Por César Rodríguez

La CGT, las dos CTA y movimientos sociales se movilizarán hoy hacia la Plaza del Congreso para celebrar la sanción por parte del Senado la ley que modifica el impuesto a las Ganancias y elimina la cuarta categoría del tributo y para expresar su apoyo a las ultimas medidas económicas tomadas por el Gobierno, en un acto del que participará el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y que implicará un fuerte respaldo a su postulación de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

La conducción de la CGT -que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano- ratificó la asistencia, así como de los gremios alineados en la central obrera, y también las Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA) y Autónoma, que lideran Hugo Yasky y Hugo Godoy y Ricardo Peidro, respectivamente, luego de que anoche el Senado sancionara la ley que modifica el Impuesto a las Ganancias, elevando el piso del Mínimo No Imponible a casi dos millones de pesos, lo que equivale a quince salarios mínimos, vital y móvil y que regirá a partir de 2024.

Lo mismo hicieron los movimientos sociales, que convocaron a marchar hoy a la Plaza del Congreso en apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Massa.

El acto tendrá lugar a partir de las 14 en la Plaza del Congreso, bajo la consigna "Desarrollo - Producción- Trabajo" y en apoyo a la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, la devolución del IVA y el alivio fiscal para pymes, según indicó la central obrera.

"Esas iniciativas legislativas están articuladas con el eje desarrollo, producción y trabajo, que sostiene la CGT como guía para el país, por lo que los trabajadores y sus organizaciones gremiales estarán presentes en el Congreso de la Nación como movimiento obrero para expresar su absoluto apoyo a esas leyes", sostuvo la CGT en un documento de convocatoria a la movilización de hoy, que se espera sea masiva.

De la movilización participarán también movimientos sociales alineados con el oficialismo, como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie.

Además, la CGT también renovará su "absoluto respaldo" a la fórmula presidencial de UXP, integrada por Massa y Agustín Rossi, a 23 días de las elecciones presidenciales, y ratificará el compromiso de militar las últimas semanas de campaña con una masiva presencia territorial.

Fuentes partidarias y sindicales confirmaron en las últimas horas que Massa participará del acto.

En tanto, la CTA que conduce el dirigente docente Yasky, diputado nacional del Frente de Todos (FdT), confirmó a Télam que los gremios alineados en la central se concentrarán desde las 14 frente al Congreso Nacional para asistir al acto y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) también se movilizará para respaldar y festejar la aprobación de esas iniciativas.

Con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que bajó al recinto al momento de la votación, la iniciativa que modifica el impuesto a las Ganancias recibió anoche el respaldo de 38 votos, aportados por el Frente de Todos, sus aliados y Unidad Federal, en tanto que Juntos por el Cambio se manifestó con 27 votos en contra, lo que generó la algarabía general en los palcos poblados por sindicalistas, entre los que estaban Pablo Moyano y Sergio Palazzo, que instantáneamente se pusieron a cantar la Marcha Peronista.

También se encontraban presentes el titular del sindicato de canillitas, Omar Plaini; el dirigente bancario Sergio Palazzo; y el secretario adjunto de SMATA, Mario "Paco" Manrique; quienes previamente habían mantenido un encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su despacho.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este miércoles una convocatoria a empresarios y representantes de los trabajadores para “establecer el sendero de los próximos 90 días” en materia de precios, y así evitar que haya “trampas justificadas” en la suba de los dólares paralelos que den lugar a la remarcación de productos.

Massa formuló esta convocatoria en el Palacio de Hacienda donde recibió a los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezados por su Secretario General, Héctor Daer, y del Movimiento Evita, Fernando Navarro y Emilio Pérsico, quienes le brindaron su apoyo.

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con la CGT y los movimientos sociales. Crédito: Prensa Economía

“Una vez terminado el proceso de estabilización (en el sector financiero) cuento con ustedes para sentarlos a la mesa juntos con los empresarios para establecer el sendero de los próximos 90 días, para que no haya las trampas que algunos vivos trataron de realizar sobre versiones, rumores y que lo que terminó haciendo es generar incertidumbre en la gente”, dijo Massa.

El ministro adelantó que “de acá al viernes seguiremos trabajando en estabilizar los mercados y el funcionamiento macroeconómico, para convocar el fin de semana a los empresarios para trabajar juntos (a sindicalistas y movimientos sociales) para dar un sendero de 90 días de estabilidad, para que la gente viva sin miedo y que sepa que el Estado cumple con su rol” de garantizar la estabilidad.

Massa calificó como una actitud “inexplicable” que “haya intentos de aumentos de precios sobre la base de lo que fue el aumento del dólar blue desde la semana pasada, porque todos los que importan lo hacen con el dólar oficial”. Entonces “no son aumentos por cuestiones de macroeconomía, sino por avivadas” y en este marco, desde el Gobierno serán “garantes y controladores”.

“Para eso -continuó el ministro- les pedimos ayuda a ustedes” sindicatos y movimientos sociales “que ayuden en esta tarea, para que haya abastecimiento y precios”. Massa advirtió que “el estado se pone firme y no permite la especulación”, aún “entendiendo que los mercados son transparentes”, pero que sin embargo “el Estado tiene la responsabilidad, darle certidumbre a la gente” ante maniobras especulativas.

El ministro aprovechó el encuentro también para agradecer “el trabajo conjunto para que los trabajadores paguen menos impuesto a las ganancias por sus viáticos y horas extras”. “Dentro de muy pocas horas, menos trabajadores pagarán Ganancias por el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $ 503.000, a partir del primero de mayo”, recordó el funcionario al referirse al reciente anuncio de su cartera.

Por su parte, Daer destacó la presencia de la CGT “para garantizar el apoyo, la confianza y todo lo que tiene que ver para generar las condiciones para nuestro pueblo”. “No vamos a ser espectadores de un pequeño grupo de ‘vivos’ que especulan utilizando medios de timba en el sector financiero, que terminan perjudicando la economía de todos, en especial a los que tienen ingresos fijos, a los jubilados, a los que tienen ayudas sociales”, dijo el dirigente gremial.

En este marco “queremos hacer un llamamiento a quienes no estuvieron en la especulación financiera pero (si) en la remarcación de precios que, por el bien de todos, lo que tenemos que hacer, tienen que retrotraer los precios”, pidió el secretario general de la CGT. Por su parte, Emilio Pérsico, le dijo a Massa: “Cuenten con nosotros para ir a marcar a los que subieron los precios”.

Un informe revela que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 -a valor noviembre- por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Las incompatibilidades detectadas son: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

El decreto número 728, firmado el jueves pasado por el presidente Alberto Fernández, prohíbe el ingreso de nuevos titulares a ese plan social y que los que son dados de baja sean reemplazados. Esos fondos, realza la normativa, será destinados a la adquisición de máquinas y herramientas para nuevos emprendimientos sociales.

El informe fue pedido el 30 de junio pasado por el entonces ministro del área Juan Zabaleta. Según fuentes del ministerio de Desarrollo Social, el entrecruzamiento de información aún no llegó al despacho de Victoria Tolosa Paz, pero que si esto sucede, y la funcionaria convalida la información, la decisión es dar de bajas a los que estén por fuera de las normas, ya sea por la compra de dólares, por la adquisición de un auto o por que perciben más de un plan social por valores superiores al salaria mínimo vital y móvil.

El pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social se respondió el día 24 de octubre, pero la nueva gestión está aún esperando dar con los datos.

El cruce de información se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del Potenciar Trabajo. La tarea, que demandó más de cuatro meses, detectó que 253.184 de ellos -el 18,30% del padrón de beneficiarios- realizaron una “manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales” y que 35.398, el 2,56%, “habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses”.

“Si corroboramos incompatibilidades, vamos a depurar el padrón. La voluntad de este ministerio es acompañar el crecimiento del empleo registrado en la Argentina, que permitirá una mayor inversión por parte del Estado en bienes de capital para la Población Económicamente Activa de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo”, aseguraron desde la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz y abundaron: “Necesitamos darle especialmente a la juventud las herramientas y las máquinas para que ese saber y esa experiencia se vuelquen en el sistema productivo”.

El artículo sexto del decreto presidencial número 728 es muy claro en la determinación de ir achicando los planes sociales y reemplazarlos por trabajo genuino.

El texto especifica que, a partir del viernes pasado -fecha de su publicación en el Boletín Oficial-, “no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: Programa Nacional de Inclusión Socio productiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’, ‘Potenciar Inclusión Joven’, ‘Nexo’ Y ‘Plus Esencial’”.

Reunidos en Balvanera, los movimientos sociales dieron una conferencia de prensa y respondieron de manera insólita ante la consulta sobre los 50 mil dólares que la Justicia encontró en un allanamiento en la Corriente Clasista y Combativa: “¿Qué tiene de malo? ¿Vos lo contaste?” Fueron algunas de las declaraciones. 

Las organizaciones sociales salieron a denunciar una persecución política después de los veintitrés allanamientos y seis órdenes de presentación entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, en los que la Justicia encontró 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos. 

Se trata de la investigación iniciada por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Cambiemos por una serie de denuncias anónimas por supuesta extorsión por parte de beneficiarios de planes sociales, agrupados en la CCC que lidera el diputado Juan Carlos Alderete, que resaltaron, según las fuentes, que debían aportar a la organización. 

Hallaron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos tras allanar a punteros de la Corriente Clasista y Combativa 

Frente a la prensa y visiblemente molesto por las consultas, Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), respondió a las consultas periodísticas. 

 “¿Qué tiene de malo? ¿Vos lo contaste? Tenemos un gran problema con la Justicia, que siempre ataca a los pobres. La harina, las cosas que cada uno sale a comprar, te las remarcan todos los días, esa es la solución para la inflación. ¿Saben los miles de millones de dólares que se lleva esa gente?”, respondió Castro. 

Asimismo, consultado sobre si es habitual que una organización se encuentren esos montos de dinero, contestó: “¿Qué se yo si es normal? No me ando fijando en la casa de nadie. Hay una animosidad contra los pobres y lo que veo siempre es una defensa de los ricos. Nunca se preocupan porque los ricos se llevan tanta plata”. 

“Fueron ‘a la pesca’ como se dice en la jerga judicial”, señala el primer párrafo del comunicado oficial de la CCC. 

“Hay escuchas telefónicas a más de 100 compañeros y compañeras, también ordenaron escuchas en tiempo real, que quiere decir que un oficial nos escuchaba en el momento que estaba ocurriendo la conversación e iba informando a cada instante. Eso es un procedimiento que se utiliza comúnmente para casos de secuestro extorsivo o de narcotráfico”, dicen en la agrupación del diputado Juan Carlos Alderete. 

“Una operación totalmente desmedida. Es decir, la jueza Vence llevó adelante este fenomenal despliegue sin tener elementos concretos que lo justifiquen. La jueza debería explicar además cómo se filtran escuchas ilegales de su juzgado a los medios de comunicación”, agrega. 

Y se defienden: “Los dólares encontrados pertenecen a los ahorros de toda la vida del matrimonio de una de las casas allanadas. Los pesos que allí incautaron son parte de los aportes de los compañeros y compañeras de todo el país para la organización”. 

“La CCC es una organización que se autofinancia. Cada compañero aporta voluntariamente para sostener al movimiento. También se hacen decenas actividades como fiestas, peñas, locros, venta de empanadas. Así es como mantenemos nuestra independencia política”, remarcan en la CCC. 

“Para ser independientes políticamente hay que tener independencia económica, por eso quienes conformamos la organización aportamos voluntariamente casi todos los meses. Igual que como hacen los sindicatos, los clubes, las asociaciones empresarias y otras organizaciones civiles”, señala parte del comunicado de dos páginas. 

 “Son nuestras compañeras las que en los barrios piden donaciones, juntan plata, hacen rifas, bingos y todo lo que esté a su alcance para para mantener abierto los comedores cuando la comida que debería mandar el Estado no llega o no alcanza porque es insuficiente”, añaden. 

“Así se paga el gas o se agregan verduras o algo de pollo a la olla porque muchas veces solo llegan alimentos secos. Le preguntamos a la jueza Vence, ¿Por qué en vez de investigar a una organización popular que mete las patas en el barro para enfrentar la crisis no investigan a los que se fugaron el préstamo del FMI?”, se preguntan en la CCC. 

Además, acusan a la jueza Vence de haber sido “durante seis años secretaria del ya fallecido juez Claudio Bonadío, miembro de la mesa judicial de Juntos por el Cambio”. 

Tras veintitrés allanamientos y seis órdenes de presentación entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades hallaron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos en domicilios y galpones de punteros de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). El procedimiento se dio en el marco de una investigación por presunta extorsión por parte de beneficiarios de los planes sociales allegados a la CC. 

Ante la difusión de la investigación, Alberto Fernández recibió este miércoles a dirigentes de esa y otras organizaciones sociales, como una señal de “solidaridad” por lo que calificó como “persecución judicial”. 

“Se secuestraron planillas de asistencias con nombres y apellidos de personas afiliadas a la organización social, que tenían al lado un monto de plata. Se está investigando qué exigían”, indicaron fuentes policiales. 

La investigación fue iniciada por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Cambiemos por una serie de denuncias anónimas por supuesta extorsión por parte de beneficiarios de planes sociales, agrupados en la CCC que lidera el diputado Juan Carlos Alderete, que resaltaron, según las fuentes, que debían aportar a la organización. 

“Yo lo que tengo es plata, toda la plata de la CCC y la puta que lo parió (sic). Tengo la plata de nacional y la plata de la zona, me da una bronca terrible porque es la plata que usamos para los viajes y todo eso”, se desahogó Raquel Fleischman en una charla telefónica mientras la Justicia llevaba adelante los allanamientos ordenados por la Justicia -el pasado 5 de julio-, cuyo audio fue revelado en estas horas por el periodista Rodrigo Alegre en TN. 

La mujer, según fuentes citadas por Clarín, sería una dirigente de la CCC que estaría a cargo de la “recaudación” de la organización, que nuclea miles de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. 

Dos domicilios fueron los que concentraron la atención de la justicia: uno en el barrio porteño de La Paternal, sobre la calle Tres Arroyos, y otro en Laferrere, en La Matanza, en el corazón del Gran Buenos Aires. 

En el primero, secuestraron algo más de 5 millones de pesos y 50 mil dólares; en el segundo, los investigadores se llevaron dos millones de pesos. La escucha corresponde a la mujer que se encontraba en el momento del operativo en la vivienda de la Ciudad. 

“Estoy acá en mi casa, viene la cana, vienen a joderme acá a mi casa (…) De eso no tengo nada”, le dice puntera a una amiga, según la transcripción telefónica, que le consulta por los papeles “de altas y bajas de desarrollo”. “Si está solamente la guita, está solamente la guita, después vemos como se justifica, pero el tema es el celular, negra”, le contesta la otra mujer. 

La Justicia tiene dos líneas de investigación: la venta de mercadería que el Ministerio de Desarrollo Social terceriza en los movimientos sociales y la supuesta exigencia de dinero a los beneficiarios. 

En el caso de la mercadería, fue secuestrada en un galpón del barrio porteño de Retiro. 

Ahora, la Justicia deberá investigar la procedencia de los fondos, que fueron depositados en un plazo fijo. Hasta este jueves, nadie de la CCC se había presentado en el juzgado federal de San Martín para reclamar, ni por los dólares ni por los pesos. 

Movimientos sociales, referentes de derechos humanos, sindicatos y otros sectores vinculados al kirchnerismo se movilizan este martes hacia Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia del centro porteño. Bajo la consigna “basta de impunidad”, quienes participan de la protesta exigen “el fin del lawfare”, además de la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Entre los que apoyan la movilización que tendrá lugar a las 18:00, se encuentran los ministros: Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat) Aníbal Fernández (Seguridad), Juan Martín Mena (viceministro de Justicia). En la lista también figuran la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; el diputado nacional y titular del gremio de la Bancaria, Sergio Palazzo; el también legislador nacional y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el co-secretario general de la CGT y dirigente camionero, Pablo Moyano; y el dirigente social Luis D’Elia, entre otros.

Mientras que de las tres organizaciones sociales cercanas al oficialismo, en la Corriente Clasista y Combativa, del diputado nacional Juan Carlos Alderete, y Somos Barrios de Pie, del también diputado Daniel Menéndez, aseguraron a TN que harán “presencia simbólica”. Es decir, movilizarán a una delegación, pero de ninguna manera llevarán a toda su gente a la calle. En tanto, el Movimiento Evita, que comanda Emilio Pérsico (funcionario de Desarrollo Social), anticiparon que no acompañarán.

Además, las organizaciones de derechos humanos que informaron que se sumarán a la movilización se encuentran: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), entre otros.

Cómo será el acto contra la Corte Suprema

Durante una conferencia de prensa, D’Elía adelantó que la concentración se realizará en la plaza del Teatro Colón y que a las 18:00 se movilizarán hacia el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, donde se instalará un remolque para escenario. El único orador que fue anunciado, hasta el momento, fue el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29, Juan María Ramos Padilla.

Sin embargo, otro sector, que habría delineado su propia organización y que integran Yasky, Moyano, Roberto Baradel (SUTEBA) y José Schulman (presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) había impulsado la lectura de un documento con las tres consignas principales de la protesta: repudio al desempeño de la Corte Suprema y sus miembros, reclamar contra la impunidad y ponerle fin al “lawfare”.

Qué dijo el Gobierno sobre la movilización contra la Corte Suprema

Desde Honduras, hacia donde se trasladó para participar de la asunción de la flamante presidenta Xiomara Castro, Cristina Kirchner se refirió a la movilización del 1F, aunque sin nombrarla directamente. En palabras de la exmandataria nacional, antes en América Latina había golpes militares y “ahora hay golpes judiciales”.

En tanto, Alberto Fernández se expresó por primera vez a horas de que se concretel la movilización y afirmó: “La Corte no ha funcionado bien todo este tiempo”. “Hubo decenas de quejas planteando abusos en las detenciones, los procesamientos. Fue viendo pasivamente cómo todo esto pasaba porque el sistema jurídico argentino le permite a la Corte hacer eso”, aseguró. Y completó: “La marcha de mañana es una marcha ciudadana, convocada, y es una expresión”.

Antes de que el presidente y la vicepresidenta se expresaran, la portavoz Gabriela Cerrutti aseguró que “el Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social”. “Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno”, agregó.

Quiénes son los impulsores de la marcha contra la Corte Suprema que tuvieron causas judiciales

Luis D´Elía: en 2017 fue condenado a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría en La Boca, en junio de 2004, por los delitos de “atentado contra la autoridad”, “usurpación del espacio público, “instigación a cometer delitos”, “lesiones” y “privación de la libertad”.

Tras pasar algo más de un año detenido, en 2020 le otorgaron el arresto domiciliario y un año más tarde obtuvo la libertad condicional por haber cumplido los dos tercios de su condena.

Juan María Ramos Padilla: su hijo, el también magistrado Alejo Ramos Padilla, está denunciado por haber impulsado el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.

Hebe de Bonafini: la titular de Madres de Plaza de Mayo fue procesada por la causa Sueños Compartidos y en 2020 se confirmó su elevación a juicio oral. Será juzgada como presunta partícipe de defraudación a la administración pública por un supuesto desvío de fondos.

Aníbal Fernández: en octubre de 2021, la Sala I de la Cámara de Apelaciones revocó su sobreseimiento por supuestos sobreprecios en la compra de derechos de TV del Programa Fútbol Para Todos.

Pablo Moyano: fue procesado en una causa por asociación ilícita entre barrabravas y dirigentes de Independiente (2020), aunque fue sobreseído en diciembre de ese mismo año.

Milagro Sala: el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó una condena a 13 años de cárcel para la líder de la Tupac Amaru en el marco de la causa “pibes villeros”. Está en prisión domiciliaria desde hace dos años. Además, cuenta con otra condena a tres años y dos meses por amenazar policías.

Cristina Caamaño: es la interventora de la AFI. Fue investigada en una causa por la filtración de un informe secreto con los nombres de más de 2000 espías, aunque la jueza María Servini le dictó la falta de mérito. Ademas, es la titular de Justicia Legítima y adelantó que su organización estará presente.

En medio de las presiones del sector de la vicepresidenta Cristina Kirchner para forzar cambios en el Gabinete, el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales convocaron a movilizarse este jueves a Plaza de Mayo en apoyo al Gobierno nacional y en particular al presidente Alberto Fernández. “¡Fuerza Alberto!”, reza el posteo que acompaña del Movimiento Evita el flyer con la convocatoria a las 15:00 en la emblemática Plaza de Mayo, bajo la consigna “por la unidad del Frente de Todos, a bancar al Gobierno”.

Mañana todos y todas a Plaza de Mayo a bancar la unidad del Frente de Todos ??☀️

¡Fuerza Alberto! pic.twitter.com/oSurrqEa3X

— Movimiento Evita (@MovimientoEvita) September 15, 2021

“Desde el Movimiento Evita, en toda su extensión territorial y federal, expresamos nuestro apoyo contundente al Presidente de la Nación Argentina, compañero Alberto Fernández”, destaca en un comunicado el movimiento social liderado por el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y por el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro. En el mismo sentido se expresó Somos Barrios de Pie, la organización social que se encuentra en vías de fusión con el Movimiento Evita, y que tiene a Daniel Menéndez como coordinador nacional y candidato a diputado nacional en el puesto 16. “Desde Somos Barrios de Pie expresamos nuestro apoyo al presidente de la Nación Alberto Fernández. Valoramos el mensaje que nos expresó el pasado domingo, entendiendo que el pueblo demanda corregir errores y honrar el mandato que nos llevó a ganar las elecciones en 2019: empezar por quienes están al último para llegar a todos y todas. Ese camino de reconocimiento y autocrítica es el correcto”, expresó la agrupación. Según Barrios de Pie, “el mensaje de las urnas es claro: ha habido errores que no deben repetirse y hay enormes deudas internas que no han sido saldadas.”. “El pueblo argentino exige que corrijamos el rumbo y aceleremos las respuestas concretas. Es imprescindible que escuchemos el mandato popular. Urgente que reforcemos nuestra responsabilidad para cuidar nuestro frente político, porque ante las divisiones sólo festeja la misma oposición que endeudó a nuestro país y empobreció a nuestro pueblo. En unidad, pluralidad y con renovado compromiso con nuestro pueblo”, indicó. Fernández también recogió apoyos del Partido del Trabajo y la Equidad (PARTE), espacio político que fundó y del cual fue referente hasta asumir como presidente del Partido Justicialista. “Expresamos nuestro apoyo incondicional al presidente de la Nación, Alberto Fernández”, publicó el partido político, y agregó: “La sociedad argentina no demanda peleas entre dirigentes sino diálogo para salir de la crisis”. A su vez el Grupo Callao, think tank “albertista” del cual surgieron dirigentes como Santiago Cafiero y Matías Kulfas, se expresó en el mismo sentido: “Todo nuestro apoyo a @alferdez, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos: un país con trabajo, educación, salud y seguridad. Un país con más derechos, más democracia y más igualdad”. El planteo que ubica a Alberto Fernández como “síntesis de la unidad” fue el eje discursivo del guión acordado por ministros y organizaciones  para salir a “bancar” al presidente en medio de la arremetida del kirchnerismo para forzar decisiones en la composición del Gabinete y en el rumbo político y económico.