Con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, la Casa Gris remitió a la Legislatura los pliegos de 11 candidatos a fiscales generales del Ministerio Público de la Acusación y propuso para cubrir el cargo de juez de segunda instancia de Venado Tuerto a Leandro Maximiliano Martín.

Los postulantes serán considerados por la Asamblea Legislativa e inicialmente fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura, mediante las Resoluciones Nº 018/25, Nº 20/25; N°11/26 y N.º 17/26.

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa tiene en su poder el mensaje y los legajos. Como es habitual, antes de producir su dictamen para recomendar la aprobación o el rechazo de los aspirantes a integrar el Ministerio Público y el Poder Judicial se producirá una instancia de revisión que incluye una entrevista personal.

Para la Circunscripción Judicial N° 1, con cabecera en Santa Fe se propone a Chiavarini, Luciana Violeta. Para la N° 3, Venado Tuerto, a Pisani, Adolfo Germán; y Santamaría, Antonela.

Para la N° 4, Reconquista, a Malberti, Juan Pablo; LLamas, Rita María de los Ángeles; Alesso, Valentina María; Arraga, Leandro Leonel; y Sequeira Alegre, Eduardo Cesar

En la N° 5, Rafaela, Kettler, Ricardo Milton; Andrione, Natalia Viviana; y Pradolini, Paola Sofía.

Por otra parte, la presidencia del Senado, comunicó que la sesión conjunta prevista para el jueves 6 de agosto se postergó para el jueves 3 de septiembre, a las 13, con el objeto de expedirse sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal Dra. María Verónica Roxana Ballari contra la Resolución 37/26 de la Sesión Conjunta de Ambas Cámaras, que dispuso en su contra una medida disciplinaria.

El 4 de junio senadores y diputados provinciales, en sendas votaciones, dispusieron una suspensión por 90 días sobre la mencionada integrante del MPA.

Las dos Cámaras entendieron que no debían aplicarse los 180 días planteados inicialmente ante las demoras e irregularidades que encontraron en distintas investigaciones a su cargo.

En especial se analizó la falta grave en su contra en un caso vinculado a la investigación por violencia de género contra Jonathan Omill, quien posteriormente quedó acusado por el femicidio de la enfermera Ailén Ayelén Oggero, asesinada en febrero de 2025 en barrio Belgrano de Rosario.

Una mujer fue imputada en Venado Tuerto por el delito de actos de crueldad animal, a raíz de las condiciones de abandono y del grave deterioro de salud que presentaba un perro llamado “Pluto”, que fue rescatado por el Gobierno de Venado Tuerto.

La causa se encuentra comprendida dentro de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo. La investigación estuvo a cargo del Dr. Facundo Peña, responsable de la Oficina de Salidas Alternativas.

La intervención judicial se originó a partir de la denuncia formulada por la abogada Valeria Morales, integrante del Gobierno venadense, quien puso en conocimiento del MPA las condiciones en las que había sido encontrado el animal y acompañó las actuaciones, registros y demás elementos reunidos por el organismo municipal.

Según la atribución fiscal, M.N.L.S., en su carácter de propietaria y responsable del cuidado de “Pluto”, habría omitido de manera consciente y sostenida proporcionarle alimentación adecuada, atención veterinaria continua, control antiparasitario, condiciones higiénico-sanitarias apropiadas y un lugar seguro de permanencia.

El animal fue rescatado el 17 de julio de 2026 en inmediaciones de calle Azcuénaga al 1500. Al momento de ser trasladado al Dispensario Canino Municipal presentaba desnutrición severa, una importante parasitosis externa con pulgas y garrapatas, múltiples lesiones cutáneas infectadas y signos compatibles con una posible anemia.

La imputación sostiene que la propietaria conocía la afección dermatológica visible y progresiva que padecía el perro, debido a que había realizado una consulta veterinaria y recibido indicaciones para su tratamiento. Sin embargo, pese a ello, no habría sostenido las medidas necesarias para su recuperación ni evitado que deambulara sin control por la vía pública.

La conducta fue calificada provisoriamente como actos de crueldad animal, en la modalidad de causar sufrimientos innecesarios mediante la omisión consciente de los cuidados debidos por quien se encontraba en posición de garante, conforme a los artículos 1 y 3, inciso 7, de la Ley Nacional Nº 14.346.

Durante la audiencia se dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, la imputada deberá mantener buena conducta y tendrá prohibido adquirir, adoptar, poseer, recibir, alojar o tener bajo su cuidado cualquier animal doméstico o de compañía. También deberá informar si actualmente posee algún animal y, en su caso, acreditar su entrega responsable dentro de las 48 horas, bajo la intervención y supervisión del Imusca.

Asimismo, se estableció que “Pluto” permanecerá bajo la guarda actualmente dispuesta y no podrá ser restituido a la imputada mientras la medida continúe vigente.

El fiscal coordinador Iván Raposo resaltó la investigación llevada adelante por el Dr. Facundo Peña, así como la importancia de la denuncia responsable formulada por la Dra. Valeria Morales y la rápida intervención del Imusca, cuyo accionar permitió rescatar al animal, garantizar su atención veterinaria y aportar evidencia relevante para el avance del proceso penal.

(Por Danilo Chiapello) - Una denuncia penal presentada ante el MPA (fiscalía de Venado Tuerto) abrió una investigación sobre un presunto caso de mala praxis médica que tuvo como desenlace la amputación de la pierna izquierda de un hombre de 73 años, conocido en el ámbito deportivo por desempeñarse como árbitro de fútbol y que, hasta pocos días antes del episodio, llevaba una vida físicamente activa.

La presentación fue realizada por la abogada Carolina Walker Torres en representación de Luis José Strafella, quien atribuye el grave desenlace a una serie de presuntas falencias ocurridas durante la atención recibida entre el 9 y el 12 de julio en el Samco "Miguel Rueda" de la localidad de Santa Isabel.

La denuncia solicita que se investigue la eventual responsabilidad penal del médico identificado con las iniciales F.C., a quien se le atribuye haber descartado reiteradamente la existencia de una urgencia vascular, manteniendo un diagnóstico de desgarro muscular y omitiendo, según sostiene la presentación, disponer una derivación inmediata hacia un centro de mayor complejidad.

El escrito también pide que la investigación abarque la actuación de las autoridades del establecimiento asistencial y de quienes tenían responsabilidades de conducción y supervisión, con el propósito de determinar si existieron eventuales omisiones institucionales.

Según consta en la denuncia, el episodio comenzó el 9 de julio, cuando Strafella realizaba su entrenamiento habitual. Mientras corría sufrió un dolor repentino e intenso en la pierna izquierda que, siempre de acuerdo con la versión incorporada a la presentación judicial, estuvo acompañado por un inmediato adormecimiento de la extremidad y la imposibilidad de continuar caminando.

Su hijo debió trasladarlo hasta el hospital, donde fue atendido por el médico ahora denunciado.

Siempre conforme al relato presentado ante la Fiscalía, durante esa primera consulta se le practicó una radiografía y se diagnosticó un presunto desgarro muscular. Como tratamiento recibió medicación antiinflamatoria y corticoides, además de indicaciones para regresar en distintas oportunidades a fin de completar las aplicaciones prescriptas.

La denuncia sostiene que durante aquella evaluación no se habrían realizado maniobras clínicas destinadas a descartar un compromiso vascular agudo, extremo que será materia de investigación.

Uno de los ejes centrales de la presentación judicial es que el paciente volvió en reiteradas ocasiones al mismo centro de salud sin experimentar mejoría.

La reconstrucción efectuada por la denunciante indica que, con el paso de las horas, comenzaron a aparecer signos que preocupaban tanto al paciente como a sus familiares: la pierna permanecía fría, el dolor aumentaba, desaparecía progresivamente la sensibilidad y la movilidad era cada vez más reducida.

Pese a ello, sostiene el escrito, el diagnóstico inicial nunca fue modificado.

La denuncia afirma que familiares del hombre comunicaron en más de una oportunidad esos síntomas al profesional denunciado, quien habría atribuido el cuadro a la evolución del supuesto desgarro muscular y mantuvo el tratamiento inicialmente indicado.

Durante esas sucesivas consultas —siempre según la presentación penal— tampoco se habrían solicitado estudios complementarios ni dispuesto una interconsulta especializada o una derivación urgente.

La situación dio un giro durante la madrugada del 12 de julio, cuando Strafella regresó nuevamente al hospital debido al agravamiento del cuadro.

En esa oportunidad fue atendido por otro médico de guardia, quien —de acuerdo con la denuncia— realizó una evaluación orientada a verificar la circulación sanguínea del miembro afectado y advirtió la ausencia de pulsos arteriales, además de la marcada frialdad y el cambio de coloración del pie.

La víctima es una destacada personalidad en la Liga Venadense de Fútbol. Foto: archivo El Litoral

Frente a ese escenario resolvió derivar al paciente a un centro asistencial de mayor complejidad para su inmediata atención por especialistas en cirugía vascular.

Ya en ese establecimiento, un ecodoppler confirmó una obstrucción arterial total del miembro inferior izquierdo y el paciente fue sometido a una cirugía de revascularización mediante un bypass arterial, con el objetivo de recuperar el flujo sanguíneo.

Sin embargo, siempre conforme a la denuncia, el tiempo transcurrido desde el inicio del cuadro habría provocado un daño irreversible en los tejidos, por lo que finalmente los profesionales resolvieron amputar la pierna izquierda por encima de la rodilla para preservar la vida del paciente.

Más allá del accionar atribuido al profesional denunciado, la presentación judicial sostiene que la investigación no debería limitarse únicamente al acto médico.

La denuncia también apunta a las autoridades del establecimiento sanitario. Foto: archivo El Litoral

La abogada patrocinante solicita que el Ministerio Público de la Acusación determine si existieron responsabilidades por parte de quienes tenían a su cargo la conducción del establecimiento sanitario, al considerar que podrían haber existido omisiones en las tareas de supervisión y control.

En ese sentido, la denuncia menciona que con anterioridad al caso de Strafella ya habrían existido cuestionamientos públicos sobre el desempeño del médico denunciado. Según el escrito, esos antecedentes se habrían reflejado en reclamos efectuados por pacientes, publicaciones en redes sociales, intervenciones en programas radiales y supuestas anotaciones en el libro de quejas del efector sanitario.

Mientras tanto, Luis José Strafella continúa atravesando un complejo proceso de recuperación. Según la denuncia, además de la amputación debió afrontar nuevas complicaciones clínicas posteriores, entre ellas una hemorragia digestiva que motivó estudios, transfusiones sanguíneas y un nuevo ingreso a terapia intensiva.

La causa quedó ahora en manos del Ministerio Público de la Acusación, organismo que deberá resolver las primeras medidas de investigación para reconstruir el recorrido asistencial del paciente y determinar si existieron responsabilidades penales individuales o institucionales.

El Gobierno Provincial expresó su satisfacción por la medida dispuesta por la Cámara Penal de Rosario, a través del juez Tomás Orso, quien revocó el fallo de la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena, quien había declarado nulo e inválido un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) bajo la modalidad de “flagrancia virtual”, tras una balacera ocurrida el pasado 19 de junio en la zona sur de Rosario, hecho por el cual se detuvo a un joven de 17 años.

Así lo hizo saber este martes la vocera gubernamental Virginia Coudannes durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, y valoró que el fallo revocatorio "toma como información las herramientas legales existentes en torno al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, con las modificaciones realizadas" que incorporan diferentes medidas como “la utilización de las cámaras, el sistema Lince, el estar atrás de cada una de esas situaciones, el trabajo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la posibilidad que el fiscal pueda generar con su anoticiamiento por parte de la policía ese allanamiento. En este sentido, nos encontramos satisfechos”, afirmó.

Finalmente, Coudannes recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro “ha sido muy claro desde el primer día: las herramientas legales y todos los avances que hemos conquistado en materia de normas de seguridad, están para ser usadas, no podemos ir para atrás”, y recordó que “la Justicia es un actor estratégico de la sociedad y le tiene que dar respuesta a la sociedad, no a sí misma”.

El 19 de junio, en horas de la madrugada, dos personas que se desplazaban en bicicleta salieron de un domicilio ubicado en España al 7000, llegaron hasta una vivienda de Entre Ríos al 6200 y efectuaron varios disparos contra el inmueble. Tras el ataque, regresaron al lugar desde el que habían partido.

Horas después, a partir del análisis integral de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia e integradas al sistema de inteligencia artificial Lince, la PDI reconstruyó el recorrido de los sospechosos y, unas 12 horas después de la balacera, realizó un allanamiento bajo la figura de "flagrancia virtual" en el domicilio de España al 7000. En ese marco fue aprehendido un adolescente de 17 años, que quedó a disposición de la Justicia de Menores. Luego la jueza declaró nulo e inválido el procedimiento, fallo que finalmente fue revocado por el juez Orso.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó extremar las precauciones ante una serie de intentos de estafas telefónicas denunciados durante los últimos días en la región. Actualmente, la Fiscalía Regional 3 investiga alrededor de diez hechos cometidos bajo una modalidad similar.

Según informó la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, las víctimas recibieron llamadas mediante whatsapp, durante las cuales los interlocutores simulaban ser agentes de Mercado Libre o de otras compañías vinculadas con operaciones comerciales y financieras.

Durante las comunicaciones, los estafadores aseguraban que terceras personas habían realizado compras a nombre de las víctimas. Con ese argumento, intentaban generar preocupación y urgencia para inducirlas a realizar movimientos bancarios.

Los delincuentes indicaban que el dinero debía ser transferido a una cuenta donde supuestamente quedaría protegido. Sin embargo, el objetivo real de la maniobra era apoderarse ilegítimamente de los fondos.

Desde el MPA remarcaron que no deben realizarse operaciones guiadas por desconocidos mediante llamadas telefónicas, mensajes o cualquier otro dispositivo electrónico.

Ante el incremento de denuncias, la Fiscalía difundió una serie de medidas preventivas:

Las autoridades también aconsejaron no eliminar conversaciones ni archivos, debido a que pueden convertirse en elementos relevantes para la investigación penal.

Las dos mujeres detenidas durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle Caparrós al 800, en Venado Tuerto, quedaron en prisión preventiva luego de una audiencia imputativa y cautelar desarrollada en los tribunales de la ciudad.

El fiscal Luis Lagioia, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), les atribuyó a D.M.V., de 20 años, y M.S.A., de 24, la presunta coautoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante la audiencia, D.M.V. manifestó su intención de declarar, aunque se abstuvo de responder preguntas. La segunda imputada optó por no prestar declaración.

Luego de escuchar los planteos de la Fiscalía y las defensas, la Justicia ordenó que D.M.V. continúe detenida bajo prisión preventiva ordinaria.

Para M.S.A., en tanto, se dispuso la prisión preventiva domiciliaria. La medida deberá cumplirse en una vivienda de Venado Tuerto, bajo la tutela de una persona responsable que aceptó formalmente el cargo.

Además, se ordenó que la comisaría correspondiente realice controles alternativos y sorpresivos para verificar el cumplimiento de la cautelar.

El allanamiento en barrio Iturbide

Las detenciones se produjeron el jueves 16 de julio durante un procedimiento realizado por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) en un inmueble de calle Caparrós al 800.

El operativo formó parte de una investigación encabezada por la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico del MPA y dirigida por el fiscal Lagioia.

Durante la requisa, los agentes secuestraron 479 gramos de cocaína y 28,7 gramos de marihuana. También hallaron una balanza de precisión, recortes de nylon, bandas elásticas y libretas con anotaciones consideradas relevantes para la investigación.

En el domicilio también fueron incautados 736.650 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, cuatro cargadores de armas de fuego y un motovehículo.

Según la hipótesis investigativa, el rodado habría sido utilizado para la distribución y comercialización de las sustancias. Los teléfonos y las anotaciones serán peritados para determinar posibles contactos, movimientos de dinero y la eventual participación de otras personas.

Antes del allanamiento, los investigadores habían realizado tareas de vigilancia y observación en la zona. De acuerdo con la pesquisa, esas medidas permitieron registrar movimientos presuntamente compatibles con la venta de drogas al menudeo.

En el marco de una campaña territorial que recorre el departamento General López, la localidad de Wheelwright recibirá la capacitación sobre seguridad digital. El encuentro "Charla Prevención de Estafas", se llevará a cabo este  jueves 23, a las 16 h. en el Centro de Cultura, ubicado en General López y Larrea, bajo el auspicio de la Comuna local.

La jornada contará con la disertación del Fiscal Regional, Mauricio Clavero, quien estará acompañado por un equipo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA): Mauro Menéndez (Rufino), Julián Cochero (Melincué) y Damián Casullo (Venado Tuerto).

Como ya explicó el Fiscal Clavero, esta iniciativa busca utilizar la información obtenida en las investigaciones judiciales para explicar a la comunidad cómo funcionan los engaños actuales. El lema central de estas charlas es “ser víctima de una estafa no tiene que dar vergüenza”, un mensaje que busca combatir el bajo índice de denuncias causado por el pudor o la culpa de los damnificados.

El Fiscal Regional advirtió que, si bien los adultos mayores suelen ser objetivos frecuentes mediante engaños vinculados a ANSES, PAMI o el cambio de billetes, los riesgos alcanzan a todas las edades.

En el marco de una investigación encabezada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), este jueves se llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Venado Tuerto que terminó con la detención de un hombre mayor de edad, señalado como presunto partícipe de los incidentes registrados durante los festejos por la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra.

La medida fue ordenada por el fiscal Dr. Luis Lagioia, a cargo de la investigación, en una causa en la que se analiza la posible comisión del delito de atentado a la autoridad agravado.

Según las pruebas reunidas hasta el momento, el detenido habría participado, junto a otras personas que aún no fueron identificadas, del lanzamiento de botellas de vidrio contra efectivos policiales que formaban parte del operativo de seguridad desplegado para acompañar las celebraciones.

La identificación del sospechoso fue posible a partir de registros obtenidos por el Centro de Monitoreo Municipal de Venado Tuerto y del análisis de imágenes realizado por personal de la Comisaría Segunda de la Unidad Regional VIII. Estas tareas permitieron individualizar al presunto autor y reunir elementos que derivaron en la solicitud de la medida judicial.

El fiscal Lagioia cuestionó los hechos y sostuvo que desde el MPA “se repudian estos actos de violencia que afectaron el normal desarrollo de un festejo popular, poniendo en riesgo al personal policial y a todos los asistentes que fueron a celebrar”.

Además, convocó a la comunidad a aportar información que permita identificar a otros responsables de los incidentes. “No podemos permitir que un grupo de 20 o 30 inadaptados arruinen un festejo en el que participó toda la comunidad venadense”, expresó.

La investigación permanece abierta y continúa orientada a establecer la identidad y la responsabilidad de otras personas que habrían intervenido en los episodios de violencia registrados durante esa jornada.

En una audiencia realizada en Venado Tuerto, el Ministerio Público de la Acusación, representado por la fiscal Mayra Vuletic, imputó a Cristian Daniel B.R. y Nicolás V. (ambos oriundos de Teodelina) por un violento episodio ocurrido en la localidad de Santa Isabel.

El hecho investigado tuvo lugar el pasado 5 de julio, cerca de la medianoche, en una vivienda ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen de esa localidad del departamento General López.

De acuerdo con la acusación fiscal, ambos jóvenes habrían llegado al domicilio de Kevin David C., de 27 años, a bordo de un automóvil Volkswagen Gol gris e ingresaron al inmueble sin autorización.

Lesiones graves

Según la reconstrucción presentada en la audiencia, una vez dentro de la vivienda comenzaron a agredir físicamente al hombre.

La fiscalía sostuvo que Cristian Daniel B.R. habría tomado del cuello a la víctima y le habría propinado golpes de puño en el rostro, mientras que Nicolás V. habría utilizado dos botellas de vidrio que estaban en el lugar para golpearlo en la cabeza. La agresión continuó cuando Kevin David C. logró salir hacia la vereda en busca de ayuda. Allí los atacantes habrían continuado golpeándolo con un palo antes de retirarse del lugar.

La víctima sufrió traumatismo facial, heridas contusas en el ojo derecho y la zona nasal, una herida cortante en el cuero cabelludo que requirió sutura, lesiones en ambas manos, una contusión en la región posterior del tórax derecho y una fractura de seno maxilar sin desplazamiento. Estas lesiones fueron calificadas como graves.

Además de la agresión física, la fiscalía indicó que antes de abandonar el lugar los imputados habrían amenazado a la víctima, manifestándole que conocían sus movimientos y los de su familia.

Según consta en la acusación, le advirtieron que si realizaba una denuncia incendiarían su vivienda y le dispararían.

Imputación y prisión

La calificación legal provisoria atribuida a Cristian Daniel B.R. y Nicolás V. es la de coautores penalmente responsables de los delitos de lesiones graves dolosas, violación de domicilio y amenazas coactivas, todos en concurso real.

Luego de la audiencia imputativa, la fiscal Mayra Vuletic solicitó la prisión preventiva de ambos acusados, medida que fue dispuesta por el juez Adrián Godoy.

De esta manera, los dos jóvenes permanecerán detenidos mientras avanza la investigación penal preparatoria.

La Justicia resolvió otorgar un plazo máximo de 60 días para que una familia abandone una vivienda de Villa Cañás, ubicada en calle 61, que había sido ocupada sin autorización de su propietaria. La decisión fue tomada luego de una audiencia en la que se analizó el pedido de desalojo presentado desde el Ministerio Público de la Acusación.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Larisa Barucca, quien solicitó la restitución del inmueble, con la conformidad de la jueza Andrea Cavallero. El pedido fue aceptado y se estableció un período de tiempo para que la familia pueda encontrar otra alternativa habitacional.

La denuncia

La causa comenzó a partir de la denuncia realizada por la dueña de la propiedad, ubicada en Villa Cañás, quien informó que el inmueble había sido ocupado por una familia.

Según se detalló durante la audiencia, se trata de un grupo familiar conformado por una mujer junto a sus dos hijas mayores de edad. Una de ellas tiene a su cargo dos niños: uno de 10 años y un bebé de un año.

Intervención social

Además de la resolución judicial, se busca articular acciones con el área de Acción Social de la Municipalidad de Villa Cañás para acompañar a la familia durante este proceso.

Desde la Justicia se tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad del grupo familiar y la presencia de menores de edad, por lo que se apunta a que el traslado pueda realizarse con asistencia y contención.

Un nuevo caso

Este episodio representa la segunda situación de características similares registrada en Villa Cañás, según se informó.

La intervención conjunta entre la Justicia y el municipio apunta a garantizar el cumplimiento de la resolución judicial, pero también a brindar herramientas para que la familia pueda acceder a una nueva solución habitacional dentro del plazo establecido.

La causa por la desaparición y presunto homicidio de Nicolás Christian Godoy ingresó en una etapa decisiva. La Fiscalía presentó el requerimiento de acusación contra José María B., de 42 años, a quien le atribuye haber asesinado al joven en julio de 2014 y haber intentado borrar rastros del hecho mediante la destrucción del vehículo de la víctima.

Según la acusación fiscal, el crimen habría estado motivado por un conflicto económico entre el imputado y Godoy. La hipótesis sostiene que el acusado abordó a la víctima durante la madrugada del 15 de julio de 2014, cuando se desplazaba en su Volkswagen Quantum junto a sus dos perros bóxer, Duke y Buda. Para la Fiscalía, Godoy fue asesinado con un arma de fuego y luego su cuerpo fue descartado en un lugar que aún no pudo ser establecido.

El auto incendiado

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, tras el crimen el imputado habría arrojado a los perros de Godoy en una zona rural y luego habría abandonado el Volkswagen Quantum en inmediaciones de calle Covacevich al 700, en Venado Tuerto.

El vehículo permaneció allí durante dos días. Luego, cuando el pedido de paradero tomó estado público, habría sido trasladado fuera del ejido urbano y prendido fuego con el objetivo de destruir pruebas y procurar impunidad, siempre según la hipótesis del MPA.

El caso de Nicolás Godoy permaneció durante años como uno de los expedientes más enigmáticos del sur santafesino. El joven había sido visto por última vez el 14 de julio de 2014, cuando salió desde la zona rural de Venado Tuerto hacia el centro de la ciudad. Su auto apareció incendiado días después y su cuerpo nunca fue hallado.

Los otros delitos

La requisitoria fiscal también acumula otros hechos atribuidos a José María B. Entre ellos figuran amenazas calificadas por el uso de arma, daños contra el vehículo de una ex pareja, maniobras intimidatorias, incumplimiento de una orden judicial de prohibición de acercamiento y lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La acusación describe episodios ocurridos en distintos puntos de Venado Tuerto, algunos de ellos en presunto contexto de violencia de género y con incumplimiento de resoluciones judiciales.

Además, el MPA le atribuye un hecho de usurpación en un terreno ubicado en calle 2 de Abril al 1700, donde el imputado habría ingresado sin autorización, cambiado un candado y dejado vehículos en el interior del inmueble.

Otro tramo de la acusación refiere a la tenencia de un Toyota Corolla gris con una patente que no correspondería a los números de motor y chasis. Según la Fiscalía, al verificar los datos registrales se determinó que el rodado había sido sustraído en Rosario en mayo de 2024.

Pedido de pena

La fiscal Mayra Vuletic acusó a José María B. como autor de los delitos de amenazas calificadas por uso de arma, daños simples, amenazas simples, daños y desobediencia a la autoridad, usurpación, lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, desobediencia a una orden judicial, encubrimiento, homicidio agravado por el uso de arma de fuego y daños simples.

Por ese conjunto de hechos, el Ministerio Público de la Acusación solicitó la imposición de una pena única de 32 años de prisión.

La prisión preventiva del imputado ya había sido dictada en marzo por el juez Adrián Godoy y luego fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto. En esa instancia, se consideró que existían elementos suficientes, en grado de apariencia, para sostener la imputación y que persistían riesgos procesales.

Una audiencia clave

El próximo paso será la audiencia preliminar, instancia en la que la Fiscalía deberá exponer las pruebas reunidas para sostener el pedido de apertura a juicio. Según la información a la que accedió Sur24, esa audiencia podría realizarse durante septiembre, debido a la cantidad de hechos acumulados y al número de testigos previstos.

Después de casi 12 años de incertidumbre, el expediente entra en una fase determinante. La acusación busca llevar a juicio oral el caso Godoy y, al mismo tiempo, unificar en un solo proceso una serie de hechos posteriores atribuidos al mismo imputado.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó la homologación de un procedimiento abreviado mediante el cual Marcelo Ariel Rodríguez aceptó su responsabilidad penal por una serie de delitos cometidos en Villa Cañás y la región. El acuerdo contempla una pena única de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.

Entre los hechos atribuidos se encuentra un grave episodio ocurrido el 7 de junio de 2026, cuando Rodríguez interceptó en la vía pública al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Cañás, Cándido Santa Cruz, para exigirle la eliminación de multas de tránsito que pesaban sobre su hijo.

De acuerdo con la investigación, el acusado se encontraba acompañado por su hijo cuando abordó al funcionario municipal. En ese contexto, lo amenazó de muerte y luego lo agredió físicamente, provocándole lesiones que fueron constatadas por personal médico.

El ataque contra Santa Cruz fue considerado uno de los hechos de mayor gravedad dentro del legajo. Según la acusación, la agresión tuvo como finalidad condicionar el accionar del funcionario público mediante violencia e intimidación, en reclamo por infracciones de tránsito.

La pesquisa reunió una importante cantidad de elementos probatorios, entre ellos la denuncia de la víctima, informes médicos, actuaciones policiales y registros de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal.

Las imágenes permitieron reconstruir la secuencia del episodio y corroborar la agresión denunciada por el funcionario.

El procedimiento abreviado también comprende un hecho anterior, ocurrido en agosto de 2023, vinculado con un intento de sustracción de autopartes en el Puesto Policial de Santa Emilia.

Según se informó, ese episodio fue cometido junto a otras personas, entre ellas un menor de edad. Por ese motivo, dentro del acuerdo también se incluyó la figura de intento de hurto agravado por la participación de un menor.

Rodríguez aceptó su responsabilidad penal por delitos que incluyen amenazas coactivas agravadas, lesiones leves dolosas y tentativa de hurto agravado por la participación de un menor de edad.

La pena acordada entre las partes es de cinco años de prisión efectiva, aunque resta la homologación judicial del procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía.

Desde la Fiscalía destacaron que el caso representa un mensaje claro frente a hechos de violencia dirigidos contra funcionarios públicos.

En ese sentido, remarcaron que las amenazas, agresiones e intentos de condicionar decisiones administrativas mediante intimidación deben recibir una respuesta penal acorde a su gravedad.

También subrayaron que la persecución de este tipo de conductas no solo apunta a proteger la integridad física de las víctimas, sino también el normal funcionamiento de las instituciones públicas y el principio de igualdad ante la ley.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación, Larisa Celeste Barucca, quien reunió la evidencia que permitió acreditar los hechos y alcanzar el acuerdo de procedimiento abreviado.

Con esta actuación, el MPA reafirmó su compromiso con la persecución de delitos cometidos mediante violencia e intimidación contra funcionarios públicos, buscando garantizar una respuesta judicial proporcional a la gravedad de los hechos investigados.

Un hombre de 55 años, identificado por sus iniciales como RHC, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal por abuso sexual contra una mujer que era su pareja en Rufino.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, durante una audiencia realizada en los tribunales rufinenses, a pedido del fiscal Mauro Menéndez, quien está a cargo de la investigación.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación valoró la resolución judicial y señaló que, “a pesar de que la Defensa propuso alternativas, la magistrada hizo lugar a nuestro pedido”. Además, explicó que “la privación de la libertad era fundamental para resguardar a la víctima, quien está en una situación de especial vulnerabilidad”.

De acuerdo con la atribución fiscal, el hombre investigado habría agredido sexualmente a su pareja en el marco de una relación atravesada por violencia de género.

Menéndez sostuvo que el vínculo estaba marcado por “maltratos verbales, control, aislamiento, sometimiento psicológico y aprovechamiento de la confianza derivada de la convivencia”, en el marco de una relación de alrededor de dos décadas.

“El hombre investigado cometió el ilícito semanas atrás, en una casa de Rufino en la que estaba circunstancialmente con su pareja”, indicó el fiscal.

Según precisó, ambos se habían separado días antes, pero la mujer le había permitido permanecer en el domicilio hasta que encontrara un lugar para mudarse.

La investigación penal continuará su curso mientras se avanza con las medidas correspondientes. Por el momento, el imputado permanecerá privado de su libertad de manera preventiva, mientras se profundiza la pesquisa por el hecho atribuido.

La Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial implementa un esquema de prevención para acompañar a los vecinos del sur-sur provincial. Según explicó el fiscal Mauricio Clavero a Sur24, el objetivo es utilizar el conocimiento obtenido en las investigaciones judiciales para explicar a la comunidad cómo funcionan los engaños y las metodologías que utilizan los delincuentes.

Aunque el Fiscal Regional advirtió que el uso de la tecnología hace que nadie escape al riesgo de una ciberestafa, señaló que los delincuentes suelen marcar como objetivo a los adultos mayores por medio de engaños relacionadas con PAMI, Anses o el cambio de billetes. Sin embargo, aclaró que existen riesgos para todas las edades, como el escaneo de códigos QR maliciosos en restaurantes o estafas vinculadas a la plataforma Marketplace, que pueden derivar en el hackeo de teléfonos y el acceso a billeteras virtuales.

Clavero advirtió que existe un "gran índice de estafas" vinculado a esta plataforma de compraventa, afectando tanto a quienes intentan vender productos desde su hogar como a los potenciales compradores. Las maniobras suelen incluir el hackeo del teléfono a través de mensajes de validación falsos, una táctica que puede afectar incluso a usuarios de mediana edad con experiencia digital.

Por eso, el lema que encabeza las charlas es “ser víctima de una estafa no tiene que dar vergüenza”, y responde a una problemática detectada por los fiscales: el bajo índice de denuncias en relación con la cantidad de hechos reales. Clavero sostiene que han verificado que muchas personas optan por no denunciar perjuicios económicos significativos debido al pudor o sentimiento de culpa. El objetivo de la Fiscalía es desestigmatizar a la víctima, remarcando que los métodos de engaño son cada vez más atractivos y pueden engañar a cualquier persona. Denunciar es el primer paso no solo para buscar justicia, sino para activar mecanismos de prevención comunitaria, como el reporte de números telefónicos como spam para que otros usuarios sean advertidos por sus sistemas operativos.

Como medida preventiva fundamental, Clavero recordó que los bancos y entes oficiales como PAMI o Anses tienen prohibido llamar para solicitar datos personales o claves. Ante una llamada dudosa, la recomendación es cortar y comunicarse directamente con los números 0800 oficiales de las entidades.

En caso de concretarse el delito, la rapidez es determinante. Se debe dar aviso inmediato al banco para bloquear cuentas y realizar la denuncia formal. Para esto último, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dispone de un botón rojo de "denuncia" en su sitio web oficial, además de las sedes policiales y centros territoriales de denuncia.

La importancia de la denuncia rápida se traduce en resultados concretos. Clavero mencionó precedentes recientes donde la justicia logró recuperar fondos para las víctimas. “Hace muy poco, uno de los fiscales que participa de la charla, Julián Cochero, recuperó 5.000 dólares de una víctima de Bombal y el Dr. Casullo consiguió una reparación económica de 9.000 dólares para un damnificado en Venado Tuerto”, compartió. Estas historias de éxito refuerzan la importancia de no dar por perder el dinero y acudir a las autoridades de inmediato.

El fiscal también advirtió sobre la importancia de utilizar billeteras virtuales confiables. Algunas plataformas digitales no cuentan con mecanismos de reclamo claros, lo que deja a los usuarios en una situación de indefensión ante irregularidades. Ser selectivos y elegir aplicaciones con soporte técnico y administrativo robusto es una medida de prevención adicional que se promueve en los encuentros.

El ciclo de charlas, que cuenta con la participación de los fiscales Mauro Menéndez, Damián Casullo y Julián Cochero, y en otro proyecto acompaña la diputada Sofía Galnares, fueron recibidas con agradecimiento por parte de los vecinos. “Los vecinos agradecen porque les plantea un esquema de resguardo de protección frente a diversas situaciones y, por supuesto, decimos, tal vez el año que viene tengamos que volver porque van a cambiar la metodología, pero sobre todo buscamos que tengan esa dimensión de cómo protegerse y cómo cuidarse", finalizó.

Hasta el momento, los funcionarios del MPA visitaron Diego de Alvear, Murphy, Elortondo, Firmat, Venado Tuerto y Rufino. La agenda continuará a fines del mes de julio, con una visita a la localidad de Teodelina.

El jueves 25 de junio a las 10, en la Sala “Intendente Antonio Garnier” del Palacio Municipal, se efectuará la tercera apertura del año 2026 de los Buzones de la Vida. Participarán funcionarios del gabinete local, concejales y representantes de instituciones intermedias.

Esta herramienta permite a los vecinos, de manera anónima, denunciar posibles casos de venta de drogas y/o trata de personas cometidos en barrios de la ciudad de Venado Tuerto.

Cabe recordar que en la segunda apertura del año, realizada el 30 de abril, de las ocho urnas disponibles se recolectaron 74 sobres con posibles denuncias, los que fueron remitidos al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los Buzones de la Vida están instalados en el Palacio Municipal (San Martín y Marconi), Concejo Municipal (Sarmiento y Alem), Terminal de Ómnibus “Arturo Illia” (Centro Territorial de Denuncias), CIC (Falucho y Vuelta de Obligado), Asistencia Pública Municipal “Julio Maiztegui” (Brown 478) y los CAP's de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835).

Por Gustavo Capeletti (Norte24)   

El fiscal regional Rubén Martínez presentó su último informe de gestión. Tras haber asumido en 2017, se retirará en junio próximo de la conducción de la Regional IV del MPA. Por ello, junto a los indicadores y resultados propios del período, su rendición de cuentas contuvo una “mirada retrospectiva” sobre el camino recorrido: los logros alcanzados, los obstáculos enfrentados y las convicciones que sostuvieron el trabajo cotidiano aún en los momentos de mayor adversidad, según describió.

Para el funcionario, la construcción institucional que comenzó en febrero de 2014 -con la entrada en vigencia del nuevo sistema penal- con dotaciones mínimas, grandes distancias y recursos muy limitados se nutrió de la aplicación de un conjunto completo de herramientas que el nuevo sistema ponía a disposición: juicios orales, juicios abreviados, suspensiones de juicio a prueba, mediaciones y criterios de oportunidad, apostando desde el inicio por una “comprensión integral del modelo acusatorio orientada a la resolución efectiva de los conflictos penales”.

Hacia 2025, luego de más de una década del proceso, “el escenario en el que opera el sistema es notablemente distinto al de aquellos años fundacionales, el debate público en torno a la seguridad ha ido complejizando las expectativas depositadas en las instituciones de persecución penal”, y la relación entre garantías individuales y respuesta estatal frente al delito se plantea hoy en términos que el sistema debe leer con atención, pronunció el jefe de los fiscales del norte provincial.

En esa línea, ponderó que “la eficacia de la persecución penal y el respeto irrestricto de las garantías constitucionales no son valores en tensión, sino pilares complementarios de un Estado de derecho consolidado”, y ese equilibrio ha sido y seguirá siendo el norte de la persecución penal en la IV Circunscripción.

Martínez entregó como “dato más significativo” y “alentador” lo ocurrido en materia de recursos humanos: hacia finales de 2025, la Fiscalía Regional 4 alcanzó una dotación de 13 fiscales distribuidos en sus tres Unidades Fiscales, “la más alta de toda su historia”. “A partir de diciembre de 2023, con la asunción de las nuevas autoridades provinciales, se inició un proceso de recuperación gradual que se consolidó en 2025 con las incorporaciones descriptas en el apartado correspondiente”, representando un avance significativo que permitió estabilizar parcialmente el funcionamiento de la Regional tras años de déficit acumulado, agregó.

El informe anual de gestión 2025 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) reveló un fuerte volumen de trabajo en la Cuarta Circunscripción Judicial, especialmente en delitos vinculados a violencia de género, abusos sexuales, homicidios y delitos rurales.

Según los datos oficiales, durante el año pasado se iniciaron 3.723 legajos relacionados con violencia de género y delitos contra la integridad sexual. De ese total, 589 actuaciones correspondieron a delitos sexuales, siendo la Unidad Fiscal de Reconquista la que concentró la mayor cantidad de casos con 265 actuaciones, seguida por Vera con 185 y Las Toscas con 98.

En este tipo de delitos se realizaron además 553 audiencias judiciales y 218 entrevistas en Cámara Gesell, herramienta utilizada especialmente en causas con víctimas vulnerables.

El informe también destaca que durante 2025 se lograron 28 condenas por delitos sexuales, entre juicios orales y procedimientos abreviados.

En materia de violencia de género y violencia familiar doméstica, la Fiscalía Regional registró 3.134 actuaciones durante el año. Reconquista concentró el 43,1% de los casos y Vera el 41,3%.

La actividad judicial derivó en 768 audiencias y 37 condenas, además de mediaciones y suspensiones de juicio a prueba.

Desde el MPA remarcaron que la respuesta penal “resulta insuficiente sin el acompañamiento de políticas públicas integrales de prevención y asistencia a las víctimas”.

Otro de los puntos relevantes del informe fue el crecimiento y sostenimiento de las investigaciones por delitos rurales. Durante 2025 se registraron 404 actuaciones, distribuidas de manera bastante uniforme entre Reconquista, Vera y Las Toscas.

Además, se realizaron 82 audiencias y se obtuvieron 8 condenas mediante procedimientos abreviados.

El informe subraya el trabajo coordinado con la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” y entidades agropecuarias de la región.

La Fiscalía Regional 4 registró en 2025 un total de 35 legajos por homicidios dolosos consumados o tentados, cifra muy superior a los 10 casos registrados el año anterior. El informe atribuye este incremento al avance del microtráfico de drogas, el uso extendido de armas de fuego entre jóvenes y las situaciones de violencia familiar y de género.

El regional puso el foco en “la ausencia de programas de intervención preventiva focalizados en nuestra Circunscripción, cuya implementación ha sido reclamada reiteradamente sin obtener una respuesta proporcional a la magnitud del problema”.

Respecto de los homicidios culposos, principalmente derivados de siniestros viales, se contabilizaron 34 actuaciones, con Vera encabezando los registros.

El detalle anual alertó que, según los datos aportados por la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General, durante 2025 se registraron 38 suicidios en la región: 23 en la Unidad Fiscal Reconquista, 7 en Vera y 8 en Las Toscas.

La cifra resulta superior a la de homicidios dolosos consumados o tentados. Martínez remarcó que estos datos reflejan la necesidad urgente de políticas públicas integrales en salud mental, prevención social y seguridad comunitaria y destacaron que la visibilización estadística de estos casos, en línea con recomendaciones de la OPS y la OMS, resulta clave para el diseño de políticas públicas de prevención y para aportar una lectura integral de la mortalidad violenta en el territorio.

“Esta lectura, lejos de relativizar la gravedad del homicidio doloso -que conserva su centralidad como indicador de la violencia letal intencional y como marcador de fenómenos vinculados al microtráfico, al uso de armas de fuego y a la violencia de género-, permite dimensionar que la carga de mortalidad violenta sobre la que interviene esta Regional desborda ampliamente esa categoría”, ponderó Martínez, que hizo hincapié en la realidad descripta por la Fiscalía General en cuanto a que la sumatoria de muertes derivadas de eventos no intencionales y auto infligidos supera al número de homicidios dolosos: “Este patrón también se verifica en la IV Circunscripción”.

Con relación a la supervisión ordenada por la Fiscalía General en materia de investigaciones por delitos sexuales, Martínez indicó que el trabajo desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Sexual y Familiar se vio fortalecido en junio de 2024, cuando la Fiscalía General ordenó la supervisión de la totalidad de los legajos fiscales por abusos sexuales existentes a esa fecha en la Cuarta Circunscripción. La medida fue prorrogada a principios de 2025, consolidando un proceso de acompañamiento sostenido que se extendió por casi un año. Transcurrido ese período, los “relevamientos realizados evidenciaron que las demoras detectadas en la tramitación de los legajos respondieron principalmente al volumen de trabajo, sin que ninguno de los fiscales actuales haya sido objeto de sanción disciplinaria.

“La intervención de la Dra. Alejandra del Río Ayala (fiscal) contribuyó positivamente a la gestión: promovió hábitos de trabajo más ordenados, fortaleció la unidad de criterios de actuación, impartió instrucciones particulares en cada caso supervisado y colaboró activamente en la depuración de aquellos legajos que no ameritaban la continuación de la investigación”, completó.

Por Ivana Fux

Con la exposición de los fiscales de Reconquista y Venado Tuerto este lunes, el Ministerio Público de la Acusación concluyó su "rendición de cuentas" correspondiente a lo actuado en 2025.

Uno de los aspectos distintivos que tuvo cada informe en esta ocasión fue haber revelado por primera vez el número de suicidios registrados en el citado período. La decisión fue de la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, y estuvo motivada en la gravedad de la problemática que emerge de manera casi generalizada en toda la provincia.

Ya había advertido la funcionaria que teniendo en cuenta el número de muertes violentas registradas en todo el territorio santafesino durante el año pasado, el de personas que habían decidido quitarse la vida duplicaba al de quienes la habían perdido como consecuencia de un crimen.

Del total de muertes violentas en toda la provincia el año pasado, el 46,5% fueron por suicidio en tanto que el 21,8% fueron por homicidios dolosos.

En la Fiscalía Nº1 (Santa Fe) hubo 61 homicidios, 126 suicidios y 77 muertes viales; en la Fiscalía Nº2 (Rosario) 126 homicidios, 221 suicidios y 128 muertes viales; en la Fiscalía Nº 3 (Venado Tuerto) ningún homicidio, 20 suicidios y 33 muertes viales; En la Fiscalía Nº4 (Reconquista) 9 homicidios, 38 suicidios y 22 muertes viales; mientras que en la Fiscalía Nº5 (Rafaela) 15 homicidios, 43 suicidios y 46 muertes viales.

Cuando el análisis se focaliza en cada una de las fiscalías regionales se observa que el fenómeno se mantiene como constante en La Capital y sus alrededores (FR1), en Rosario (FR2) y en Castellanos (FR5). Las fiscalías con sede en Venado Tuerto (FR3) y Reconquista (FR4) presentan aspectos particulares.

En el caso de la FR1 (comprende La Capital, Garay, Las Colonias, San Jerónimo, San Justo y San Martin) , de 264 muertes violentas producidas en 2025, 126 fueron por suicidio, 77 por siniestros viales y 61 por homicidios. Los suicidios duplican en cantidad a las muertes por homicidios dolosos.

En cuanto a la FR2 (comprende Belgrano, Caseros, Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo), durante el año pasado se registraron 126 homicidios; 128 muertes por siniestros viales y 221 por suicidios. La ecuación se mantiene. Con estas cifras, Rosario y sus alrededores concentra el 49% de los suicidios registrados en toda la provincia a lo largo de 2025.

En lo que respecta a Castellanos y los demás departamentos que integran la FR5 (San Cristóbal y 9 de Julio), del total de muertes violentas, el número de suicidios prácticamente triplica al de homicidios, pero es la siniestralidad vial la principal causa de muertes violentas. En 2025 murieron 46 personas por accidentes de tránsito, 43 por suicidios y 15 por homicidios dolosos.

En la Fiscalía Nro. 3 con sede en Venado Tuerto, también es la siniestralidad vial la principal causa de muertes violentas. Por esa razón, en 2025, se produjeron 33 decesos, en tanto que por suicidios hubo 20 fallecimientos.

Como dato saliente, en la mencionada jurisdicción no se registraron homicidios a lo largo del año evaluado. El área comprende a los departamentos General López, Caseros y Constitución.

Finalmente, la Fiscalía Nro. 4 con sede en Reconquista aparece con cifras abrumadoras que refrendan la gravedad de la problemática en materia de salud mental.

En esta región no sólo que el suicidio está en el podio como principal causa de muertes violentas en 2025, sino que el número cuadriplica al de las muertes generadas por homicidios dolosos. Los asesinatos fueron 9, mientras que los suicidios 38, y las víctimas fatales por accidentes viales, 22.

Esta Fiscalía Regional comprende los departamentos General Obligado, San Javier y Vera. Del total de suicidios, 23 se produjeron en Reconquista, 8 en Las Toscas y 7 en la ciudad de Vera.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 22 años de iniciales AL al que se investiga como autor del homicidio de su padre, Juan Emilio López, cometido en Rufino.

La cautelar privativa de la libertad fue solicitada por el fiscal Mauro Menéndez, e impuesta por la jueza Lorena Garini, en una audiencia que se desarrolló en la mañana de este jueves en los tribunales rufinenses.

“La magistrada tuvo en cuenta las evidencias que presentamos y consideró que eran suficientes para acreditar que el hecho ilícito efectivamente ocurrió y que fue cometido por el hombre imputado”, subrayó el fiscal. “A partir de nuestro planteo, Garini consideró que también existían riesgos procesales y por eso hizo lugar a nuestro pedido de imponer la prisión preventiva”, valoró.

Menéndez informó que “la Defensa solicitó la realización de una Junta de Salud Mental, pedido que fue autorizado por la jueza” y remarcó que “más allá de la realización de esa pericia, la magistrada hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”.

El homicidio fue cometido el domingo 3 de mayo pasado, entre las 20 y las 22, en una vivienda ubicada en calle Crouzellies al 300 en la que vivía la víctima.

“El hombre de iniciales AL golpeó a la víctima en la parte posterior de su cabeza”, detalló el fiscal y agregó que “luego le asestó una serie de puñaladas mientras su padre estaba tendido en el piso”. En tal sentido, Menéndez afirmó que “la víctima resultó con una serie de heridas que derivaron en su muerte”.

“Posteriormente, el imputado envolvió el cuerpo de su padre en frazadas y lo ató a la parte trasera de una pick–up marca Chevrolet modelo Apache de color amarilla, propiedad de la víctima, y lo sacó arrastrándolo por el camino trasero de la vivienda, tomando por la calle Ayacucho para luego dirigirse en dirección a la calle Meunier”, relató el funcionario del MPA.

El fiscal también puntualizó que “el hombre investigado continuó por esta vía hasta un derivador de aguas ubicado en la intersección con calle José Ingenieros, donde se detuvo, arrojó el cuerpo de su padre y regresó a la vivienda”.

El representante del MPA indicó que “una vez de vuelta en el inmueble, el imputado utilizó diversos elementos de limpieza e intentó borrar los rastros del ilícito que había cometido unos minutos antes”.

“Con el fin de lograr la impunidad por el homicidio que había cometido, el martes 5 de mayo, el imputado realizó una denuncia en la que refirió a una presunta desaparición de la víctima y aportó datos falsos”, resaltó el fiscal.

Menéndez destacó que “si bien la investigación se inició por la búsqueda del paradero de López, fuimos realizando distintas diligencias que nos permitieron avanzar con la hipótesis de que en realidad se trataba de un homicidio”. En tal sentido, el fiscal del MPA indicó que “el miércoles ordenamos la detención del imputado, quien estaba en la vivienda en la que cometió el ilícito”.

“Finalmente, en horas de la tarde de ese día fue encontrado el cuerpo de la víctima”, concluyó el fiscal.

El hombre que quedó en preventiva es investigado como autor de los delitos de homicidio doloso agravado (por el vínculo) y falsa denuncia.

Este jueves por la mañana, en la sala Antonio Garnier del Palacio Municipal, se realizó la segunda apertura del año de los Buzones de la Vida en la que se rindió un sentido homenaje al representante del Obispado de Venado Tuerto, Marcelo Laiño, recientemente fallecido.

En esta ocasión se rescataron de las ocho urnas dispuestas en distintos puntos de la ciudad, un total de 74 denuncias de posibles delitos, que fueron remitidos al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Participaron de la apertura de los Buzones el fiscal Regional Mauricio Clavero; la secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha; el director de Control Urbano, Fernando Salinas; el subsecretario de Vecinales, Facundo Rebasti; el representante del Ministerio de Seguridad provincial, Nahuel Pasquinelli; los concejales Juan Ignacio Pellegrini, Santiago Meardi, Carlos Jordán, Florencia Di Pizio, Didier Bizet y Gisela Pouillastrou; Mario Benítez en nombre del Obispado, y Santiago Córdoba por la Agrupación “Leo Ponzio”.

“Hemos rescatado 74 posibles denuncias, que, en esta ocasión, a diferencia de todas las aperturas anteriores en que las presentaciones eran enviadas a la Fiscalía Federal, a partir de ahora serán remitidas al Ministerio Público de la Acusación, en una instancia de común acuerdo que hicieron la Fiscalía Federal con el MPA, para trabajar de manera mancomunada”, informó Rocha.

La idea es que con esta nueva metodología de trabajo se le pueda dar un diligenciamiento más ágil a muchas de las denuncias que se recepcionan, relacionadas con microtráfico y narcomenudeo.

La funcionaria recordó que mediante este mecanismo de denuncia anónima se pueden hacer presentaciones relacionadas con venta de drogas y trata de personas, “cualquier aporte de los vecinos puede ser válido para dar inicio o completar alguna investigación”, remarcó. 

Por su parte, el fiscal Regional, Mauricio Clavero, agradeció “a las personas, a los ciudadanos venadenses que tienen la valentía de darnos la posibilidad, a través de la información que nos brindan, de dar combate a este flagelo que nos atraviesa a todos y nos toca la puerta en algún momento u otro con algún ser querido”.

Con respecto al trabajo con la Fiscalía Federal, Clavero alegó que “a través de una reunión de voluntades, de esfuerzos en conjunto, de ponernos de acuerdo, de trabajar mancomunadamente, decidimos compartir la información necesaria para que podamos verdaderamente aplastar la cabeza del pulpo, ir por todos aquellos que, de algún modo, se benefician del circuito del dinero sucio, del dinero producto de la venta del veneno a nuestros seres queridos”.

En este contexto, el funcionario judicial aseguró que “vamos por todos los delincuentes, incluso aquellos que se benefician del dinero sucio. Creo que es un llamado de atención para todos aquellos que están involucrados, de una manera u otra, en este tipo de redes delictivas, de que ahora la Justicia Federal y la Justicia Provincial, trabajan en conjunto. Como lo decía el intendente Leonel Chiarella, vamos por todas estas personas que se benefician de este dinero mal habido”.

Los ocho Buzones de la Vida están ubicados en el ingreso al Palacio Municipal (San Martín y Marconi), Concejo Municipal (Sarmiento y Alem), Terminal de Ómnibus “Arturo Illia” (Centro Territorial de Denuncias), CIC (Falucho y Vuelta de Obligado), Asistencia Pública Municipal “Julio Maiztegui” (Brown 478) y los CAP´s de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835).

Según trascendidos, desde el Ministerio Público de la Acusación Circunscripción N°3, habrían logrado identificar en las últimas horas a un número significativo de jóvenes que estarían detrás de las amenazas de tiroteos en escuelas del sur-sur santafesino. Los episodios, que encendieron las alarmas en la comunidad educativa, se registraron en Venado Tuerto, Elortondo, Murphy, Firmat y Rufino.

De acuerdo a fuentes confiables, los implicados tienen entre 16 y 18 años, por lo que serán imputados en el marco del sistema de responsabilidad penal juvenil. En paralelo, también fueron detectados menores inimputables —menores de 16 años— que serán sometidos a otro tipo de intervención judicial.

Audiencias y medidas judicialesVoceros consultados indicaron que los adolescentes punibles serán llevados a audiencias imputativas, donde incluso podría disponerse la aplicación de medidas cautelares. En tanto, los menores no punibles deberán comparecer ante el juez de menores para la imposición de medidas socioeducativas.

En todos los casos, la Justicia habría solicitado el seguimiento de los jóvenes a través de distintas áreas del Estado, incluyendo la intervención sobre el núcleo familiar, en busca de un abordaje integral.

Asimismo, se habrían realizados allanamientos y requisas en domicilios vinculados a los sospechosos, con el secuestro de elementos considerados relevantes para la investigación.

Delitos y penas previstasLas actuaciones se encuadran, en principio, en las figuras de intimidación pública y amenazas agravadas. Según establece el Código Penal, quienes generen temor público o alteraciones del orden mediante este tipo de amenazas pueden enfrentar penas de entre 2 y 6 años de prisión.

En los casos agravados —como el uso de armas o el anonimato— las sanciones pueden elevarse a entre 3 y 6 años. Sin embargo, la acumulación de delitos podría derivar en condenas que alcancen hasta los 12 años de prisión, de acuerdo a la calificación final que determine la Justicia.

Impacto en la comunidad Los hechos provocaron una fuerte conmoción en las comunidades afectadas, especialmente entre familias, docentes y estudiantes. Las amenazas obligaron a activar protocolos de seguridad y generaron temor en el ámbito escolar.

Desde distintos sectores remarcan la necesidad de reforzar no solo los mecanismos de prevención, sino también las políticas de contención y acompañamiento para jóvenes, en un contexto donde el uso de redes sociales aparece como un factor clave en la propagación de este tipo de conductas.