El presidente Javier Milei volvió a Rosario para participar del acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Ante empresarios y autoridades, defendió el rumbo económico de su Gobierno y centró buena parte de su discurso en el crédito, la morosidad y el crecimiento.

Durante su exposición, el mandatario sostuvo que la economía continúa creciendo y cuestionó las interpretaciones que atribuyen el aumento de la mora a las decisiones oficiales. “No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad”, afirmó.

Milei recordó que un año atrás había expuesto en la Bolsa su visión sobre la relación entre la tasa de interés y el tipo de cambio. Según planteó, la evolución posterior de los mercados terminó respaldando aquel diagnóstico.

Uno de los principales puntos de su discurso fue la transformación del sistema financiero. Milei explicó que los bancos modificaron su estructura y comenzaron a destinar una mayor proporción de sus recursos al financiamiento del sector privado.

En ese contexto, consideró esperable que aparezcan niveles de morosidad como consecuencia de la expansión del crédito. “Es una consecuencia natural del cambio de portafolio que tengan morosidad”, sostuvo.

El Presidente también cuestionó las propuestas que plantean una mayor intervención estatal para resolver el problema de los deudores. “El remedio termina siendo peor que la enfermedad”, afirmó, al advertir que las medidas de carácter paternalista pueden terminar afectando el funcionamiento del mercado.

Según su mirada, el aumento de la mora debe analizarse junto con la evolución del crédito y de las condiciones macroeconómicas. En ese sentido, destacó la reducción de la inflación y del riesgo país como factores que permiten mejorar las condiciones de financiamiento.

“Estamos trabajando para ayudar, bajando la tasa”, aseguró Milei. También destacó la posibilidad de avanzar en renegociaciones con menores tasas y mayores plazos, además de impulsar herramientas vinculadas con la transparencia y la educación financiera.

El mandatario también puso el foco en la actividad económica y aseguró que la recuperación se extiende entre distintos sectores productivos.

“Los datos son los datos”, sostuvo, en una de las frases utilizadas para cuestionar las lecturas que atribuyen las dificultades actuales exclusivamente a las decisiones de su administración.

Milei insistió además con que su Gobierno había anunciado previamente el rumbo que iba a tomar y que luego cumplió con las medidas previstas.

“Entiendo que puedan hacer un reclamo si no hubiera anunciado la política. Pero la anuncié y además la cumplí”, afirmó.

En otro tramo de su exposición, vinculó las críticas por la morosidad con el escenario político y electoral. “Estamos entrando en año electoral y es parte de la estrategia de quienes no quieren que abracemos el futuro, generar todo el ruido, distorsiones y daño posibles”, planteó.

Sobre el cierre, Milei volvió a reivindicar el programa económico de su administración y llamó a profundizar el cambio estructural que propone para el país.

“¿Quieren ser un país grande? Va a haber que abrazar las ideas de la libertad y ponerse los pantalones largos”, sostuvo ante el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En otro pasaje, el Presidente afirmó: “A diferencia de lo que muestran los corruptos del lado de enfrente, que hundieron al país, nosotros estamos trabajando para hacer Argentina grande nuevamente”.

La exposición se produjo durante el aniversario 142 de la BCR, en un encuentro que reunió a representantes del sector productivo, empresarios y autoridades nacionales, provinciales y municipales. Milei estuvo acompañado por Karina Milei y Martín Menem.

También participaron el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; y el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, quien recibió al mandatario en la sede de la institución.

“No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad”.

“La morosidad es fruto del ataque de la política”.

“Estamos discutiendo algo que no es un verdadero problema cuantitativamente”.

“No es gratis, perdimos 23 años de nuestra vida por la solución paternalista populista”.

“Estamos trabajando para ayudar, bajando la tasa”.

“Hace 27 meses que no paramos de crecer”, sostuvo al defender la evolución de la economía.

El Gobierno nacional modificó las condiciones de acceso y permanencia en el programa de Vouchers Educativos para las familias que tienen cuotas escolares impagas. A través de una resolución oficial, se decidió suspender durante el resto del ciclo lectivo 2026 dos artículos del reglamento que establecían sanciones para quienes acumularan deudas con instituciones educativas privadas.

La medida fue adoptada ante el aumento de la morosidad en los colegios y apunta a evitar que las dificultades económicas de las familias terminen afectando la continuidad del beneficio y, por esa vía, las trayectorias educativas de los alumnos.

El programa está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones educativas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal.

La modificación alcanza específicamente a las condiciones relacionadas con el pago de los aranceles escolares. Créditos: Flavio Raina

La modificación alcanza específicamente a las condiciones relacionadas con el pago de los aranceles escolares. Hasta ahora, el reglamento del Programa de Asistencia Vouchers Educativos contemplaba mecanismos para suspender o dar de baja el beneficio cuando una familia acumulaba cuotas impagas.

El artículo 14 establecía que las instituciones educativas debían informar mensualmente la nómina de beneficiarios que registraran deudas. Si una familia acumulaba dos cuotas sin pagar, el voucher podía ser suspendido hasta que se regularizara la situación. Una vez cancelada la deuda, el reglamento contemplaba la posibilidad de recuperar el beneficio de manera retroactiva.

A su vez, el artículo 21, inciso e), establecía el cese de la prestación cuando se acumulaban tres o más cuotas escolares impagas. La nueva resolución suspendió la aplicación de ambos artículos durante 2026.

En términos concretos, esto significa que las familias que reciben el voucher no perderán el beneficio por acumular dos o tres cuotas escolares impagas durante este año, de acuerdo con las nuevas condiciones establecidas por el gobierno. La suspensión de esas disposiciones se mantendrá hasta el final de diciembre.

El Programa de Vouchers Educativos consiste en una asistencia económica mensual Crédito: Flavio Raina

La Secretaría de Educación justificó la decisión en la necesidad de preservar las trayectorias educativas mientras el ciclo lectivo se encuentra en curso.

El objetivo expresado en la resolución es evitar que una situación económica familiar derive en una interrupción del acompañamiento estatal que reciben los estudiantes.

El cambio no significa que las deudas con los colegios queden eliminadas ni que las familias dejen de tener la obligación de abonar las cuotas. La medida modifica específicamente las condiciones del programa de vouchers vinculadas con la morosidad.

El Gobierno también mantiene los demás requisitos generales establecidos para acceder al beneficio. Entre ellos, que los hijos concurran a instituciones educativas de gestión privada de los niveles inicial, primario o secundario que tengan al menos un 75% de aporte estatal.

El Programa de Vouchers Educativos consiste en una asistencia económica mensual destinada a acompañar a las familias que envían a sus hijos a determinadas instituciones de educación privada.

El monto del beneficio equivale al 50% del valor del arancel correspondiente a la jornada simple de cada institución, sin incluir actividades extraprogramáticas. El programa contempla establecimientos que reciben un porcentaje determinado de aporte estatal y establece además un límite de ingresos para los hogares que pueden acceder.

Para 2026, uno de los requisitos económicos establecidos es que el ingreso familiar no supere siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En agosto, ese límite equivale a $2.636.200, según la información difundida sobre el programa.

La convocatoria para solicitar el beneficio correspondiente a 2026 ya finalizó el 30 de abril. La página oficial del programa señala que pueden acceder las familias con hijos de hasta 18 años que concurran a instituciones educativas privadas de nivel inicial, primario o secundario que cuenten con al menos un 75% de aporte estatal.

Para realizar la inscripción, el programa requiere información del adulto responsable, de los menores y del establecimiento educativo. Entre los datos solicitados figuran el DNI y CUIL de los hijos, el nombre y domicilio de la institución y una cuenta bancaria CBU actualizada en Mi ANSES. También es necesario contar con un registro en Mi Argentina

La flexibilización anunciada ahora se produce en un contexto de mayores dificultades para afrontar las cuotas de los colegios privados. Según datos citados por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), la morosidad promedio alcanzó el 11%, frente al 7% registrado durante el año anterior.

La situación presenta diferencias entre instituciones y regiones, con porcentajes más elevados en algunos establecimientos.

De esta manera, la modificación del Gobierno apunta a que una deuda escolar no se transforme, durante 2026, en una causa automática para perder el acompañamiento económico del programa. Las familias, sin embargo, deberán continuar respondiendo por las obligaciones asumidas con las instituciones educativas, mientras que el Estado mantendrá el pago del beneficio bajo las condiciones generales vigentes.

La resolución establece así un cambio temporal en el funcionamiento del programa: durante el resto del año, la acumulación de cuotas impagas no provocará por sí sola la suspensión o cancelación del Voucher Educativo.

Más de 30 proyectos, propiciados por distintos bloques políticos, fueron presentados en las cámaras del Congreso para abordar la problemática de los altos niveles de endeudamiento que se registran un buena parte de los hogares argentinos, y el incremento en los índices de morosidad.

En términos generales, los impulsores de estas iniciativas apuntan que, por efecto del deterioro de los ingresos y el incremento en el costo de vida el universo de los créditos al consumo asumió un cariz diferente y alarmante.

Argumentan que las tarjetas de crédito y los microcréditos otorgados por proveedores no financieros o billeteras digitales dejaron de ser un instrumento de consumo extraordinario para convertirse en un paliativo recurrente destinado a cubrir gastos de primera necesidad: compras de alimentos en el supermercado, pago de medicamentos en farmacias y facturas de servicios públicos.

Más de 30 proyectos esperan tratamiento en el Congreso de la Nación. Fernando Nicola

En tal sentido, se basan en que los informes oficializados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan un incremento paulatino pero persistente en el incumplimiento de pago de las deudas familiares. La mora en préstamos al consumo alcanza niveles que encendieron las alertas tanto en el sector público como en el sistema bancario privado.

A su vez, relevamientos de consultoras privadas e instituciones académicas —como el reciente informe de la Fundación Pensar— advierten que “el peso de la deuda sobre los presupuestos de los hogares alcanzó niveles máximos en dos décadas”.

Según un reciente informe de Management & Fit, más del 50% de las familias argentinas asegura atravesar alguna dificultad en materia de ingresos que, en más de la mitad de los casos, les impide llegar a fin de mes. En ese escenario, un 71,9% de esos hogares se ve obligado a tomar alguna clase de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como el informal.

Al mismo tiempo, más de la mitad de esos préstamos no tiene como objeto satisfacer algún consumo o emprendimiento sino que está destinado al gasto corriente.

La combinación de elevadas tasas de interés, refinanciaciones sucesivas y la proliferación de costos administrativos no transparentes provocó una espiralización de pasivos en familias cuyos ingresos brutos no logran equiparar el costo de la Canasta Básica Total.

Entre los autores de los proyectos se encuentran la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quien impulsa el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, y los diputados Natalia Zaracho, Leonardo Grosso (ya ex legislador) y Mónica Macha, hoy senadora bonaerense.

También presentaron iniciativas los diputados Germán Martínez, Pablo Carro, Guillermo Michel, Pablo Juliano (Provincias Unidas) y la senadora Juliana Di Tullio, entre varios otros. Todas las propuestas comparten la preocupación por el sobreendeudamiento de los hogares y el impacto social de las ejecuciones y reportes negativos en los registros crediticios.

Los proyectos incorporan mecanismos como la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. Se promueve la intervención estatal como regulador, sin que el Estado asuma el financiamiento directo de las soluciones.

En las iniciativas, la responsabilidad principal recae sobre el sistema financiero, al que se le exige asumir parte del costo mediante quitas, límites a los intereses y provisiones contables ya constituidas.

“El Estado debe recuperar herramientas para brindar una alternativa de crédito accesible y evitar que los sectores más vulnerables queden atrapados en un círculo de deuda y tasas cada vez más altas”, afirmó el diputado entrerriano Guillermo Michel, autor de un proyecto para generar una estrategia de créditos blandos desde Ansés.

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Archivo El Litoral

Por su parte, Pablo Juliano presentó un proyecto de ley para crear el "régimen de protección y defensa de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento en el sistema de crédito". Y argumentó que "la morosidad no bancaria supera el 30% y debemos evitar que esta crisis se vuelva sistémica y termine estallando socialmente".

Aunque las propuestas provienen de espacios políticos con visiones económicas heterogéneas (Unión por la Patria, la Izquierda, bloques federales como Provincias Unidas e Innovación Federal, y sectores del radicalismo), existen pilares conceptuales donde convergen la mayoría de las iniciativas:

- Prohibición del anatocismo e intereses punitorios desmedidos: La eliminación o limitación estricta de la capitalización de intereses y recargos desproporcionados que multiplican el saldo adeudado original.

- Mecanismos de reestructuración y mediación: Creación de instancias administrativas o judiciales de mediación obligatoria entre el deudor de buena fe y las entidades financieras.

- Inembargabilidad de fondos mínimos de subsistencia: Garantía de inembargabilidad para las cuentas sueldo y billeteras de pago asociadas a ingresos familiares de subsistencia.

- Cese de conductas abusivas de cobro: Prohibición explícita a las agencias de cobranza de incurrir en hostigamiento, intimidación o contacto con terceros ajenos a la relación crediticia.

-Evaluación de solvencia previa (Crédito Responsable): Obligación legal para los prestadores de verificar la capacidad real de pago del usuario antes de otorgar financiamiento automático, evitando la sobreoferta de crédito a sectores vulnerables.

A pesar de las coincidencias en la necesidad de intervención, las propuestas se diferencian sustancialmente en el grado de asistencia estatal, los mecanismos de quita y el ámbito de aplicación, y van desde propuestas de condonación para los hogares con menores ingresos y tasas subsidiadas, hasta la educación financiera en el nivel secundario y patrocinio legal gratuito.

Mientras las comisiones de Defensa del Consumidor de la Cámara baja analizan la unificación de proyectos, el tratamiento parlamentario enfrenta importantes resistencias políticas y operativas.

Desde el Poder Ejecutivo y los sectores alineados con La Libertad Avanza se argumenta que la fijación de topes a las tasas o la alteración retroactiva de contratos crediticios incrementará la tasa de riesgo, restringirá aún más la oferta bancaria e impulsará a las familias vulnerables hacia el mercado informal de préstamos.

Por su parte, las cámaras del sistema financiero privado señalan que una regulación compulsiva puede minar la sostenibilidad del crédito privado y generar incertidumbre jurídica.

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: “Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito”.

El empresario afirmó que “al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada”.

Sin embargo, desde la oposición replican que la mora masiva trasciende el ámbito de las relaciones contractuales privadas y configura una problemática económica sistémica que paraliza la demanda agregada y afecta el consumo básico. La discusión, que aún no logra dictamen de comisión en el recinto, promete mantenerse en el centro de la agenda legislativa durante el período ordinario.

El nivel de endeudamiento de los hogares argentinos alcanzó cifras récord y encendió una señal de alerta dentro del sistema financiero. La falta de crecimiento de los ingresos, la pérdida de poder adquisitivo y el mayor uso del crédito para cubrir gastos cotidianos llevaron a que cada vez más familias tengan dificultades para cumplir con sus obligaciones.

En este contexto, el economista Germán Rollandi explicó que el fenómeno no comenzó recientemente, sino que viene desarrollándose desde finales de 2024, cuando la baja de la inflación permitió una mayor disponibilidad de financiamiento, pero también expuso las dificultades de muchas personas para afrontar nuevas deudas.

Según el especialista, durante 2025 la situación se agravó por la combinación de tasas de interés elevadas, volatilidad económica y un escenario electoral que incrementó la incertidumbre.

Rollandi detalló que la falta de capacidad de pago se refleja principalmente en los préstamos personales y en los saldos financiados de tarjetas de crédito. “Hoy estamos en un récord de casi 16% de cartera irregular, de cada 100 pesos que se prestaron 16 pesos los bancos no los pueden cobrar y las familias no pueden hacer frente a esa deuda”, explicó.

En el caso de las tarjetas de crédito, el economista indicó que también se registró un fuerte aumento de los incumplimientos, con una cartera irregular cercana al 13%.

Uno de los datos que más preocupa, según Rollandi, es el comportamiento de los créditos ajustados por UVA. “Vemos que durante el 2021, el 2022 y el 2023, producto del salto inflacionario, se hizo costoso sostener los préstamos y ahora vemos que incluso superó esa época de aceleración inflacionaria”, sostuvo.

Además, remarcó que los préstamos personales ajustados por UVA alcanzaron una morosidad del 18%, un nivel que calificó como preocupante en un contexto donde la inflación se encuentra más estable.

El economista explicó que detrás del aumento de la morosidad aparece un problema central: la falta de recuperación de los ingresos familiares. “Recordemos que la economía sigue planchada, no crece, el nivel salarial no ha crecido, ha acompañado la inflación en algunos casos y en algunos casos ha caído”, afirmó.

En ese escenario, muchas familias comenzaron a utilizar herramientas de financiamiento no para realizar compras importantes o inversiones, sino para cubrir necesidades básicas.

Expertos advierten sobre el impacto del endeudamiento familiar.

Rollandi señaló que el crecimiento de la morosidad ya alcanza a distintos sectores del sistema financiero. “Lo llamativo es que el crecimiento es parejo en todo el sistema financiero, todos van a la par, nadie escapó de esta crisis que parece más estructural”, expresó.

También advirtió sobre la situación de las empresas, donde si bien los niveles de incumplimiento todavía no superan los registrados durante la pandemia, la tendencia genera preocupación. “La morosidad en empresas creció entre tres y cuatro veces, lo cual también preocupa por el cierre de empresas que esto implica cuando se corta la cadena de financiamiento”, indicó.

Ante las mayores restricciones para acceder a créditos bancarios, muchas personas comenzaron a recurrir a billeteras virtuales para obtener dinero de manera rápida.

“¿A dónde voy si el banco no me presta? A las billeteras virtuales. Entro a mi celular y enseguida, sin demasiados requisitos, puedo conseguir un crédito. Y eso me lleva hasta fin de mes, que hoy por hoy no es un objetivo menor que tienen las familias”, explicó Rollandi.

Según el economista, la tasa de incobrabilidad en estas plataformas pasó del 7% en mayo del año pasado a cerca del 30% actualmente, superando incluso los registros observados durante la pandemia. “Hoy hay alrededor de 3,45 billones de pesos que son incobrables o están catalogados como incobrables. De esos 3,45 billones, dos tercios son de billeteras virtuales”, detalló.

Las billeteras virtuales se volvieron una vía de financiamiento.

El especialista advirtió que la diferencia con los bancos radica en la estructura para gestionar estas deudas. Mientras las entidades financieras pueden vender carteras irregulares o iniciar procesos de recuperación, las billeteras virtuales enfrentan mayores desafíos.

“Uno sabe dónde está el banco, va, se sienta, habla con un agente financiero. En la billetera no hay un local físico, la billetera está en el celular”, explicó.

Rollandi aseguró que el problema del endeudamiento ya tiene impacto sobre una parte importante de los trabajadores formales.

“Alrededor del 24% de la masa salarial formal está representando toda esta deuda incobrable”, sostuvo.

Según el economista, esto limita la capacidad de consumo de las familias y puede convertirse en un obstáculo cuando la economía comience a recuperarse. “Hay entre 6 y 7 millones de personas, alrededor del 30% de todos los sujetos de crédito, que hoy por hoy no tienen acceso al crédito”, indicó.

Para Rollandi, la situación requiere políticas específicas para evitar que una parte de la población quede fuera del sistema financiero. “Existen afuera políticas que apuntaron a proteger a los sectores de bajos ingresos que estaban más endeudados. Acá eso todavía brilla por su ausencia”, dijo. “La magnitud de esta crisis se está volviendo casi estructural”, cerró.

El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roald Báscolo, trazó un panorama de la situación compleja que atraviesan varios rubros productivos, en particular la industria. Y apuntó a la falta de créditos a tasas accesibles para motorizar la producción y el consumo.

Por si faltaran riesgos internos, la guerra entre EE.UU e Irán con la consiguiente suba en el precio del petróleo suma preocupación y anticipa un impacto en la inflación de marzo.

Roald Báscolo, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Foto: Archivo.

La charla transcurre pocos días después de la visita de una delegación santafesina, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, a Neuquén; en concreto a Vaca Muerta donde la provincia espera fortalecer oportunidades para empresarios locales.

El titular de la cartera laboral no integró la comitiva pero está al tanto de las oportunidades que se abren, aunque aclara que hay empresas que ya prestan servicios para el complejo petrolero ubicado en Neuquén, uno de los pocos distritos que puede mostrar datos positivos en materia de empleo.

“A nivel país, el balance es negativo. Lo que se está generando por petróleo, gas y minería está lejos de compensar lo que se pierde en construcción, industria y comercio”, dice Báscolo mientras aclara que este último no es el caso de Santa Fe donde la actividad se mantuvo “por un gran esfuerzo de empleadores y las políticas de la provincia”.

También en construcción hay resultados para mostrar: “Santa Fe es una isla en el contexto nacional”. “Tuvo mucho que ver la inversión con un récord de 500 millones de dólares en 2024, y 1500 millones en 2025”.

Funcionarios y empresarios santafesinos recorrieron Vaca Muerta. Foto: Fernando Nicola.

“Es la provincia que más empleo creó en construcción en estos dos últimos años”. De seguir el promedio nacional, “hubiese registrado una pérdida entre 5 y 7 mil puestos de trabajo”.

En este punto, consigna que esa es la actividad que genera mayor cantidad de empleo indirecto. Y ejemplifica: “En las cárceles que se están ejecutando en Recreo, las empresas proveedoras de aberturas son de Reconquista, están trabajando a pleno hace un año y medio, y lo van a hacer por varios meses en adelante”.

En definitiva, cuando se habla de que la economía está creciendo, “los sectores que logran que los números sean positivos son petróleo, minería y gas que, en algunos casos, son más proyectos que realidad pero impulsan esta tendencia”.

Pero, en paralelo, “hay otros sectores con profundas caídas como la construcción que no termina de recuperarse, y la industria que es el rubro que tiene más preocupación hacia adelante porque de permanecer estas políticas no hay indicios de que pueda recuperar la actividad”.

Dentro de la industria en general, que en la provincia tiene gran diversidad, los más afectados son textiles, calzado y línea blanca, que registra retiros voluntarios en Electrolux y en Metalsur (carrocería). “Son fuentes de trabajo que se pierden producto del mercado interno y el ingreso de importaciones”.

Sin embargo, “cuando preguntamos a los empresarios si el problema es solamente la apertura de importaciones, nos dicen que en muchos rubros obedece a la caída del consumo”.

En este escenario, el ministro ubica dos realidades: “Cuando se mira la macro economía, se observa que la inflación viene bajando aunque, en los últimos meses, a un ritmo menor al esperado. Aún así, dejó de ser la gran preocupación”. En tanto, el dólar está “controlado”, aunque hay que ver “cómo impacta la crisis del petróleo en la inflación y en el precio de la divisa”.

“Pero esa cuestión macro que desde afuera hace ver al país como buen alumno”, no tiene correlato con la microeconomía, donde se ven los indicadores negativos. Allí, Báscolo ubica “la caída del mercado interno, empresas que trabajan por debajo de su capacidad, despidos, retiros voluntarios, suspensiones y otros datos que quizás el año pasado no estaban y ahora se empiezan a notar”.

El sector textil es uno de los más afectados por la apertura de importaciones pero también por la falta de crédito a tasas bajas. Foto: Archivo.

Se refiere a la morosidad en los bancos, de las empresas, los individuos y en el sistema no bancario (mutuales y plataformas tecnológicas). “Eso refleja una falta del poder adquisitivo que, primero, se nota en la baja del consumo y, también, en un preocupante nivel de endeudamiento”, advierte.

No cayeron bien entre industriales las apreciaciones y descalificativos que utilizó el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones, el último 1 de marzo. Foto: Martín Zabala/Xinhua.

“Tenemos tasas de descubierto y de financieras del orden del 100 % anual”, con un país cuya inflación es del 30 % por año. Esta situación se convierte “en una verdadera mochila para empresas e individuos”.

- En la industria, las luces pasaron de amarillas a rojas en los últimos días y los dirigentes salieron a hacer un reclamo directo al gobierno nacional.

- Las crisis no vienen de estas últimas semanas sino desde hace más tiempo y las estamos haciendo notar. Quizás ahora la respuesta de los industriales salió de las palabras del Presidente (Javier Milei, en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional) que los tildó de cualquier cosa.

Pero la crisis textil ya está presente desde el año pasado, y los sectores metalúrgicos y de línea blanca (elecrodomésticos) vienen con suspensiones o acuerdos de retiros voluntarios. Me parece que el Presidente tendría que analizar cuáles son los problemas de competitividad de la industria nacional más que ponerse a pelear como si fuera un enemigo.

Ahora estamos hablando de las tasas de interés que enfrentan las empresas para pagar el endeudamiento de corto plazo, y tomando nota de ese problema en la industria, el comercio o la agroindstria.

En ese sentido, la provincia salió con esta política del Ministerio de Desarrollo Productivo de ofrecer tasas más bajas como aporte de la provincia y acuerdo de banco privado. Consideramos que son las herramientas que se necesitan para paliar la situación.

- ¿Creés que hay una política de industricidio como advierten algunos sectores de la oposición?

- No se si se puede hablar de industricidio, pero digo que si la idea era que la macro ordenada iba a ordenar la micro está clarísimo que no es así. Y hasta podríamos cuestionar si la macro está ordenada. Pensemos que es así, pero puede tener algún desorden por efecto de la guerra entre Estados Unidos e Irán y el precio del petróleo (que el domingo se había disparado) va a tener un impacto en los combustibles (ya lo tuvo este martes) y en la inflación del mes de marzo. Es una condición externa que suma un punto de tensión en la micro economía.

Pero a todo este panorama se suma otro: la falta de crédito o, en todo caso, las tasas a las que se obtienen.

El campo, que es la fortaleza de Santa Fe, tuvo buena cosecha de trigo y girasol, y espera buenos rindes del maíz y la soja, tiene números ajustados.

- La Reforma Laboral que aprobó el Congreso y promulgo el gobierno nacional, ¿va a traer algún beneficio concreto para que las empresas contraten más personal?

- Siempre dijimos que era necesario dar el debate por una modernización laboral, pero que no era suficiente para crear empleo.

Consideramos que una política más activa como la Ley Tributaria 2026 y la obra pública tienen más impacto que una ley laboral sobre el empleo. Si bien es necesario hacer modificaciones, sostuvimos desde la provincia que era necesario hacer foco en las pymes, pero faltaron incentivos para que éstas puedan formalizar puestos de trabajo.

En un contexto donde la mayoría de los rubros están sufriendo por la baja de ventas, la producción o el consumo, es muy difícil la generación de nuevo puestos. Es más importante reactivar la economía con políticas públicas que modificar la ley y esperar que eso solo genere empleo.

- ¿Cómo se sale de esta situación?

- En un contexto donde la macro está ordenada, la herramienta que permitiría tener un movimiento económico es el crédito a tasas razonable para destino hipotecario, renovación de maquinarias, compra de indumentaria, de electrodomésticos.

Pero el crédito que tienen las familias es a tasas altas y para cubrir lo necesario.

Esta morosidad de los bancos, las fintech y mutuales también está llegando a las casas de electrodomésticos que tienen líneas de crédito propio; es decir que no solo están vendiendo menos, por más que sean bienes importados, sino que tienen altos niveles de morosidad en la venta a crédito.

- En este contexto, ¿fue convocado el Consejo Federal de Trabajo?

- No, es un reclamo que se está haciendo desde todos los ministerios de Trabajo de las provincias y no tuvimos respuesta. Pedimos hacer reuniones previas o durante el debate de la ley de Reforma Laboral y no se produjeron. No tuvimos oportunidad de dar nuestro punto de vista sobre la ley.

- ¿Cuál es tu conclusión?

- Vemos un gobierno nacional muy enfocado en la macro economía con la seguridad de que, si está ordenada, genera un impulso en la micro y eso no está sucediendo. En eso la provincia está trabajando de manera fuerte desde la obra pública, los beneficios tributarios y la baja de tasa de interés.

Consideramos que el gobierno nacional debería tomar nota de lo que está pasando en la microeconomía porque allí la macro no está teniendo el resultado que creía. Y en este contexto de guerra, el aumento del precio del petróleo puede tener un impacto mayor en sectores que ya están complicados.

La morosidad en el pago de las expensas viene aumentando con fuerza en Rosario, según advierten con preocupación desde el Consejo Asesor de la Vivienda local. Es que con la desregulación de los contratos de alquiler, sumado a los aumentos de servicios e impuestos, quienes tienen que alquilar “no están llegando”, señaló a Mirador el referente de la entidad, Ariel D’Orazio.

“Esto provocó que la oferta de alquileres en la ciudad crezca, pero las personas no logran pagar los alquileres, lo que tira la demanda hacia abajo, sumado a las complicaciones para afrontar los costos corrientes”.

En este sentido, “venimos detectando que en el último trimestre el aumento de la morosidad en el pago de las expensas, por ejemplo, aumentó un 30%, aunque estimamos que hay mucho más y que podría incrementarse próximamente ese número en un 40, 50%; Estábamos en un 18% el año pasado. Se incrementó un 50% a esta fecha”.

D´Orazio contó que detectan morosidad “tanto para pagar alquileres como expensas”. Además de los aumentos de luz y agua en nuestra provincia, las expensas también incrementaron notablemente.

“Vemos que hay una morosidad que venía en el alza en el pago de expensas. Estamos en un pico máximo en los últimos años. Se va generando una bola de nieve. Hoy tenemos muchas mediaciones para resolver situaciones de morosidad con intereses muy difíciles de abordar porque vienen muy golpeados".

A partir del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el nuevo presidente de la Nación en diciembre pasado -apenas asumió-, quedaron sin efecto las leyes 27.551 y la 27.7370, que regían los contratos de alquileres, y a partir de ese momento se firman contratos en los que priman los acuerdos entre partes.

Haciendo un rápido recorrido por el microcentro de la ciudad, se puede vislumbrar que los negocios están vacíos exponiendo el desplome de la demanda en el ámbito comercial local.

“Cuando alguien vuelca una propiedad al mercado locativo, quizás pueda estar un mes sin habitarse. Eso era algo que no estaba sucediendo en los últimos tiempos porque la demanda superaba la oferta en materia habitacional”, añadió D’Orazio.

“Esta supuesta autoregulación del mercado, que nos ofrecen como una panacea, claramente está fracasando y se lleva puesto a ciento de miles de argentinos producto de la especulación del mercado y de la deshumanización que plantea el gobierno al retirar las leyes y dejar a inquilinos e inquilinas mano a mano frente a inmobiliarias o propietarios”.

“Aunque se plantea que ha crecido la oferta de propiedades en alquiler, comparada con diciembre del año pasado, en otro contexto, la demanda ha caído mucho, producto de un desfasaje económico cuando la expectativa de rentabilidad del mercado supera ampliamente las posibilidades de las económicas de quienes alquilan", concluyó.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) aseguran que la oferta de inmuebles en alquiler comenzó a crecer. Mientras que el 17 de octubre de 2023 en la ciudad la oferta disponible de departamentos en alquiler era de 500 propiedades y el 19 de octubre de 481, en el nuevo año -el 3 de enero de 2024- la cifra ascendió a 554 y el 9 de enero a 703 unidades, según datos del portal Propia que agrupa a la oferta de los profesionales matriculados en el colegio y es el resultado de un trabajo que lleva adelante el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Explican que la reactivación tiene que ver con que en la región arriba del 80% de los propietarios tiene entre 1 y 2 propiedades y esto quiere decir que un inmueble desocupado no se puede “aguantar” más de uno o dos meses sin alquilar.

La tendencia del mercado muestras número en crecimiento, pero el panorama todavía es incierto y el final está abierto. Agrupaciones que representa los inquilinos se manifestaron en contra del DNU y realizaron presentaciones para dejar sin efecto el decreto.

La morosidad en el pago de las expensas viene aumentando con fuerza en Rosario, según advierten con preocupación desde el Consejo Asesor de la Vivienda local.

Es que con la desregulación de los contratos de alquiler, sumado a los aumentos de servicios e impuestos, quienes tienen que alquilar “no están llegando”, señaló a El Litoral el referente de la entidad, Ariel D’Orazio.

“Esto provocó que la oferta de alquileres en la ciudad crezca, pero las personas no logran pagar los alquileres, lo que tira la demanda hacia abajo, sumado a las complicaciones para afrontar los costos corrientes”.

En este sentido, “venimos detectando que en el último trimestre el aumento de la morosidad en el pago de las expensas, por ejemplo, aumentó un 30%, aunque estimamos que hay mucho más y que podría incrementarse próximamente ese número en un 40, 50%; Estábamos en un 18% el año pasado. Se incrementó un 50% a esta fecha”.

D´Orazio contó que detectan morosidad “tanto para pagar alquileres como expensas”. Además de los aumentos de luz y agua en nuestra provincia, las expensas también incrementaron notablemente.

“Vemos que hay una morosidad que venía en el alza en el pago de expensas. Estamos en un pico máximo en los últimos años. Se va generando una bola de nieve. Hoy tenemos muchas mediaciones para resolver situaciones de morosidad con intereses muy difíciles de abordar porque vienen muy golpeados".

A partir del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el nuevo presidente de la Nación en diciembre pasado -apenas asumió-, quedaron sin efecto las leyes 27.551 y la 27.7370, que regían los contratos de alquileres, y a partir de ese momento se firman contratos en los que priman los acuerdos entre partes.

Haciendo un rápido recorrido por el microcentro de la ciudad, se puede vislumbrar que los negocios están vacíos exponiendo el desplome de la demanda en el ámbito comercial local.

“Cuando alguien vuelca una propiedad al mercado locativo, quizás pueda estar un mes sin habitarse. Eso era algo que no estaba sucediendo en los últimos tiempos porque la demanda superaba la oferta en materia habitacional”, añadió D’Orazio.

“Esta supuesta autoregulación del mercado, que nos ofrecen como una panacea, claramente está fracasando y se lleva puesto a ciento de miles de argentinos producto de la especulación del mercado y de la deshumanización que plantea el gobierno al retirar las leyes y dejar a inquilinos e inquilinas mano a mano frente a inmobiliarias o propietarios”.

“Aunque se plantea que ha crecido la oferta de propiedades en alquiler, comparada con diciembre del año pasado, en otro contexto, la demanda ha caído mucho, producto de un desfasaje económico cuando la expectativa de rentabilidad del mercado supera ampliamente las posibilidades de las económicas de quienes alquilan", concluyó.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) aseguran que la oferta de inmuebles en alquiler comenzó a crecer. Mientras que el 17 de octubre de 2023 en la ciudad la oferta disponible de departamentos en alquiler era de 500 propiedades y el 19 de octubre de 481, en el nuevo año -el 3 de enero de 2024- la cifra ascendió a 554 y el 9 de enero a 703 unidades, según datos del portal Propia que agrupa a la oferta de los profesionales matriculados en el colegio y es el resultado de un trabajo que lleva adelante el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Explican que la reactivación tiene que ver con que en la región arriba del 80% de los propietarios tiene entre 1 y 2 propiedades y esto quiere decir que un inmueble desocupado no se puede “aguantar” más de uno o dos meses sin alquilar.

La tendencia del mercado muestras número en crecimiento, pero el panorama todavía es incierto y el final está abierto. Agrupaciones que representa los inquilinos se manifestaron en contra del DNU y realizaron presentaciones para dejar sin efecto el decreto.

En la sesión del Concejo Municipal de Venado Tuerto de este miércoles, se incluyó en el orden del día una notificación enviada por la Cooperativa de Obras Sanitarias, con destino a los miembros de la Autoridad de Aplicación, el secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano, Santiago Meardi, y el concejal Pablo Rada, en la cual se informan los criterios a tener en cuenta por parte de la concesionaria de agua potable y cloacas para el corte de este último servicio, dada la exagerada morosidad de algunos asociados y su indiferencia ante los apercibimientos desde la empresa de calle Italia al 500.

Año atrás, bajo la presidencia de Martín Bonadeo, Obras Sanitarias impulsó esta misma medida, cuya sola divulgación convenció a varios morosos de abonar sus deudas por el servicio cloacal, y no volvió a hablarse del tema. Dos de ellos, por ejemplo, titulares de más de cinco propiedades, pagaron todas sus deudas recién se convencieron de que el corte era inexorable; otros apelaron a las ligas de defensa del consumidor.

En los últimos meses, la situación se volvió intolerable en algunos casos, con deudas de más de $50 mil y de hasta $100 mil. En consecuencia, el Consejo de Administración presidido por Carlos Guillén, amparado en el contrato de concesión, envió la citada nota al cuerpo legislativo para acordar los criterios de selección de corte del servicio, y hubo consenso para que sean usuarios que no pertenezcan a barrios sociales; que los inmuebles estén ubicados en micro y macro centro mayormente; que no sean clubes ni dependencias provinciales y/o municipales; que no tengan iniciados apremios o ya hayan sido derivados a un letrado; que tengan índice cloacal mayor a 1,03; y que sean los mayores deudores de ese listado.

Fuentes de la empresa cooperativa señalaron este jueves a Sur24 que los niveles de morosidad supera el 35% (con variaciones según los meses) y adelantaron que se adoptarán “medidas contundentes” contra aquellos titulares de inmuebles de mayores posibilidades económicas que insisten en la negativa a cumplir con el pago del servicio de cloacas brindado. Más aún, desde la empresa se notificó a los asociados para acordar los planes de pago en una forma amigable, pero observan que, aun disponiendo de los medios económicos necesarios, no demuestran ninguna voluntad.

Y aclararon que no se necesita una aprobación para proceder a los cortes, aunque sí se debe cumplir el paso previo de informar de la situación a la Autoridad de Aplicación.

Desde el punto de vista técnico, para el caso del agua potable existen dispositivos limitadores que sólo permiten el paso de una mínima dotación para la ingesta, en situación de morosidad, pero para las cloacas, como el sistema funciona por gravedad, es más compleja la interrupción, y no se usan accesorios de corte en las cañerías porque en caso de ocurrir una obstrucción, los trabajos suelen complicarse, además de que, por lo general, insume un buen tiempo detectar el origen del problema.

Consultado el edil Pablo Rada, en su condición de miembro de la Autoridad de Aplicación, comentó que “desde el Consejo de Administración de la Cooperativas de Obras Sanitarias se nos informó que titulares de dos o más propiedades, registran deudas de más de 50 mil pesos, y en algunos casos de más de 100 mil con el servicio cloacal. Entonces nos enviaron un listado de estos vecinos, con los que ya se agotaron las instancias de notificaciones, apercibimientos, invitaciones a concurrir a la sede para conciliar un plan de regularización de deuda, y ahora se busca aplicar medidas de corte del servicio. Antes de avanzar en ese sentido, acordamos los criterios generales, y ahora la empresa realizará la última notificación a los titulares de unas 30 o 40 viviendas de la ciudad, antes de proceder a la sanción”.

Además, el ex secretario de Obras Públicas municipal observó que el caso de adoptarse esa drástica medida deberá tramitarse ante la Municipalidad de Venado Tuerto el permiso de apertura de la vía pública, dado que el corte de un servicio de cloaca exige romper la vereda, cortar el caño, aplicarle una tapa y dejar todo como estaba, para realizar el proceso inverso apenas el titular de la vivienda abone lo adeudado a la concesionaria.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]En un informe divulgado en los últimos días, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) comunicó que “se ha incrementado fuertemente el hurto de energía y la morosidad en los últimos dos años, a valores nunca registrados hasta el momento”. Y si bien el escrito no indica cuál ha sido ese aumento respecto de años anteriores, está claro que el tema de los ‘enganchados’ y el ‘fraude eléctrico’ crecieron con la pandemia, sobre todo en las grandes urbes provinciales. Y que el asunto es lo suficientemente grave como para que la EPE destine 100 millones de pesos en busca de una solución.

El objetivo es “disminuir las ‘pérdidas no técnicas’ de energía por hurto y fraude en al menos un punto porcentual, en el contexto de la obtención de una reducción gradual hasta alcanzar los mínimos técnicamente aceptables”. Para más datos, el texto habla de invertir 100 millones este año para poder volver a cobrar unos 100 gigavatios anuales (Gwh/a), equivalentes al hurto de energía eléctrica en 33.333 viviendas que consumen un promedio de tres gigavatios por año.

Ademar Aznar, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto.

Consultado el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto, Ademar Aznar, sobre los niveles de morosidad y hurto de energía en la ciudad, comentó a Sur24 que el año pasado la cobranza “se resintió en los inicios del aislamiento” y se empezó a normalizar luego de que se restablecieran -aunque sea parcialmente- las actividades productivas, comerciales y de servicios. Y también destacó que en la mayor cobrabilidad favoreció que el precio del Kw-h se mantuviera “sin cambios significativos” durante varios meses.

No obstante, por entonces también estaba en vigencia el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno nacional para aliviar las consecuencias económicas y sociales de la ‘primera ola’ de la pandemia, que impedía a las prestadoras de energía eléctrica (también a las de gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet) el corte de servicios en caso de mora o falta de pago. Dicho beneficio, prórroga mediante, se extendió hasta el 31 de diciembre último. “A partir de que se reanudaron los cortes de servicio muchos asociados hicieron convenio o se pusieron al día”, sostuvo Aznar. Y consideró a continuación que “en los próximos meses todo dependerá de que no empeore la situación socioeconómica y de que no se dispongan aumentos impagables”.

En el caso de la Cooperativa Eléctrica, comunicó a los socios la novedad en los primeros días del corriente año y convocó a los morosos a concurrir a la sede administrativa de Belgrano y Mitre para regularizar su situación, aclarando que ofrecía “planes de financiación accesibles” para todos aquellos usuarios con voluntad de honrar sus deudas. “Muchos asociados no podían pagar sus compromisos por dificultades económicas reales y por eso analizamos cada situación particular”, dijo Aznar, aunque luego advirtió que “ante la suspensión obligada de los cortes, algunos especularon y se endeudaron, pero a partir de este año todos entendieron que las cosas habían cambiado y se acercaron a la empresa para ponerse al día con el pago del servicio”, graficó.

Por último, el presidente de la CEVT señaló con satisfacción que “hoy el hurto de energía no es significativo en nuestra ciudad” y elogió el acompañamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). “Nosotros hacemos las constataciones y denuncias ante el MPA, que en todos los casos actúa con diligencia en los procedimientos y las imputaciones, favoreciendo el cumplimiento de la ley. De hecho, ya hay algunos procesamientos de transgresores”, completó.

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“… ante la suspensión obligada de los cortes, algunos especularon y se endeudaron, pero a partir de este año todos entendieron que las cosas habían cambiado y se acercaron a la empresa para ponerse al día con el pago del servicio”

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