Donald Trump fue multado con 10.000 dólares el miércoles, después de que el juez de Nueva York que supervisa su juicio por fraude civil dijera que el expresidente de Estados Unidos violó por segunda vez una orden de silencio que le prohibía denigrar al personal del tribunal.

El juez Arthur Engoron impuso la orden el 3 de octubre, después de que Trump compartiera en redes sociales una foto de la principal secretaria del magistrado posando con el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, y la llamara falsamente "novia" del congresista.

El magistrado, deduciendo que el exmandatario se refería a su secretario, calificó los comentarios de violación "flagrante" de la orden de silencio. Los mismos se produjeron mientras Michael Cohen, su antiguo abogado y apañador, testificaba por segundo día contra él.

Trump, favorito para ganar la nominación del Partido Republicano a la presidencia y enfrentarse al demócrata Joe Biden en las elecciones de 2024, abandonó la sala tras la multa.

El juicio se refiere a acusaciones de que el republicano y su empresa familiar, la Trump Organization, manipularon ilegalmente el valor de sus activos y su patrimonio neto para engañar a prestamistas y aseguradoras. El caso podría acabar con el imperio empresarial del ex mandatario.

Los padres de una estudiante que participó en la toma de un colegio en Barracas, Buenos Aires, hace un año, están siendo demandados por parte de la Procuración porteña. La demanda exige el pago de 1,4 millones de pesos en concepto de resarcimiento por los salarios perdidos y los costos de mantenimiento incurridos durante los días de toma en septiembre de 2023.

La historia se desencadenó cuando Juana D., una alumna de 16 años que asistía al Instituto Superior de Formación Artística Manuel Belgrano en 2022, publicó en sus redes sociales una notificación que llegó al domicilio de su madre. La notificación, enviada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezaba con la frase "Inicia demanda por daños y perjuicios".

En su publicación, Juana explicó que la demanda asciende a casi 3 millones de pesos en forma de resarcimiento debido a la toma del colegio el año anterior, en la que participó junto a compañeros del ESEA Manuel Belgrano y estudiantes de otros colegios. Los cargos que enfrentan incluyen daños y perjuicios.

Los montos varían según los daños causados y los días sin clases en cada colegio tomado.

La acción de la alumna generó un debate público sobre la persecución de los derechos estudiantiles y la criminalización de las protestas estudiantiles.

La demanda, que asciende a 1,4 millones de pesos, está dirigida a dos madres, incluida Brenda, la madre de Juana, y otra adulta que optó por mantenerse en el anonimato. Los montos varían según los daños causados y los días sin clases en cada colegio tomado.

Las tomas de colegios en septiembre de 2022 se llevaron a cabo en protesta por mejoras en las instalaciones escolares, mayor calidad en las viandas y preocupaciones sobre la higiene y la presencia de roedores.

La notificación, enviada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezaba con la frase "Inicia demanda por daños y perjuicios".

Después de que los colegios volvieron a la normalidad, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta denunció penalmente a 240 padres y madres de estudiantes involucrados en las tomas. Según el Ministerio de Educación, están en curso varias denuncias por daños y perjuicios por un total de 61.045.571 pesos. Hasta ahora, se ha notificado a 67 adultos responsables y se espera notificar a otros 13 padres en relación con las tomas.

Brenda, la madre de Juana, se siente sorprendida por la demanda y afirma que no tiene los recursos para pagarla. Además, considera que hay un sesgo ideológico en todo el proceso y planea reunirse con otros padres afectados para tomar medidas colectivas.

El Ministerio de Educación justifica estas demandas argumentando que las tomas impidieron el normal dictado de clases y causaron la pérdida de control de las autoridades escolares.

El organismo argumenta que las tomas fueron acciones ilegítimas y que los adultos responsables deben asumir la responsabilidad de los daños ocasionados por sus hijos. La ministra de Educación, Soledad Acuña, enfatiza la importancia de enseñar a los estudiantes sobre la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones desde una perspectiva adulta.

Luego de que el intendente Leonel Chiarella informara sobre la multa millonaria que el frigorífico Swift debió abonar en virtud de las irregularidades ambientales detectadas en su planta de Venado Tuerto, el secretario de Desarrollo Productivo Santiago Meardi brindó un detalle del plan de obras e inversión que también tendrán que desarrollar la empresa.

“La sanción económica de 50 millones de pesos ya fue pagada, pero también implicó la remediación del volcado, un estudio con profesionales para determinar el daño ambiental y después el retiro de esos efluentes con camiones atmosféricos junto a la Cooperativa de Obras Sanitarias”, indicó.

A su vez contó que “se inició en el frigorífico una obra interna, una cámara séptica integral desde la cual se retiran los líquidos cloacales en camiones” con cierta periodicidad; en consecuencia, “el canal a cielo abierto se cerró y funciona ahora solo para pluviales”.

Frigorífico venadense pagó 50 millones de multa por provocar malos olores

“Con todo esto mitigamos la situación, pero además tenemos un compromiso de obras a través de un convenio. Ya el frigorífico pagó la obra para la conexión cloacal de la planta y Obras Sanitarias inició los trabajos. En cuanto al proceso productivo, adecuaron la recolección de sangre en un espacio refrigerado y hace unos días nos reunimos con importadores para asegurarnos la disponibilidad de los productos biológicos que se aplican en las lagunas, lo que permite regular la actividad biológica, que es lo que produce la emanación de olores”.

Como cierre, el funcionario añadió que “acordamos también un cronograma de obras donde todo el proceso productivo, la etapa primaria anterior al volcamiento de efluentes en las lagunas, tiene que ser modificado y readaptado con una fuerte inversión de parte del frigorífico”.

Un agente de la Policía Caminera de Córdoba recibirá una sanción por haber insultado a un automovilista al que habían demorado por falta de documentación en su vehículo y filmó el accionar de los efectivos, generando un video que se viralizó en las redes sociales.

Un hombre que viajaba en su vehículo desde Villa Carlos Paz rumbo a la capital provincial fue detenido en un control de rutina a la salida de la ciudad turística, y el agente policial le dijo que no podía circular con la licencia de conducir digital, que el conductor le presentó y está vigente.

Sin embargo, el efectivo lo demoró bajo el argumento de que debería exponer la credencial física y ante la duda que le generó la situación decidió llamar a un superior por teléfono, que estaba en modo altavoz.

“Hacele la multa ahora por pelotudo”, se escucha que respondió el otro agente, mientras el automovilista filmaba toda la situación.

Las imágenes enviadas por el conductor, a quien finalmente no multaron, se difundieron en los medios locales y redes sociales.

Ante la repercusión que tuvo el video, esta mañana la Dirección de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad emitió un comunicado informando que se inició una investigación para determinar si el accionar del agente constituye una falta administrativa.

“La Policía de la Provincia de Córdoba informa que en referencia a un video viralizado en las últimas horas, donde efectivos de Policía Caminera realizaron un control preventivo en un puesto caminero de Villa Carlos Paz a un usuario de la vía, la Jefatura de Policía ha ordenado la medida disciplinaria que corresponda a los efectivos involucrados”, indica el comunicado.

Esa misiva, agrega: “La misma será instruida por la Dirección General de Control de Conducta Policial y, paralelamente, ha tomado intervención el Tribunal de las Fuerzas de Seguridad que ha iniciado la investigación pertinente”.

Un hombre fue imputado luego de haber robado en el juzgado el expediente que lo involucraba en una causa por haber dado positivo en un control de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,48 gramos de alcohol en sangre.

El hecho se registró en las últimas horas en la ciudad neuquina de Villa La Angostura donde el funcionario del Ministerio Público Fiscal, Gustavo Vázquez, formuló cargos a un sujeto que se escapó con el expediente.

Conductor borracho puso a su hijo de 11 años al volante y volcaron en la ruta

El delito que le atribuyó fue sustracción de objeto destinado a servir de prueba ante la autoridad competente. El episodio acerca del control de alcoholemia ocurrió el 18 de marzo de 2022.

Según informaron los medios locales, alrededor de las 10:50 de este jueves, el imputado se dirigió al organismo para solicitar ver el expediente y cuando lo tuvo en las manos, comenzó a forcejear con personal del lugar que se lo había entregado, logró tomarlo y escapó.

El juez de garantías que dirigió la audiencia avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en dos meses. Durante la audiencia, se puso en conocimiento del magistrado que existe la posibilidad de resolver el caso a través de un proceso de mediación penal.

La corte de un distrito de Moscú ordenó al gigante estadounidense que pague cuatro millones de rublos (53.000 dólares) por no borrar contenido con “propaganda” LGTB, informó la agencia de noticias rusa Interfax.

Las grandes compañías tecnológicas son multadas con frecuencia en Rusia por negarse a eliminar publicaciones a petición de las autoridades, recordó la agencia de noticias AFP, que reprodujo el fallo.

Desde el inicio de la campaña militar de Moscú en Ucrania, Rusia aumentó la presión sobre las redes sociales, prohibiendo Facebook, Instagram y Twitter.

Los ataques contra la comunidad LGTB son relativamente comunes en Rusia, donde los círculos conservadores y religiosos ven con malos ojos a esta comunidad.

Moscú aprobó en 2013 una controvertida ley contra la “propaganda” homosexual dirigida a los menores que ha sido utilizada para prohibir manifestaciones y vetar que se exhiba la bandera del arcoíris.

¿Quién no ha visto a un padre desconectar el enchufe de la consola, en lugar de apagarla del botón, para que sus hijos dejen de jugar? La exageración a la hora de tomar ciertas decisiones puede ser común, pero la historia de este padre francés y su desproporcionado método va más allá, pues incluso se ha pasado tanto que se enfrenta a una pena de cárcel.

Este hombre del municipio de Messanges pensó en limitar el uso de internet de sus hijos y, para que no pudieran utilizarlo cuando no debían, compró un inhibidor para bloquear la señal. El aparato funcionó, pero quizá demasiado.

Y es que, tal y como informaron medios locales, la potencia del dispositivo provocó que dejara sin internet ni red de teléfono a todo su barrio durante varias noches, por lo que ahora la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR) se encuentra investigando este caso y se han tomado medidas judiciales contra este padre.

La agencia descubrió el origen tras el aviso de una operadora de telefonía que detectó que una de sus antenas no funcionaba durante las noches y mandó un técnico que, mediante un detector de ondas bloqueadoras, averiguó que la casa de este hombre era de donde provenía el problema.

El padre, que ignoraba lo que estaba sucediendo, admitió que había comprado un bloqueador de ondas multibanda que conectaba cada noche para evitar que sus hijos consultaran las redes sociales en la cama. Sin embargo, la ANFR asegura que estos aparatos tienen un “rango de acción más amplio de lo que uno piensa o de lo que sugiere el vendedor”, por lo que terminó bloqueando la señal de todo el barrio.

Además, el citado medio asegura que estos inhibidores están prohibidos en Francia, por lo que ahora este hombre será juzgado y se puede enfrentar a hasta seis meses de prisión y una multa de 30.000 euros, además de que deberá pagar una tasa de 450 euros por los costes que afrontó la Agencia Nacional de Frecuencias ante el fallo de la antena.

Lo delató la multa por exceso de velocidad, que llegó con una foto captada por el radar que controla a los automovilistas, en la que se veía al marido con otra mujer.

¡En llamas!: una mujer le quemó el auto a su pareja por infiel

La protagonista de esta historia, de 36 años, vive en la ciudad de Düsseldorf. En el aviso de la sanción que recibió, aparecía la imagen del vehículo, según informó el sitio Bild.

La mujer se presentó ante el tribunal de faltas, tal como le fue requerido, junto a su abogada para demostrar que no era ella la que conducía el auto marca BMW al momento de la infracción.

La letrada y su clienta comparecieron ante el magistrado con varias evidencias para probar que la tercera en discordia estaba en ese momento manejando el auto a toda velocidad, y así desligar a la mujer de la sanción por superar la máxima permitida.

“Mi clienta abrió la notificación de la multa en su casa que establecía que ella conducía a 87 kilómetros por hora en el túnel de la ribera del río Rin en lugar de los 60 kilómetros por hora permitidos”, aseguró Fatma Poyraz-Devrim, la abogada defensora.

Le fue infiel a su novia y ella lo escrachó con un pasacalles

“En la foto, ve a una mujer al volante del auto de la empresa de su marido y se queda sorprendida al comprobar que no era ella porque en ese momento, no tenía carnet de conducir”, detalló la letrada en el momento de defenderla.

Según consignó el portal de noticias, el juez de infracciones absolvió de inmediato a la acusada después de determinar que no había ningún parecido físico entre la mujer de la foto y la acusada.

Luego de ser absuelta, la víctima de este malentendido aseguró que logró también la confesión de su marido. El hombre reconoció que la había engañado y que estaba viviendo una aventura con otra mujer. Mientras tanto, la persona que apareció en la imagen captada por el radar aún no se había acercado al juzgado e incluso se supo que se encuentra fuera del país.

La entrada Descubrió que su marido le era infiel por una multa se publicó primero en Notife.

En la sesión legislativa local de este miércoles el tema del día fue el proyecto de multas para los funcionarios municipales que no contestan los pedidos de informe de los concejales. Como ya se informó en Sur24, la iniciativa fue rechazada por el oficialismo, que impuso sus cuatro votos y sumó una vez más ‘el quinto’ con el apoyo macrista, superando el número de voluntades que avalaban las severas sanciones a los incumplidores impulsada por el edil Darío Jeannot.

No es inédita la propuesta del bloque unipersonal Venado Renace, sino que estas imposiciones pecuniarias a funcionarios de gobierno se debatieron en los últimos tiempos en ciudades de distintas provincias, y en algunos casos esas iniciativas prosperaron.

Sin embargo, el Concejo local debió ahorrarse el tratamiento, sin antes profundizar lo suficiente, de un tema que no tenía entidad para erigirse en el eje de la sesión semanal. Con tono épico, Jeannot comunicó en sus redes que “el oficialismo y sus aliados hoy hicieron fracasar un proyecto histórico”. No es histórico, ni mucho menos. Ni siquiera dará lugar a un mínimo costo político para los ediles que contrariaron la iniciativa, aunque si hay un ganador, sin dudas que es el creativo concejal renacentista, que no sumó en lo institucional, pero en lo personal obtuvo una generosa renta en protagonismo y visibilidad; en cambio, el Concejo se desprestigió un poco más, aunque no por el resultado de la votación, sino por haber desembocado en ella sin ninguna necesidad.

No estaba en debate, como se pretende magnificar, la transparencia en la función pública, sino apenas una variable (la contestación a los pedidos de informes) entre tantas otras, pero que llevó a una inoportuna medición de fuerzas con la misma facilidad que en la burbuja porteña del poder político nacional, la Casa Rosada y la Ciudad de Buenos Aires se dan el lujo de generar un conflicto con la presencialidad escolar y derivar en la mismísima Corte Suprema de Justicia, siendo que meses antes, cuando las elecciones nacionales estaban lejos, y los halcones descansaban, lo hubieran resuelto cara a cara en una de sus tantas cordiales reuniones.

Tampoco esta votación doméstica sirvió para alinear a los buenos de un lado y los malos del otro, como buscan simplificar los amantes de la grieta. Tanto es así que los tres respaldos que recibió Jeannot son ex funcionarios de los gobiernos justicialistas que precedieron al intendente Leonel Chiarella (Liliana Rostom, Pablo Rada y Emilce Cufré), y ninguno de ellos resistiría el archivo si se indagara cuántos pedidos de informe dejaron sin responder cuando integraban el Departamento Ejecutivo Municipal (la misma consideración cabe para el ex secretario de José Freyre, Patricio Marenghini, ausente en esta última reunión).

También se planteó en el desarrollo del debate una verdad que todo conocen, y es que muchas veces los secretarios elaboran las respuestas técnicas en tiempo y forma, y luego las mismas son interceptadas por comisarios políticos antes de su llegada a destino, porque se considera ingenuo facilitar ciertos detalles de la gestión a la oposición, o incluso como venganza por “lo que antes nos hacían a nosotros”.

Urge poner un punto final a esta situación irregular, pero que está naturalizada y se remonta, cuanto menos, al inicio de la democracia moderna en el país, en diciembre del ’83. Sin embargo, es inviable hacerlo mediante una votación a las apuradas, sin antes agotar el diálogo que debiera llevar a las partes a fijar un cero en la escala, un punto de partida, en otras palabras, un pacto político de damas y caballeros para que, desde un determinado momento, ese trámite siempre polémico del pedido de informes sea de cumplimiento estricto para el gobernante de turno.

Claro que será difícil progresar en este sentido con una campaña electoral en ciernes, pero en algún momento habrá que volver sobre el tema, aprovechando las experiencias, y estudiando seriamente un procedimiento para incentivar la observancia de los funcionarios. En la práctica, la verdad es que si los concejales lo deciden, podrían obligar a un miembro del Gabinete a dedicar la mitad del tiempo laboral a contestar informes, pues aun cuando en parte los redactara un colaborador, la revisión final siempre corresponderá al secretario, que responde con su firma, y más aún si, como pretendía Jeannot, el piso de la multa fuera de 130 mil pesos, un monto mayor que el sueldo mensual de un funcionario de esa categoría.

Si bien el gobierno local acostumbra a enviar secretarios al Concejo, una alternativa es profundizar ese mecanismo, practicarlo con mayor frecuencia, y en todas las áreas, al estilo de los informes periódicos ante el Congreso del jefe de Gabinete de la Nación, que recibe previamente un sinnúmero de interrogantes de los legisladores y luego se presenta para contestarlos, e incluso someterse a preguntas complementarias.

Seguramente hay muchos procedimientos funcionales a los objetivos de fortalecimiento democrático y transparencia republicana que todos pregonan, pero sí o sí tendrán que surgir de un diálogo maduro, paciente y constructivo, sin puestas en escena que más allá de algún beneficio personal o sectorial, degradan al Concejo Municipal.

Desde Ciudad Futura decidieron apelar lo resuelto por el Tribunal de Faltas en relaciónn a la multa de 490.000 pesos impuesta por el “no cumplimiento de protocolos Covid” en el marco del “Venado Birrea”, organizado el 19 de marzo.

También solicitaron acceder al expediente, para potenciar el descargo. Y adelantaron, que de ser necesario, recurrirán a la Justicia ordinaria para realizar un reclamo formal al respecto.

Tras la publicación realizada por Sur24 en la jornada del sábado con la titular del Tribunal de Faltas, Janina Ferreira, desde la Agrupación política emitieron un parte del presente marcando la disconformidad con lo resuelto.

El evento se llevó adelante en el playón del Ferrocarril, con la presencia de artesanos, emprendedores, artistas y productores locales de cerveza artesanal.

La sanción recibida por parte del estado se basa en el no “cumplimiento de los protocolos relacionados con la pandemia. En cuanto a la protección, el uso de tapa boca o barbijo, el distanciamiento social”.

Y otros de los puntos, es “que no se respetó desde ningún punto de vista, fue el factor ocupacional, de acuerdo lo que había sido solicitado por los organizadores. Se excedieron al menos en el doble de lo autorizado”, fundamentaron desde el Tribunal de Faltas.

Desde Ciudad Futura negaron estas acusaciones, y sostienen que “nunca desde el Municipio pusieron un límite” en relación a la cantidad de personas que podían concurrir al evento.

No sabemos dónde está el criterio de decir que estaba habilitado para un número determinado y se triplicó. No está argumentado en el fallo, ni en las habilitaciones previas que nos fueron dando”, relató Bruno Taddía, referente del espacio político.

En la mañana de ayer “solicitamos el acceso al expediente, ya que el fallo no está fundado. Queremos hacer una valoración de las pruebas. Todavía no nos respondieorn. Esperemos que en las próximas horas lo hagan para poder ejercer el derecho a la defensa.”, continuó diciendo.

Una vez que accedan a esa información “vamos a utilizar la vía recursiva, que es presentar una apelación en base a lo que es la sentencia, y agotar todas las instancias administrativas. Y en caso de que se necesario e interpretemos que no hay una valoración justo, neutral, que no incluya arbitrariedades ni atropellos, continuaremos por la vía Judicial”, finalizó.

La sanción, además de la multa de 490.000 pesos, establece una inhabilitación por 180 para organizar eventos de esas características.