudes que nos trasladaron para poder resolverlo en el corto plazo. El compromiso es dar respuesta a corto plazo con mayor presencia policial. Son acciones que nos ayudan para esclarecer hechos, brindar seguridad y prevención”, amplió.

Y agregó: “Los vecinos plantearon ‘Buzones de la vida, que en otros lugares se está utilizando y es una opción. Funciona muy bien”. 

A su turno, Vergé recordó que “hace dos semanas atrás estuvimos presentes en Elortondo” porque tenemos la orden del gobernador Maximiliano Pullaro de atender cada situación que suceden en las localidades de Santa Fe”. El delegado regional, ponderó que “nos hicimos eco del reclamo que hizo María Isabel Bosco y el pueblo” y que el “compromiso de la provincia es trabajar codo a codo con la Comuna, las autoridades policiales y articular acciones con el Poder Judicial”.

Finalmente, adelantó que la información recolectada, se va a presentar en la fiscalía para ver resultados en el corto plazo: “Queremos tener acción y seguramente en los próximos días la van a ver para empezar a recuperar la tranquilidad que es lo que realmente queremos”, resumió. 

Este fin de semana se realizó un operativo de alta visibilidad en la ciudad de Venado Tuerto en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno de Santa Fe y Control Urbano Municipal.

Durante el operativo, se identificó a 125 personas, hizo 4 traslados a sede de Comisaría Segunda y detuvo a un individuo con pedido de captura activo a requerimiento del Juzgado Federal. Por otro lado, se registraron 110 vehículos resultando el traslado de 8 motocicletas al Corralón Municipal por falta de documentación y uno de ellos por alcoholemia positiva. También se procedió al secuestro de un automotor por causa de estafa.

Además de los operativos de control, se viene desarrollando un importante trabajo desde la Secretaría de Coordinación Técnica encabezada por Georgina Orciani en la recuperación de móviles policiales. Esto permitió triplicar la cantidad de vehículos policiales en circulación, contando con 14 móviles y 6 motos operativas sumando Comando Radioeléctrico, comisarías 2da, 12va y 14va, sección canes, Pumas, Policía Vial y PDI.

"Seguimos gestionando bajo la consigna del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Seguridad Pablo Cococcioni de trabajar fuertemente en recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los santafesinos, sabemos que tenemos mucho por delante pero ya estamos viendo resultados", expresó el delegado regional de Seguridad Nahuel Pasquinelli.

Vale destacar que estos operativos también se realizan en el resto de las localidades del departamento General López con fuerte apoyo de los gobiernos locales y con la colaboración activa de la ciudadanía.

El delegado de Seguridad destacó el fuerte compromiso del gobernador Pullarlo con todos los santafesinos y particularmente con el sur provincial: “pasados apenas dos meses de gestión, ya tuvo lugar una reunión de gabinete con presencia de todos los ministros en Venado Tuerto y del Coordinador Regional Roberto Vergé, para abordar obras y proyectos para nuestra región; mostrando una fuerte presencia en un territorio descuidado por la anterior gestión provincial”.

Desde el ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe llevarán adelante inspecciones en canchas de fútbol de equipos que formen parte de la Liga Venadense. Las tareas comenzarán este miércoles 17 de enero, y el objetivo es que las instituciones cumplan con todas las exigencias tendientes a reducir el nivel de conflictividad en los encuentros deportivos. 

Los dos últimos años estuvieron marcados por una serie de episodios violentos que incluyeron agresiones entre simpatizantes, jugadores, árbitros y agentes policiales.

“Tuvimos una reunión la semana pasada con autoridades de la Liga Venadense. Siempre estas tareas se realizaban de manera separada, con la policía por un lado, la municipalidad o comuna por el otro y lo mismo hacían desde la liga. Ahora decidimos crear una mesa de trabajo en donde vamos a hacer el trabajo en conjunto”, manifestó Nahuel Pasquinelli, delegado del ministerio de Seguridad en el sur provincial. 

El funcionario valoró esta decisión como “muy importante. La policía está atenta a cuestiones relacionadas con la seguridad pública, la liga ve todo lo relacionado con el reglamento y los municipios lo que tiene que ver con seguridad e higiene y los riesgos posibles en los estadios”, agregó el funcionario.

Las inspecciones comenzarán este jueves en los clubes de Venado Tuerto, mientras que la próxima semana los controles se trasladarán a las localidades de la región. 

“La idea es anticiparse a cualquier conflicto que se pueda desatar. El objetivo es que en materia de seguridad este año no tengamos mayores conflictos. Teniendo en cuenta los precedentes del 2023, hemos decidido anteponernos, empezar bien de temprano antes de que arranque el torneo para evitar cualquier cuestión durante el año”, manifestó Pasquinelli.

Las canchas “son todas diferentes y cada una tiene sus particularidades, con simpatizantes de distintas características, hay públicos que son tranquilos y otros que no. Principalmente lo que se inspecciona es el estado de los tejidos, la distancia entre las hinchadas, los pulmones, los ingresos, el perímetro de los estadios, los vestuarios y el mayor resguardo a las autoridades del partido, que son los árbitros”, finalizó el funcionario.

En caso de que no cumplan con algunos de los puntos, desde el ministerio se elevará un informe a la institución otorgando los plazos necesarios para llevar adelante las reformas que sean necesarias. 

El traslado de 40 detenidos de Alcaidía de Melincué a la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Pieñero, reavivó un proyecto que lleva una década en carpeta: construir una cárcel en el extremo sur de la provincia de Santa Fe. 

El primero en reflotar la iniciativa fue el propio gobernador provincial Maximiliano Pullaro en su última visita a Venado Tuerto. En el mismo sentido se pronunciaron la subsecretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, y el delegado del Ministerio de Seguridad en el sur santafesino, Nahuel Pasquinelli. Sin embargo, el primero en hablar sobre la creación del Instituto Penitenciario Nº 12 en el departamento fue el entonces senador provincial y hoy ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, allá por el año 2014. 

En noviembre de 2014, a través de la Ley 13.447, se habilitaba al gobierno santafesino, a cargo de Antonio Bonfatti, a disponer de fondos para ampliar cárceles en la provincia y construir, tras el pedido del senador Lisandro Enrico, el Instituto Penitenciario Nº 12, una importante obra pensada para alojar a unos 160 presos, misma cantidad que venía teniendo la Alcaidía, aunque con una infraestructura precaria y prácticamente abandonada. 

Ya hacia 2015, el proyecto comenzó a tomar cada vez más fuerza, llegando incluso a evaluar posibles predios que pudieran contener este edificio y cumpliera con los requisitos básicos de accesibilidad. Allí surgieron como opción, lotes ubicados sobre la ruta 93, entre Melincué y Miguel Torres.

La obra incluía cuatro pabellones de dos pisos, con espacio cada uno para 40 reclusos -uno por celda- bajo la modalidad "celular". Para ello se requería de un predio de cuatro hectáreas, con doble cerco perimetral; además de contar con servicios para la atención primaria de la salud, escuela, talleres, espacios para esparcimiento y salón de usos múltiples.

A su vez, sumaba ocho celdas para resguardo físico y "Cámara Gesell". Según se estimaba, se debían incorporar cerca de 100 empleados del Servicio Penitenciario para que el lugar funcione con normalidad, significando fuentes de empleo para el departamento General López.

El consenso político que se había logrado en aquel entonces se encontró con posturas opositoras de un grupo de vecinos de Melincué, quienes no tardaron en mostrar su disconformidad, considerando que la construcción de una cárcel podía afectar el proyecto turístico que viene sosteniendo la localidad a partir de su riqueza natural e historia, y que derivó en la generación de emprendimientos gastronómicos y complejos de cabañas para recibir a la gente que llega a disfrutar de la tranquilidad de esta comuna sureña.

Durante varios meses hubo reuniones en Melincué, donde se fueron brindando más precisiones sobre la unidad penitenciaria y respondiendo las consultas e interrogantes de los ciudadanos. Ya en aquel entonces se empezó a barajar la posibilidad de convocar a un plebiscito para conocer la opinión de toda la comunidad. 

Los reparos impuestos por estos vecinos obligaron en aquel entonces a pensar en otras alternativas, incluso aparecieron localidades interesadas en albergar la institución, descubriendo en este proyecto una posibilidad de fuentes de empleo y desarrollo. Una de ellas fue Miguel Torres, cuyas autoridades se mostraron dispuestas a evaluar la iniciativa y trasladar la inquietud a sus habitantes. 

El delegado del Ministerio de Seguridad en el sur santafesino, Nahuel Pasquinelli, informó que hay unos 25 móviles policiales que pueden repararse rápidamente y volver a patrullar las calles del departamento General López. Estas unidades, que estaban fuera de servicio, presentan problemas menores y de sencilla solución, como falta de neumáticos, batería o fallas en el embrague.

Cabe recordar que en el mes de diciembre fueron 8 los móviles que pertenecían a las dependencias policiales venadenses que se lograron recuperar y ponerlos al servicio de las fuerzas de seguridad. “Cuando asumimos, teníamos 4 vehículos disponibles en Venado y ahora hay 12. Sabemos que no es lo ideal, porque nuestro objetivo en el corto o mediano plazo es llegar a contar con 20 unidades patrullando las calles y trabajando en prevención, pudimos en días triplicar la cantidad inicial”, precisó Pasquinelli.

La necesidad de contar con más móviles es una realidad de la gran mayoría de las comisarías y subcomisarías de la Unidad Regional VIII, por ello este lunes viajó a la Jefatura de Policía de Melincué, donde se derivan los vehículos que necesitan reparación, para hacer un relevamiento junto a un especialista en mecánica del automotor y determinar los arreglos que necesitan. “Nos encontramos con varios que tienen desperfectos menores y que enseguida pueden ponerse nuevamente en funcionamiento”, indicó, añadiendo que en total son 25 los que se repararán y distribuirán en las localidades del sur profundo de Santa Fe.

El funcionario también hizo hincapié en la necesidad de contar con mayor cantidad de personal, porque “no alcanza con tener muchos vehículos si no tenemos los efectivos para patrullar, y en eso también nos estamos abocando con el bloqueo de las tareas administrativas, la formación de policías y con una redistribución que nos permita una mejor cobertura territorial en el departamento”, puntualizó.

La temporada estival es otro factor que obliga a realizar operativos especiales, sobre todo en zonas que tienen mayor movimiento turístico, como el caso de Teodelina que es “una ciudad chica, pero los fines de semana llega a duplicar la cantidad de personas que circulan”, explicó.

Asimismo, consideró que si bien todas las localidades requieren de un mayor patrullaje, la preocupación principal está puesta en las ciudades, donde “más llamados al 911 recibimos”.