Las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe escucharon una serie de objeciones a tres mensajes sobre seguridad que remitió el Poder Ejecutivo para el análisis legislativo.

Las acotaciones las realizó la Corte Suprema de Justicia al mensaje titulado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública advirtiendo sobre el intento de otorgar facultades excesivas a la institución policial y los riesgos de algunas figuras que prevé el mensaje del Poder Ejecutivo.

Los diputados escucharon en primer término a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que resolvieron aceptar la invitación y encabezados por su presidente, Rafael Gutiérrez, asistieron en forma completa. Daniel Erbetta y Jorge Baclini fueron los encargados de desmenuzar los alcances del mensaje oficial y marcar diferencias mientras que Gutiérrez y Roberto Falistocco fueron haciendo señalamientos parciales ante determinados puntos.

Luego, pasaron por la Comisión dos representantes del Ministerio Público de la Acusación: la Fiscal Coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, Carla Cerliani, y el Subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones, Victor Moloeznick.

Finalmente fue el turno de la Defensa Pública donde asistió su titular, Estrella Moreno Robinson y el secretario general, Franco Gatti. Ellos sí dieron respaldo al mensaje que crea unidades especiales y ocho cargos para el organismo.

"Marcamos diferencias sobre la base de tratar de respetar un esquema que es el que se sancionó con el Código Procesal Penal, luego con las modificaciones realizadas durante el gobierno de Hermes Binner y que es el único modelo que acepta la Constitución nacional y provincial: es un sistema acusatorio que básicamente se estructura sobre la base de que los fiscales son parte, a ellos les corresponde la investigación y persecución de los delitos, pero todo lo que tiene que ver con restricciones de derechos fundamentales requiere de un control jurisdiccional. O sea, esa es la función de los jueces", señaló Erbetta al retirarse de la reunión junto a sus pares.

"Vemos en el proyecto que hay una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales a los propios fiscales que entran en conflicto con estas normas constitucionales y con los estándares internacionales. El otro planteo tiene que ver con la necesidad. No sé hasta qué punto es necesario este tipo de modificaciones. Hoy la situación de la seguridad ha mejorado notablemente. Además ha existido una articulación entre los distintos niveles del Estado. En la reunión di un dato muy contundente y es que desde que está vigente el sistema acusatorio, se triplicó la tasa de encierro en Santa Fe", resumió el ministro rosarino.

La reunión de la comisión transitó por un clima de mucho respeto y de algunas preguntas aclaratorias de los diputados. La Corte se encargó de marcar diferencias en la voz de Erbetta con algunas acotaciones parciales de Baclini. El único capítulo que no mereció reproches es el vinculado al tema de recompensas. Allí la justicialista Lucila De Ponti preguntó por el control de ese instituto y fue Gutiérrez quien marcó el rol de los jueces en todo el sistema.

Hubo interesantes acotaciones sobre figuras como medidas privativas de la libertad, la reclusión agravada o de prevención del delito. "Hay que ser muy prudentes a la hora de ceder facultades" marcó Gutiérrez en dos oportunidades. El actual presidente consideró que las restricciones a la libertad no pueden estar en manos del Servicio Penitenciario. Baclini consideró no correcto dejar medidas restrictivas de la libertad sin plazos.

Erbetta también se dedicó especialmente a cuestionar los alcances de la figura de áreas geográficas o áreas de intervención que propone el mensaje del Ejecutivo.

Ya sobre el final del tema, fue Falistocco quien pidió la palabra para marcar la baja del delito pero se encargó de destacar que "el pedido de mayores facultades debería estar acompañado de datos que informen correctamente el porqué darle más facultades a una institución". Más adelante se preguntó "qué ha cambiado para dar mayores facultades".

Después, Baclini hizo algunas observaciones sobre el mensaje -ya votado por el Senado- para intervenir en los dispositivos móviles.

Cuando se retiró la Corte hubo saludos y diálogos entre ministros y legisladores mientras se acercaban al recinto las autoridades del Ministerio Público. Molezniek y Cerliani evitaron opinar sobre medidas que tienen que ver con seguridad pública y no le competen al MPA. Además pidieron algunas modificaciones en normas.

Martín Rosúa y Lionealla Cattalini encabezaron la reunión plenaria con la Corte y con los representantes de los Ministerios Públicos. En la primera parte los acompañó la presidenta de la Cámara, Clara García, quien luego se retiró para asistir al encuentro interministerial que encabezaba el gobernador Maximiliano Pullaro en ATE-Casa España.

Las comisiones de Seguridad Pública que preside Martín Rosúa (UCR) y de Asuntos Constitucionales a cargo de Lionella Cattalini (PS) volverán a tener un plenario en los próximos días y citarán a los colegios de abogados de la provincia, asociaciones de víctimas, abogados penalistas para analizar estos temas.

Luego, ya en noviembre será el momento de buscar el acuerdo interno entre los bloques de Unidos para llevar el tema al recinto. "No hubo sorpresas en la reunión. Muchas de las advertencias que hizo la Corte las fuimos ya discutiendo internamente y quitando del texto", dijo un diputado radical que trabaja sobre la temática.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 16 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita avanzar en el esclarecimiento del homicidio de Silvia Ciarrocchi, ocurrido hace más de doce años en la localidad de Wheelwright, departamento General López.

La medida se enmarca en la investigación penal que lleva adelante la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ana Belén Stampella, y apunta a obtener nuevos datos que permitan individualizar al autor o a los autores del crimen.

Silvia Ciarrocchi fue asesinada durante la noche del 19 de febrero de 2014.

El hecho ocurrió en el interior de un comercio que funcionaba en su propia vivienda, ubicada en la intersección de avenida Rivadavia y Juan B. Justo, en Wheelwright.

A partir de la recompensa dispuesta por el Ejecutivo provincial, se busca acceder a información que resulte útil, relevante y decisiva para determinar quién o quiénes fueron responsables de la muerte de la mujer.

Las personas que cuenten con datos vinculados con el caso pueden comunicarse mediante el correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar.

Desde el Ministerio Público de la Acusación remarcaron que la identidad de quienes brinden información será preservada en secreto, al igual que la de quienes eventualmente resulten beneficiarios de la recompensa.

La confidencialidad se mantendrá antes, durante y después de finalizada la investigación o el correspondiente proceso judicial.

La recompensa busca de esta manera generar nuevas vías de investigación en una causa que permanece abierta desde 2014 y obtener elementos que permitan identificar a los responsables del homicidio.

Un total de 11 fiscales adjuntos subrogantes juraron en los últimos días para incorporarse a distintas unidades fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la provincia de Santa Fe.

Cinco de los nuevos funcionarios se desempeñarán en el ámbito de la Fiscalía Regional 4; tres lo harán en la Regional 5; dos en la Regional 3 y uno en la Regional 1.

En la Fiscalía Regional 4, juraron Eduardo César Sequeira Alegre, Valentina María Alesso, Leandro Leonel Arraga y Rita María de los Ángeles Llamas, quienes cumplirán funciones en la Unidad Fiscal Reconquista. El quinto fiscal adjunto subrogante es Juan Pablo Malberti, quien se desempeñará en la Unidad Fiscal Vera.

La ceremonia de asunción de los cinco funcionarios se realizó este lunes y fue encabezada por la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, y la fiscal regional interina, Georgina Díaz.

En tanto, esta mañana se realizó la ceremonia correspondiente a la Fiscalía Regional 5. Vranicich y el fiscal regional Carlos Vottero tomaron juramento a Natalia Viviana Andrione y Paola Sofía Pradolini, quienes cumplirán funciones en la Unidad Fiscal Rafaela, y a Ricardo Milton Kettler, quien se desempeñará en la Unidad Fiscal Tostado.

En la Fiscalía Regional 3, juraron Antonela Santamaría, quien se incorporará a la Unidad Fiscal Rufino, y Adolfo Pisani, quien formará parte de la Unidad Especializada en Abuso Sexual y Delitos en Contexto de Género que funciona en Venado Tuerto.

La ceremonia fue encabezada por el fiscal regional Mauricio Clavero.

Finalmente, en la Fiscalía Regional 1, la semana pasada juró Luciana Chiavarini. El acto fue encabezado por el fiscal regional Jorge Nessier y la nueva fiscal adjunta subrogante ya comenzó a desempeñarse en la Unidad Fiscal San Jorge.

La Justicia de Venado Tuerto resolvió este jueves mantener en libertad a C.A.N., quien fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, aunque la sentencia todavía no se encuentra firme.

El veredicto fue dado a conocer por el juez Adrián Fabio Godoy, quien impuso la pena luego del juicio seguido contra el acusado. Durante el debate, la Fiscalía, representada por Iván Raposo y Larisa Barucca, había solicitado seis años de prisión por el delito de incendio con peligro común para los bienes, cometido con dolo eventual, en concurso ideal con daño.

Sin embargo, el magistrado fijó finalmente una pena de cuatro años de prisión efectiva. Al no estar firme la condena, este jueves se realizó una nueva audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público de la Acusación.

La audiencia comenzó a media mañana en la Oficina de Gestión Judicial de Venado Tuerto. Por el MPA intervino el fiscal Iván Gastón Raposo, mientras que la defensa privada de C.A.N. estuvo a cargo de Arsenio Domínguez y Rodrigo Boyeras. Como representantes de la querella participaron Mariano De Mattia y Franco Tamburini. 

Durante la audiencia, Raposo solicitó que se dispusiera la prisión preventiva ordinaria de C.A.N., planteo al que adhirió la querella. La defensa se opuso y pidió que continuara en libertad bajo distintas reglas de conducta. 

Entre las medidas propuestas por los abogados defensores figuraban la presentación periódica ante el MPA, la prohibición de poseer o portar armas, una caución patrimonial de $200 millones, la colocación de una tobillera electrónica y el compromiso de someterse al proceso penal.

Finalmente, Godoy resolvió no hacer lugar a la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público de la Acusación y mantener el actual estado de libertad de C.A.N., aunque sujeto a una serie de restricciones hasta que la sentencia quede firme. 

Entre las condiciones fijadas se encuentra la prohibición de salir de la Argentina y la obligación de entregar el pasaporte ante la Oficina de Gestión Judicial. La propia resolución se refiere a C.A.N. como “condenado”, aunque aclara que las medidas se mantendrán hasta la firmeza del fallo. 

La decisión también alcanza a dos aeronaves individualizadas en el expediente, un Air Tractor AT-401B y un Cessna A-A-188B. La Justicia dispuso comunicar a la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina y a FEARCA que ambas tienen prohibido salir del espacio aéreo argentino, cualquiera sea su piloto o las personas transportadas. 

Además, C.A.N. deberá ampliar a $400 millones la caución real constituida sobre un inmueble que ya había sido gravado durante la investigación penal preparatoria. El cumplimiento de esa medida deberá acreditarse dentro de los siete días hábiles. 

También tendrá que presentarse el primer día hábil de cada semana ante el MPA, en San Martín 650 de Venado Tuerto, para acreditar su situación laboral y arraigo. A su vez, no podrá modificar su domicilio sin comunicarlo previamente al Ministerio Público de la Acusación. 

Todas estas condiciones permanecerán vigentes hasta que quede firme el fallo condenatorio. De esta manera, C.A.N. continuará en libertad mientras se desarrolla la etapa posterior a la sentencia, pese a haber recibido una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

El juez penal Adrián Godoy condenó a C.A.N. a cuatro años de prisión por los delitos de daño e incendio, en el marco de la causa por el fuego que, en septiembre de 2022, destruyó la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Venado Tuerto y afectó distintos establecimientos rurales de la zona.

El Gobierno de Venado Tuerto, que se constituyó como querellante junto al GIRSU, formó parte del proceso judicial a través de la representación legal del abogado Franco Tamburini, con el objetivo de defender los intereses de la ciudad frente a las graves consecuencias que provocó el siniestro.

La sentencia se conoció este jueves 1 de octubre, luego del juicio oral y público desarrollado en los Tribunales de Venado Tuerto, en el que se analizaron los hechos, las pruebas y los testimonios vinculados con el incendio.

El hecho se inició el 5 de septiembre de 2022 en el establecimiento rural “La Josefina” y el fuego se propagó por varios campos de la región hasta alcanzar, dos días después, la Planta de Tratamiento de Residuos de Venado Tuerto.

Las llamas destruyeron por completo el galpón principal, maquinarias utilizadas para la clasificación y el tratamiento de residuos, materiales acopiados, dos acoplados y otros bienes. Además, se registraron daños en campos vecinos, con pérdidas de hectáreas productivas, alambrados, postes, tranqueras, árboles e instalaciones rurales.

La destrucción de la planta tuvo consecuencias que trascendieron los daños materiales: afectó el funcionamiento del sistema local de tratamiento de residuos y retrasó alrededor de dos años el plan municipal para avanzar con la desactivación del basural a cielo abierto.

Durante el juicio, que se extendió a lo largo de varias jornadas, declararon productores agropecuarios afectados, personal policial, un perito de Bomberos Zapadores y otros testigos vinculados con la investigación. También brindó su versión de los hechos el acusado.

Por su parte, la Fiscalía, representada por Iván Raposo y Larisa Barucca, había solicitado una pena de seis años de prisión. Finalmente, el juez Adrián Godoy resolvió condenar a C.A.N. a cuatro años de prisión por los delitos de daño e incendio.

La participación del Gobierno de Venado Tuerto como querellante, junto al GIRSU y con la representación legal de Mariano De Mattia y Franco Tamburini, formó parte de las acciones impulsadas para defender los intereses de la ciudad ante un hecho que ocasionó importantes perjuicios materiales, ambientales y operativos.

El hecho que se le imputó ocurrió durante la madrugada del 7 de octubre de 2025, en Villa Cañás. Según la imputación, policías e inspectores municipales intentaron identificar a un grupo de motociclistas tras recibir un aviso por maniobras peligrosas y ruidos molestos. D. A.T.R. no se detuvo, huyó en su moto y, luego de perder el control y caer en una cuneta, continuó la fuga a pie hasta ser aprehendido. La conducta fue calificada como resistencia a la autoridad. No se registraron personas lesionadas ni daños materiales de entidad.

El caso fue abordado por la Unidad de Salidas Alternativas del MPA de Venado Tuerto, a cargo del Dr. Facundo Peña y bajo la coordinación del fiscal coordinador Iván Gastón Raposo. Consideradas las circunstancias del hecho y la conformidad de la víctima para buscar una solución alternativa, se dispuso que D. A. T. R. cumpliera tareas comunitarias en Villa Cañás.

Durante 30 horas participó en trabajos de bacheo, arreglo y corte de cordones, y armado de módulos premoldeados. La Secretaría de Obras Públicas destacó sus conocimientos, responsabilidad y buena predisposición. Esa valoración llevó posteriormente a su incorporación laboral a la cuadrilla municipal.

“Una persona que cometió un delito puede hacerse cargo de lo ocurrido y construir un camino diferente. En este caso, el trabajo de la Unidad de Salidas Alternativas, bajo la responsabilidad del Dr. Facundo Peña, permitió dar una respuesta concreta al conflicto. El compromiso de Rojas y la oportunidad que le brindó la Municipalidad hicieron posible, además, su inserción laboral”, expresó el fiscal coordinador Raposo.

Tras verificar el cumplimiento de las tareas comunitarias, la Fiscalía archivó el legajo mediante un criterio de oportunidad.

El fiscal Iván Raposo, coordinador de la persecución penal de los delitos contra la propiedad del MPA de Venado Tuerto, presentó formalmente los requerimientos acusatorios mediante los cuales solicitó la elevación a juicio de la causa por el homicidio de Héctor Osvaldo Ustares, ocurrido durante la madrugada del 26 de febrero de 2024, en una vivienda ubicada en calle San Lorenzo al 1100 de Venado Tuerto.

De acuerdo con la acusación fiscal, Yanina Alejandra Castro habría efectuado, a corta distancia, un disparo con una escopeta calibre 12 contra la cabeza de Ustares, provocándole lesiones que ocasionaron su muerte. La mujer mantenía una relación de pareja y convivencia con la víctima.

Por este hecho, Castro será llevada a juicio como presunta autora del delito de homicidio agravado por el vínculo y cometido mediante el empleo de un arma de fuego. La Fiscalía solicitará que sea condenada a la pena de prisión perpetua, con las accesorias legales y costas del proceso.

Por su parte, Facundo Gastón González está acusado de haber realizado un aporte indispensable para la ejecución del homicidio. Según la reconstrucción fiscal, González habría atacado a Ustares con un arma blanca, provocándole heridas cortopunzantes en el antebrazo izquierdo y obligándolo a adoptar una posición defensiva. Esta acción habría reducido sus posibilidades de reacción y facilitado que Castro efectuara el disparo mortal.

La Fiscalía sostiene que la intervención de González no fue secundaria ni meramente accesoria, sino que constituyó una cooperación esencial para consumar el ataque. Por ello, fue acusado como cómplice necesario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Además, González enfrenta otra acusación por un hecho independiente, calificado como encubrimiento agravado por ánimo de lucro. En función de ambos delitos y de las reglas del concurso real, el fiscal Raposo solicitará para el acusado una pena de 18 años de prisión efectiva, con accesorias legales y costas.

La investigación reunió testimonios, informes médicos y criminalísticos, pericias sobre las armas y prendas secuestradas, registros audiovisuales y otros elementos que, valorados de manera conjunta, permitieron a la Fiscalía reconstruir la mecánica del ataque y formular las acusaciones.

Presentados los requerimientos, la causa deberá atravesar la audiencia preliminar, instancia en la que se debatirá la admisibilidad de la acusación y de las pruebas ofrecidas, antes de disponerse la apertura formal del juicio oral.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó la pena de un año de prisión efectiva para la mujer acusada de someter a su perro “Pluto” a sufrimientos innecesarios mediante la omisión consciente y prolongada de los cuidados básicos que requería.

Se trata de la pena máxima prevista por la Ley Nacional Nº 14.346, que reprime los actos de maltrato y crueldad contra los animales.

Según la acusación, la mujer era propietaria y responsable del cuidado de Pluto y, pese a conocer el progresivo deterioro de su salud, habría omitido proporcionarle alimentación adecuada, atención veterinaria continua, tratamiento antiparasitario, condiciones higiénico-sanitarias apropiadas y un lugar seguro donde permanecer.

El perro fue rescatado el 17 de julio de 2026, en inmediaciones de calle Azcuénaga al 1500 de Venado Tuerto. En ese momento presentaba desnutrición severa, pulgas y garrapatas, mucosas pálidas compatibles con una posible anemia y múltiples lesiones cutáneas crónicas e infectadas, además de pérdida de pelo y contaminación bacteriana y fúngica.

El cuadro comprometía gravemente su bienestar y requería atención veterinaria inmediata. Luego de quince días de alimentación, tratamiento y cuidados adecuados, Pluto mostró una evidente mejoría, circunstancia que, para la Fiscalía, demuestra que gran parte de sus padecimientos podían haberse evitado mediante una asistencia oportuna.

La investigación cuenta con el informe de la médica veterinaria que examinó al animal, registros audiovisuales, conversaciones de WhatsApp y las declaraciones coincidentes de vecinos que describieron cómo Pluto permanecía habitualmente en la calle, visiblemente delgado y enfermo. Eran esas mismas personas quienes le proporcionaban comida y agua ante el estado de abandono en el que se encontraba.

La semana pasada se conoció el fallecimiento de Pluto, una noticia que causó una profunda tristeza y desazón entre quienes siguieron su historia, especialmente proteccionistas y amantes de los animales. Sin perjuicio de ello, deberá establecerse médicamente si existe alguna relación entre su fallecimiento y los padecimientos investigados en la causa.

El legajo fiscal se encuentra bajo la responsabilidad del Dr. Facundo Peña, titular de la Unidad de Salidas Alternativas del MPA de Venado Tuerto, mientras que la actuación se desarrolla bajo la coordinación del Dr. Iván Gastón Raposo, Fiscal Coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos.

Desde la Fiscalía destacaron que el maltrato animal no constituye una conducta menor ni puede ser naturalizado como una cuestión privada de quien tiene a su cargo una mascota. Los animales poseen protección legal y quienes asumen su guarda tienen la obligación de brindarles alimentación, asistencia veterinaria y condiciones de vida dignas.

Al referirse al caso, el fiscal coordinador Iván Raposo expresó: “La historia de Pluto conmovió profundamente a toda la comunidad. Quienes deciden incorporar un animal a su familia asumen una responsabilidad concreta e ineludible: alimentarlo, protegerlo y brindarle atención cuando la necesita. Cuando esa obligación se incumple conscientemente y se provoca un sufrimiento evitable, corresponde que intervenga la Justicia. Por la gravedad de los hechos acreditados, hemos solicitado la pena máxima prevista por la ley: un año de prisión efectiva”.

La Fiscalía requirió la apertura del juicio oral, instancia en la que procurará obtener una condena y una respuesta ejemplar frente a un caso que vuelve a poner en primer plano la necesidad de proteger a los animales contra el abandono, el sufrimiento y la crueldad.

Un hombre identificado por sus iniciales JAV quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por distintos delitos cometidos en un contexto de violencia de género en Hughes, departamento General López.

La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Silvina Marinucci, durante una audiencia realizada en los tribunales de Melincué, a partir del pedido formulado por la fiscal Susana Pepino, quien está al frente de la investigación.

Según explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la magistrada rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa y consideró, entre otros aspectos, que todavía resta producir evidencia y que el imputado registra antecedentes penales por hechos similares.

Pepino también remarcó la situación de especial vulnerabilidad de la mujer, quien atraviesa la última etapa de un embarazo, y señaló que un hijo que tiene en común con el acusado habría presenciado los episodios investigados.

El primero de los hechos atribuidos al hombre ocurrió el 25 de febrero, alrededor de las 23, cuando, de acuerdo con la Fiscalía, agredió físicamente a su expareja dentro de una vivienda en la que también se encontraba el hijo de ambos.

El segundo episodio se produjo el jueves 13 de agosto, cerca de las 20. La acusación sostiene que, luego de una discusión, el investigado golpeó a la mujer en el rostro, nuevamente delante del niño y pese a conocer que ella cursaba un embarazo avanzado.

Además, el hombre tenía vigente una restricción de acercamiento, medida que habría incumplido.

Después de la agresión, la mujer y su hijo se retiraron del domicilio y regresaron pasadas las 22 acompañados por una asistente social que conocía los antecedentes de violencia.

Según relató Pepino, al ingresar nuevamente a la vivienda la víctima fue sorprendida por el imputado, quien la habría intimidado con un palo que tenía un cuchillo atado en uno de sus extremos y también la habría amenazado verbalmente.

Ante la situación, la profesional pidió intervención policial. Cuando arribó un patrullero, el acusado habría arrojado el elemento hacia el móvil y comenzó a correr con la intención de escapar.

La Fiscalía dispuso inmediatamente su detención y el hombre fue finalmente localizado en la misma vivienda. Para ese momento, la mujer y su hijo ya se habían refugiado en otro lugar.

El imputado es investigado como presunto autor de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas calificadas por el uso de arma, resistencia a la autoridad y desobediencia.

La investigación continuará mientras el acusado permanece privado de su libertad de manera preventiva.

La detención del jefe y el subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto sumó este martes nuevos y graves elementos. Durante una conferencia realizada por la tarde en la sede de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción, las autoridades confirmaron que se investiga una presunta protección policial a un traficante de drogas que operaba en el sur de la provincia de Santa Fe.

El fiscal regional Mauricio Clavero explicó que la causa surgió a partir del trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, mediante un Equipo Conjunto de Investigación (ECI).

La investigación derivó durante la mañana en seis allanamientos: cuatro en Venado Tuerto, uno en General Lagos y otro en Carreras. Fueron detenidos los dos máximos responsables de Microtráfico de la PDI local y se secuestraron los teléfonos celulares de todos los integrantes de esa división.

En paralelo, la Justicia Federal realizó procedimientos que terminaron con la detención de un presunto traficante y el secuestro de estupefacientes, armas y dispositivos electrónicos.

Clavero fue consultado durante la conferencia acerca de cuál sería la relación entre ambos procedimientos y dio a conocer el eje central sobre el que trabajan los investigadores.

“Entendemos, presumiblemente, que existía protección del jefe y del subjefe para que este traficante pudiera no solamente traficar, sino también distribuir la droga en el sur de la provincia de Santa Fe”, señaló.

La utilización del término “presumiblemente” no es menor: las responsabilidades todavía deberán ser determinadas judicialmente y la Fiscalía evitó anticipar la imputación concreta que formulará contra los policías.

Según explicó Clavero, la evidencia reunida hasta el momento fue considerada suficiente para ordenar ambas detenciones y avanzar hacia una audiencia imputativa que, en principio, se realizaría el miércoles 2 de septiembre.

Respecto del traficante detenido en el procedimiento federal, precisó que se trata de una persona con antecedentes y adelantó que su audiencia en esa jurisdicción podría desarrollarse durante esta misma semana.

Uno de los aspectos destacados por el fiscal regional fue la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación, una herramienta contemplada en el artículo 123 del Código Procesal Penal Federal que permite compartir información cuando existen investigaciones de diferentes jurisdicciones con puntos de conexión.

Del lado provincial trabajan los fiscales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia, mientras que desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación intervienen Federico Reinares Solari, Daniel Ghiorzi y Rocío Estrada.

Clavero describió el mecanismo como prácticamente inédito para la región y sostuvo que fue necesario conformarlo por la gravedad de los hechos que comenzaron a surgir.

“Este acuerdo nos permite contar con toda la información que reúne la Fiscalía Federal y con la que nosotros reunimos, y ponerla en conjunto al servicio no solamente de descubrir la verdad, sino también de individualizar a aquellos que, teniendo la obligación de perseguir el delito, se hacen parte del delito”, remarcó.

El fiscal recordó además que desde el inicio de su gestión se profundizó el vínculo con la Justicia Federal para avanzar sobre estructuras del narcotráfico y no limitar las investigaciones exclusivamente a los puntos de venta minorista.

Clavero vinculó el caso con un reclamo que, afirmó, se repite entre vecinos y autoridades del sur provincial: avanzar contra todos los niveles vinculados al negocio de los estupefacientes.

“Nos pidieron que vayamos por todos, sin ningún tipo de distinción”, afirmó.

En ese marco, repasó investigaciones desarrolladas durante los últimos meses contra organizaciones criminales y estructuras económicas presuntamente vinculadas con el movimiento del dinero proveniente de la venta de drogas.

El fiscal reconoció, sin embargo, que esta vez el caso adquiere una dimensión diferente porque alcanza precisamente a integrantes de la fuerza encargada de investigar el microtráfico.

“Amo a la institución policial y no puedo dejar de significar el profundo dolor que me causa tener que estar haciendo esta conferencia de prensa con motivo de esto”, expresó.

Más adelante insistió en el alcance de la pesquisa: “Acá no hay ningún protegido. Vamos por todo. Ahora también vamos por la policía deshonesta”.

Las autoridades evitaron confirmar por el momento la calificación jurídica definitiva que enfrentarán los dos policías.

Clavero anticipó únicamente que serán “calificaciones verdaderamente complejas” y vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

La Fiscalía analiza diferentes niveles de responsabilidad y señaló que, según lo que arroje la evidencia, podrían contemplarse figuras relacionadas con una eventual participación necesaria, confabulación o encubrimiento agravado, entre otras posibilidades.

“La precisión la vamos a dar en el momento de la audiencia imputativa”, aclaró el fiscal.

Parte central de lo que viene será el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, tanto a los responsables de la división como al resto de sus integrantes.

La investigación no se limitaría necesariamente al jefe y al subjefe. Ante una consulta sobre la posibilidad de que otros miembros de la fuerza queden involucrados, las autoridades dejaron abierta esa alternativa.

“En el transcurso de la investigación no descartamos que pueda haber más personas detenidas”, respondieron durante la conferencia.

Clavero aseguró que “todos están siendo vistos” y sostuvo que no existe ninguna limitación institucional para investigar a otros policías si aparecen elementos que los vinculen con maniobras delictivas.

También confirmó que podrían revisarse causas anteriores en las que hayan intervenido los dos funcionarios ahora detenidos.

“No tenga ninguna duda. De hecho, hoy recibimos información valiosa con relación al accionar de estas personas y la vamos a analizar”, afirmó.

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Federico Angelini, explicó que la División Microtráfico continuará funcionando, aunque será sometida a una reorganización interna inmediata luego de las detenciones.

Según explicó, cualquier modificación previa a los procedimientos podía poner sobre aviso a los investigados y comprometer los operativos.

“Ahora nos vamos a abocar a esa reorganización para garantizar el correcto funcionamiento de la Policía de Investigaciones”, indicó.

Angelini defendió además el trabajo general desarrollado por la PDI y diferenció la situación de los investigados de la actuación del resto de los integrantes de la fuerza.

“La Policía de Investigaciones ha tenido muchísimo que ver en la baja de la violencia que hubo en la provincia de Santa Fe. Ha sido fundamental para poner tras las rejas a delincuentes que le hicieron muchísimo daño a nuestra provincia”, sostuvo.

El funcionario provincial remarcó que existe una decisión política del gobierno de Maximiliano Pullaro de respaldar a los policías que cumplen con sus funciones y avanzar contra quienes cometan delitos desde el interior de la institución.

“Para que haya una mejor y mayor seguridad es fundamental que todos aquellos delincuentes vestidos de policías no estén más en la fuerza”, afirmó Angelini.

Y cerró con una definición contundente: “No hay nada que cuide más al buen policía que sacar a los delincuentes vestidos de policía”.

Los próximos días serán determinantes para el avance de una investigación que ya generó una fuerte repercusión institucional en Venado Tuerto y el sur santafesino. El peritaje de los dispositivos secuestrados, las medidas pendientes y las audiencias judiciales permitirán establecer cuál habría sido concretamente la actuación de los dos jefes policiales y si existen otros integrantes de la fuerza comprometidos en la presunta protección de actividades vinculadas al narcotráfico.

En el marco de una investigación por una serie de hechos violentos que incluyen abuso de armas de fuego, amenazas calificadas, lesiones leves dolosas, violación de domicilio y robo, se llevó adelante un megaoperativo con 11 allanamientos simultáneos en distintos domicilios del asentamiento denominado Villa Moisés.

Las medidas fueron dispuestas por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Iván Gastón Raposo, con intervención de la fiscal subrogante Larisa Barucca.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), efectivos de la Unidad Regional VIII y grupos operativos e irrupción, en el marco de una investigación orientada a esclarecer distintos episodios denunciados y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Como resultado de los allanamientos, seis personas fueron aprehendidas. Una de ellas quedó detenida por disposición de la Fiscalía, debido a su presunta vinculación con una causa en la que se investigan amenazas calificadas, lesiones leves dolosas y violación de domicilio. Las otras cinco personas quedaron a disposición de la autoridad competente para definir su situación procesal.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, proyectiles calibre 9 milímetros, municiones calibre 38, un motovehículo y 1,6 gramos de marihuana. Los elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para establecer si guardan relación con los hechos investigados.

Desde el MPA destacaron que las diligencias forman parte de una investigación que continúa en curso y que busca individualizar a los responsables y establecer el grado de participación de cada una de las personas involucradas.

“Estos 11 procedimientos simultáneos son el resultado de una investigación planificada y de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y las distintas fuerzas policiales. Frente a hechos violentos que involucran armas de fuego, la respuesta debe ser firme, inmediata y sostenida”, señaló el fiscal coordinador Iván Gastón Raposo.

Una investigación del Ministerio Público de la Acusación concluyó con la condena a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Víctor Mario Fuentes, acusado de disparar un arma de fuego durante un conflicto familiar ocurrido en Venado Tuerto. La causa fue encabezada por el fiscal coordinador Iván Raposo, junto con la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca.

La sentencia fue dictada por la jueza Andrea Cavallero en el marco de un procedimiento abreviado. Para arribar al acuerdo, Fuentes reconoció los hechos atribuidos, su responsabilidad penal, la calificación jurídica y la pena finalmente homologada por la magistrada.

El episodio investigado ocurrió el 5 de marzo de 2026, en una vivienda ubicada sobre calle Pedro Iturbide. Según pudo reconstruir la Fiscalía, Fuentes llegó al lugar acompañado por su pareja y llevaba consigo una pistola Bersa Thunder calibre .40, envuelta en un trapo.

En medio de una discusión familiar, el hombre extrajo el arma y realizó un disparo que impactó contra una pared. Ninguna de las personas que se encontraban en la vivienda sufrió lesiones, aunque la situación provocó que varios de los presentes abandonaran el inmueble ante el peligro generado.

Luego del llamado al 911, Raposo dispuso las primeras medidas para preservar la escena, secuestrar la evidencia balística y reconstruir el recorrido del arma. El trabajo desarrollado junto con Barucca permitió incorporar testimonios, el registro de la comunicación de emergencia, una vaina servida, un cargador con municiones y distintos informes periciales y registrales.

La pistola utilizada fue encontrada pocas horas más tarde, cuando una hija del condenado la entregó voluntariamente a la Policía. La joven explicó que su madre le había dado un bolso cerrado para que lo guardara y que, dentro del mismo, se encontraba el arma vinculada con el episodio.

La pericia balística estableció que la pistola funcionaba normalmente y era apta para efectuar disparos. Asimismo, el informe registral determinó que estaba inscripta a nombre de Fuentes, aunque su autorización como legítimo usuario se encontraba vencida desde 2016.

Con esos elementos, la Fiscalía logró acreditar tanto la existencia del hecho como la responsabilidad penal del acusado. La evidencia reunida permitió arribar a un acuerdo abreviado y evitar la realización de un juicio oral.

Fuentes fue condenado como autor de los delitos de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional y abuso de armas, ambos en concurso real. Además de la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, la jueza Cavallero dispuso una inhabilitación especial por siete años.

También se ordenó el decomiso de la pistola, el cargador, las municiones y los restantes elementos incorporados a la investigación. De esta manera quedó cerrada una causa iniciada a partir de una intervención policial motivada por un llamado al 911.

Al evaluar la resolución judicial, el fiscal coordinador Iván Raposo destacó el trabajo conjunto realizado durante la investigación. “Esta condena es el resultado de una investigación seria, rápida y sostenida en evidencia concreta. Desde el primer momento trabajamos junto con Larisa Barucca y el personal policial para preservar las pruebas, recuperar el arma y reconstruir lo sucedido”, expresó.

Raposo también remarcó la gravedad que implica utilizar un arma en este tipo de situaciones y agregó: “La utilización de un arma de fuego durante un conflicto pone en riesgo la vida de todas las personas presentes y exige una respuesta firme del sistema penal. En este caso logramos una condena efectiva, proporcional a la gravedad del hecho y respaldada por un trabajo coordinado de todo el equipo”.

La Justicia ordenó la prisión preventiva de A. E. A., de 20 años, luego de que el Ministerio Público de la Acusación le atribuyera siete hechos delictivos de distinta naturaleza. Entre las imputaciones se encuentran dos abusos sexuales con acceso carnal contra una adolescente, amenazas coactivas, violencia de género contra otra menor de edad, encubrimiento, amenazas y desobediencia a una orden judicial.

La resolución fue adoptada después de la audiencia imputativa celebrada en Venado Tuerto, en la que el fiscal Iván G. Raposo expuso las acusaciones y presentó las evidencias reunidas en cinco legajos diferentes. El imputado estuvo acompañado por su abogada defensora.

Los hechos más graves atribuidos al imputado tienen como víctima a una misma adolescente.

Según la acusación fiscal, el primer episodio ocurrió cuando la joven tenía 15 años, en un sector próximo a la plaza San Martín. El acusado habría sometido sexualmente a la menor y posteriormente la habría amenazado con matar a integrantes de su familia si revelaba lo sucedido.

El segundo ataque habría ocurrido en septiembre de 2024. De acuerdo con la imputación, el acusado habría obligado a la adolescente a subir a una motocicleta, la trasladó hasta un sector descampado de Villa Casey y volvió a abusar sexualmente de ella. También en esa oportunidad habría utilizado amenazas contra la joven y su familia para asegurar su silencio.

La víctima prestó declaración mediante Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba. El informe profesional incorporado al expediente indica que pudo identificar al acusado, describir los lugares y relatar la mecánica de los episodios. Durante la entrevista manifestó que sentía temor y que había dejado de asistir a la escuela por miedo a encontrarse nuevamente con el imputado.

La identidad de la adolescente se mantiene reservada por tratarse de una víctima menor de edad.

El joven también fue imputado por un episodio ocurrido el 19 de julio de 2026 contra su entonces pareja, una adolescente de 15 años que cursaba un embarazo.

La Fiscalía sostiene que, después de una discusión dentro de una vivienda de calle Chile al 600, el acusado le habría propinado un golpe en el abdomen y otro en el rostro. Un familiar declaró haber ingresado a la habitación y encontrado a la adolescente llorando mientras el imputado la golpeaba.

Un informe médico constató múltiples contusiones en el rostro de la víctima, especialmente alrededor del ojo izquierdo. El examen obstétrico no detectó lesiones en el abdomen.

Esa misma noche, el acusado habría amenazado de muerte a la madre y al hermano de la adolescente cuando ambos fueron a reclamarle por la agresión. Según sus declaraciones, el joven se habría tomado la cintura simulando portar un arma, sujetado a la mujer del cuello y anunciado que los mataría a todos.

La acusación incluye otros dos episodios ocurridos el 9 de agosto de 2026 frente al domicilio de la familia de la adolescente.

Pese a existir una prohibición judicial de acercamiento y contacto hostil, el imputado habría pasado por el lugar profiriendo amenazas. La mujer llamó dos veces al 911 y afirmó que el joven había regresado acompañado por otras personas y con un objeto largo en la mano.

Minutos después, la Policía localizó al acusado en inmediaciones de las calles 2 de Abril y 3 de Febrero. Según el acta policial, intentó evadir a los agentes y fue aprehendido. En su poder se secuestró un palo de aproximadamente 60 centímetros con una punta metálica.

Otro de los hechos investigados se relaciona con una motocicleta Gilera Smash sustraída durante la madrugada del 4 de abril de 2026.

Un testigo aseguró haber visto al imputado circulando en el vehículo y afirmó que el joven le arrojó la documentación y la chapa patente. Horas después, la motocicleta fue encontrada oculta debajo de un colchón, parcialmente desarmada, dentro de una construcción ubicada en Pasaje Rosario y Neuquén.

Por este episodio, fue imputado como presunto autor del delito de encubrimiento.

Luego de analizar la gravedad y pluralidad de las imputaciones, las evidencias presentadas y los riesgos procesales alegados por la Fiscalía, la Justicia dispuso que el acusado permanezca privado de su libertad bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La resolución no constituye una condena. El imputado conserva su estado jurídico de inocencia y su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.

El caso reúne acusaciones de extrema gravedad y una presunta sucesión de episodios ocurridos entre 2024 y 2026. La investigación, que se encuentra a cargo del fiscal Iván G. Raposo, continuará con la producción y evaluación de las medidas probatorias pendientes.

“Los hechos atribuidos son de extrema gravedad. La investigación continuará con el rigor y la responsabilidad que el caso exige, respetando todas las garantías constitucionales. Si estas acusaciones quedan acreditadas mediante las pruebas y con una sentencia firme, solicitaremos que al responsable le recaiga todo el peso de la ley”, concluyó el fiscal Iván G. Raposo.

Con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, la Casa Gris remitió a la Legislatura los pliegos de 11 candidatos a fiscales generales del Ministerio Público de la Acusación y propuso para cubrir el cargo de juez de segunda instancia de Venado Tuerto a Leandro Maximiliano Martín.

Los postulantes serán considerados por la Asamblea Legislativa e inicialmente fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura, mediante las Resoluciones Nº 018/25, Nº 20/25; N°11/26 y N.º 17/26.

La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa tiene en su poder el mensaje y los legajos. Como es habitual, antes de producir su dictamen para recomendar la aprobación o el rechazo de los aspirantes a integrar el Ministerio Público y el Poder Judicial se producirá una instancia de revisión que incluye una entrevista personal.

Para la Circunscripción Judicial N° 1, con cabecera en Santa Fe se propone a Chiavarini, Luciana Violeta. Para la N° 3, Venado Tuerto, a Pisani, Adolfo Germán; y Santamaría, Antonela.

Para la N° 4, Reconquista, a Malberti, Juan Pablo; LLamas, Rita María de los Ángeles; Alesso, Valentina María; Arraga, Leandro Leonel; y Sequeira Alegre, Eduardo Cesar

En la N° 5, Rafaela, Kettler, Ricardo Milton; Andrione, Natalia Viviana; y Pradolini, Paola Sofía.

Por otra parte, la presidencia del Senado, comunicó que la sesión conjunta prevista para el jueves 6 de agosto se postergó para el jueves 3 de septiembre, a las 13, con el objeto de expedirse sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal Dra. María Verónica Roxana Ballari contra la Resolución 37/26 de la Sesión Conjunta de Ambas Cámaras, que dispuso en su contra una medida disciplinaria.

El 4 de junio senadores y diputados provinciales, en sendas votaciones, dispusieron una suspensión por 90 días sobre la mencionada integrante del MPA.

Las dos Cámaras entendieron que no debían aplicarse los 180 días planteados inicialmente ante las demoras e irregularidades que encontraron en distintas investigaciones a su cargo.

En especial se analizó la falta grave en su contra en un caso vinculado a la investigación por violencia de género contra Jonathan Omill, quien posteriormente quedó acusado por el femicidio de la enfermera Ailén Ayelén Oggero, asesinada en febrero de 2025 en barrio Belgrano de Rosario.

Una mujer fue imputada en Venado Tuerto por el delito de actos de crueldad animal, a raíz de las condiciones de abandono y del grave deterioro de salud que presentaba un perro llamado “Pluto”, que fue rescatado por el Gobierno de Venado Tuerto.

La causa se encuentra comprendida dentro de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo. La investigación estuvo a cargo del Dr. Facundo Peña, responsable de la Oficina de Salidas Alternativas.

La intervención judicial se originó a partir de la denuncia formulada por la abogada Valeria Morales, integrante del Gobierno venadense, quien puso en conocimiento del MPA las condiciones en las que había sido encontrado el animal y acompañó las actuaciones, registros y demás elementos reunidos por el organismo municipal.

Según la atribución fiscal, M.N.L.S., en su carácter de propietaria y responsable del cuidado de “Pluto”, habría omitido de manera consciente y sostenida proporcionarle alimentación adecuada, atención veterinaria continua, control antiparasitario, condiciones higiénico-sanitarias apropiadas y un lugar seguro de permanencia.

El animal fue rescatado el 17 de julio de 2026 en inmediaciones de calle Azcuénaga al 1500. Al momento de ser trasladado al Dispensario Canino Municipal presentaba desnutrición severa, una importante parasitosis externa con pulgas y garrapatas, múltiples lesiones cutáneas infectadas y signos compatibles con una posible anemia.

La imputación sostiene que la propietaria conocía la afección dermatológica visible y progresiva que padecía el perro, debido a que había realizado una consulta veterinaria y recibido indicaciones para su tratamiento. Sin embargo, pese a ello, no habría sostenido las medidas necesarias para su recuperación ni evitado que deambulara sin control por la vía pública.

La conducta fue calificada provisoriamente como actos de crueldad animal, en la modalidad de causar sufrimientos innecesarios mediante la omisión consciente de los cuidados debidos por quien se encontraba en posición de garante, conforme a los artículos 1 y 3, inciso 7, de la Ley Nacional Nº 14.346.

Durante la audiencia se dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, la imputada deberá mantener buena conducta y tendrá prohibido adquirir, adoptar, poseer, recibir, alojar o tener bajo su cuidado cualquier animal doméstico o de compañía. También deberá informar si actualmente posee algún animal y, en su caso, acreditar su entrega responsable dentro de las 48 horas, bajo la intervención y supervisión del Imusca.

Asimismo, se estableció que “Pluto” permanecerá bajo la guarda actualmente dispuesta y no podrá ser restituido a la imputada mientras la medida continúe vigente.

El fiscal coordinador Iván Raposo resaltó la investigación llevada adelante por el Dr. Facundo Peña, así como la importancia de la denuncia responsable formulada por la Dra. Valeria Morales y la rápida intervención del Imusca, cuyo accionar permitió rescatar al animal, garantizar su atención veterinaria y aportar evidencia relevante para el avance del proceso penal.

(Por Danilo Chiapello) - Una denuncia penal presentada ante el MPA (fiscalía de Venado Tuerto) abrió una investigación sobre un presunto caso de mala praxis médica que tuvo como desenlace la amputación de la pierna izquierda de un hombre de 73 años, conocido en el ámbito deportivo por desempeñarse como árbitro de fútbol y que, hasta pocos días antes del episodio, llevaba una vida físicamente activa.

La presentación fue realizada por la abogada Carolina Walker Torres en representación de Luis José Strafella, quien atribuye el grave desenlace a una serie de presuntas falencias ocurridas durante la atención recibida entre el 9 y el 12 de julio en el Samco "Miguel Rueda" de la localidad de Santa Isabel.

La denuncia solicita que se investigue la eventual responsabilidad penal del médico identificado con las iniciales F.C., a quien se le atribuye haber descartado reiteradamente la existencia de una urgencia vascular, manteniendo un diagnóstico de desgarro muscular y omitiendo, según sostiene la presentación, disponer una derivación inmediata hacia un centro de mayor complejidad.

El escrito también pide que la investigación abarque la actuación de las autoridades del establecimiento asistencial y de quienes tenían responsabilidades de conducción y supervisión, con el propósito de determinar si existieron eventuales omisiones institucionales.

Según consta en la denuncia, el episodio comenzó el 9 de julio, cuando Strafella realizaba su entrenamiento habitual. Mientras corría sufrió un dolor repentino e intenso en la pierna izquierda que, siempre de acuerdo con la versión incorporada a la presentación judicial, estuvo acompañado por un inmediato adormecimiento de la extremidad y la imposibilidad de continuar caminando.

Su hijo debió trasladarlo hasta el hospital, donde fue atendido por el médico ahora denunciado.

Siempre conforme al relato presentado ante la Fiscalía, durante esa primera consulta se le practicó una radiografía y se diagnosticó un presunto desgarro muscular. Como tratamiento recibió medicación antiinflamatoria y corticoides, además de indicaciones para regresar en distintas oportunidades a fin de completar las aplicaciones prescriptas.

La denuncia sostiene que durante aquella evaluación no se habrían realizado maniobras clínicas destinadas a descartar un compromiso vascular agudo, extremo que será materia de investigación.

Uno de los ejes centrales de la presentación judicial es que el paciente volvió en reiteradas ocasiones al mismo centro de salud sin experimentar mejoría.

La reconstrucción efectuada por la denunciante indica que, con el paso de las horas, comenzaron a aparecer signos que preocupaban tanto al paciente como a sus familiares: la pierna permanecía fría, el dolor aumentaba, desaparecía progresivamente la sensibilidad y la movilidad era cada vez más reducida.

Pese a ello, sostiene el escrito, el diagnóstico inicial nunca fue modificado.

La denuncia afirma que familiares del hombre comunicaron en más de una oportunidad esos síntomas al profesional denunciado, quien habría atribuido el cuadro a la evolución del supuesto desgarro muscular y mantuvo el tratamiento inicialmente indicado.

Durante esas sucesivas consultas —siempre según la presentación penal— tampoco se habrían solicitado estudios complementarios ni dispuesto una interconsulta especializada o una derivación urgente.

La situación dio un giro durante la madrugada del 12 de julio, cuando Strafella regresó nuevamente al hospital debido al agravamiento del cuadro.

En esa oportunidad fue atendido por otro médico de guardia, quien —de acuerdo con la denuncia— realizó una evaluación orientada a verificar la circulación sanguínea del miembro afectado y advirtió la ausencia de pulsos arteriales, además de la marcada frialdad y el cambio de coloración del pie.

La víctima es una destacada personalidad en la Liga Venadense de Fútbol. Foto: archivo El Litoral

Frente a ese escenario resolvió derivar al paciente a un centro asistencial de mayor complejidad para su inmediata atención por especialistas en cirugía vascular.

Ya en ese establecimiento, un ecodoppler confirmó una obstrucción arterial total del miembro inferior izquierdo y el paciente fue sometido a una cirugía de revascularización mediante un bypass arterial, con el objetivo de recuperar el flujo sanguíneo.

Sin embargo, siempre conforme a la denuncia, el tiempo transcurrido desde el inicio del cuadro habría provocado un daño irreversible en los tejidos, por lo que finalmente los profesionales resolvieron amputar la pierna izquierda por encima de la rodilla para preservar la vida del paciente.

Más allá del accionar atribuido al profesional denunciado, la presentación judicial sostiene que la investigación no debería limitarse únicamente al acto médico.

La denuncia también apunta a las autoridades del establecimiento sanitario. Foto: archivo El Litoral

La abogada patrocinante solicita que el Ministerio Público de la Acusación determine si existieron responsabilidades por parte de quienes tenían a su cargo la conducción del establecimiento sanitario, al considerar que podrían haber existido omisiones en las tareas de supervisión y control.

En ese sentido, la denuncia menciona que con anterioridad al caso de Strafella ya habrían existido cuestionamientos públicos sobre el desempeño del médico denunciado. Según el escrito, esos antecedentes se habrían reflejado en reclamos efectuados por pacientes, publicaciones en redes sociales, intervenciones en programas radiales y supuestas anotaciones en el libro de quejas del efector sanitario.

Mientras tanto, Luis José Strafella continúa atravesando un complejo proceso de recuperación. Según la denuncia, además de la amputación debió afrontar nuevas complicaciones clínicas posteriores, entre ellas una hemorragia digestiva que motivó estudios, transfusiones sanguíneas y un nuevo ingreso a terapia intensiva.

La causa quedó ahora en manos del Ministerio Público de la Acusación, organismo que deberá resolver las primeras medidas de investigación para reconstruir el recorrido asistencial del paciente y determinar si existieron responsabilidades penales individuales o institucionales.

El Gobierno Provincial expresó su satisfacción por la medida dispuesta por la Cámara Penal de Rosario, a través del juez Tomás Orso, quien revocó el fallo de la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena, quien había declarado nulo e inválido un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) bajo la modalidad de “flagrancia virtual”, tras una balacera ocurrida el pasado 19 de junio en la zona sur de Rosario, hecho por el cual se detuvo a un joven de 17 años.

Así lo hizo saber este martes la vocera gubernamental Virginia Coudannes durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, y valoró que el fallo revocatorio "toma como información las herramientas legales existentes en torno al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, con las modificaciones realizadas" que incorporan diferentes medidas como “la utilización de las cámaras, el sistema Lince, el estar atrás de cada una de esas situaciones, el trabajo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la posibilidad que el fiscal pueda generar con su anoticiamiento por parte de la policía ese allanamiento. En este sentido, nos encontramos satisfechos”, afirmó.

Finalmente, Coudannes recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro “ha sido muy claro desde el primer día: las herramientas legales y todos los avances que hemos conquistado en materia de normas de seguridad, están para ser usadas, no podemos ir para atrás”, y recordó que “la Justicia es un actor estratégico de la sociedad y le tiene que dar respuesta a la sociedad, no a sí misma”.

El 19 de junio, en horas de la madrugada, dos personas que se desplazaban en bicicleta salieron de un domicilio ubicado en España al 7000, llegaron hasta una vivienda de Entre Ríos al 6200 y efectuaron varios disparos contra el inmueble. Tras el ataque, regresaron al lugar desde el que habían partido.

Horas después, a partir del análisis integral de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia e integradas al sistema de inteligencia artificial Lince, la PDI reconstruyó el recorrido de los sospechosos y, unas 12 horas después de la balacera, realizó un allanamiento bajo la figura de "flagrancia virtual" en el domicilio de España al 7000. En ese marco fue aprehendido un adolescente de 17 años, que quedó a disposición de la Justicia de Menores. Luego la jueza declaró nulo e inválido el procedimiento, fallo que finalmente fue revocado por el juez Orso.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó extremar las precauciones ante una serie de intentos de estafas telefónicas denunciados durante los últimos días en la región. Actualmente, la Fiscalía Regional 3 investiga alrededor de diez hechos cometidos bajo una modalidad similar.

Según informó la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, las víctimas recibieron llamadas mediante whatsapp, durante las cuales los interlocutores simulaban ser agentes de Mercado Libre o de otras compañías vinculadas con operaciones comerciales y financieras.

Durante las comunicaciones, los estafadores aseguraban que terceras personas habían realizado compras a nombre de las víctimas. Con ese argumento, intentaban generar preocupación y urgencia para inducirlas a realizar movimientos bancarios.

Los delincuentes indicaban que el dinero debía ser transferido a una cuenta donde supuestamente quedaría protegido. Sin embargo, el objetivo real de la maniobra era apoderarse ilegítimamente de los fondos.

Desde el MPA remarcaron que no deben realizarse operaciones guiadas por desconocidos mediante llamadas telefónicas, mensajes o cualquier otro dispositivo electrónico.

Ante el incremento de denuncias, la Fiscalía difundió una serie de medidas preventivas:

Las autoridades también aconsejaron no eliminar conversaciones ni archivos, debido a que pueden convertirse en elementos relevantes para la investigación penal.

Las dos mujeres detenidas durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle Caparrós al 800, en Venado Tuerto, quedaron en prisión preventiva luego de una audiencia imputativa y cautelar desarrollada en los tribunales de la ciudad.

El fiscal Luis Lagioia, en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), les atribuyó a D.M.V., de 20 años, y M.S.A., de 24, la presunta coautoría del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante la audiencia, D.M.V. manifestó su intención de declarar, aunque se abstuvo de responder preguntas. La segunda imputada optó por no prestar declaración.

Luego de escuchar los planteos de la Fiscalía y las defensas, la Justicia ordenó que D.M.V. continúe detenida bajo prisión preventiva ordinaria.

Para M.S.A., en tanto, se dispuso la prisión preventiva domiciliaria. La medida deberá cumplirse en una vivienda de Venado Tuerto, bajo la tutela de una persona responsable que aceptó formalmente el cargo.

Además, se ordenó que la comisaría correspondiente realice controles alternativos y sorpresivos para verificar el cumplimiento de la cautelar.

El allanamiento en barrio Iturbide

Las detenciones se produjeron el jueves 16 de julio durante un procedimiento realizado por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) en un inmueble de calle Caparrós al 800.

El operativo formó parte de una investigación encabezada por la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico del MPA y dirigida por el fiscal Lagioia.

Durante la requisa, los agentes secuestraron 479 gramos de cocaína y 28,7 gramos de marihuana. También hallaron una balanza de precisión, recortes de nylon, bandas elásticas y libretas con anotaciones consideradas relevantes para la investigación.

En el domicilio también fueron incautados 736.650 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, cuatro cargadores de armas de fuego y un motovehículo.

Según la hipótesis investigativa, el rodado habría sido utilizado para la distribución y comercialización de las sustancias. Los teléfonos y las anotaciones serán peritados para determinar posibles contactos, movimientos de dinero y la eventual participación de otras personas.

Antes del allanamiento, los investigadores habían realizado tareas de vigilancia y observación en la zona. De acuerdo con la pesquisa, esas medidas permitieron registrar movimientos presuntamente compatibles con la venta de drogas al menudeo.

En el marco de una campaña territorial que recorre el departamento General López, la localidad de Wheelwright recibirá la capacitación sobre seguridad digital. El encuentro "Charla Prevención de Estafas", se llevará a cabo este  jueves 23, a las 16 h. en el Centro de Cultura, ubicado en General López y Larrea, bajo el auspicio de la Comuna local.

La jornada contará con la disertación del Fiscal Regional, Mauricio Clavero, quien estará acompañado por un equipo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA): Mauro Menéndez (Rufino), Julián Cochero (Melincué) y Damián Casullo (Venado Tuerto).

Como ya explicó el Fiscal Clavero, esta iniciativa busca utilizar la información obtenida en las investigaciones judiciales para explicar a la comunidad cómo funcionan los engaños actuales. El lema central de estas charlas es “ser víctima de una estafa no tiene que dar vergüenza”, un mensaje que busca combatir el bajo índice de denuncias causado por el pudor o la culpa de los damnificados.

El Fiscal Regional advirtió que, si bien los adultos mayores suelen ser objetivos frecuentes mediante engaños vinculados a ANSES, PAMI o el cambio de billetes, los riesgos alcanzan a todas las edades.