Este jueves por la mañana, en la sala Antonio Garnier del Palacio Municipal, se realizó la segunda apertura del año de los Buzones de la Vida en la que se rindió un sentido homenaje al representante del Obispado de Venado Tuerto, Marcelo Laiño, recientemente fallecido.

En esta ocasión se rescataron de las ocho urnas dispuestas en distintos puntos de la ciudad, un total de 74 denuncias de posibles delitos, que fueron remitidos al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Participaron de la apertura de los Buzones el fiscal Regional Mauricio Clavero; la secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha; el director de Control Urbano, Fernando Salinas; el subsecretario de Vecinales, Facundo Rebasti; el representante del Ministerio de Seguridad provincial, Nahuel Pasquinelli; los concejales Juan Ignacio Pellegrini, Santiago Meardi, Carlos Jordán, Florencia Di Pizio, Didier Bizet y Gisela Pouillastrou; Mario Benítez en nombre del Obispado, y Santiago Córdoba por la Agrupación “Leo Ponzio”.

“Hemos rescatado 74 posibles denuncias, que, en esta ocasión, a diferencia de todas las aperturas anteriores en que las presentaciones eran enviadas a la Fiscalía Federal, a partir de ahora serán remitidas al Ministerio Público de la Acusación, en una instancia de común acuerdo que hicieron la Fiscalía Federal con el MPA, para trabajar de manera mancomunada”, informó Rocha.

La idea es que con esta nueva metodología de trabajo se le pueda dar un diligenciamiento más ágil a muchas de las denuncias que se recepcionan, relacionadas con microtráfico y narcomenudeo.

La funcionaria recordó que mediante este mecanismo de denuncia anónima se pueden hacer presentaciones relacionadas con venta de drogas y trata de personas, “cualquier aporte de los vecinos puede ser válido para dar inicio o completar alguna investigación”, remarcó. 

Por su parte, el fiscal Regional, Mauricio Clavero, agradeció “a las personas, a los ciudadanos venadenses que tienen la valentía de darnos la posibilidad, a través de la información que nos brindan, de dar combate a este flagelo que nos atraviesa a todos y nos toca la puerta en algún momento u otro con algún ser querido”.

Con respecto al trabajo con la Fiscalía Federal, Clavero alegó que “a través de una reunión de voluntades, de esfuerzos en conjunto, de ponernos de acuerdo, de trabajar mancomunadamente, decidimos compartir la información necesaria para que podamos verdaderamente aplastar la cabeza del pulpo, ir por todos aquellos que, de algún modo, se benefician del circuito del dinero sucio, del dinero producto de la venta del veneno a nuestros seres queridos”.

En este contexto, el funcionario judicial aseguró que “vamos por todos los delincuentes, incluso aquellos que se benefician del dinero sucio. Creo que es un llamado de atención para todos aquellos que están involucrados, de una manera u otra, en este tipo de redes delictivas, de que ahora la Justicia Federal y la Justicia Provincial, trabajan en conjunto. Como lo decía el intendente Leonel Chiarella, vamos por todas estas personas que se benefician de este dinero mal habido”.

Los ocho Buzones de la Vida están ubicados en el ingreso al Palacio Municipal (San Martín y Marconi), Concejo Municipal (Sarmiento y Alem), Terminal de Ómnibus “Arturo Illia” (Centro Territorial de Denuncias), CIC (Falucho y Vuelta de Obligado), Asistencia Pública Municipal “Julio Maiztegui” (Brown 478) y los CAP´s de los barrios Ciudad Nueva (Amincton 585), Malvinas Argentinas (Valdez 555) y Rivadavia (26 de Abril 835).

Según trascendidos, desde el Ministerio Público de la Acusación Circunscripción N°3, habrían logrado identificar en las últimas horas a un número significativo de jóvenes que estarían detrás de las amenazas de tiroteos en escuelas del sur-sur santafesino. Los episodios, que encendieron las alarmas en la comunidad educativa, se registraron en Venado Tuerto, Elortondo, Murphy, Firmat y Rufino.

De acuerdo a fuentes confiables, los implicados tienen entre 16 y 18 años, por lo que serán imputados en el marco del sistema de responsabilidad penal juvenil. En paralelo, también fueron detectados menores inimputables —menores de 16 años— que serán sometidos a otro tipo de intervención judicial.

Audiencias y medidas judicialesVoceros consultados indicaron que los adolescentes punibles serán llevados a audiencias imputativas, donde incluso podría disponerse la aplicación de medidas cautelares. En tanto, los menores no punibles deberán comparecer ante el juez de menores para la imposición de medidas socioeducativas.

En todos los casos, la Justicia habría solicitado el seguimiento de los jóvenes a través de distintas áreas del Estado, incluyendo la intervención sobre el núcleo familiar, en busca de un abordaje integral.

Asimismo, se habrían realizados allanamientos y requisas en domicilios vinculados a los sospechosos, con el secuestro de elementos considerados relevantes para la investigación.

Delitos y penas previstasLas actuaciones se encuadran, en principio, en las figuras de intimidación pública y amenazas agravadas. Según establece el Código Penal, quienes generen temor público o alteraciones del orden mediante este tipo de amenazas pueden enfrentar penas de entre 2 y 6 años de prisión.

En los casos agravados —como el uso de armas o el anonimato— las sanciones pueden elevarse a entre 3 y 6 años. Sin embargo, la acumulación de delitos podría derivar en condenas que alcancen hasta los 12 años de prisión, de acuerdo a la calificación final que determine la Justicia.

Impacto en la comunidad Los hechos provocaron una fuerte conmoción en las comunidades afectadas, especialmente entre familias, docentes y estudiantes. Las amenazas obligaron a activar protocolos de seguridad y generaron temor en el ámbito escolar.

Desde distintos sectores remarcan la necesidad de reforzar no solo los mecanismos de prevención, sino también las políticas de contención y acompañamiento para jóvenes, en un contexto donde el uso de redes sociales aparece como un factor clave en la propagación de este tipo de conductas.

La fiscal general María Cecilia Vranicich comenzó su exposición ante la Legislatura con una enumeración que fue más allá de lo sucedido en San Cristóbal, que tuvieron amplia difusión y sin embargo no son puestos como una unidad en la agenda del debate público. Fue una lista de “horrores” que ella comparó con los de su primer informe en el cargo, en mayo de 2024, a propósito de la violencia de entonces asociada al narcotráfico y otros delitos.

La titular del MPA mencionó las torturas por dos años y el asesinato grabado sufrido por Jeremías Monzón a manos de un menor y un mayor; habló del rostro desfigurado con una navaja a Delfina, también en San Cristóbal; mencionó un parricidio de un adolescente sobre su madre “de un tiro en la nuca”; de un femicidio y su presunto autor; y del caso del menor apodado “Pirañita” que estaba inmerso en un grupo de delincuentes.

Más allá de las particularidades de cada caso invitó a reflexionar sobre los problemas que hoy cruzan a los adolescentes y los jóvenes. Recordó que aún no está vigente la última reforma a la ley penal que baja la edad de imputación, y que en el asesinato de Ian, el sancristobalence de apenas 13 años, no habrá posibilidades punitivas para el asesino. No obstante, dijo que fue una decisión del MPA que el joven de 15 años que disparó este “presente físicamente” en el proceso. Consideró que ese paso es imprescindible en ese caso, “que vea a la cara a quienes hoy sufren tanto dolor”, comentó en diálogo con los periodistas al terminar su exposición como antes lo había hecho ante los legisladores.

Exposición de la fiscal general en la Legislatura. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

De los casos en los que siempre cuesta entender los porqué pasó a una observación de lo que sucede en el primer mundo, donde dos tendencias se imponen ante el problema de los niños y los adolescentes expuestos a las redes sociales. Habló de las prohibiciones que están lideradas por Australia y algunos países del este europeo y de las regulaciones que procura la Europa central con Francia, España y Portugal para restringir las pantallas ante los rostros angelicales que bien pueden ser demoníacos y aún tienen acné.

Luego de los aplausos a la fiscal, se diría que por labor y por la claridad de su informe anual, y antes del turno de las preguntas, habló el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig. Dijo que en el departamento que representa, San Cristóbal, “no volveremos a ser los mismos”. Como la jefa de los fiscales marcó una línea en un antes y un después del 30 de marzo.

Vranicich dio más detalles sobre la investigación en curso, sobre los aportes que el Ministerio Público Fiscal dio de inmediato ante el crimen en la escuela y brindó unas explicaciones claras respecto de cómo se ha trabajado “en equipo” para la reciente detención de otro joven y la identificación de una verdadera cultura de la muerte que exalta a quienes arremeten armados contra sus compañeros en las escuelas. Otra vez, los motivos fuera de la razón hasta ahora conocida.

Vranicich pidió a los legisladores poner en agenda el tema y aunque obviamente las potenciales restricciones o regulaciones a redes o contenidos de riesgo deberán partir del Congreso de la Nación solicitó que Santa Fe tenga posiciones para que quienes promocionan el odio y la violencia no puedan expandir sus mensajes tan fácilmente.

Por primera vez, el MPA publicó el número de suicidios en la Provincia de Santa Fe en su informe anual a la Legislatura. Vranicich explicó que se da a conocer la cifra luego de una profunda revisión de lo que era hasta ahora la conducta elegida: no mostrar su peso en el número total de muertes violentas por temor a que su difusión cause algún tipo de imitación.

Gráfico muertes violentas en Santa Fe.

La fiscal general dijo que en su informe anterior, el diputado Carlos del Frade le reclamó sin éxito saber esa cifra y tras explicar que hoy la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan su difusión, puso los casos de quienes terminan con sus vidas en una misma gráfica que quienes la pierden también violentamente en crímenes o en homicidios.

El legislador opositor que como los demás felicitó al MPA pidió más precisiones respecto de las edades y advirtió que la presencia de tantos suicidios de personas con menos de 25 años completa el cuadro de situación planteado antes.

En síntesis, si para los años anteriores los crímenes vinculados al narcotráfico y la situación de Rosario ocupaban el lugar central de las preocupaciones en la persecución penal, hoy es la violencia inexplicable en jóvenes y adolescentes (contra terceros o contra sus vidas) lo que llama la atención.

Una serie de allanamientos realizados este lunes en Venado Tuerto culminó con la detención de dos personas en el marco de una investigación por presuntas maniobras vinculadas al narcotráfico y operaciones ilegales con divisas.

Los procedimientos fueron llevados adelante de manera conjunta entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Justicia Federal, en una causa que se desprende de investigaciones previas por comercialización de estupefacientes.

En este marco, el fiscal del MPA, Iván Raposo, explicó que la investigación se originó a partir de declaraciones de imputadas detenidas el año pasado por venta de drogas, lo que permitió avanzar sobre nuevas líneas investigativas.

“Con el análisis de billeteras virtuales y nueva evidencia, se pudo identificar a personas vinculadas a la organización, lo que derivó en los allanamientos realizados este lunes”, detalló el fiscal en diálogo con Antes que Nada (LT29) .

En paralelo, la Justicia Federal investiga otro tramo de la causa relacionado con operaciones económicas, aunque ambas jurisdicciones coinciden en los mismos sujetos investigados.

Desde la órbita provincial se realizaron cuatro allanamientos: dos en domicilios particulares de los titulares de una agencia de turismo local, uno en un domicilio vinculado a familiares y otro en la propia agencia.

En uno de los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa, incluyendo: dispositivos electrónicos (computadoras, celulares y memorias digitales); documentación relevante; dinero en efectivo en distintas monedas (pesos, dólares y euros) y armas de fuego de diferentes calibres.

“Se incautó una gran cantidad de material que ahora deberá ser analizado en profundidad, ya que hoy la información relevante está mayormente en formato digital”, indicó Raposo .

Según explicó el fiscal, la principal línea investigativa apunta a una presunta participación secundaria en el circuito del narcotráfico.

“Lo que se investiga es que estas personas habrían recibido dinero proveniente de la venta de estupefacientes y lo canalizaban a través de operaciones de cambio de divisas, facilitando así la actividad ilícita”, precisó .

En ese sentido, aclaró que no se les atribuye directamente la comercialización de drogas, sino una colaboración en el manejo y circulación del dinero generado por esa actividad.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas dos personas: uno de los titulares de la agencia de turismo y un familiar directo vinculado a la investigación.

Ambos permanecerán detenidos al menos hasta la audiencia imputativa y cautelar, que podría realizarse en los próximos días.

Debido a la complejidad del caso y la existencia de múltiples imputados, el fiscal solicitó la aplicación de un plazo extraordinario de hasta 15 días para avanzar con la imputación formal.

“Se trata de una causa compleja, con organización delictiva y múltiples líneas de investigación abiertas”, remarcó Raposo .

En la mañana de este lunes, la justicia provincial y federal llevó a cabo una serie de allanamientos en Venado Tuerto, en el marco de una investigación de varios meses sobre un presunto circuito de cambio ilegal de pesos a dólares utilizado por organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes.

Entre los puntos allanados se encontraban una agencia de turismo -donde funciona una casa de cambios-. La fiscal federal Daniela Ghiorzi confirmó que los operativos se realizaron en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y que se relacionan con causas de microtráfico y otras investigaciones que ya venían siendo trabajadas por la justicia federal.

“El producido de la venta de drogas en pesos se cambiaba ahí para acceder a dólares, y después podían comprar nuevamente droga en otra ciudad o distrito con moneda estadounidense”, explicó Ghiorzi, señalando que varias de las personas investigadas ya habían sido imputadas o condenadas por la justicia provincial y federal.

La fiscal detalló que la habilitación de una agencia para operar con dólares no garantiza que todas sus operaciones sean legales. “Una agencia puede estar habilitada por el Banco Central para comercializar dólares, pero bajo ciertos mecanismos y protocolos. Si no cumple esos requisitos, se empieza a hablar del delito de intermediación financiera no autorizada. Y si además se le cambia dinero sistemáticamente a organizaciones vinculadas al narcotráfico, se abre un análisis por otro tipo de delitos”, señaló.

En principio, Daniela Ghiorzi indicó que el local allanado contaba con constancia de habilitación, aunque se debe verificar con el Banco Central si hubo irregularidades en las operaciones. “Que esté habilitada no implica que no haya podido vender dólares ilegalmente a una organización dedicada a la venta de drogas”, aclaró.

Además, la fiscal confirmó que en paralelo se sustanció un allanamiento en la misma financiera por otra causa originada por cereal robado en la provincia de Córdoba (que luego comercializarían empresas del sur-sur santafesino), aunque se trata de una investigación independiente.

“No obtuvimos información relevante en relación con la causa principal, pero todos los elementos secuestrados serán analizados”, concluyó.

Los operativos incluyeron, entre la justicia federal y el MPA, al menos una treintena de domicilios y establecimientos vinculados a ambas causas, incluyendo celdas de personas privadas de libertad. Hasta el momento se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación que será analizada para avanzar con la investigación.

Este lunes, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Juzgado Federal de Venado Tuerto llevaron adelante un allanamiento en una conocida agencia de turismo de la ciudad. El procedimiento se realizó de manera coordinada con otro operativo en la vivienda del titular de la firma.

Fuentes oficiales confirmaron que ambas medidas forman parte de una investigación en curso que busca esclarecer posibles maniobras ilegales relacionadas con el mercado cambiario.

Hipótesis: conexión con bandas narcoSegún las primeras informaciones, la causa estaría vinculada al presunto cambio ilegal de pesos a dólares para abastecer a organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto.

De acuerdo a los investigadores, al menos una de las bandas obtenía ganancias en moneda local por la venta de droga y luego recurría a la agencia para convertir esos ingresos a dólares estadounidenses.

La operatoria, siempre según fuentes cercanas a la pesquisa, respondía a una exigencia del proveedor de cocaína, radicado en Rosario, quien requería pagos en moneda extranjera. Esto habría generado un circuito ilegal donde el dinero proveniente del narcotráfico era “blanqueado” mediante operaciones cambiarias informales.

El origen de la investigaciónLa causa se remonta a comienzos de 2025, cuando una testigo protegida aportó datos clave sobre el funcionamiento de al menos dos bandas narco en la ciudad. A partir de esa declaración, los investigadores comenzaron a reconstruir la ruta del dinero y detectaron posibles conexiones con actores del ámbito comercial.

María Cecilia Vranicich estuvo presente en un encuentro de intercambio que mantuvieron el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República de Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal –del cual Vranicich es vicepresidenta–, con el nuevo titular del Ministerio de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

Fue durante la mañana de este jueves en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Vranicich destacó que “para los ministerios públicos es fundamental trabajar de forma coordinada con los diferentes niveles del Estado”, y valoró que “el flamante ministro de Justicia nos haya recibido”.

En tal sentido, agregó que “por su trayectoria al frente del Ministerio Público Fiscal de CABA, conoce el tipo de desafíos que debemos afrontar desde nuestras instituciones”.

Mahiques presidió el encuentro en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: MPA

Luego del encuentro con Mahiques, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales y el Consejo de Política Criminal mantuvieron una reunión interna.

En ese marco, se ratificó la decisión de realizar las XXXVIII Jornadas Nacionales de Ministerios Públicos Fiscales y Narcocriminalidad el jueves 1 y el viernes 2 de octubre en Rosario.

(Por Gustavo Capeletti) - La Justicia ordenó hacer efectiva la detención del fiscal adjunto de la Unidad Fiscal Vera, Leandro Darío Benegas, imputado en una causa por abuso sexual con acceso carnal.

Fue luego de que quedara sin efecto la inmunidad de arresto que le impedía ser detenido hasta el momento. La orden se materializó en la noche del viernes en el domicilio particular del encartado. Quedó alojado en una sala del Hospital de Vera, por padecer una patología oncológica y psiquiátrica que impidió que sea ubicado en una celda de la alcaidía de la Unidad Regional XIX.

Tras ser imputado, la magistrada Norma Senn le había dictado prisión preventiva durante una audiencia realizada el 23 de febrero de 2026, aunque la medida no pudo ejecutarse debido a la inmunidad de arresto que asistía al funcionario por su cargo dentro del Ministerio Público de la Acusación.

Sin embargo, tras recibir el informe de la Asamblea Legislativa, que el jueves dispuso la suspensión de Benegas en el ejercicio de su cargo como fiscal, la justicia consideró que el “escudo protector” que impedía su detención quedó inactivo, habilitando así la ejecución de la prisión preventiva previamente ordenada.

De esta manera, con la suspensión del funcionario y la caída de su inmunidad de arresto, la justicia quedó habilitada para avanzar con la ejecución de la medida cautelar mientras continúa el proceso penal en su contra.

El decreto fue firmado por la jueza Claudia Graciela Bressan, quien dispuso que se oficie lo necesario para efectivizar la detención del imputado conforme a lo establecido en las leyes provinciales vigentes.

Benegas está acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por intimidación o coerción, todo en perjuicio de una joven que al momento de los hechos -2008- era menor de edad.

A mediados de mayo del año pasado, D. E. R. radicó una presentación ante la Auditoría General del MPA en la que apuntó contra el fiscal verense por, supuestamente, haberla sometido sexualmente cuando era menor de edad.

En su relato, filmado como testimonio por su abogado Dionisio Ayala, la joven -hoy mayor de edad- acompañada por su madre R. G. expresó su voluntad de denunciarlo ante la oficina de Rosario de la Auditoría General del MPA por abuso sexual con acceso carnal.

En sus dichos, la pretensa víctima reconstruyó que “en ese momento era abogado y estaba en el área de maestranza municipal, y yo lo conocí porque mi papá había pedido trabajo y bueno, ahí empezó a hablarme a mí y me decía que si yo estaba con él podía ser todo más fácil para mi familia, que me fije en la situación en que nosotros estábamos, que piense que mi papá podía tener trabajo, que él nos podía dar una mejor vida a mí y a mis hermanos”.

Fue ahí, contó, que “sin pensar, no sabía las consecuencias, yo cedí a lo que él me decía y bueno, me llevaba al estudio de él que está frente a los Tribunales, y ahí él abusaba de mí y me decía que yo solamente tenía que pensar en mi familia, en la vida que nosotros estábamos pasando ahora y ahí abusaba de mí”,

– ¿Qué edad tenía vos más o menos en ese momento?

-15, 16 años. Es algo que ahora lo pienso y en ese momento no lo entendía, lo veía por el lado que él sí me decía que piense en mi familia, en la vida si mi papá podía tener trabajo las cosas podían ser más fáciles.

– ¿Dónde trabajaba tu papá?

– En Espacios Verdes como contratado de la Municipalidad (de Vera).

– ¿Y Benegas en ese momento dónde trabajaba?

– Trabajaba ahí y él era abogado. Todavía no era fiscal y después fue designado, poco tiempo después fue designado fiscal.

– ¿Por qué no hiciste la denuncia en ese momento?

– Por miedo, porque no sabía cómo decirle a mi familia porque después él se olvidó de todo eso, como que él consiguió lo que quería y fue mentira y me daba vergüenza, miedo de decirle a mi familia lo que había pasado. Y no fue una sola vez, fueron muchas veces. Y él me decía que mi papá iba a poder tener más trabajo, más tiempo y que piense que yo tenía más hermanos chicos y así fue siempre.

El fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de la 4ta Circunscripción Judicial, Leandro Darío Benegas, acusado de haber cometido delitos de abuso sexual con acceso carnal e imputado por la justicia, fue el jueves 12 de marzo suspendido de forma preventiva por la Legislatura de Santa Fe, hasta tanto se resuelva su situación en el trámite disciplinario en curso.

Un hombre de 49 años identificado como Miguel Ángel Medina fue condenado a 11 años de prisión por amenazar y golpear a su expareja en Venado Tuerto. Así fue resuelto por el juez Adrián Godoy en un juicio oral y público que finalizó en la mañana de este lunes en los tribunales venadenses.

La fiscales que representaron al MPA en el debate fueron Luciana Del Greco y Mayra Vuletic, quienes valoraron la sentencia condenatoria y señalaron que “el monto de la pena impuesto es similar a los 13 años que habíamos pedido en nuestros alegatos”. Por otra parte, adelantaron que “esperaremos los fundamentos del magistrado para analizar los motivos que lo llevaron a resolver cómo lo hizo”.

“Logramos acreditar el contexto de violencia de género en el que vivía la mujer, quien sufrió hechos muy graves, tal como lo había señalado ella misma en reiteradas oportunidades durante la investigación”, subrayó Del Grecco. “Los testimonios que la víctima brindó y ratificó, fueron confirmados con las declaraciones de los dos hijos en común que tiene con el condenado; con los dichos de una vecina y con el informe pericial de los teléfonos celulares”, remarcó la fiscal.

Del Grecco precisó que “en octubre de 2023, la víctima y el condenado finalizaron una relación de pareja de 30 años, en el marco de la cual tuvieron dos hijos que ya son mayores de edad”. Asimismo, indicó que “la investigación de los ilícitos se inició a partir de que la víctima radicó una denuncia en mayo de 2024 en la sede de la Comisaría de la Mujer”.

Durante el debate, Del Grecco argumentó que “la modalidad de los hechos delictivos cometidos por Medina denota una conducta sumamente violenta y peligrosa”.

“El primero de los ilícitos que denunció la mujer fue cometido en mayo de 2024”, relató la fiscal y aclaró que “en esa oportunidad, Medina fue a la casa de la víctima, le tapó la boca con la mano y le apuntó en la frente con un arma de fuego, mientras le decía que la iba a matar porque, supuestamente, ella estaba en pareja con otra persona”.

Del Grecco también indicó que “días después, el condenado ingresó a la casa de la víctima en plena madrugada y sin autorización de ella”. En tal sentido, agregó que “la agredió físicamente, le apoyó un cuchillo en el cuello y le produjo un corte en la mano”.

“El tercer ilícito también fue en mayo de 2024”, puntualizó Del Grecco. “En esta oportunidad, Medina ingresó nuevamente a la casa de la mujer, le tiró alcohol en la cara y prendió un encendedor”, afirmó la fiscal y sostuvo que “no pudo lograr su objetivo porque llegó uno de los hijos de ambos”.

La fiscal del MPA especificó que “los ilícitos continuaron el 8 y el 9 de mayo, con amenazas a través de mensajes enviados a ella y a uno de los hijos de ambos a través del teléfono celular”.

Medina fue condenado como autor de los delitos de amenazas agravadas reiteradas (por el uso de arma) (dos hechos); lesiones leves dolosas doblemente agravadas (por el vínculo y por violencia de género); amenazas simples reiteradas (dos hechos) y tentativa de lesiones graves dolosas doblemente agravadas (por el vínculo y por violencia de género)

Dos hombres fueron condenados como coautores de un robo cometido en noviembre de 2022 en una vivienda en Venado Tuerto (departamento General López). Son identificados como Damián Sebastián Sosa y Agustín Damián Anelo, quienes son oriundos de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires.

Sosa, de 36 años, tenía antecedentes penales y se le impuso una pena a siete años y seis meses de prisión y fue declarado reincidente Por otra parte, Anelo, de 28 años, recibió seis años y seis meses de prisión.

La sentencia fue dispuesta por el juez Aldo Baravalle, en un juicio oral que comenzó en diciembre del año pasado y finalizó ayer en los tribunales venadenses.

El fiscal que representó al MPA es Iván Raposo. En tal sentido, manifestó que “valoramos positivamente que se haya condenado a los coautores del ilícito", y destacó que "el monto de la pena dispuesta es similar al que habíamos solicitado en nuestros alegatos".”.

Raposo recordó que “el robo fue cometido en horas de la tarde del 12 de noviembre de 2022 en una casa ubicada en calle Colón al 300 de Venado Tuerto”.

“Los condenados junto a otro hombre no identificado siguieron a las víctimas cuando salieron de su domicilio y se dirigieron al local comercial donde trabajan” explicó.

El fiscal precisó que “después de asegurarse que la vivienda estuviera deshabitada, Sosa y el tercer hombre ingresaron al inmueble, mientras Anelo se quedó en un auto estacionado en inmediaciones del lugar”. Al respecto, detalló que “los dos primeros saltaron una reja, subieron al techo de la vivienda y luego forzaron una puerta de un patio para entrar”.

“Los tres hombres lograron escapar en el auto en el que estaba Anelo con dinero en efectivo, dólares, euros y joyas de oro que sustrajeron de la vivienda” puntualizó el funcionario.

El representante del MPA remarcó que “los tres hombres actuaron de manera organizada y con división clara de roles”. En este sentido, sostuvo que “a través de las diferentes pruebas y testimoniales ofrecidas se pudo comprobar la planificación y ejecución del ilícito”.

Sosa y Anelo fueron condenados como coautores del delito de robo calificado triplemente agravado (por ser cometido en poblado y en banda, con efracción y escalamiento). 

Quedó en prisión preventiva un hombre de 25 años, cuyas iniciales son AJB, al que se investiga por robar un celular con un arma y lesionar a la víctima en Sancti Spiritu. Además, se le atribuyó hurtar previamente una motocicleta que se encontraba en la vía pública de la misma localidad y en la cual se trasladaba al momento del robo.

La fiscal Rafaela Florit solicitó la medida cautelar en una audiencia ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, realizada en los tribunales de Rufino.

En relación a lo dispuesto, la funcionaria del MPA valoró que “la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento y rechazó alternativas no privativas de la libertad que había propuesto la Defensa”.

Florit afirmó que “el martes 6 de este mes alrededor de las 7, el imputado junto a otra mujer detenida llegaron en una motocicleta negra a la Sala de Monitoreo”. Al respecto, especificó que “AJB hurtó una motocicleta marca Honda que se encontraba estacionada y huyó en el motovehículo”.

“El hombre y la mujer investigados se trasladaban por un camino de tierra de la misma localidad cuando a las 7.30 aproximadamente, se encontraron con un hombre que iba caminando por la vía pública”, relató la fiscal. “El imputado lo sobrepasó y luego pegó la vuelta”, puntualizó y añadió que “sacó un arma tipo revólver, le apuntó y le exigió que entregue su teléfono celular”.

La funcionaria del MPA explicó que “la víctima accedió inmediatamente mientras que AJB le pegó un culatazo en la cabeza, provocándole lesiones leves”.

“A partir del llamado al 911 que realizó la dueña de la motocicleta hurtada, personal policial logró interceptar y capturar al imputado a bordo dicho motovehículo, al que se le secuestró un arma calibre 22 sin municiones y el teléfono sustraído”.

Al hombre que quedó en preventiva se le atribuyó la coautoría del delito de robo agravado (por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada) y la autoría de los delitos de hurto agravado (por ser vehículo dejando en la vía pública) y lesiones leves dolosas.

(Por Juliano Salierno) - Por segundo año consecutivo desde la reforma al Código Procesal Penal de Santa Fe, el fuero afín lleva adelante sus funciones con “cuasi” normalidad durante enero, con agendamiento de audiencias y la programación de juicios orales en gran parte del territorio provincial.

En Santa Fe y Rosario, donde este viernes 2 de enero comenzaron tres debates orales, la agenda de sendas Oficinas de Gestión Judicial marcan una docena de juicios agendados para el primer mes de 2026.

Son 13 los juicios orales agendados en los tribunales de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Foto: El Litoral

En la Circunscripción Judicial Nº 1 -Santa Fe- se prevé la realización de siete debates, cinco de los cuales refieren a la temática de “abuso sexual”.

Según informó la Oficina de Gestión Judicial Nº 1, bajo la dirección del Mg. José Luis Longo Gasser, tres se desarrollarán durante la primera quincena y los cuatro restantes durante la segunda.

Este viernes, presidido por la jueza María Celeste Minniti, comenzó a ser juzgado Carlos Ramón M., en el marco de una causa por “abuso sexual”. El juicio se desarrolla en Sala 1 del subsuelo de los tribunales capitalinos y tiene como acusadores a los fiscales Vivian Galeano y Roberto Olcese; en tanto que la defensa técnica la realiza el abogado particular Alejandro María Otte.

Para la primera jornada estaba prevista la realización de los alegatos de apertura y declaración de testigos, la cual continuará el lunes próximo, con alegatos de clausura fijados para el martes 6 de enero y fecha de veredicto para el miércoles 7, tal como lo establece el cronograma oficial.

Por su parte, desde la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, confirmaron que “en el mes de enero hay programados 5 juicios orales”.

Centro de Justicia Penal de Rosario. Crédito: Archivo El Litoral

“Hoy comenzó un juicio llevado adelante por el fiscal Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, bajo la acusación de homicidio simple consumado”, contra un imputado de apellido Velázquez.

Además “comenzó hoy un juicio oral que lleva adelante el fiscal de Flagrancia, Rodrigo Urruticoechea, “por amenazas”, contra un imputado identificado como Andino.

En cuanto al resto de las circunscripciones: Nº 3 de Venado Tuerto; Nº 4 de Reconquista y Nº 5 de Rafaela, el panorama es disímil.

Así, fuentes de la OGJ de Venado Tuerto y Reconquista confirmaron en comunicación telefónica con El Litoral, que “no hay juicios fijados para enero”.

Mientras que en Rafaela por ejemplo, el único debate programado para el período estival se llevará a cabo entre el 19 y el 26 del corriente mes, por una causa de “robo”, cuyo imputado Julio César Antonio Unrein, atraviesa el proceso en libertad.

La continuidad de la agenda penal santafesina es la siguiente:

-Miércoles 7 de enero: causa contra Mauricio Alejandro R. por delitos contra la integridad sexual, a cargo del tribunal unipersonal Sebastián Szeifert. La fiscal será la Dra. Luciana Escobar Cello y los abogados Carolina Walker Torres y Matías Pautasso como querellantes. En tanto la defensa la ejerce el Dr. Sebastián Darrichón.

Cinco de los siete debates fijados en Santa Fe serán por delitos sexuales. Foto: Fernando Nicola

-Jueves 8 de enero: causa contra Emanuel Horacio V. por delitos contra la integridad sexual con acceso carnal simple, a cargo del juez Sergio Carraro. Será fiscal el Dr. Roberto Olcese y la defensa estará representada por la Defensa Pública.

-Lunes 19 de enero: contra Jorge Rafael P. por “abuso sexual”, juicio presidido por la Dra. Cecilia Labanca; y acusación de los fiscales Francisco Cecchini y Guillermo Persello. Con defensa del abogado Sebastián Oroño.

-Martes 20 de enero: contra Jorge Andrés I. por “delitos contra el orden público e intimidación pública”, cuyo juez de debate será el Dr. Leandro Lazzarini; con defensa del Dr. Juan Bautista Fossa y acusación del fiscal Marcelo Nessier.

-Viernes 23 de enero: contra César Daniel Z. por el delito de “homicidio culposo”, con el Dr. Luis Octavio Silva como presidente del tribunal unipersonal. El caso tendrá como acusadores al fiscal Ezequiel Hernández y al querellante Bruno Palamedi; en tanto que la defensa será del abogado Ignacio Alfonso Garrone.

-Viernes 23 de enero: contra Oscar Alexis R. por “delitos contra la integridad sexual con acceso carnal calificado por el parentesco”, a cargo de la jueza Cecilia Labanca; la fiscal Jorgelina Moser Ferro y la defensa privada del Dr. Gonzalo Marel.

En los tribunales rosarinos el 9 de enero está previsto que comience un juicio oral que llevará adelante la fiscal Georgina Cherara, con imputado González por hecho de abuso sexual gravemente ultrajante.

Para el 19 de enero está previsto el comienzo de juicio oral que lleva adelante el fiscal Diego Meinero con imputado Ávalos por hecho de abuso sexual.

Para el 26 de enero está previsto el comienzo de juicio oral llevado adelante por el fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, Patricio Saldutti con acusado Martínez por hecho de homicidio por alevosía.

Aunque hacía tiempo se debatía sobre la pertinencia o no de cerrar los tribunales durante enero y una quincena de julio, la decisión política de erradicar la feria judicial en materia penal de los tribunales santafesinos, fue planteada apenas asumió como gobernador Maximiliano Pullaro, a fines de 2023.

La decisión se concretó a través de la Ley Nº 14.258 modificatoria del Código Procesal Penal de Santa Fe, promulgada por boletín oficial el 14 de abril de 2024, la cual en su artículo 248º segundo párrafo establece que: “La feria judicial no rige en materia penal”.

Puntualmente, la normativa interpela a “La Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal”, los dos últimos declarados órganos extrapoder en septiembre, con la Reforma Constitucional.

La ley marca que a partir de ese momento “deben reglamentar, organizar y programar el otorgamiento de las licencias por vacaciones de funcionarios y empleados de manera que cada uno de los órganos garantice como mínimo la presencia del 50% del total de funcionarios y de empleados de la planta, respectivamente, en cada circunscripción y distrito según corresponda”.

(Por Juliano Salierno) - La reforma constitucional que transformó de raíz el sistema de justicia en la provincia de Santa Fe marca un hito en la historia política local: por primera vez, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) fueron reconocidos constitucionalmente como órganos autónomos, independientes y extrapoder, con respecto de los tres poderes clásicos del Estado.

La pugna por esta autonomía se aceleró en los primeros meses de 2025, en el marco de la Convención Constituyente Reformadora que sesionó entre julio y septiembre con el mandato de modernizar la Carta Magna santafesina.

La Defensora General, Moreno Robinson, en la toma de juramento a nuevos defensores públicos. Foto: Prensa MPD

Allí, el destino institucional de los organismos de acusación y defensa penal fue uno de los debates de mayor repercusión, tensionando posiciones entre convencionales, autoridades judiciales y representantes de los organismos jurídicos.

En abril de 2025, y en medio de la expectativa por la reforma, los fiscales del MPA difundieron un comunicado institucional en el que plantearon la necesidad de que el organismo deje de formar parte de cualquier poder estatal tradicional.

El texto reafirmó la voluntad de que el Ministerio Público de la Acusación sea considerado “un órgano extrapoder”, subrayando que debe gozar de “independencia, autonomía funcional y autarquía financiera”.

La reacción institucional se produjo tras unas declaraciones del nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rubén Weder, quien había sugerido la posibilidad de que el MPA pudiera depender del Poder Judicial o incluso del Ejecutivo, remitiendo la definición a la futura Constitución.

El 10 de septiembre de 2025, la Convención aprobó el nuevo texto constitucional provincial. Foto: Prensa MPD

En ese contexto, el MPA sostuvo en el comunicado que “las manifestaciones de los funcionarios públicos deben procurar mantener un marco de respeto recíproco y republicano de las funciones institucionales”.

Paralelamente, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, que había articulado su posición institucional mediante otro comunicado dirigido a los convencionales, reclamó igualmente que el Ministerio Público de la Defensa sea reconocido con autonomía funcional, autarquía financiera e independencia respecto de los tres poderes del Estado.

El debate en la Convención Constituyente no estuvo exento de controversias. Uno de los centros del contrapunto fue precisamente si el MPA y el MPD debían quedar dentro del Poder Judicial o bien ser considerados órganos extrapoder con plena autonomía institucional.

Según una crónica de El Litoral, en ese espacio hubo posiciones divergentes incluso dentro del oficialismo, aunque predominó un acuerdo para incluir la expresión “órgano extrapoder” en el texto constitucional final, en consonancia con el planteo sostenido por la Fiscal General María Cecilia Vranicich.

Vranicich, junto al Dr. Julio de Olazábal, primer Fiscal General del MPA. Foto: El Litoral

La discusión se centró también en la representación y control del desempeño de fiscales y defensores, un punto que implicaba repensar los mecanismos de selección y remoción de sus titulares.

En ese marco, hubo debates sobre si un organismo como un Consejo de la Magistratura o un Consejo Asesor debía intervenir, y bajo qué condiciones, en la propuesta institucional del nuevo esquema del Ministerio Público.

El 10 de septiembre de 2025, la Convención aprobó el nuevo texto constitucional provincial.

El cambio más significativo para los ministerios públicos fue la incorporación de un capítulo específico que dota de rango constitucional al Ministerio Público como un organismo independiente, dividido en el MPA y el MPD, con autonomía funcional, autarquía financiera y fuera de la órbita del Poder Judicial y los demás poderes tradicionales.

Además, se incluyeron disposiciones transitorias que establecieron el marco para la transición hacia el nuevo régimen institucional.

El reconocimiento como órgano extrapoder implica que ambos organismos tienen ahora capacidad de elaborar y ejecutar su propio presupuesto, seleccionar y remover a sus integrantes mediante procedimientos técnicos y autónomos, y definir su estructura interna sin injerencias del Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

La ratificación pública de este cambio se materializó en actos solemnes celebrados en septiembre y octubre de 2025.

El 27 de septiembre, la Fiscal General María Cecilia Vranicich encabezó, en el Museo de la Constitución de Santa Fe, la primera ceremonia de jura de fiscales bajo la nueva Carta Magna, un hecho inédito que consolidó el papel del MPA como órgano autónomo.

Estrella Moreno Robinson juró ante el gobernador el 12 de septiembre. Foto: El Litoral

En esa ocasión, Vranicich declaró ante la prensa: “Estamos ante un salto de calidad institucional enorme”, destacando la importancia histórica del momento y la decisión de los convencionales de reconocer al MPA como órgano extrapoder.

Días después, el 7 de octubre, la Defensora General Estrella Jorgelina Moreno Robinson encabezó un acto similar para autoridades y funcionarios del MPD, reafirmando el compromiso del Ministerio Público de la Defensa con el nuevo orden constitucional y con la plena vigencia de sus funciones en un marco de independencia institucional.

La transformación institucional impulsada en Santa Fe no solo rediseña el mapa del sistema de justicia provincial, sino que también refuerza los estándares de acceso a la justicia, imparcialidad y defensa de derechos.

El reconocimiento constitucional de los ministerios públicos extrapoder responde, según sus referentes, a la necesidad de garantizar que la persecución penal y la defensa técnica se ejerzan con plena autonomía institucional, reforzando la independencia de los operadores judiciales frente a influencias políticas o administrativas.

Este proceso constituyó, sin dudas, uno de los capítulos más relevantes del debate institucional santafesino en décadas, y coloca a la provincia en la vanguardia de las reformas judiciales en Argentina, al consagrar una figura moderna de órganos fiscales y defensores integrados bajo un paraguas institucional sólido, autónomo y constitucionalmente protegido.

El proceso de modernización del sistema de justicia penal en Santa Fe se inició con la reforma del Código Procesal Penal a fines de los años 2000, impulsada para transitar a un sistema penal acusatorio.

Esta reforma incluyó la creación del Ministerio Público de la Acusación mediante la Ley Provincial N° 13.013 sancionada el 24 de septiembre de 2009, y la creación del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (ley 13.014).

Ambos organismos comenzaron a funcionar -dentro del Poder Judicial- formalmente el 10 de febrero de 2014, durante la gestión del entonces gobernador Antonio Bonfatti, consolidando la estructura acusatoria que la reforma procesal penal venía gestando.

El 10 de septiembre de 2025 se sancionó la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, en la cual se reconoce expresamente al Ministerio Público como un órgano independiente de los tres poderes clásicos del Estado, compuesto por el MPA y el MPD, independientes entre sí y dirigidos por un Fiscal General y un Defensor General respectivamente.

En 2025, un total de 5.170 armas de fuego, 93.000 municiones y 48 chalecos balísticos fueron entregados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) al Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC), para su destrucción.

Los materiales trasladados fueron secuestrados en el marco de legajos penales que tramitaron en las distintas fiscalías regionales a raíz de hechos ilícitos cometidos en la provincia de Santa Fe.

Los materiales fueron trasladados en cuatro operativos realizados en distintos momentos del año, los cuales fueron custodiados por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía provincial.

Las tareas se enmarcan en los Objetivos Priorizados del MPA y fueron posibles en función de lo establecido en los convenios firmados por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con el Registro Nacional de Armas (RENAR).

Desde la Secretaría de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General se destacó el incremento en la capacidad de procesamiento y destrucción de las armas de fuego y de las municiones.

Al comparar las cantidades de 2024 con las de este año, se evidencia un considerable aumento interanual de 12% en la cantidad de armas de fuego (4.617 en 2024) y de 129% en municiones (40.500 el año pasado).

El primero de los operativos se realizó en marzo de este año, oportunidad en la que el MPA llevó al BANMAC 1.330 armas de fuego. En julio se remitieron 1.344, en septiembre fueron 1.490 y en el operativo del 15 de diciembre se llevaron 1.006 armas.

En función de la gran cantidad de secuestros realizados por el MPA, otras 700 armas de fuego ya fueron peritadas y están en condiciones de ser enviadas para su destrucción. Por razones operativas de la planta de destrucción de Buenos Aires, no fueron llevadas este lunes, pero sí integrarán el primer convoy de destrucción programado para comienzos de 2026.

Previo al traslado de las armas, de las municiones y de los chalecos al BANMAC, se cumplió con los protocolos de peritaje, identificación y registración en el Sistema Nacional de Identificación Balística.

Asimismo, la gestión de efectos del MPA cuenta con la certificación de normas internacionales ISO 9001, lo cual garantiza transparencia, trazabilidad y calidad en todas las etapas del proceso, desde el secuestro hasta su destrucción.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación, informó la detención de Héctor Argentino “El Patrón” Gallardo, considerado uno de los capos narco de San Francisco y ubicado entre los diez criminales más buscados de la Provincia. Por su captura se ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos.

El operativo se concretó este martes en Puerto Madryn, donde agentes de la División de Investigaciones de Chubut lo arrestaron tras un trabajo conjunto con autoridades judiciales y policiales de Santa Fe. La investigación había detectado que Gallardo se movía por el sur del país con una identidad falsa.El fugitivo estaba prófugo desde abril de 2022, cuando fue imputado por el homicidio agravado de Carlos Cabrera y por amenazas coactivas, hechos ocurridos en la localidad de Frontera. “La investigación está bajo la órbita de la Fiscalía Regional V, que encabezó las pesquisas”, explicó el fiscal regional Carlos Vottero.

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo de Asistencia a la Investigación siguieron durante semanas los movimientos del sospechoso por distintas provincias. Las pesquisas confirmaron que manejaba desde hace años la estructura del “Clan Gallardo”. “Esto requirió un trabajo coordinado entre el MPA, la Fiscalía Regional V y el Ministerio de Justicia y Seguridad. A través de contactos interinstitucionales con fuerzas federales y provinciales logramos capturarlo”, señaló la investigación.

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, destacó que tanto el MPA como la Provincia llevan adelante “una lucha inclaudicable para ir a buscar a las personas con pedido de captura y sostener un esquema de búsqueda que clasifica a los más buscados de Santa Fe, lo que podríamos llamar clase A”.

Galfrascoli añadió que las fiscalías trabajan con prioridades “de segundo y tercer orden” para sostener esquemas de persecución que permitan que los imputados comparezcan ante la Justicia “como corresponde, para tranquilidad de los vecinos de la provincia y de Rafaela”.

El comisario Martín Gianni, integrante del equipo de asistencia a la Fiscalía, detalló que Gallardo se movía con un documento apócrifo y había modificado su fisonomía: llevaba tatuajes cubiertos y se había cambiado el corte y el color del cabello. Su itinerario incluyó localidades del sur de Buenos Aires y Neuquén antes de instalarse en Chubut. “Con la colaboración de fuerzas provinciales y el aporte de información de inteligencia se logró dar con su captura”, afirmó.

Tras el proceso de extradición, Gallardo será trasladado a Rafaela para ser imputado. Es el décimo tercer delincuente de alto perfil detenido en la provincia y el octavo desde que se implementó el programa de recompensas “Los más buscados”.

En la conferencia participaron también la coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo, y la directora general de la PDI, Eva Cainelli.

Gallardo, de 54 años, fue señalado como líder del Clan Gallardo. Está acusado del asesinato a balazos de Carlos Miguel Cabrera frente a su domicilio de la calle 74 al 340 de Frontera. La investigación determinó que los autores del ataque fueron dos hombres en una moto de baja cilindrada.

El avance de la inteligencia criminal orientó la búsqueda hacia el sur del país, donde Gallardo habría suplantado la identidad de un familiar y viajado en un automóvil. La Policía Judicial de Chubut, junto con divisiones de Investigaciones, Búsqueda de Personas, Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, y con la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de Gendarmería Nacional, terminó cercándolo. La detención se concretó el 2 de diciembre por la tarde en Puerto Madryn.

En la madrugada de hoy, personal del Comando Radioeléctrico (CRE) de Venado Tuerto detuvo a un hombre que registraba un pedido de captura activo. Los efectivos acudieron a un llamado al 911 que alertaba sobre un sujeto que golpeaba puertas de viviendas en la zona de Vuelta de Obligado y Cabral, situación que generó preocupación entre los vecinos.

Al llegar al lugar, los policías identificaron al individuo y constataron que poseía un pedido de captura vigente, solicitado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto. De inmediato fue aprehendido y trasladado a la sede policial.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.

Se ofrece una recompensa de 8 millones de pesos para las personas que aporten datos útiles vinculados a la desaparición de Christian Nicolás Godoy, o datos que permitan establecer lo sucedido entre el lunes 14 y el martes 15 de julio de 2014 en Venado Tuerto. Así lo dispuso el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA.

La investigación penal está a cargo de las fiscales Marianela Montemarani y Mayra Vuletic, respectivamente.

Quienes tengan datos para brindar comunicarse a través del correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar. Por su parte, también se puede brindar la información al 911 y/o al 0800–444–3583.

“Existen elementos dentro de la investigación que hacen presumir que la desaparición de Nicolas no fue voluntaria”, afirmaron Montemarani y Vuletic. “A eso se añade que días después de haber sido visto por última vez en la estación de ómnibus de Venado Tuerto, su auto fue encontrado incinerado y sus perros debieron ser rescatados en cercanías del vehículo”, agregaron.

Las funcionarias del MPA advirtieron que “no se descarta ninguna hipótesis, razón por la cual, es muy importante poder sumar información precisa al legajo penal abierto”.

Si se corrobora la relevancia y la credibilidad de esos aportes, se notificará al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia para que se entregue la recompensa correspondiente.

Por otro lado, en todos los casos se mantendrá en extrema reserva la identidad de las personas que brinden información. De ser necesario, además se dará intervención a los Programas de Protección de Testigos de los poderes ejecutivos provincial y nacional.

Por Juliano Salierno

La declaración de autarquía, autonomía e independencia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que tras la entrada en vigencia de la Reforma Constitucional se escindió del Poder Judicial, tendrá en noviembre dos hitos, uno de ellos consumado y otro en marcha.

El primero tiene que ver con un paso estrictamente formal y burocrático, pero que hace a la independencia del MPA como órgano extrapoder y refiere al pago de haberes. “Por primera vez el MPA pagó sueldos a 799 personas” que se desempeñan en las cinco regionales de la provincia, confirmaron desde el MPA.

Aunque simbólico, el recibo lleva un membrete con la sigla MPA y “no dice más Poder Judicial”, destacan desde 1º de Mayo 2417.

En cuanto a la masa salarial de 799 personas, la misma se desglosa de la siguiente manera: Fiscal General, Auditor General, Fiscales Regionales y fiscales titulares y adjuntos: 202; funcionarios: 70; y empleados: 527".

En paralelo, “estamos en el trabajo de armar el régimen de ingresos y el sistema de carreras”; y si bien “hay una parte que va pasar por una nueva Ley Orgánica que tiene que dictar la Legislatura, hay temas reglamentarios que tiene que dictar la Fiscal General”, expresaron.

Otro hecho histórico que está a punto de consumarse será la jura de 8 fiscales adjuntos subrogantes, que a diferencia de sus colegas en actividad, no asumirán el compromiso institucional ante la Corte Suprema de Justicia provincial, sino ante la Fiscal General, María Cecilia Vranicich.

Aunque todavía no fue definido, se espera que se realicen dos actos, uno en la ciudad de Santa Fe, donde jurarán seis fiscales para la Fiscalía Regional Nº 1 (Santa Fe) y uno para la Fiscalía Regional Nº 5 (Rafaela); en tanto que luego se celebrará un acto similar en Rosario, donde asumirá el octavo fiscal, que prestará funciones en la Fiscalía Regional Nº 2.

Los ocho fiscales que restan prestar juramento y que inaugurarán esta nueva etapa en la vida institucional del MPA, ya atravesaron la instancia de la Asamblea Legislativa el pasado 25 de septiembre y el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto designándolos el 24 de octubre último.

La lista está compuesta por seis fiscales para Santa Fe (FR1): Agostina Yanel Aimi; Jésica Bernard; Laura Gerard; Natalia Giordano; Julio Lema; y Pablo Gabriel Lipowy. Un fiscal para Rafaela (FR5): Mauricio Gabriel Spinosa. Y un fiscal para Rosario (FR2): Federico Damián Aranda.

Y si bien se aguardan precisiones en cuanto a definición de día y lugar, es un hecho que se realizará a mediados de la semana próxima. En cuanto a lo protocolar, se espera la presencia de autoridades académicas y del Ministerio de Justicia y Seguridad; legisladores, representantes de las fuerzas de seguridad y fiscales y funcionarios del MPA.

Los antecedentes inmediatos en cuanto a los actos de jura se remontan al 12 de septiembre pasado, cuando el gobernador Pullaro en su discurso de cierre de la reforma de la carta magna provincial se refirió al rol de la Justicia, en el que se “definen con claridad cuáles son los límites de permanencia en los cargos para el Poder Judicial y el Ministerio Público”.

“Con esta Constitución tendremos un ministerio público de la acusación y defensa que protege a la sociedad, que persigue el delito y también esté al lado de los más vulnerables. Se democratiza el mecanismo de selección de jueces, fiscales y defensores, y el procedimiento de remoción. Queremos consolidar un sistema de justicia más ágil, cercano y centrado en la protección de la sociedad”, completó.

Ese mismo día juraron la Fiscal General, Vranicich y la Defensora General, Estrella Moreno Robinson, junto a las principales autoridades de los tres poderes tradicionales del Estado y los convencionales constituyentes.

Luego, el 27 de septiembre, en un acto realizado en el Museo de la Constitución, la Fiscal General tuvo su propio acto para recibirle juramento a los tres fiscales regionales del centro norte y a unos 60 fiscales. Acto que al mes siguiente se replicó en Rosario, en el Museo a la Bandera.

“Es un día histórico”, dijo Vranicich, subrayando que “es la primera vez que una autoridad del MPA toma juramento, y esto responde a la decisión de los convencionales que, en representación del pueblo santafesino, decidieron que el MPA sea un órgano extrapoder”.

(Por Juliano Salierno) - Luego de que la jueza Cecilia Labanca admitiera la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra siete personas investigadas por organizar una estructura jurídica y financiera para captar apuestas ilegales de casinos online, el fiscal a cargo de la investigación, Agustín Nigro, destacó la solidez de la causa y la importancia del avance judicial.

La audiencia preliminar, realizada a lo largo de varias semanas en los tribunales de Santa Fe, culminó con la aceptación del requerimiento fiscal, que incluyó la totalidad de la prueba testimonial, documental y material aportada. La jueza Labanca también rechazó los pedidos de incompetencia, sobreseimiento y suspensión de juicio a prueba presentados por la defensa.

Los siete imputados, entre ellos dos ciudadanos brasileños y cinco argentinos de entre 28 y 63 años, son acusados por la coautoría en la organización de un sistema de captación ilegal de apuestas online.

Según el MPA, la maniobra operó entre abril de 2023 y octubre de 2024. Foto: Guillermo Di Salvatore

Según el MPA, la maniobra operó entre abril de 2023 y octubre de 2024, gestionando apuestas provenientes de juegos de azar virtuales vinculados a pronósticos deportivos, que se efectuaban a través de al menos 385 sitios web bloqueados judicialmente.

El fiscal Nigro explicó que los acusados utilizaron la estructura jurídica de dos sociedades comerciales extranjeras y la infraestructura financiera contratada a un banco nacional para concretar las operaciones ilícitas. Los dos brasileños, identificados como Claudio Marcos Just Cavalcante (52) y Carlos Eduardo Franco Russo (35), lideraban dichas compañías.

Además, el fiscal advirtió que alrededor del 20% de las transacciones correspondían a adolescentes que rondaban los 15 años, mientras que la edad promedio de los usuarios de los sitios ilegales era de 24 años.

La ausencia de controles para impedir la participación de menores fue uno de los factores que motivó la investigación, enmarcada dentro de los objetivos priorizados en el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General.

En cuanto a las penas solicitadas, el MPA pidió cinco años y seis meses de prisión para los dos ciudadanos brasileños.

Para tres argentinos -Natalia Soledad Salinas (40), Agustín Suares Araujo (48), Santiago Corbetta (41)- se solicitaron cuatro años y seis meses, mientras que para otros dos imputados -Justina García de la Peña (37) y Alejandro Gelormini (63)- la petición es de cuatro años de prisión. También se requirieron las multas máximas previstas en el Código Penal para todos los acusados.

“Esperamos que el juicio se realice a la brevedad", dijo el Dr. Nigro. Foto: Guillermo Di Salvatore.

Actualmente, el proceso continúa con la etapa en la que las defensas podrán apelar la admisión de la acusación. Tras la resolución de estos recursos, la justicia deberá dictar el auto de apertura a juicio, y la Oficina de Gestión Judicial asignará tribunal y fecha para el debate oral, aún sin definición.

“Esperamos que el juicio se realice a la brevedad para llevar adelante la persecución penal de esta organización que afectó a múltiples jurisdicciones y a cientos de apostadores en todo el país”, concluyó Nigro.

(Por Juliano Salierno) - Una investigación judicial por enriquecimiento ilícito en la comuna de Villa Saralegui, ubicada en el departamento San Cristóbal, derivó en la detención este jueves, del ex mandatario comunal, Walter A. Sola.

El caudillo local fue apresado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), en una causa que lleva adelante la fiscal de Delitos Complejos del MPA, la Dra. Bárbara Ilera. Además, se encuentra privado de la libertad su hijo Nicolás.

La noticia comenzó a circular a media mañana y este mediodía fuentes del MPA confirmaron sendas detenciones.

La investigación tiene eje en la administración comunal de Villa Saralegui. Foto: Archivo

Aunque la causa remite al pueblo de VIlla Saralegui, los allanamientos -unos diez en total-, se realizaron este jueves en la ciudad de San Justo, ubicada a 33 km al oeste, por ruta provincial Nº 2.

Una mutual, un hotel, un estudio contable, comercios y viviendas particulares, estaban siendo resguardados esta mañana por la fuerza policial especializada, que contó con el apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de distintas unidades regionales de la zona.

Las detenciones se produjeron como resultado de una denuncia iniciada en 2023 y ampliada en 2024, cuando un grupo de productores rurales de la zona pusieron bajo sospecha el destino de los fondos recaudados en concepto de la tasa por hectárea, que desde su asunción tuvo aumentos exorbitantes, alcanzando cifras de hasta el 400%.

Walter Sola estuvo una década al frente de la comuna del departamento San Cristóbal. Foto: Archivo

En ese entonces se produjo lo que se denominó una “rebelión fiscal” por parte de los productores locales, que ya habían instalado el caso a nivel nacional, luego de un hecho de violencia en octubre de 2022, cuando los Sola -padre e hijo-, golpearon al productor Leonardo González Kees, vecino del lugar y cuñado del diputado nacional José Luis Espert.

Por ese hecho, Walter y Nicolás Sola deberán enfrentar un juicio oral, fijado primeramente para agosto, pero reprogramado para el 17 de octubre próximo, bajo los cargos de "lesiones, daños y amenazas".

Entre tanto, el 7 de marzo de 2024 el nombre de Sola volvió a los medios, cuando fue acusado de instigar una tentativa de homicidio, cuando un ladero suyo -Rodrigo Nicolás Basigaluppo, quien actualmente está detenido- atacó a balazos a Matías Gamboa, quien lo había enfrentado en las últimas elecciones y había salido electo como primera minoría.