Una reforma laboral tendrá por destino el blanqueo y una mejora en la financiación del sistema previsional quebrado, difícilmente resistible para el espectro institucional argentino. En cambio la reforma tributaria es un escenario de batalla política que ya despunta, aunque las iniciativas de la Casa Rosada serán posteriores al comicio del 26 de octubre.

"Nuestra propuesta va a ser motosierra en las provincias, para que ese gasto público más pequeño implique menos impuestos para la gente", advirtió Federico Sturzzeneger, sobre la reforma fiscal que complementará la iniciativa oficial. Se lo planteó a algunos gobernadores (Maximiliano Pullaro no estaba entre ellos) que el viernes pasado se contactaron con Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Lisandro Catalán y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Del encuentro participaron Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Francos posteó: "Conversamos sobre una iniciativa impulsada por la totalidad de los gobernadores para encontrar una forma de contemplar, de manera consensuada, los intereses provinciales y nacionales en relación con los Aportes del Tesoro Nacional —que históricamente fueron discrecionales— y el impuesto a los combustibles.

"Los gobernadores -señaló el jefe de gabinete- manifestaron que no pretenden comprometer el equilibrio fiscal, una premisa innegociable del Gobierno nacional, y que debe consolidarse como objetivo permanente en la gestión del Estado. Fue un encuentro de diálogo y búsqueda de entendimiento para seguir construyendo un vínculo sólido y responsable entre la Nación y las provincias".

Institucional pero no distendida. Así puede calificarse la relación entre la Casa Rosada y los jefes de gobiernos subnacionales. Fue el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, quien se encargó de responder a Sturzenegger en redes sociales.

"Publicado por el propio Ministerio de Economía de la Nación. La presión tributaria consolidada se mantuvo en 2024. Bajó la presión tributaria de las provincias y aumentó la presión tributaria nacional. Los datos son nobles. La manipulación está en los relatos", sostuvo el ministro santafesino.

Según los datos de Luis Caputo, desde el año pasado la Nación subió de 22,8% a 23% la carga tributaria en términos de PBI; las provincias lo bajaron de 5,1% al 4,8%. A favor del gobierno central juega sin embargo la comparativa desde 2015: la presión tributaria nacional bajó del 26,2% del PBI al 23% el pasado año; la carga de los impuestos provinciales se redujo del 5,3% al 4,8% en ese lapso.

Sin embargo, no todo es lineal en la contabilidad federal. "En lo que respecta al Gobierno Nacional, sus ingresos tributarios aumentaron 0,48 p.p. del PBI, mientras que la recaudación nacional que reciben las provincias y CABA registró un descenso de 0,26 p.p. del PBI", detalló un informe del Iaraf sobre 2024.

"Es decir, el incremento interanual de la presión tributaria nacional de 0,22 p.p. del PBI, derivó en una suba de los ingresos tributarios nacionales de 0,48 p.p. del PBI y en una baja de los recursos coparticipables que reciben las provincias de 0,26 p.p. del PBI

Rascando en medio de un país en el que "no hay plata", los mandatarios provinciales reclaman porque el gobierno central no cumple con la ley. El Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (Ley Nº 23.966, Título III y Ley Nº 27.430) determina destinos específicos para la recaudación, con los que Nación subejecuta o incumple.

La administración Milei ya llamó a audiencias públicas para licitar rutas nacionales; mientras tanto cobra y no siempre reparte lo que debería. Según esas normas, el producido de los impuestos, para el caso de las naftas, gasolinas, solvente, aguarrás, gasoil, diésel oil y kerosene, se tiene destino específico.

El 10,40% debe ir al Tesoro Nacional; 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) que está paralizado; 10,40% a las Provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (no se cumple); 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (no se cumple) y 2,55% a la Compensación Transporte Público (no se cumple).

Sofismas al margen, el mayor triunfo de la menor carga fiscal llega por el lado de la baja de la inflación. Un informe del Iaraf proyecta que la reducción de 2,3 puntos porcentuales del PBI de impuesto inflacionario, "constituye la principal baja impositiva del año 2025, seguida en segundo lugar por la desaparición de impuesto PAIS, que tuvo una recaudación de 1,1% del PBI durante el año 2024".

En 1948 la provincia de Buenos Aires ordenó el impuesto a las actividades lucrativas que paulatinamente se replicó en todo el país. El Iva creado en 1975 absorbió los gravámenes provinciales, pero "solo dos años más tarde las provincias revivieron el impuesto a las actividades lucrativas bajo el nombre de impuesto a los Ingresos Brutos".

Un informe de Virginia Giordano, coordinadora de investigaciones y Patricio Cialis, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, repasa el derrotero de este impuesto que la administración Milei presiona para eliminar; en el caso de Santa Fe representó 84,51% de lo recaudado por la provincia con recursos propios en 2024.

Idesa señala una tasa promedio del 3% en los estados subnacionales; advierte que "Ingresos Brutos es muy perjudicial para la inversión" y su efecto en cascada (impuestos sobre impuestos) se acumula y distorsiona más, cuanto más eslabones tenga una cadena productiva. La pagan los consumidores.

En IIBB, los empresarios hacen el trabajo del Estado haciendo cobros anticipados, en su condición agentes de percepción que actúan cuando se compran insumos; agentes de retención cuando se venden bienes o servicios o ante cierta modalidad de pago y también hay agentes de recaudación que actúan sobre las acreditaciones bancarias cada uno de estos esquemas de pagos anticipados.

"Es potestad de las 24 provincias esto genera abusos en su utilización requiere de áreas especializadas para la liquidaciones de este impuesto en las empresas y pagos anticipados que pueden llegar a ser que lo que le corresponde pagar al contribuyente lo que se conoce como saldos a favor. Existen provincias que tienen cobrado por adelantado más de un año de recaudación", subrayaron los autores del reporte.

Las provincias aplican en promedio 91 alícuotas de IIBB (algunas llegan a más de 180) pero el 95% de la recaudación está concentrado tan sólo en nueve de ellas.

Con el esbozado "super Iva", Nación pretende quedarse con 9% de ese gravámen y que cada provincia se haga cargo del rest. Pero Idesa reconoce que eso necesitaría un fondo de convergencia (implica complejs acuerdos políticos) para compensar transitoriamente a las provincias más pobres, hasta que logren generar valor en su territorio, eliminando IIBB.

Este martes 1° de abril, se conoció un documento oficial de Vialidad Nacional donde intima al gobierno de la provincia de Santa Fe por la obra del puente entre la ciudad capital y Santo Tomé, pegado al Carretero.

El texto es una respuesta a un pedido de informes que hizo el medio “Santo Tomé al Día”, y expone que el organismo federal requirió una serie de documentación que hasta el momento no fue compartida.

En este sentido, explican que “la Dirección Nacional de Vialidad ha constatado la ejecución de trabajos en la zona de obra sin la debida autorización, motivo por el cual intimó a la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe a cesar de inmediato dichos trabajos, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes”.

Y agregan: “Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta alguna ni han sido designados los representantes de la Dirección Provincial de Vialidad necesarios para completar los cuadros técnicos que permitan la adecuada interacción entre ambas reparticiones en la supervisión, el proyecto y la evaluación ambiental de esta obra de gran importancia”.

A modo de resumen, desde VN detallan los datos que son requeridos:

- Seguridad vial, tránsito, nivel de servicio y capacidad.

- Informe hidrológico e hidráulico: criterios adoptados, alcance, impacto en las estructuras existentes (puente Carretero actual y defensas de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé), y medidas de mitigación contempladas en la obra.

- Autorizaciones, conformidades e informes técnicos de las reparticiones municipales y provinciales afectadas por la obra.

- Cualquier otro informe técnico que se considere de interés.

Conocida esta intimación, el senador por el dpto. La Capital, Julio Garibaldi criticó lo sucedido.

“Sólo un burócrata con mala intencionalidad política y detrás de un despacho en Buenos Aires puede creer que la obra más esperada por los santafesinos y santotomesinos, prometida durante décadas por diferentes gobiernos nacionales, va a detenerse", señaló.

"No conocen a nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, ni a la invencible provincia de Santa Fe. Esta es una una obra que no afecta la traza nacional, que atraviesa un río de jurisdicción provincial y que empieza y termina en dos municipios locales", siguió.

"El Nuevo Puente entre Santa Fe y Santo Tomé no se para ni se detiene. Vamos a defender siempre a nuestra provincia, porque ningún porteño nos va a impedir que finalmente tengamos el nuevo puente”, cerró.

En otro tramo del documento, el organismo enumera las fechas donde se pidieron informes al gobierno provincial.

“Desde Vialidad Nacional se detalla que la documentación solicitada a Vialidad Provincial en sucesivas notas: la primera, enviada el 25 de octubre de 2024; la segunda, el 12 de marzo de 2025; y la última, el 21 de marzo de 2025”, detallan.

El documento

Respuesta de Vialidad Nacional a Consultas Portal Web Santo Tome Al Dia - 1-4-25 by El Litoral

El Poder Ejecutivo, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), incluyó el otorgamiento de avales por las operaciones de crédito público externo para varias provincias, tres de los cuales son para la provincia de Santa Fe. Lo máximo a garantizar en este año alcanzaría a los 555 millones de dólares.

La provincia, a través del equipo económico que conduce Pablo Olivares, venía gestionando la inclusión de los avales. El respaldo estaba incluido en el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso y no votado por las cámaras.

Se trata de hasta 125 millones de dólares para la continuidad del acueducto bi provincial Santa Fe - Córdoba con un plazo mínimo de amortización de 3 años; 30 millones de dólares para defensa contra inundaciones de la ciudad de San Javier y 400 millones, también en dólares, para infraestructura económica, productiva y social.

En el equipo económico santafesino se aclaró a El Litoral que las autorizaciones son para "eventuales operaciones futuras", excepto en el caso de San Javier que se viene ejecutando la obra tras el aval legislativo al crédito. "La inclusión es importante para tener ya aval por si surge alguna fuente de financiamiento externo en lo que resta del año", se aclaró.

La decisión de avalar posibles tomas de deudas provinciales fue incluida en el artículo 6 del DNU N° 186 que adecua el presupuesto nacional 2025 asignando recursos adicionales a áreas concretas, mencionadas en los diferentes artículos. Una planilla anexa al DNU contiene los créditos a avalar.

Además de Santa Fe se habilita el aval a deudas de Neuquén, Córdoba, CABA, Salta, Chubut, Chaco así como al INVAP y a la empresa Energía Argentina SA.

El proyecto de Presupuesto 2025 no fue aprobado en el Congreso por lo que el Poder Ejecutivo prorrogó el 2024 y va produciendo una serie de adecuaciones. En este caso, el DNU prevé partidas para áreas energéticas, educación, ciencia y tecnología; retiros y pensiones militares; represas en Santa Cruz, salud, Casa de la Moneda, etc.

Dos aspectos incluyen a las provincias, el aval para las deudas y también el régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre el Estado nacional y las provincias.

Sobre la primera la Ley N° 25.917 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal dispone que "los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales, elevarán los antecedentes y la documentación correspondiente al Ministerio del Interior, el que conjuntamente con el Ministerio de Economía efectuarán un análisis a fin de autorizar tales operaciones conforme a los principios de la presente ley".

En los considerandos dice que "la deuda pública a la que buscan acceder las Provincias y la CABA garantizará la ejecución de obras y la prestación de servicios que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos argentinos".

En cuanto al régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre Nación y provincias fue creado por un decreto del año pasado del Poder Ejecutivo y avala que bienes inmuebles "que son innecesarios y/o sin destino de propiedad del Estado Nacional podrán ser afectados al pago de deudas, lo que permitirá sanear parcialmente las cuentas públicas y aliviar el gasto que conlleva el mantenimiento de aquellos bienes que no aportan un valor fundamental para los fines estatales".

De esta manera se incorpora al sistema la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

En este último caso, Santa Fe no tiene intenciones de conciliar debido a que Nación adeuda cifras millonarias al estado provincial y dice no disponer de dinero para saldar los compromisos.

Los dos conglomerados más poblados de la provincia de Santa Fe, el de Rosario y el de la capital provincial, cuentan con la promesa del gobierno nacional de mantener las obras de ampliación de sus plantas potabilizadoras que se habían iniciado a fines de la gestión anterior en la Casa Rosada.

Se trata de los pocos compromisos que, durante 2024, mantuvo el gobierno nacional que a poco de asumir bajó casi todas sus partidas en obras públicas en todo el país.

No lo había podido hacer con los proyectos en ejecución que disponían de sus propios recursos y de la gestión de un organismo autárquico, el Enohsa, que mantuvo los pagos comprometidos para multiplicar la capacidad de los establecimientos potabilizadores de Granadero Baigorria y la ciudad de Santa Fe, pero finalmente liquidó el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento en octubre pasado.

Los anuncios de que así procedería comenzaron en julio y agosto, que son justamente los últimos meses que se cancelaron, con partidas ya a cargo de la Subsecretaría de Recursos hídricos de la Nación.

Esa fue la promesa que los funcionarios santafesinos recibieron de sus pares de la gestión del presidente Javier Milei, pero luego quedaron impagos los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que hoy suman nada menos que $500 millones en certificados de obra impagos.

Obviamente, al detenerse el flujo de recursos, el ritmo de los trabajos en ambas instalaciones de Aguas Santafesinas SA se ven demoradas.

Desde el gobierno nacional se planteó el cierre de organismo como una forma de evitar la duplicación de tareas del Estado y se aseguró que los trabajos financiados por Enohsa continuarían a cargo de otra repartición que depende del Ministerio de Economía.

A mediados de octubre, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico advertía que el cierre de es organismo significaba "una mala noticia para el federalismo" y destacaba su labor aunque necesitaba ser mejorado.

Enrico consideró que el Enohsa ha cumplido un rol fundamental en el desarrollo de los servicios públicos de agua potable y cloacas, en especial para lograr el acceso al financiamiento internacional de sectores cooperativos, municipalidades y comunas.

Por entonces, el compromiso de la Nación con el funcionario santafesino era que continuarían sin sobresaltos las obras en las plantas señaladas (que ya tenían un estado de avance del 18% en Santa Fe y del 15% en Granadero Baigorria) y que sería terminada la planta de la ciudad de Rafaela. Hoy el ritmo de obras se ha afectado, en sendos casos, de acuerdo con las fuentes consultadas por El Litoral.

Una vez más, cabe recordar que la creación del Enohsa respondió a la disponibilidad de financiación internacional proveniente de los Estados Unidos para América Latina que exigía, ante gobiernos de los países de esa región que no daban garantías en cuanto al uso de los recursos, que los préstamos efectivamente llegaran a los usuarios para el desarrollo de infraestructura sanitaria básica.

Ese fue el contexto geopolítico que en la mitad del siglo pasado creo el Enhosa y que los distintos gobiernos nacionales democráticos que se sucedieron desde 1983 fueron modificando.

Así, como antecesores del organismo se encontraba el SNAP a nivel nacional y los SPAR en las provincias beneficiadas, siempre bajo el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo.

Este viernes, en el segundo día hábil del 2025, el gobierno nacional lo declaró oficialmente como el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”.

Fue a través del Decreto 2/2025 publicado en Boletín Oficial este 3 de enero y que cuenta con las rúbricas del presidente Javier Milei y el canciller Gerardo Werthein.

A pesar de no poseer las firmas del jefe de Gabinete o el resto de ministros que lo conforman, el documento especifica que durante el año 2025 toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de esta deberá llevar la leyenda “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”.

El decreto también indica en otro artículo que “El Poder Ejecutivo Nacional realizará las acciones pertinentes tendientes a destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante para la consecución de la reconstrucción del país”.

En un signo de eventual conciliación, a diferencia del trato durante la primera parte de la gestión, el texto invita a “los Gobiernos Provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente decreto”.

El decreto a su vez argumenta que la decisión llega luego de que “las políticas públicas adoptadas durante el transcurso del año 2024 permitieron alcanzar la estabilización de la situación macroeconómica, poniendo a nuestro país de pie y sentando las bases para que pueda avanzar al horizonte que proyectaron nuestros fundadores de la Patria”.

“Que la estabilidad económica y el desarrollo sostenible son fundamentales para el bienestar y el progreso del país, y es responsabilidad del PODER EJECUTIVO NACIONAL implementar políticas coherentes y eficaces que fomenten el crecimiento económico, así como también impulsar reformas que aseguren mejorar la calidad y eficiencia de la gestión”, agrega el documento.

A pesar de que se trata de una medida de menor escala a comparación de otras nombradas como la Ley de Bases, agrega que “ratificando el rumbo establecido durante el primer año de gestión y a fines de ubicar al país en la senda de la estabilidad y el crecimiento, resulta imperioso proseguir con la implementación de aquellas reformas que harán grande a la REPÚBLICA ARGENTINA”.

Decreto 2/2025 by El Litoral

Por decreto, el presidente Javier Milei, prorrogó el estado de emergencia para el sector energético bajo su órbita en materia de generación de electricidad y su transporte en alta tensión, en todo el país, y en distribución solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Edenor y Edesur). Y lo mismo para todo el sector de extracción, gasoductos y redes de distribución de gas natural en el ámbito nacional.

El decisorio 1023 publicado en el Boletín Oficial de la Nación es una forma de reconocer que la transformación prevista para 2024 solo se cumplió parcialmente. Es cierto, cayó 38% lo que el Estado Nacional destina a subsidios a los precios mayoristas en generación de energía eléctrica y del gas natural en el punto de inyección a los gasoductos. Sin embargo, la gestión libertaria está aún lejos de sus deseos: que haya menos regulaciones en la provisión de energía al país y que los intereses contrapuestos de empresas concesionarias -preferentemente privadas- y usuarios bajo un régimen monopólico conformen un mercado.

En camino a ese objetivo, que en la práctica solo pudo verificarse parcialmente durante la Convertibilidad de los '90, sigue muy distante la meta de que los usuarios residenciales de las capas de ingresos medios y bajos paguen algo parecido a la tarifa plana, es decir, sin subsidios. La realidad de los ingresos paupérrimos de amplios sectores, la aparición del fenómeno de trabajadores con empleos formales en blanco que no superan la línea de la pobreza y sobre todo el cuidado de un objetivo superior, bajar la inflación, han pospuesto lo que se creyó poder ejecutar en 2024.

Es significativa la fecha que ha elegido la presidencia para que rijan las tarifas denominadas "reales", es decir, capaces de cubrir los costos de generación, transporte y distribución. El 9 de Julio es una fecha señalada en el almanaque de La Libertad Avanza a partir de los acuerdos firmados con los gobernadores en la histórica Casa de Tucumán de 1816. Y si algo está claro (fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense) es que un retiro nacional de subsidios en energía eléctrica supone más presión sobre el tesoro de las provincias. La experiencia demuestra que cuando los usuarios de más bajos recursos, por el motivo que fuere, no pagan sus boletas sencillamente se enganchan de manera irregular al servicio eléctrico.

Con el gas natural, los niveles de cumplimiento y pago son en general bastante mejores, como más acomodadas económicamente las áreas urbanas que suelen contar con ese combustible tan económico en términos relativos frente al gas envasado u otros.

Por estos meses, las distribuidoras provinciales, públicas y privadas, de todo el país comienzan a experimentar los resultados de la decisión nacional de quitarle los subsidios a los usuarios residenciales de bajos o muy bajos ingresos que nunca completaron sus declaraciones juradas ante el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE).

Servirá de muestra para saber a qué atenerse para cuando se complete la quita de subsidios, a mediados del año próximo según lo que espera concretar la Nación.

Desde mucho antes del 4 de septiembre pasado, la fecha tope, hubo una campaña de divulgación, recomendaciones oficiales y esfuerzos varios para que los hogares cumplan con el RASE. Se trata de quienes accedían a las ayudas nacionales solo porque la administración los inscribió al cruzar bases de datos sobre planes sociales y otros indicadores. Pero en Santa Fe quedaron sin anotarse 168 mil viviendas y hoy están en condiciones de perder el subsidio.

Y esa cifra es apenas una parte del problema, en total 546 mil usuarios residenciales santafesinos no supieron, no quisieron o no pudieron inscribirse en el RASE. En unos casos, porque pertenecen al nivel N1 de altos ingresos y ese segmento ya paga el 93% del valor de mercado del servicio de energía eléctrica y el 88% del gas natural por redes, pero se ignora cuántos usuarios de sectores medios no inscriptos están realmente dispuestos o en condiciones de pagar tarifas sin subsidios.

El mapa de la bota cuenta con 1.196.357 hogares con el servicio de energía eléctrica, pero de ellos apenas 650.320 volcaron sus datos sobre ingresos, bienes y composición del grupo familiar o cohabitantes de la vivienda en el RASE.

Hoy a las familias más pobres (N2) con servicio regular el Estado Nacional les cubre el 74% de sus primeros 400 kw/h mensuales y el 59% a los de ingresos medios (N3). En cuanto al gas natural los N1 pagan un 88% de lo que usan; los N2, 68%; y los N3, 60%.

Uno de los artículos del decreto nacional de prórroga de la emergencia energética (que se inició en diciembre de 2023 por un DNU) es un verdadero instructivo para funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación.

El punto dos del decreto 1023 dice que esa repartición que depende del Ministerio de Economía de la Nación "debe continuar con la implementación de las acciones necesarias e indispensables" para con los servicios de energía eléctrica y de gas natural por redes bajo la órbita del Estado Nacional.

Y que el fin es "establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías".

La prórroga de la emergencia nacida por Decreto de Necesidad y Urgencia ahora tiene además el paraguas legal que le otorga una norma del Congreso, llamada "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742)". Ahí se dio vía libre para que esas instrucciones se lleven adelante.

Además, el decreto que aparece en el Boletín Oficial de hoy dispuso también prorrogar la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta que se constituya y pongan en funcionamiento sus directorios, que carecen de designaciones.

Por Claudia Cabrera

Tras medio año de reclamos, continúa el conflicto con las universidades. La Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró ayer la emergencia salarial y los gremios creen que el segundo cuatrimestre podría no comenzar.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia salarial debido a una caída de más del 40% en el poder adquisitivo de sus trabajadores. El vicerrector Emiliano Yacobitti calificó la situación como “gravísima” y advirtió “Lo que está pasando es muy triste porque el poder adquisitivo del salario de los trabajadores de la Universidad perdió el 42% en los últimos 6 meses. Ya estamos hablando de salarios que no eran buenos”, durante una entrevista en El Destape Radio.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las 57 universidades nacionales, también alertó sobre la complicada situación que enfrentan todas las universidades nacionales para el segundo cuatrimestre.

El conflicto comenzó con la prórroga del presupuesto de 2023 a 2024, acordada entre los entonces candidatos a presidentes Javier Milei y Sergio Massa en septiembre del año pasado. Esta prórroga asignó el mismo presupuesto nominal que el año anterior, aunque la inflación fue del 211.4 % en 2023 y un 51.6 % acumulado a marzo de 2024, lo que resultó en una caída presupuestaria en términos reales del 72.4 %.

El 23 de abril se realizó una movilización multitudinaria en Capital Federal y en distintas ciudades del país. En un intento de frenarla, el Gobierno anunció un aumento adicional en gastos de funcionamiento y una partida extraordinaria para los hospitales, que se concretó el lunes siguiente. Sin embargo, el aumento depositado ($21.888 millones) representa solo el 3.4 % del presupuesto actual.

En efecto, la UBA declaró la emergencia salarial para todos sus trabajadores, incluidos los profesionales de la salud y los vinculados a la investigación y extensión universitaria. La decisión fue respaldada por los gremios docentes y no docentes.

El presidente, en su discurso del Pacto de Mayo el 8 de julio a vísperas del Día de la Independencia, criticó duramente al sistema universitario nacional, acusándolo de estar desconectado de las necesidades económicas del país. Milei abogó por priorizar otras áreas del sistema educativo y reducir la oferta universitaria, proponiendo carreras más cortas y aranceladas.

En el Congreso, un proyecto de ley para declarar la "emergencia presupuestaria" de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario está estancado. Mientras tanto, los gremios, como CONADU, planean nuevas movilizaciones y acciones, incluyendo la posible no apertura del segundo cuatrimestre y una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre.

El viernes pasado, la diputada de la UCR Danya Tavela presentó un proyecto de ley para declarar la "emergencia presupuestaria" de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario y para recomponer los salarios por la inflación acumulada desde el 1 de enero de 2024. Sin embargo, los distintos sectores del radicalismo no logran un acuerdo, lo que ha llevado a un estancamiento en el Congreso.

Las negociaciones paritarias están empantanadas. El Consejo Universitario Nacional señaló al diario Página 12 que el resto de las universidades enfrentan panoramas iguales o peores al de la UBA. "Todas están con pronóstico complicado para el segundo cuatrimestre", destacaron.

La semana pasada, hubo un comunicado conjunto del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), titulado "Sin salarios dignos no hay universidad". Allí volvieron a reclamar la "urgente recomposición salarial para las y los trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas".

"La sociedad argentina se manifestó en todo el país señalando con contundencia y precisión el rol estratégico que la educación pública, la universidad y la ciencia deben tener para la Nación. Ese rol solo puede ser asumido si se jerarquiza la cuestión educativa como política pública y, consecuentemente, se prioriza la inversión presupuestaria que garantice su normal funcionamiento", destacaron.

El conflicto universitario no está solucionado. Un informe del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (IEC-CONADU) detalla el impacto del “ataque del Gobierno” a las universidades nacionales. Los salarios de bolsillo de más de la mitad de los cargos docentes universitarios no superan hoy la canasta que define la línea de pobreza. El congelamiento de la garantía salarial afecta a quienes trabajan en las categorías auxiliares y con menor antigüedad. La situación se agrava para muchos docentes del nivel preuniversitario que han dejado de cobrar el adicional por FONID.

#FrenteSindicalUniversitrio🔵SIN SALARIOS DIGNOS NO HAY UNIVERSIDADRectores y representantes de todas las federaciones docentes, nodocentes y estudiantiles del país se reunieron en el CIN.#ParitariaUniversitaria #UniversidadesNacionales🔗https://t.co/tOYBFIjJVH pic.twitter.com/XJXhLNERbJ

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU se reunió el 8 de julio y analizó la situación de las universidades públicas. En consenso, resolvió que los sindicatos de base de la Federación realicen asambleas y consultas con sus bases para considerar la propuesta de no iniciar el segundo cuatrimestre y realizar un paro de 72 horas en la segunda semana de agosto, otra medida similar en la cuarta semana, y otras acciones de debate y visibilización. Esto culminará en una nueva gran Marcha Federal Universitaria en la primera quincena de septiembre.

Este viernes, mediante la Resolución 1484/2023 publicada en el Boletín Oficial de Nación, se prorrogó la emergencia agropecuaria en Santa Fe.

Si bien, se estimaba desde hace un par de semanas que el plazo se renovaría desde el domingo 1 de octubre hasta el 31 de marzo de 2024, recién se confirmó con este documento.

El mismo se presenta en consonancia con el Decreto N° 0627/2023 del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe.

La Resolución del Ministerio de Economía de la Nación expresa que “la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, luego de analizar la situación provincial, recomendó prorrogar la emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda”.

Imagen ilustrativa. Crédito: Archivo El Litoral

Luego detalla: “A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509 y sus modificatorias, conforme con lo establecido por su Artículo 8°, los productores y las productoras afectados/as deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo”.

También indica: “El Gobierno Provincial remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores y las productoras afectados/as, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente”.

Se aclara además que “las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, arbitrarán los medios necesarios para que los productores y las productoras agropecuarios/as comprendidos/as en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509 y sus modificatorias”.

Esta Resolución cuenta con la firma del ministro de Economía de la Nación, Sergio Tomás Massa.

A través del acuerdo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación destinará casi 8 millones de pesos para que el Patronato de Liberados de la provincia desarrolle programas de supervisión y acompañamiento a las personas que cumplen condena.

El ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, firmó este miércoles un convenio con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, con el objetivo de garantizar la reinserción social de las personas que tuvieron conflictos con la ley penal.

El acuerdo establece que la cartera nacional destinará $7.811.160 para que el Patronato de Liberados de la provincia desarrolle programas de supervisión y acompañamiento luego de la cárcel. Esta asistencia financiera permitirá fortalecer la estructura institucional provincial y promover el diseño, desarrollo y ejecución de políticas públicas.

Al respecto, Brilloni destacó que “para nosotros este convenio es muy importante porque permite avanzar en las políticas carcelarias y potenciar los recursos humanos, logísticos y las funciones asignadas a la dirección del Patronato de Liberados de nuestra provincia, con diversas alternativas para las personas que cumplen condena, que están con libertad transitoria o libertad condicional”.

“Las personas, al salir de la cárcel, deben ser vigiladas, controladas y supervisadas por dirección del Patronato que depende de este Ministerio -continuó el funcionario-, por ello es muy importante que Nación nos brinde este aporte y podamos aplicarlo en alternativas para reinsertar a esta población en la provincia de Santa Fe”.

Al respecto, el ministro recordó que “tenemos 10.500 personas tuteladas en el ámbito de toda la provincia, de los cuales 1.800 son de la Justicia Federal, por eso el compromiso de ambos ministerios para mejorar las condiciones”.

Del encuentro participaron también el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena; y la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gimena del Río.

El financiamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación contribuirá a que la cartera provincial incorpore profesionales de las carreras de trabajo social, abogacía, psicología y sociología con el objeto de promover la formación académica de los destinatarios de este programa, la que será implementada por el Patronato de Liberados de la provincia de Santa Fe.

Es la segunda ayuda económica que recibe el Patronato provincial desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ya que en el 2022 se firmó un convenio de colaboración de similares características.

Asimismo, la actual gestión llevó adelante un proceso de regularización de las deudas por alojamiento de presos federales en cárceles santafesinas que el Gobierno anterior dejó impagas. Durante la actual gestión se abonaron los montos adeudados por un total de $ 86.785.812, los que corresponden a los períodos 2016, 2017, 2018 y 2019.

En 2021, mediante la Resolución 2034/21 se abonaron $ 51.322.437 por los años 2016, 2017 y 2018, mientras que en 2022, mediante la Resolución 2079/22, se abonaron $ 35.463.375 correspondiente al 2019.

Asimismo, el Centro Federal Penitenciario del Litoral Argentino ubicado en Coronda -cuya construcción comenzó en 2015 por el Ministerio de Obras Públicas y que actualmente está completada en un 95%-, permitirá incorporar más de 400 plazas al Servicio Penitenciario Federal en la región del Litoral.

El gobernador Omar Perotti volvió a plantear públicamente este miércoles su reclamo a la Nación porque no ha cumplido todavía con el envío de fuerzas federales a la provincia, en los números en los que se había comprometido. Casi en simultáneo al momento en el que se producía esa declaración, ingresaba al Ministerio de Seguridad, el Jefe de Gabinete de la cartera que conduce a nivel nacional Aníbal Férnandez. Lucas Gaincerain llegó a Santa Fe para participar de una de las reuniones que periódicamente se mantienen en la ciudad para coordinar trabajos entre fuerzas nacionales y provinciales. En ese marco, y consultado por El Litoral sobre el planteo renovado de Perotti, el funcionario estimó cuántos efectivos llegaron a la provincia. Dijo que se enviarán “todos los que sean necesarios”, pero aclaró que la Nación “no se va a hacer cargo” de la política de seguridad pública de la provincia.

– ¿Cuál es la situación en términos de debe y haber según lo prometido, de envío de fuerzas federales a la provincia?

– Tenemos alrededor de 5.000 efectivos en la provincia; entre 4.700 y 4.800 de efectivos ‘vistos’. Y hay personas trabajando que por razones obvias lo hacen sin ser vistas. Se hace trabajo de inteligencia y de investigación. Estamos poniendo permanentemente cada vez mayores recursos.

– ¿Cinco mil efectivos en toda la provincia?¿Restan llegar algunos más, porque ése fue el reclamo del gobernador?

– Sí, van a llegar los que sean necesarios; están llegando. Lo que tienen que entender es que hay un trabajo permanente, pero nosotros somos complementarios de las fuerzas provinciales. No vamos a hacernos cargo de la seguridad; vamos a complementar y a trabajar en forma conjunta permanentemente

– Hay sectores políticos que solicitan la intervención de la Nación, en función de lo que establece la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué posición tiene al respecto?

– ¿Qué evaluación hacen respecto de la gravedad de la situación? ¿Ha mejorado en parte? – se le preguntó-

– Creo que estamos mejor, pero no hemos alcanzado el objetivo. Cuando tengamos un solo caso, el objetivo no estará logrado. Tenemos que llegar a pacificar y que la gente pueda movilizarse con normalidad. Cuando abordamos la problemática, vamos cambiando la forma de trabajo permanentemente porque hay que adecuarse a las nuevas formas que utilizan los delincuentes para llevar adelante sus actos. Y no abordamos solamente Rosario, sino la provincia en su conjunto, porque de algún lado llega la droga a Rosario. Por ello tenemos refuerzo en todas las rutas con la colaboración de Gendarmería y hemos incorporado tecnología que permite incautar droga que está en circulación. Creemos que hemos mejorado, insisto, pero nunca alcanzamos el objetivo. Tenemos que trabajar todos los días para mejorar y nunca sentirnos conformes.

– Todo es materia de investigación. Yo de la parte operativa no voy a hablar porque no soy Policía; soy integrante del Ministerio de Seguridad. Mi función es coordinar, facilitar todos los trámites y tratar de que trabajemos en forma coordinada y rápidamente desde Nación se dé la respuesta como se está dando.

Ivana Fux

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, propuso a los gremios docentes con representación paritaria nacional elevar a 165 mil pesos el salario inicial de los maestros a partir del 1 de julio, lo que representa un 26,92% de mejora, y un aumento del Fondo Compensador para que las provincias garanticen ese ingreso para dos cargos.

En un nuevo encuentro realizado este miércoles con los cinco gremios con representación paritaria federal (UDA, Ctera, CEA, Sadop y AMET), el funcionario ofertó a los dirigentes esa mejora, que incluyó un incremento del Fondo Compensador para que las provincias la garanticen a los maestros con dos cargos.

Esa recomposición de los haberes para el salario inicial a partir de julio próximo contempla a los docentes sin antigüedad y con cargo simple, por lo que el ministro planteó un incremento de 5 mil pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que sería ahora de 21.200 pesos por cargo, también a partir del 1 de julio, informó Educación.

En un comunicado, el ministro aseguró que su cartera fortalecerá el Fondo Compensador para colaborar aún más con las provincias que se ubican por debajo del salario inicial y para garantizar que ese haber alcance a quienes tienen dos cargos, puntualizó.

“De esa forma, se restituirá esa garantía para los docentes con dos cargos, que había sido eliminada en la gestión anterior y era un pedido de los gremios nacionales”, afirmó.

La propuesta del Gobierno fue aceptada por todos los representantes gremiales de los sindicatos, aunque aclararon que será debatida de manera previa en los plenarios.

Perczyk y los dirigentes sindicales convinieron un nuevo encuentro paritario para agosto próximo y mantener activa la Comisión de Seguimiento de la Evolución del Salario.

En otro plano de las negociaciones, los representantes sindicales entregaron al titular de la cartera el borrador de abordaje sobre situaciones de violencia en las escuelas en el marco del Convenio 190 de la OIT.

Por otro lado, los gremios docentes destacaron que los representantes del Ministerio hicieron entrega del Proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que lleva la inversión en educación del 6% al 8% del PBI.

En tanto, la Ctera volvió a plantear a los funcionarios de la cartera nacional que arbitre las medidas necesarias para la urgente resolución de los conflictos provinciales. E informó que se acordó que los salarios hasta $880.000 no paguen el Impuesto a las Ganancias sobre el aguinaldo.

Las voces de solidaridad y reclamo para que se reactiven las obras en la Escuela Nº 238 “Ricardo Torres Blanco” se siguen multiplicando, incluso este martes se llevó a cabo un abrazo solidario, tanto en el edificio en construcción, ubicado en Turner y San Lorenzo, sino también en la sede de la Escuela Nº 582, sito en Pellegrini 1485, donde funciona uno de los niveles de la institución (el otro opera en la Escuela Nº 1235 de Falucho y Turner).

Dentro de estas manifestaciones se encuentra la del Concejo Municipal que aprobó un proyecto donde se solicita al gobierno nacional que regularice el envío de las partidas dispuestas para esta obra y así poder retomar el ritmo de obra que permitió que, en menos de un año, se pueda alcanzar un avance del 60 por ciento.

Abrazo solidario al edificio de Turner y San Lorenzo.

El autor del proyecto fue el edil de Hacemos Venado y ex director de la Región VII de Educación Sebastián Roma, quien fue uno de los encargados de gestionar el reinicio de este proyecto tan importante para la ciudad y que permaneció por más de 7 años en estado de total abandono. En este sentido explicó que la resolución está dirigida al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk y plantea la posibilidad de normalizar el envío de fondos a la empresa Coirini SA (ganadora de la licitación) para retomar la obra.

Sebastiá Roma, autor del proyecto aprobado por el Concejo venadense.

“Después de permanecer durante 7 años parada, desde diciembre de 2015, nos habíamos ilusionados de que finalmente la escuela, que tanto viene peleando a través de toda la comunidad educativa, iba a tener su edificio propio. Los primeros pasos se dieron, porque la construcción se puso en marcha con un avance significativo que llegó al 60 o 70 por ciento, y es una pena que vuelva a quedar paralizada e inconclusa”, exclamó.

Roma también indicó que estuvieron hablando con referentes del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para conocer los detalles de lo sucedido y “analizando en conjunto las posibles soluciones, que hoy lo más sencillo es lograr que se remitan las partidas”, señaló. Y añadió: “En caso de no tener respuestas, una alternativa es que sea el gobierno provincial el encargado de llevar adelante los trabajos, sin embargo para ello se necesitaría un nuevo llamado a licitación o establecer pasos legales que llevarán su tiempo. El objetivo era poder tener el edificio listo para fin de este año, como estaba previsto en este pliego”.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, encabezó el marte el acto de adjudicación de casi 15 mil nuevas Becas Manuel Belgrano destinadas a estudiantes de grado y pregrado que cursan carreras vinculadas a áreas estratégicas para el país. Ese número se suma a los más de 21 mil que renovaron los estipendios del año pasado, se informó oficialmente.

“Este es un derecho para 36.000 estudiantes que cursan más de 200 carreras estratégicas para el desarrollo del país”, explicó el funcionario durante el acto que se llevó a cabo en la empresa Adox.SA, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Perczyk aseguró que “este Gobierno tiene la decisión política de mejorar la calidad de la educación”, y resaltó que “tenemos que construir un país en el que todas y todos puedan acceder a la universidad”.

Participaron también la secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Andrea García; el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco; el presidente de Adox, Javier Viqueira; y el ex pasante y responsable de desarrollo de la firma, Alberto Sánchez, entre otros.

García explicó que “vinimos a contarles a 14.859 universitarios que son las y los nuevos becarios del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Son estudiantes que han cumplido con su condición académica. Queremos invitarlas e invitarlos a ser parte de esta decisión política y presupuestaria que pretende que estudien, que trabajen y que aceleren el crecimiento nacional”, destacó.

Las becas Estratégicas Manuel Belgrano buscan promover el ingreso, la continuidad y la finalización de estudios de grado y pregrado en nueve áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico del país y la igualdad social. Esas áreas son Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, Energía convencional y alternativa, Gas y Petróleo, Logística y Transporte, Minería, Ciencias Básicas y este año se incorporó Filosofía.

Las becas tienen como meta impulsar la vinculación estratégica entre las universidades públicas, el sistema tecnológico-productivo nacional y el mercado laboral. Además, el programa tiene como objetivo otorgar un incentivo económico a las y los jóvenes que estudian carreras universitarias o tecnicaturas en el marco de las distintas disciplinas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país.

En las últimas horas trascendió que las obras de construcción de la Escuela N° 238 “Ricardo Torres Blanco” se paralizaron, luego de que Nación frenara el envío de los fondos para los trabajos. A raíz de esta situación, desde Amsafe General López convocaron a un abrazo solidario, que tendrá lugar este martes a las 18 frente al edificio, situado en San Lorenzo y Turner.

Según comentó la delegada del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Santa Fe en la zona sur, Liliana Rostom, se venía avanzando a buen ritmo, aunque dejaron de ingresaron los fondos dispuestos por el gobierno nacional para esta obra lo que derivó en su paralización. “Nosotros, desde la Provincia gestionamos, hicimos mucho para que se retomara la construcción (que se inició en 2015 y estuvo abandonada hasta el año pasado), pero ahora nos encontramos con esta realidad”, explicó la funcionaria.

Liliana Rostom, junto a la vicedirectora Claudia Alzogaray, recorrieron la obra y evaluaron los avances.

Asimismo, recordó que una de las cláusulas del contrato habla de la posibilidad de la suspensión temporaria de la obra, para evitar la generación de una deuda tan importante con la empresa y eso es lo que se hizo, paralizarla hasta que se normalice el envío de las partidas.

Cabe señalar que, la suspensión de los trabajos derivó en el despido de obreros por parte de la empresa que tenía a su cargo la obra. En este marco, Rostom responsabilizó directamente a la firma por esta determinación, ya que “tiene en marcha otras obras donde podrían haber sido incorporados estos empelados, sin embargo, lamentablemente, tomaron la determinación de despedirlos”, puntualizó. Y añadió: “Presentamos un listado con el nombre de estos trabajadores para ver si se pueden sumar a la obra de ampliación del Gasoducto Regional Sur, que van a necesitar obreros, cuando lo que nosotros queremos es que se retome la construcción de la escuela lo antes posible”.

Una vez más, la obra quedó paralizada.

Este presente que atraviesa la construcción del edificio de la Escuela N° 338 de Venado Tuerto motivó a que la delegación de Amsafe General López convoque a un “abrazo solidario” este martes 23 a partir de las 18, “en repudio de una nueva paralización de la obra iniciada en 2015”, expresaron desde el gremio docente.

Por Emerio Agretti

El gobernador Omar Perotti consideró “una decisión personal” la que tomó el presidente Alberto Fernández de no presentarse a la reelección, si bien no eludió que ese tipo de cuestiones “tienen impacto electoral en cada uno de los frentes”. Aún así, consideró que “siempre ayuda” que un funcionario pueda dedicarse exclusivamente a la gestión, sobre todo en un momento tan complejo como ésto.

“Es una decisión personal que él ha tomado, seguramente él valora que es un aporte a la mejora de las posibilidades electorales. Pero es un elemento de análisis interno. Para verlo en un sentido positivo, ojalá que le sirva al país”, añadió.

Perotti formuló declaraciones en el marco de la presentación del Foro de Capital, en la UNL. Y remarcó que “los anuncios de candidaturas y demás hoy están muy en el marco de cada uno de los frentes o de los partidos. Lo que hace bien es que el accionar diario de cada uno de los funcionarios nacionales, provinciales, locales, esté con gestos y acciones cercanas al día a día de la gente”.

Ante la pregunta de si esta decisión de alguna manera ayudaría a que el jefe de Estado “se enfoque más en la gestión”, Perotti respondió que “yo creo que siempre que se pueda tener el mayor tiempo de atención sobre las situaciones críticas y no la cabeza en varios lugares, sin duda que eso ayuda. Ojalá sea una decisión que posibilite un fortalecimiento en un momento difícil de Argentina, en un momento donde se necesita mucha unión para tener fortaleza en cualquier instancia de negociación internacional que permita mejorar las condiciones de vinculación de la Argentina.

El presidente recibirá al gobernador santafesino en la casa de gobierno. La imagen corresponde a junio pasado, cuando Fernández visitó la ciudad de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.

La imagen corresponde a cuando Fernández visitó la ciudad de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina “Todos conocen que el impacto real, concreto, de la sequía en la falta de exportaciones y en la falta de ingreso de divisas, no es sencillo de recuperar. Y la Argentina no tiene otra fuente de dólares hoy en funcionamiento. De allí que el cumplimiento de pautas internacionales a lo que se comprometió la Argentina requieren un replanteo. Tener un presidente dedicado exclusivamente a eso, acompañando al ministro de Economía en todas estas gestiones, creo que es lo mejor. Y cada uno de los integrantes de la política con sus aspiraciones y demás, también tener claro que es importante que la Argentina tenga un piso de consenso, que no se agrave detrás del tironeo, detrás de la expectativa política, detrás de la ventaja corta que a veces se busca en una coyuntura”, agregó Perotti.

En cualquier caso, el mandatario dejó en claro que este tipo de cuestiones “no es lo que la gente tiene la cabeza, que está pensando en cómo llegar a fin de mes, que le alcance el dinero aún teniendo trabajo”.

El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos por $ 10.000 millones, con tasas preferenciales de 40% y condiciones especiales que se destinarán a pequeñas y medianas empresas, jubilados y trabajadores que cobren haberes en esa entidad.

“En el día de la Memoria y a propósito de los 40 años de la restauración de la democracia, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, anunció un programa de financiamiento por $ 10.000 millones con tasas de 40% y condiciones especiales”, informó la entidad en un comunicado.

Batakis formuló este anuncio en la sede central de la entidad junto a la gerenta general, María Barros, y el titular del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo, durante un acto por el 47 aniversario del golpe cívico militar, en homenaje a los 31 empleados y empleadas detenidos y desaparecidos.

La presidenta del Banco Nación destacó “el compromiso del directorio, las gerencias y de todo el personal por el acompañamiento en el lanzamiento de la línea especial para conmemorar los 40 años de democracia, con condiciones preferenciales, a una tasa de interés de 40%”.

El destino de la línea de crédito será para inversiones en general y para recomposición de capital de trabajo, con una tasa nominal anual combinada del 40%, durante el primer año, y luego Badlar más 7 puntos porcentuales anuales para el resto del período.

“El monto máximo a prestar será de hasta $ 40 millones para inversiones y hasta $ 10 millones para capital de trabajo. El plazo alcanza hasta 60 meses para el primer caso y de hasta 18 meses para el segundo”, informó la entidad.

Otra de las líneas del programa está destinada a financiar a personas humanas pertenecientes al segmento micro.

Se trata de un préstamo con garantía a sola firma y con destino a inversión y capital de trabajo.

La línea de préstamos personales para jubilados, pensionados y quienes perciban sus haberes a través del BNA contempla un plazo de entre 24 y 40 meses, con un monto máximo de hasta $ 1 millón y una tasa nominal anual fija de 40% durante el primer año, para pasar luego al 48%.

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, firmaron este miércoles convenios con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. El objetivo de dichas rúbricas es potenciar la capacidad de respuesta de la cartera de Seguridad santafesina a la hora de prevenir los delitos cometidos en la provincia y acordaron establecer acciones conjuntas y coordinadas en materia de lavado de activos.

Durante el encuentro, los funcionarios nacionales y provinciales firmaron tres acuerdos que permitirán articular e implementar medidas concretas en el ámbito de justicia y seguridad. Los mismos buscan potenciar y fortalecer la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad santafesinas a la hora de prevenir y perseguir los delitos cometidos en el territorio de Santa Fe, como también implementar las políticas nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de forma conjunta con la provincia.

En ese marco, Arena destacó que “es sumamente trascendente para la provincia y un apoyo muy importante desde el Ministerio de Justicia. La provincia de Santa Fe hoy tiene una situación en la que se está avanzando respecto al combate a la narcocriminalidad y a delitos complejos, así que esta colaboración es sumamente trascendente para la provincia”.

Por su parte, Soria afirmó que “desde el gobierno nacional entendemos que la única manera de combatir al crimen organizado es a través de la articulación integral del Estado Nacional y las provincias. Los acuerdos que hoy estamos firmando son un paso más, nuevas medidas dentro de una serie de medidas que venimos implementando, para perseguir y prevenir el crimen organizado”.

En esta línea, el ministro destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de abrir la primera delegación de la UIF para la Región Central en Rosario y el trabajo que se lleva adelante desde el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado, a cargo del Ministerio de Justicia, que permitió dotar al Estado argentino de una Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de la primera Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobadas por unanimidad por los 14 organismos especializados de los distintos poderes del Estado.

El convenio específico, que lleva las firmas de Soria y Brilloni, implementa un sistema de intercambio de información, mediante el acceso por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, a la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor (DNRPA).

Gracias a este acuerdo, la cartera de Justicia otorgó al Ministerio de Seguridad provincial el mismo tipo de acceso a la base de datos informáticos de los Registros de la Propiedad del Automotor, que utilizan exclusivamente la Policía Federal Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a través de los motores de búsqueda habilitados para tal fin.

A partir de este momento, las autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe podrán utilizar la información almacenada en el DNRPA para comprobar en tiempo real la verdadera titularidad de los vehículos demorados o investigados por la Policía, como también examinar si sobre ellos pesan pedidos de secuestro, prohibiciones de circular, cautelares u otras medidas judiciales.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, afirmó: “Para nosotros es importante que la provincia pueda acceder a la base de datos que tiene en Registro de la Propiedad Automotor” y destacó que en la provincia ya terminaron el proceso licitatorio para la instalación y puesta en funcionamiento de radares para el control vial.

El acceso inmediato y la operación remota al sistema de información de la DNRPA por parte de Santa Fe estará a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, organismo competente en la materia que desarrolla sus funciones en la órbita del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La Dirección se ocupará de garantizar el acceso y fiscalizar el uso de la información por parte de la cartera de seguridad santafesina, con el objetivo de controlar el cumplimiento de la Ley 25.326, que regula el uso y protección de los datos personales de las personas almacenados en organismos públicos.

Finalmente, la ministra Arena destacó el convenio firmado entre las carteras de Justicia ya que “refleja acciones que venimos desarrollando en conjunto” y “profundiza líneas de trabajo, vinculadas a lo que significó el establecimiento de la UIF en Rosario, el Servicio Penitenciario, entre otros ejes que estamos llevando adelante”.

En representación de la provincia de Santa Fe participaron también el secretario de Seguridad de Santa Fe, Marcos Romero; la secretaria de Gestión Federal provincial, Candelaria González del Pino; el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo; y la directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Antonella Cerutti. Mientras que el ministro Soria estuvo acompañado de la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Gimena del Rio, y la directora Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza.

Este viernes al mediodía se desarrolló en Buenos Aires una reunión entre el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el ministro del Interior, “Wado” de Pedro y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en donde se firmó un convenio para dotar de inteligencia y cámaras de videovigilancia a Rosario, en el marco de la extrema violencia que se vive hace meses en el sur santafesino.

Al término del encuentro, el mandatario provincial volvió a insistir sobre el pedido de fuerzas federales en el territorio y la necesidad de la “activación” parlamentaria para dotar de herramientas a la Justicia Federal en Santa Fe.

“Tenemos que enfrentar un problema estructural que es la seguridad en Santa Fe, particularmente en Rosario. Las bandas delictivas han crecido en magnitud, en incorporación de tecnología, en los métodos con violencia en la disputa del territorio. Eso requiere fuerzas mejor equipadas, presencia y dinámica superior a la que tenemos. Por eso, la necesidad de un apoyo federal más importante. Cuando hablamos de esto, pedimos una mayor dinámica de las fuerzas federales en territorio. Requiere logística, recursos y más personal. A eso hay que sumarle el despliegue territorial necesario para tener un mayor control donde tenemos esquemas de violencia”, señaló Perotti.

Al ser consultado por CNN Radio por sobre las expresiones del ministro de Seguridad nacional, el gobernador aseguró: “Se lo dijimos al ministro (Aníbal Fernández) que si eso es todo lo que había que dar no alcanza. Afortunadamente, el presidente de la Nación lo ha comprendido. En el día de ayer dijo que ‘hay que hacer algo más’ y es así”. Y agregó: “Las fuerzas federales puedan tener más logística, más equipamientos y más posibilidades de contar con personal. A su vez, cuando hablo de aporte federal a Santa Fe, hago referencia a tener tratamiento en el Congreso de la Nación de varias cuestiones”.

Acto seguido, Perotti enumeró dos puntos importantes que están en la órbita del Poder Legislativo y, según la mirada del mandatario ayudaría en la cuestión. “Primero una ley que los legisladores santafesinos han presentado para darle una nueva estructura para darle a la Justicia Federal en Santa Fe; estamos con la misma estructura de jueces y fiscales que hace 30 años. Está el compromiso y fue parte de lo que se habló con el Jefe de Gabinete y la relación del Ejecutivo con las cámaras, el miércoles que viene, las comisiones de Justicia y Legislación Penal tratarán el proyecto para darle despacho”, dijo.

Y sumó: “Por otro lado, el pedido para que el Senado se reúna y pueda tratar los pliegos que están aprobados en la Comisión de Acuerdos y que está esperando que se desarrolle una sesión para poder hacerlo”.

Una de las impactantes imágenes del ataque al supermercado. Crédito: Marcelo Manera

Cuando se le preguntó por el hecho puntual de la balacera al comercio vinculado a la familia de Leo Messi, Perotti contestó que obviamente se buscó la difusión que finalmente tuvo.

“No fue un episodio nuevo, es uno de los tantos que se están dando. Por lo cual la necesidad de tener una mayor presencia de efectivos, de logística, de videovigilancia que podamos sumar”, argumentó el gobernador.

Y aportó: “Estamos en una situación que podemos superar, por eso el rechazo a las expresiones del ministro Fernández cuando habla de ‘los narcos han ganado’. Creo que estamos en condiciones de revertirlo. Se necesita una fuerte coordinación, respaldo federal y mucha unidad en las expresiones políticas”.

Sobre el convenio firmado este viernes, el mandatario santafesino resaltó que “venimos trabajando hace tiempo para poder incorporar la aplicación que ha diseñado el Ministerio del Interior a través del Renaper para poder identificar y validar la identidad. Tanto del documento como el facial”.

Y cerró: “Seremos la primera provincia en contar con esta tecnología. Sin dudas que con el necesario fortalecimiento de la institución policial y de las fuerzas federales en su accionar. Será de mucha utilidad. Hemos sumado un aporte del Ministerio del Interior para la adquisición de 600 cámaras que van a ser colocadas en Rosario. Le daremos la mayor celeridad a la compra”.

El que también habló con la prensa fue el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi. En sus palabras, el funcionario sostuvo: “Compromiso inclaudicable desde el gobierno nacional de seguir trabajando, de profundizar todas las tareas que venimos realizando para combatir ese flagelo que tanto nos preocupa a los santafesinos que es la problemática de la inseguridad”.

A su turno, de Pedro resaltó que con este aporte “estamos poniendo las herramientas del Gobierno nacional a disposición de cada uno de los gobernadores y gobernadoras para que puedan fortalecer y tecnificar la lucha contra el crimen organizado”. A la vez, tras poner en valor que se trata del primer convenio con una provincia, dejó en claro que el Gobierno nacional “reconoce la urgencia y apuesta a todas las fuerzas políticas para la coordinación, Nación, Provincia y Municipios donde tengamos avance del crimen organizado”.

En la firma del convenio también estuvieron presentes el director nacional del Renaper, Santiago Rodríguez; la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano; el ministro de la Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach; y la secretaria de Gestión Federal de esa provincia, Candelaria González del Pino.

Por Ivana Fux

Tras un fin de semana atravesado por un duro cruce de acusaciones entre provincia y Nación a raíz del drama que padece la ciudad de Rosario en materia de seguridad, ambas jurisdicciones retomaron el diálogo. Fue a partir de una reunión que este lunes a última hora mantuvo el gobernador Omar Perotti con el presidente Alberto Fernández. El encuentro fue a solas en Casa Rosada sin prensa ni fotógrafos. Fue tenso en el inicio, con reproches y con compromisos asumidos, después.

Según pudo saber El Litoral, el presidente se comprometió – por ejemplo- a “revisar” el accionar de la Nación en territorio santafesino para intentar frenar el avance violento del narcotráfico. Prometió, también, acelerar la instalación en Rosario de una sede la Unidad de Información Financiera (UIF), y enviar al Congreso en extraordinarias los proyectos para fortalecer la estructura de la justicia federal en la provincia. Perotti pidió, además, que se instalen inhibidores de señales en los penales federales, e insistió en la necesidad de reforzar la presencia de fuerzas federales en Santa Fe, pero con más logística y recursos para garantizar un mejor despliegue y desplazamiento. El gobernador le pidió al presidente, además, que “se involucre” y registre lo que “a diario” sucede particularmente en Rosario, sobre la base de ratificar que el problema es también de Nación atentos a que los ilícitos más resonantes son de jurisdicción federal.

Perotti repitió ante el presidente lo que había dicho más temprano en declaraciones periodísticas en esta ciudad; el mandatario le planteó que desde este miércoles, tendrá en su gabinete a un hombre que conoce Rosario a su perfección para narrar en primera persona lo que allí sucede. Perotti aludió a Agustín Rossi, quien asumirá en las próximas horas como Jefe de Gabinete. Fue una expresión con ironía; ambos – Rossi-Perotti- prácticamente no tienen relación desde la confrontación interna que protagonizaron en las últimas elecciones legislativas nacionales. El gobernador también tiene un vínculo espinoso – quedó a la vista con el cruce del último fin de semana- con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. La política partidaria es la que dejó huellas y mella los lazos en los dos casos. La institucionalidad debería estar por encima de las rencillas internas; la gravedad de los hechos que mantienen en vilo a la sociedad no deja margen para otra cosa. El gobernador dice estar dispuesto a “no mezclar” la política con ello; resta saber qué actitud adoptará el resto de los interlocutores.

La conversación – discusión, en los primeros tramos- de este lunes en Casa Rosada fue el corolario de una confrontación verbal que fue escalando entre el propio Perotti y Aníbal Fernández. Tras nuevas balaceras en Rosario, el mandatario había reclamado a Nación mayor asistencia; el ministro respondió diciendo que Perotti no sabía de seguridad y que debía ser el propio gobernador quien resolviese el problema con su policía. Perotti replicó con una sentencia: “La Nación abandonó a Santa Fe”. El domingo, la respuesta de Nación llegó a través de una solicitada publicada en los diarios con la enumeración de las acciones supuestamente desplegadas durante los últimos meses en territorio santafesino. Mientras los cruces discursivos se generaban, más víctimas se sumaban a la lista que en la ciudad de Rosario, ya cuenta casi cuarenta crímenes en lo que va del año.

La violencia extrema en Rosario elevó el nivel de discusión entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y la Nación. Este lunes por la mañana, Omar Perotti volvió a hablar sobre el tema, luego de una publicación de Casa Rosada a modo de balance de lo hecho en el territorio rosarino.

El mandatario provincial dejó en claro que “la dimensión de lo que ocurre en la provincia, particularmente en Rosario, amerita no solamente tener diálogo, sino que fortalecerlo y mejorarlo. Que tengamos cambios y miradas diferentes sobre cómo se interpreta el tema, creo que es evidente. Nunca vamos a dejar de dialogar pero no vamos a aceptar recibir, menos de la ayuda que creemos Rosario y la provincia merecen”.

En sus declaraciones a la prensa en Bella Italia, Perotti reclamó: “Lo que necesitamos es que las modalidades en las que las bandas delictivas, estas lacras, se mueven y cambian permanente, requieren una actualización de las fuerzas federales, de su coordinación y presencia en la provincia. Ha habido momentos de fuerte presencia en números en Rosario que se valoró y ahora reclama. No es que se piden cosas que no existieron o vinieron nunca”.

En ese sentido, el gobernador santafesino agregó: “Hubo un despliegue mucho más fuerte de las fuerzas federales de la que tenemos hoy. De eso trata, de poner en la dimensión de lo que es la necesidad cotidiana de escuchar a la gente”.

En su alocución, Perotti no sólo reclamó presencia de efectivos de fuerzas federales sino también de un trabajo coordinado entre el MPA y la policía provincial. “A la par necesitamos que el esquema federal crezca. La magnitud y la diversidad de los hechos federales son los que crecen y movilizan el mayor nivel de violencia es donde se debe tener ese acompañamiento. Que desde las cárceles federales se esté incitando y coordinando hechos delictivos, de accionar de sicarios y balaceras, sin dudas requiere una presencia federal más fuerte. Desde la provincia no podemos controlar esas cárceles. Tenemos que mejorar las nuestras y lo estamos haciendo como en Coronda con el control de ingreso nuevo que se inauguró”, señaló.

El mandatario santafesino fundamentó este pedido al decir: “Exigimos más porque ingresa droga y armamentos. Y desde las cárceles federales se coordinan los hechos delictivos. Si esto no amerita una presencia federal en la ayuda realmente no entendemos el proceso. Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio y Rosario y Santa Fe son parte. Es la prioridad que queremos tener”.

Sobre el final, Perotti también direccionó el reclamo hacia los legisladores nacionales. “Pedimos que nos acompañen en la sanción de las leyes que nos permitan tener una estructura que fortalezca la justicia federal en la provincial. Lamentablemente, no hemos conseguido que el Congreso de la Nación trate ni los nombramientos que se necesitan en las vacantes ni la constitución de la comisión bicameral que permita poner en marcha el sistema acusatorio en la provincia”, cerró.

En un tramo de su declaración a los periodistas, Perotti hizo mención a quienes protagonizan los hechos de violencia en el sur santafesino. “Que ese puñado de lacras no empañe lo que es una ciudad que tiene mucho esfuerzo y trabajo. El grueso de los rosarinos empuja a la ciudad, la quiere y la tiene de la mejor manera. Y la quiere seguir teniendo pero con tranquilidad y no verse sometida a estos permanente enfrentamientos”.