En la mañana de este sábado, poco antes de las 9, como consecuencia de las fuertes ráfagas, un gran gajo cayó sobre la calle Edison al 3300, bloqueando el paso vehicular. Bomberos acudieron rápidamente al lugar y, utilizando motosierra, lo trozaron y retiraron, asegurando la zona y liberando la calzada para el tránsito.

El gobierno nacional dispuso por Decreto 934/2025 una prohibición general para las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, por lo que no se podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza.

La decisión se conoce tras un año en el que -al mes de noviembre pasado- la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades fue de 281.785 cargos.

Evidencia de reducción de costos, motivo de conflicto con sindicatos.

Según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, comparado el número con los 341.473 cargos al mes de diciembre de 2023, se verifica una caída de 59.688 puestos. Del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo.

La norma publicada en el Boletín Oficial incluye plantas transitorias, contrataciones por Ley de Empleo Público; ocupaciones bajo la Ley de Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual y Servicios Profesionales.

La restricción incluye además la prohibición de nuevos empleados en Planta Permanente o las contrataciones en Estatutos Especiales (con o sin relación de dependencia) que utilicen fuentes de financiamiento no presupuestarias.

Javier Milei en la entrevista con The Telegraph. Crédito: The Telegraph.

Además de estas prohibiciones directas, el decreto impone una restricción adicional para los casos no exceptuados: las entidades solo podrán disponer de un (1) alta de personal si informan previamente dos (2) bajas definitivas (por renuncia, jubilación o desvinculación) producidas durante el año 2026.

El decreto instruye a los representantes del Estado en empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria, así como en fondos fiduciarios, a que adopten medidas similares de restricción.

Rodolfo Aguiar (ATE) y una confrontación de plano con el modelo de la Casa Rosada.

Por otra parte, mediante el decreto 931/2025, la Casa Rosada instruyó a la cartera a cargo de Federico Sturzenegger para que elabore un nuevo esquema de remuneraciones para autoridades superiores del Poder Ejecutivo, tras un período de severo ajuste fiscal.

Federico Sturzenegger, a cargo del esquema para "profesionalizar" funcionarios.

La norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a diseñar e implementar un sistema basado en el mérito, la capacidad y la evaluación del desempeño. Este sistema incluirá mecanismos de ingreso por mérito y esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad de las funciones

Establece una cláusula de congelamiento salarial automático para los altos funcionarios en caso de que el Estado vuelva a incurrir en déficit fiscal.

De todas maneras, a partir de enero de 2026, se extenderán a las autoridades superiores (Ministros, Secretarios, Subsecretarios y funcionarios de rango equivalente) los incrementos salariales acumulados que fueron acordados para el personal general en las paritarias de 2024 y 2025, pero se excluye al propio presidente y a la vicepresidenta.

Por decisión administrativa 28/24, se prorrogó hasta el 31 de diciembre la uniformidad en la negociación salarial en todas las jurisdicciones, entidades y organismos del Sector Público Nacional.

El objetivo explícito es reducir el gasto público, optimizar los recursos del Estado Nacional y asegurar un accionar administrativo más eficiente. La norma reafirma el rol de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público como el organismo encargado de estudiar y evaluar medidas para que la política salarial sea coordinada y armónica entre los distintos entes estatales.

Durante la madrugada de este sábado 25 de octubre, los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto atendieron múltiples emergencias debido a árboles caídos, como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, que obstruían las calzadas y entradas de garaje en varios puntos de la ciudad.

En las primeras horas de la jornada se recibió un alerta en Mendoza al 88, donde un árbol ocupaba parte de la calzada y la vereda. El personal de Bomberos utilizó una motosierra para despuntar el árbol y retirarlo, con la colaboración de personal de Tránsito.

Pasadas las 5.30, se produjeron nuevos llamados por árboles caídos: en 3 de Febrero y Presidente Perón, se procedió a liberar la calzada utilizando una motosierra, con el apoyo de personal de Tránsito. Y en Italia y Maipú se repitió la misma tarea, despejando la calzada para garantizar la circulación vehicular.

Sobre las seis dela mañana, Bomberos atendieron un nuevo llamado en Vuelta de Obligado y Runciman, donde un árbol se había partido en dos. Una de las partes bloqueaba la calzada y la otra, dos entradas de garaje. El trabajo de corte con motosierras se extendió hasta pasadas las siete, liberando tanto la calzada como las entradas de garaje.

Una nueva convocatoria a los servidores públicos se registró a las 7.20 por un árbol caído en Pardal al 200, que estaba obstruyendo la calzada y una entrada de garaje, por lo se procedió a trozar con motosierras, dejando la calzada y la entrada liberada y los restos sobre la vereda, tras 50 minutos de trabajo.

En todos los casos, el operativo fue exitoso, sin reportes de personas heridas, y el tránsito fue restablecido rápidamente en las zonas afectadas.

El Gobierno de Ecuador anunció este jueves la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos y la fusión de ministerios y secretarías como parte de un plan de eficiencia administrativa para simplificar el aparato estatal y agilizar procesos en el sector público.

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, indicó en conferencia de prensa que el Gobierno decidió reducir de 20 a 14 los ministerios, y de nueve a tres la secretarías con el objetivo de "tener un Estado eficiente y servicios públicos de calidad".

"Esto significa que se reducen en un 41 % el número de carteras de Estado que conforman el Poder Ejecutivo", precisó.

En ese sentido, detalló que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Secretaría de Inversiones se fusionarán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mientras que el Ministerio de Turismo se fusionará al de Producción, Comercio Exterior y Pesca.

Asimismo, los Ministerios del Deporte, Cultura y Patrimonio, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusionarán al Ministerio de Educación; y el Ministerio de Ambiente al de Energía y Minas.

Jaramillo añadió que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusionará al Ministerio de Gobierno, mientras que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), encargado del control de las prisiones, y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se adscriben al ministerio del Interior, entre otras fusiones.

Además, comunicó que el presidente Daniel Noboa decidió iniciar este jueves la desvinculación de 5.000 trabajadores públicos de la Función Ejecutiva, personal administrativo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), como parte de un proceso de modernización del Estado.

"La supresión de partidas está basada en criterios de eficiencia", apuntó, tras señalar que la medida no afectará a médicos, enfermeras, maestros, policías y militares.

La Casa Rosada no tuvo un cronograma de anuncios en la última semana para no correr del eje mediático los efectos del levantamiento del cepo, que fue considerado por los funcionarios libertarios como el mayor triunfo político en lo que va del año. Esto hizo que por primera vez en meses el gobierno de Javier Milei pudiera recuperar la agenda de la discusión política, la cual pretenden seguir manteniendo y acentuando de cara a los próximos meses a través de la implementación de diferentes medidas.

El Gobierno ultima los detalles para sacar por decreto una importante reforma migratoriaEn ese sentido, la agenda desreguladora que lleva adelante Federico Sturzenegger pretende ser insumo clave de la narrativa libertaria, aunque también podría darse por mera necesidad: en algo menos de tres meses se vencerán las facultades delegadas que el Congreso Nacional le dio al Poder Ejecutivo Nacional a través de la sanción de la Ley Bases.

En todo ese contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado tiene una batería de medidas a tiro del decreto presidencial para seguir con el achicamiento de Estado Nacional, con diferentes reformas normativas y la desburocratización de procesos. En sus palabras, en este 2025 pretende seguir con la denominada “motosierra profunda” o “motosierra 2.0″.

El miércoles de esta semana, el Gobierno pretendía hacer un importante anuncio vinculado a una desregulación estatal; sin embargo, se optó por aplazarlo hasta nuevo aviso.

Mientras tanto, quedan en el tintero diferentes medidas que se prevé que salgan en las próximas semanas. Una de ella es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que contempla la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación de 16 dependencias. La mayoría de las áreas que sufrirán cambios son institutos. Un ejemplo son algunos que dependen de la Secretaría de Cultura de la Nación, que se fusionarán en uno solo a los fines de evitar la duplicación de áreas y centralizar las políticas de todos. Los ministerios de Capital Humano, Economía y Salud son algunos de los sectores que más cambios tendrán.

De todas maneras, el DNU abarca a más áreas del Gabinete. Es justamente por este motivo que esta medida lleva prácticamente medio año en estar en elaboración, ya que son muchas los sectores en los cuales se estudiaron cambios posibles y con los que se tiene que coordinar todo el proceso normativo y legal. Incluso, se conoció que hubo pedidos de cambios a último momento para los ministerios. “Todos tenemos que hacer retoques clave, van a tener que esperar un poco más para conocerlo”, afirmaron desde una área a Infobae. El Presidente lo había anunciado hace más de dos meses, afirmando que iba a publicarse en pocos días; pero no le habían comentado el entuerto legal que quedaba por delante.

En rigor, en las filas gubernamentales comunican que no sería un DNU, sino uno por área significativa. Hay dos razones al respecto: la primera es que publicar un decreto por cada cartera permite ser más efectivo en el mantenimiento de la agenda; mientras que la segunda es por motivos estrictamente preventivos en caso de que se judicialice la medida. “Cuando estaban con la idea de hacer un solo DNU, se dieron cuenta de que no era viable porque si un juez recibe un amparo y lo concede todo el decreto se frena”, explicó una fuente libertaria.

Parte de este paquete es posible para el Gobierno a partir de las facultades administrativas que son detalladas en el artículo 3 de la Ley Bases. Esta permite la “modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades” innecesarias de los organismos, a la vez que habilita la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias”. Aun así, esa misma legislación bloquea la posibilidad de la disolución de más de 30 organismos.

Puede que no sean los únicos DNU de ese estilo que se vean en los próximos meses. Trasciende que la Casa Rosada también podría lanzar un conjunto de 40 desregulaciones que podrían ser similares (o las mismas) a las contenidas en el “proyecto de ley Hojarasca”, que establece la derogación más de 70 leyes, consideradas “normativas obsoletas” o que restringen libertades.

El proyecto fue enviado en octubre del año pasado al Congreso Nacional para ser tratado antes del fin de las sesiones ordinarias, pero el Gobierno no logró moverlo entre los diputados opositores pese a que eran optimistas de que no sería un proyecto de difícil aprobación. Para este año planea darse el mismo panorama: a pocos meses de que comience el habitual “parate legislativo” por la campaña electoral, los libertarios prefieren dosificar su esfuerzo en iniciativas que resulten fundamentales. Ejemplo de ello es la reforma penal juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad en menores.

En el panorama también aparece como inminente una medida que podría transformar profundamente el sector marítimo del país. Y es que está próximo a publicarse un decreto que permitirá que buques extranjeros operen en el cabotaje nacional, eliminando la exclusividad que hasta ahora tenía la Marina Mercante nacional. Además, la normativa autorizará la contratación de tripulaciones de cualquier nacionalidad, siempre que cumplan con los estándares internacionales de habilitación.

Según interpretan desde Balcarce 50, la decisión busca dinamizar el comercio marítimo y reducir las barreras burocráticas que afectan al sector. La medida fue coordinada por la cartera de Sturzenegger y el titular de la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, Iñaki Arreseygor, y permitirá que los armadores puedan registrar sus buques bajo bandera extranjera sin que esto sea considerado una exportación.

El decreto contempla la posibilidad de que los armadores soliciten el cese de la bandera argentina para sus buques, lo que les permitiría registrarlos bajo banderas extranjeras sin que esto sea considerado una exportación. Este cambio podría facilitar la operativa de las empresas marítimas, pero también podría tener implicaciones en términos de control y regulación por parte del Estado, así como de empleos. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que la implementación de este plan podría significar la pérdida de al menos 3.000 empleos actuales, así como la reducción de la presencia argentina en ríos y mares.

El gobierno nacional estableció un sistema de premios salariales para los funcionarios que más eficientemente reduzcan personal en sus dependencias.

La decisión fue formalizada a través de la Decisión Administrativa 7/25, publicada el el pasado jueves 20 de marzo en el Boletín Oficial, con la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Según lo dispuesto en el artículo 5 del texto se establecerán retribuciones por eficiencia con foco en la baja de personal: "Podrán asignarse unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción, previa intervención de la Secretaria de Transformación del Estado y función pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía”.

De acuerdo a una estimación realizada por el diario La Nación el valor de la Unidad Retributiva (UR) en diciembre fue de $783, según la Base Integrada de Empleo Público (BIEP). A modo de ejemplo: en la Secretaría de Trabajo la dotación de empleados en 2023 era de 3600 y actualmente es de 2900. Es decir, hubo 700 bajas. A partir de esta cifra, y tomando un salario promedio del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que es de $1.200.000, el organismo recibiría más de 64.000 UR adicionales. Sería el equivalente a casi $52 millones para repartir entre las autoridades superiores.

La normativa del gobierno de Javier Milei despertó el rechazo de los gremios estatales, que señalan que la oficialización se da a pocos días de que vuelvan a finalizar contratos en la administración pública, que son prorrogados cada tres meses, lo que incrementaría las unidades que cada funcionario responsable recibiría.

Desde el gobierno nacional defendieron la decisión como parte del objetivo de reducir el déficit del Estado. “Reducir el tamaño del Estado es uno de los principales objetivos que nos trazamos y en eso estamos”, señaló una fuente de Casa Rosada consultada por La Nación.

Y agregaron que “las unidades se distribuyen en función de los objetivos de cada cartera y entre los objetivos está el ajuste. Es uno de los puntos, uno de los parámetros que deben alcanzar”.

En rechazo a la medida y en alerta por la posibilidad de una nueva ola de despidos, el gremio de los trabajadores del Estado convocó a una protesta para este jueves al mediodía en la sede de la secretaría de Trabajo, con movilización hasta la cartera de Desregulación.

Según expresaron se trata “de un desvío de fondos en detrimento del pueblo, ya que el supuesto ahorro que busca generar el Gobierno con los despidos ilegales irá a parar al bolsillo de funcionarios de segunda o tercera línea hasta alcanzar la remuneración de ministro”. Desde el gobierno descartaron esta versión aludiendo que el ahorro por los sueldos no es equiparable a la distribución de las unidades.

En su conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial Manuel Adorni informó sobre los avances en la reestructuración del Estado, haciendo hincapié en la reducción de la plantilla de la ex AFIP, hoy denominada ARCA. Según detalló, hasta el 31 de marzo se completarán las desvinculaciones previstas, totalizando 2.815 bajas.

Adorni también se refirió a la eliminación de la "cuenta de jerarquización", un beneficio que permitía que el titular de la ex AFIP cobrara más de 30 millones de pesos, mientras que los directores percibían 17 millones. "La motosierra es infinita y no se detiene", afirmó el vocero.

Por otro lado, el gobierno celebró un récord histórico en exportación de carne vacuna, con más de 935.000 toneladas vendidas en 2024, superando un hito que no se alcanzaba desde hace un siglo. Entre los mercados principales destacó a China, la Unión Europea, Israel, Estados Unidos y Chile, con un aumento del 45% en las compras desde EE.UU.

Para potenciar aún más el sector, el gobierno eliminó la prohibición de exportar ganado en pie, una restricción vigente desde 1973. "Esta medida abrirá nuevos mercados, fomentará la competencia y favorecerá el libre mercado", aseguró Adorni.

El vocero también destacó la llegada de Starlink al país, tras una resolución aprobada hace un año que permitió la entrada de nuevas empresas de telecomunicaciones. "Miles de argentinos en localidades alejadas hoy pueden acceder a internet de alta velocidad, algo impensado bajo la antigua legislación", remarcó.

Adorni informó que el gobierno presentó una respuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Aseguró que el gobierno argentino colaborará n cualquier investigación sobre la adquisición de acciones por parte de la familia Eskenazi, sin abandonar sus planteos de que los tribunales de ese país no son el ámbito adecuado para dirimir la causa.

Consultado sobre la designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, Adorni justificó la decisión del gobierno al considerar que el Senado dilató el proceso durante un año. "La Corte Suprema debe funcionar con todos sus miembros", sostuvo.

Asimismo, defendió la decisión de nombrar a Alex Oxenford como embajador en EE.UU. por decreto, explicando que el objetivo es agilizar el proceso, dado que su designación aún no fue tratada en el Senado.

Respecto a la abstención argentina en la votación de la ONU sobre la guerra en Ucrania, Adorni justificó la postura oficial asegurando que "el llamado a la paz no había logrado resultados hasta el momento" y que Argentina optó por apoyar una resolución impulsada por Estados Unidos.

El vocero confirmó que el gobierno avanzará con un proyecto para reducir la edad de imputabilidad, tras el crimen de una niña de 7 años en La Plata. "Es un tema en agenda y la ministra Patricia Bullrich ya lo manifestó", indicó.

Adorni expresó que el gobierno sigue de cerca la salud del Papa y que el presidente Javier Milei reza por su pronta recuperación. "Nuestro secretario de Cultura está en contacto con su entorno y ha participado en reuniones para pedir por su salud", mencionó

El gobierno nacional cerrará nueve Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en la provincia de Santa Fe, en el marco de una medida que abarca 155 en todo el país. Según lo detallado en el anexo de la resolución 19, publicada en el Boletín Oficial, se trata de uno en la ciudad capital, otro en Santo Tomé, tres en Rosario, tres en Gálvez y dos en San Jorge.

La decisión forma parte de la política de reorganización de todo el sistema, y de avanzar hacia la conformación de un registro único y digital, eliminando costos y burocracia. Algo que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, caracterizó como una manifestación de la "motosierra 2.0".

Conforme al detalle publicado, la disposición involucra a las siguientes oficinas en el territorio provincial:

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Santa Fe Letra "B" (45043) ubicado en Av. Gdor. Freyre 1.465

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Santo Tomé (21071) ubicado en Avenida 7 de Marzo 1.415

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Gálvez Letra "A" (45008).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Gálvez (71009).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario Nº 3 (21015).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario Nº 12 (21050).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Rosario Letra "B" (45033).

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de San Jorge Nº 2 (21064)

-Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de San Jorge Letra "B" (45042).

Según indica la resolución, se dispone instruir al organismo registral para determinar la forma y los plazos necesarios para poner en práctica los cierres, una vez que se encuentren dadas las condiciones técnicas para su materialización.

El Ministerio de Justicia enmarca la medida dentro del proceso de reestructuración del Estado, alineado con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. En este sentido, el cierre de registros busca reducir costos administrativos, eliminar intermediaciones y digitalizar trámites.

Desde el Gobierno argumentan que el sistema registral estaba sobredimensionado y burocratizado, lo que encarecía los costos para los usuarios y generaba distorsiones en la administración pública.

Registro del Automotor de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

"Arrancó la motosierra 2.0 en los registros automotores. Hoy cerramos 155 más. En poco más de un año, le pasamos la motosierra al 20 por ciento de los registros automotores", celebró el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en referencia a la desaparición de un total de 320 de estas oficinas.

En esa línea, sostuvo que "el objetivo es ir hacia un registro único y ciento por ciento digital. Por eso, modernizamos la cédula azul para poder obtenerla en menos de cinco minutos a través de la aplicación Mi Argentina. Y permitimos la libre inscripción de los vehículos 0 km. En cualquier sede del país, sin restricción, por domicilio", agregó.

"Durante décadas, los registros automotores fueron el eje de un sistema diseñado por la casta para exprimir a los ciudadanos. Nos quitaron la libertad de elegir y fuimos víctimas de sus costos abusivos", aseguró Cúneo Libarona, y adelantó: "En los próximos días, anunciaremos nuevas medidas contra la burocracia en los registros automotores".

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a los elogios a la medida y afirmó: "El objetivo es permitir la inscripción de vehículos 0 Km en cualquier registro del país, sin restricciones por domicilio, lo que fomentará la competencia entre jurisdicciones para ofrecer costos impositivos más convenientes. Además, se simplificarán otros trámites".

Tras una auditoría inicial, el Gobierno anunció la eliminación progresiva del 40 por ciento de los registros automotores. Así, en julio pasado, se suprimieron 136, se frenó la apertura de otros doce y se redujo el personal. Todo esto, luego de la firma de un decreto de necesidad y urgencia en diciembre de 2023.

El año pasado, el Gobierno ya había establecido reducciones de aranceles para la compra y venta de autos y había creado un legajo digital, como así también otras medidas tendientes a reducir impuestos como el pago por emisión de células de identificación automotor, títulos, chapas y patentes.

Además del fin del cobro de tasas, patentes o multas provinciales o municipales en los registros nacionales, la reestructuración avanza sobre la manera de transferir un auto usado.

Hasta el momento "existía la negativa de pago, pero los registros igual obligaban a tener que saldar todo o no avanzaba el trámite. Hoy eso deja ser así: el registro libera el auto aunque tenga deuda de patente o de multas y eso se arregla entre vendedor y comprador", indicaron desde el Ministerio de Justicia.