En el marco del incremento del tránsito por rutas nacionales y provinciales con motivo de las vacaciones, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe brindó información de interés público sobre los requisitos que debe cumplir una multa de tránsito para ser considerada válida en el territorio nacional.

Actualmente, gran parte de las fiscalizaciones de tránsito se realiza con radares y sistemas automáticos. De acuerdo con la legislación vigente, para que un radar de control de velocidad opere legalmente debe estar homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y la autoridad de aplicación es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, su ubicación debe encontrarse previamente aprobada y correctamente señalizada en la vía pública. Cuando alguno de estos requisitos no se cumple, la infracción puede ser considerada nula.

Los conductores pueden consultar el listado de radares habilitados en todo el país en el sitio web oficial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde se detallan tanto los dispositivos fijos como los móviles. Ante cualquier duda o inconveniente relacionado con una fotomulta, los automovilistas pueden comunicarse con la mesa de ayuda de la Agencia Nacional de Seguridad Vial al 0800-122-2678 o enviar un correo electrónico a consultasradares@seguridadvial.gov.ar adjuntando copia de la infracción recibida.

La Disposición ANSV 104/2009 aprobó el modelo único de acta de infracción. Cuando una notificación por fotomulta llega al domicilio del titular del vehículo, entre los datos obligatorios que deben figurar se encuentran el número de identificación del radar utilizado, el nombre del municipio o autoridad que labró la infracción, la fecha completa del hecho con día, mes, año y hora, la ruta y kilómetro exacto donde se produjo la presunta infracción, la velocidad máxima permitida y la velocidad registrada del vehículo expresadas en kilómetros por hora, la firma de la autoridad interviniente, la matrícula habilitante del operador del radar otorgada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y los datos de contacto del Juzgado de Faltas o Tribunal Administrativo competente. La omisión de cualquiera de estos elementos puede invalidar el acta de infracción.

En el caso de operativos móviles de control de velocidad, para que sean considerados válidos deben cumplir con requisitos específicos. Debe haber señalización con conos ubicados entre mil y quinientos metros antes del radar, un cartel que indique la presencia del radar, otro cartel que señale la velocidad máxima permitida, y el agente de tránsito debe contar con matrícula habilitante para operar el radar. El incumplimiento de estos requisitos mínimos de señalización constituye causal de nulidad de la infracción labrada.

En el caso de comprobación por parte de personal de tránsito, la normativa vigente señala que las autoridades deben identificarse ante el presunto infractor indicándole la dependencia inmediata a la que pertenecen, utilizar el formulario de acta reglamentario y entregar copia al presunto infractor, salvo que este no se identificare o se diere a la fuga, circunstancia que deberá constar en el acta.

Respecto de los plazos para ejercer el derecho de defensa mediante la presentación de descargos, existen diferencias según la jurisdicción. Por este motivo, la Defensoría del Pueblo recomienda que al recibir la notificación, las personas se comuniquen cuanto antes con el juzgado o tribunal interviniente, cuyos datos aparecen en el documento, para conocer los plazos.

La Defensoría del Pueblo recuerda a la ciudadanía que la presentación de un descargo implica la renuncia automática al beneficio del pago voluntario con descuento del cincuenta por ciento sobre el valor mínimo de la sanción, por lo que se recomienda evaluar cada situación particular antes de ejercer este derecho.

Los fundamentos válidos para presentar descargo incluyen que el radar no esté homologado por la autoridad competente, lo cual anula el acta y la infracción; la inexistencia de la infracción imputada; defectos formales en el acta que afecten su validez, tales como la imposibilidad de lectura de la patente en una fotomulta; falta de notificación fehaciente; incumplimiento de los requisitos mínimos de señalización en operativos móviles; falta de identificación del funcionario actuante y ausencia de entrega de copia del acta al presunto infractor, entre otros.

En ese sentido, la institución protectora de derechos invita a todas las personas que tienen dudas o consultas sobre multas de tránsito a que se acerquen a cualquiera de las sedes y oficinas de atención o se contacten por las vías de comunicación que pueden consultarse en www.defensoriasantafe.gob.ar

En un intento por reforzar el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación en niños y niñas, el Gobierno de Mendoza implementó una nueva reglamentación que contempla severas sanciones para los adultos responsables que no lleven a cabo esta obligación.

La medida, impulsada por el Ministerio de Salud de la provincia, encabezado por Rodolfo Montero, establece multas económicas de hasta $336.000, trabajos comunitarios y penas de arresto de hasta cinco días.

La resolución se enmarca en el artículo 119 del Código Contravencional de Mendoza y apunta a proteger el derecho a la salud de los menores, garantizando que accedan a todas las vacunas establecidas por ley, independientemente de la voluntad de sus padres o tutores.

Además de las sanciones económicas, la normativa establece mecanismos de control y denuncia para asegurar su cumplimiento efectivo.

En caso de detectar un incumplimiento, las autoridades otorgarán un plazo de 30 días para regularizar la situación. De persistir la negativa, se activará un protocolo que involucra a diversas instituciones provinciales.

Uno de los aspectos más novedosos de esta iniciativa es la responsabilidad que se le otorga a docentes y personal del sistema de salud. A partir de ahora, tanto las escuelas como los efectores de salud —públicos y privados— estarán obligados a informar a las autoridades si detectan que un niño o niña no recibió las vacunas obligatorias correspondientes a su edad.

El procedimiento ante la detección de un caso comienza con la notificación a las autoridades sanitarias, quienes deberán ofrecer un plazo de 30 días para que la aplicación de las vacunas se concrete, incluso en otro centro asistencial.

Si esa instancia se agota sin resultados, la situación será derivada al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y luego se procederá a efectuar la denuncia formal ante la Policía, la Justicia o el municipio.

También se aclara que cualquier agente o funcionario público que tome conocimiento de que se está vulnerando el derecho del niño a la vacunación tiene el deber de informar el caso a las autoridades competentes.

El artículo 119 del Código Contravencional provincial es el que respalda legalmente estas medidas. Allí se establece que la persona que no cumpla con el esquema de vacunación infantil puede enfrentar una multa de $336.000, ser arrestada por un período de hasta cinco días, o realizar trabajos comunitarios como alternativa, principalmente en centros asistenciales u hospitales públicos.

Además de aplicar las sanciones, las autoridades registrarán estos casos en una base de datos que permitirá elaborar estadísticas vinculadas a la vacunación. Con esta herramienta, se buscará identificar patrones de incumplimiento y diseñar políticas públicas más efectivas para aumentar la cobertura.

a Secretaría de Comercio de la Nación, a cargo de Matías Tombolini, multó a varias cadenas de supermercados por más de 400 millones de pesos debido a incumplimientos respecto al acuerdo de precios, stock y señalética del programa Precios Cuidados, que corresponden a infracciones a los artículos 4° y 7° de la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240).

Se trata de seis cadenas en total sancionadas por $217.500.000, $138.600.000, $26.600.000, $19.200.000, $2.400.000 y $450.000. Las multas efectivizadas por la Secretaría alcanzan un total de $404.750.000.

De esta manera se agiliza y ordena el cumplimiento de infracciones pendientes por los periodos 2020 y 2022.

Además de regularizar las multas, se está poniendo en marcha el nuevo ordenamiento para la trazabilidad de las importaciones.

En la misma línea, el Gobierno nacional publicó este viernes en el Boletín Oficial la resolución que refuerza la fiscalización de rotulados y etiquetas para evitar confusión de productos a la hora de comprar. Adicionalmente, verificadores de la Secretaría encabezan diariamente operativos en distintos comercios para corroborar el cumplimiento de los acuerdos voluntarios que se establecen con diferentes sectores.

La canasta contemplada en el programa Precios Cuidados incluye 450 productos de marcas líderes, de los rubros almacén, lácteos, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos y bebidas. La nueva etapa estará vigente hasta el 7 de enero de 2023.

Asimismo, se renovó hasta el 7 de noviembre el acuerdo de precios en siete cortes de carne vacuna.

Los aumentos acordados con las empresas de consumo masivo son de 3,3% en octubre, 4,7% en noviembre y 4,4% en diciembre.