El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el veto a la reforma jubilatoria se sostuvo porque "el riesgo para la economía era muy superior al beneficio que iban a recibir los jubilados".

Francos fue consultado por Jonatan Viale en una entrevista, por el asado que realizó el presidente Javier Milei, con los 87 legisladores en la Quinta de Olivos, sobre el cual aclaró que se trató de “una cena de camaradería” y no de un festejo.

"El sentido era hablar de lo que defendimos y fue mantener las condiciones de la macro economía como las estamos manteniendo. Eso impactaba en todos los órdenes; el riesgo país hubiera aumentado, por ejemplo", sentenció.

Paralelamente, Francos aseguró que un jubilado “no puede vivir con 300mil pesos”, pero que la solución no es la que Cristina Kirchner, “la filósofa de la economía”, pretende instalar cuando discute con Milei.

“¿Pretende filosofar sobre economía con Javier Milei después de haber fundido el país como presidente y como vice? Si la discusión es seguir la misma receta, significa deuda, emisión y postergar los vencimientos, sabiendo que se está hipotecando el futuro de todos los argentinos”, expresó.

Posteriormente, apuntó nuevamente contra la ex mandataria y sostuvo que, en su gestión, “empezaron a jubilar”, creando moratorias, y que terminó jubilando gente “que nunca había pagado” aportes y que, por se motivo, quienes sí los pagaron “hoy se ven perjudicados”.

“El sistema jubilatorio está absolutamente colapsado y no podemos pensar que puede arreglarse, que si cobran 300 mil o 400 mil pesos pasarán a cobrar 500 mil o 600 mil. ¿Se puede hacer? No, porque no existen los fondos para eso. Se va a solucionar si se crece la economía”, aseveró

En la misma línea, señaló que la economía va a crecer si se establecen “reglas macroeconómicas claras que permitan que señores que tienen mucho dinero, argentinos o extranjeros, fuera del país, vengan e inviertan” para desarrollar proyectos en nuestro país.

“Ya lo hemos establecido en la Ley Bases: (para el crecimiento existen) todos los recursos energéticos y mineros que tiene el país disponible para ser explotado desde hace tanto tiempo. Por un lado, tenemos toda la capacidad intelectual, y la creatividad digital de nuestro país, que es considerado uno de los más capaces del mundo. Tenemos todo eso para explotar y mucha gente dispuesta a invertir”, planteó.

Al finalizar, remarcó que “las reglas de juego tienen que ser claras y pro-mercado” porque si luego de aprobar la Ley Bases “lo primero que se hace es sacar una fórmula de ajuste jubilatorio que tiene un impacto negativo en la economía”, iba a ser contradictorio.

“Cuando el presidente vetó la ley y no se pudo obtener la insistencia ¿Qué pasó? Subieron los bonos argentinos, bajó la tasa de interés y bajó el riesgo del país. Todas las condiciones macro mejoraron”, concluyó.

El presidente Javier Milei agasajó esta noche con un asado a los diputados que evitaron la modificación de la movilidad jubilatoria, mientras movimientos de la tercera edad protestaban en el ingreso a la Quinta de Olivos.

Gracias al voto de los 87 legisladores, el gobierno de Milei se mantuvo firme en su decisión de alcanzar el déficit cero y el superávit fiscal, al ponerle un freno a ese proyecto.

Las invitaciones fueron cursadas por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y si bien no hubo asistencia perfecta, gran parte de los legisladores estuvieron en el quincho de la Quinta.

Además del presidente y de su hermana Karina también participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero Manuel Adorni, entre otros.

Por el oficialismo se hicieron presentes Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, Oscar Zago y Carolina Píparo, todos de la Libertad Avanza (LLA), como así también Cristian Ritondo, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Diego Santilli y Hernán Lombardi, entre algunos representantes del PRO.

En tanto, y de los cuatro legisladores radicales que fueron sancionados por la dirigencia de su partido por haber apoyado el veto, solo asistió Mariano Campero.

Milei llamó "héroes" a los 87 legisladores que vetaron la modificación y esta noche los convocó a Olivos para agasajarlos, aunque trascendió que iba a cobrarles 20 mil pesos a cada uno de ellos.

Por esa cifra el menú incluyó una entrada, un corte de carne y vino, agua o gaseosa, y según trascendió los invitados debieron abonar con tarjeta de débito, de acuerdo con un posteo de Adorni en la red social X.

Mientras se desarrollaba la cena, distintos movimientos de jubilados se manifestaron contra el evento que preparó el mandatario para agradecerle a los diputados.

El diputado nacional de la provincia de Santa Fe, Mario Barletta habló de la sesión de este miércoles, donde, con el apoyo de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, el gobierno nacional que comanda Javier Milei logró frenar el rechazo al veto de la ley de movilidad jubilatoria. Para el legislador y dirigente boinablanca, dejó visible una fractura en el partido, pero aseguró que “es una realidad que viene desde hace tiempo”, responsabilizando a las máximas autoridades del radicalismo por “no convocar al diálogo interno”. 

En principio resaltó que su voto que fue en rechazo al veto y la ratificación del proyecto de ley, como la gran mayoría del bloque radical. La sorpresa fue la decisión de algunos diputados en modificar la postura que habían adoptado hace sólo algunas semanas cuando se aprobó la iniciativa. “Yo creo que los convencieron de la falacia que plantea el gobierno con la excusa del equilibrio fiscal”, sostuvo. 

A su vez, recordó que previo a la votación, había varios proyectos de los distintos bloques que conforman la Cámara baja nacional. Si bien el que prosperó fue el impulsado por el radicalismo, el PRO tenía su iniciativa que también hacía referencia al 8% que luego terminó siendo el motivo central del veto del presidente. 

“Es una mentira lo del desequilibrio fiscal. Una mentira del presidente que luego reproducen los medios de comunicación nacionales que están mostrando un fuerte apoyo. Porque de ser real este impacto, entonces, por qué se anticiparon en bajar 10 puntos el impuesto PAIS, algo que hasta ahora Milei no ha explicado”, planteó. 

Consultado sobre el impacto que tuvo esta votación puertas adentro de la UCR, Barletta respondió: “El problema en el radicalismo va más allá de lo que hicieron estos cinco diputados. El partido no está funcionando como debiera, como una organización, de la cual siempre nos hemos enorgullecido. Yo hay dirigentes que sólo veo por televisión, como el caso de Martín Lousteau, quien nunca nos convocó a los diputados; tampoco hay reunión de bloques; ni del partido, no existe nada de eso”. 

Para el exintendente de la ciudad capital, gran parte de lo que pasó con los diputados que modificaron su voto es “por la falta de diálogo interno, porque no hay un funcionamiento interno acorde”, exclamó. Y añadió: “Yo fui presidente del partido y todas las semanas nos reuníamos y teníamos temas difíciles, como fue en su momento la nacionalización de YPF, lo que significó una gran cantidad de reuniones, semanas enteras discutiendo”.

En cuanto a la posibilidad de “expulsar” del partido a los diputados que modificaron su voto, Barletta disparó: “No, no corresponde en absoluto. No es bueno lo que hicieron, pero tampoco para llegar a una medida de esa magnitud. Creo que hay otros primeros que deberían dar explicaciones”. 

Por otro lado, el diputado nacional afirmó que el radicalismo tiene la oportunidad histórica de posicionarse como una opción a futuro, pero antes “los diez o doce referentes de la UCR a nivel nacional se tienen que juntar, discutir, abordar las diferencias que siempre hay, como pasa en la vida misma. Si no se habla, nada se va a solucionar”, agregando que “es lo que le reclamamos al gobierno nacional, pero nosotros, hacia adentro no lo cumplimos, estamos igual”.

“Al radicalismo le va a ir muy mal el año próximo en las elecciones. Nos estamos equivocando al no hacer lo que debemos, que es reunirnos y acordar las cuestiones básicas”, afirmó.

El gobierno de Javier Milei logró frenar este miércoles frenar la iniciativa de la oposición de rechazar en el Congreso el veto por la ley jubilatoria. La votación finalizó con 153 a favor, 87 en contra y 8 abstenciones.

La sesión arrancó minutos después de las 11, una vez obtenido el quórum, pero hacen falta dos tercios de los votos para insistir con la norma en contra de la voluntad presidencial. Y el oficialismo, en alianza con el bloque PRO, bloques aliados y media docena de diputados radicales, consiguió los números para evitarlo.

La Cámara de Diputados inició la sesión especial con 131 legisladores presentes, y con la jura de la diputada Nancy Ballejos, que reemplaza en la banca por Entre Ríos al radical Pedro Galiberti, y se suma al bloque del PRO.

Las deliberaciones comenzaron con un fuerte clima de tensión, mientras en las afueras del Congreso se desarrolla la manifestación convocada por agrupaciones kirchneristas y de izquierda, con un fuerte operativo de seguridad.

Ante la perspectiva de un rechazo del veto, en el radicalismo analizaban solicitar una insistencia parcial, limitada a la recomposición del 8,1 % de los haberes jubilatorios por la inflación de enero pasado. Para eso era necesario que se decidiera votar artículo por artículo.

Uno de los artículos más resistidos por el Gobierno es el que propone un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También el que prevé la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas.

Mientras se reacomodan los votos a favor y en contra del veto presidencial a la reforma previsional que el Congreso convirtió en ley a fines de agosto, se aguarda que este miércoles el clima social alcance una temperatura elevada puertas afuera del Palacio legislativo.

Al menos eso se desprende del aviso que ya dieron numerosas organizaciones sindicales y sociales que marcharán junto a jubilados y jubiladas para manifestar su oposición al veto y presionar por su rechazo. En definitiva, se espera una movilización numerosa. Pero también se desprende de los dichos del vocero presidencial Manuel Adorni quien este martes, 24 horas antes de que la movilización se ponga en movimiento, alertó que "a través de fuentes abiertas suponemos que se están planificando actos de violencia".

En esa presunción justificó que se está diagramando "un operativo de seguridad especial", en la convicción de que "atacar al Congreso es atacar la democracia".

En esa línea, aseguró que "se van a cumplir a rajatabla los protocolos vigentes de orden público, conocidos como antipiquetes".

"Apelamos a la responsabilidad de todos los sectores para que mañana esto no ocurra", dijo Adorni en referencia a las acciones que el gobierno vaticina para este miércoles.

En las últimas semanas, representantes del sector pasivo junto con algunas organizaciones marcharon ante el Congreso para pedir la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria, primero, y luego para rechazar el veto que impuso el presidente Javier Milei bajo el argumento de que la norma socava su objetivo de déficit cero y compromete las finanzas públicas.

En ambos casos se registraron momentos de mucha tensión que incluyeron algunos detenidos y muchos más heridos por el uso de gases lacrimógenos y, según denunciaron testigos directos, el uso excesivo de la fuerza para disuadir a manifestantes.

Eso respecto a las previsiones sobre lo que podría ocurrir afuera del Congreso. En cuanto a la sesión de Diputados que está convocada para las 11, el resultado sigue abierto.

Para rechazar el veto del Presidente se requieren los dos tercios de los votos que la oposición, por ahora, no tiene asegurados. Dos tercios dos veces, aclara el sitio especializado Parlamentario.com: la primera vez para habilitar el tratamiento sobre tablas, ya que el tema no tiene dictamen de comisión; y la segunda, para impulsar el rechazo en si.

Las reuniones que se vienen realizando en Casa Rosada y que convocaron el lunes a La Libertad Avanza, el Pro y el Mid, y este martes a algunos legisladores de la UCR, parecen alejar la posibilidad de un rechazo a la medida presidencial.

Un pase a comisiones o un rechazo parcial del veto podrían estar entre las opciones a considerar. Pero lo cierto es que varios de los legisladores que en junio acompañaron el proyecto de la oposición, por ausencias o por una reconsideración de su voto, ya no aportarán en la sesión de mañana.

Más allá del ímpetu anti-casta que mostró en público después de que el Congreso votara la adversa ley de recomposición jubilatoria, Javier Milei meditó cuidadosamente cómo manejar ante la opinión pública y ante la política su controversial veto total a la medida. Por eso postergó durante varios días la ejecución de una decisión que tenía tomada desde la semana pasada. De hecho, se esperaba que el veto saliera publicado esta mañana en el Boletín Oficial, pero no apareció. Y en la Casa Rosada revelaron que podría firmarlo esta misma noche.

El documento se encuentra en manos de la Secretaría de Legal y Técnica, listo para que el Presidente le estampe su nombre al final. Pero sólo saldrá publicado cuando el Presidente le haya explicado a los jefes de los bloques aliados sus motivos. De allí la convocatoria, que se hizo ayer, a la reunión de esta tarde en la Casa Rosada con el jefe de PRO, Cristian Ritondo; el del MID, Oscar Zago (que, más allá de las formalidades, es un libertario más). Y a la que hoy sumaron al jefe de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, miembro de la bancada de LLA. Hubo rumores de que estaría Miguel Pichetto, de Hacemos, pero las negaban.

Ayer se había especulado con la posibilidad de que el encuentro estuviera destinado a la conformación de un interbloque entre La Libertad Avanza y PRO. Un plan de larga data de los violetas, que nunca pudieron concretar por la reticencia de Mauricio Macri y el jefe del bloque, Cristian Ritondo, a conformarse con una alianza legislativa formal tendiente a la rechazada “fusión”.

Pero esta tarde, en Gobierno dieron por tierra con esos rumores (que, por otro lado, habían dejado crecer, al mantener un intransigente hermetismo sobre las razones de la convocatoria). En cambio, revelaron que el origen es la necesidad del Presidente de argumentar de primera mano a propios y ajenos sobre los motivos macroeconómicos de dar de baja la ley.

Mientras se muestra muy duros con la política en los medios y en redes, Milei se vio obligado a negociar con los criticados partidos políticos para evitar que le frenen el veto cuando quedó en evidencia que tenían las voluntades suficientes en ambas Cámaras para dar por tierra con sus planes con una mayoría especial, de dos tercios.

Además de los motivos del encuentro, y del hecho de que se sume Espert, la otra novedad del día será la presencia de Guillermo Francos. El jefe de Gabinete había demorado largamente en responder si sería de la partida, lo cual generó suspicacias: algunos atribuían su faltazo en una reunión política clave a los ruidos con Mauricio Macri. “El Presidente no lo convocó”, se limitaban a explicar en Balcarce 50 hasta que, apenas unas horas antes de que se inicie, en su entorno confirmaron que fue invitado e irá.

Por su parte, Ritondo asistirá con la tropa, junto a María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Silvana Giudici y Alejandro Bongiovanni. El jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, a quien en Casa Rosada apuntaban como uno de los responsables del fracaso legislativo, no confirmó si estará. Tampoco el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien, a pesar de su cercanía a Karina Milei, también fue responsabilizado.

La jornada entera de Milei hoy quedó destinada a controlar daños del revés en el Congreso con las jubilaciones. Además del encuentro, por la tarde tenía planeado grabar una entrevista televisiva para explicar, al gran público, además de la política, su decisión, que, como ya dijo, radica en la defensa a ultranza del equilibrio fiscal. El día en que lo confirmó, la semana pasada, se había limitado a publicar un comunicado en la “Oficina del Presidente”, en X, y una foto en su cuenta personal con su equipo económico. Pero el plan de poner la cara y la voz siguió vigente, reservado para el momento en que el polémico veto se hiciera efectivo. Probablemente, esta noche, y a más tardar, el próximo lunes a primera hora.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este viernes que el gobierno nacional tiene “en análisis” la posibilidad de judicializar la ley de movilidad jubilatoria en el caso de que el Congreso revierta el veto total anunciado por el presidente Javier Milei tras la sanción de la norma en el Senado con dos tercios de los votos.

“Esto atenta contra el plan del Gobierno, contra lo que votaron los argentinos, y no es más que pura demagogia populista. El equilibrio fiscal no está en discusión, no se discute. Después, si el camino va a ser judicializarla, porque claramente es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera, o si se van a recortar otras partidas, todo está en análisis y todo es posible”, señaló el portavoz.

Adorni, así, se refirió al escenario político que abre el veto prometido por Milei, que una vez publicado en el Boletín Oficial deberá ser analizado por el Congreso, y podría ser revertido si la oposición logra acumular dos tercios de los votos.

La ley de movilidad jubilatoria fue sancionada este jueves con los dos tercios de ambas cámaras. Había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, gracias a un acuerdo entre el bloque de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical (UCR) y el escenario se repitió luego en la Cámara alta, donde además contó con el acompañamiento del bloque del PRO y miembros de los bloques provinciales.

El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual con base en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.

En horas de la noche, tal como había advertido Milei cuando comenzó a tratarse el proyecto, la Oficina del Presidente anunció que la ley sería vetada. “Es una estafa moral”, alegaron en un comunicado. En este sentido, señalaron que “esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como esta, hoy son mayoritariamente pobres”.

“En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, se mencionó en el comunicado.

Y concluye: “Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”.

Más allá del anuncio formal, el propio Milei fue entrevistado hoy por LN+ y Radio Rivadavia y aseguró hoy que el kirchnerismo quiere “romper al Gobierno”, ratificó que vetará toda la norma y sostuvo que el Estado no tiene presupuesto para financiar esta modificación en caso de que el Congreso revierta la medida presidencial.

“Esto se paga con pobreza y menos crecimiento; que expliciten a quién quieren que le cobremos impuestos, a quién quieren que le arruinemos la vida”, planteó el mandatario. “Quieren romper a este Gobierno porque si nos va bien estas ratas no vuelven más”, agregó.

También recordó cuando Cristina Kirchner vetó en 2010, cuando era presidenta, la ley que había sido aprobada por el Congreso y que establecía una jubilación mínima que representara el 82% del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activos. “Han dado argumentos en contra de este tipo de cosas cuando estaban en el gobierno, no tengo dudas de que quieren romper”, aseguró.

En otro pasaje del reportaje, Milei sostuvo que la nueva ley de movilidad jubilatoria “implica 24 puntos del PBI”, algo que representa “toda la deuda externa que tiene la Argentina”. “Están condenando a los argentinos de cara al futuro”, señaló.

Por último, también hizo referencia al tuit de Macri, que hoy apoyó la decisión de vetar la ley. Pero lo hizo con una crítica por el apoyo del PRO a la normativa en el Congreso. “Si tomo su tuit, significa que no maneja la tropa. No es un problema mío, lo tiene que resolver puertas adentro Juntos por el Cambio”, indicó.

Sin la presencia de Victoria Villarruel por un cuadro gripal, este jueves el Senado de la Nación desarrolló una sesión especial convocada por el oficialismo para tratar varios temas. Sin embargo, acaparó la atención uno que no estaba previsto en el temario: la movilidad jubilatoria.

El bloque de Unión por la Patria (UxP) tenía en sus planes tratar sobre tablas la actualización de la fórmula previsional con media sanción proveniente de Diputados que este miércoles inició su recorrido en el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda.

Pero antes de que se llegara a exponer el tema, desde la Unión Cívica Radical (UCR) adelantaron una jugada que bloqueó las intenciones del peronismo. Fue gracias a la moción de preferencia que propuso votar el jefe del bloque de la UCR en el Senado, el correntino Eduardo Vischi, para que el tema sea tratado durante la próxima sesión con o sin dictamen previo.

Enseguida, el jefe del bloque de UxP, el formoseño José Mayans, se apuró a presentar su propia moción, para votar el tratamiento del tema sobre tablas. Sin embargo esa votación nunca se hizo

Si bien el interbloque peronista necesitaba de dos tercios para encarar su discusión sin el despacho correspondiente, la oposición dialoguista ni siquiera le dio el gusto a Mayans para someterla a votación.

Entendiendo que la acción del radicalismo tuvo como objetivo rescatar al oficialismo de la estrategia peronista para avanzar en la iniciativa, Mayans cargó duramente contra el radical Vischi y también contra el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien quedó al mando del debate en el hemiciclo.

En uno de los cruces entre los titulares de los bloques, el formoseño llegó a calificar a Vischi como "uno de los jefes de la oposición" y reclamó también de la situación de trece cajas previsionales provinciales, que cargan con una monumental deuda de parte de la Nación.

El interbloque peronista intentó sostener durante varios minutos que la votación, aprobada por 37 votos afirmativos, 31 negativos y sin abstenciones, había resultado fallida al argumentar que la moción de Vischi no fue válida porque no alcanzó los dos tercios.

De esa manera, aspiraba pasar a votar la moción de Mayans para tratar sobre tablas jubilaciones. Sin embargo, antes de la votación, el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, había aclarado que si la moción de Vischi no llegaba a los dos tercios, y fuera aprobada por mayoría simple, quedaría de todas formas aprobada, lo que generó tensos cruces entre Mayans, Vischi y el senador Juan Carlos Romero (Salta).

Finalmente, tras una extensa discusión de varios minutos, la sesión continuó con los temas previstos en el temario oficial, resolviendo que la movilidad jubilatoria sea tratada con dictamen en una próxima sesión tal como propuso el bloque de la UCR.

El proyecto con media sanción de Diputados propone un incremento del 8,1% en los haberes del sector pasivo para recomponer la pérdida de enero. El Gobierno otorgó un 12,5% para ese mes y quedó relegado de la inflación que se posicionó en el 20,6% en enero.

La Cámara de Diputados buscaba aprobar una nueva ley de movilidad jubilatoria este martes. Luego de alcanzar el quórum en el recinto, se inició pasadas las once el debate con el impulso de la oposición.

Contribuyeron al quórum tanto el bloque de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal como el Frente de Izquierda. No bajaron al comienzo La Libertad Avanza y el PRO.

La nueva fórmula de movilidad contó con cinco dictámenes de comisión, pero Unión por la Patria (UxP) que llegó al recinto con el despacho de mayoría buscaba acercar posiciones con los bloques dialoguistas para lograr una mayoría, aunque con una diferencia sustancial en el FGS de la Anses.

Para las 14 estaba citada otra sesión por temas educativos, solicitada por UxP. Ante la extensión de la primera reunión, el kirchnerismo intentó sumarlos, pero no tuvo respaldo de la UCR, que anunció otra sesión para estos mismos temas el próximo el 3 de julio.

Tras más de siete horas de debate, de las cuales cinco abarcaron cuestiones de privilegio, los bloques continuaban las negociaciones para consensuar un dictamen común sobre la movilidad jubilatoria.

Los principales puntos en común entre UxP, la UCR, Innovación Federal y la izquierda es otorgar una recomposición a los haberes jubilatorios por la inflación reciente; una nueva fórmula que actualice mensualmente los ingresos según la inflación; y garantizar un piso del haber mínimo jubilatorio, no menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, actualmente de $250.286 mensuales.

Sin embargo, la gran diferencia entre los primeros dictámenes se encuentra en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Desde Unión por la Patria se inclinan por mantener la intangibilidad: “El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utiliza para muchas cosas, proyectos, inversiones; ninguna solución puede pasar por tocarlo”, defendió Carlos Heller. Mientras que la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación proponen volcarlo al pago de los juicios previsionales y las deudas con las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.

La propuesta de Unión por la Patria establece una recomposición del 30 por ciento por lo perdido entre diciembre del 2023 y febrero del 2024, teniendo en cuenta que la inflación en ese período fue de casi un 60 por ciento.

En ese lapso, los jubilados no recibieron ningún ajuste. Recién llegó en marzo por un decreto del Gobierno que dispuso incrementos mensuales en base al IPC (12 por ciento en marzo, liquidado en abril). Es decir, no alcanza en términos reales a la pérdida que sufrieron las jubilaciones.

Sin embargo, la propuesta del kirchnerismo no prosperó y se plegaron a la de los dialoguistas, que proponen una recomposición del 20,6%.

Así las cosas, de conseguir luz verde en la Cámara baja y en el Senado, la jubilación mínima podría quedar en $285.000. En junio, los jubilados cobrarán un bono de refuerzo de 70.000 pesos, sumado al medio aguinaldo.

Por su parte, el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo que impulsó el presidente Javier Milei en marzo pasado. El oficialista Julio Ovalle expresó en la sesión: "Para no alterar el equilibrio fiscal logrado y la baja de la inflación, debemos ratificar el DNU 274/2024 con todos sus artículos, contemplados en el dictamen de nuestro bloque".

El despacho del Pro también ratifica el decreto presidencial, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. "Nuestro dictamen establece por ley la fórmula del DNU. Da facultad al Gobierno para pagar el aumento del 8% de enero sin alterar la meta de déficit cero. Además, deroga las jubilaciones de privilegio para presidente y vice", resaltó María Eugenia Vidal.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Este incremento se dio de acuerdo a la reciente inflación minorista de marzo, que se situó en el 11%.

“El ajuste de los haberes continuará basándose en la inflación del segundo mes anterior al mes de cobro”, permitiendo de esta manera actualizaciones mensuales acordes con la variación de los precios, según detallaron desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En simultáneo, la gestión de Javier Milei confirmó un bono de 70.000 pesos para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, para mitigar los impactos económicos en los sectores más vulnerables de la población.

Así las cosas, desde mayo los haberes para jubilados y pensionados quedarán de la siguiente manera:

Según informó el gobierno nacional, a la asistencia o refuerzo (llamado popularmente bono) lo tendrán “aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $190.141,60″.

Mientras que para “aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al monto de $190.141,60, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $260.141,60″

La ayuda económica también la percibirán “las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley N° 27.260 y sus modificatorias” y “las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”.

El fundamento de esta medida se explicó de la siguiente forma: “Para poder percibir la ayuda económica previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación”, y determinó que la misma “no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

A partir de julio se aplicará la nueva fórmula de movilidad dispuesta por el Gobierno Nacional (Decreto 274/24) para todas las jubilaciones y pensiones. Esta fórmula establece una actualización mensual de los haberes tomando como base el dato del IPC de dos meses atrás.

Hasta tanto entre en vigencia esta nueva fórmula, las jubilaciones y pensiones tendrán aumentos mensuales a cuenta de la movilidad de junio. Se tomará como referencia el IPC de marzo para el incremento de mayo y el IPC de abril para el de junio, respectivamente.

En ningún caso la aplicación del índice dispuesto por el Decreto 274/24 podrá disminuir el haber que perciben los jubilados y pensionados: si en junio el aumento otorgado por la Ley de Movilidad anterior (Ley 27.609) fuera superior a lo acumulado desde abril por aplicación de la nueva fórmula de movilidad, ANSES abonará la diferencia correspondiente.

La sesión especial pedida por Unión por la Patria para tratar la emergencia presupuestaria de las universidades públicas nacionales, la movilidad jubilatoria y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente no alcanzó quórum, y se desarrolla con expresiones de minoría en el recinto de la Cámara de Diputados.

Se sentaron en las bancas 124 legisladores nacionales de los 129 necesarios para habilitar el tratamiento, entre ellos la mitad del bloque radical, un sector minoritario de Hacemos Coalición Federal y los cuatro diputados del Frente de Izquierda.

La convocatoria del bloque presidido por Germán Martínez tuvo lugar el día después de la masiva movilización en el centro porteño y en las grandes ciudades del país en el marco de la Marcha Federal Universitaria para denunciar el desfinanciamiento de la educación superior por parte del Gobierno de Javier Milei.

La oposición en el Congreso de la Nación intenta modificar la movilidad jubilatoria establecida por el gobierno nacional, y avanza en comisiones con proyectos propios que podrían llegar al recinto y contrariar los parámetros del Poder Ejecutivo.

Así quedó planteado en la reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning, de donde resultaron cuatro dictámenes diferentes sobre cómo debe ser la fórmula de movilidad jubilatoria. Para ser tratados por el pleno del cuerpo necesitan tenerlo también de la Comisión de Presupuesto, una discusión que debe ser habilitada por su titular, José Luis Espert.

Los textos fueron presentados por las bancadas de Unión por la Patria, el bloque de la UCR junto a Hacemos Cambio Federal, y el Frente de Izquierda. En tanto, el bloque oficialista de La Libertad Avanza presentó un dictamen en defensa del DNU 274/2024.

Por decreto, la administración de Javier Milei dispuso ajustar mensualmente los haberes por inflación, pero a partir del mes de julio. En el interín, se estipuló para abril un incremento del 12,5 %, a modo de compensación por la pérdida sufrida en enero, cuando la inflación registrada fue del 20,6 %. Contra esa "licuación" van los sectores opositores, que reclaman un aumento mayor.

Entre los ítems que componen las propuestas ingresadas a la comisión de diputados, y que se agregan a la actualización dispuesta por el gobierno y a la mejora en la compensación, están garantizar para los haberes un piso similar a la canasta básica y una cláusula que tome en cuenta los salarios.

Desde el gobierno nacional se resiste estas iniciativas porque entienden que comprometerían el objetivo de superávit fiscal.

Entre los proyectos que obtuvieron aval oficial para tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados se encuentra la redacción conjunta entre la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, que proponen llevar el aumento del 12,5% del decreto oficialista al 20,6% e incorporar un bono y una cláusula gatillo que "permita optimizar los haberes en caso de que se mejore la situación económica", según dijo Brouwer de Koning en la comisión.

El titular del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, defendió el dictamen unificado del bloque UCR y de Hacemos Coalición Federal. "¿Es posible lograr los objetivos fiscales sin acudir a una poda de los haberes de nuestros adultos mayores? Sí, es posible, la licuadora que aplicó el gobierno en estos tres meses podó más del 35% el haber previsional", declaró De Loredo, según recoge el sitio especializado Parlamentario.com.

Por otra parte, Unión por la Patria también presentó una iniciativa que piensa un incremento del 30% y la prohibición del desdoblamiento del pago de jubilaciones, artículo en el que coinciden con el radicalismo. "Si no partimos de una recomposición que dé cuenta del salto inflacionario, lo que estamos haciendo es consolidar un bajo haber jubilatorio en el tiempo", justificó el diputado Itaí Hagman.

Una diferencia entre la UCR y UP es el origen de los fondos con los que se saldará el aumento y la deuda que tiene Nación con las provincias para el pago de haberes jubilatorios: mientras el radicalismo propone que salga del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el peronismo piensa que tiene que lo financie la ANSES.

Asimismo, el diputado de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle detalló el dictamen que apoyará su bancada para la reforma jubilatoria, que busca replicar el contenido del DNU 274/24 que se encuentra actualmente en vigencia. "Somos conscientes de que los que están sufriendo son los jubilados y tenemos una gran sensibilidad. Si queremos mejorar la situación de los jubilados, les pido que demos las herramientas necesarias a nuestro presidente para incentivar las inversiones", argumentó.

Finalmente, el dictamen del Frente de Izquierda tiene como objetivo establecer el 82% móvil del mejor salario en actividad y que ningún beneficiario del sistema previsional perciba menos que un haber mínimo equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Coincide, a su vez, en que el aumento mensual esté sujeto al IPC o el RIPTE (el que resulte más favorable).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dictó que a partir del mes de mayo el haber mínimo garantizado vigente será de $190.141,60. En tanto, se establece que el haber máximo será de $1.279.472,92.

Por otra parte, en la Resolución 97/2024 publicada en Boletín Oficial se decreta que las bases imponibles mínimas y máxima previstas quedan establecidas en $64.039,66 y $2.081.258,67.

El Poder Ejecutivo llegó a estos montos a partir de conocerse la semana pasada el dato de la inflación minorista de marzo que dio 11%. Al aplicar este porcentaje a la mínima de abril, que fue de $171.283,31, la jubilación llega ahora a $190.000.

Si al mínimo establecido en la resolución se le agrega un bono de $70.000 (esto es, de igual valor a los que el gobierno dispuso en marzo y abril), el total a percibir por jubiladas y jubilados de la mínima será de $260.124,17, que será a su vez 7,81% superior al haber total percibido en abril. La diferencia entre el 11 y el 7,81% se debe a que de mantenerse fijo el monto del bono, su incidencia sobre el ingreso total será cada vez menor.

En respuesta a los recientes cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria y para garantizar una transición suave hacia el nuevo sistema, el Gobierno anunció modificaciones en las ayudas económicas previsionales. Estas medidas tienen como objetivo asegurar la protección del poder adquisitivo de los adultos mayores y ajustar las prestaciones a la realidad económica del país.

El pasado mes de marzo, el Gobierno emitió el Decreto 268/24, que establecía ayudas económicas previsionales para aquellos titulares cuyos ingresos no superaran cierto umbral. Sin embargo, debido a cambios posteriores en la fórmula de movilidad jubilatoria, se hizo necesario ajustar nuevamente estas ayudas para garantizar su efectividad y coherencia con el nuevo sistema.

Según lo dispuesto en el Decreto 282/24, aquellos titulares cuyos ingresos no excedan los $171.283,31 recibirán una ayuda económica previsional de $70.000. Esta medida busca asegurar un apoyo significativo para aquellos jubilados y pensionados que se encuentran en los rangos más bajos de ingresos, proporcionándoles una mayor estabilidad financiera en un contexto económico desafiante.

Por otro lado, para aquellos beneficiarios cuyos ingresos superen el mencionado umbral, la ayuda económica previsional será calculada de manera que complemente sus ingresos hasta alcanzar un tope de $241.283,31. Este enfoque busca garantizar que todos los jubilados y pensionados reciban un apoyo adecuado, sin importar su nivel de ingresos, y que ningún beneficiario quede desatendido en este proceso de transición hacia el nuevo régimen de movilidad jubilatoria.

Estos ajustes en las ayudas económicas previsionales son parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno argentino para proteger el bienestar de los adultos mayores y asegurar que sus ingresos sean suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, el Gobierno también anunció la implementación de adelantos incrementales, equivalentes al Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC, para garantizar que los jubilados y pensionados no se vean afectados negativamente durante la transición hacia el nuevo sistema de movilidad jubilatoria.

Además, como parte de estas medidas, se concedió un incremento extraordinario del 12,5% sobre el Índice de Precios al Consumidor, lo que proporcionará un alivio adicional a los adultos mayores frente a la creciente inflación y los aumentos en el costo de vida.

Estos cambios fueron recibidos con cierto alivio por parte de la comunidad de jubilados y pensionados, quienes expresaron su preocupación por la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Sin embargo, algunos sectores señalaron la necesidad de seguir monitoreando de cerca la situación y asegurar que estas medidas sean efectivas en la práctica, especialmente en un contexto económico marcado por la inflación y la volatilidad financiera.

Decreto 282/2024 by El Litoral

Por Gabriel Rossini

Un grupo de diputados radicales "amigables" con el gobierno iniciaron una serie de contactos con su pares de Unión por la Patria y demás bloques de la Cámara de Diputados de la Nación con el fin de llegar a un acuerdo para dictar una nueva fórmula para actualizar las jubilaciones y pensiones que compense a los pasivos por la inflación del primer trimestre del año.

Los movimientos fueron hechos después de que el gobierno anunciara una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que solo reconoce un 12,5 por ciento de aumento para compensar los más de 40 puntos de inflación del trimestre, que fue aún superior en alimentos y medicamentos.

Esta nueva fórmula, que también tuvo idas y vueltas, aumentarán en el orden del 27,5% en abril: un 13,2% (inflación de febrero), más un tramo compensatorio del 12,2%, más el bono de $70.000, lo que resulta en un haber mínimo de unos $241.000.

La idea, según trascendió, sería discutir una propuesta y contar los votos en el recinto después de las fiestas de Pascua. Las 99 voluntades de Unión por la Patria, sumadas a las 30 de la UCR, las 23 de Hacemos Coalición Federal y otros potenciales aliados en esta causa como la izquierda y bloques provinciales alcanzarían de sobra para superar el piso de 129 votos necesarios para una media sanción.

El principal obstáculo tiene que ver con que para dictaminar es necesario no solamente el visto bueno de la Comisión de Previsión y Seguridad Social que es conducida por la radical Brouwer de Koning, sino también el aval de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, uno de los principales laderos del presidente Javier Milei y que ya adelantó que hará todo lo posible para que no se apruebe nada que interfiera con la agenda del gobierno nacional.

Reglamentariamente, la única forma de superar este escollo sería pedir una sesión especial que tenga como objetivo emplazar a la Comisión de Presupuesto en un plazo perentorio para que dictamine. Esto permitiría en definitiva convocar a una segunda sesión en el corto plazo para aprobar con mayoría simple el proyecto.

El Gobierno dispuso modificar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la fórmula de movilidad jubilatoria, estableciendo que desde julio los haberes se actualizarán por inflación y que, en los meses previos, los jubilados percibirán adelantos a cuenta del cobro de junio, mientras que en abril se otorgará un incremento extraordinario del 12,5%.

Así surge del DNU Nª 2024, que además no incluye al bono de $ 70.000 en la suba en el aumento de abril, sino que lo reduce, porque se mantiene con el mismo tope total de los ingresos en $ 204.445 de marzo.

Los cambios en la movilidad jubilatoria quedaron oficializados a través del Decreto 274/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde se argumentó que "con el objeto de dar respuesta de forma rápida y eficaz a la acuciante realidad que enfrentan los adultos mayores de la República Argentina, el Estado Nacional ha tomado la determinación de modificar la actual fórmula de movilidad a fin de garantizar que nunca más los haberes de los jubilados perderán contra la inflación".

A partir de dicha premisa, el Ejecutivo consideró que "es necesario establecer una nueva pauta de movilidad basada en la actualización mensual de los haberes de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)".

Asimismo, sostuvo que "el cambio de componentes de la fórmula y su actualización mensual permitirán la implementación de una política eficiente de la seguridad social que considere el índice de costo de vida, logrando la plena efectividad de los derechos de la sociedad conforme el máximo de los recursos de que se disponga, de conformidad con las normas internacionales en la materia".

Al mismo tiempo, justificó el cambio por DNU en que "la urgente necesidad de modificar la fórmula jubilatoria a los efectos de lograr mantener el estándar de vida de los adultos mayores y evitar que continúen perdiendo poder adquisitivo y el inminente inicio del mes de abril, cuyo transcurso dificultaría el debido empalme de fórmulas dan cuenta de las circunstancias excepcionales que exigen el dictado del presente decreto".

De esta manera, el decreto estableció que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación a través del IPC oficial y determinó que "en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario".

Con respecto a la entrada en vigencia de la nueva fórmula, el Gobierno especificó que la primera actualización en base a la movilidad dispuesta "se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024".

De cara a los meses que quedan hasta la aplicación de la modificación, el Ejecutivo dispuso que "a los fines de la transición, para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente".

Teniendo en cuenta que la próxima actualización de haberes por ley corresponde a junio, y a raíz de que "la gravedad de la crisis que enfrentan los adultos mayores hace que ellos no puedan aguardar hasta el mes de junio del corriente año para ver incrementados sus haberes", se dispuso que "a partir del mes de abril del corriente año se concederán adelantos incrementales, equivalentes al Índice de Precios al Consumidor, a cuenta del porcentaje que determine la aplicación de la movilidad prevista por la Ley N° 27.609, de modo que la transición de uno a otro régimen de movilidad no implique padecimiento alguno para los adultos mayores".

En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará en abril "un incremento extraordinario equivalente al 12,5 % sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo de 2024" y además "un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241".

A su vez, los jubilados percibirán "en mayo de 2024, un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del mismo año, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241", mientras que cobrarán "en junio de 2024, un incremento, calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241".

En el decreto se aclaró que los incrementos dispuestos "serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 conforme el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha del dictado del presente", precisando que "una vez obtenido el porcentaje que surja de esta, se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido".

Asimismo, el Ejecutivo expresó que "en caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula mencionada en el primer párrafo de este artículo, no se descontará la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante".

Cómo serán los próximos aumentos

1) Los haberes de los jubilados aumentarán en el orden del 27,5% en abril a partir de la publicación del Decreto que oficializó la nueva fórmula de ajuste y la norma contiene una serie de eslabones legales que deben cumplirse, de allí a que su redacción deja abiertos algunos interrogantes.

2) Lo concreto es que desde el Ministerio de Economía confirmaron que las jubilaciones en abril aumentarán un 13,2% (inflación de febrero), más un tramo compensatorio del 12,2%, más el bono de $70.000, lo que resulta en un haber mínimo de unos $241.000.

3) Para los meses siguientes, en el bolsillo de los jubilados seguirá impactando esta forma de medir la inflación, es decir, sobre el haber base se suma la inflación. Pero la norma fue redactada con la obligación legal de mantener la fórmula de movilidad jubilatoria vigente hasta el 1° de julio.

4) En consecuencia, en los meses de mayo y junio el haber final también será ajustado por la inflación de marzo y abril (lo que se conoce cono t-2), pero la forma de llegar a ese número será la siguiente: se abonará bajo la forma de "pago a cuenta", dado que ese porcentaje deberá calcularse en base a la ley aún vigente que es trimestral. Por ejemplo, si con la ley actual el trimestre (abril, mayo junio) dio un aumento del 17% y la inflación fue del 20%, cobrarán los 3 puntos adicionales.

5) Dado que en julio ya queda derogada la ley actual, se comienza con el cálculo directo con la inflación de mayo. Lo que quedará en forma discrecional a cargo del Poder Ejecutivo será el monto de los bonos, que en caso de no actualizarse favorecerán la licuación de los haberes jubilatorios.

6) El ajuste por inflación hace que no exista ningún mecanismo para que los haberes jubilatorios recuperen el poder adquisitivo perdido. .

Con el argumento de la "urgencia" en recomponer los haberes jubilatorios, el gobierno volvió a utilizar la herramienta del DNU para definir una fórmula jubilatoria que actualiza por inflación, pero reconoce sólo 12,5% de enero, que tuvo un IPC de 20,6%. Ningún bloque opositor coincide con ese recorte del valor real de los haberes previsionales y quieren corregirlo.

Lo anticipó Maximiliano Ferraro, de HCF, durante la reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social. Pidió volver a reunirse para corregir un eventual decreto, que se anunció horas después.

La UCR también anunció que intentará subir las jubilaciones con una ley, a través de un comunicado del bloque de Diputados, que fue impulsado por los sectores vinculados a Facundo Manes y Martín Lousteau.

El PRO no quiere enfrentarse a los jubilados, su principal base electoral. María Eugenia Vidal ofrece un índice que contempla la inflación y un refuerzo retroactivo por salarios.

El Presidente no encuentra una salida a un dilema que acorraló a todos los gobiernos: cómo evitar la licuación de las jubilaciones sin sumar déficit fiscal. Tampoco puede quedarse quieto, porque la fórmula actual, que combina recaudación de ANSES y variación salarial (Ripte), se hace impagable si baja la inflación.

Pero a esto hay que sumar a la Corte Suprema de Justicia, que ya tiene jurisprudencia sentada para exigir que los haberes previsionales no pierdan contra la inflación.

Trabada la posibilidad de llegar a buen puerto en el Congreso, el Gobierno Nacional promulgó un decreto que redefine la fórmula de movilidad jubilatoria, que impactará en los haberes a partir de abril.

El nuevo decreto, firmado por el Presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de ministros, establece cambios significativos en la manera en que se calculan los ajustes de las prestaciones previsionales. En lugar de basarse en un índice que combina el crecimiento de la recaudación con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el aumento de los salarios, la nueva fórmula vincula los ajustes de los haberes de los jubilados y pensionados a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este cambio es fundamental, ya que aborda de manera directa una de las principales críticas hacia la fórmula anterior: su incapacidad para proteger a los adultos mayores contra el riesgo inflacionario. De acuerdo con el Gobierno, la movilidad basada en el IPC garantizará una actualización más precisa y justa de los haberes, asegurando que los jubilados y pensionados no pierdan poder adquisitivo frente a los aumentos de precios en la economía.

Además, el decreto introduce medidas extraordinarias para mitigar los efectos negativos de la transición entre las dos fórmulas de movilidad. Se establece un incremento extraordinario del 12.5% sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo de 2024, seguido de adelantos incrementales de la movilidad correspondiente a los meses siguientes. Estas medidas tienen como objetivo garantizar que los adultos mayores no sufran una disminución en sus ingresos durante el período de transición hacia el nuevo sistema.

La urgencia de esta acción se fundamenta en la grave situación que enfrentan los adultos mayores en Argentina, quienes experimentaron una notable pérdida de poder adquisitivo debido a la fórmula de movilidad anterior. Esta crisis se ve exacerbada por la falta de un ajuste adecuado de las prestaciones en relación con el aumento del costo de vida, lo que ha llevado a una creciente litigiosidad y malestar entre los beneficiarios del sistema previsional.

El cambio en la movilidad jubilatoria también está respaldado por el marco legal internacional en materia de derechos humanos. La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), establece la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas afirmativas para garantizar la plena integración social, económica y cultural de las personas mayores. Asimismo, el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) insta a los Estados a revisar periódicamente los montos de los pagos destinados a la vejez en función de las variaciones del costo de vida.

Se espera que esta medida contribuya significativamente a mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados, así como a fortalecer la seguridad social en Argentina.

Decreto 274/2024 by El Litoral

El gasto primario devengado de la Administración Nacional fue de $4.070.000 millones en el mes de febrero de 2024. Al descontar la inflación estimada del periodo, el gasto habría bajado un 36,4% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado. Esta variación resultaría mayor a las registradas en los dos últimos meses (23,2% y 30,1%), según los cálculos difundidos por el economista Nadin Argañaraz.

El referente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal planteó que "resulta importante analizar lo que sucedió con el gasto público nacional tanto en el mes como en el bimestre. Dado que se dispone del gasto público nacional devengado, que es la mayor porción del gasto del sector público nacional, se analiza su dinámica".

El especialista destaca que es importante distinguir entre gasto devengado y gasto pagado. "El gasto devengado registra el compromiso que asume el sector público, por ejemplo el envío de fondos a una provincia. El gasto pagado, por su parte, registra el monto de dinero efectivamente enviado a esa provincia. Si se paga o envía menos dinero que lo devengado, se genera una deuda, llamada habitualmente flotante", lo que refiere a un gasto que el gobierno efectuó pero no efectivizó el pago.

Suponiendo una inflación del 15% en el segundo mes del año, Argañaraz plantea la participación de los diversos gastos dentro de la reducción del gasto público. "Es decir cuánto de la reducción total de gasto es explicada por cada uno de los componentes del gasto".

Así, al "desagregar" entre los diferentes tipos de gasto, se aprecia que los rubros con mayor caída real interanual habrían sido: transferencias totales a provincias (-67%), Bienes y servicios (-44,1%) y transferencias a universidades (-40,7%). El gasto más importante, que es el de jubilaciones y pensiones contributivas, habría descendido un 33,5% real interanual, algo menos que el gasto promedio.

"EL gasto salarial habría bajado un 7,9% real. Se destaca el incremento real interanual del gasto en pensiones no contributivas del 18,4%, el único componente de esta clasificación que habría subido", detalla el Iaraf.

"Siguiendo con el gasto desagregado, en el acumulado del primer bimestre del año el gasto primario habría caído un 33,6% interanual. Los rubros de mayor caída real interanual habrían sido: transferencias totales a provincias (-65%), Bienes y servicios (-46%) y prestaciones del Instituto Nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados (INSSJP), con -39,5%. El gasto más importante, el de jubilaciones y pensiones, habría descendido un 32,6% real interanual, algo menos que la caída real del gasto promedio".

Al analizar la participación de cada gasto en la reducción total verificada, Argañaraz apunta que "en febrero, la reducción total de gasto primario en moneda constante del mismo mes, habría ascendido a $2.332.000 millones. Las jubilaciones y pensiones -especifica- habrían soportado el 35% del ajuste de gasto, es decir, en plata una pérdida de $827.000 millones".

Expone el documento que "el siguiente gasto que más habría aportado sería transferencias totales a provincias, con el 6%. El gasto salarial habría aportado el 3%. Les siguen las transferencias a universidades con el 5%. El resto de los rubros habrían aportado el 54% restante".

Al formular el cálculo bimestral -siempre suponiendo 15% de inflación en febrero tras el 20,6% de enero- el informe del Iaraf calcula que "la reducción total del gasto primario habría sido de $3.869.000 millones en moneda de febrero de 2024. Una vez más, los jubilados y pensionados habrían sido el grupo más afectado por esta reducción, contribuyendo con el 43% del total, equivalente a $1.682.000 millones. Le seguirían las transferencias totales a provincias, aportando el 6%, y el gasto salarial con el 5%. El 46% restante del ajuste habría sido distribuido entre los demás rubros.

"Del análisis del gasto devengado se desprende una conclusión muy negativa: la reducción del gasto en jubilaciones habría sido equivalente al 43% de la reducción total de gasto real ejecutada en el primer bimestre. En el caso del gasto salarial, la reducción habría sido equivalente al 5% de la reducción total".

Para Argañaraz, los números reflejan "la licuación de jubilaciones y salarios del primer bimestre" como fundamento de "la mitad de la reducción total de gasto primario ejecutada en el periodo. La vigencia de una fórmula de movilidad que corrige los haberes en base a inflación pasada ha provocado un deterioro significativo del poder adquisitivo de los jubilados en los primeros meses del año.

"En efecto -sostiene el informe- un jubilado con la mínima que cobra bonos, va a terminar marzo con una pérdida de poder adquisitivo del 43% respecto al mismo periodo del año 2023. La contracara de semejante pérdida de poder adquisitivo es una baja importante del gasto real en jubilaciones y por esa vía del total de gasto. El Congreso Nacional debería tratar y sancionar de manera urgente una nueva regla de movilidad, que no solamente corrija lo perdido en el año, sino que evite una pérdida en lo que resta del año.

"El objetivo saludable de alcanzar el equilibrio fiscal debe incorporar otras potenciales fuentes de financiamiento como el gasto tributario, es decir las exenciones y beneficios tributarios que tienen determinadas actividades. La discusión debe ser amplia. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben acordar el mejor conjunto de instrumentos para llegar al equilibrio fiscal consolidado, garantizando que los jubilados que aportaron toda su vida dejen de sufrir tan elevada pérdida de poder adquisitivo. El Pacto de Mayo representa una oportunidad significativa", concluye.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer la implementación de un bono extraordinario que beneficiará a jubilados y diversos beneficiarios de asignaciones en enero de 2024. Este bono, reglamentado mediante el Decreto 116/23, busca brindar un alivio económico a ciertas categorías de beneficiarios, en un momento en el que la suspensión de la fórmula de movilidad previsional genera incertidumbre sobre el futuro de los ajustes en los haberes.

La liquidación de esta suma extraordinaria se llevará a cabo según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. El cronograma de cobro inicia este miércoles 10 de enero, atendiendo primero a aquellos cuyo DNI terminen en 0. Este proceso continuará en días subsiguientes, abarcando diferentes grupos hasta llegar a los documentos terminados en 9, cuyo cobro está previsto para el martes 23 de enero.

Es importante destacar que este bono estará destinado a varias categorías de beneficiarios previsionales, incluyendo a jubilados con haberes mínimos, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, Pensión no Contributiva por Vejez, Pensión no Contributiva por Invalidez, Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos/as, Pensiones Graciables a cargo de ANSES y otras Pensiones no Contributivas.

Sin embargo, no todos podrán acceder a este beneficio extraordinario. Entre aquellos excluidos se encuentran aquellos jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores al haber mínimo, que fue actualizado en diciembre a $105,713. En este sentido, el bono irá decreciendo hasta equiparar ingresos por hasta $160,000 en los beneficiarios que perciban sumas por encima del mínimo. Es decir, aquellos que cobren haberes superiores a $160,000 no serán elegibles para recibir este bono de refuerzo.

A continuación, se detallan las categorías y los montos correspondientes a cada una:

Es importante mencionar que estos montos y categorías están sujetos a cambios y a la oficialización de la suspensión de la fórmula de Movilidad previsional. Además, se espera la definición de un nuevo mecanismo de actualización que reemplace el guarismo y la posible continuidad de montos extraordinarios en el futuro.

En cuanto al cronograma de cobro, la ANSES estableció fechas específicas según la terminación del DNI para facilitar el proceso. Desde el miércoles 10 de enero hasta el martes 23 de enero, los jubilados y pensionados podrán acudir a cobrar según el último número de su documento.

Los bonos otorgados a jubilados y pensionados de la mínima durante los últimos tres meses produjeron una nueva descompensación de los haberes no incluidos en el beneficio, lo que abre la puerta, otra vez, a una andanada de juicios.

Así lo advirtió el abogado previsional, Guillermo Jauregui, al puntualizar que dicha situación se repite consecutivamente todos los meses desde septiembre de 2022, lo que genera -según sus propios cálculos- que "un jubilado que cobraba 2 mínimos en agosto de 2022, en diciembre de 2023 pasó a cobrar el equivalente a 1,32 mínimos; el que cobraba 3 mínimos, recibió 2 mínimos y el que cobraba 4 mínimos, ahora pasó a 2,6".

De acuerdo con lo calculado por el letrado, en agosto de 2022, el haber máximo equivalía a 6,72 veces el haber mínimo. En tanto que en diciembre de 2023 y enero de 2024, con el nuevo bono de $55.000, esa relación disminuye a 4,41 veces.

A raíz de eso, denunció que dicha situación es contraria a lo que indica el artículo 8º de la ley de movilidad vigente, al explicar las implicancias del principio de sustitución. En ese sentido puntualizó que "en la legislación actual, el principio de la sustitución se aplica de manera perfecta en el caso de los regímenes especiales, que tienen un haber que representa un porcentaje sobre el sueldo del activo (jueces, servicio exterior, etc)".

Asimismo, indicó que "en el caso del régimen general, el principio de sustitución no es perfecto, pero es razonable" y detalló que "la ley vigente establece una serie de pautas para determinar el haber inicial y así podemos afirmar que un afiliado que ha hecho el doble o el triple de aportes sobre sus remuneraciones va a tener una prestación aproximadamente equivalente a ese esfuerzo".

Precisó que "el principio de sustitución se cumple en la determinación del haber inicial, porque a mayores esfuerzos contributivos corresponde un mejor haber jubilatorio, que sigue manteniendo determinadas proporciones sobre el haber mínimo (simetría de la pirámide)", lo que "no ocurre con la movilidad, en donde el principio de sustitución se ve afectado si las jubilaciones mínimas crecen a mayor velocidad que las jubilaciones superiores al mínimo".

Al respecto, señaló que "consideramos que esta situación, además de todas las razones dadas, también lesiona el principio de sustitución sentado por la Corte Suprema" y advirtió que "nos encontramos en la antesala fáctica de Badaro, que la Corte ya observó y sentenció oportunamente, y que el legislador plasmó en el art. 8 de la Ley 26.417, pero que la política económica reciente, al amparo de las más diversas excusas, ha violentado".

Actualmente, se estima que hay alrededor de 250.000 juicios de jubilados por diferentes motivos en los distintos segmentos de la Justicia de la Seguridad Social, mientras que las sentencias firmes suman más de 80.000.

Con el final del 2023 terminó el programa de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), fijado en 21%, en las compras realizadas con tarjeta de débito de productos de la canasta básica. El pasado domingo 31 de diciembre llegó a su fin "Compre sin IVA", la iniciativa que había promovido el ex ministro de Economía, Sergio Massa, y que habían acompañado en el Congreso el actual presidente, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuando eran diputados.

El respaldo libertario a la medida se había dado en el marco de un proyecto de ley que envió el Ejecutivo de Alberto Fernández para que el beneficio de devolución del IVA se mantuviera en el tiempo. A pesar del apoyo del ahora oficialismo, la iniciativa tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero quedó pendiente de tratamiento en el Senado.

El programa que por el momento no fue prorrogado devolvía el 21% del valor de alimentos, bebidas, productos de limpieza, higiene personal y productos de cuidado del hogar, adquiridos por medio de tarjetas de débito.

El beneficio alcanzaba a más de 18 millones de personas, incluyendo a empleados formales que cobran salarios de hasta $708.000, beneficiarios de AUH, monotributistas, empleadas domésticas, trabajadores informales y jubilados y pensionados.

El tope de devolución estaba fijado en $18.800 y el reintegro correspondiente se acreditaba de forma automática en la cuenta bancaria de la tarjeta que había sido utilizada para efectuar la compra, en un plazo de hasta 48 horas luego de la transacción.

Suspendieron créditos de la Anses

El Gobierno suspendió de manera transitoria el Programa Créditos ANSeS, como una medida preventiva "en resguardo de la rentabilidad" del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra ese organismo.

La decisión, que apunta a "privilegiar la liquidez" de ese Fondo, se formalizó por medio de la Resolución 1/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La Ley N° 24.241 permite el otorgamiento de créditos a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por hasta un máximo del 20% de los activos totales del FGS, a titulares de prestaciones cuya liquidación o pago se encuentre a cargo de la ANSeS.

Pero ahora el Gobierno consideró necesaria la suspensión en el marco de la emergencia previsional que declaró a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

A través de estos créditos, los trabajadores en relación de dependencia con salarios de hasta $1.980.000 podían gestionar un préstamo de hasta $1 millón con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 50%, en 24, 36 o 48 cuotas.

Por su parte, los jubilados y pensionados estaban habilitados para acceder a préstamos de hasta $600.000 y los titulares de Pensiones No Contributivas y de la pensión por adulto mayor PUAM, por hasta $250.000, en estos casos con una TNA de 29%, también en aquella cantidad de cuotas.

Esto último lo habían anunciado el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y la entonces directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, días antes del balotaje del 19 de noviembre.

El Poder Ejecutivo justificó esta medida haciendo referencia al DNU 70/2023, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, "ante la severidad de la crisis que atraviesa el país".

En consecuencia, consideró que la declaración de emergencia previsional "conlleva la necesidad de revisar la forma de invertir los activos de la cartera" del FGS.

"La actual inversión en el Programa de Créditos ANSES, debe ser reanalizada considerando el contexto económico del país que torna dificultoso ponderar el índice inflacionario de los próximos meses, así como la tasa de interés a aplicar dentro del mercado de préstamos personales", concluyó.

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El gobierno oficializó el aumento destinado a jubilados y pensionados tras aplicarse la fórmula de movilidad jubilatoria. Por medio de la Resolución 256/2022 del Boletín Oficial se estableció la medida que se suma al bono de 10.000 pesos que será cobrado por quienes reciben la jubilación mínima.

En su artículo 1, el documento firmado por Fernanda Raverta, Directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, establece que “el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de diciembre de 2022, es de QUINCE CON SESENTA Y DOS CENTÉSIMOS POR CIENTO (15,62%)”.

La Anses informó que a partir del mes próximo comenzará a aplicarse el segundo aumento trimestral de 2022 para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Se trata del mayor aumento desde que la fórmula actual de movilidad jubilatoria está vigente. Una vez aplicado, el incremento en el último año será del 63%.

Más allá del incremento a los haberes, el Gobierno también decidió el pago de un bono de 10.000 pesos que será cobrado por aquellos jubilados que reciben la jubilación mínima. El mismo será percibido durante diciembre, enero y febrero.

De acuerdo a lo anunciado aquellos jubilados que cobran un haber menor a dos jubilaciones mínimas, recibirán en cada uno de esos meses un bono de 7.000 pesos.

A partir del aumento que ya fue oficializado y el bono que se brindará durante los próximos tres meses, desde el gobierno se indicó que las medidas abarcarán a un 84% de jubilados y pensionados de todo el país. Es decir, a más de 6 millones de personas que recibirán el bono a modo de refuerzo económico.

De acuerdo a lo informado por la Anses, los beneficiarios con el haber mínimo tendrán durante los próximos tres meses ingresos mensuales de $60.124. “En diciembre, además, se cobra el aguinaldo por lo que cada jubilado y jubilada de la mínima percibirá $85.186 en el mes”, detallaron.

Así, con los aumentos previstos la jubilación mínima aumentará durante 2022 un 107%, lo que equivale a “un 6,0% de aumento del poder adquisitivo para este período”, explicaron.

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