La fiscal Luciana Del Grecco solicitó una pena de 16 años de prisión efectiva para Víctor Rubén F. E., acusado de haber cometido abusos sexuales contra la hija de su entonces pareja cuando la niña tenía entre 8 y 9 años. La presentación fue realizada en el marco de la requisitoria de acusación elevada ante la Justicia de Venado Tuerto, donde también se incorporó un segundo hecho vinculado al presunto encubrimiento de un vehículo robado.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido en un contexto de convivencia entre el imputado y la madre de la víctima, en un domicilio ubicado en calle Cabral de la ciudad de Venado Tuerto.

La Fiscalía sostiene que el hombre habría aprovechado momentos en los que la niña permanecía bajo su cuidado, debido a la ausencia de su madre, para trasladarla hasta un galpón ubicado en inmediaciones del domicilio.

Según la hipótesis planteada por los investigadores, en ese lugar se habrían producido los abusos sexuales con acceso carnal, en episodios que se habrían reiterado durante un período prolongado, desde que la víctima tenía aproximadamente 8 o 9 años hasta marzo de 2025.

Además, el Ministerio Público de la Acusación le atribuye al imputado haber expuesto a la niña a material pornográfico almacenado en un teléfono celular, conducta que la Fiscalía considera parte de los hechos investigados.

La calificación legal

La Fiscalía encuadró los hechos atribuidos al acusado como abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente y por encontrarse a cargo de la guarda de la víctima, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravada.

En función de la acusación formulada y de la valoración realizada, Luciana Del Grecco solicitó para el imputado una pena de 16 años de prisión efectiva.

Vehículo robado

La requisitoria fiscal incluye además un segundo hecho. Según la investigación, el acusado habría tenido en su poder un automóvil Toyota Corolla, con conocimiento de su supuesto origen ilícito.

El vehículo había sido denunciado como sustraído en junio de 2024 y, de acuerdo con la acusación, fue encontrado en octubre de ese año dentro de un galpón ubicado en un inmueble de calle Cabral de Venado Tuerto.

Por este episodio, la Fiscalía atribuyó al imputado el delito de encubrimiento por receptación dolosa.

Un hombre de Venado Tuerto fue condenado mediante un procedimiento abreviado por un hecho de violencia de género en el que agredió físicamente a una mujer en un contexto de conflicto familiar. La Justicia impuso una pena de seis meses de prisión efectiva que, tras ser unificada con una condena previa, elevó la sanción total a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La resolución fue acordada entre la Unidad Fiscal de Venado Tuerto del Ministerio Público de la Acusación, representado por Débora Valentín y la Defensora Pública, Gisela Figuera, en el marco de la investigación por el delito de lesiones leves dolosas agravadas por mediar violencia de género, y fue homologada por el juez Leandro Martín.

El ataque ocurrió en abril de 2026

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 1 de abril de 2026, cerca de las 14, en una vivienda de la ciudad de Venado Tuerto donde convivían familiares de la víctima y el acusado.

De acuerdo con la investigación, luego de una discusión vinculada a la convivencia doméstica, el hombre habría tomado a la mujer del cuello, ejerciendo presión y provocándole dificultades para respirar. La agresión continuó luego en la vía pública, donde la habría perseguido, derribado y arrastrado por el suelo.

La situación se produjo en presencia de un menor de edad, según consta en la causa judicial.

La calificación penal y la condena

La Fiscalía atribuyó al acusado la responsabilidad como autor del delito de lesiones leves dolosas agravadas por mediar violencia de género.

En el acuerdo de juicio abreviado, las partes establecieron una pena de seis meses de prisión efectiva.

Además, la acusación solicitó la unificación con una condena anterior dictada en 2023, por la cual el hombre había recibido tres años de prisión de ejecución condicional.

Como resultado de la suma de ambas sanciones, la Justicia determinó una pena única de tres años y seis meses de prisión efectiva.

Un hombre de 51 años fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en Venado Tuerto. La resolución se alcanzó mediante un procedimiento abreviado impulsado por el fiscal Luis Lagioia. Además, se le impuso una multa de 45 unidades fijas y fue declarado reincidente por segunda vez.

Un allanamiento y el secuestro de cocaína

El condenado es Carlos Daniel Reinoso, quien fue considerado autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El hecho investigado ocurrió durante la noche del 6 de noviembre de 2025, cuando se realizó un allanamiento en su vivienda de calle Caparrós, en Venado Tuerto.

Durante el procedimiento fueron secuestrados 146,4 gramos de cocaína, 194.150 pesos en efectivo y un teléfono celular.

De acuerdo con la acusación, las características del material encontrado y otros elementos recolectados durante la investigación permitieron sostener que la droga estaba destinada a la comercialización.

Filmaciones y testimonios

La investigación no se limitó a los elementos incautados durante el allanamiento. Previamente se habían realizado distintas tareas que permitieron obtener registros fílmicos en inmediaciones del domicilio.

Según consta en la causa, las imágenes captaron situaciones considerados compatibles con maniobras de venta de estupefacientes.

A esas pruebas se sumaron testimonios de vecinos que dieron cuenta de un movimiento frecuente de personas y señalaron la existencia de una actividad vinculada con la comercialización de sustancias ilegales.

Los mismos elementos habían sido mencionados cuando el caso se encontraba en su etapa inicial: tras el allanamiento se habían informado el secuestro de 146,4 gramos de cocaína, dinero y un teléfono celular, además de tareas de vigilancia que documentaron presuntas operaciones de narcomenudeo.

Acuerdo entre la Fiscalía y la defensa

El proceso terminó mediante un juicio abreviado acordado entre el Ministerio Público de la Acusación y la defensa de Reinoso, ejercida por el abogado Héctor José Marchisio.

Como parte del procedimiento, el acusado aceptó el hecho atribuido, su calificación jurídica y la pena acordada.

La pena acordada fue de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. La resolución también estableció la declaración de reincidencia por segunda vez.

Un hombre de 28 años fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva tras ser hallado responsable de los delitos de comercialización de estupefacientes y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil en Venado Tuerto. La sentencia fue acordada mediante un juicio abreviado impulsado por el fiscal Luis Lagioia y homologado por la jueza Andrea Cavallero.

El acusado, identificado como Alcides Agüero, nacido en diciembre de 1997 y domiciliado en Venado Tuerto, aceptó la responsabilidad por los hechos investigados y recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El operativo

De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho ocurrió durante la madrugada del 9 de marzo de 2024, cuando personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto realizaba patrullajes preventivos.

Los efectivos observaron a dos personas que circulaban en un motovehículo sin dominio visible por calle Neuquén, en dirección sureste. La marcha fue detenida en la intersección con calle Cayetano Silva, donde se realizó un procedimiento de identificación y requisa.

Según consta en la acusación, durante el operativo se secuestraron distintos envoltorios con sustancias compatibles con estupefacientes.

Entre los elementos encontrados había:

Para la Fiscalía, estos elementos permitieron sostener que el acusado estaba involucrado en la comercialización de estupefacientes, en infracción a la Ley Nacional de Drogas N° 23.737.

Además, durante el procedimiento se encontró un revólver calibre 22 marca Rossi, con siete cartuchos en su tambor sin percutar.

El arma, de color gris plata y empuñadura de plástico marrón no contaba con documentación que acreditara la autorización legal para su portación.

Por este motivo, la conducta también fue encuadrada como portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, prevista en el Código Penal.

La calificación legal

La Justicia consideró a Agüero como coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil.

La condena quedó establecida en 4 años y 8 meses de prisión efectiva.

Un hombre de 40 años fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado de dos hijas de una mujer que era su pareja en Venado Tuerto. Si bien actualmente las víctimas son mayores de edad, eran niñas al momento de los ilícitos.

La sentencia fue dispuesta por unanimidad por un tribunal presidido por el juez Leandro Martín e integrado además por la jueza Lorena Garini y el juez Adrián Godoy, en el marco de un juicio oral que finalizó este martes en los tribunales venadenses.

La fiscal María Florencia Schiappa Pietra representó al MPA en el debate. En tal sentido, tras conocer el veredicto sostuvo que “analizaremos los fundamentos del fallo y evaluaremos los pasos a seguir”.

Schiappa Pietra indicó que “el condenado llevó adelante su accionar delictivo en una vivienda en la que residía el grupo familiar”. Al respecto, explicitó que “abusó de una de las víctimas entre 2012 y 2013”, y agregó que “cometió ilícitos similares en perjuicio de la otra niña entre 2016 y 2019”. Según planteó, “cuando fueron vulneradas, ambas transitaban su escolaridad primaria”.

Asimismo, la fiscal hizo referencia a que “el condenado solía amenazar a una de las hijas de su pareja para evitar que ella lo delate”, y detalló que “le decía que si alguien se enteraba de lo sucedido ‘todos’ la iban a odiar y se separaría la familia”.

En cuanto a la investigación, Schiappa Pietra destacó que “a partir de clases de Educación Sexual Integral (ESI), las víctimas pudieron advertir que el condenado había abusado sexualmente de ellas”.

La fiscal señaló que “tiempo después de los abusos, en julio de 2024, una de las víctimas logró contarle a su madre lo que había padecido”. Resaltó que “luego del develamiento, la mujer radicó la denuncia que motivó las primeras diligencias”, y mencionó que “en esa época, la relación de pareja con el agresor ya había finalizado”.

Por otra parte, la funcionaria del MPA manifestó que “en mayo del año pasado, cuando el condenado estaba en prisión preventiva como medida cautelar, la otra víctima denunció que él también había abusado de ella en numerosas ocasiones”.

El hombre de 40 años fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal cometido en perjuicio de una de las niñas y por abuso sexual gravemente ultrajante en contra de las dos, ambos delitos agravados (por ser el encargado de la guarda y por la convivencia preexistente con las víctimas, quienes eran menores de edad al momento de los hechos).

Por otro lado, el tribunal lo absolvió por el delito de desobediencia de un mandato judicial que se le había atribuido.

Las iniciales del condenado son DDR. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de quienes sufrieron los abusos.

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El Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena de siete años de prisión efectiva para José Osvaldo B., acusado de haber amenazado al presidente comunal de Murphy, Ezequiel Rodríguez, con el propósito de obligarlo a adoptar una decisión favorable vinculada con la ubicación y habilitación de un carro de venta de comidas.

La requisitoria de acusación fue presentada por el fiscal Iván Gastón Raposo, coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA de Venado Tuerto, en el marco de una investigación en la que también tuvo una intervención relevante el Dr. Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas.

Historia del caso

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió durante la tarde del 24 de julio de 2026, cuando el imputado habría enviado a Rodríguez una serie de mensajes de audio a través de WhatsApp. En esas comunicaciones, le habría exigido una respuesta favorable para trasladar su puesto comercial o conseguir que otro carro fuera reubicado.

Según sostiene el MPA, Bustos habría reforzado esa exigencia mediante el anuncio de graves actos de violencia. Entre otras expresiones, manifestó que, si no obtenía una solución, haría “un ruido bárbaro en el pueblo”, que estaba acostumbrado “a otro nivel de violencia” y que podía recurrir a personas vinculadas con “los Cantero”, a quienes describió como capaces de cualquier cosa.

También habría advertido que, si intervenía la policía, no regresaría a prisión y que se enfrentaría a tiros con quienes fueran a buscarlo. Finalmente, condicionó expresamente su accionar a la respuesta del presidente comunal, señalándole que, si no recibía una solución favorable, la buscaría “a su manera”.

La Fiscalía considera que las amenazas estuvieron dirigidas a condicionar la libertad de decisión de Rodríguez en el ejercicio de sus funciones públicas. La víctima manifestó que las expresiones le generaron temor por su seguridad y por la de su familia.

La acusación se encuentra respaldada principalmente por los audios y conversaciones de WhatsApp aportados por la víctima, su declaración, la intervención inmediata de personal de la Subcomisaría 10ª de Murphy y los elementos secuestrados durante los allanamientos realizados el 30 de julio.

Pedido de condena

La conducta fue calificada como amenazas coactivas agravadas por haber tenido como propósito obtener una medida o concesión de los poderes públicos, delito que contempla una escala penal de cinco a diez años de prisión.

Además de solicitar siete años de prisión de cumplimiento efectivo, el MPA pidió que, en caso de condena, Bustos sea declarado reincidente por tercera vez, con las accesorias legales y las costas del proceso. Asimismo, requirió la apertura del juicio oral y público.

“No estamos frente a una mera discusión o a un reclamo formulado en términos inapropiados. La evidencia permite sostener que se habrían anunciado males graves y violentos para condicionar la decisión de una autoridad pública. Las diferencias o necesidades particulares deben canalizarse por las vías legales: ninguna persona puede pretender imponer su voluntad mediante amenazas, y mucho menos intentar doblegar de ese modo a quien ejerce una función institucional”, afirmó el fiscal coordinador Iván Gastón Raposo.

La solicitud de pena constituye la pretensión del Ministerio Público de la Acusación y deberá ser debatida en juicio, instancia en la que se determinará definitivamente la responsabilidad penal del acusado.

En las primeras horas de la mañana de este viernes 28 se llevaron a cabo diversos allanamientos en domicilios de la ciudad de Venado Tuerto, de Murphy, de San Gregorio, Zavalla y Unidades Penitenciarias de Coronda, Rosario y Neuquén, en el marco de investigaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes y delitos económicos relacionados.

Las medidas fueron coordinadas de manera conjunta por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los Dres. Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada; la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo del Dr. Luis Lagioia; y la Fiscalía Regional del MPA de Venado Tuerto, a cargo del Fiscal Regional Mauricio Clavero, como parte de una estrategia de trabajo interinstitucional destinada a investigar y desarticular actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes como así también al lavado de activos.

Por un lado, la investigación federal estuvo a cargo de la Sección Delitos Económicos Rosario de la GNA -con colaboración de la Sección Antidrogas de Rosario de la GNA- y las medidas fueron dirigidas por la Auxiliar Fiscal Rocío Soledad Estrada, mientras que los allanamientos ordenados por la Unidad Fiscal de Microtráfico de esta ciudad, fueron concretados por la PDI Distrito Venado Tuerto bajo la dirección del Fiscal Adjunto Luis Ricardo Jesús Lagioia. A su vez, tuvo participación una medida dirigida por la Unidad Fiscal de Rosario – Área de Atención Inicial, a cargo de la Dra. Soledad García y el Auxiliar Fiscal Juan Manuel Frausín, en la que actuó la DUOF Venado Tuerto de la PFA.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos tres personas, dos hombres y una mujer, a quienes se les atribuyen conductas vinculadas a la comercialización de estupefacientes y en los próximos días se llevarán a cabo las respectivas audiencias imputativas. Asimismo, se secuestró cocaína, dinero en efectivo (pesos y dólares), balanzas, vehículos, numerosa documentación y múltiples dispositivos de telefonía celular que serán sometidos a peritajes y análisis técnicos por su potencial relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados.

La investigación continúa en curso y las autoridades intervinientes evaluarán la información obtenida a partir de las medidas realizadas, con el objetivo de profundizar las líneas investigativas actualmente abiertas y determinar la eventual participación de otras personas en los hechos objeto de la pesquisa.

Cinco personas fueron imputadas en Venado Tuerto en el marco de la investigación por los graves incidentes registrados durante el partido entre Sacachispa Football Club y Sportivo Avellaneda, correspondiente a la Primera “B” de la Liga Venadense de Fútbol.

Las audiencias se realizaron el miércoles 12 de agosto y estuvieron a cargo de la Oficina de Salidas Alternativas de la Fiscalía de Venado Tuerto, encabezada por la fiscal Mayra Vuletic.

Los investigados fueron identificados por sus iniciales como M.E.P., E.J.C., N.M.F., N.F.V. y E.A.C. La Fiscalía les atribuyó provisoriamente hechos vinculados con agresiones físicas y episodios de violencia ocurridos durante un espectáculo deportivo.

Agresiones durante el partido

Los hechos que originaron la causa ocurrieron el domingo 28 de junio de 2026, mientras se disputaba el encuentro entre Sacachispa y Sportivo Avellaneda en Venado Tuerto.

De acuerdo con la investigación, los disturbios se produjeron en el sector destinado a la parcialidad visitante y derivaron en agresiones físicas contra el presidente y el vicepresidente de Sportivo Avellaneda.

La situación obligó a intervenir al personal policial que se encontraba afectado al operativo de seguridad.

A partir de las actuaciones realizadas después del episodio y de diferentes medidas investigativas, los fiscales lograron avanzar en la individualización de personas que presuntamente participaron de los hechos.

Un partido que no pudo terminar

El encuentro correspondía a la Primera “B” de la Liga Venadense de Fútbol y tuvo que ser suspendido cuando transcurrían 21 minutos del segundo tiempo.

En ese momento, Sacachispa se imponía por 2 a 0 y el partido ya había registrado algunas interrupciones.

Sin embargo, los nuevos incidentes relacionados con el sector ocupado por la parcialidad de Sportivo Avellaneda terminaron por impedir la continuidad del juego.

Después de consultar con las fuerzas de seguridad presentes en el estadio, el árbitro Alejandro Titarelli resolvió dar por terminado el encuentro.

Cinco personas imputadas

Casi un mes y medio después de los hechos, la causa derivó en cinco audiencias imputativas.

La Fiscalía atribuyó provisoriamente a los investigados conductas relacionadas con agresiones físicas y hechos de violencia cometidos en el contexto de un espectáculo deportivo.

Además, se establecieron medidas alternativas a la prisión preventiva con el objetivo de garantizar que los imputados permanezcan sometidos al proceso judicial y resguardar a las víctimas.

Las imputaciones son provisorias y corresponden a una etapa inicial del proceso, por lo que la responsabilidad penal de cada una de las personas investigadas deberá determinarse a medida que avance la causa.

La Justicia dictó la prisión preventiva de Cristian Bruno C. y Héctor Damián S. en el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal Iván Raposo por un violento episodio ocurrido el 2 de agosto en una vivienda de Venado Tuerto. En la misma causa, Wanda Rocío V. recuperó la libertad bajo reglas de conducta, mientras se analiza si su intervención pudo haberse producido en un contexto de legítima defensa.

Reclamo por una deuda

El hecho investigado ocurrió alrededor de las 19 del domingo 2 de agosto, en una vivienda ubicada en calle Almafuerte al 3100 de Venado Tuerto.

De acuerdo con la atribución realizada por la Fiscalía, que es provisoria y podrá modificarse durante el avance del proceso, Cristian Bruno C. y Héctor Damián S. se habrían presentado en el domicilio donde se encontraban Diego Ezequiel F. y su pareja, Wanda Rocío V.

Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, los dos hombres habrían concurrido con un cuchillo y un elemento de hierro para reclamarle una deuda de 400.000 pesos y amedrentarlo.

En esas circunstancias se habría iniciado un forcejeo que terminó con Diego Ezequiel herido en el tórax. La lesión, de características punzocortantes, fue considerada grave debido a que requirió tratamiento quirúrgico.

Qué delitos les atribuyó la Fiscalía

Los agresores fueron imputados, en esta instancia inicial de la investigación, como presuntos coautores de amenazas calificadas por el uso de arma blanca en concurso ideal con lesiones graves en riña.

Luego de las audiencias imputativas y del debate sobre las medidas cautelares, el tribunal resolvió que ambos permanezcan en prisión preventiva mientras continúa la pesquisa.

La situación procesal de Wanda Rocío V. fue evaluada de manera diferente. La mujer quedó en libertad, aunque deberá cumplir reglas de conducta mientras avanza la investigación.

Uno de los puntos centrales considerados en esta etapa es la posibilidad de que su intervención durante el enfrentamiento haya ocurrido en legítima defensa propia o de terceros.

Entre los elementos incorporados al legajo aparece un relato según el cual Héctor Damián habría llegado armado y amenazado a Wanda Rocío con un cuchillo. Siempre de acuerdo con esa versión, la mujer habría logrado quitarle el arma antes de lesionarlo.

La Fiscalía aclaró que esta reconstrucción constituye solamente una de las hipótesis bajo análisis y que todavía no representa una conclusión definitiva acerca de cómo sucedieron los hechos.

Una investigación que todavía tiene medidas pendientes

Las primeras diligencias de la causa fueron ordenadas por la fiscal Marianela Montemarani desde el inicio del legajo.

La investigación continuará ahora con el análisis de declaraciones testimoniales, informes médicos, pericias criminalísticas, elementos secuestrados y otras medidas que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido en la vivienda de calle Almafuerte.

Las medidas cautelares adoptadas corresponden a una etapa preliminar del proceso. Por ese motivo, la situación de las tres personas imputadas podrá ser revisada si aparecen nuevas evidencias o elementos que modifiquen la hipótesis actual.

Alexander B. quedó en prisión preventiva en Venado Tuerto, acusado de haber ingresado a una vivienda y sustraído una bicicleta rodado 29. La medida fue solicitada por la fiscal Débora Valentín, quien remarcó que el imputado tenía vigente una condena de tres años de prisión de ejecución condicional dictada en mayo pasado.

El robo y las cámaras de seguridad

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hecho ocurrió el 5 de agosto de 2026, alrededor de las 17:50, en una vivienda ubicada sobre calle Ulises Giacaglia, en Venado Tuerto.

Según la reconstrucción fiscal, Alexander B. habría abierto la puerta de ingreso de la propiedad y entrado al inmueble, donde se apoderó de una bicicleta rodado 29, marca Gribón, de color negro y verde, que se encontraba en el porch.

La propietaria advirtió lo sucedido al revisar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en su casa. Siempre según la acusación, a partir de esos registros logró reconocer al sospechoso.

Horas después, aproximadamente a las 23, un hermano de la víctima interceptó al acusado en la zona de las calles Libertad y Lola Mora.

El joven permaneció retenido en el lugar hasta la llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes concretaron su aprehensión.

La imputación

La audiencia imputativa se realizó el 7 de agosto en Venado Tuerto. La fiscal Débora Valentín atribuyó a Alexander B. la presunta autoría de los delitos de hurto simple y violación de domicilio en concurso real.

La defensa del imputado estuvo a cargo de la abogada Antonela Dalzotto, del Ministerio Público de la Defensa.

Una condena condicional que estaba vigente

Uno de los elementos centrales considerados por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva fue la situación penal previa del acusado.

El 8 de mayo de 2026 había sido condenado, mediante un procedimiento abreviado homologado judicialmente, a tres años de prisión de ejecución condicional. También se le habían impuesto reglas de conducta por un plazo de tres años.

De esta manera, el episodio investigado ahora habría ocurrido menos de tres meses después y mientras aquella condena estaba plenamente vigente.

Por qué se ordenó la prisión preventiva

Valentín solicitó que Alexander permanezca detenido durante el desarrollo de la investigación. La fiscal argumentó que la prisión preventiva era la medida cautelar adecuada para garantizar su sometimiento al proceso y neutralizar los riesgos procesales que consideró acreditados.

Finalmente, la Justicia hizo lugar al planteo del Ministerio Público de la Acusación y dispuso la prisión preventiva del joven.

El tribunal homologó un procedimiento abreviado y condenó a Nicolás Martín Bernabé Vallejos a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por tres hechos delictivos cometidos en Venado Tuerto. Las causas incluyen una defraudación mediante Mercado Pago, el encubrimiento por la tenencia de un celular robado y un robo calificado por efracción en una vivienda en construcción.

El acuerdo había sido presentado por la fiscal de distrito Mayra Vuletic, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, y la defensora pública Antonela Dalzotto, en representación del acusado.

Tras analizar los términos convenidos por las partes, el tribunal homologó el procedimiento abreviado e impuso la pena acordada.

Una transferencia de $70.000

El primero de los hechos por los que fue condenado ocurrió en abril de 2024, luego de la sustracción de un teléfono celular perteneciente a una víctima de apellido Mariotti.

Según consta en la investigación, el dispositivo no tenía contraseña de seguridad. Vallejos lo utilizó para ingresar a la cuenta de Mercado Pago de la víctima y transfirió 70.000 pesos hacia una caja de ahorro del Banco Nación registrada a su nombre.

El episodio fue denunciado el 12 de abril de 2024 en la Comisaría Segunda de Venado Tuerto.

Tenía un teléfono celular robado

La segunda causa está relacionada con un celular Samsung A12 que había sido sustraído el 11 de abril de 2024 de una vivienda ubicada en calle Almafuerte al 2900, también en Venado Tuerto.

La acusación sostuvo que Vallejos tuvo el dispositivo en su poder pese a conocer su origen ilícito. Este hecho fue encuadrado como encubrimiento.

Las dos investigaciones iniciadas en 2024 fueron acumuladas con una tercera causa por un robo cometido durante mayo de 2026.

El ingreso a una vivienda en construcción

El tercer hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de mayo de 2026, en una vivienda en construcción situada en calle Balcarce al 2700.

De acuerdo con la atribución delictiva, Vallejos ingresó al inmueble junto con Gustavo A., luego de que fuera forzada la cerradura de la reja de acceso. La casa estaba deshabitada en ese momento.

Del lugar se llevaron un disco de arado para cocinar de aproximadamente 80 centímetros, con su correspondiente tapa; un acolchado de dos plazas; una frazada y una olla.

Durante el ingreso también arrancaron de una pared un televisor Philco de unas 55 pulgadas, aunque el aparato quedó apoyado sobre un sillón dentro de la propiedad. La maniobra provocó daños en la pared.

Además, fue retirada una ventana de aluminio colocada en un ventiluz. Según la investigación, los involucrados utilizaron una silla para ingresar a la vivienda y retirar los objetos.

Los daños y faltantes fueron constatados mediante una inspección ocular, fotografías y un croquis elaborado durante las actuaciones policiales.

Fue descubierto mientras se ocultaba en un pozo

Horas después del robo, el propietario del inmueble y un amigo encontraron a Vallejos en una construcción en estado de abandono, ubicada en la zona de Almafuerte y Azcoaga.

El ahora condenado intentó esconderse dentro de un pozo situado en el terreno, pero fue descubierto y retenido hasta la llegada de la Policía.

Según el expediente, durante ese encuentro manifestó que había estado con Gustavo A. y que este le había entregado elementos para vender. También aseguró que desconocía que los objetos habían sido sustraídos de la vivienda.

Un móvil policial llegó al lugar después de una comunicación con la Central de Emergencias 911 y concretó la aprehensión.

Tres años de cumplimiento efectivo

Los tres hechos fueron incorporados a un procedimiento abreviado acordado por la Fiscalía, la Defensa Pública y el acusado.

Finalmente, el tribunal homologó el acuerdo y condenó a Vallejos a tres años de prisión de ejecución efectiva, además de imponerle las accesorias legales y el pago de las costas procesales.

La resolución cerró las investigaciones por defraudación, encubrimiento y robo calificado por efracción que se habían iniciado por los hechos ocurridos entre abril de 2024 y mayo de 2026 en Venado Tuerto.

Un hombre de 37 años quedó en prisión preventiva acusado de enviar mensajes intimidatorios al presidente comunal de Murphy, Ezequiel Rodríguez. Según la Fiscalía, pretendía que la Comuna lo autorizara a trasladar su puesto de comidas a un sector con mayor movimiento comercial, ubicado en inmediaciones de la ruta nacional 33.

Audios por WhatsApp 

El episodio investigado ocurrió durante la tarde del 24 de julio. De acuerdo con la atribución fiscal, el imputado (identificado por sus iniciales J.O.B.) envió una serie de audios de WhatsApp al teléfono del presidente comunal de Murphy.

El objetivo habría sido conseguir una decisión favorable para su emprendimiento gastronómico ambulante: trasladar el carro-bar hacia un sector ubicado frente a otros puestos comerciales o, como alternativa, lograr que la Comuna ordenara el desplazamiento de uno de ellos.

Para intentar imponer ese reclamo, siempre según la acusación, el hombre habría utilizado expresiones intimidatorias y anunciado que podía recurrir a acciones violentas si no obtenía una respuesta favorable.

Las amenazas atribuidas al imputado

Entre los mensajes incorporados a la investigación, el acusado habría afirmado que estaba “acostumbrado a otro nivel de violencia” y que, si no conseguía la autorización por las vías administrativas, resolvería la situación “a su manera”.

La Fiscalía también señaló que el hombre mencionó a personas identificadas como “Guille” y “Morocho”, a quienes vinculó con “los Cantero” y describió como capaces de cometer hechos violentos.

En otros fragmentos de los audios, habría advertido que se instalaría igualmente en el lugar y que se enfrentaría con la Policía antes de regresar a prisión. Finalmente, condicionó su accionar a la respuesta del mandatario comunal y le impuso un plazo para resolver el pedido.

Según la imputación, los mensajes generaron temor en Rodríguez, tanto por su seguridad personal como por la integridad de su familia.

Audiencia en Venado Tuerto

La audiencia imputativa se realizó el lunes 3 de agosto en los Tribunales de Venado Tuerto. La investigación está encabezada por el fiscal Luis Lagioia, mientras que la defensa del acusado quedó a cargo de la defensora pública Gisela Figuera.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como elementos de la investigación las transcripciones de los mensajes, capturas de pantalla, testimonios y registros vinculados con el puesto comercial.

La conducta atribuida fue encuadrada inicialmente como “amenaza coactiva agravada”, debido a que las intimidaciones habrían estado dirigidas contra una autoridad pública con el propósito de forzar una decisión relacionada con sus funciones.

Tras escuchar a las partes, el juez Leandro Martín hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que el imputado permanezca detenido preventivamente mientras continúa el proceso penal.

El fiscal Iván Raposo imputó este viernes a Sergio G., propietario del taller ubicado en calle Suipacha al 50 de Venado Tuerto, en el marco de una investigación por un presunto circuito ilegal de vehículos y autopartes.

La audiencia se realizó en la Unidad Fiscal de Venado Tuerto y el acusado estuvo asistido por su abogada defensora y se abstuvo de prestar declaración.

La Fiscalía le atribuyó provisoriamente los delitos de comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas y encubrimiento, ambos en calidad de autor.

Según la imputación, el comerciante habría tenido en su poder piezas sin las obleas identificatorias exigidas por la normativa y otras autopartes que no están autorizadas para su reutilización.

También se le endilgó haber realizado cortes sobre vehículos para extraer piezas destinadas a una posterior comercialización y almacenar automotores dados de baja en lugares que no contaban con la habilitación correspondiente.

Camionetas, una BMW y motores adulterados

Las irregularidades fueron detectadas el martes 28 de julio, durante inspecciones realizadas por agentes de la Policía de Investigaciones en el taller de Suipacha al 50 y en un galpón ubicado en la esquina de Suipacha y Urquiza.

Entre los vehículos inspeccionados había una camioneta Toyota blanca, una motocicleta BMW R1200 y dos Dodge RAM 2500. De acuerdo con las verificaciones incorporadas a la causa, varios de sus motores presentaban codificaciones apócrifas, inconsistencias o alteraciones.

Los investigadores también encontraron motores Toyota y Cummins con anomalías en los grabados. En dos casos, las numeraciones se repetían en diferentes elementos, una circunstancia que llamó la atención de los peritos.

En una de las camionetas RAM no fue posible comprobar el número de motor porque la base de soporte estaba corroída. Otra unidad tenía colocado un motor cuya codificación coincidía con la de un propulsor Cummins hallado dentro del mismo establecimiento.

Nuevos hallazgos

La investigación continuó en una propiedad de Suipacha al 60, donde la PDI secuestró un motor sin numeración visible, cuatro motores presuntamente adulterados, un chasis cortado de una camioneta Dodge RAM y otro chasis completo sin identificación, seccionado con una herramienta autógena.

En el lugar también había un Volkswagen Polo cuyo número de chasis habría sido alterado mediante la modalidad conocida como “ventana”, que consiste en reemplazar o modificar el sector donde se encuentra grabada la identificación original.

La Fiscalía sostuvo que el imputado tenía conocimiento del presunto origen ilícito de los vehículos y autopartes. La calificación legal es provisoria y podrá modificarse a medida que avance la investigación.

Recuperó la libertad con restricciones

Luego de la audiencia, se dispuso la libertad de Sergio G., aunque deberá cumplir una serie de reglas mientras continúe el proceso judicial.

Entre las principales medidas, el acusado tendrá que presentarse semanalmente en la sede del Ministerio Público de la Acusación, mantener el domicilio informado y comparecer cada vez que sea citado.

También tiene prohibido salir del país, portar armas, ingresar al inmueble clausurado de Suipacha al 60 y comunicarse con los peritos verificadores que intervinieron en los procedimientos.

Además, no podrá trasladar, vender, sustituir, ocultar ni manipular los vehículos y las autopartes secuestradas o inmovilizadas en esa propiedad.

La resolución le impide realizar actividades de desarmado, almacenamiento o comercialización de repuestos usados hasta que cuente con las habilitaciones correspondientes.

La Justicia ordenó trabar un embargo por 15.000 dólares. El imputado deberá acreditar esa garantía ante la Oficina de Gestión Judicial dentro de un plazo de 30 días.

El fiscal Iván Raposo, coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad de Venado Tuerto, presentó un acuerdo de procedimiento abreviado mediante el cual Joel Facundo Barrios, conocido como “Motoneta”, aceptó una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Raposo y permitió acreditar que el 9 de abril de 2025, aproximadamente a las 16:00, Barrios llegó junto con otras personas a una vivienda ubicada en Jujuy al 1.400 de Venado Tuerto.

Según la atribución fiscal, Barrios descendió de un automóvil portando una pistola calibre 9 milímetros y efectuó disparos, uno de los cuales impactó en el interior de la vivienda. Otro de los involucrados llevaba un revólver, con el que golpeó a una de las personas presentes, mientras que una mujer exhibía un arma blanca. Una cuarta persona permaneció en el vehículo.

La intervención policial se produjo inmediatamente después del ataque y culminó con la aprehensión de Barrios y otras personas sindicadas como participantes. En el lugar, personal de Policía Científica secuestró dos vainas servidas calibre 9 milímetros y constató un impacto compatible con un proyectil de arma de fuego en una de las paredes del inmueble.

La responsabilidad de Barrios también fue respaldada por la declaración de una de las víctimas, quien lo identificó como la persona que portaba la pistola y efectuó los disparos. Para la Fiscalía, el testimonio, la evidencia científica obtenida en la escena y la inmediata actuación policial conformaron un cuadro probatorio sólido y concordante.

Los hechos fueron calificados como abuso de armas y amenazas calificadas por el uso de armas, en concurso con portación indebida de armas de fuego, agravada por la existencia de antecedentes condenatorios.

Además de la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, el acuerdo contempla una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

Barrios reconoció su responsabilidad y prestó conformidad con los hechos, la calificación legal y la pena acordada. El procedimiento deberá ser evaluado por el juez interviniente, quien resolverá sobre su homologación.

Nahuel Agustín Fredes (19) fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, en el marco de un procedimiento abreviado que comprendió nueve hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Venado Tuerto.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. Asimismo, participó en las tareas investigativas la fiscal adjunta Larisa Barucca, integrante del equipo fiscal coordinado por Raposo.

La condena comprende distintos delitos contra la propiedad, entre ellos hurto, robo simple, tentativa de robo calificado por escalamiento y robo calificado por el uso de un elemento punzante como arma impropia. También se incluyeron reiterados incumplimientos de medidas judiciales y un hecho de daño.

Entre los episodios de mayor gravedad se encuentra el robo cometido contra un adolescente con discapacidad, a quien Fredes interceptó al salir de una panadería y amenazó con un elemento punzante apoyado sobre el abdomen para sustraerle su teléfono celular.

La investigación permitió reunir testimonios de las víctimas, registros de cámaras de seguridad, actuaciones policiales, inspecciones oculares, reconocimientos e informes técnicos. La valoración conjunta de esas evidencias permitió acreditar tanto la existencia de los hechos como la responsabilidad penal del condenado.

En el acuerdo se tuvo especialmente en cuenta la cantidad y reiteración de las conductas, la violencia empleada, la vulnerabilidad de algunas de las víctimas y la afectación provocada. Fredes reconoció los hechos y prestó su conformidad con la calificación legal y con la pena impuesta, que deberá cumplir de manera efectiva.

Personal de Comando Radioeléctrico detuvo a un joven de 18 años y demoró a un adolescente de 14, acusados de sustraer una motocicleta estacionada frente a un local de comidas ubicado en calle Runciman al 60.

El hecho ocurrió cuando, aprovechando un corte momentáneo de energía eléctrica, los sospechosos sustrajeron una motocicleta Honda Biz. Tras el llamado al 911, los efectivos localizaron el rodado, que había sido abandonado a pocas cuadras del lugar.

Luego con el aporte de las cámaras del Centro de Monitoreo, personal policial logró identificar a los presuntos autores y concretó su aprehensión.

Por disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, el menor fue notificado de la causa por “robo calificado en grado de tentativa” y entregado a sus progenitores. En tanto, el joven de 18 años fue notificado por el mismo delito y quedó detenido por orden de la Fiscalía de turno.

En la jornada de este martes se llevó adelante la audiencia preliminar contra R.P.P., de 57 años, acusado de abusar sexualmente de su sobrina, quien al momento de los hechos tenía entre 6 y 9 años. La fiscalía requirió la elevación a juicio del expediente y solicitó una condena de 17 años de prisión efectiva.

La causa está a cargo de la fiscal adjunta Luciana Del Grecco, de la Unidad Fiscal Venado Tuerto. Según consta en la requisitoria de acusación, la audiencia imputativa que dio inicio formal al proceso se había celebrado el 9 de septiembre de 2025, tras lo cual la fiscalía avanzó con la instrucción de la causa hasta arribar a esta instancia.

De acuerdo con la acusación, R.P.P. habría abusado sexualmente de la menor en reiteradas oportunidades desde que la niña tenía 6 años hasta que cumplió los 9, aprovechando que convivía con ella y que ejercía su guarda. Los hechos habrían tenido lugar en una vivienda de Venado Tuerto entre los años 2021 y fines de 2024.

La fiscalía encuadró la conducta como “abuso sexual con acceso carnal en cantidad indeterminada de oportunidades, agravado por la convivencia con una víctima menor de 18 años y por revestir el acusado la calidad de encargado de su guarda, en concurso real con el delito de corrupción de menores agravada”.

Al fundamentar el pedido de pena, la acusación sostuvo que el imputado se encontraba en condiciones de comprender el carácter ilícito de sus actos y de ajustar su conducta a esa comprensión, motivo por el cual solicitó la pena máxima prevista para el caso, además de las accesorias legales y las costas del proceso.

Tras la audiencia preliminar de este martes, resta que el tribunal interviniente resuelva si la causa queda en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral y público, donde se debatirá en definitiva la responsabilidad penal del acusado.