(Por Mauro Muñoz) - La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la ley por la cual se declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, registrada bajo el N° 27.793.

La votación llegó tras casi tres horas de debate. Los números arrojaron que 172 diputados votaron de manera afirmativa, prevaleciendo la insistencia de la iniciativa. En tanto que 73 legisladores se expresaron por la negativa, aceptando la observación total del Ejecutivo; y solo 2 se abstuvieron de la decisión.

En la votación se requerían la mayoría especial de acuerdo al artículo n°83 de la Constitución Nacional. Ahora, el rechazo al veto será girado al Senado. Si en la Cámara alta también se ratifica la norma, el Poder Ejecutivo deberá promulgar la norma.

La ley había sido aprobada por unanimidad en el Senado y con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones el 4 de junio en la Cámara baja. Sanciona la actualización de los aranceles de prestaciones y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo.

El tratamiento requirió de las dos terceras partes del Cuerpo, ya que no contaba con despacho de comisión. Los números se lograron pese a que el oficialismo rechazó la solicitud de la oposición para postergar el inicio de la sesión a causa de las demoras en los vuelos de legisladores debido a las tormentas que azotaron buena parte del país.

La habilitación del tema finalmente se consiguió con 166 votos afirmativos y 75 negativos. Incluso, más allá de que al momento de comenzar la discusión en el recinto, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno estaba “considerando” una suba de aranceles a los prestadores de discapacidad.

La sesión continúa con el temario que tiene en agenda aceptar o rechazar los otros tres vetos del Poder Ejecutivo: aumentos a jubilaciones, prórroga de la moratoria previsional y fondos de asistencia para Bahía Blanca.

También están en el temario los dos proyectos de ley impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA están incorporados al temario para este miércoles: se trata de la distribución de los ATN y modificación del reparto del impuesto a los Combustibles Líquidos.

Asimismo, se prevé que se considere en el debate la convocatoria a la comisión investigadora del caso $Libra. Días atrás, se logró dictamen para avanzar en su conformación y dirimir una cuestión central que mantuvo trabado su funcionamiento: la elección de autoridades, luego del empate entre oposición y oficialismo en su conformación.

Hay más temas en agenda: el cambio del huso horario que impulsa el mendocino Julio Cobos y la modificación de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, sobre actualización de montos por el delito de evasión que viene liderando el cordobés Oscar Agost Carreño.

Todo esto ocurre horas después de que el Senado lograra dictamen para llevar a su propio recinto las emergencias para la salud pediátrica y el financiamiento universitario. Y al tercer día del cierre de listas para las legislativas de octubre que dejó a varios desairados en el camino y legisladores y legisladoras, como la PRO María Eugenia Vidal, que ya avisaron que no ocuparán ningún cargo público desde el 10 de diciembre.

Desde la comuna de Cafferata señalaron que el 70% de sus contribuyentes presenta deudas por tasas locales. En tal sentido, para revertir este escenario, se lanzó un Plan Especial de Regularización de Tasas, que busca incentivar el cumplimiento mediante beneficios concretos.

Beneficios del plan

El programa ofrece condiciones favorables para quienes decidan ponerse al día:

Estas herramientas apuntan a aliviar la carga económica de los vecinos y facilitar el ordenamiento financiero de la comuna.

Reconocimiento a los cumplidores

Además de atender a quienes deben, la comuna reconoce el compromiso de los contribuyentes que están al día. Estos recibirán un Certificado de Reconocimiento y se beneficiarán con más servicios y obras, financiadas con los aportes cumplidos.

El orden como base del desarrollo

Desde la comuna destacan que regularizar las cuentas no es solo una cuestión administrativa, sino una forma de cuidar los servicios públicos: salud, mantenimiento de caminos, alumbrado y asistencia social.

Los vecinos interesados pueden acercarse a la sede comunal de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 hs, o bien comunicarse por WhatsApp al (3468) 64-2619 para consultar su situación y acceder a los beneficios del plan.

El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, adelantó la intención de Santa Fe de adherir al régimen de blanqueo de capitales sancionado a nivel nacional, pero poniendo límites según el origen de esos fondos. En tanto, descartó que vaya a haber una nueva moratoria impositiva.

"Comenzando por la moratoria, si bien las medidas fiscales que fueron aprobada por ley la contemplan, por lo que se expuso en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, entendemos que la mayoría de las provincias no va a disponer esa medida. Santa Fe ha tenido prácticamente tres años consecutivos de moratorias, por lo cual la situación de personas que no han podido abonar sus tributos no tiene una acumulación importante, ya que han tenido prácticamente en forma secuencial este tipo de beneficios", expresó el funcionario en diálogo con la prensa.

Más allá de eso, precisó que "la moratoria siempre es un tema nocivo por dos razones: primero por una cuestión de justicia y segundo porque la administración tributaria, cuando hay moratorias, dedica toda su energía a que puedan pagar los que no lo hicieron, y deja de poner la atención en que cumplan los que tienen que cumplir".

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore

Con respecto al blanqueo sancionado a nivel nacional, consignó que "la voluntad de la provincia es brindar la certeza jurídica propia de un federalismo fiscal multinivel para quien vaya a blanquear. En este sentido, hay una decisión del Congreso de la Nación y la discusión sobre blanqueo sí o no ya se saldó en ese ámbito. Lo que ahora le queda a la provincia es colaborar con la certeza que van a tener quienes vengan a acceder a ese régimen de blanqueo, y esa certeza se tiene que dar en todos los niveles de gobierno. Porque de nada sirve que alguien quiera acceder a un blanqueo y pueda hacerlo a nivel nacional, y después las provincias estemos especulando para después caerle con el reclamo de sus deudas.

"Pero dicho esto, queremos ser enfáticos en otra cuestión: quienes acceden al blanqueo de capitales son blanqueadores, no son héroes ni patriotas. Porque a veces, en aras de estas cuestiones, se trata de impulsar o generar cierta intensidad para que los gobiernos accedan rápido. Queremos ser enfáticos al sostener que quien está blanqueando no ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Y otra diferenciación que queremos hacer, y para eso estamos preparando un proyecto de ley, es que no puedan acceder al blanqueo aquellos que han tenido inconvenientes o que tienen que ver con cuestiones de lavado o vínculos con el crimen. Nuestro proyecto de ley apunta a que el celo sobre esta última cuestión sea mayor de lo que está previsto a nivel nacional. Estamos pensando en una adhesión, pero una adhesión que contenga mecanismos que permitan conocer y chequear que el blanqueo no será para quienes tienen vinculaciones con lavado u otros procedimientos vinculados con el delito", se explayó Olivares.

Por lo demás, el ministro destacó que "las provincias que han adherido hasta aquí son pocas; hay una reglamentación reciente. Y hay un debate respecto del costo que va a tener el contribuyente porque el Gobierno Nacional plantea que como el impuesto al blanqueo a nivel nacional se coparticipa a las provincias, las provincias accedan, pero sin cobrar. Entonces allí hay un debate no saldado. El principal impuesto afectado por el blanqueo sería Ingresos Brutos; quien acceda al blanqueo lo haría bajo un régimen de convenio multilateral. Estamos viendo cómo articular eso".

Con el objetivo de "garantizar estabilidad tributaria" para el sector pymes y "no incrementar la carga tributaria para las actividades productivas como el agro, la industria, el comercio, la construcción y el transporte", la Provincia elaboró un proyecto de Ley Tributaria para 2024 que prevé aumento de Inmobiliario, Patente y de la alícuota de Ingresos Brutos para sectores puntuales como servicios derivados de la comunicación, actividades financieras y casinos.

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Pablo Olivares, advirtió este jueves que la iniciativa se genera en "una coyuntura económica nacional que no es la mejor", y "en una situación financiera de la Provincia que tampoco es buena". Sobre esa base, explicó que la intención fue determinar que los aumentos promedio de los impuestos de emisión se encontraran "por debajo de la evolución inflacionaria del último año", y con incentivos para los contribuyentes cumplidores.

El proyecto prevé, asimismo, una nueva actualización para el segundo semestre del año, que permitirá volver a aumentar Patente e Inmobiliario de acuerdo con los índices inflacionarios. Dichas subas no afectarían a quienes hayan abonado el impuesto de manera anual.

Respecto de Inmobiliario Urbano, Olivares confirmó que se prevé un aumento "promedio" del 146,5%. En dichos casos, quienes estén al día -durante el último año y no dos, como se consideraba en leyes anteriores-, tendrán un descuento del 15% y la exención de la sexta cuota, en tanto que gozarán de otra quita del 35%, aquellos que cancelen el impuesto de manera total en un solo pago y en efectivo, al inicio del año. En el caso de pago con débito, el descuento será del 15%.

En Inmobiliario Rural, los propietarios de hasta 50 hectáreas que las afecten directamente a la actividad agropecuaria no tendrán incremento. Para los que tengan entre 50 y 100 hectáreas destinadas a dicha actividad, el aumento será del 74%; y del 100% para quienes tengan entre 100 y 200 hectáreas.

En tanto, actividades comerciales y de servicio podrán computar como crédito fiscal a cuenta de Ingresos Brutos, un 25% de lo que abonen en materia de Inmobiliario.

Respecto de Patente, Olivares explicó que no habrá aumento de la alícuota. Sin embargo, teniendo en cuenta que el cálculo se establece -también- en función de la valuación del vehículo, el proyecto de ley prevé un tope de aumento del 160% para rodados modelo 2022 y anteriores. Dicho límite no operará para modelos 2023 y 2024.

En cuanto a sellos y tasas, continuarán los beneficios de estabilidad fiscal que rigen desde 2018. No se prevén incrementos en las alícuotas, y sólo se actualizará el valor absoluto del módulo tributario a $ 4.20.

Respecto de Ingresos Brutos, no habrá modificaciones de alícuotas, excepto, para tres actividades. Se trata de servicios de comunicación (cable, telefonía fija), donde la alícuota se eleva del 4 al 5%. También, para la actividad financiera, y para casinos y juegos on line. En este último caso, la alícuota del 6,5% subirá al 10,5.

Olivares aclaró que con la política tributaria planteada "no buscamos recaudación". En cambio, dijo que se intentó "contemplar la situación de los contribuyentes del sector comercial, productivo y de las pymes; y tratar de manera diferencial a aquellos contribuyentes que son cumplidores. Tenemos que volver hacia un eje elemental ético donde lo normal es pagar los impuestos", expresó.

En la misma línea y consultado por El Litoral, descartó posibles moratorias. "La moratoria es un mensaje inadecuado para el cumplidor. Santa Fe tuvo cuatro años consecutivos de moratoria y ése no es un buen mensaje. Cuando pasa eso, no se paga porque se especula con la futura moratoria. Por eso entendimos que no era momento para ello", concluyó.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifiesta su preocupación por el incremento de las cuotas que deben abonar las micro, pequeñas y medianas empresas incluidas en la moratoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debido a la suba de la tasa de interés definida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta situación se genera por la finalización, el mes pasado, del periódo de 12 meses de aplicación de tasas subsidiadas establecida en la Ley de Alivio Fiscal.  A partir del mes 13 (abril último) AFIP empezó a aplicar la tasa Badlar.

Este último punto hace referencia a lo establecido por la Ley 27.653 de Alivio Fiscal para Fortalecer la Salida Económica y Social a la Pandemia Generada por el Covid-19. De esta manera, las micro, pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a afrontar un pago de las cuotas de la moratoria atadas a la nueva tasa Badlar definida por el BCRA y que en la actualidad se fijó en 87,5% N.A.

El panorama para una pyme ya era muy complejo previo al incremento de la tasa de interés del BCRA. En este nuevo contexto los pagos que deberán afrontar las pequeñas y medianas empresas saltarán de una a tres veces y media entre una cuota y otra. En ese sentido y debido a la gran preocupación de todo el sector Pyme, CAME elaboró un proyecto de ley para modificar parte de los artículos 6, 8 y 10 de la normativa vigente.

Así, entre los cambios solicitados por CAME se destacan:

“La moratoria en plena pandemia fue necesaria para salvar a las pequeñas y medianas empresas que debieron afrontar una situación excepcional. Sin embargo, producto de los vaivenes macroeconómicos que afectan a nuestro país y que impactan de lleno en la microeconomía, las pymes hoy no tienen la capacidad de afrontar semejante aumento en las cuotas de sus planes de financiación. No van a poder pagar. La tasa Badlar genera una enorme incertidumbre en relación a la posibilidad de afrontar esas deudas, lo que la convierte en una nueva 1050”, resaltó el presidente de CAME, Alfredo González.

Cabe destacar que las empresas que han adherido al plan de facilidades de pago definido por la ley aprobada durante la pandemia suman 155.888 microempresas y 21.501 pequeñas empresas.

Los límites de ingresos y patrimonios para registrarse en la moratoria provisional fueron revelados mediante la Resolución 5345/2023 firmada por los titulares de ANSES, Fernanda Raverta, y de AFIP, Carlos Castagneto.

El ingreso bruto promedio mensual de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud, no debe superar el piso vigente para el pago del impuesto del Impuesto a las Ganancias, que hoy equivale a $404.062. La Anses tomará en cuenta ingresos como sueldos en relación de dependencia, haberes previsionales o ingresos declarados por trabajadores independientes (Impuesto a las Ganancias o Monotributo).

– El patrimonio declarado en el Impuesto sobre los Bienes Personales no puede superar en 2,4 veces el importe anualizado del ingreso previsto (unos $4,8 millones si se multiplica por 12 los $404.062). Es decir, no podría superar los $11,6 millones sin tomar en cuenta la propiedad que se usa como vivienda familiar (casa habitación).

– No contar con un automóvil que supere en una vez el importe anualizado del piso de ingresos ($4,8 millones), sin contar maquinarias agrícolas. Tampoco contar con aeronaves (informados por la Administración Nacional de Aviación Civil) ni embarcaciones de más de 9 metros de eslora (informada por la Prefectura Naval Argentina).

– No tener gastos y consumos cuyo promedio mensual correspondiente a los últimos 12 meses anteriores no supere el 80% de $404.062. Se toman en cuenta en este caso los gastos efectuados con tarjetas de crédito o débito informados por las entidades financieras.

En la resolución, el Gobierno advierte que la moratoria está dirigida a aquellas personas que presenten una “mayor vulnerabilidad en términos sociales y que, consecuentemente, por su situación patrimonial o socioeconómica, no puedan acceder a otros planes vigentes para cancelar sus deudas con el sistema previsional”.

Anses evaluará los bienes y los ingresos del solicitante y luego le hará saber si se encuentra habilitado o no.

El plan de moratoria provisional está destinado a personas que hayan cumplido la edad jubilatoria prevista -60 para las mujeres y 65 para los hombres- o que la cumplan dentro de los próximos dos años y que no cuenten con los aportes requeridos.

Además hay una moratoria para a la que pueden acceder personas que están próximas a cumplir la edad de retiro -mayores de 50 años para las mujeres y de 55 años para los hombres- que podrán acceder a través del pago de una “Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales para Trabajadores y Trabajadoras en Actividad”.

Por César Rodríguez

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, advirtió que está “en riesgo que la jubilación deje de ser un derecho” si no se aprueba una nueva ley de moratoria previsional, reclamó a Juntos por el Cambio que dé respuesta a las 800 mil personas que necesitan jubilarse y no cuentan con los aportes exigidos y dijo tener esperanza en que los bloques opositores finalmente acepten “construir con debate” una norma que reemplace a la que perdió vigencia en diciembre pasado.

Al dirigirse a los legisladores del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, exhortó a que tengan en cuenta que solo 1 de cada 10 mujeres y apenas 3 de cada 10 varones tienen los pagos al día porque -dijo- en la Argentina “es bien difícil” alcanzar tres décadas de aportes, “no sólo por las historias laborales particulares” sino también por la fluctuación de la economía.

“Es arbitrario pensar que algo que estaba absolutamente consustanciado en el sistema previsional deje de estarlo por un bloque político que no baja a discutir una ley y no da quórum”, sostuvo en una entrevista a María Aguirre de Agencia Télam.

Se refirió así al proyecto de moratoria previsional que actualiza un sistema que se aplica desde 2004 por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, que fue renovado en el 2014 durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y limitado en el 2017, en tiempos de gestión de Mauricio Macri.

“Lo que permite esta ley es, estando en actividad, saldar años adeudados hasta el 2012 y, si ya contás con la edad de jubilarte, saldar años adeudados hasta el 2008”, explicó la funcionaria.

Para la directora de Anses, el proyecto de moratoria previsional está enlazado a valores que dijo acuñar desde la infancia: la defensa de la “felicidad colectiva”.

Así como en el documental “La Guardería”, Raverta recordaba que “el concepto de justicia e igualdad te lo da la experiencia de lo colectivo”, en diálogo con Télam afirmó con orgullo que la Anses “es el corazón del Estado” porque “17 millones de personas reciben alguna prestación del organismo”, ya sea desde el embarazo de una mujer (trámite prenatal o asignación) hasta el momento de tramitar una pensión por un fallecimiento.

“Siempre acompañamos a las familias. Me gusta pensar que todos esos ingresos van a un lugar donde conviven varias personas, a una familia que se vincula a través de lazos amorosos pero, también, a partir de cómo resuelven sus necesidades”, analizó.

– ¿Cómo afecta a las 800 mil personas en edad de jubilarse que no sea sancionada esta ley de moratoria previsional?

– La idea de este nuevo plan de pagos es que hombres y mujeres que deben años de aportes puedan saldarlos con un plan de pagos. Lo que permite esta ley es, estando en actividad, saldar años que debas hasta el 2012 y, si tenés la edad de jubilarte, saldar años que debas hasta el 2008. Además, incorporamos y ampliamos la cobertura de las mujeres para que puedan computar años de aportes por tareas de cuidado. Se trata de volver a tener lo que tuvimos desde el 2004 hasta el 31 de diciembre pasado. La ley tiene que ver con conservar un derecho ya incorporado. Es muy arbitrario pensar que algo que estaba absolutamente consustanciado en el sistema previsional deje de estarlo y, mucho menos, por la arbitrariedad de un bloque político que no da quórum. Esta ley va a permitir que se jubilen este año 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones en edad de hacerlo, pero que no cuentan con los aportes. Pero además hay un capítulo (de la norma) que permite que unos 900 mil trabajadores todavía activos, que cuentan con sus propios ingresos, puedan saldar algunos de los años que deben (del pasado). Se trata de hombres y mujeres que deben menos de 10 años de aportes y, con esta ley, podrían saldar esa deuda hasta el año 2012. Y los que tienen la edad de jubilarse pueden cancelar años hasta el 2008. Esto servirá para que una enorme cantidad de argentinos pueda prever su futuro previsional. Pero además sirve para quienes quieran ayudar a jubilarse a sus padres y puedan cancelar deuda de ellos. Está bien difícil tener 30 años de aportes en Argentina, no sólo por las historias laborales de los argentinos y argentinas, sino también por la propia historia de la economía argentina.

– ¿Cómo define la negativa del interbloque de Juntos por el Cambio a debatir el proyecto de ley? ¿Lo considera parte del juego político parlamentario?

– Lo que corresponde es que cada uno diga lo que piensa de esta ley en el recinto porque así se construyen en democracia las decisiones parlamentarias. En este momento peligra que la jubilación deje de ser un derecho en la Argentina y que quede como una pensión no contributiva, que es lo que modificó el macrismo (Pensión Universal para el Adulto Mayor – PUAM). A quienes esperan resolver su situación les digo que estén atentos porque tengo esperanzas y sé que en algún momento los diputados de la oposición se van a dar cuenta de que hay 800 mil personas en Argentina que tienen que jubilarse este año de la mano de una moratoria y van a permitir discutir esta ley.

– ¿Si fracasa la vía parlamentaria, hay posibilidad de avanzar con un decreto presidencial?

– Más allá de las dificultades técnicas, prorrogar por decreto tiene una limitación: la ley que tuvimos hasta diciembre te permite cancelar deuda hasta el 2003. Por lo tanto, quienes cumplen 18 años hasta el 2003 tienen cada vez menos tiempo de cancelar deuda. Es una ley que, aún prorrogada por decreto, no da respuesta al problema de alcanzar los 30 años de aportes.

– ¿Qué considera clave a la hora de mejorar las prestaciones de la Anses?

– Para mejorarnos tenemos que llegar más y mejor a todos los lugares de la Argentina que necesitan nuestros trámites. Ya inauguramos nuestra oficina número 65 (de esta gestión). Es muy importante el anclaje territorial, el acercamiento a los vecinos, porque en algún momento todas las familias argentinas necesitan hacer un trámite ante este organismo. Porque en una familia de trabajadores registrados hay niños que reciben asignaciones y en las familias de desocupados hay Asignación Universal por Hijo; hay jóvenes que quieren estudiar y necesitan una ayuda, una beca Progresar; hay familias donde hay un mayor en edad de jubilarse que necesita un trámite y también hay familias que necesitan tramitar una pensión cuando fallece alguien. Me gusta pensar que todos esos ingresos que proporciona la Anses van a una familia que se vincula a través de lazos amorosos pero, también, a partir de cómo resuelve sus necesidades. Por eso, para nosotros, la Anses, es el corazón del Estado nacional.

Mediante el decreto 1185, fecha 15 del corriente, el gobierno provincial reforzó en 12 mil millones de pesos el presupuesto actual del programa Billetera Santa Fe, medida que no implica ampliar el monto de devolución fijado en 5 mil pesos mensuales desde sus comienzos. “El aumento presupuestario tiene que ver con el aumento de la cantidad de usuarios”, señaló un vocero gubernamental. El presupuesto vigente se elaboró en agosto del año pasado, se sancionó en marzo y “en todo ese tiempo la cantidad de usuarios se siguió incrementando y hoy es de 1.500.000”, se acotó.

En el decreto de ampliación del presupuesto se señala que el programa “tuvo un éxito que superó todas las expectativas con un crecimiento sostenido en el nivel de adhesión por parte de los ciudadanos y comercios, y en el entendimiento de que los objetivos que dieron origen al programa se sostienen en el tiempo se evidencia que los créditos presupuestarios específicos para su atención en los restantes meses de este año resultan insuficientes”.

Los recursos para sostener el programa son aportados en un 85% por el gobierno provincial y el resto por el comercio. En ámbitos legislativos ya descuentan que el programa necesitará otra inyección de recursos oficiales para cerrar el ejercicio.

En tanto, Fececo -Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y otras actividades de la Provincia de Santa Fe- realizó una presentación ante el gobernador Perotti solicitando que “se duplique el monto máximo de reintegro que obtienen los consumidores al realizar compras con la aplicación Billetera Santa Fe”. También la diputada kirchnerista Matilde Bruera ingresó un proyecto, en tal sentido, a principios de mayo pero que todavía no llegó al recinto.

Fececo expresó la necesidad de establecer “un aumento en el monto máximo de reintegro mensual a los consumidores por las compras realizadas a través de la aplicación Billetera Santa Fe en un porcentaje que, como mínimo, acompañe el aumento de precios producido desde la implementación de la aplicación hasta la actualidad”.

En la nota al gobernador, la entidad expone recibir inquietudes de comercios de todos los rubros involucrados que han expresado su preocupación por esta situación. “Frente a este escenario, una respuesta favorable fortalecería los resultados obtenidos de incremento del consumo en los comercios formalmente constituidos y aliviaría la difícil situación de disminución de poder adquisitivo de las familias de nuestra provincia”, concluye la nota.

La Administración Provincial de Impuestos (API) precisó números finales de la moratoria cuyo plazo de adhesión venció el 30 del mes pasado.

Para el titular de la API, Martín Avalos, “los resultados fueron positivos con una recaudación de más de 3 mil millones de pesos, lo que estaba dentro de las expectativas, pero lo más importante de esos recursos a recuperar es que tienen una coparticipación de municipios y comunas de alrededor del 75%”. Precisó que “2.200 millones van directamente a municipios y comunas y de ese total un 30% para Rosario y un 10% para la ciudad de Santa Fe”.

Avalos recordó que “al asumir la actual gestión encontramos una gran masa de deuda. Iniciamos un primer plan que fue positivo, en especial en Ingresos Brutos y se recaudó 3 mil millones de pesos a valor 2020, con una coparticipación del 60%”.

Para el 2021 se lanzó un nuevo Régimen de Regularización por lo efectos generados por la pandemia de Covid. En esta oportunidad se recaudaron 4 mil millones de pesos y el 65% se coparticipó a municipios y comunas.

En el último régimen 2022, que abarcó hasta el 30 de setiembre de 2021 y que buscaba dar la posibilidad a los remanentes de deudas por pandemia, la coparticipación fue del 75%. El titular de API explicó que “la mayor influencia estuvo en patentes y luego en inmobiliario”.

La Administración Provincial de Impuestos (API) concluyó la moratoria para acceder a los beneficios impositivos de la Ley 14.069 que establece el Régimen de Regularización Tributaria de la Provincia de Santa Fe, con el propósito de que los contribuyentes pueden acceder para regularizar obligaciones fiscales, -impuestos, tasas y contribuciones provinciales-, deudas devengadas hasta el 30 de septiembre de 2021.

En ese sentido, el titular de la API, Martín Avalos, se refirió a la convocatoria que finalizó el 30 de junio: “Los resultados fueron positivos con una recaudación de más de 3 mil millones de pesos, lo que estaba dentro de las expectativas, pero lo más importante de esos recursos a recuperar es que tienen una coparticipación de municipios y comunas de alrededor del 75%”.

En ese sentido remarcó que “2.200 millones van directamente a municipios y comunas”. También, explicó que de ese total “un 30% para Rosario y un 10% para la ciudad de Santa Fe”.

En esta oportunidad alcanzó a los siguientes impuestos, tasas y contribuciones provinciales Impuesto sobre los Ingresos Brutos; Impuesto Inmobiliario Urbano, Suburbano y Rural; Patente Única sobre Vehículos; Impuesto de Sellos; Impuesto a las Actividades Hípicas – Ley 5317; Tasas Retributivas de Servicios; Aportes al Instituto Becario; Impuesto sobre las Embarcaciones Deportivas o de Recreación, e Impuesto especial previsto en el art. 2º de la Ley 13.582.

Avalos recordó que “al asumir la actual gestión encontramos una gran masa de deuda. Iniciamos un primer plan que fue positivo, en especial en Ingresos Brutos y se recaudó 3 mil millones de pesos a valor 2020, con una coparticipación del 60%”.

Para el 2021 se lanzó un nuevo Régimen de Regularización por lo efectos generados por la pandemia de Covid. En esta oportunidad se recaudaron 4 mil millones de pesos y el 65% se coparticipó a municipios y comunas. “Ahí tuvo una influencia un poco mayor de patentes e inmobiliario”, indicó.

En el último régimen 2022, que abarcó hasta el 30 de setiembre de 2021 y que buscaba dar la posibilidad a los remanentes de deudas por pandemia, la coparticipación fue del 75%. El titular de API explicó que “la mayor influencia estuvo en patentes y luego en inmobiliario”.

Además, Avalos señaló que están trabajando para que todos los contribuyentes se adhieran al débito automático tanto en el Impuesto Inmobiliario como en Patentes: “Creemos que es un mecanismo ágil que genera comodidad a la hora de pagar los impuestos regulares que tienen vencimientos durante el año o en distintas cuotas”.

Sobre el beneficio indicó que “es del 25% por cada una de las cuotas, ya una gran masa de contribuyentes ya se han adherido. Que si se duma al descuento de los Buenos Contribuyentes, que han cumplido durante 2020 y 2021, se hace una condonanción de la cuota sexta del Impuesto Inmobiliario, logrando un descuento muy importante”. En la web de API se encontrarán los pasos a seguir.

Desde la API recuerda que actualmente se encuentra vigente el Plan de Pagos Permanente de la API, que se puede hacer por deudas que se generen hasta en 36 cuotas. Los interesados pueden encontrar más información ingresando a www.santafe.gob.ar/api .

La Administración Provincial de Impuestos (API) prorrogó por treinta días la posibilidad de que contribuyentes de la mayoría de los tributos adeudados puedan adherir al Régimen de Regularización Tributaria que había sido votado en la ley 14.046, sancionada a fines del año pasado y que contiene los principales lineamientos en materia tributaria para el presente ejercicio.

La adhesión a la moratoria vencía este martes, pero ya el viernes pasado el administrador provincial de impuestos, Martín Avalos firmó la resolución 022 extendiendo el plazo en treinta días, tal cual lo estipulaba la mencionada ley.

La moratoria abarca Impuesto sobre los Ingresos Brutos; Inmobiliario Urbano, Suburbano y las mejoras no denunciadas oportunamente; Inmobiliario Rural; Sellos; Contribución de Mejoras; impuestos a las actividades hípicas – Ley N° 5317; g) Patente Única sobre Vehículos; Tasa Retributiva de Servicios; Aportes al Instituto Becario; impuesto sobre las Embarcaciones Deportivas o de Recreación, aportes sociales ley 5.110 y también el Impuesto especial previsto en el artículo 2 de la Ley N° 13.582 que comprende los blanqueos de bienes superiores a $ 305.000.

En cambio, la moratoria no incluye a los contribuyentes con proceso penal abierto por delitos tributarios referidos a impuestos provinciales, agentes de recaudación del sistema denominado SIRCREB, por las retenciones o percepciones practicadas o no así como agentes de retención y/o percepción por los importes que hubieren retenido o percibido y que no fueron ingresados al fisco, multas y cualquier otro concepto.

Los contribuyentes pueden regularizar sus deudas con el fisco a través de la página web del gobierno provincial o en forma presencial en oficinas de API “cuando así corresponda por la situación de la actuación administrativa, judicial, o de fiscalización pertinente”.

La resolución de API establece que el pedido de liquidación de deudas vencerá el 28 de junio cuando las liquidaciones deban ser gestionadas en oficinas de API o en municipios y comunas, mientras que será el 29 de junio cuando las liquidaciones se generen en la web.

En API se estima que la adhesión llegaría a los dos mil millones de pesos admitiendo que hay muchas deudas de patentes cuyo pago se tramita en el distrito donde está radicado el vehículo y cuya gran parte del pago queda en el municipio. En tanto, otra deuda importante es Ingresos Brutos, se señaló a El Litoral.

En tanto, el Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe recordó que está vigente el plazo de adhesión a la moratoria destinada a aquellos contribuyentes que hayan realizado construcciones y aún no las hayan declarado ante este organismo. Esta moratoria está abierta hasta el 30 de septiembre y alcanza a los propietarios que tengan construcciones no declaradas, estableciéndose beneficios para quienes se presenten espontáneamente a realizar la declaratoria.

Para incorporarse al régimen de la moratoria, el contribuyente deberá presentarse personalmente en las oficinas de Catastro o bien en el municipio o comuna donde se encuentre radicado el inmueble.

La declaración de construcciones no registradas, en el marco de la Moratoria Ley 14.069, no tendrá efectos tributarios para periodos fiscales anteriores al 2020, y por el contrario, la no presentación espontanea en el marco de la presente moratoria, implica que el SCIT continúe con el programa de detección de construcciones, incorporando las mismas de oficio con las incidencias tributarias y penalidades vigentes.

El diputado Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio) ingresó un proyecto de ley para modificar la vigente ley de coparticipación de la provincia de Santa Fe, especialmente en la distribución de los recursos que envía el gobierno nacional.

El interbloque del Frente de Todos del Senado de la Nación anunció este viernes en conferencia de prensa un proyecto de ley vinculado con temas previsionales, que incluye la posibilidad de que se puedan jubilar quienes no tienen 30 años de aportes.

Durante la presentación estuvieron presentes los jefes del interbloque oficialista, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti; la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, y el senador porteño Mariano Recalde, entre otros.

La iniciativa, que no fue consultada con el ministerio de Economía, establece un plan de pagos para deudas previsionales y tiene como objetivo “la inclusión”, explicó Fernández Sagasti, al considerar que se trata de “una medida urgente” que el Senado debe abordar.

“Se hace dificultoso que las personas que cumplen este año 60 y 65 años puedan cumplir con los requisitos de los 30 años de aportes para poder jubilarse este año y el año que viene”, fundamentó la legisladora y especificó que, de aprobarse la norma, “a partir de julio, podrían jubilarse una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones”.

Para poder acceder a la moratoria, esa población debería abonar esos períodos faltantes en cuotas luego de anotarse en un registro. Cada cuota sería del 29% de la remuneración mínima imponible vigente. Según la cantidad de años a cancelar, serán 1, 30, 60 o 120 cuotas.

Por su parte, Mayans declaró que, “a mayor justicia social, mayor paz social” y aseguró que el Estado “no se puede hacer el distraído” sobre las deficiencias del sistema actual.

Fernández Sagasti afirmó que “el costo fiscal del proyecto es casi nulo”, y precisó: “Lo hemos consultado con el ANSES, pero es una iniciativa del Frente de Todos, que tiene un mínimo costo fiscal del 0,02%”.

El jueves quedó conformada la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta y Di Tullio fue elegida presidenta, acompañada por la cordobesa Alejandra Vigo, de Córdoba Federal, en la Secretaría.

La vicepresidencia de ese cuerpo asesor, en tanto, será ocupada por un integrante del interbloque de Juntos por el Cambio que la oposición aún no designó.

La moratoria alcanza a los propietarios que tengan construcciones no declaradas y establece beneficios para quienes se presenten espontáneamente a realizar la declaratoria.

La declaración de construcciones no registradas no tendrá efectos tributarios para períodos fiscales anteriores al 2020.

Por el contrario, la no presentación espontánea en el marco de la moratoria, implica que el Servicio de Catastro “continúe con el programa de detección de construcciones, incorporando las mismas de oficio con las incidencias tributarias y penalidades vigentes”, indicaron los voceros.

Para la presentación de las declaraciones Catastro posee oficinas en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Reconquista y Venado Tuerto, mientras que en las otras localidades los contribuyentes deben concurrir al municipio o comuna donde se encuentre radicado el inmueble.

Este miércoles comienza a regir el plazo de adhesión al nuevo régimen de regularización tributaria dispuesto por la última ley impositiva y que comprende a las deudas por todos los impuestos provinciales (incluyendo Patente Única sobre Vehículos) devengadas hasta el 30 de septiembre de 2021.

El plazo de vigencia del régimen es de 90 días y caducará el 31 de mayo venidero.

La nueva moratoria está contenida en la Ley 14.069 sancionada el 29 de diciembre por la Legislatura a instancias de un mensaje del Poder Ejecutivo.  En tanto, el 4 de febrero, mediante Resolución N° 12/2022 la Administración Provincial de Impuestos (API) reglamentó dicho régimen de regularización para ponerlo en vigencia e instrumentar los distintos procedimientos operativos.

La Ley estableció los principios básicos de las formas de pago para saldar las deudas. Así, por ejemplo, dispuso que las obligaciones fiscales que se regularicen “se calcularán adicionando al monto del impuesto, tasa o contribución el 2% de interés simple mensual, calculado desde su fecha de vencimiento hasta la de su efectivo pago o formalización del convenio respectivo”.

En cuanto a las formas de pago también la ley los determinó. Así en el caso de hacerlo al contado dentro de estos 90 días, se reducirán los intereses en un 80%. La otra posibilidad es mediante convenios de pago en hasta 12, 24 y 36 cuotas. En el primer caso, el interés previsto es del 1% mensual aplicable sobre saldos, debiendo abonarse la primera cuota al momento de proponer el respectivo plan de pago, con una reducción de los intereses de un 30%. En el plan hasta 24 cuotas, el interés es del 1,5% mensual aplicable sobre saldos, debiendo abonarse la primera cuota al momento de proponer el respectivo plan de pago, con una reducción de los intereses de 15%. Finalmente, en el plan de hasta 36 cuotas, interés del 2% mensual aplicable sobre saldos y sin descuento de intereses.

La resolución de API dispone que salvo casos especiales (deudas en concurso, en juicio o bajo fiscalización), tanto la adhesión al régimen y la liquidación de la deuda (ya sea para pagar de contado o mediante convenio en cuotas) podrá realizarse en forma on line vía web ingresando al sitio www.santafe.gov.ar/api – Box de Destacados “Régimen de Facilidades de Pago – Ley 14069”.

Cuando por alguna razón los contribuyentes no puedan acceder a las aplicaciones incluidas en el sitio oficial deberán dirigirse a las oficinas de la API, salvo que se trate del impuesto sobre Patente Única sobre Vehículos en cuyo caso deberán dirigirse al municipio o comuna donde se encuentre radicado el vehículo.

Las liquidaciones de deuda podrán abonarse, de contado, mediante los distintos medios bancarios y no bancarios que tiene habilitada la API para el pago de impuestos. Igualmente para los convenios de pago en cuotas cuya liquidación de deuda no supere los $ 15.000. En cambio, para abonar los convenios de pago en cuotas de liquidaciones que superen los $ 15.000 deberá realizarse mediante débito directo en cuenta bancaria.

En cuanto a las deudas en concurso, en juicio (apremio) o bajo fiscalización se prevén procedimientos específicos para adherir al régimen.

La resolución 12 de API establece como fecha límite para el pago de contado el 31 de mayo, mientras que para efectuar los convenios de pago en cuotas la fecha límite será el 28 de mayo si se realizan en forma on line vía web o el 27 de ese mes si se deben realizar en las dependencias de la API o de los municipios y comunas.

La ley contempla que se podrán regularizar las deudas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos; Inmobiliarios Urbano, Suburbano y Rural; Patente Única sobre Vehículos, Sellos; a las Actividades Hípicas – Ley 5317 así como las originadas en tasas retributivas de servicios, los aportes al Instituto Becario; el impuesto sobre las embarcaciones deportivas o de recreación y el impuesto especial previsto en el art. 2º de la Ley 13582 (adhesión al blanqueo de capitales) En tanto, la ley excluye de la moratoria a los contribuyentes con proceso penal directo abierto por delitos tributarios referidos a impuestos provinciales; agentes de recaudación sistema SIRCREB, por las retenciones o percepciones practicadas o no; agentes de retención y/o percepción por los importes retenidos o percibidos y no ingresados al fisco, multas y por cualquier otro concepto.