(Por Nicolás Loyarte) - Miembros de la Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de Fuego de la Provincia de Santa Fe (ALUASAFE) explicaron los alcances de la decisión tomada por el Gobierno Nacional el lunes pasado, cuando oficializó una serie de cambios en la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429.

De acuerdo a lo explicitado por autoridades nacionales, el objetivo es actualizar los criterios de control, tenencia y uso de armas de fuego en el país. Las modificaciones fueron establecidas a través del decreto 306/2026, publicado en el Boletín Oficial, e incluyen reformas en la clasificación de armas y municiones, las condiciones de acceso y portación, los procesos de sucesión y transferencia, y las competencias del organismo registral.

En Santa Fe “estamos esperando la reglamentación de esta modificación, o sea la letra chica, porque el decreto es muy amplio”, advirtió Claudia Córdoba, desde la ALUASAFE, al tiempo que anticipó que el mismo “recalca algunas cuestiones que ya estaban en la ley, y se incorporan algunos elementos como los supresores de sonido y miras que antes estaban prohibidas”.

La nueva normativa establece que el acceso y la portación de armas no podrán estar sujetos a “limitaciones irrazonables o desproporcionadas”, en línea con los derechos constitucionales y el principio de reserva. A la vez, regula de manera integral la adquisición, uso, tenencia, transporte, importación e introducción al país de armas de fuego, explosivos, pólvoras, agresivos químicos y otros materiales considerados de uso civil o de guerra.

En el Tiro. Guillermo Di Salvatore.

“El tema de la portación de armas, que es un tema que se venía hablando a nivel gubernamental, no es que se flexibiliza, sino que se replantea, con una evaluación exhaustiva”, indicó Córdoba. “Todos los usuarios legítimos civiles la podrán pedir, cumplimentando una serie de requisitos estrictos”, agregó, pero “siempre va a quedar a criterio de la autoridad de aplicación” —históricamente el Registro Nacional de Armas (Renar) y luego la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)—.

El decreto también retoma modificaciones introducidas en 2025 mediante los decretos 397 y 409, que avanzaron en la modernización de los procesos de adquisición y registración, especialmente para personal de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad federales y policías provinciales.

Entre los principales cambios, se actualizó el listado de armas, dispositivos y municiones de uso prohibido. La nómina incluye escopetas de cañón corto por debajo de los 380 milímetros, dispositivos capaces de convertir armas semiautomáticas en automáticas, armas de fuego disimuladas en objetos de uso cotidiano —como lapiceras o bastones—, así como distintos tipos de munición considerados de alto poder destructivo o letal, como proyectiles expansivos (fuera de la caza o el tiro deportivo), perforantes, explosivos, incendiarios o envenenados. También se prohíben agresivos químicos de efectos letales y armas electrónicas diseñadas con ese mismo fin.

La normativa aclara que la prohibición alcanza no solo a la utilización de estos materiales, sino también a su adquisición, tenencia, portación, transporte, transferencia e importación. No obstante, se prevé que determinadas municiones puedan ser utilizadas por fuerzas de seguridad en el marco de sus funciones.

La nueva disposición "ratifica la prohibición de uso civil de munición expansiva para defensa, salvo en los polígonos de tiro, a donde se puede ir a practicar tiro al blanco bajo las normas actuales", aclaró Córdoba.

Por otra parte, el decreto redefine la categoría de armas de uso civil condicional, incorporando armas portátiles no incluidas en otras clasificaciones y aquellas que hayan dejado de ser de dotación oficial. En este grupo también se incluyen dispositivos como supresores de sonido y miras nocturnas especialmente diseñadas para el tiro en condiciones de baja visibilidad.

Armas, sólo con registro y control. Guillermo Di Salvatore.

Sobre este punto, Córdoba mencionó que las miras nocturnas y supresores podrán ser utilizados en polígonos de tiro y actividades recreativas como la caza, por lo que esos materiales deberán ser registrados como de uso civil condicional”.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la flexibilización de los trámites para la registración de armas heredadas. A partir de ahora, los herederos podrán inscribir el armamento ante el Registro Nacional de Armas (Renar) sin necesidad de contar previamente con una declaratoria judicial, siempre que acrediten el vínculo con el titular fallecido mediante la documentación correspondiente, como partidas de nacimiento, matrimonio o defunción.

El texto oficial precisa que este procedimiento no implica el reconocimiento de la calidad de heredero ni de la propiedad del arma, sino que se limita a regularizar su tenencia y mantener la trazabilidad estatal del material.

“En Santa Fe no cambia ni afecta en nada en particular”, resumió Córdoba, porque “es una medida nacional que tiene implicancias en todo el país”. Luego destacó la “ratificación de la edad mínima de 18 años para ser legítimo usuario de armas, la validez de 5 años de la credencial de portación, la digitalización de todos los trámites, la simplificación de trámites de armas heredadas”.

Respecto de este último punto, Córdoba mencionó que “antes había que recolectar gran cantidad de papeles, en cambio ahora simplemente con acreditar el vínculo de parentesco con la persona fallecida se podrá registrar a su nombre, evitando la burocracia y pérdida de tiempo”.

Mediante el decreto N° 1324 del 27 de junio, el Poder Ejecutivo de Santa Fe adjudicó a las empresas Bersa SA y Punto de Impacto S.A., la compra de dispositivos de seguridad no letales para la Policía de Investigaciones de la provincia. Se trata de "armas accionadas por cartuchos de CO2 para disparo de proyectiles cinéticos redondos de calibre 68, y proyectiles con agresivos orgánicos/químicos".

El decreto convalida lo actuado a través de la "licitación acelerada Nº 05/25" promovida por el Ministerio de Seguridad de la provincia. A dicha compulsa se habían presentado las dos empresas mencionadas que resultaron adjudicatarias del material adquirido. El material estaría disponible para las fuerzas en el término de unos setenta días, según pudo saber El Litoral.

Santa Fe suma tecnología a sus fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el decreto, la firma Bersa resultó adjudicataria de elementos y armas no letales por un total del 414.882.558 pesos. Concretamente, la firma deberá proveer:

Así es la pistola.

A la firma "Punto Impacto", en tanto, se le adjudicó la compra de quince mil proyectiles de entrenamiento para armas no letales Calibre 0,68", marca Cover, por la suma de 5.700.000 de pesos.

Así es el rifle.

Las armas no letales serán distribuidas en distintos puntos de la provincia y se utilizarán en el marco de un proceso sujeto a monitoreo, y que implicará la formación y entrenamiento de los efectivos que las utilizarán. La decisión de incorporarlas para uso policial la anunció el gobierno provincial en noviembre del año pasado.

Según mencionaron las autoridades, la incorporación será esencialmente "con fines antitumulto". El proceso de adquisición de este tipo de armamento incluye las pistolas Taser.

Al respecto, el subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad, Armando Faraón, dijo que con dichos dispositivos "le estamos otorgando a la policía una herramienta de control y defensa con una letalidad infinitamente menor a las armas de fuego".

Y agregó el funcionario que "si bien las armas no letales no existen, éstas tienen una muy baja intensidad de corriente, que logra inmovilizar a quien recibe el disparo para ser reducido por el agente".

Estas pistolas "son pensadas para los agentes caminantes y ese tipo de patrullamientos", dijo el funcionario; y se recomienda el uso solo para reducir a personas que se encuentran en un estado de alteración o bajo efectos de estupefacientes.

La compra se hizo a través de una licitación acelerada, oficializada por decreto.

En el sitio web de la firma, se explica que la distancia efectiva de este tipo de armas es de 20 metros y que los “disparos contienen productos orgánicos o químicos y pueden incapacitar a un atacante hasta 30 minutos”.

La pistola adquirida como se dijo es de calibre 68. Según consta en el sitio oficial de la empresa que la produce, el dispositivo cuenta con los siguientes rasgos:

Mientras que la larga, presenta las siguientes características:

Otras fuerzas policiales de Argentina cuentan con este tipo de dispositivos. En 2024, Córdoba adquirió un lote del mismo modelo que compró recientemente Santa Fe. También el año pasado, hizo lo propio el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, dotó de este tipo de arma a la Policía Aeroportuaria (PSA).

La PSA ya cuenta con estos dispositivos.

En las últimas horas personal de la Policía de Investigaciones, del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó a cabo un allanamiento en un predio ubicado en calle Díaz Vélez al 2800 en la ciudad de Casilda.

Todo se dio en el marco de una investigación por un hecho de hurto, donde se procedió a la aprehensión de N.S. de 56 años, y al secuestro de un arma de fuego calibre 22, municiones, telefonía celular, 25 kilogramos de cobre, un juego de griferías y dinero en efectivo por una suma de $561.540.

En tanto, el Departamento operativo de Investigación de PDI, Distrito Casilda, lo que posibilitó librar, bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, la orden de allanamiento que culminó con resultados positivos.

El individuo en cuestión fue detenido e incomunicado a la espera de la correspondiente audiencia imputativa. La causa se encuentra a cargo del fiscal Emiliano Ehret del MPA Casilda.

Cabe destacar que el comercio no se encontraba habilitado y fue clausurado por personal de la Municipalidad de Casilda.

La Gendarmería Nacional detuvo a tres ciudadanos chilenos, uno de ellos activista mapuche, cuando transportaban municiones y ropa camuflada tipo militar en un automóvil que transitaba por un paso no habilitado por la provincia de Neuquén, cerca de la frontera con Chile. Lo anunció este domingo el ministro del Interior, Aníbal Fernández, en su cuenta de Twitter.

El operativo de Gendarmería se realizó este sábado en el Cerro Mahuida, de esa provincia patagónica.

Qué dijo Aníbal Fernández sobre el operativo en Neuquén

Aníbal Fernández anunció el triple arresto en su cuenta de Twitter. “El día de ayer, una patrulla de Gendarmería detuvo en el Cerro Mahuida (Neuquén) un vehículo con 3 ciudadanos chilenos portando 62 municiones calibre 357, 101 municiones calibre 22, varios cartuchos y ropas camufladas tipo militar, transitando un paso no habilitado”, escribió el funcionario.

Gendarmería patrulla El Bolsón para frenar la conflictividad mapuche

En otro mensaje, el ministro dijo que “la Administradora de Aduana decide la incautación de la totalidad de las mercaderías y los responsables migratorios deciden la expulsión de los ciudadanos chilenos a su país de origen”.

“Al coordinar con autoridades chilenas, solicitan refuerzos a carabineros por seguridad en paso fronterizo lado chileno, siendo uno de los detenidos activista mapuche. 2 fueron expulsados vía Pino Hachado, el tercero Migraciones permitió su permanencia debido a doble nacionalidad”, indicó.

Los arrestos se produjeron después que la semana pasada el ministro Aníbal Fernández se reunió en Buenos Aires con el subsecretario del Interior de Chile, Juan Francisco Galli para analizar el conflicto mapuche en ambos lados de la frontera.

Desde Santiago de Chile, Galli confirmó que se reunió con Fernández “para coordinar acciones colaborativas”. “Coordinamos avanzar en medidas para enfrentar la violencia y el crimen organizado en la Macrozona sur de Chile y Argentina”, indico Galli a través de su cuenta en Twitter.

Los arrestos se produjeron en medio de un recrudecimiento del conflicto mapuche El triple arresto en un paso fronterizo no habitado en Neuquén se enmarca en un proceso de recrudecimiento del conflicto mapuche en ambos lados de la frontera.

Fueron quemadas más de seis toneladas de marihuana secuestradas por Gendarmería

En Chile el miércoles pasado se divulgó un video del grupo Weichan Auka Mapu donde se ve a una treintena de sus integrantes con armas y las caras tapadas. Un vocero de la organización exigió al gobierno de Sebastián Piñera que cese la militarización en el sur del país.

Piñera decretó el estado de excepción a mediados de octubre en la zona. En tanto, en Argentina, en octubre último se registraron varios ataques incendiarios en diversos puntos de la provincia de Río Negro. El presidente Alberto Fernández ordenó enviar efectivos de la Gendarmería nacional a patrullar la zona afectada.

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